El poder judicial también se pudre por la cabeza.

Hasta que se vuelva a respetar la Constitución, el desorden irá a más, no pudiéndose excluir que lleguemos a un punto de no retorno, que no tenga solución en términos constitucionales.

La putrefacción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se está extendiendo al conjunto de dicho poder y al Ministerio Fiscal.

¿Qué dice la Constitución del CGPJ?
Que es un órgano de gobierno del poder judicial y, por tanto, es un órgano de naturaleza política. Justamente por eso, el CGPJ no puede formar parte de dicho poder, es decir, no puede ejercer la función jurisdiccional, que ejercen de manera exclusiva y excluyente los jueces y magistrados que integran el poder judicial (principio de exclusividad).

Por ser un órgano de naturaleza política, sus miembros tienen que tener legitimación democrática. Y legitimación democrática visible.

(Los jueces y magistrados en cuanto portadores de un poder del Estado también tienen que tener legitimación democrática, pero dicha legitimación les viene de “su sumisión únicamente al imperio de la ley” (art. 117.1 CE). Los jueces y magistrados no reciben su legitimidad democrática de manera directa de las Cortes Generales, sino de la manifestación de voluntad de las Cortes Generales objetivada en la ley. La legitimación democrática de los jueces y magistrados es “objetiva y pretérita” y no resulta, en consecuencia, visible. El Congreso y el Senado no eligen a los jueces, sino que hacen la ley a la que los jueces están sometidos. De ahí que la primera obligación de los jueces y magistrados en el ejercicio de la función jurisdiccional sea la de “hacer visible” su legitimidad mediante “la motivación” de su decisión, es decir, la identificación de la ley y la interpretación de la misma con base en la cual han tomado la decisión que han tomado. “Las sentencias serán siempre motivadas” (art. 122.3 CE) Por “sentencias” hay que entender cualquier decisión de naturaleza jurisdiccional. La “motivación” es la forma en la que se hace visible lo invisible en el ejercicio de la función jurisdiccional).

La legitimación democrática de los miembros del CGPJ, por el contrario, sí tiene que ser una legitimación visible. Porque ellos no ejercen la función jurisdiccional, sino una función política, de “gobierno”.

Legitimación democrática visible solo la transmitimos los ciudadanos y ciudadanas mediante el ejercicio del derecho de sufragio y, con base en el resultado del ejercicio de ese derecho, las Cortes Generales, que es el único órgano constitucional que elegimos directamente los ciudadanos.

Como consecuencia de ello, es obvio que los miembros del CGPJ únicamente pueden ser elegidos por el Congreso de los Diputados y el Senado. Únicamente el órgano constitucional Cortes Generales puede trasmitir legitimidad democrática. No hay ningún otro que pueda hacerlo, porque nadie más la tiene.

De esta transmisión de la legitimidad democrática de manera exclusiva por las Cortes Generales deriva la exigencia de la renovación periódica de los miembros del CGPJ, vinculada a la renovación las propias Cortes. Aunque no se hace coincidir exactamente en el tiempo, solo se admite la desviación de un año. Las Cortes Generales cada cuatro años. El CGPJ cada cinco.

De dicha transmisión de naturaleza política deriva también la exclusión de la prórroga del mandato. De la misma manera que es improrrogable el mandato de diputados y senadores, tampoco puede serlo el de los miembros del CGPJ. Porque se pierde la conexión en la transmisión de la legitimidad. Transcurrido el plazo del mandato, tanto los diputados y senadores como los miembros del CGPJ carecen de legitimidad para poder continuar ejerciendo la función que tienen constitucionalmente encomendada. Los diputados y senadores pierden la conexión con el “cuerpo electoral”. Los miembros del CGPJ con los depositarios de dicha legitimidad recibida del cuerpo electoral.

Desde 2018 se está incumpliendo la Constitución de manera manifiesta. El CGPJ carece de legitimación democrática y no está, en consecuencia, en condiciones de ejercer la función de “gobierno” del poder judicial. La prórroga de un órgano de naturaleza política es “constitutivamente anticonstitucional” por la desconexión que supone con el principio de legitimidad democrática.

De esa situación “constitutivamente anticonstitucional” deriva la putrefacción del órgano, que salta a la vista. Y de la prolongación de dicha putrefacción deriva el desorden que empieza a hacerse visible en el conjunto del poder judicial y que se extiende al Ministerio Fiscal, a los Letrados de la Administración de Justicia y a los funcionarios, cuyo trabajo es imprescindible para el ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Pruebas de todo ello las estamos teniendo todos los días a través de la información que transmiten los diferentes medios de comunicación. Hasta que se vuelva a respetar la Constitución, el desorden irá a más, no pudiéndose excluir que lleguemos a un punto de no retorno, que no tenga solución en términos constitucionales.

