El coordinador federal de IU cree que el nacionalismo "es la mejor excusa" para no hablar de los recortes y la corrupción que afectan a los partidos en el Gobierno de España y de la Generalitat de Cataluña
La peor crisis política e institucional de los últimos 40 años en España ha permitido a Izquierda Unida recuperar su presencia pública, un tanto perdida dentro de Unidos Podemos, con un discurso igual de severo con el Ejecutivo de Mariano Rajoy que con el desafío secesionista de Carles Puigdemont al frente de la Generalitat. Frente a la tibieza con la que Podemos ha criticado la declaración de independencia “ilegal e ilegítima” y ha centrado su discurso casi en exclusiva en criticar al Gobierno y sus aliados del PSOE y Ciudadanos en la aplicación del artículo 155 de la Constitución, Alberto Garzón (Logroño, 1985) ha mantenido una posición contundente con ambas administraciones. “Un nacionalismo llama a otro nacionalismo. Tanto Puigdemont como Rajoy se retroalimentan en sus estrategias”, afirma el coordinador federal de IU. “La identidad nacional se puede construir, se puede promover. Eso es lo que hizo Artur Mas: facilitar que bajo la bandera nacionalista catalana se pudiera ocultar su propia gestión”, añade en relación al predecesor de Puigdemont en el Govern.
Prueba de que el discurso de Unidos Podemos no es monolítico es que Garzón es contrario a la condición de presos políticos que los secesionistas o el mismo secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, atribuyen al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los exconsellers del Govern encarcelados por rebelión, sedición y malversación de fondos. “Las palabras tienen mucha fuerza y están cargadas de ideología y por tanto hay que usarlas con cuidado. La prisión incondicional es una medida desproporcionada y muy discutible, jurídica y políticamente, pero creo que en este caso sería confuso hablar de presos políticos. [Su caso] No es equiparable a unos presos políticos en un sistema como era el franquista, de una dictadura autoritaria y totalitaria”. “Cuando pienso en un preso político pienso en Marcos Ana, que se tiró más de 20 años en la cárcel franquista y no fue reconocido ni siquiera en democracia”, sentencia.
El coordinador federal de IU considera “un grave error” que Puigdemont no acudiese a la citación en la Audiencia Nacional. La reacción de la juez ha sido ordenar su busca y captura. “Lo responsable es hacerse cargo de las propias decisiones. Y una vez uno tiene claro cuál es su hoja de ruta como la tenía Puigdemont, creo que afrontar con madurez las consecuencias era lo más adecuado”, sostiene Garzón. “En un proceso tan complejo como este creo que Puigdemont no podía salir de rositas porque es el gran responsable de lo que está sucediendo”, razona.
El crecimiento reciente del independentismo lo atribuye a la decisión del Tribunal Constitucional de anular una parte importante del Estatut pero “fundamentalmente a la crisis económica”. “Y tiene un responsable: Artur Mas”, apostilla. “También los dirigentes de la antigua Convergència. Ellos sabían que la mejor forma de ocultar su gestión de la crisis, que era exactamente igual que la de Rajoy, es decir la austeridad como eufemismo de los recortes en servicios públicos, era envolverse en la bandera. Lo mismo pasa con la corrupción. El nacionalismo es la mejor excusa para no hablar de otras cuestiones”, es su reflexión.
Garzón expone que gran parte del “nuevo independentismo” es producto de la crisis y “ha comprado el discurso de que la independencia es la solución a los problemas y la frustración cotidiana”. “El mensaje de Artur Mas, y que después se ha continuado, era ‘con la independencia seremos más ricos, más capaces de enfrentar los retos conjuntamente, seremos más felices’. Es una idea muy potente, que moviliza mucho, sobre todo en un contexto donde la gente sufre las consecuencias de la crisis, donde tenemos una clase media muy golpeada y que abraza ese discurso”, explica. La situación actual, según Garzón, “obedece a esa quimera promovida por los dirigentes independentistas. Ha habido mucha fantasía por el camino pero no era percibida como tal por la mayoría de la gente que salía a la calle. Creyeron realmente en ese proceso”, recalca. La “enorme paradoja” que caracteriza a la crisis catalana es “ver cómo la gente que protestaba en 2009-2010 contra los recortes en educación y sanidad de la Generalitat, y que fueron golpeados y reprimidos por los Mossos, ahora aparecen del lado de los mismos que recortaban”, concluye Garzón. De ahí que en la campaña electoral del 21-D pretenda hablar de cuestiones sociales y no solo territoriales.
La convocatoria de las elecciones “es algo correcto” para Garzón pues “va a permitir ganar tiempo y calmar los ánimos aunque no va a solucionar” un problema que considera político y que, por tanto, el 155 no contribuiría a resolver. Garzón cree que Catalunya En Comú “es una fórmula muy potente” con vistas a las elecciones autonómicas catalanas. Su principal ventaja respecto a Catalunya Sí que Es Pot (CSQP), que concurrió a las anteriores autonómicas, es “haber integrado a las experiencias municipales” como Barcelona En Comú, de Ada Colau: “El espacio de los comunes no estuvo en las autonómicas de 2015, en las que CSQP obtuvo en torno al 10% de los votos. Tres meses más tarde En Comú Podem, incluyendo ya con los comunes, fue capaz de superar el 24%”.
Aunque se declara “muy satisfecho” con la inclusión de IU en Unidos Podemos, el parlamentario reconoce que la crisis entre la dirección estatal de Podemos y su marca en Cataluña ha contribuido a alimentar el relato de la proximidad de los de Iglesias con el independentismo. “No me podía creer las declaraciones de Albano [Dante Fachin]. No me podía creer ese tipo de seguidismo de política de Puigdemont, de defensa de su hoja de ruta, o incluso en algunos casos su complicidad cuando se está representando a un espacio político que claramente no es independentista”, apunta. “Ese tipo de comportamientos no han ayudado en absoluto porque han sido además explotados, lógicamente, por los adversarios para confundir e instalar en el imaginario una idea falsa”, finaliza.
Garzón respeta pero no cree “representativa de lo que es IU y el PCE” la posición de Francisco Frutos, exsecretario general del PCE, que acusa a una parte de la izquierda de “baile el agua” a los independentistas. “Su crítica concreta incurre en la falacia del hombre de paja: hace una construcción de una izquierda que supuestamente es cómplice del independentismo. Yo necesito que cuando se hagan ese tipo de acusaciones se señale bien. Yo no soy nacionalista ni independentista... No mantenemos una posición cómplice con ninguno, ni con Rajoy ni con Puigdemont. Sus argumentaciones [las de Frutos] carecen del fundamento y rigor suficientes”.
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jueves, 23 de noviembre de 2017
miércoles, 4 de enero de 2017
Entrevista a Alberto Garzón, Coordinador general de Izquierda Unida. “El populismo de izquierda no busca reconstruir la izquierda sino demolerla”
Entrevistamos a Alberto Garzón en la redacción de La Marea tras la victoria de Donald Trump en EEUU y con el ambiente en Europa enrarecido por el auge de la extrema derecha. Preguntamos al coordinador general de IU, por las causas del ascenso de los neofascismos y sobre los retos a los que se presenta la izquierda para limitar su implantación.
¿Cuáles cree que son las causas principales del auge actual de opciones neofascistas en Europa y el mundo?
Cada país tiene sus singularidades y no hay respuestas simples. Una de las variables fundamentales es que la extrema derecha sabe canalizar la rabia y la frustración de un espacio social al que llamaríamos los perdedores de la globalización, aquellos sectores sociales que durante las últimas décadas han visto mermadas sus capacidades materiales para desarrollar un proyecto propio como consecuencia de la dinámica del capitalismo y de la globalización. Esta frustración se canaliza a través de actitudes políticas que, en este caso, transmiten la xenofobia, el racismo o el machismo como una suerte de herramienta protectora que le devuelva sus supuestos privilegios. Fundamentalmente, es el aspecto económico el que hace que los perdedores de la globalización apoyen estas opciones en ausencia de alternativas.
¿Qué responsabilidad tiene la izquierda del auge de estas opciones?
La izquierda clásica nació como expresión de la clase obrera y las clases más populares, explotadas y oprimidas. Esto ha ido mutando. Es obvio que la clase trabajadora ha cambiado mucho en los últimos siglos y la izquierda institucional cada vez ha estado menos vinculada con los sectores sociales menos desfavorecidos, en algunos casos incluso despreciándolos, como describe Owen Jones en Chavs. No se establece una relación de igual a igual entre la izquierda institucional y estos sectores. Por otra parte, la izquierda ha ido centrándose en temas como el ecologismo o el feminismo, que para mí son imprescindibles, pero lo ha hecho a costa de abandonar las vivencias cotidianas y materiales de las clases populares. Esto explica por qué sectores claramente víctimas de la globalización, como los parados, apuestan fundamentalmente por partidos de derecha como PP y Ciudadanos, en torno a un 21%; otro 20% se abstiene; un 11% vota al Partido Socialista, y sólo un 13% en este momento vota a Unidos Podemos. Creo que es una manifestación clara de que hay una izquierda desconectada de los intereses de la clase que dice representar.
¿Qué peso pudo haber tenido en esto la Tercera Vía de Tony Blair?
Por decirlo de una forma provocadora, la izquierda se hizo más pija en la medida en que se ha institucionalizado al aceptar los códigos y los contornos de un sistema que por naturaleza es injusto. La Tercera Vía de Blair lo que hacía era comprar las instituciones del capitalismo y también el discurso que justificaba este capitalismo, dejando huérfana a las capas de la población que sufrían las consecuencias de este sistema, huérfana de referencias políticas. Esta gente luego encuentra un espacio en la extrema derecha por falta de alternativa, entre muchos otros factores. En España la situación es distinta a la del Reino Unido y EEUU, pero hay un correlato. Existe una izquierda institucionalizada que desde la transición aceptó que el régimen del 78 era el mejor instrumento para la vida de las personas. Pero éstas han seguido sufriendo regresiones políticas, sociales, económicas. La izquierda institucionalizada se ha ido alejando de la vida cotidiana de la gente que más sufre la precariedad, el desempleo y la opresión. El discurso y la práctica de esta izquierda se ha hecho ininteligible y pueden ser el caldo de cultivo para una extrema derecha también en nuestro país. Es la señal de alarma que hemos de ver.
¿Cree que el discurso anti-establishment que emplean formaciones de izquierda puede ser contraproducente ya que los frutos luego los recogen opciones de extrema derecha?
Creo que sí hay que tener un discurso anti-establishment y rupturista pero lo que no puedes es calcar los discursos xenófobos ni tirar por esa línea. Una cosa es aceptar que el sistema es malo y que por lo tanto tu eres antisistema. Eso es correcto, pero no puedes comprar, como hacen los socialistas en Francia, el discurso o parte del discurso xenófobo para mitigar. Eso alimenta a la bestia. No se trata de enfrentarse a la extrema derecha con nuestra capacidad discursiva porque es muy difícil explicarle a la gente que sus problemas cotidianos de no poder la luz o alimentarse tres veces al día tienen que ver con un sistema económico frente a un discurso que culpa a los inmigrantes. Si esa batalla discursiva es la solución estamos perdidos. La solución no es discursiva, es de práctica política. Eso quiere decir que necesitas organizaciones que estén en el núcleo del conflicto. Un desahucio es un conflicto social, igual que un despido o un asesinato machista. Allí deben estar las organizaciones mostrando solidaridad y ayudando a las víctimas de la crisis, especialmente de la crisis de la globalización. A la hora de prestar esta ayuda sí que se debe emplear el discurso que explica cuáles son las causas de la crisis. Así es posible canalizar la rabia y la frustración por la vía de la izquierda. Eso siempre había sido una enseñanza de la izquierda clásica. Está claro que el anarquismo y el movimiento obrero socialista no entraron en España por la vía de los manifiestos sino por la práctica. La solución no es copiar los discursos sino ser coherente con una práctica que lleva incorporado un discurso coherente.
¿No hubiera sido más práctico para mejorar las condiciones materiales de la gente haber llegado a un pacto con el Partido Socialista?
No, porque nosotros decimos que las soluciones no van a venir solo del lado de las instituciones. Las transformaciones sociales se hacen fundamentalmente fuera del parlamento. Tiene que ver con las transformaciones que hace el propio capitalismo fuera de las instituciones, tiene que ver con la autoorganización de la gente en sus barrios, con el cambio de la concepción del mundo. Un ejemplo para entender el fondo de estos debates algo abstracto es la Plataforma para los Afectados de las Hipotecas (PAH). Es lo que Gramsci llamó intelectual orgánico o colectivo, es estar en el centro del conflicto, praxis política, acompañado de un discurso pedagógico que sea capaz de elevar la rabia a compromiso político. Imaginemos que la PAH en vez de tener estos valores de izquierda hubiera tenido valores de extrema derecha. Probablemente, hoy estaríamos hablando de otro fenómeno. La extrema derecha podía haber aprovechado ese espacio para introducir su discurso fascista con más facilidad, precisamente por vincularlo a la praxis política.
