El constitucionalismo de Feijóo.

El Senado llegó a dirigirse al Congreso de los Diputados, dejando intuir que, en caso de que el Congreso no aceptara la formalización del conflicto, el Senado se dirigiría al Tribunal Constitucional para que diera por trabado dicho conflicto. Ante la certeza de que el Constitucional no lo admitiría a trámite, renunció a ello.

Me sorprende la poca confianza que tienen los partidos que se autocalifican de constitucionalistas en régimen de monopolio en la Constitución con la que se les llena la boca. ¿Cómo es posible que a un partido constitucionalista que ha sido, además, partido de Gobierno durante casi quince años, se le haya podido ocurrir que podía impedir el ejercicio de la potestad legislativa del Estado? ¿Cómo es posible que hayan llegado a pensar que en la Constitución había instrumentos con los cuales la minoría parlamentaria podía imponerse a la mayoría parlamentaria en el ejercicio de la potestad legislativa? ¿Tan poca confianza tienen en que la Constitución es una norma jurídica y que, como tal, es de obligado cumplimiento? ¿O es que consideran que únicamente es de obligado cumplimiento cuando gobierna el PP, pero no lo es cuando gobierna el PSOE y más todavía cuando lo hace en coalición con otro partido de izquierda con el apoyo adicional de partidos nacionalistas?

Que, en el ordenamiento constitucional español, como en el de todos los Estados democráticamente constituidos, los partidos de la oposición disponen de diversos instrumentos para dificultar la aprobación de una ley por la mayoría parlamentaria, es algo sobradamente sabido. Pero también es sobradamente sabido que ninguna Constitución contempla la existencia de instrumentos que impidan al Parlamento aprobar una ley. Las Constituciones democráticas, todas, permiten a la oposición obstaculizar el ejercicio de la potestad legislativa, pero no hacerla imposible.

En la tramitación de la proposición de ley de amnistía ha quedado claro que el PP tenía conocimiento de la existencia de todos esos instrumentos. Más todavía: se ha inventado instrumentos que no figuraban en el ordenamiento constitucional y que han introducido de manera anticonstitucional, como la reforma del Reglamento del Senado para modificar en esta Cámara la tramitación de una ley por el procedimiento de urgencia acordada por el Congreso de los Diputados. En lugar de los veinte días de que dispone el Senado para tramitar una ley por el procedimiento de urgencia decidido por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados, el PP con su mayoría absoluta ha decidido que el Senado dispondría de dos meses para las proposiciones de ley. Ha tratado de inventar, aunque no lo ha conseguido, que se podía intercalar un “conflicto entre órganos constitucionales del Estado” en el procedimiento previsto para la aprobación de una proposición de ley. El Senado llegó a dirigirse al Congreso de los Diputados, dejando intuir que, en caso de que el Congreso no aceptara la formalización del conflicto, el Senado se dirigiría al Tribunal Constitucional para que diera por trabado dicho conflicto. Ante la certeza de que el Tribunal Constitucional no lo admitiría a trámite, renunció a ello.

Sin llegar a estratagemas anticonstitucionales, como las que acabo de hacer referencia, el Senado también ha puesto en marcha maniobras que no se habían visto en el procedimiento legislativo de la democracia, como hacer venir a la Comisión de Venecia para que anatematizara la proposición de ley o recabar dictámenes a órganos que, como el Consejo General del Poder Judicial, carecen de legitimación democrática desde hace más de cinco años.

Por último, en el Pleno del Congreso de los Diputados en el que la proposición de ley se tenía que aprobar por mayoría absoluta en una votación final sobre la misma, por tener ésta el carácter de Ley Orgánica, la derecha intentó “reventar” la celebración de dicho Pleno, con la finalidad de que la proposición no fuera aprobada y no se pudiera pasar a la fase de la integración de la eficacia de la norma: sanción, promulgación y publicación.

Nada se ha conseguido. La Constitución española tiene más consistencia de la que sus presuntos defensores piensan. Ha sido una vergüenza el espectáculo que los ciudadanos y ciudadanas hemos tenido que soportar, pero la proposición de ley ha sido aprobada.

Una vez fracasada la operación en la fase ascendente, en la tramitación parlamentaria, pensaba que la derecha española habría entendido que la Constitución Española es una norma jurídica de verdad y que no tiene ningún sentido intentar boicotear la ley, no la proposición de ley, sino la ley, en la fase descendente, en la de la aplicación de la misma. Porque en esta fase ocurre como en la primera. No hay posibilidad de impedir la aplicación de la ley.

Por eso, me ha resultado extraño leer en la portada de La Razón que Alberto Núñez Feijóo ha dicho que la Ley de amnistía no se va a aplicar.

No sé si Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal están pensando en presionar al Rey para que no la sancione, promulgue y ordene su publicación. Sería una maniobra anticonstitucional, pero sería la única mediante la cual se podría impedir que la ley entre en vigor. Ni se me pasa por la cabeza que pueda llegar a producirse.

