Feijóo actúa como si se creyera que ha ganado.

Para el PP, las últimas elecciones genuinamente democráticas fueron las de 2011. Desde entonces los ciudadanos españoles han “votado mal”, como dice Mario Vargas Llosa. En consecuencia, los resultados de las urnas no deben ser atendidos en todo lo que sea posible.

De tanto repetir que fue el vencedor en las elecciones del 23J Alberto Núñez Feijóo actúa como si las hubiera ganado. Pretende imponer en las Cortes Generales sus propias decisiones sobre cualquiera de los temas que tienen que ser resueltos, como si dispusiera de la mayoría parlamentaria que la Constitución exige para poder hacerlo. Pretende hacerlo incluso en contra de la manifestación de voluntad expresa e inequívoca del comisario de la Unión Europea cuyo concurso ha solicitado para desatascar la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

El 19 de enero de 2022 expresaba aquí mi opinión de que el PP no aceptaría la renovación mientras fuera presidente del Gobierno el secretario general del PSOE, imposibilitando con ello que el órgano pudiera ser renovado alguna vez. Si la condición sine qua non para que el órgano pueda ser renovado es que el presidente del Gobierno sea del PP, la renovación es imposible. Desvincular la renovación del CGPJ de la expresión del principio de legitimidad democrática a través de las elecciones generales y, por tanto, de la alternancia en el poder, hace imposible la renovación del órgano. Es lo que está ocurriendo. Para el PP, da igual que sea Casado o Núñez Feijóo quien sea su presidente, las últimas elecciones genuinamente democráticas fueron las de 2011. Desde entonces los ciudadanos españoles han “votado mal”, como dice Mario Vargas Llosa. En consecuencia, los resultados de las urnas no deben ser atendidos en todo lo que sea posible, porque no representan la auténtica “voluntad general”. Como el PP dispone de minoría parlamentaria de veto para la renovación del CGPJ, basta con su renuncia a participar en la misma para conseguirlo.

Tras exigir la mediación del comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reinders, parecía que el PP estaba dispuesto a aceptar la renovación del CGPJ, pero una vez que dicho comisario ha exigido que se proceda de manera inmediata a la renovación y que a continuación se estudie, y apruebe en su caso, el cambio de fórmula para hacerlo en el futuro, Alberto Núñez Feijóo se ha negado a aceptar la propuesta del comisario europeo, exigiendo que la renovación coincida con un compromiso por parte del Gobierno socialista de que se reformará la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo relativo a la elección de los doce miembros del CGPJ de extracción judicial. Dichos miembros tendrán que se elegidos por los propios jueces y magistrados sin intervención alguna del Congreso de los Diputados y el Senado.

A cambio de aceptar la renovación del CGPJ, el presidente del PP exige que se le reconozca de facto el ejercicio de la potestad legislativa respecto de la reforma de la LOPJ. Acepto esta renovación, pero con la condición de que será el PP en exclusiva el que decidirá sobre la fórmula de la elección del órgano en el futuro. Si no es así, no hay renovación. Se trata, por lo demás, como el lector sin duda recordará, de la primera exigencia de Santiago Abascal en el reciente debate en el Pleno del Congreso de los Diputados sobre la proposición de ley de amnistía. La renovación de acuerdo con el principio de legitimidad democrática se sustituye por la renovación “corporativa” carente, por ello mismo, de dicha legitimación. A ello ha añadido una exigencia algo confusa respecto de la renovación de los Magistrados del Tribunal Constitucional.

Después de la renovación del CGPJ, la amnistía. El PP, tras la sesión del Pleno del Congreso de los Diputados, en la que se aprobó el Dictamen de la Comisión de Justicia, aunque a continuación no se alcanzó la mayoría absoluta en la votación sobre la totalidad de la proposición de ley, ha decidido, como informa eDiario.es, que se tiene que dar por agotada la tramitación parlamentaria de la mencionada proposición. ¿Con base en qué precepto de la Constitución o del Reglamento del Congreso de los Diputados? Con ninguno. Se tiene que hacer así, porque el PP es el partido que ganó las elecciones.