Como Amanecer Dorado en Grecia, que ayuda a las víctimas de la crisis económica, o el Hogar Social en Madrid…
Efectivamente, no es una situación nueva. El marxismo siempre se ha interpretado como la filosofía de la praxis. Quizás lo que le ha transformado fue el giro posmoderno de los años 1960 y 1970, que le dio cada vez más peso al discurso. En España la rabia se ha canalizado a través de un 15-M, por lo tanto la extrema derecha tiene más dificultad en encontrar espacios. Pero no cabe la menor duda de que el triunfo de la iglesia católica se debe a su capacidad de solucionar los problemas de la gente. Cuando cogen el pan, cogen la biblia. Todo eso es evidente para todo el mundo menos una élite academicista que sigue encerrada en su torre de marfil.
Así también funciona cierto caciquismo en muchas partes de España.
Sí, también. La izquierda ha pecado durante mucho tiempo de desinteresarse por las cuestiones materiales. La derecha, sin embargo, sí se preocupa por ellas, y su discurso está muy vinculado a las vivencias cotidianas. Cuando el PP habla de recuperación económica en las familias, se entiende como “puedo tener trabajo” y “puedo comer”. Ese es el populismo más profundo que tiene el PP. Mientras, la izquierda habla de otros asuntos, que insisto son imprescindibles, como el ecologismo, el feminismo, los derechos civiles, pero a costa de abandonar la parte material de la vida. A final esta izquierda ha entrado en una contradicción consigo mismo. Decimos representar una clase social que no nos vota.
En EEUU desde los sectores más progresistas se ha ridiculizado a Trump y sus seguidores. ¿Este clasismo puede existir también en Unidos Podemos?
Cuando uno ve que hay jóvenes anti-Trump en las grandes ciudades, con una visión cosmopolita y una comprensión de ser ganadores de la globalización, jóvenes que en términos clásicos llamaríamos pequeños burgueses, que queman las zapatillas New Balance porque su director o empresario ha dicho que apoya a Trump, es en el fondo una forma de demostrar cierto desprecio a las razones por las que Trump ha ganado, en cierta medida porque parte de la clase trabajadora se ha sentido empujada a votarle. Porque la victoria de Trump tiene que ver con este cambio de la clase trabajadora, en este caso blanca, que le vota más que a otros candidatos republicanos. Analizar esto es mucho más importante para la izquierda, en lugar de demostrar y decir qué idiotas son los votantes de Trump. Las causas son materiales, también racistas, pero en el fondo del racismo también hay causas materiales. Los que viven en burbujas pequeño burguesas sencillamente no son capaces de ver lo que ocurre en barrios más populares. Es un problema de entendimiento y es el gran riesgo de la izquierda. Deberíamos cambiar también la composición de nuestras organizaciones, otorgar cupos para que haya dirigentes que son trabajadores manuales, trabajadores precarios, del ámbito de los cuidados, es decir hacer del partido un reflejo más puro de lo que es la sociedad que pretende representar. En Unidos Podemos los dirigentes somos fundamentalmente expresión de gente que es víctima de la crisis pero no por las mismas razones por las que lo es la gente en los barrios más populares. Somos jóvenes que han sufrido una falta de perspectivas por causa de la crisis, sin ascensores sociales, expulsados de las universidades o del trabajo, viviendo en el mundo de la precariedad, aunque hemos tenido ciertos soportes como apoyo familiar o del Estado social. Pero es muy difícil que pertenezcamos al sector que lleva cinco años sin ningún ingreso. Cuando hay gente que dice orgullosa que los votantes de Podemos son los más cultos, que confunden con los más preparados, para nosotros debería ser un problema.
También es un problema que Unidos Podemos tenga dificultades para llegar a sectores rurales…
En IU sí que llegamos con facilidad porque hay una tradición fuerte campesina vinculada al movimiento obrero, como en Andalucía. Pero es verdad que Podemos ha tenido una irrupción más fuerte en las grandes ciudades, en los sectores digamos más ilustrados, y tiene más dificultad de llegar al mundo rural. Hay que reflexionar y aceptar el enfoque de clase para ver dónde están las deficiencias y dónde están las posibilidades de resolverlas. En UP efectivamente tenemos el riesgo de decir representar a una clase pero que en el tiempo se está abriendo un camino muy amplio para la extrema derecha porque nosotros somos incapaces de cubrir este espacio, un espacio que todavía cubren PP, PSOE, Ciudadanos, el espacio de la gente más desposeída que cree que votar a estos partidos es mejor que votar a UP.
¿Y qué puede hacer Unidos Podemos hoy para mejorar las condiciones materiales de esta gente?
continuar aquí:Antonio Maestre y Thilo Schäfer
¿Cuáles cree que son las causas principales del auge actual de opciones neofascistas en Europa y el mundo?
Cada país tiene sus singularidades y no hay respuestas simples. Una de las variables fundamentales es que la extrema derecha sabe canalizar la rabia y la frustración de un espacio social al que llamaríamos los perdedores de la globalización, aquellos sectores sociales que durante las últimas décadas han visto mermadas sus capacidades materiales para desarrollar un proyecto propio como consecuencia de la dinámica del capitalismo y de la globalización. Esta frustración se canaliza a través de actitudes políticas que, en este caso, transmiten la xenofobia, el racismo o el machismo como una suerte de herramienta protectora que le devuelva sus supuestos privilegios. Fundamentalmente, es el aspecto económico el que hace que los perdedores de la globalización apoyen estas opciones en ausencia de alternativas.
¿Qué responsabilidad tiene la izquierda del auge de estas opciones?
La izquierda clásica nació como expresión de la clase obrera y las clases más populares, explotadas y oprimidas. Esto ha ido mutando. Es obvio que la clase trabajadora ha cambiado mucho en los últimos siglos y la izquierda institucional cada vez ha estado menos vinculada con los sectores sociales menos desfavorecidos, en algunos casos incluso despreciándolos, como describe Owen Jones en Chavs. No se establece una relación de igual a igual entre la izquierda institucional y estos sectores. Por otra parte, la izquierda ha ido centrándose en temas como el ecologismo o el feminismo, que para mí son imprescindibles, pero lo ha hecho a costa de abandonar las vivencias cotidianas y materiales de las clases populares. Esto explica por qué sectores claramente víctimas de la globalización, como los parados, apuestan fundamentalmente por partidos de derecha como PP y Ciudadanos, en torno a un 21%; otro 20% se abstiene; un 11% vota al Partido Socialista, y sólo un 13% en este momento vota a Unidos Podemos. Creo que es una manifestación clara de que hay una izquierda desconectada de los intereses de la clase que dice representar.
¿Qué peso pudo haber tenido en esto la Tercera Vía de Tony Blair?
Por decirlo de una forma provocadora, la izquierda se hizo más pija en la medida en que se ha institucionalizado al aceptar los códigos y los contornos de un sistema que por naturaleza es injusto. La Tercera Vía de Blair lo que hacía era comprar las instituciones del capitalismo y también el discurso que justificaba este capitalismo, dejando huérfana a las capas de la población que sufrían las consecuencias de este sistema, huérfana de referencias políticas. Esta gente luego encuentra un espacio en la extrema derecha por falta de alternativa, entre muchos otros factores. En España la situación es distinta a la del Reino Unido y EEUU, pero hay un correlato. Existe una izquierda institucionalizada que desde la transición aceptó que el régimen del 78 era el mejor instrumento para la vida de las personas. Pero éstas han seguido sufriendo regresiones políticas, sociales, económicas. La izquierda institucionalizada se ha ido alejando de la vida cotidiana de la gente que más sufre la precariedad, el desempleo y la opresión. El discurso y la práctica de esta izquierda se ha hecho ininteligible y pueden ser el caldo de cultivo para una extrema derecha también en nuestro país. Es la señal de alarma que hemos de ver.
¿Cree que el discurso anti-establishment que emplean formaciones de izquierda puede ser contraproducente ya que los frutos luego los recogen opciones de extrema derecha?
Creo que sí hay que tener un discurso anti-establishment y rupturista pero lo que no puedes es calcar los discursos xenófobos ni tirar por esa línea. Una cosa es aceptar que el sistema es malo y que por lo tanto tu eres antisistema. Eso es correcto, pero no puedes comprar, como hacen los socialistas en Francia, el discurso o parte del discurso xenófobo para mitigar. Eso alimenta a la bestia. No se trata de enfrentarse a la extrema derecha con nuestra capacidad discursiva porque es muy difícil explicarle a la gente que sus problemas cotidianos de no poder la luz o alimentarse tres veces al día tienen que ver con un sistema económico frente a un discurso que culpa a los inmigrantes. Si esa batalla discursiva es la solución estamos perdidos. La solución no es discursiva, es de práctica política. Eso quiere decir que necesitas organizaciones que estén en el núcleo del conflicto. Un desahucio es un conflicto social, igual que un despido o un asesinato machista. Allí deben estar las organizaciones mostrando solidaridad y ayudando a las víctimas de la crisis, especialmente de la crisis de la globalización. A la hora de prestar esta ayuda sí que se debe emplear el discurso que explica cuáles son las causas de la crisis. Así es posible canalizar la rabia y la frustración por la vía de la izquierda. Eso siempre había sido una enseñanza de la izquierda clásica. Está claro que el anarquismo y el movimiento obrero socialista no entraron en España por la vía de los manifiestos sino por la práctica. La solución no es copiar los discursos sino ser coherente con una práctica que lleva incorporado un discurso coherente.
¿No hubiera sido más práctico para mejorar las condiciones materiales de la gente haber llegado a un pacto con el Partido Socialista?
No, porque nosotros decimos que las soluciones no van a venir solo del lado de las instituciones. Las transformaciones sociales se hacen fundamentalmente fuera del parlamento. Tiene que ver con las transformaciones que hace el propio capitalismo fuera de las instituciones, tiene que ver con la autoorganización de la gente en sus barrios, con el cambio de la concepción del mundo. Un ejemplo para entender el fondo de estos debates algo abstracto es la Plataforma para los Afectados de las Hipotecas (PAH). Es lo que Gramsci llamó intelectual orgánico o colectivo, es estar en el centro del conflicto, praxis política, acompañado de un discurso pedagógico que sea capaz de elevar la rabia a compromiso político. Imaginemos que la PAH en vez de tener estos valores de izquierda hubiera tenido valores de extrema derecha. Probablemente, hoy estaríamos hablando de otro fenómeno. La extrema derecha podía haber aprovechado ese espacio para introducir su discurso fascista con más facilidad, precisamente por vincularlo a la praxis política.
Como Amanecer Dorado en Grecia, que ayuda a las víctimas de la crisis económica, o el Hogar Social en Madrid…
Efectivamente, no es una situación nueva. El marxismo siempre se ha interpretado como la filosofía de la praxis. Quizás lo que le ha transformado fue el giro posmoderno de los años 1960 y 1970, que le dio cada vez más peso al discurso. En España la rabia se ha canalizado a través de un 15-M, por lo tanto la extrema derecha tiene más dificultad en encontrar espacios. Pero no cabe la menor duda de que el triunfo de la iglesia católica se debe a su capacidad de solucionar los problemas de la gente. Cuando cogen el pan, cogen la biblia. Todo eso es evidente para todo el mundo menos una élite academicista que sigue encerrada en su torre de marfil.
Así también funciona cierto caciquismo en muchas partes de España.
Sí, también. La izquierda ha pecado durante mucho tiempo de desinteresarse por las cuestiones materiales. La derecha, sin embargo, sí se preocupa por ellas, y su discurso está muy vinculado a las vivencias cotidianas. Cuando el PP habla de recuperación económica en las familias, se entiende como “puedo tener trabajo” y “puedo comer”. Ese es el populismo más profundo que tiene el PP. Mientras, la izquierda habla de otros asuntos, que insisto son imprescindibles, como el ecologismo, el feminismo, los derechos civiles, pero a costa de abandonar la parte material de la vida. A final esta izquierda ha entrado en una contradicción consigo mismo. Decimos representar una clase social que no nos vota.
En EEUU desde los sectores más progresistas se ha ridiculizado a Trump y sus seguidores. ¿Este clasismo puede existir también en Unidos Podemos?