Una vez publicada, se inicia la aplicación de la ley. Todo a partir de ese momento es aplicación de la ley. Porque la interposición de un recurso de inconstitucionalidad por los órganos o fracciones de órganos legitimados para ello o la elevación de una cuestión de inconstitucionalidad por los órganos judiciales que tengan que aplicarla en un caso concreto, forma parte del proceso de aplicación de la ley. Precisamente porque la ley tiene que aplicarse, quienes no están de acuerdo con la constitucionalidad de la misma y tienen legitimación para hacerlo, pueden dirigirse al Tribunal Constitucional, a fin de este decida si la Ley de amnistía es constitucional o no. Todo ello forma parte del proceso de aplicación de la ley.

Si cincuenta diputados o cincuenta senadores, si los Parlamentos o Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y si los jueces y magistrados que tienen que dictar sentencia con base en la Ley de Amnistía, consideran que deben dirigirse al Tribunal Constitucional porque consideran que la norma es anticonstitucional, en todo o en parte, pueden hacerlo de acuerdo con el procedimiento previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Lo que este decida tiene “plenos efectos frente a todos” (Art. 164.1 de la Constitución)

Todo esto se va a producir. Con la decisión del Tribunal Constitucional se pondrá fin al debate. Entre los juristas, los historiadores, los publicistas en general se podrá seguir debatiendo sobre el texto de la ley y sobre las sentencias que la apliquen. Pero el valor normativo de la ley lo habrá decidido de manera inapelable el Tribunal Constitucional.

Aunque se está hablando de la posibilidad de elevar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), no tengo duda de que el TJUE no admitirá a trámite la cuestión antes de que el TC haya dictado sentencia. Y estoy seguro de que todavía menos lo hará una vez que la STC sea conocida.

Sería deseable que los partidos autocalificados de constitucionalistas conocieran la Constitución.

https://www.eldiario.es/contracorriente/constitucionalismo-feijoo_132_11419261.html

“No es correcto, señor Feijóo”

Algunos medios no le han perdonado a la periodista de RTVE Silvia Intxaurrondo que desmontase en una entrevista durante la campaña del 23-J falsas afirmaciones del presidente del PP. 

Nunca le perdonarán que corrigiera a don Alberto. Embarrarán, se mofarán, lanzarán bulos, se meterán en su vida privada, con su pareja y con sus hijos. Dirán medias verdades y enteras mentiras, pero más nunca aceptarán que solo hizo su trabajo. Porque ellos nunca hubieran hecho lo que ella hizo. Porque no saben y porque no pueden. 

No es la primera persona que pasa por la máquina de triturar carne humana de El Mundo y este 20º aniversario del 11-M nos recordó cómo quienes ahora dirigen periódicos (Pedro J. Ramírez en El Español, Joaquín Manso en El Mundo, Casimiro García-Abadillo en El Independiente) firmaron entonces bulos que destrozaron vidas. Nunca pidieron perdón, ni 20 años después. Y no lo harán ahora por un caso infinitamente menor.

“No es correcto, señor Feijóo”, cortó la periodista de TVE Silvia Intxaurrondo el 17 de julio a don Alberto en la entrevista previa a las últimas elecciones generales cuando el candidato popular contaba que su partido, cuando gobernó, siempre subió las pensiones al menos lo que había subido la inflación. Don Alberto insistió, pero Intxaurrondo resistió y se negó a aceptar la mentira. Hizo simplemente su trabajo, evitar que al televidente le dieran gato por liebre, pero desde aquel día en El Mundo empezó la carga contra la periodista. No le iban a perdonar semejante desfachatez. Nunca. Pasarían los días, las semanas, los meses, pero ellos siempre volverían.

El mismo día de la entrevista, El Mundo tituló que don Alberto e Intxaurrondo habían tenido “un rifirrafe”. En la crónica que firmaba Esther Mucientes, el diario que dirige Joaquín Manso dijo que la periodista puso “contra las cuerdas al líder del PP desde casi el inicio de la entrevista”. Marc Sala, compañero de Intxaurrondo, siguió preguntando, y cuando respondió don Alberto la periodista le interrumpió porque era “una respuesta que Intxaurrondo no iba a permitir”, según El Mundo. Mucientes reconoce en esa crónica que Intxaurrondo estaba en lo correcto y no don Alberto, pero las hostias se las propinó a ella, no al mentiroso.

Dos días después, Isabel Pedrejón decía que Intxaurrondo era “el azote” de don Alberto y que “ambos protagonizaron varios rifirrafes”. La táctica, evidente, pasa por negar que la periodista preguntara e intentara desmontar los datos falsos que daba don Alberto, para hacer creer que, más que una entrevista, ella buscaba un debate contra el líder popular. Escribió Pedrejón que “no es la primera vez que se encuentra en esta tesitura porque en el pasado también tuvo momentos tensos con Isabel Díaz Ayuso”. Como si el problema fuera Intxaurrondo por intentar que no le colaran mentiras y no los políticos mentirosos.