La putrefacción del poder judicial también empieza por la cabeza.

https://www.eldiario.es/contracorriente/judicial-pudre-cabeza_132_10175917.html

_- El chantaje de Núñez Feijóo.

_- Sea cual sea el resultado de las elecciones andaluzas de este domingo. El PP no se va a sentar a negociar de buena fe la renovación del CGPJ, que conllevaría inmediatamente la renovación del TC. Además de que tiene la convicción de que el CGPJ es su mejor arma, tiene también la de que su actitud no tiene coste electoral de ningún tipo

La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional (TC) es una obligación. La Constitución ordena que se renueven en unos tiempos que la propia Constitución establece. Los preceptos relativos a dicha renovación son de fácil interpretación. Cada cinco años tiene que ser renovado el CGPJ en su totalidad. Cada tres se renueva por tercios el TC.

Una obligación no puede ser transformada en lo contrario, es decir, en un título de crédito que permita negociar los términos del cumplimiento de la misma. La renovación del CGPJ y del TC no puede estar sometida a condición de ningún tipo por parte de quienes están obligados a llevarla a cabo. Vincular la renovación al cumplimiento de determinadas condiciones unilateralmente establecidas es una operación de chantaje. Es en lo que está el señor Núñez Feijóo.

Aunque cuando se produjo la sustitución de Pablo Casado por Alberto Núñez Feijóo, se especuló con que dicha sustitución facilitaría el pacto para la renovación del CGPJ, estamos viendo que no solo no es así, sino que incluso se está endureciendo todavía más la posición del PP, que vincula dicha renovación a que el Gobierno de la Nación acepte determinadas propuestas del PP. El Gobierno no puede aceptar ninguna propuesta hasta que no se haya producido la renovación del CGPJ. Ya aceptó la de renovar parcialmente el TC, el Defensor del Pueblo y los miembros del Tribunal De Cuentas con la esperanza de que a continuación se renovara el CGPJ y ya hemos visto el resultado. El CGPJ, en su composición actual, es el instrumento de poder más importante para el PP. Estoy convencido de que no están dispuestos a perderlo.

Pienso que la misma forma en que se hizo y deshizo el acuerdo de renovación que se alcanzó en 2019, en el que el Presidente de la Sala Segunda, Manuel Machena, pasaría a ser Presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, es una buena muestra de lo que digo. El PP no ha estado dispuesto nunca a negociar de buena fe la renovación del CGPJ. De ahí que el acuerdo fuera torpedeado por el senador Cosidó, que había sido uno de los negociadores del mismo, mediante la remisión de un SMS a los senadores del PP redactado en unos términos que no podían conducir más que a donde condujeron: a la ruptura del acuerdo y a remitir la renovación a una nueva negociación para la que no se fijaba ninguna fecha.

En esas estamos y me temo que vamos a seguir estando. Sea cual sea el resultado de las elecciones andaluzas de este domingo. El PP no se va a sentar a negociar de buena fe la renovación del CGPJ, que conllevaría inmediatamente la renovación del TC. Además de que tiene la convicción de que el CGPJ es su mejor arma, tiene también la convicción de que su actitud no tiene coste electoral de ningún tipo para él, mientras que sí lo tiene para el PSOE. El mensaje que están transmitiendo es que las instituciones no funcionan cuando el PSOE gobierna, mientras que sí lo hacen cuando gobierna el PP.

Impedir la renovación del CGPJ y del TC juega a su favor. Cuanto más ruido se genere, mejor. Su estrategia es la de que se produzca una descomposición del sistema político que obligue a disolver las Cortes Generales y convocar elecciones anticipadas. La renovación del CGPJ y del TC es una garantía de que la legislatura acabará cuando llegue la hora y de que no habrá disolución anticipada.

A menos que se produzca una intervención muy firme de la Comisión Europea, Alberto Núñez Feijóo seguirá con su estrategia de chantaje.

_- CGPJ: Situación insostenible.

_- No solo Carlos Lesmes, todos los miembros del CGPJ deberían dimitir de forma inmediata si no se resuelve ya su polémica renovación.