Cuando uno ve que hay jóvenes anti-Trump en las grandes ciudades, con una visión cosmopolita y una comprensión de ser ganadores de la globalización, jóvenes que en términos clásicos llamaríamos pequeños burgueses, que queman las zapatillas New Balance porque su director o empresario ha dicho que apoya a Trump, es en el fondo una forma de demostrar cierto desprecio a las razones por las que Trump ha ganado, en cierta medida porque parte de la clase trabajadora se ha sentido empujada a votarle. Porque la victoria de Trump tiene que ver con este cambio de la clase trabajadora, en este caso blanca, que le vota más que a otros candidatos republicanos. Analizar esto es mucho más importante para la izquierda, en lugar de demostrar y decir qué idiotas son los votantes de Trump. Las causas son materiales, también racistas, pero en el fondo del racismo también hay causas materiales. Los que viven en burbujas pequeño burguesas sencillamente no son capaces de ver lo que ocurre en barrios más populares. Es un problema de entendimiento y es el gran riesgo de la izquierda. Deberíamos cambiar también la composición de nuestras organizaciones, otorgar cupos para que haya dirigentes que son trabajadores manuales, trabajadores precarios, del ámbito de los cuidados, es decir hacer del partido un reflejo más puro de lo que es la sociedad que pretende representar. En Unidos Podemos los dirigentes somos fundamentalmente expresión de gente que es víctima de la crisis pero no por las mismas razones por las que lo es la gente en los barrios más populares. Somos jóvenes que han sufrido una falta de perspectivas por causa de la crisis, sin ascensores sociales, expulsados de las universidades o del trabajo, viviendo en el mundo de la precariedad, aunque hemos tenido ciertos soportes como apoyo familiar o del Estado social. Pero es muy difícil que pertenezcamos al sector que lleva cinco años sin ningún ingreso. Cuando hay gente que dice orgullosa que los votantes de Podemos son los más cultos, que confunden con los más preparados, para nosotros debería ser un problema.
También es un problema que Unidos Podemos tenga dificultades para llegar a sectores rurales…
En IU sí que llegamos con facilidad porque hay una tradición fuerte campesina vinculada al movimiento obrero, como en Andalucía. Pero es verdad que Podemos ha tenido una irrupción más fuerte en las grandes ciudades, en los sectores digamos más ilustrados, y tiene más dificultad de llegar al mundo rural. Hay que reflexionar y aceptar el enfoque de clase para ver dónde están las deficiencias y dónde están las posibilidades de resolverlas. En UP efectivamente tenemos el riesgo de decir representar a una clase pero que en el tiempo se está abriendo un camino muy amplio para la extrema derecha porque nosotros somos incapaces de cubrir este espacio, un espacio que todavía cubren PP, PSOE, Ciudadanos, el espacio de la gente más desposeída que cree que votar a estos partidos es mejor que votar a UP.
¿Y qué puede hacer Unidos Podemos hoy para mejorar las condiciones materiales de esta gente?
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La Marea
miércoles, 3 de agosto de 2016
ENTREVISTA A ENRIQUE JAVIER DÍEZ "En el suculento negocio de las reválidas sobrevuelan incluso los fondos buitres” El responsable federal de Educación de IU nos habla en esta entrevista del gran negocio que suponen para empresas privadas estas pruebas estandarizadas impuestas en la LOMCE.
Nuevatribuna |
La reválida es una figura del sistema educativo franquista. ¿En qué tipo de modelo educativo se enmarca esta prueba ‘rescatada’ de aquella época?
Enrique Javier Díez Gutiérrez |
Más: El gobierno en funciones aprueba el sistema de reválidas para ESO y Bachillerato por Real DecretoReválidas: un golpe bajo de Rajoy a la educación.
Las reválidas son figuras obsoletas del sistema educativo franquista marcado por un modelo educativo basado en la disciplina autoritaria, el control por el miedo y el clasismo. Se sintetizaba en lo que popular y acertadamente se denominó “la letra con sangre entra”. Donde se premiaba el esfuerzo individual, la sumisión a la autoridad y la asunción del destino de unos a los estudios de élite y el resto a ser expulsados cuanto antes del sistema educativo.
De 100 alumnos y alumnas que iniciaron la Enseñanza primaria en 1951 (con 6 años), ingresaron solo
27 en la Enseñanza media (con 10 años);
18 aprobaron la Reválida de Bachillerato elemental (con 14 años) y solo
10 el bachillerato superior (con 16 años);
5 consiguieron aprobar el Preuniversitario (17 años) y
3 alumnos culminaron sus estudios universitarios en 1967.
En el curso 1965-66, la media de aprobados en la reválida de bachillerato elemental fue de 50,3% y del 56,9% en la reválida de bachillerato superior. Estas reválidas eran exámenes memorísticos muy temidos, que servían para segregar y expulsar del sistema a la mitad de la población escolar y a prácticamente todos los hijos de la clase trabajadora.
Solo llegaban a la Universidad el 0,5% de los hijos de clase trabajadora.
De 100 niños, hijos de obreros del campo, que iniciaban primaria
llegaban a cursar enseñanza media 4,2
y enseñanzas superiores 0,2.
Mientras que de 100 niños, hijos de directores y gerentes de empresas que iniciaban primaria,
72 cursaban enseñanza media y
14,2 llegaban a enseñanzas superiores.
Por eso incluso la reforma educativa del final del franquismo, la Ley General de Educación (1970), intentó superar la rigidez y exclusión del sistema educativo de la dictadura, con la supresión de las “temidas reválidas”, introduciendo la evaluación continua.
¿Explíquenos en qué sentido “ha reculado” el Gobierno con las reválidas?
Realmente no ha reculado. Aunque pueda dar esa impresión inicial. Pero si se analiza el decreto que el Ministro de Educación, Mendez de Vigo, y su equipo proponen lo único que se plantea es que estas pruebas pierdan parte de su carácter centralista y uniformizador, e incluso se acepta –con la boca pequeña, porque ya veremos qué pasa más adelante, tras las elecciones- no publicar los ránquines con los resultados de las reválidas.
Pero esto no significa que haya variado ni un ápice la filosofía que anima este tipo de pruebas, que supuestamente buscan “elevar” los resultados educativos, como dice el gobierno. Pero está sobradamente demostrado que este tipo de pruebas estandarizadas sólo sirven realmente para fomentar un aprendizaje fundamentalmente memorístico y descontextualizado, mediante un control burocrático de las prácticas escolares y la profesión docente.
Las investigaciones demuestran que, a pesar de los recursos invertidos en este tipo de evaluaciones estandarizadas desde la década de los 90, no hay mejoría consistente ni significativa en los resultados escolares de los países, en los campos o aspectos evaluados. Más bien se observan efectos negativos, así como debilidades técnicas, pues sólo tienen en cuenta lo que el alumnado hace en el momento de realizar las mismas.
Lo que ha hecho en definitiva el Partido Popular es una operación de maquillaje ante las nuevas elecciones, simulando que recula, como maniobra electoralista para un futuro pacto neoliberal con Ciudadanos, pero sin variar en nada la filosofía segregadora de fondo de la LOMCE profundamente excluyente y competitiva.
Una buena parte de la opinión pública sostiene que las reválidas son “segregadoras”. ¿En qué sentido?
Estas pruebas buscan en última instancia identificar, etiquetar y pre-seleccionar desde primaria a aquel alumnado que tiene problemas de aprendizaje de cara a su futura selección definitiva en la secundaria y el bachillerato. Es la finalidad principal. Si su objetivo fuera ayudar en el proceso de aprendizaje, se harían al principio y a lo largo del proceso, como se hace la evaluación continua, y no al final. Si su objetivo fuera apoyar el proceso de aprendizaje y atender las dificultades que surjan, requeriría que se dotaran de recursos, medios y personal para atender dichas dificultades, personalizar la atención educativa y reforzar a quienes más lo necesitan.
Pero, el auge de estas reválidas está acompañado con el recorte de apoyos y recursos que acompaña a la ley, que ya se cifran en 8.000 millones de euros. Si la finalidad fuera diagnosticar las necesidades, cómo se conjuga con un recorte en educación que nos sitúa de nuevo en la cola de los países de la UE, con el compromiso añadido de este gobierno con la Troika de recortar todavía más en educación hasta dejarnos en un 3,9 del PIB, cuando la media de la UE está en un 6,2 y países como Finlandia superan el 7% del PIB.
Está claro que el modelo de las reválidas no está al servicio de la mejora de la educación, que debería ser el objetivo básico. Está mucho más orientada a seleccionar, segregar y sancionar que a identificar los problemas y establecer medidas de mejora. Realmente responde a una concepción neoliberal cuya finalidad fundamental es crear un mercado educativo (financiado públicamente) donde se examine a los centros escolares (proveedores de educación) para que se “esfuercen” en ofrecer un producto atractivo, a la medida de las demandas de los clientes, para que todas las familias, convertidas en consumidores y consumidoras, puedan elegir aquel que más ventajas competitivas les pueda reportar a su prole. Ya no se trata de mejorar todos los centros, ni de garantizar el derecho a la mejor educación de todos los niños y niñas, sino de elegir la “mejor” opción para los míos. Es la consagración de la competitividad darwinista en educación. El triunfo del individualismo y la competencia de todos contra todos.
Y, ¿qué suponen para la comunidad educativa? ¿Cuáles son los ‘efectos colaterales’ negativos?
El problema añadido, como denuncian múltiples profesionales de la educación, son los efectos negativos colaterales de estas evaluaciones estandarizadas:
a) la presión sobre los niños y niñas para que tengan resultados acomodados a las pruebas;
b) el estrés del control continuo y permanente, como si solo se pudiera estudiar mediante la presión y el miedo al examen, olvidando la curiosidad y la pasión por el conocimiento;
c) la selección de aquellos “clientes” que son buenos para no descender en el ranking, y la exclusión de quienes tienen más dificultades de aprendizaje y son los que realmente más nos necesitarían;
d) la deslegitimación de la función docente y la desconfianza hacia el profesorado, ya que no es el profesorado que tiene docencia directa con el alumnado el que evalúa, pues se le expulsa del proceso de valoración final sobre el grado de aprendizaje del alumnado, recurriendo a otros profesionales;
e) la degradación de contenidos: se acaba estudiando lo que se examina y se centra el tiempo y los esfuerzos docentes en preparar al alumnado para resolver pruebas y exámenes, como ya pasa en 2º de Bachillerato de cara a la selectividad;
f) el control sobre el trabajo docente y la pérdida de la innovación educativa, al convertirse el profesorado en “preparadores de pruebas”, sufriendo así un control directo sobre su trabajo y sobre lo que debe enseñar;
g) el coste económico para el sistema, tan alto como inútil, por la realización de las múltiples pruebas externas todos los años. Además, para el alumnado jugarse en una prueba externa los años de escolarización es injusto y contradice la función de la evaluación como mejora de la educación respetando la diversidad y los diferentes ritmos de aprendizaje;
h) el gran negocio que supone una inversión de millones de euros en pagar a grandes empresas privadas como Pearson, McGraw-Hill y Educational Testing, en lugar de dejar que sean los profesores y profesoras los que se ocupen del aprendizaje de su alumnado; y el coste para las familias del alumnado que haya suspendido, cuando tengan que pagar academias para repetir la reválida;
i) la publicidad de estas pruebas convierte la evaluación en un mecanismo de competición entre centros y no de cooperación, y en un dispositivo de clasificación y segregación del alumnado y los centros escolares.
¿Qué opina de los cuestionarios adicionales a familias y profesores?
Los cuestionarios de las reválidas parecen diseñados por Microsoft o Telefónica
El Ministro “en funciones” sigue funcionando, por su cuenta y riesgo, desoyendo el mandato del Congreso que ha aprobado por mayoría abrumadora la paralización de la LOMCE. Ha publicado recientemente, en el BOE del 15 de abril de 2016, una Resolución que implanta “cuestionarios de contexto e indicadores comunes de centro” para la evaluación final de Educación Primaria. Estos cuestionarios que se aplican a alumnado, familias y dirección, analizan el contexto de una forma muy peculiar y sesgada. Inquiriendo al alumnado sobre las veces que ha repetido, no sobre las causas; la frecuencia que ha faltado a clase, no las razones ni el por qué; si utiliza ordenador o tableta para el trabajo escolar, como si eso fuera esencial para el aprendizaje; si hace deberes, cuando están tan cuestionados.
A las familias les pregunta de qué nacionalidad son –como si esto fuera un determinante del aprendizaje-; insiste una y otra vez en si utilizan ordenador o tableta en la casa o “cuántos dispositivos de información digital de uso habitual hay en su casa smartphones, smart TV…”.
Al equipo directivo les pregunta hasta tres veces, como Jesucristo a Pedro, si tienen problemas por la falta o inadecuación de dispositivos tecnológicos para la docencia, la deficiente conexión a internet o la falta o inadecuación de software para la docencia. Parece, en algunos casos, un cuestionario diseñado por Microsoft o Telefónica. No parece que este sea el contexto más relevante que influye en las dificultades o mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Creo que el Ministro tiene que repasar algunas cuestiones pedagógicas sobre educación, antes de seguir funcionando “sin funciones”.
Ocho comunidades autónomas se han declarado insumisas. ¿Qué puede derivarse de ello?