Este 5 de marzo, El Mundo volvió a la carga. Aprovechando la renovación del contrato entre RTVE y la productora de la periodista, El Mundo dijo que cobraría 537.000 euros (se les olvidó titular que ese dinero era por dos años y no su salario, sino el pago total a la productora) y, sobre todo, relacionó la renovación del contrato con la entrevista a don Alberto porque tituló que se había renovado a Intxaurrondo “el mismo día de su dura entrevista a Alberto Núñez Feijóo”. Más allá de que la explicación sobre los dineros que se daba en el artículo era engañosa para hacer creer que cobrará más de lo que en realidad será, el titular era insidioso porque conectaba la entrevista con esa renovación de contrato. Como si hubiera sido premiada con medio millón de euros por lo que El Mundo llamó “rifirrafe” (y como si RTVE no tuviera derecho a invertir en talento). Pero el contrato de renovación de Intxaurrondo se empezó a negociar en junio y no se firmó hasta 35 días después de la entrevista.

Intxaurrondo respondió en X y después envió a El Mundo un burofax exigiendo, como la ley le permite, su derecho a rectificar la información porque consideraba que contenía errores factuales que dañaban su reputación. Otros medios, como El Economista, hicieron lo correcto en esa situación y publicaron la rectificación, una forma de aceptar que la información tenía al menos algunos errores. El Mundo se negó y respondió con otra pieza en la que repetía su información y añadía el respaldo como fuentes de la misma de “tres altos cargos de RTVE”, sin dejar claro si esas personas eran los tres consejeros a propuesta del PP.

https://elpais.com/opinion/2024-03-14/no-es-correcto-senor-feijoo.html

Feijóo actúa como si se creyera que ha ganado.

Para el PP, las últimas elecciones genuinamente democráticas fueron las de 2011. Desde entonces los ciudadanos españoles han “votado mal”, como dice Mario Vargas Llosa. En consecuencia, los resultados de las urnas no deben ser atendidos en todo lo que sea posible.

De tanto repetir que fue el vencedor en las elecciones del 23J Alberto Núñez Feijóo actúa como si las hubiera ganado. Pretende imponer en las Cortes Generales sus propias decisiones sobre cualquiera de los temas que tienen que ser resueltos, como si dispusiera de la mayoría parlamentaria que la Constitución exige para poder hacerlo. Pretende hacerlo incluso en contra de la manifestación de voluntad expresa e inequívoca del comisario de la Unión Europea cuyo concurso ha solicitado para desatascar la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

El 19 de enero de 2022 expresaba aquí mi opinión de que el PP no aceptaría la renovación mientras fuera presidente del Gobierno el secretario general del PSOE, imposibilitando con ello que el órgano pudiera ser renovado alguna vez. Si la condición sine qua non para que el órgano pueda ser renovado es que el presidente del Gobierno sea del PP, la renovación es imposible. Desvincular la renovación del CGPJ de la expresión del principio de legitimidad democrática a través de las elecciones generales y, por tanto, de la alternancia en el poder, hace imposible la renovación del órgano. Es lo que está ocurriendo. Para el PP, da igual que sea Casado o Núñez Feijóo quien sea su presidente, las últimas elecciones genuinamente democráticas fueron las de 2011. Desde entonces los ciudadanos españoles han “votado mal”, como dice Mario Vargas Llosa. En consecuencia, los resultados de las urnas no deben ser atendidos en todo lo que sea posible, porque no representan la auténtica “voluntad general”. Como el PP dispone de minoría parlamentaria de veto para la renovación del CGPJ, basta con su renuncia a participar en la misma para conseguirlo.

Tras exigir la mediación del comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reinders, parecía que el PP estaba dispuesto a aceptar la renovación del CGPJ, pero una vez que dicho comisario ha exigido que se proceda de manera inmediata a la renovación y que a continuación se estudie, y apruebe en su caso, el cambio de fórmula para hacerlo en el futuro, Alberto Núñez Feijóo se ha negado a aceptar la propuesta del comisario europeo, exigiendo que la renovación coincida con un compromiso por parte del Gobierno socialista de que se reformará la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo relativo a la elección de los doce miembros del CGPJ de extracción judicial. Dichos miembros tendrán que se elegidos por los propios jueces y magistrados sin intervención alguna del Congreso de los Diputados y el Senado.

A cambio de aceptar la renovación del CGPJ, el presidente del PP exige que se le reconozca de facto el ejercicio de la potestad legislativa respecto de la reforma de la LOPJ. Acepto esta renovación, pero con la condición de que será el PP en exclusiva el que decidirá sobre la fórmula de la elección del órgano en el futuro. Si no es así, no hay renovación. Se trata, por lo demás, como el lector sin duda recordará, de la primera exigencia de Santiago Abascal en el reciente debate en el Pleno del Congreso de los Diputados sobre la proposición de ley de amnistía. La renovación de acuerdo con el principio de legitimidad democrática se sustituye por la renovación “corporativa” carente, por ello mismo, de dicha legitimación. A ello ha añadido una exigencia algo confusa respecto de la renovación de los Magistrados del Tribunal Constitucional.