Parece que el Presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) advirtió a Alberto Núñez Feijóo que la no renovación del CGPJ está llevando a dicho órgano y ,por extensión, al poder judicial a una situación insostenible. Le urgió, según se ha informado de forma generalizada, a que alcance un acuerdo “antes del comienzo del verano”, para que el órgano de gobierno de los jueces y magistrados que integran el poder judicial deje de estar “en funciones” y pueda ejercer las competencias que la Constitución y su propia Ley Orgánica le atribuye.

Carlos Lesmes identificó claramente dónde está el obstáculo al cumplimiento de la Constitución, ya que es únicamente la negativa de la dirección del PP lo que impide la renovación, permitiendo de paso que el CGPJ acumule más de tres años de prórroga, lo que en un órgano de “naturaleza política” es una salvajada constitucional.

Es obvio que el presidente del CGPJ tenía en la cabeza la renovación de cuatro Magistrados del Tribunal Constitucional (TC), cuyo mandato caduca el 12 de junio. Que un órgano “en funciones” pueda proceder nada menos que a designar para nueve años a quienes van a formar parte del máximo intérprete de la Constitución es algo tan anómalo, que no hay forma democrática posible de justificarlo.

Me gustaría equivocarme y que el nuevo Presidente del PP sea capaz de pactar la renovación del CGPJ, que no es más que cumplir con lo que la Constitución y la LOPJ establecen. Pero me temo que no sea así y que, con la excusa que sea, se mantenga la situación de estancamiento en que nos encontramos.

Dado que el propio Carlos Lesmes ha puesto el 21 de junio, día en que comienza el verano, como fecha límite para la renovación, pienso que, por simple coherencia personal, debería hacer pública la decisión de dimitir de manera irrevocable de la Presidencia que ocupa, si no se ha alcanzado un acuerdo para la renovación en dicha fecha.

La pelota está en el tejado del PP. Pero también en el del CGPJ, cuyos miembros deberían ser conscientes de que, con su conducta, están favoreciendo el incumplimiento de la obligación constitucional de renovación del CGPJ por parte del PP.

En mi opinión deberían ser todos los miembros del CGPJ los que deberían dimitir de forma inmediata. Bastaría con que el Presidente anunciara la suya, pero, por decoro institucional, debería ser el órgano en su totalidad el que adoptara tal decisión.

https://www.eldiario.es/contracorriente/cgpj-situacion-insostenible_129_9048010.html

_- La desfachatez del Consejo General del Poder Judicial.

_- Ha llegado el momento de que los seis miembros del CGPJ que han aprobado el voto particular dimitan. En un órgano que actúa con la desfachatez con que lo hace el CGPJ no se puede estar. Por dignidad, por decoro profesional. Y por “patriotismo constitucional”

— Cinco vocales del Poder Judicial ven “coherente” la ley de vivienda y acusan a la mayoría de “extralimitarse”

El lector es probable que recuerde que en varias ocasiones he subrayado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es un “órgano de Gobierno” y no un “órgano judicial”. Es el órgano de gobierno del Poder Judicial. Pero él mismo no forma parte de dicho Poder. Se trata, por tanto, de un órgano de “naturaleza política” y, en cuanto tal, su renovación está vinculada a la evolución del principio de legitimidad democrática que se expresa a través del ejercicio del derecho de sufragio en las elecciones generales.

La renovación del CGPJ no coincide con la renovación del Congreso de los Diputados y el Senado, pero sí guarda una vinculación muy estrecha con la renovación de estos órganos que constituyen las Cortes Generales. El Congreso de los Diputados y el Senado se renuevan cada cuatro años. El CGPJ cada cinco. Justamente por eso, por su naturaleza política, no es admisible la “prórroga” del mandato de los miembros integrantes del CGPJ, de la misma manera que no lo es la del Congreso de los Diputados o el Senado. La prórroga va contra la “naturaleza” de los órganos de naturaleza política. La prórroga los “desnaturaliza”, es decir, los convierte en órganos “deformes”, incompatibles con el lugar que ocupan en el edificio constitucional.

Esto es lo que está ocurriendo con el CGPJ. La prórroga del actual CGPJ es una prórroga “contra natura”, que lo convierte en un Rigoletto constitucional, que choca frontalmente con el lugar que el constituyente le asignó en nuestra fórmula de gobierno.

Esto no lo pueden no saber los actuales miembros del CGPJ. Y si no lo supieran, estarían prevaricando de manera continuada por “ignorancia inexcusable”. Como esto no es razonable que sea así, la conclusión más plausible es que la interpretación que están haciendo de su función, admitiendo una prórroga plurianual, solamente puede ser explicada como resultado de una extraordinaria desfachatez, es decir, de un extraordinario “descaro o desvergüenza” (Diccionario de la RAE).