Izquierda Unida ha venido promoviendo campañas de insumisión a la LOMCE, pues la desobediencia civil ante una ley injusta es legítima. Igualmente lo han hecho confederaciones de asociaciones de madres y padres, sindicatos, mareas verdes y, en definitiva, la comunidad educativa. Cuando ahora un grupo tan numeroso de Comunidades Autónomas se declaran insumisas aplaudiríamos su actitud, si fuera realmente de insumisión. Pero poca “insumisión” es seguir haciendo evaluaciones aunque sean “menos externas”. Realmente no varían sustancialmente la filosofía y el modelo. Por eso creemos que deben pasar de las declaraciones a los hechos. Recordándoles que no se trata solo de paralizar lo no implantado de la ley (sólo un 10%), sino de derogarla, un compromiso que firmaron sus partidos a nivel estatal en la anterior legislatura, y del que ahora no se pueden desdecir.
Porque ya han empezado a sonar las primeras campanas con la primera iniciativa legislativa del PSOE, que pedía la paralización pero no la derogación. Que lo fiaba al futuro, alegando que había que elaborar una alternativa a la ley –cuando el PSOE ha participado en el Acuerdo Social y Político por una Nueva Ley educativa, aunque lo ha hecho a última hora y desde una cierta distancia sin comprometerse mucho-. Vamos que ha empezado a sonar a aquello de “LOMCE de entrada no”, como cuando la OTAN y acabamos metidos hasta el cuello en la Alianza Atlántica. Si a esto añadimos lo que se anunció en materia educativa en el pacto entre PSOE y C’s, el retroceso es clamoroso y casi parece aquello de “donde dije digo, digo diego”.
Tanto en EEUU como en Europa se está empezando a cuestionar este tipo de pruebas. En términos generales, ¿conoce cuál es la situación en los países de la Unión Europea?
Es cierto que con la LOMCE este modelo neoliberal y tecnocrático, centrado en pruebas estandarizadas, ha sido importado acríticamente en nuestro país, justo en momentos en que dichas pruebas son debatidas, cuestionadas y refutadas en muchos países del Norte. De hecho en toda Europa, solo una región belga exige en la UE una reválida al final de la primaria que condiciona la progresión del alumnado. En Malta se han eliminado las pruebas que enviaban a los niños y niñas a un tipo u otro de centros de secundaria. En cuanto a las reválidas de secundaria Irlanda es el único país de toda la UE donde el título se otorga únicamente en función de un examen final externo. Finlandia, Suecia y los países del centro de Europa se basan sólo en las notas y en el trabajo realizado durante el curso, como sucedía hasta ahora en España, antes de entrar la LOMCE en vigor.
Pero lo cierto es que la fiebre examinadora –del alumnado de diversos niveles, de los docentes, de las instituciones escolares (y ahora, ¡incluso de las familias!, según se propone en EE.UU.) – que viene creciendo desde la década de 1990, no se ha traducido en la anunciada "mejoría". Y es que, las reválidas por sí mismas, no mejoran ni cambian nada, solo seleccionan. La experiencia de EEUU, que abusa de pruebas externas, indica que los resultados han sido un desastre y ha reforzado la mediocridad del sistema. En Gran Bretaña docentes y familias están actualmente en huelga como protesta por las evaluaciones-revalidas (SATs) que les van a hacer a los 6-7 años.
En un artículo del Foro de Sevilla, usted y otros profesionales de la docencia advierten del ‘goloso’ negocio que suponen las reválidas para algunas grandes empresas privadas. ¿Cuáles son esas empresas y de cuánto dinero público podemos estar hablando?
Por ejemplo, Servinform S.A., una empresa de externalización de servicios, no educativa, cobrará más de 300.000 €, por las reválidas solo en Madrid (Boletín de la Comunidad de Madrid del 25 de abril de 2016). Haciendo números, el curso 2011-2012, según el Ministerio de Educación, se matricularon 391.246 alumnos en 4º de la ESO y 281.046 en 2º de Bachillerato. Esto generaría casi 700.000 exámenes externos. El monto económico anual de semejante operación no se le escapa a nadie. Además, quienes no hayan superado las reválidas en su momento tendrán una “segunda” oportunidad más adelante, lo que aumentará la cifra del negocio. No olvidemos que el PP ha destinado 14,5 millones en los presupuestos generales del 2016 a reválidas y evaluaciones finales solo en Primaria. Un suculento negocio sobre el que ya están sobrevolando incluso los “fondos buitres”.
Como analiza Carles Sirera, de la Universidad Jaume I de Castelló, la multinacional Pearson, en 2006 compró la National Evaluation Series, la primera empresa norteamericana dedicada al testing y se posicionó a nivel mundial como los principales expertos en medir la “eficacia educativa”. No es un hecho menor, especialmente si tenemos en cuenta que Pearson es el responsable del test PISA. Esta empresa tiene como principal objetivo comercial “lograr el monopolio de la medición de la eficacia del sistema educativo”, tal como afirma en su página web. Es decir, Pearson decidirá qué es el éxito en educación y, al mismo tiempo, serán los máximos proveedores de materiales y cursos complementarios para lograr ese éxito.
¿No es un gran negocio? Por si alguien tiene dudas, Pearson en su web también deja muy claro cuáles son sus prioridades pedagógicas: los accionistas.
La mayoría de las fuerzas políticas se han comprometido a derogar la LOMCE.
¿Cuáles han sido sus efectos más perniciosos o regresivos para la Educación?
La LOMCE ha sido la justificación y coartada ideológica de los recortes del PP en educación, que ya han superado los 5.000 millones de euros durante su legislatura y ha supuesto el recorte de 32.000 docentes en la enseñanza pública La LOMCE ha sido la justificación y coartada ideológica de los recortes del PP en educación, que ya han superado los 5.000 millones de euros durante su legislatura y ha supuesto el recorte de 32.000 docentes en la enseñanza pública. Ha sido una contrarreforma educativa impuesta que ha sido rechazada por todos los sectores de la comunidad educativa, que han protagonizado una movilización sostenida durante toda la andadura del proyecto de ley, antes y después de su paso por las Cortes. Es una ley que atenta contra el derecho universal a la educación en condiciones de igualdad, que ha supuesto un desmantelamiento aún mayor de la educación pública y cuya finalidad es seleccionar futuras élites dirigentes segregando y excluyendo a quienes más apoyo necesitan.
Sus efectos se han hecho notar de inmediato. Este curso se ha caracterizado por menos calidad, equidad e igualdad de oportunidades, como consecuencia de los recortes en becas, de los programas de compensación educativa, de la masificación de alumnado en las aulas debido al despido de esos 32.000 profesores y profesoras, y una universidad cada vez más privatizada y clasista, que ha triplicado las tasas de las matrículas y recortado el acceso a las becas. Los recortes y la entrada en vigor de una ley segregadora y privatizadora no sólo están deteriorando el servicio público sino que está desviando alumnado y dinero público hacia la enseñanza privada. Estamos en un estado de emergencia educativa, una "crisis educativa" que se hace "insostenible" para la calidad y equidad del sistema y el futuro del país porque cae la inversión, crece el número de alumnado y disminuye el profesorado para atenderle.
Estamos en un estado de emergencia educativa, una "crisis educativa" que se hace "insostenible" para la calidad y equidad del sistema y el futuro del país porque cae la inversión, crece el número de alumnado y disminuye el profesorado para atenderle
La "privatización" encubierta de los ciclos de Infantil y bachillerato; la aplicación de los Reales Decretos del PP 14/2012 y 20/2012, que supusieron el aumento de la ratio del alumnado por aula; el aumento del horario lectivo; la mayor tardanza en las sustituciones de los docentes; los tres decretos que avanzan en la privatización de la universidad pública; el "compromiso" del Gobierno de "rebajar" la inversión educativa al 3,9% del PIB, además del recorte de más de 7.000 millones de euros en los últimos cinco años (entre PSOE y PP), una quinta parte de los fondos públicos destinados a la educación; así como la supresión de medidas de atención a la diversidad, y los recortes o supresión de becas al estudio, de libros, de comedor, de transporte, etc., han disparado la indignación de familias, estudiantes y profesorado viendo cómo los recortes educativos sirven para destinar el dinero público al rescate de la banca, mientras se desmantela la educación pública.
Creo sinceramente que la educación pública está siendo sistemáticamente atacada desde hace tiempo, en diferentes Comunidades Autónomas, especialmente por los gobiernos del PP, cuya ideología mercantilista y privatizadora (“menos Estado y más mercado”) quiere convertir la educación en un negocio, poniendo gran parte de los nuevos centros educativos en manos de la enseñanza privada concertada, mayoritariamente católica. Este proceso de privatización, que pretende convertir la escuela pública en subsidiaria de la privada, se ha acentuado de forma exponencial en los últimos años. Y más ahora que, con el pretexto de la crisis, se está aplicando todo un programa sistemático de recortes sociales y de estrangulamiento económico de lo público.
Un reciente estudio de CCOO muestra que la universidad pública en España es de las más caras de Europa. ¿Qué está suponiendo y qué va a suponer para el futuro?
Desde el curso 2011/2012 hay 77.000 estudiantes menos en las universidades públicas y 5.000 más en las privadas
Efectivamente España se sitúa entre los países de la Unión Europea y del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) con precios medios más elevados, tanto en estudios de Grado como de Máster Oficial. Si a esto le añadimos que sólo un 29% de los estudiantes universitarios, tanto en universidades públicas como privadas de España, ha podido obtener algún tipo de ayuda parcial en forma de beca por parte del Gobierno de la nación. Y le sumamos que España es el país donde más ha crecido la desigualdad desde el inicio de la crisis, según la OCDE.
Esto es resultado del estrangulamiento al que le somete el gobierno a las Universidades Públicas: actualmente disponen de 1.384 millones menos de presupuesto que en 2010, volviendo casi al presupuesto de hace una década. El PP está practicando el estrangulamiento de las Universidades públicas, de la investigación I+D+i, el aumento de los precios de las matrículas y la disminución de becas y ayudas, así como endurecimiento de los requisitos para acceder a ellas, lo que ha provocado que desde el curso 2011/2012 haya 77.000 estudiantes menos en las universidades públicas y 5.000 más en las privadas y de la jerarquía católica, especialmente en los máster más caros.
Pero más allá de esto, parece que quiere dejar asentado su modelo neoliberal en el sistema universitario realizando una auténtica contrarreforma universitaria global, pero aplicada a plazos, mediante diferentes Decretos, como el del 3+2, o del Estatuto de la ANECA, o el de la acreditación del profesorado, o el RD-Ley 20/2015 de acceso y movilidad del profesorado o el de creación de universidades que facilitará el incremento de campus privados, que ya pasaron de 13 a 33 entre 1997 y 2015, a pesar de que el Gobierno habla, insistentemente, de la necesidad de reducir lo que considera un número excesivo de titulaciones y centros.
A este panorama en Educación Superior hemos de añadir que desde 2012 las políticas del gobierno del PP han recortado 7.766 puestos de trabajo en las Universidades Públicas, sustituyendo además empleo fijo y de calidad por docentes con contratos laborales temporales y precarios. Un panorama desolador que dejará la Universidad Pública como un erial tras el paso del Partido Popular por el gobierno estos cuatro últimos años y que hemos de revertir con otro gobierno del cambio si queremos apostar por otra Universidad posible entendida como servicio público que no busque la “competitividad” y la “excelencia”, sino la calidad y la cooperación al servicio de la sociedad, para hacerla más justa, más sabia, más universal, más equitativa, más sostenible, orientada a la formación de personas creativas y críticas con una elevada formación cultural y profesional.
CCOO ha calculado que poner las matrículas gratuitas en las universidades españolas le costaría al Gobierno 1.300 millones de euros cada año, descontando el dinero que ahora se invierte en becas. Como dice este sindicato “un país no puede salir de la crisis si no apuesta por una educación universitaria pública de calidad accesible para toda la población independientemente de su nivel económico”. Por eso Izquierda Unida siempre ha apostado por una Educación Pública gratuita que, desde la primera infancia hasta la universidad, luche contra la lógica del mercado. Una educación que reafirme la prioridad absoluta de los seres humanos sobre la rentabilidad económica.
http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/revalidas/20160508174131128144.html
La reválida es una figura del sistema educativo franquista. ¿En qué tipo de modelo educativo se enmarca esta prueba ‘rescatada’ de aquella época?
Enrique Javier Díez Gutiérrez |
Más: El gobierno en funciones aprueba el sistema de reválidas para ESO y Bachillerato por Real DecretoReválidas: un golpe bajo de Rajoy a la educación.
Las reválidas son figuras obsoletas del sistema educativo franquista marcado por un modelo educativo basado en la disciplina autoritaria, el control por el miedo y el clasismo. Se sintetizaba en lo que popular y acertadamente se denominó “la letra con sangre entra”. Donde se premiaba el esfuerzo individual, la sumisión a la autoridad y la asunción del destino de unos a los estudios de élite y el resto a ser expulsados cuanto antes del sistema educativo.
De 100 alumnos y alumnas que iniciaron la Enseñanza primaria en 1951 (con 6 años), ingresaron solo
27 en la Enseñanza media (con 10 años);
18 aprobaron la Reválida de Bachillerato elemental (con 14 años) y solo
10 el bachillerato superior (con 16 años);
5 consiguieron aprobar el Preuniversitario (17 años) y
3 alumnos culminaron sus estudios universitarios en 1967.