Después de la renovación del CGPJ, la amnistía. El PP, tras la sesión del Pleno del Congreso de los Diputados, en la que se aprobó el Dictamen de la Comisión de Justicia, aunque a continuación no se alcanzó la mayoría absoluta en la votación sobre la totalidad de la proposición de ley, ha decidido, como informa eDiario.es, que se tiene que dar por agotada la tramitación parlamentaria de la mencionada proposición. ¿Con base en qué precepto de la Constitución o del Reglamento del Congreso de los Diputados? Con ninguno. Se tiene que hacer así, porque el PP es el partido que ganó las elecciones.

⁸Y después del ejercicio de la potestad legislativa sobre la renovación del CGPJ y la proposición de ley de amnistía, el Senado, al que pretende convertir en la auténtica Cámara representativa de la voluntad popular en sustitución del Congreso de los Diputados. De ahí que el portavoz del grupo parlamentario, Borja Semper, haya preguntado a los letrados del Senado si la Cámara puede negarse a tramitar el texto de la proposición de ley de amnistía que le sea remitida por el Congreso de los Diputados. Pregunta que es absurda, pero que sirve para cuestionar de manera implícita la legitimidad democrática del Congreso de los Diputados. La manifestación de voluntad del Senado vale tanto como la del Congreso de los Diputados. Algo que el Grupo Popular en el Senado ya ha hecho con la reforma del Reglamento de la Cámara, mediante la cual ha desvinculado al Senado de la obligación de aceptar la decisión del Congreso de los Diputados respecto de la tramitación de una proposición de ley por el trámite de urgencia. De acuerdo con la Constitución, el Senado solamente puede debatir un proyecto o una proposición en los términos y en las condiciones en que el Congreso de los Diputados ha decidido. Puede vetar o enmendar el texto, pero nada más. Sobre esto no existe la más mínima duda. Desde ahora habrá que decir que no existía, ya que a partir de este momento el PP parece tenerla.

Ya veremos que ocurre si el Congreso de los Diputados aprueba definitivamente la proposición de ley de amnistía, pero, por lo que se está viendo, nadie podrá sorprenderse de alguna actuación irregular, que permita retrasar la entrada en vigor de la norma. Veremos.

Y después de la potestad legislativa respecto del CGPJ y la amnistía, la atribución al Senado del control de la acción de Gobierno con la propuesta de un calendario de comparecencias del presidente del Gobierno de tres veces al mes, a pesar de la dicción literal tajante del artículo 108 de la Constitución, “El Gobierno responde solidariamente de su gestión política ante el Congreso de los Diputados”. El Senado puede “reclamar la presencia de los miembros del Gobierno”, de acuerdo con el artículo 109, pero es el Gobierno el que decide cómo atiende a esa reclamación. También pueden los miembros del Senado dirigir interpelaciones y preguntas a los miembros del Gobierno, de acuerdo con el artículo 110, pero no pueden exigirles responsabilidad política de manera vinculante mediante las mismas. El Senado no puede ocupar el lugar del Congreso de los Diputados en ningún caso respecto de ninguna de las “funciones parlamentarias” definidas en el artículo 66.2 de la Constitución.

La convicción profunda de Alberto Núñez Feijóo de que ganó las elecciones choca con la Constitución. Pero esto, por lo visto, es una circunstancia de poca importancia para un partido “constitucionalista”. La interpretación auténtica de la Constitución es la suya. De ahí no va a salir en toda la legislatura. Habrá que armarse de paciencia.

Javier Pérez Royo.

https://www.eldiario.es/contracorriente/feijoo-actua-si-creyera-ganado_132_10893012.html

La investidura disparatada.

Feijóo ha llegado a la investidura en la misma situación en que se encontraba en el momento en que el Rey lo propuso como candidato. Su conducta ha sido, pues, fraudulenta. Sánchez acertó al no aceptar el papel de jefe de la oposición 

— La mayoría absoluta del Congreso rechaza el primer intento de investidura de Feijóo.

Que la investidura iba a ser un disparate es algo que hemos podido seguir a cámara lenta desde finales de agosto hasta este miércoles. Aunque Aitor Esteban comunicó al Rey, en el momento en que este inició las consultas con los portavoces de los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados, que no existían las condiciones para proponer un candidato a la investidura y que era mejor dejar pasar algún tiempo para ver cómo se decantaba la posibilidad de formación de una mayoría parlamentaria de investidura, Felipe VI no lo entendió así y decidió proponer como candidato a Alberto Núñez Feijóo con una justificación plagada de medias verdades cuando no de argumentación jurídica deleznable.