Este descaro o desvergüenza ha alcanzado su máxima expresión en el informe que acaba de emitir la mayoría del CGPJ, constituida por 15 miembros, sobre el proyecto de Ley de Vivienda aprobado por el Consejo de Ministros. Los 6 miembros que han firmado el voto particular se lo vienen a decir a sus compañeros de manera inequívoca. La mayoría no está cumpliendo con la función que corresponde al CGPJ en cuanto órgano constitucional en el proceso de elaboración de un proyecto de ley, sino que están ejerciendo de una manera desviada dicha función, contribuyendo con ello no al perfeccionamiento del texto del proyecto, sino a participar en un debate político encanallado, como el que se está produciendo de forma generalizada como consecuencia de la polarización política, que por ello mismo debería estar fuera de lo que debe ser el contenido de su informe sobre un proyecto de ley. El CGPJ, dice la minoría en su voto particular, no está para hacer lo que ha hecho la mayoría. No está para tomar partido por una determinada opción política, sino para emitir un informe exclusivamente técnico.

Como el lector sin duda sabe, el informe del CGPJ es preceptivo, pero no vinculante y, en consecuencia, el Gobierno no tiene por qué hacer suya la opinión de la mayoría. Pero ese carácter no vinculante no debería ser interpretado por los miembros del CGPJ que lo han aprobado por mayoría como una coartada para entrar en el debate político.

En mi opinión, creo que ha llegado el momento para que los seis miembros del CGPJ que han aprobado el voto particular adopten la decisión de dimitir. En un órgano que actúa con la desfachatez con que lo hace el CGPJ no se puede estar. Por dignidad, por decoro profesional. Y por “patriotismo constitucional”. No se puede continuar formando parte de un órgano que actúa de la forma en que el CGPJ lo hace, desnaturalizando la voluntad del constituyente. El voto particular debería haber venido acompañado del anuncio de la dimisión de la condición de miembro del CGPJ. Hasta aquí hemos llegado.

Javier Pérez Royo

Lesmes no dimite y reparte culpas entre Gobierno y PP por el bloqueo del Poder Judicial.

El presidente del órgano de gobierno de los jueces carga contra las razones del Ejecutivo para indultar a los líderes del procés y la reforma que impide que el CGPJ haga nombramientos en la cúpula judicial con el mandato caducado

— Casado pide en los argumentarios internos culpar a Sánchez del bloqueo del Poder Judicial

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha instado en su discurso en el acto solemne de Apertura del Año Judicial a acabar con la “insostenible” situación en la que se encuentra el órgano de gobierno de los jueces, que la semana pasada rebasó los mil días en funciones. Carlos Lesmes ha llamado a “las fuerzas políticas concernidas” a acabar con la "lucha partidista" y acordar en las próximas semanas el acuerdo “necesario” para la renovación.

Mil días de bloqueo en el Poder Judicial por decisión del PP
“Un deber que dimana de la Constitución no puede subordinarse a razones de oportunidad política”, ha dicho el también presidente del Tribunal Supremo, que ha descargado la responsabilidad en el Gobierno y en el PP —a los que ha pedido “patriotismo constitucional” y “generosidad”— y no ha aludido a la posibilidad de presentar su dimisión. Es la cuarta vez que Lesmes se refiere en este discurso a la renovación del órgano de gobierno de los jueces, cuya situación de interinidad se remonta a diciembre de 2018. “No hay mejor forma de defender la Constitución que procurando su cumplimiento”, ha señalado ante el rey Felipe VI, la fiscal general del Estado, la ministra de Justicia y la Sala de Gobierno del Supremo.

El bloqueo a la renovación del CGPJ se ha mantenido desde 2018 por la repetición electoral de 2019 y la falta de acuerdo político para la renovación de sus veinte vocales, que tiene que ser acordada por una mayoría de tres quintos de los miembros de las Cortes Generales. El Partido Popular se ha resistido durante todo este tiempo a perder su poder en una de las instituciones clave del Estado, la que decide qué jueces ascienden a los más altos puestos de la judicatura. El actual órgano de gobierno de los jueces cuenta con once vocales elegidos a propuesta del PP, siete del PSOE, una de IU y otro del PNV. Al frente está Lesmes, que fue alto cargo en los gobiernos de José María Aznar.