En el curso 1965-66, la media de aprobados en la reválida de bachillerato elemental fue de 50,3% y del 56,9% en la reválida de bachillerato superior. Estas reválidas eran exámenes memorísticos muy temidos, que servían para segregar y expulsar del sistema a la mitad de la población escolar y a prácticamente todos los hijos de la clase trabajadora.
Solo llegaban a la Universidad el 0,5% de los hijos de clase trabajadora.
De 100 niños, hijos de obreros del campo, que iniciaban primaria
llegaban a cursar enseñanza media 4,2
y enseñanzas superiores 0,2.
Mientras que de 100 niños, hijos de directores y gerentes de empresas que iniciaban primaria,
72 cursaban enseñanza media y
14,2 llegaban a enseñanzas superiores.
Por eso incluso la reforma educativa del final del franquismo, la Ley General de Educación (1970), intentó superar la rigidez y exclusión del sistema educativo de la dictadura, con la supresión de las “temidas reválidas”, introduciendo la evaluación continua.
¿Explíquenos en qué sentido “ha reculado” el Gobierno con las reválidas?
Realmente no ha reculado. Aunque pueda dar esa impresión inicial. Pero si se analiza el decreto que el Ministro de Educación, Mendez de Vigo, y su equipo proponen lo único que se plantea es que estas pruebas pierdan parte de su carácter centralista y uniformizador, e incluso se acepta –con la boca pequeña, porque ya veremos qué pasa más adelante, tras las elecciones- no publicar los ránquines con los resultados de las reválidas.
Pero esto no significa que haya variado ni un ápice la filosofía que anima este tipo de pruebas, que supuestamente buscan “elevar” los resultados educativos, como dice el gobierno. Pero está sobradamente demostrado que este tipo de pruebas estandarizadas sólo sirven realmente para fomentar un aprendizaje fundamentalmente memorístico y descontextualizado, mediante un control burocrático de las prácticas escolares y la profesión docente.
Las investigaciones demuestran que, a pesar de los recursos invertidos en este tipo de evaluaciones estandarizadas desde la década de los 90, no hay mejoría consistente ni significativa en los resultados escolares de los países, en los campos o aspectos evaluados. Más bien se observan efectos negativos, así como debilidades técnicas, pues sólo tienen en cuenta lo que el alumnado hace en el momento de realizar las mismas.
Lo que ha hecho en definitiva el Partido Popular es una operación de maquillaje ante las nuevas elecciones, simulando que recula, como maniobra electoralista para un futuro pacto neoliberal con Ciudadanos, pero sin variar en nada la filosofía segregadora de fondo de la LOMCE profundamente excluyente y competitiva.
Una buena parte de la opinión pública sostiene que las reválidas son “segregadoras”. ¿En qué sentido?
Estas pruebas buscan en última instancia identificar, etiquetar y pre-seleccionar desde primaria a aquel alumnado que tiene problemas de aprendizaje de cara a su futura selección definitiva en la secundaria y el bachillerato. Es la finalidad principal. Si su objetivo fuera ayudar en el proceso de aprendizaje, se harían al principio y a lo largo del proceso, como se hace la evaluación continua, y no al final. Si su objetivo fuera apoyar el proceso de aprendizaje y atender las dificultades que surjan, requeriría que se dotaran de recursos, medios y personal para atender dichas dificultades, personalizar la atención educativa y reforzar a quienes más lo necesitan.
Pero, el auge de estas reválidas está acompañado con el recorte de apoyos y recursos que acompaña a la ley, que ya se cifran en 8.000 millones de euros. Si la finalidad fuera diagnosticar las necesidades, cómo se conjuga con un recorte en educación que nos sitúa de nuevo en la cola de los países de la UE, con el compromiso añadido de este gobierno con la Troika de recortar todavía más en educación hasta dejarnos en un 3,9 del PIB, cuando la media de la UE está en un 6,2 y países como Finlandia superan el 7% del PIB.
Está claro que el modelo de las reválidas no está al servicio de la mejora de la educación, que debería ser el objetivo básico. Está mucho más orientada a seleccionar, segregar y sancionar que a identificar los problemas y establecer medidas de mejora. Realmente responde a una concepción neoliberal cuya finalidad fundamental es crear un mercado educativo (financiado públicamente) donde se examine a los centros escolares (proveedores de educación) para que se “esfuercen” en ofrecer un producto atractivo, a la medida de las demandas de los clientes, para que todas las familias, convertidas en consumidores y consumidoras, puedan elegir aquel que más ventajas competitivas les pueda reportar a su prole. Ya no se trata de mejorar todos los centros, ni de garantizar el derecho a la mejor educación de todos los niños y niñas, sino de elegir la “mejor” opción para los míos. Es la consagración de la competitividad darwinista en educación. El triunfo del individualismo y la competencia de todos contra todos.
Y, ¿qué suponen para la comunidad educativa? ¿Cuáles son los ‘efectos colaterales’ negativos?
El problema añadido, como denuncian múltiples profesionales de la educación, son los efectos negativos colaterales de estas evaluaciones estandarizadas:
a) la presión sobre los niños y niñas para que tengan resultados acomodados a las pruebas;
b) el estrés del control continuo y permanente, como si solo se pudiera estudiar mediante la presión y el miedo al examen, olvidando la curiosidad y la pasión por el conocimiento;
c) la selección de aquellos “clientes” que son buenos para no descender en el ranking, y la exclusión de quienes tienen más dificultades de aprendizaje y son los que realmente más nos necesitarían;
d) la deslegitimación de la función docente y la desconfianza hacia el profesorado, ya que no es el profesorado que tiene docencia directa con el alumnado el que evalúa, pues se le expulsa del proceso de valoración final sobre el grado de aprendizaje del alumnado, recurriendo a otros profesionales;
e) la degradación de contenidos: se acaba estudiando lo que se examina y se centra el tiempo y los esfuerzos docentes en preparar al alumnado para resolver pruebas y exámenes, como ya pasa en 2º de Bachillerato de cara a la selectividad;
f) el control sobre el trabajo docente y la pérdida de la innovación educativa, al convertirse el profesorado en “preparadores de pruebas”, sufriendo así un control directo sobre su trabajo y sobre lo que debe enseñar;
g) el coste económico para el sistema, tan alto como inútil, por la realización de las múltiples pruebas externas todos los años. Además, para el alumnado jugarse en una prueba externa los años de escolarización es injusto y contradice la función de la evaluación como mejora de la educación respetando la diversidad y los diferentes ritmos de aprendizaje;
h) el gran negocio que supone una inversión de millones de euros en pagar a grandes empresas privadas como Pearson, McGraw-Hill y Educational Testing, en lugar de dejar que sean los profesores y profesoras los que se ocupen del aprendizaje de su alumnado; y el coste para las familias del alumnado que haya suspendido, cuando tengan que pagar academias para repetir la reválida;
i) la publicidad de estas pruebas convierte la evaluación en un mecanismo de competición entre centros y no de cooperación, y en un dispositivo de clasificación y segregación del alumnado y los centros escolares.
¿Qué opina de los cuestionarios adicionales a familias y profesores?
Los cuestionarios de las reválidas parecen diseñados por Microsoft o Telefónica
El Ministro “en funciones” sigue funcionando, por su cuenta y riesgo, desoyendo el mandato del Congreso que ha aprobado por mayoría abrumadora la paralización de la LOMCE. Ha publicado recientemente, en el BOE del 15 de abril de 2016, una Resolución que implanta “cuestionarios de contexto e indicadores comunes de centro” para la evaluación final de Educación Primaria. Estos cuestionarios que se aplican a alumnado, familias y dirección, analizan el contexto de una forma muy peculiar y sesgada. Inquiriendo al alumnado sobre las veces que ha repetido, no sobre las causas; la frecuencia que ha faltado a clase, no las razones ni el por qué; si utiliza ordenador o tableta para el trabajo escolar, como si eso fuera esencial para el aprendizaje; si hace deberes, cuando están tan cuestionados.
A las familias les pregunta de qué nacionalidad son –como si esto fuera un determinante del aprendizaje-; insiste una y otra vez en si utilizan ordenador o tableta en la casa o “cuántos dispositivos de información digital de uso habitual hay en su casa smartphones, smart TV…”.
Al equipo directivo les pregunta hasta tres veces, como Jesucristo a Pedro, si tienen problemas por la falta o inadecuación de dispositivos tecnológicos para la docencia, la deficiente conexión a internet o la falta o inadecuación de software para la docencia. Parece, en algunos casos, un cuestionario diseñado por Microsoft o Telefónica. No parece que este sea el contexto más relevante que influye en las dificultades o mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Creo que el Ministro tiene que repasar algunas cuestiones pedagógicas sobre educación, antes de seguir funcionando “sin funciones”.
Ocho comunidades autónomas se han declarado insumisas. ¿Qué puede derivarse de ello?
Izquierda Unida ha venido promoviendo campañas de insumisión a la LOMCE, pues la desobediencia civil ante una ley injusta es legítima. Igualmente lo han hecho confederaciones de asociaciones de madres y padres, sindicatos, mareas verdes y, en definitiva, la comunidad educativa. Cuando ahora un grupo tan numeroso de Comunidades Autónomas se declaran insumisas aplaudiríamos su actitud, si fuera realmente de insumisión. Pero poca “insumisión” es seguir haciendo evaluaciones aunque sean “menos externas”. Realmente no varían sustancialmente la filosofía y el modelo. Por eso creemos que deben pasar de las declaraciones a los hechos. Recordándoles que no se trata solo de paralizar lo no implantado de la ley (sólo un 10%), sino de derogarla, un compromiso que firmaron sus partidos a nivel estatal en la anterior legislatura, y del que ahora no se pueden desdecir.
Porque ya han empezado a sonar las primeras campanas con la primera iniciativa legislativa del PSOE, que pedía la paralización pero no la derogación. Que lo fiaba al futuro, alegando que había que elaborar una alternativa a la ley –cuando el PSOE ha participado en el Acuerdo Social y Político por una Nueva Ley educativa, aunque lo ha hecho a última hora y desde una cierta distancia sin comprometerse mucho-. Vamos que ha empezado a sonar a aquello de “LOMCE de entrada no”, como cuando la OTAN y acabamos metidos hasta el cuello en la Alianza Atlántica. Si a esto añadimos lo que se anunció en materia educativa en el pacto entre PSOE y C’s, el retroceso es clamoroso y casi parece aquello de “donde dije digo, digo diego”.
Tanto en EEUU como en Europa se está empezando a cuestionar este tipo de pruebas. En términos generales, ¿conoce cuál es la situación en los países de la Unión Europea?
Es cierto que con la LOMCE este modelo neoliberal y tecnocrático, centrado en pruebas estandarizadas, ha sido importado acríticamente en nuestro país, justo en momentos en que dichas pruebas son debatidas, cuestionadas y refutadas en muchos países del Norte. De hecho en toda Europa, solo una región belga exige en la UE una reválida al final de la primaria que condiciona la progresión del alumnado. En Malta se han eliminado las pruebas que enviaban a los niños y niñas a un tipo u otro de centros de secundaria. En cuanto a las reválidas de secundaria Irlanda es el único país de toda la UE donde el título se otorga únicamente en función de un examen final externo. Finlandia, Suecia y los países del centro de Europa se basan sólo en las notas y en el trabajo realizado durante el curso, como sucedía hasta ahora en España, antes de entrar la LOMCE en vigor.
Pero lo cierto es que la fiebre examinadora –del alumnado de diversos niveles, de los docentes, de las instituciones escolares (y ahora, ¡incluso de las familias!, según se propone en EE.UU.) – que viene creciendo desde la década de 1990, no se ha traducido en la anunciada "mejoría". Y es que, las reválidas por sí mismas, no mejoran ni cambian nada, solo seleccionan. La experiencia de EEUU, que abusa de pruebas externas, indica que los resultados han sido un desastre y ha reforzado la mediocridad del sistema. En Gran Bretaña docentes y familias están actualmente en huelga como protesta por las evaluaciones-revalidas (SATs) que les van a hacer a los 6-7 años.
En un artículo del Foro de Sevilla, usted y otros profesionales de la docencia advierten del ‘goloso’ negocio que suponen las reválidas para algunas grandes empresas privadas. ¿Cuáles son esas empresas y de cuánto dinero público podemos estar hablando?
Por ejemplo, Servinform S.A., una empresa de externalización de servicios, no educativa, cobrará más de 300.000 €, por las reválidas solo en Madrid (Boletín de la Comunidad de Madrid del 25 de abril de 2016). Haciendo números, el curso 2011-2012, según el Ministerio de Educación, se matricularon 391.246 alumnos en 4º de la ESO y 281.046 en 2º de Bachillerato. Esto generaría casi 700.000 exámenes externos. El monto económico anual de semejante operación no se le escapa a nadie. Además, quienes no hayan superado las reválidas en su momento tendrán una “segunda” oportunidad más adelante, lo que aumentará la cifra del negocio. No olvidemos que el PP ha destinado 14,5 millones en los presupuestos generales del 2016 a reválidas y evaluaciones finales solo en Primaria. Un suculento negocio sobre el que ya están sobrevolando incluso los “fondos buitres”.