Desde ese momento hasta hoy todo el proceso de investidura ha sido un disparate tras otro. El candidato propuesto por el Rey exigió a la presidenta de las Cortes un tiempo muy amplio para intentar articular esa mayoría parlamentaria, que podía justificarse con base en el tiempo que había sido necesario en algunas investiduras anteriores, pero que solamente tenía sentido si la solicitud se hacía de buena fe, es decir, si el candidato propuesto se dedicaba realmente a intentar articular dicha mayoría. Carecía de justificación, por el contrario, si el candidato se dedicaba casi exclusivamente a intentar torpedear preventivamente la posibilidad de que otro candidato pudiera ser propuesto por el Rey, tras su intento fallido.

Esto último es lo que ha ocurrido. El candidato Núñez Feijóo no ha hecho el más mínimo esfuerzo creíble para constituir una mayoría parlamentaria de investidura. Todo lo que ha hecho a lo largo de un mes lo podría haber realizado en varios días. No más de una semana. No ha avanzado ni un solo metro a lo largo de todo el mes. Ha llegado este martes a su primera intervención en la misma situación en que se encontraba en el momento en que el Rey lo propuso. Todo lo que sabía el martes antes de iniciar su discurso en el Pleno del Congreso de los Diputados, lo sabía ya en el momento en que el Rey le propuso ser candidato.

Su conducta ha sido, pues, fraudulenta. En el momento en que inició los contactos y comprobó que no conseguía ni un solo apoyo, debió dirigirse al Rey para comunicarle que no podía ser investido presidente del Gobierno, a fin de que Felipe VI pudiera barajar la posibilidad de hacer otra propuesta. Sobre todo sabiéndose, como se sabía, que Pedro Sánchez le había manifestado su predisposición para articular una mayoría parlamentaria de investidura e incluso de legislatura.

Alberto Núñez Feijóo ha estado jugando con la investidura con la vista puesta en desgastar la opción Pedro Sánchez antes de que el Rey tuviera la oportunidad de tomarla en consideración. La ejecutoria del presidente del PP del encargo del Rey no ha sido una ejecutoria “positiva”, sino exclusivamente “negativa”. No ha intentado formar Gobierno, sino que ha intentado hacer cuando menos difícil, por no decir imposible, que Pedro Sánchez sea propuesto.

Y en esa ejecutoria se ha pasado un mes largo, en el que no ha dado indicación alguna de cuál sería su programa de Gobierno. Ha hablado muchísimo de programa del no-candidato Pedro Sánchez, pero no ha dicho una palabra de cuál podría ser el suyo.

A nadie puede extrañar que en un mes de tantísimo calor como el que hemos tenido, la mercancía que tenía que vender Núñez Feijóo, su persona como posible presidente del Gobierno, se haya descompuesto y haya empezado a desprender un olor insoportable. El programa que ha ofertado Núñez Feijóo es un programa podrido, producto de una trayectoria errática, de difícil justificación en términos constitucionales y que ponía de manifiesto la imprudencia del Rey de no atender a la recomendación del portavoz del PNV.

Este prolongado fraude ha desembocado en una sesión de investidura disparatada, en la que el candidato propuesto ha perdido la ventaja inicial de poder hablar por tiempo ilimitado y cuantas veces le parezca oportuno.

En mi opinión, perdió el control del debate en su propio discurso inicial, en el que la amnistía, es decir, la posibilidad de que un Gobierno presidido por Pedro Sánchez consiga que las Cortes Generales aprueben una ley de amnistía, ocupó los primeros cuarenta minutos, a los que siguió a continuación una propuesta de seis pactos de estado con distinto nivel de concreción y que, en su conjunto, no tienen la solidez exigible a un programa de gobierno. Aunque a esta segunda parte le dedicó más tiempo, para todo el mundo fue evidente que la amnistía era el eje de su propuesta. Así se evidenciaría en todo el debate a lo largo de la tarde del martes. A Núñez Feijóo no le interesaba el programa de gobierno, sino transmitir el mensaje de que Pedro Sánchez iba a ser presidente por aceptar el chantaje independentista de la amnistía, a lo que él no estaba dispuesto.

La decisión estratégica de Pedro Sanchez de no participar en el debate y delegar la intervención en el exalcalde de Valladolid acabó desbaratando el plan que Núñez Feijóo podía tener.

El presidente del Gobierno en funciones acertó de manera rotunda. Pedro Sánchez no podía aceptar el papel de jefe de la oposición, porque él considera que puede formar Gobierno, mientras que Núñez Feijóo no puede. Aceptar intervenir en el debate de investidura de Núñez Feijóo, además de que podría ser interpretado como un reconocimiento de que el presidente del PP había ganado las elecciones, le proporcionaba una ventaja en el debate al poder intervenir por tiempo ilimitado siempre que quisiera y decir siempre la última palabra. La decisión desconcertó a Núñez Feijóo tanto que estuvo a punto de no contestarle y, una vez que se decidió a hacerlo, lo hizo con una brevedad extraordinaria y sin hacer uso de la súplica. Fue un reconocimiento de la derrota como pocas veces se ven en un debate parlamentario. A partir de ese momento todo ha sido ya un pandemónium, sin orden de ningún tipo

La investidura es el momento pedagógico más importante de la legislatura. No hay otro como él. Es un seminario político en el que está en juego el poder para toda la legislatura ante la vista de una audiencia irrepetible. Desgraciadamente en esta ocasión no ha cumplido con las expectativas. Ha sido un auténtico disparate.

https://www.eldiario.es/contracorriente/investidura-disparatada_132_10548017.html.  