En los últimos meses los conservadores han desplegado toda una batería de condiciones cambiantes para pactar la renovación que van desde vetar la presencia de Unidas Podemos en las negociaciones a tipificar de nuevo el delito de referéndum o reformar la euroorden. También han puesto como excusa el sí de EH Bildu a los Presupuestos de 2021 o la posición del socio minoritario del Gobierno en contra de la monarquía. De forma más reciente han reclamado un cambio en el sistema de elección de los vocales para que los doce de extracción judicial sean seleccionados directamente por sus compañeros —como sucedía hasta 1985—, una reforma que el PP no promovió durante sus dos mayorías absolutas. En la actualidad los jueces hacen una criba de medio centenar de nombres, y luego los partidos eligen, siempre que alcancen esa mayoría en las Cámaras.

Durante su discurso, Lesmes también ha cargado contra la reforma que impide que el CGPJ pueda hacer nombramientos clave en la cúpula judicial con el mandato prorrogado. Hasta la aprobación de esa norma había realizado 74 designaciones en los principales tribunales, 21 de ellos en el Supremo, donde se consideran especialmente sensibles porque esos puestos, salvo renuncia, se mantienen hasta la jubilación, fijada para jueces y magistrados a los 72 años. Esa norma fue promovida por PSOE y Unidas Podemos y contó con un amplio respaldo parlamentario. A juicio del presidente del CGPJ, esta norma “ha venido a agravar” la situación del CGPJ y ha asegurado que sólo en el Tribunal Supremo hay once vacantes sin cubrir de una planta de 79 magistrados.

Esta cuestión ha sido uno de los puntos de enfrentamiento con el Ejecutivo, donde siempre han considerado que el CGPJ caducado debería haberse limitado a decidir sobre cuestiones de gestión. La tensión con los partidos que sustentan el Gobierno de coalición se incrementó a raíz de la urgencia con la que ambos tramitaron esta iniciativa. El CGPJ, con el respaldo de 16 de sus 21 miembros, acusó a PSOE y Unidas Podemos de quebrantar la “separación de poderes” por quitarle competencias de forma exprés y ambos partidos —a través de la Mesa del Congreso, donde tienen mayoría— contestaron pidiendo “respeto” a su capacidad de legislar. Este lunes, Lesmes ha reprochado a la Cámara que desatendiera “todas” las peticiones que realizó el CGPJ para pronunciarse sobre esta reforma.

En su discurso, el presidente del CGPJ también se ha referido a los indultos concedidos por el Gobierno a los líderes del procés y el hecho de que el ejecutivo haya justificado la medida de gracia por constituir "la concordia frente al resentimiento". Ha asegurado Lesmes que "nada más alejado de la realidad" y que "la justicia no es, ni ha sido nunca, un obstáculo para la paz, sino el instrumento fundamental para salvaguardar el orden jurídico y, por ende, la convivencia pacífica entre los ciudadanos". Con esta crítica a la justificación política de los indultos ha querido ensalzar, ha dicho, "la labor de los jueces españoles, y muy especialmente del Tribunal Supremo, por su defensa del orden constitucional y de nuestra democracia, garantizando la supremacía de las leyes y su cumplimiento".

El presidente del órgano de gobierno de los jueces ha pronunciado este discurso en el Tribunal Supremo ante la ministra de Justicia, Pilar Llop, y el líder del Partido Popular, Pablo Casado. La formación conservadora rechaza negociar la renovación de los vocales y propone ahora un nuevo sistema para elegir vocales que no puso en marcha cuando estaba en el Gobierno. En los argumentarios internos del partido, Casado pide incluso culpar a Pedro Sánchez de la no renovación del órgano argumentando que "la pelota, en el tejado de Sánchez".

Aunque no ha citado el bloqueo del Poder Judicial, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha alertado en su discurso de los "peligros" que acechan a la Justicia y ha señalado que, más allá de las tensiones propias y de los necesarios ajustes para lograr un sistema "más perfecto", la Justicia no debe convertirse en un "campo de batalla política" y "debe estar únicamente al servicio de la sociedad". En su intervención, Delgado también ha subrayado la necesidad de acometer "una profunda reforma" del Estatuto fiscal para dotarlo de mayor autonomía. 

https://www.eldiario.es/politica/lesmes-no-dimite-reparte-culpas-gobierno-pp-bloqueo-cgpj-deber-constitucional-no-subordinarse-razones-politicas_1_8275731.html

_- Luis García Montero. El peligroso espectáculo del poder judicial

_- La dinámica de malestar y degradación democrática que hemos vivido en los últimos años tiene una de sus razones principales en la judicialización de la política. El espectáculo es amplio: acontecimientos muy llamativos que van desde el recurso constitucional al Estatuto que los catalanes habían votado en 2006 hasta la realidad última de un consejero de Justicia en la Comunidad de Madrid que se ha convertido en consejero de Salud y, casi, en presidente autonómico debido a las grietas abiertas entre las decisiones políticas y judiciales.