Como analiza Carles Sirera, de la Universidad Jaume I de Castelló, la multinacional Pearson, en 2006 compró la National Evaluation Series, la primera empresa norteamericana dedicada al testing y se posicionó a nivel mundial como los principales expertos en medir la “eficacia educativa”. No es un hecho menor, especialmente si tenemos en cuenta que Pearson es el responsable del test PISA. Esta empresa tiene como principal objetivo comercial “lograr el monopolio de la medición de la eficacia del sistema educativo”, tal como afirma en su página web. Es decir, Pearson decidirá qué es el éxito en educación y, al mismo tiempo, serán los máximos proveedores de materiales y cursos complementarios para lograr ese éxito.
¿No es un gran negocio? Por si alguien tiene dudas, Pearson en su web también deja muy claro cuáles son sus prioridades pedagógicas: los accionistas.
La mayoría de las fuerzas políticas se han comprometido a derogar la LOMCE.
¿Cuáles han sido sus efectos más perniciosos o regresivos para la Educación?
La LOMCE ha sido la justificación y coartada ideológica de los recortes del PP en educación, que ya han superado los 5.000 millones de euros durante su legislatura y ha supuesto el recorte de 32.000 docentes en la enseñanza pública La LOMCE ha sido la justificación y coartada ideológica de los recortes del PP en educación, que ya han superado los 5.000 millones de euros durante su legislatura y ha supuesto el recorte de 32.000 docentes en la enseñanza pública. Ha sido una contrarreforma educativa impuesta que ha sido rechazada por todos los sectores de la comunidad educativa, que han protagonizado una movilización sostenida durante toda la andadura del proyecto de ley, antes y después de su paso por las Cortes. Es una ley que atenta contra el derecho universal a la educación en condiciones de igualdad, que ha supuesto un desmantelamiento aún mayor de la educación pública y cuya finalidad es seleccionar futuras élites dirigentes segregando y excluyendo a quienes más apoyo necesitan.
Sus efectos se han hecho notar de inmediato. Este curso se ha caracterizado por menos calidad, equidad e igualdad de oportunidades, como consecuencia de los recortes en becas, de los programas de compensación educativa, de la masificación de alumnado en las aulas debido al despido de esos 32.000 profesores y profesoras, y una universidad cada vez más privatizada y clasista, que ha triplicado las tasas de las matrículas y recortado el acceso a las becas. Los recortes y la entrada en vigor de una ley segregadora y privatizadora no sólo están deteriorando el servicio público sino que está desviando alumnado y dinero público hacia la enseñanza privada. Estamos en un estado de emergencia educativa, una "crisis educativa" que se hace "insostenible" para la calidad y equidad del sistema y el futuro del país porque cae la inversión, crece el número de alumnado y disminuye el profesorado para atenderle.
Estamos en un estado de emergencia educativa, una "crisis educativa" que se hace "insostenible" para la calidad y equidad del sistema y el futuro del país porque cae la inversión, crece el número de alumnado y disminuye el profesorado para atenderle
La "privatización" encubierta de los ciclos de Infantil y bachillerato; la aplicación de los Reales Decretos del PP 14/2012 y 20/2012, que supusieron el aumento de la ratio del alumnado por aula; el aumento del horario lectivo; la mayor tardanza en las sustituciones de los docentes; los tres decretos que avanzan en la privatización de la universidad pública; el "compromiso" del Gobierno de "rebajar" la inversión educativa al 3,9% del PIB, además del recorte de más de 7.000 millones de euros en los últimos cinco años (entre PSOE y PP), una quinta parte de los fondos públicos destinados a la educación; así como la supresión de medidas de atención a la diversidad, y los recortes o supresión de becas al estudio, de libros, de comedor, de transporte, etc., han disparado la indignación de familias, estudiantes y profesorado viendo cómo los recortes educativos sirven para destinar el dinero público al rescate de la banca, mientras se desmantela la educación pública.
Creo sinceramente que la educación pública está siendo sistemáticamente atacada desde hace tiempo, en diferentes Comunidades Autónomas, especialmente por los gobiernos del PP, cuya ideología mercantilista y privatizadora (“menos Estado y más mercado”) quiere convertir la educación en un negocio, poniendo gran parte de los nuevos centros educativos en manos de la enseñanza privada concertada, mayoritariamente católica. Este proceso de privatización, que pretende convertir la escuela pública en subsidiaria de la privada, se ha acentuado de forma exponencial en los últimos años. Y más ahora que, con el pretexto de la crisis, se está aplicando todo un programa sistemático de recortes sociales y de estrangulamiento económico de lo público.
Un reciente estudio de CCOO muestra que la universidad pública en España es de las más caras de Europa. ¿Qué está suponiendo y qué va a suponer para el futuro?
Desde el curso 2011/2012 hay 77.000 estudiantes menos en las universidades públicas y 5.000 más en las privadas
Efectivamente España se sitúa entre los países de la Unión Europea y del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) con precios medios más elevados, tanto en estudios de Grado como de Máster Oficial. Si a esto le añadimos que sólo un 29% de los estudiantes universitarios, tanto en universidades públicas como privadas de España, ha podido obtener algún tipo de ayuda parcial en forma de beca por parte del Gobierno de la nación. Y le sumamos que España es el país donde más ha crecido la desigualdad desde el inicio de la crisis, según la OCDE.
Esto es resultado del estrangulamiento al que le somete el gobierno a las Universidades Públicas: actualmente disponen de 1.384 millones menos de presupuesto que en 2010, volviendo casi al presupuesto de hace una década. El PP está practicando el estrangulamiento de las Universidades públicas, de la investigación I+D+i, el aumento de los precios de las matrículas y la disminución de becas y ayudas, así como endurecimiento de los requisitos para acceder a ellas, lo que ha provocado que desde el curso 2011/2012 haya 77.000 estudiantes menos en las universidades públicas y 5.000 más en las privadas y de la jerarquía católica, especialmente en los máster más caros.
Pero más allá de esto, parece que quiere dejar asentado su modelo neoliberal en el sistema universitario realizando una auténtica contrarreforma universitaria global, pero aplicada a plazos, mediante diferentes Decretos, como el del 3+2, o del Estatuto de la ANECA, o el de la acreditación del profesorado, o el RD-Ley 20/2015 de acceso y movilidad del profesorado o el de creación de universidades que facilitará el incremento de campus privados, que ya pasaron de 13 a 33 entre 1997 y 2015, a pesar de que el Gobierno habla, insistentemente, de la necesidad de reducir lo que considera un número excesivo de titulaciones y centros.
A este panorama en Educación Superior hemos de añadir que desde 2012 las políticas del gobierno del PP han recortado 7.766 puestos de trabajo en las Universidades Públicas, sustituyendo además empleo fijo y de calidad por docentes con contratos laborales temporales y precarios. Un panorama desolador que dejará la Universidad Pública como un erial tras el paso del Partido Popular por el gobierno estos cuatro últimos años y que hemos de revertir con otro gobierno del cambio si queremos apostar por otra Universidad posible entendida como servicio público que no busque la “competitividad” y la “excelencia”, sino la calidad y la cooperación al servicio de la sociedad, para hacerla más justa, más sabia, más universal, más equitativa, más sostenible, orientada a la formación de personas creativas y críticas con una elevada formación cultural y profesional.
CCOO ha calculado que poner las matrículas gratuitas en las universidades españolas le costaría al Gobierno 1.300 millones de euros cada año, descontando el dinero que ahora se invierte en becas. Como dice este sindicato “un país no puede salir de la crisis si no apuesta por una educación universitaria pública de calidad accesible para toda la población independientemente de su nivel económico”. Por eso Izquierda Unida siempre ha apostado por una Educación Pública gratuita que, desde la primera infancia hasta la universidad, luche contra la lógica del mercado. Una educación que reafirme la prioridad absoluta de los seres humanos sobre la rentabilidad económica.
http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/revalidas/20160508174131128144.html
jueves, 12 de mayo de 2016
La lógica política real
JOSÉ LUIS VILLACAÑAS
El nerviosismo ha prendido en los partidos tradicionales ante el anuncio del acuerdo Podemos/IU. Es fácil entenderlo. Ellos también saben que atravesamos una crisis política profunda. Sin embargo, se han mostrado incapaces de responder a los retos de cambio que reclama la parte más consciente de la ciudadanía española. Ahora se preguntan si no habrán perdido su última ocasión de merecer la confianza mayoritaria del electorado. No debemos olvidar que el fracaso de que no haya gobierno se debe a que se trataba de configurar un ejecutivo capaz de impulsar reformas profundas. En este sentido, todo ha consistido en una cosa: evitar que Podemos fuera una parte decisiva al ejecutar esas reformas ineludibles. Eso era lo que se jugaba tanto en la oferta del PSOE como del PP; en términos de Gramsci: avanzaremos hacia una reforma pasiva. Aceptaremos algunas propuestas de Podemos, pero las gestionaremos nosotros.
Esa lógica no fue razonable. Por eso el PSOE es el partido más perjudicado ante la situación. Ha jugado a impulsar las reformas solo con C´s, dejando a Podemos como un apoyo externo y pasivo a cambio de desalojar al PP de la posición de liderazgo. Eso era demasiado continuista, pues en realidad otorgaba al PSOE una hegemonía que ya no tiene. Por supuesto, tampoco el PP tiene motivos para la euforia, por mucho que se haya verificado su hipótesis de que no habría acuerdo sin él. Esta hipótesis era fácil de verificar desde el momento en que Rajoy formaba parte del mismo arcano de estos cuatro meses: impedir que Podemos rozara el poder. Lograr un acuerdo desde el PSOE con esta condición era pintar un círculo cuadrado. Rajoy se limitó a decir que eso era un lío y a esperar. Sin embargo, el PP ve que su líder sigue bajando en la opinión de la ciudadanía. Y es lógico. Su estrategia ha consistido en convencer a los españoles de que la corrupción es algo normal al sistema político y que no es un criterio para retirar la confianza a nadie. Con ello no ha hecho un gesto para regenerarse. Anclado en su política de que el ganador de las elecciones es quien tiene más diputados, no se ha movido de ahí en todo este tiempo. Ha utilizado esta teoría, que no tiene ningún respaldo legal en un régimen parlamentario, como una especie de chantaje. O Rajoy es presidente, o nadie. Así que las dos fuerzas tradicionales, ambas obedientes a la lógica del sistema, no han encontrado la manera de reformar el sistema político español. Es evidente que en las nuevas elecciones seguirán sin encontrarla.
Los tres partidos que estaban por la exclusión de Podemos perciben que el suelo cede bajo sus pies y que un movimiento en falso puede llevarlos al desastre. Pero como la evidencia suprema es la necesidad de reformas, y dada su incapacidad de acometerlas, tampoco pueden aspirar a mejorar posiciones electorales. En realidad, mirando bien, el único partido que puede crecer de verdad es Podemos. Lo demás es intercambiable. Podemos ha logrado transmitir a la ciudadanía algo decisivo: nadie reformará nada sin su concurso, porque en el fondo ninguno tiene la iniciativa real de las reformas. Todos van a remolque de lo que ellos demandaron. Como esas reformas no brotan del ideario del PP o del PSOE, estos no pueden emprenderlas sin sentirse en la cresta de una ola que no controlan. Eso es lo que se ha visto en este empeño de transferir culpabilidades, algo que aspira a ocultar la lógica política real que rige la situación. Lo único no creíble es que Podemos no quiera cambiar las cosas. En realidad, se le echa la culpa de no haberse reducido a la impotencia, entregando al PSOE el ius reformandi a cambio de nada, algo poco creíble, mientras al otro lado estaba un PP que se regía por la ley del mínimo esfuerzo en todo.
En estas condiciones, el acuerdo de Podemos con IU es un órdago al sistema de representación política. El acuerdo aspira a neutralizar la influencia de la Ley d´Hondt sin cambiarla. La cantidad de escaños que va a depender de unos pocos centenares de votos va a ser muy elevada. La presencia monopolística de los partidos antiguos en determinadas provincias se romperá. En suma, si en las elecciones del 20D el bipartidismo recibió una cornada en la pierna „que le impide progresar„ en las de 26J, con ese acuerdo, puede recibir una cornada en el pecho.