_- El chantaje de Núñez Feijóo.

_- Sea cual sea el resultado de las elecciones andaluzas de este domingo. El PP no se va a sentar a negociar de buena fe la renovación del CGPJ, que conllevaría inmediatamente la renovación del TC. Además de que tiene la convicción de que el CGPJ es su mejor arma, tiene también la de que su actitud no tiene coste electoral de ningún tipo

La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional (TC) es una obligación. La Constitución ordena que se renueven en unos tiempos que la propia Constitución establece. Los preceptos relativos a dicha renovación son de fácil interpretación. Cada cinco años tiene que ser renovado el CGPJ en su totalidad. Cada tres se renueva por tercios el TC.

Una obligación no puede ser transformada en lo contrario, es decir, en un título de crédito que permita negociar los términos del cumplimiento de la misma. La renovación del CGPJ y del TC no puede estar sometida a condición de ningún tipo por parte de quienes están obligados a llevarla a cabo. Vincular la renovación al cumplimiento de determinadas condiciones unilateralmente establecidas es una operación de chantaje. Es en lo que está el señor Núñez Feijóo.

Aunque cuando se produjo la sustitución de Pablo Casado por Alberto Núñez Feijóo, se especuló con que dicha sustitución facilitaría el pacto para la renovación del CGPJ, estamos viendo que no solo no es así, sino que incluso se está endureciendo todavía más la posición del PP, que vincula dicha renovación a que el Gobierno de la Nación acepte determinadas propuestas del PP. El Gobierno no puede aceptar ninguna propuesta hasta que no se haya producido la renovación del CGPJ. Ya aceptó la de renovar parcialmente el TC, el Defensor del Pueblo y los miembros del Tribunal De Cuentas con la esperanza de que a continuación se renovara el CGPJ y ya hemos visto el resultado. El CGPJ, en su composición actual, es el instrumento de poder más importante para el PP. Estoy convencido de que no están dispuestos a perderlo.

Pienso que la misma forma en que se hizo y deshizo el acuerdo de renovación que se alcanzó en 2019, en el que el Presidente de la Sala Segunda, Manuel Machena, pasaría a ser Presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, es una buena muestra de lo que digo. El PP no ha estado dispuesto nunca a negociar de buena fe la renovación del CGPJ. De ahí que el acuerdo fuera torpedeado por el senador Cosidó, que había sido uno de los negociadores del mismo, mediante la remisión de un SMS a los senadores del PP redactado en unos términos que no podían conducir más que a donde condujeron: a la ruptura del acuerdo y a remitir la renovación a una nueva negociación para la que no se fijaba ninguna fecha.

En esas estamos y me temo que vamos a seguir estando. Sea cual sea el resultado de las elecciones andaluzas de este domingo. El PP no se va a sentar a negociar de buena fe la renovación del CGPJ, que conllevaría inmediatamente la renovación del TC. Además de que tiene la convicción de que el CGPJ es su mejor arma, tiene también la convicción de que su actitud no tiene coste electoral de ningún tipo para él, mientras que sí lo tiene para el PSOE. El mensaje que están transmitiendo es que las instituciones no funcionan cuando el PSOE gobierna, mientras que sí lo hacen cuando gobierna el PP.

Impedir la renovación del CGPJ y del TC juega a su favor. Cuanto más ruido se genere, mejor. Su estrategia es la de que se produzca una descomposición del sistema político que obligue a disolver las Cortes Generales y convocar elecciones anticipadas. La renovación del CGPJ y del TC es una garantía de que la legislatura acabará cuando llegue la hora y de que no habrá disolución anticipada.

A menos que se produzca una intervención muy firme de la Comisión Europea, Alberto Núñez Feijóo seguirá con su estrategia de chantaje.

Juan Torres López, catedrático de economía. Feijóo propone contra la inflación una barbaridad económica

Publicado en Público.es el 8 de abril de 2022

El nuevo secretario general del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto «disminuir la retenciones en el impuesto de la renta» para devolver una parte de lo que se ha recaudado de más e «impactar esa inflación del 10%». Este argumento se trata de una auténtica barbaridad económica por las razones que voy a exponer muy sencillamente y dejando a un lado otras dos cuestiones secundarias. Una, que el PP pudo corregir los impuestos cuando gobernó para que la inflación no aumente la presión fiscal y no lo hizo; y, otra, que reducir las retenciones a cuenta del pago de un impuesto -como propone Feijóo- no equivale a bajarlo.