El respeto a la Justicia depende de que la Justicia sea respetable. No hay democracia que pueda sostener su dignidad y su razón de ser sin una justicia respetada y respetable. Por eso es tan grave el panorama polémico que domina y que aparece una y otra vez en la prensa sobre la falta de independencia de los jueces. El estribillo de que todos los políticos son iguales es una forma mentirosa de dañar la política. La discusión abierta sobre la independencia de los jueces es una manera perniciosa y mal planteada de discutir sobre la Justicia.

Creo que no debemos confundir la realidad cotidiana de la Justicia con los mecanismos de control del Poder Judicial. Como cualquier persona, quien se dedica a impartir justicia tiene su manera de pensar, sus ideas políticas y sus circunstancias. Los que creemos en el valor del Estado para organizar la convivencia no debemos permitir el descrédito de la política. Lo que sí resulta necesario es que la conciencia política no se convierta en sectarismo partidista a la hora de cumplir honestamente con una profesión. Pero, como digo, los jueces premiados por su partidismo tienen más que ver con el Poder Judicial que con lo que me permito llamar aquí la justicia de base.

Opino sobre la Justicia, claro, por la polémica sobre el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, aunque también porque me han llamado la atención algunas sentencias y algunos nombramientos. Muy razonable y de admirar la sentencia firmada por los jueces Ramón Sáez (progresista) y Francisco Viera (conservador) en la Audiencia Nacional sobre Josep Lluís Trapero, el ex mayor de los Mossos d'Esquadra. Extraño, sin embargo, el nombramiento para un puesto en el Tribunal Supremo de un juez que es conocido por sus votos particulares para evitar que un partido en el Gobierno y su presidente fuesen llamados a declarar.

El peligro no está en los jueces o en sus ideas políticas, sino en el sectarismo a la hora de utilizar los cauces para constituir el poder judicial. Cuando hablamos de independencia judicial y defendemos que los jueces elijan el Consejo General de su Poder, caemos en la trampa del gremialismo, una trampa mortal para cualquier profesión. Los tres poderes del Estado, Legislativo, Judicial y Ejecutivo, nacen de la soberanía popular. Por eso es antidemocrático separar estos poderes del Parlamento elegido por los ciudadanos. No podemos confundir la independencia judicial con dinámicas gremiales autoseparadas de la sociedad.

Si se utiliza bien, la fórmula actual, aunque mejorable, es una buena manera de elegir el Poder Judicial. El problema está en la utilización sectaria de los mecanismos por la cúpula de los partidos. Estamos viviendo hoy un caso extremo con el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El daño que se hace al crédito de la Justicia española es intolerable. Mejor no entrar en detalles ni hablar de las razones por las que no dimite un Presidente que lleva tanto tiempo caducado y fuera de lugar.

Cuando la política desborda sus espacios naturales y quiere apoderarse de las instituciones, la democracia se pone en peligro. Actuar para dirigir un Estado aunque se pierdan las elecciones implica separar a la vida institucional de la soberanía popular. Creo que les corresponde a los jueces protagonizar la protesta en nombre de su honestidad. Del mismo modo que corresponde a los periodistas defender la dignidad democrática del periodismo, se echa en falta que los jueces se opongan a los tristes espectáculos de este Poder Judicial. No se trata de hacer méritos para ser recompensados con un carguillo, sino de vestir la toga con el convencimiento de que la vocación judicial es indispensable en una sociedad democrática.

El profesor Juan-Ramón Capella sugirió hace tiempo un modo imaginativo de elección. El Parlamento puede reunir y proponer una lista de 40 jueces para que después ellos mismos se voten por un sistema selectivo de bolas blancas y negras, decidiendo así el resultado final. Sería una buena opción. No parece tan buen camino el nombramiento del Consejo por la mayoría absoluta de los diputados. Pero será un camino legítimo si se considera el único modo de romper el bloqueo anticonstitucional del Poder Judicial.

[Fuente: infoLibre]