⁸Y después del ejercicio de la potestad legislativa sobre la renovación del CGPJ y la proposición de ley de amnistía, el Senado, al que pretende convertir en la auténtica Cámara representativa de la voluntad popular en sustitución del Congreso de los Diputados. De ahí que el portavoz del grupo parlamentario, Borja Semper, haya preguntado a los letrados del Senado si la Cámara puede negarse a tramitar el texto de la proposición de ley de amnistía que le sea remitida por el Congreso de los Diputados. Pregunta que es absurda, pero que sirve para cuestionar de manera implícita la legitimidad democrática del Congreso de los Diputados. La manifestación de voluntad del Senado vale tanto como la del Congreso de los Diputados. Algo que el Grupo Popular en el Senado ya ha hecho con la reforma del Reglamento de la Cámara, mediante la cual ha desvinculado al Senado de la obligación de aceptar la decisión del Congreso de los Diputados respecto de la tramitación de una proposición de ley por el trámite de urgencia. De acuerdo con la Constitución, el Senado solamente puede debatir un proyecto o una proposición en los términos y en las condiciones en que el Congreso de los Diputados ha decidido. Puede vetar o enmendar el texto, pero nada más. Sobre esto no existe la más mínima duda. Desde ahora habrá que decir que no existía, ya que a partir de este momento el PP parece tenerla.

Ya veremos que ocurre si el Congreso de los Diputados aprueba definitivamente la proposición de ley de amnistía, pero, por lo que se está viendo, nadie podrá sorprenderse de alguna actuación irregular, que permita retrasar la entrada en vigor de la norma. Veremos.

Y después de la potestad legislativa respecto del CGPJ y la amnistía, la atribución al Senado del control de la acción de Gobierno con la propuesta de un calendario de comparecencias del presidente del Gobierno de tres veces al mes, a pesar de la dicción literal tajante del artículo 108 de la Constitución, “El Gobierno responde solidariamente de su gestión política ante el Congreso de los Diputados”. El Senado puede “reclamar la presencia de los miembros del Gobierno”, de acuerdo con el artículo 109, pero es el Gobierno el que decide cómo atiende a esa reclamación. También pueden los miembros del Senado dirigir interpelaciones y preguntas a los miembros del Gobierno, de acuerdo con el artículo 110, pero no pueden exigirles responsabilidad política de manera vinculante mediante las mismas. El Senado no puede ocupar el lugar del Congreso de los Diputados en ningún caso respecto de ninguna de las “funciones parlamentarias” definidas en el artículo 66.2 de la Constitución.

La convicción profunda de Alberto Núñez Feijóo de que ganó las elecciones choca con la Constitución. Pero esto, por lo visto, es una circunstancia de poca importancia para un partido “constitucionalista”. La interpretación auténtica de la Constitución es la suya. De ahí no va a salir en toda la legislatura. Habrá que armarse de paciencia.

Javier Pérez Royo.

https://www.eldiario.es/contracorriente/feijoo-actua-si-creyera-ganado_132_10893012.html

_- SESIÓN DE CONTROL Las provocaciones de los ultras desbordan el vaso en el Congreso

_- Los insultos de Vox colman la paciencia de los grupos, cada vez más preocupados por la imagen de degradación de la vida parlamentaria

Un día cualquiera, en una aburrida comisión del Congreso de los Diputados, pueden escucharse cosas como estas: “Hoy empezó el totalitarismo en España (…) No están actuando ustedes, señores de la ultraizquierda en el Gobierno, de una manera distinta a Hitler y a Stalin (…) Están deshumanizando a la oposición, que es el paso previo al Gulag”. Esas palabras fueron pronunciadas el día 17 en sede parlamentaria por Rubén Manso, inspector del Banco de España, profesor universitario, consultor financiero de importantes compañías y considerado el gurú económico de Vox. Manso no es en absoluto un orador exaltado y fue desgranando esas tremebundas conclusiones sin alzar la voz. Nadie de los destinatarios se inmutó en la Comisión de Economía, a lo sumo se pudieron apreciar algunas sonrisas irónicas. La barbaridad se ha convertido en rutina en el Parlamento español y ya no llama mucho la atención que se profieran descalificaciones como esas o peores, de “asesinos” a “fascistas”.

Y a pesar de todo, las alarmas volvieron a dispararse esta semana en la sede de la soberanía popular, tras los insultos machistas de la diputada de Vox Carla Toscano a la ministra de Igualdad, Irene Montero. Tanto fue así que el casi siempre templado portavoz del PNV, Aitor Esteban, con 18 años de experiencia en el Congreso, se despachaba ante los periodistas en los pasillos: “¿Qué va a ser lo próximo? Esto es una vergüenza. ¿Que la gente se podía pasar de la raya en alguna ocasión? Sí, pero había un mínimo decoro y un mínimo respeto por encima de las diferencias ideológicas… Pero esto… ¡Qué tasca! Una tasca de mala muerte, en eso se ha convertido esto”. Esteban añadió una apreciación: “No en el 100%, pero diría que en el 98% de las ocasiones es Vox quien genera esto, con su agresividad, sus insultos y sus provocaciones”.