Como he explicado en otros artículos anteriores en este diario, la subida de precios tan elevada que estamos sufriendo es especialmente grave y difícil de frenar porque se produce como consecuencia de factores muy diferentes y cuyas posibles respuestas pueden neutralizarse entre sí.

Aunque cada uno de esos factores se da con más o menos intensidad en las distintas economías, la inflación actual tiene en todas ellas un origen multipolar: exceso de liquidez como consecuencia de las políticas monetarias expansivas de los bancos centrales de los últimos años; presión de la demanda tras la salida de los confinamientos; bloqueos de la oferta y carencias en los suministros de muchas materias primas o productos esenciales para la industria o la vida diaria; encarecimiento de la energía por razones específicas de ese sector y geopolíticas; falta de competencia que permite a muchas empresas subir injustificadamente los márgenes para obtener beneficios extraordinarios con precios más altos; agotamiento de recursos naturales; y, todo ello, agudizado por la invasión de Ucrania y las sanciones a Rusia.

Pues bien, bajar las retenciones o incluso los impuestos en general no solo no ayudaría a combatir las actuales subidas de precios sino que podría aumentarlas.

Es evidente que el componente de la inflación que pueda tener relación con el exceso de liquidez no se resuelve sino que empeora si se ponen más medios de pago en manos de los consumidores. Igualmente ocurriría con las subidas de precios que estén producidas por exceso de la demanda respecto a la oferta: serían todavía mayores al bajar los impuestos y provocar aumento del consumo privado. Tampoco hay que ser un lince para entender que las subidas de precios originadas por bloqueos en la oferta, por falta de competencia o por problemas de los sectores energéticos, de ninguna manera van a poder frenarse con menos impuestos sobre la renta de las personas físicas.

Frente a la inflación de raíz monetaria o de demanda lo que hace falta más bien son subidas de tipos de interés, para frenar la demanda de dinero, o de impuestos, para limitar la demanda de bienes y servicios. Otra cosa es que, ni una ni otra medida, sean oportunas ahora porque estas componentes monetaria o de demanda son mucho más débiles que las que tienen que ver con la oferta. Y porque, de tomarlas, se produciría una recesión inmediata pues las economías se vendrían abajo por la demanda, además de por la oferta.

Eso no quiere decir que haya que cruzarse de brazos. Hay que evitar que las subidas de precios se traduzcan en pérdida de poder adquisitivo en los grupos sociales más vulnerables o pérdida de eficiencia en las empresas, y para eso hacen falta ayudas, bien por la vía del gasto (mucho más fáciles por su inmediatez y simplicidad y de mejor impacto en la renta) o por la de los impuestos. Pero nunca indiscriminadamente.

Por otro lado, para enfrentarse a la subida de precios que viene producida por problemas de oferta, como he dicho, por bloqueos en las cadenas de suministro, por escasez de muchos productos o por el precio desbocado de la energía, sí es verdad que hace falta más gasto; pero no gasto en consumo, como generaría la rebaja de impuestos que propone el Partido Popular, sino gasto de inversión de las empresas y también del Estado, para diversificar y desbloquear la oferta y encontrar cuanto antes nuevas fuentes de suministro con precio más reducido.

Por tanto, también en este caso se justifican las ayudas (por la vía del gasto con subvenciones o mediante bajada de impuestos) a las empresas capaces de llevar a cabo esas inversiones y, por supuesto, el mayor gasto inversor del Estado. Para ambas cosas urgentes se necesitan más ingresos públicos, no menos.

En la situación inflacionaria en la que estamos, desarmar al Estado disminuyendo sus ingresos es un error de libro, una barbaridad que provocaría muchos más problemas de los que ya tenemos. Hay que estudiar la reforma de los impuestos para que la inflación no aumente la presión fiscal por la puerta de atrás ni acabe con su ya de por sí deteriorada progresividad, y hay que dar ayudas y bajar impuestos a quien más lo necesite por razones de equidad o para favorecer las inversiones imprescindibles. Pero es en los momentos de mayor dificultad, como ahora, cuando es más importante que nunca la cooperación, la disposición de recursos comunes para hacer frente a los riesgos más elevados y que cada cual contribuya en la medida de su capacidad a financiarlos. Y es justo para eso para lo que sirve el sistema fiscal.

Para finalizar, cabe una reflexión final. Una propuesta tan descabellada como esta que ha hecho Feijóo no se hace por desconocimiento: tiene asesores económicos que saben muy bien lo que dicen. La razón es otra. La inflación y las medidas que se adoptan para combatirla afectan de un modo muy desigual a cada persona o empresa. Y las propuestas del PP también beneficiarían a todas ellas de modo muy diferente. Las pequeñas y medianas empresas con menos ingresos o ventas y las personas con rentas más bajas no pueden financiarse por sí mismas el acceso a todos los bienes públicos, de más calidad y menor coste que cuando son provistos por el mercado, que inevitablemente necesitan para hacer negocios, producir o vivir. Las grandes, por el contrario, sí pueden pagar a cualquier precio las infraestructuras, servicios o bienes privados. Por eso no les importa que el Estado deje de suministrarlos y prefieren ahorrarse impuestos, haciendo creer que así salimos ganando todos.