Es bastante posible que las próximas elecciones inicien un proceso irreversible. Puede que de ellas emerja una mayoría del PP reforzada por los votos que recupere de C´s. Es incluso posible que el PP pueda gobernar con C´s y con la abstención de un PSOE roto por la mitad. Pero serán letales para el actual sistema de representación. La capacidad de reformas de un gobierno liderado por el PP será mínima y la complicidad para nada de los otros dos partidos amenazará su futuro. Sin duda, de todo esto emergerá un mensaje inapelable: únicamente un gobierno liderado por Podemos significará un cambio real. Si alguien asume como proyecto único para España que Podemos no entre en ningún gobierno, debe ir quitándose esa idea de la cabeza. Eso se puede detener unos años, pero no siempre. Lo único que deben elegir es el grado de poder que quieren darle a Podemos. Si se hubiera hecho un gobierno el 20D, la proporción sería menor. Si no quieren entrar en un gobierno con Podemos tras el 26J, lo pagarán todavía más caro. Todo eso no conducirá sino a un hecho: cuando sea inevitable que Podemos gobierne, entonces será hegemónico.
Siento no estar de acuerdo con Fernando Vallespín, un observador agudo y ponderado. Ese proceso no va a significar una polarización del mapa político español. Va a significar la verificación de la óptica trasversal de Podemos. Polarización es lo que hubo con el bipartidismo. Ahora será de otra manera. Creo que Vallespín interpreta el pacto de Podemos/IU como una radicalización hacia la izquierda. Ese discurso lo esgrimió Rafael Hernando al decir que Podemos vuelve a la izquierda comunista de toda la vida. Ese argumento no funciona. Hoy por hoy, Garzón es el líder más transversal del panorama político español, más que Iglesias. Garzón no viene a radicalizar Podemos. Al contrario, viene a reforzar el argumento de su transversalidad. Y eso es así porque nadie piensa en integrar en Podemos al PC y su vieja guardia, sino sólo en garantizar la justicia de una representación política decidida a hacer reformas en este país.
De todos los datos de la última encuesta del CIS creo que el más llamativo es el que distribuye los votantes por estratos sociales. El 50 % de los parados vota entre el PSOE y Podemos. Sólo el 28 al PP y C´s. Lo mismo sucede entre los obreros no cualificados y los cualificados. Pero hay tantos empresarios, ejecutivos y altos funcionarios que confían en el PP como en Podemos y que han abandonado prácticamente al PSOE, igual que han hecho los administrativos. Por supuesto, la mayoría de los jóvenes confía en Podemos. Eso no es bipolarización. Estamos ante una clara transversalidad de los morados. No es verdad que los que confían en Podemos apuesten por una radicalización. Garzón no cambiará eso. Sólo hay dos estratos de población donde Podemos es claramente minoritario: trabajadores domésticos y pensionistas. Sería el colmo de la parcialidad y de la injusticia que el criterio de radicalidad y polaridad de la sociedad española lo fijaran estos dos estratos. La cuestión no está en la radicalización o la polarización. Está en saber quién concentra la confianza de la mayor parte de una sociedad que no puede ser burlada por más tiempo en su exigencia de reformar las instituciones públicas para ponerlas de verdad al servicio de la ciudadanía.
http://www.levante-emv.com/opinion/2016/05/11/logica-politica-real/1416001.html
El nerviosismo ha prendido en los partidos tradicionales ante el anuncio del acuerdo Podemos/IU. Es fácil entenderlo. Ellos también saben que atravesamos una crisis política profunda. Sin embargo, se han mostrado incapaces de responder a los retos de cambio que reclama la parte más consciente de la ciudadanía española. Ahora se preguntan si no habrán perdido su última ocasión de merecer la confianza mayoritaria del electorado. No debemos olvidar que el fracaso de que no haya gobierno se debe a que se trataba de configurar un ejecutivo capaz de impulsar reformas profundas. En este sentido, todo ha consistido en una cosa: evitar que Podemos fuera una parte decisiva al ejecutar esas reformas ineludibles. Eso era lo que se jugaba tanto en la oferta del PSOE como del PP; en términos de Gramsci: avanzaremos hacia una reforma pasiva. Aceptaremos algunas propuestas de Podemos, pero las gestionaremos nosotros.
Esa lógica no fue razonable. Por eso el PSOE es el partido más perjudicado ante la situación. Ha jugado a impulsar las reformas solo con C´s, dejando a Podemos como un apoyo externo y pasivo a cambio de desalojar al PP de la posición de liderazgo. Eso era demasiado continuista, pues en realidad otorgaba al PSOE una hegemonía que ya no tiene. Por supuesto, tampoco el PP tiene motivos para la euforia, por mucho que se haya verificado su hipótesis de que no habría acuerdo sin él. Esta hipótesis era fácil de verificar desde el momento en que Rajoy formaba parte del mismo arcano de estos cuatro meses: impedir que Podemos rozara el poder. Lograr un acuerdo desde el PSOE con esta condición era pintar un círculo cuadrado. Rajoy se limitó a decir que eso era un lío y a esperar. Sin embargo, el PP ve que su líder sigue bajando en la opinión de la ciudadanía. Y es lógico. Su estrategia ha consistido en convencer a los españoles de que la corrupción es algo normal al sistema político y que no es un criterio para retirar la confianza a nadie. Con ello no ha hecho un gesto para regenerarse. Anclado en su política de que el ganador de las elecciones es quien tiene más diputados, no se ha movido de ahí en todo este tiempo. Ha utilizado esta teoría, que no tiene ningún respaldo legal en un régimen parlamentario, como una especie de chantaje. O Rajoy es presidente, o nadie. Así que las dos fuerzas tradicionales, ambas obedientes a la lógica del sistema, no han encontrado la manera de reformar el sistema político español. Es evidente que en las nuevas elecciones seguirán sin encontrarla.
Los tres partidos que estaban por la exclusión de Podemos perciben que el suelo cede bajo sus pies y que un movimiento en falso puede llevarlos al desastre. Pero como la evidencia suprema es la necesidad de reformas, y dada su incapacidad de acometerlas, tampoco pueden aspirar a mejorar posiciones electorales. En realidad, mirando bien, el único partido que puede crecer de verdad es Podemos. Lo demás es intercambiable. Podemos ha logrado transmitir a la ciudadanía algo decisivo: nadie reformará nada sin su concurso, porque en el fondo ninguno tiene la iniciativa real de las reformas. Todos van a remolque de lo que ellos demandaron. Como esas reformas no brotan del ideario del PP o del PSOE, estos no pueden emprenderlas sin sentirse en la cresta de una ola que no controlan. Eso es lo que se ha visto en este empeño de transferir culpabilidades, algo que aspira a ocultar la lógica política real que rige la situación. Lo único no creíble es que Podemos no quiera cambiar las cosas. En realidad, se le echa la culpa de no haberse reducido a la impotencia, entregando al PSOE el ius reformandi a cambio de nada, algo poco creíble, mientras al otro lado estaba un PP que se regía por la ley del mínimo esfuerzo en todo.
En estas condiciones, el acuerdo de Podemos con IU es un órdago al sistema de representación política. El acuerdo aspira a neutralizar la influencia de la Ley d´Hondt sin cambiarla. La cantidad de escaños que va a depender de unos pocos centenares de votos va a ser muy elevada. La presencia monopolística de los partidos antiguos en determinadas provincias se romperá. En suma, si en las elecciones del 20D el bipartidismo recibió una cornada en la pierna „que le impide progresar„ en las de 26J, con ese acuerdo, puede recibir una cornada en el pecho.
Es bastante posible que las próximas elecciones inicien un proceso irreversible. Puede que de ellas emerja una mayoría del PP reforzada por los votos que recupere de C´s. Es incluso posible que el PP pueda gobernar con C´s y con la abstención de un PSOE roto por la mitad. Pero serán letales para el actual sistema de representación. La capacidad de reformas de un gobierno liderado por el PP será mínima y la complicidad para nada de los otros dos partidos amenazará su futuro. Sin duda, de todo esto emergerá un mensaje inapelable: únicamente un gobierno liderado por Podemos significará un cambio real. Si alguien asume como proyecto único para España que Podemos no entre en ningún gobierno, debe ir quitándose esa idea de la cabeza. Eso se puede detener unos años, pero no siempre. Lo único que deben elegir es el grado de poder que quieren darle a Podemos. Si se hubiera hecho un gobierno el 20D, la proporción sería menor. Si no quieren entrar en un gobierno con Podemos tras el 26J, lo pagarán todavía más caro. Todo eso no conducirá sino a un hecho: cuando sea inevitable que Podemos gobierne, entonces será hegemónico.
Siento no estar de acuerdo con Fernando Vallespín, un observador agudo y ponderado. Ese proceso no va a significar una polarización del mapa político español. Va a significar la verificación de la óptica trasversal de Podemos. Polarización es lo que hubo con el bipartidismo. Ahora será de otra manera. Creo que Vallespín interpreta el pacto de Podemos/IU como una radicalización hacia la izquierda. Ese discurso lo esgrimió Rafael Hernando al decir que Podemos vuelve a la izquierda comunista de toda la vida. Ese argumento no funciona. Hoy por hoy, Garzón es el líder más transversal del panorama político español, más que Iglesias. Garzón no viene a radicalizar Podemos. Al contrario, viene a reforzar el argumento de su transversalidad. Y eso es así porque nadie piensa en integrar en Podemos al PC y su vieja guardia, sino sólo en garantizar la justicia de una representación política decidida a hacer reformas en este país.
De todos los datos de la última encuesta del CIS creo que el más llamativo es el que distribuye los votantes por estratos sociales. El 50 % de los parados vota entre el PSOE y Podemos. Sólo el 28 al PP y C´s. Lo mismo sucede entre los obreros no cualificados y los cualificados. Pero hay tantos empresarios, ejecutivos y altos funcionarios que confían en el PP como en Podemos y que han abandonado prácticamente al PSOE, igual que han hecho los administrativos. Por supuesto, la mayoría de los jóvenes confía en Podemos. Eso no es bipolarización. Estamos ante una clara transversalidad de los morados. No es verdad que los que confían en Podemos apuesten por una radicalización. Garzón no cambiará eso. Sólo hay dos estratos de población donde Podemos es claramente minoritario: trabajadores domésticos y pensionistas. Sería el colmo de la parcialidad y de la injusticia que el criterio de radicalidad y polaridad de la sociedad española lo fijaran estos dos estratos. La cuestión no está en la radicalización o la polarización. Está en saber quién concentra la confianza de la mayor parte de una sociedad que no puede ser burlada por más tiempo en su exigencia de reformar las instituciones públicas para ponerlas de verdad al servicio de la ciudadanía.
http://www.levante-emv.com/opinion/2016/05/11/logica-politica-real/1416001.html
miércoles, 11 de mayo de 2016
Podemos e IU: hacer posible lo que parecía imposible
Hay cosa que parecen imposible hasta que suceden. Mandela.
La política siempre tiene algo de terrible, de dureza extrema y de carencia de piedad. Se gana o se pierde y, en medio, no hay casi nada. La figura de Pedro Sánchez es, en muchos sentidos, típica de una Europa en proceso ya muy avanzado de norteamericanización de la vida pública y privada. Mejor dicho, norteamericanización en el centro y latinoamericanización en el sur. El candidato y secretario general del PSOE es el político de hoy, ligero de ideología, de valores débiles y de propuestas que buscan una especie de punto medio entre la izquierda de la derecha y la derecha de la izquierda. Parecen fabricados en serie y están aquí para no desentonar, molestar lo menos posible y tener el apoyo de los que mandan y no se presentan a las elecciones.
En estos dos últimos meses, Pedro Sánchez ha tenido un apoyo mediático casi unánime, ha posado como hombre de Estado y ha intentado reencontrar el centro perdido de un país que cambia y que busca ser expresado. Hay que reconocerle cierta audacia, algunas ideas claras y saber aguantar en un contexto que no le era nada fácil. El tema de fondo: deconstruir a Podemos, restarle apoyos sociales y electorales, demoler la imagen pública de Pablo Iglesias, dividirlo, romperlo. Se dirá que el objetivo era el gobierno, pero esto era algo secundario y sólo se podría conseguir si se quebraba a Podemos o se le neutralizaba.
Ciudadanos y PSOE han jugado una partida con muchos apoyos detrás y con objetivos precisos que se han ido desvelando en el proceso y que, al final, no se han podido conseguir. Ciudadanos ha jugado a romper al PP, dividirlo o, cuando menos, echar a Rajoy. Rivera ha venido a esto, a renovar a las derechas y a reconstruir un bloque político capaz de impulsar una nueva restauración en el país. El “cambiar todo para que todo siga igual” requería el sacrificio del Rajoy y, seguramente, del PP, la construcción de una sólida alianza con el PSOE y la postración mediática, social y electoral de Podemos.
Hemos asistido a un juego de estrategias que ahora tiene su segunda oportunidad. El problema de fondo, lo he venido indicando con mucha fuerza en estos últimos meses: la propuesta política de los grupos económicamente dominantes no coincidía y no coincide con la vieja clase política bipartidista. Se ha tenido que “inventar” Ciudadanos para intentar salir de la situación y se buscó un político “en libertad vigilada” como Pedro Sánchez para vehicularla. Aun así, los juegos de estrategia no han impedido la convocatoria de nuevas elecciones y, lo que es peor, el escenario que se abre puede terminar siendo una polarización entre el PP y Podemos, es decir, lo contrario a lo que se buscaba desde los poderes fácticos.