Es cierto que la agresividad verbal ha contagiado a una buena parte de la Cámara. Y que en ocasiones la extrema derecha también se ha quejado de actitudes violentas contra sus miembros, como cuando la diputada de ERC Maria Dantas se encaró con Macarena Olona desde las escaleras que dividen el hemiciclo gritándole “fascista” o cuando Pablo Iglesias acusó al portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, de “querer un golpe de Estado”. Pero la lista de desplantes y provocaciones de la extrema derecha supera con creces a todos.

Los dos únicos expulsados en esta legislatura eran miembros de Vox, la propia Olona —“Esto no es un circo”, reprendió la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, ante los desaforados intentos de la entonces parlamentaria para alterar el orden del día de una sesión de la Diputación Permanente— y José María Sánchez, quien llamó “bruja” a la socialista Laura Berja durante un debate sobre el aborto. Tras lo ocurrido esta semana, varios de los grupos que apoyan al Gobierno creen que ha llegado el momento de tomar medidas para frenar a los ultras y acabar con su “impunidad”, lo que anticipa un intenso debate la próxima semana en la Junta de Portavoces.

La del miércoles no era la primera vez que miembros de Vox le restregaban a Irene Montero su relación de pareja con el fundador de Podemos, sin que entonces se desatase el tumulto vivido esta semana. Lo que esta vez indignó al conjunto de la Cámara fue la obvia connotación sexual de las palabras de Toscano: “Su único mérito es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias”. Los escaños de la izquierda estallaron, mientras Vox jaleaba como una heroína a su compañera. Por lo bajo, algunos lo celebraban con gracietas. Cuando luego le tocó subir a la tribuna a la socialista Berja, según relatan diputados de otros grupos próximos a los escaños que ocupan miembros de la extrema derecha, algunos de estos comentaban entre risas: “¡La bruja!, ¡la bruja!”.

Al día siguiente, Vox prolongó el show entre aires triunfales. El debate de los Presupuestos —a los que el partido ultra ni se molestó en presentar enmiendas ni a votar siquiera las de los demás— pasó a un segundo plano. El diputado Onofre Miralles homenajeó a Toscano desde la tribuna: “Somos moralmente superiores. Al zurderío se le combate de cara”. Luego llegó la más histriónica de las intervenciones que se recuerda a cargo de Víctor Sánchez del Real, quien se arrancó a gritos para imitar las acusaciones de “fascistas” que les habían proferido parlamentarios de la izquierda, se abrió la chaqueta y mostró su nuca para desafiar a los “comunistas asesinos” y finalmente se revolvió contra el mismo PP citando unos versículos del Apocalipsis: “Los tibios provocan el vómito de mi boca”.

Estrategia premeditada
Hay coincidencia generalizada entre los demás grupos en que el escándalo estaba planificado por Vox, en un momento en que las encuestas lo sitúan en retroceso. Un diputado socialista, César Ramos, incluso criticó al día siguiente la reacción a los insultos de Toscano: “Cometimos una equivocación, porque hemos dado publicidad a los que la buscaban”. Más allá del momento, el secretario primero de la Mesa y dirigente de los comunes catalanes, Gerardo Pisarello, cree que Vox sigue una pauta clara desde que llegó al Congreso. “Es una estrategia perfectamente premeditada para degradar y desestabilizar la institución, transmitir la imagen de que el Parlamento es un griterío sin ninguna utilidad e impedir el debate. No puede haber un debate democrático si se produce una desestabilización permanente de las condiciones del propio debate”, apunta Pisarello, quien anticipa que planteará una reflexión al respecto el martes en la reunión semanal de la Mesa.