Ni Feijóo ni ningún otro dirigente del Partido Popular dicen barbaridades como esta de ahora por casualidad, ni porque no tengan idea de economía. Saben muy bien lo que dicen y a quién beneficia lo que proponen.

https://juantorreslopez.com/feijoo-propone-contra-la-inflacion-una-barbaridad-economica/

La materia de la que está hecha la vida.

El PP se encuentra en 2022 en peor situación que en 2018. Casado no solamente ha deslavazado la organización interna del partido, sino que además ha permitido con su discurso que VOX haya aumentado su presencia.

No acabo de entender por qué Alberto Núñez Feijóo renunció a la oportunidad de convertirse en presidente del PP en 2018, cuando Mariano Rajoy tuvo que abandonar la Presidencia del Gobierno como consecuencia de la aprobación de la moción de censura encabezada por Pedro Sánchez. Si hubiera decidido presentar su candidatura en el Congreso extraordinario que se convocó entonces para sustituir a Mariano Rajoy, se habría producido casi con total seguridad la confluencia en torno a su candidatura que se acaba de producir tras el “golpe” de Isabel Díaz Ayuso contra Pablo Casado.

Cuatro años es mucho tiempo. Especialmente en política. Y más todavía cuando opera en el interior de una organización política extraordinariamente degradada como era el PP tras los casi quince años de la presidencia de Mariano Rajoy, siete de los cuales en calidad, además, de presidente del Gobierno. No se puede perder de vista que el PP dejó de ser Gobierno de la nación tras la certificación judicial de la corrupción por la Audiencia Nacional. Los casos de corrupción se habían ido acumulando y eran sobradamente conocidos, pero hacía falta que fuera acreditada por el poder judicial para que resultara insoportable. Es lo que ocurrió en 2018.

Con Mariano Rajoy se cierra la época que se inició con la llegada de José María Aznar en 1989 con la refundación de AP como PP. Desde 1989 a 2018 hay una generación de dirigentes que se mantiene al frente del partido tanto cuando están en el gobierno, entre 1986 y 2004 y entre 2011 y 2018, como cuando están en la oposición entre 2004 y 2011. Hay una continuidad en el discurso político y en las personas portadoras del mismo, así como también en la práctica continuada de la corrupción en todos los escalones de nuestra fórmula de gobierno.

Quien sustituyera a Mariano Rajoy tenía que hacer un ajuste de cuentas con la trayectoria del PP durante veinte años. No se trataba, por tanto, de una sustitución normal, sino de una sustitución excepcional, ya que tenía que ocuparse, ante todo, de taponar el proceso de deterioro que se había venido acelerando en el interior del partido como paso previo para intentar recuperar la imagen de un partido de gobierno de España.

En esta circunstancia el tiempo es un factor fundamental. No se podían dar pasos en falso, que no solamente no consiguieran revertir el proceso de deterioro, sino que incluso lo aceleraran. Y sin embargo, eso es justamente lo que hizo Alberto Núñez Feijóo al permitir que Pablo Casado se convirtiera en presidente del PP.

El PP se encuentra en 2022 en peor situación que en 2018. Casado no solamente ha deslavazado la organización interna del partido, sino que además ha permitido con su discurso que VOX haya conseguido aumentar su presencia en el escenario político.

Pablo Casado heredó de Mariano Rajoy un partido muy deteriorado. Núñez Feijóo va a heredar de Pablo Casado un partido todavía más deteriorado. Con una competidora interna, como Isabel Díaz Ayuso y con un competidor externo crecido como Santiago Abascal, que le van a privar de autonomía para definir la línea estratégica del PP hacia dentro y hacia fuera.

Y Feijóo no puede hacer responsable a nadie más que a sí mismo de iniciar su ejecutoria como presidente en las circunstancias en que va a hacerlo. Si hubiera optado por serlo en 2018, no tendría a Isabel Díaz Ayuso en la presidencia de la Comunidad de Madrid y habría podido defender su espacio político frente a la penetración de VOX.

Benjamin Franklin nos advirtió frente al riesgo que supone perder el tiempo, porque el tiempo es la materia de la que está hecha la vida. Me imagino que Alberto Núñez Feijóo se tiene que estar arrepintiendo de no haber atendido a la advertencia de B. Franklin. El Gobierno de coalición con VOX en Castilla y León se lo acaba de recordar antes incluso de ser proclamado formalmente presidente. Es la primera estación del vía crucis que le espera.

https://www.eldiario.es/contracorriente/materia-hecha-vida_132_8846646.html