El PP se ha sumado a la condena a los insultos de Vox. “Recurrir a la descalificación personal con comentarios ofensivos como los del otro día es algo lamentable que no debería ocurrir nunca”, deplora el número dos del Grupo Popular, Carlos Rojas. El primer partido de la oposición coincide en que estos episodios contribuyen a “acrecentar el desapego de la sociedad por la clase política” y por ello perjudican “tanto al PP como al parlamentarismo”. Pero Rojas atribuye su cuota de responsabilidad a la izquierda. “Quien ha sembrado su acción política de crispación e insultos desde sus inicios ha sido Podemos”, denuncia. El diputado popular afea a esta formación sus “continuas descalificaciones a la Jefatura del Estado y a la judicatura” y reprocha a Montero que replicase a los ataques de Vox calificando a este partido de “banda de fascistas”.

“Yo no soy un ejemplo de corrección política”, se apresura a reconocer el portavoz de ERC, Gabriel Rufián. “Fui expulsado en una ocasión, aunque por algo que ahora sucede todos los días: permanecer de pie cuando me ordenaban sentarme”. Pero Rufián insiste en que nadie —e incluye al PP, pese a su a menudo áspera confrontación con este partido— ha “sobrepasado los límites” como Vox. “Tenemos que hacer un esfuerzo todos los demás grupos y también los medios para no equipararnos, para no transmitir la imagen de que esto es un escándalo continuo del que todos somos responsables. Lo de Vox es violencia verbal y política. Y lo peligroso es que eso se traslada después a la calle y a las redes sociales”.

Respuesta contundente
Varios grupos exigen una respuesta contundente y entre ellos el más crítico es Unidas Podemos, que apunta a la presidenta, la socialista Batet. “Ha decidido ponerse de perfil ante la violencia política de Vox y esto ha creado un clima de impunidad”, recriminan fuentes de la dirección del grupo parlamentario. “A menudo Batet lo presenta como una cuestión de educación y de reglamento, cuando es una estrategia política para humillar y deshumanizar al adversario”. El PNV también ve pasividad en la presidencia y señala que el reglamento exige a los oradores que se ciñan a la cuestión a debate, los Presupuestos en el caso de lo sucedido en los últimos días. El PP pide a Batet más “empeño”, sin entrar en detalles, y le reprocha que, al comienzo de la legislatura, permitiese a diputados de izquierda e independentistas que tomasen posesión introduciendo en sus promesas coletillas “contrarias al orden constitucional”. Rufián tercia: “Yo creo que Batet ha hecho una buena labor, pero ha llegado el momento de poner límites. La Mesa tiene que hacerse valer”. Y sugiere medidas como sanciones económicas a los diputados.

Los alborotos en la Cámara, con la consiguiente degradación de la imagen del Parlamento, han sido uno de los grandes quebraderos de cabeza para Batet en estos tres últimos años. “Se ha pasado horas y horas estudiando el reglamento para buscar fórmulas que le permitan frenar estos incidentes”, apuntan fuentes socialistas, “pero el reglamento es el que es”. Las sanciones económicas que propone Rufián, por ejemplo, no están contempladas actualmente en las normas internas de la Cámara. Para desmentir la supuesta lenidad que algunos atribuyen a Batet, en su equipo recuerdan la expulsión de Olona, una medida extrema que se ha tomado en contadas ocasiones después de 45 años de democracia parlamentaria. La presidenta está dolida por algunas de las críticas, señalan las mismas fuentes, sobre todo porque, de momento, ninguno de los grupos le ha presentado una propuesta concreta sobre qué medidas se pueden adoptar. “Y ella está dispuesta a escuchar”, añaden. Batet ha apelado a menudo al “autocontrol” de los diputados para no entrar a las provocaciones ni responder a los insultos, como hizo Montero al llamar a Vox “banda de fascistas”. En este punto, Pisarello discrepa: “El fascismo es un fenómeno histórico, es una definición casi técnica. Ellos también nos llaman a nosotros comunistas. Pero es muy diferente eso a que te tachen de asesino o terrorista”.

El próximo martes, la Mesa no solo se ocupará de las exigencias de los que reclaman más mano dura con Vox. La extrema derecha ha presentado un escrito para denunciar a dos de los miembros de UP en el órgano de gobierno de la Cámara, Pisarello y Javier Sánchez Serna, por sumarse al griterío que originaron los insultos a la ministra de Igualdad. Pisarello lo niega y las imágenes del pleno parecen corroborar su versión. Varias fuentes aseguran que el representante de Vox en la Mesa, Ignacio Gil Lázaro, se ha distinguido desde el comienzo de la legislatura por participar desde su puesto de los alborotos organizados por su grupo. Esta es una de las especialidades de la extrema derecha: prender el fuego para después presentarse como víctima.

El País