Las encuestas, cada vez más desprestigiadas, invitan a interpretaciones contradictorias y lo único que dejan claro es que, de un lado, la campaña electoral va a ser muy importante y, de otro, que no se ha conseguido lo principal, que era destrozar al partido de Pablo Iglesias. Podemos ha demostrado que tiene un suelo sólido y que sigue teniendo capacidad para influir de forma significativa en la agenda política del país. Alguna vez he definido a Podemos como un gen mutante: se va construyendo en cada elección y siempre lo hace sorprendiendo a sus rivales y abriendo espacios. La propuesta de convergencia con IU, al fin hecha posible, la consolidación de las alianzas y mareas y el reforzamiento del liderazgo interno hacen que Podemos pueda salir con un discurso político alternativo, creíble y con capacidad de vencer. IU más Podemos multiplican, generan imaginarios sociales nuevos y cualifican un proyecto nacional-popular. No es poco, creo.
Más allá de las encuestas, de la sucesión de psico-sociales, de la manipulación descarada de los medios y del uso —y hasta el abuso— de intelectuales, siempre orgánicos del poder, para denunciar los populismos y anunciarnos todos los males posibles, lo que se demuestra es que el país está cambiando. Las viejas formas de demolición de personas y proyectos ya no son tan eficaces. En un país que se consideraba siempre seguro para los que mandan, está surgiendo un impulso desde abajo, de cuestionamiento de lo que existe, de autocontenida rebeldía social que busca traducirse en fuerza política y en una esperanza concreta, posible y realista que se ha instalado en una parte significativa de la población.
Esta es, en mi opinión, la lección más importante de estos meses: los que mandan y no se presentan a las elecciones ya no pueden seguir gobernando como antes, usando las mismas formas y métodos, vendiendo las viejas y cada vez más gastadas mercancías. Los de abajo, los subalternos y las subalternas, ya no se dejan gobernar como antes, han entendido que detrás de esta democracia hay una “trama de poder” que cada día se impone con más fuerza a la voluntad popular, que restringe nuestras condiciones de vida y de trabajo, que limita nuestros derechos y nuestras libertades reales y, lo más negativo, que nos deja sin futuro.
Las fuerzas alternativas, democráticas, populares y de izquierda pueden y deben de salir a ganar polarizándose con las derechas y combatiendo a las políticas de derechas, haciendo de la unidad una tarea colectiva y convirtiendo la campaña en un plebiscito a favor de un nuevo proyecto de país, democrático, igualitario y federal. Vivimos una paradoja que no es nueva en nuestra historia: en el sur de la Unión Europea, en un país que ha vivido 40 años de dictadura y donde todo parecía estar “atado y bien atado”, emergen nuevas generaciones; viejas ideas mutan en nuevas aspiraciones, programas que enlazan con un pasado que algunos creían muerto para siempre, emergen de nuevo y nos dicen que nada se pierde del todo en la historia de los humanos. ¿Y si España fuese, una vez más, el comienzo de un nuevo ciclo histórico-social en una Europa que se ha ido convirtiendo en un espacio geopolítico dependiente, socialmente reaccionaria y políticamente decadente?
Para Alberto y Pablo: la valentía de la lucidez y el coraje de la inteligencia
En estos dos últimos meses, Pedro Sánchez ha tenido un apoyo mediático casi unánime, ha posado como hombre de Estado y ha intentado reencontrar el centro perdido de un país que cambia y que busca ser expresado. Hay que reconocerle cierta audacia, algunas ideas claras y saber aguantar en un contexto que no le era nada fácil. El tema de fondo: deconstruir a Podemos, restarle apoyos sociales y electorales, demoler la imagen pública de Pablo Iglesias, dividirlo, romperlo. Se dirá que el objetivo era el gobierno, pero esto era algo secundario y sólo se podría conseguir si se quebraba a Podemos o se le neutralizaba.
Ciudadanos y PSOE han jugado una partida con muchos apoyos detrás y con objetivos precisos que se han ido desvelando en el proceso y que, al final, no se han podido conseguir. Ciudadanos ha jugado a romper al PP, dividirlo o, cuando menos, echar a Rajoy. Rivera ha venido a esto, a renovar a las derechas y a reconstruir un bloque político capaz de impulsar una nueva restauración en el país. El “cambiar todo para que todo siga igual” requería el sacrificio del Rajoy y, seguramente, del PP, la construcción de una sólida alianza con el PSOE y la postración mediática, social y electoral de Podemos.
Hemos asistido a un juego de estrategias que ahora tiene su segunda oportunidad. El problema de fondo, lo he venido indicando con mucha fuerza en estos últimos meses: la propuesta política de los grupos económicamente dominantes no coincidía y no coincide con la vieja clase política bipartidista. Se ha tenido que “inventar” Ciudadanos para intentar salir de la situación y se buscó un político “en libertad vigilada” como Pedro Sánchez para vehicularla. Aun así, los juegos de estrategia no han impedido la convocatoria de nuevas elecciones y, lo que es peor, el escenario que se abre puede terminar siendo una polarización entre el PP y Podemos, es decir, lo contrario a lo que se buscaba desde los poderes fácticos.
Las encuestas, cada vez más desprestigiadas, invitan a interpretaciones contradictorias y lo único que dejan claro es que, de un lado, la campaña electoral va a ser muy importante y, de otro, que no se ha conseguido lo principal, que era destrozar al partido de Pablo Iglesias. Podemos ha demostrado que tiene un suelo sólido y que sigue teniendo capacidad para influir de forma significativa en la agenda política del país. Alguna vez he definido a Podemos como un gen mutante: se va construyendo en cada elección y siempre lo hace sorprendiendo a sus rivales y abriendo espacios. La propuesta de convergencia con IU, al fin hecha posible, la consolidación de las alianzas y mareas y el reforzamiento del liderazgo interno hacen que Podemos pueda salir con un discurso político alternativo, creíble y con capacidad de vencer. IU más Podemos multiplican, generan imaginarios sociales nuevos y cualifican un proyecto nacional-popular. No es poco, creo.
Más allá de las encuestas, de la sucesión de psico-sociales, de la manipulación descarada de los medios y del uso —y hasta el abuso— de intelectuales, siempre orgánicos del poder, para denunciar los populismos y anunciarnos todos los males posibles, lo que se demuestra es que el país está cambiando. Las viejas formas de demolición de personas y proyectos ya no son tan eficaces. En un país que se consideraba siempre seguro para los que mandan, está surgiendo un impulso desde abajo, de cuestionamiento de lo que existe, de autocontenida rebeldía social que busca traducirse en fuerza política y en una esperanza concreta, posible y realista que se ha instalado en una parte significativa de la población.
Esta es, en mi opinión, la lección más importante de estos meses: los que mandan y no se presentan a las elecciones ya no pueden seguir gobernando como antes, usando las mismas formas y métodos, vendiendo las viejas y cada vez más gastadas mercancías. Los de abajo, los subalternos y las subalternas, ya no se dejan gobernar como antes, han entendido que detrás de esta democracia hay una “trama de poder” que cada día se impone con más fuerza a la voluntad popular, que restringe nuestras condiciones de vida y de trabajo, que limita nuestros derechos y nuestras libertades reales y, lo más negativo, que nos deja sin futuro.
Las fuerzas alternativas, democráticas, populares y de izquierda pueden y deben de salir a ganar polarizándose con las derechas y combatiendo a las políticas de derechas, haciendo de la unidad una tarea colectiva y convirtiendo la campaña en un plebiscito a favor de un nuevo proyecto de país, democrático, igualitario y federal. Vivimos una paradoja que no es nueva en nuestra historia: en el sur de la Unión Europea, en un país que ha vivido 40 años de dictadura y donde todo parecía estar “atado y bien atado”, emergen nuevas generaciones; viejas ideas mutan en nuevas aspiraciones, programas que enlazan con un pasado que algunos creían muerto para siempre, emergen de nuevo y nos dicen que nada se pierde del todo en la historia de los humanos. ¿Y si España fuese, una vez más, el comienzo de un nuevo ciclo histórico-social en una Europa que se ha ido convirtiendo en un espacio geopolítico dependiente, socialmente reaccionaria y políticamente decadente?
Cuarto Poder
Fuente: http://www.cuartopoder.es/cartaalamauta/2016/05/10/podemos-e-iu-posible-lo-parecia-imposible/389
sábado, 5 de septiembre de 2015
Hacia un programa común: ¿Decrecimiento o resiliencia?
Si algo han mostrado las elecciones autonómicas y municipales del pasado 24 de mayo es que las candidaturas unitarias populares han tenido más éxito que las de los partidos en solitario en las principales capitales, aunque no en el conjunto de las circunscripciones. Sería imperdonable que los partidos de la izquierda radical de ámbito estatal (Equo, IU y Podemos) no alcanzaran acuerdos sobre un programa común por dificultades organizativas o mero cálculo electoral que no vamos a valorar aquí. Con ser muy positivos los resultados de estas elecciones al desalojar al PP de algunas Comunidades y Ayuntamientos importantes, son insuficientes para realizar el cambio que se requiere. Como escribe Rosa (1), claro que sí se puede, pero no solos. En la medida en que las fuerzas de la izquierda radical se consoliden y se avance en el desarrollo de un programa común, los pactos futuros con otras fuerzas (PSOE, principalmente) podrán inclinar la balanza en favor de una economía más social frente a otra más neoliberal. Ante la época que nos va a tocar vivir, valores como los de la solidaridad, cooperación y colaboración serán imprescindibles para la defensa de una vida digna. Valores que han de ser transmitidos en las escuelas e institutos y que serían mucho más creíbles si, desde ahora mismo, empezaran a ser percibidos por la ciudadanía.
Pero, si bien los obstáculos para llegar a un programa común en el terreno social y económico parecen superables, las dificultades para alcanzar un programa que a la vez afronte las consecuencias de la crisis ecológica se nos antojan insalvables. La percepción de la situación económica y social es compartida básicamente por los tres partidos a los que hemos hecho referencia, pero la de emergencia ecológica, derivada de la crisis energética y del cambio climático, está lejos de ser valorada por igual por estos partidos. Salvo Equo y muchos ciudadanos no necesariamente adscritos a partido alguno, el resto de la izquierda parece subestimar la irreversibilidad de problema ambiental y sus consecuencias, quizá debido a una concepción de la cuestión ambiental permanentemente postergable o, sencillamente, al efecto Casandra, según el cual la gente hace oídos sordos ante las malas noticias. Y, sin embargo, ignoremos o no la crisis ambiental, ya empezamos a entrar en la era de sus consecuencias: con el petróleo cada vez más escaso y caro no podremos salir de la crisis económica (2) y con el cambio climático acelerando la desertización de nuestro país, más pronto que tarde, se desencadenarán graves problemas en el suministro de agua y de alimentos. El caso de la crisis actual del agua de California -el estado más rico de EE.UU- es paradigmático (3), así que “cuando las barbas de tu vecino veas pelar…”Para muestra el conflicto por el agua desencadenado este verano entre las Comunidades de Castilla La Mancha y de Valencia. Evitar en la medida de lo posible estas consecuencias disminuyendo la vulnerabilidad de la ciudadanía para así garantizar el futuro de nuestro país, debe ser la tarea prioritaria de una política de izquierdas. Sirvan estas líneas para contribuir a este gran objetivo.
Decrecimiento o resiliencia
Sabemos que el crecimiento se detendrá porque las leyes que gobiernan la economía en última instancia no son financieras sino físicas. Respecto a la salida de la crisis, Crespo (4) sostiene que nos hallamos en un terreno desconocido ya que ninguna de las dos estrategias diseñadas para regresar a la senda del crecimiento, la americana, expansiva para estimular el consumo y la europea, basada en una política de austeridad, han tenido éxito para lograr superar la misma. ¿No será que el sistema capitalista está entrando en una fase de contradicciones que hacen inviable el crecimiento; un crecimiento que, además, se está convirtiendo en indeseable para la sociedad?
Así parece defenderlo Hinton en un artículo clarividente (5) al indicar que el capital ya no extrae suficientes beneficios del trabajo y ahora trata de hacerlo de los bienes y servicios públicos de los Estados hasta el punto de llevar a la destrucción de los mismos, como en el caso de Grecia, provocando, al mismo tiempo, una desigualdad cada vez más obscena y un paro creciente que entran en contradicción con la necesidad del sistema de un perpetuo crecimiento. Como señala Luengo: “la relación existente entre el avance del PIB y la tasa de desempleo es débil o inexistente” (6) debido seguramente, entre otras razones, a que el aumento de productividad a causa de la mecanización del sistema productivo se ha traducido en más beneficios para los empresarios en lugar de beneficiar a los trabajadores, bien económicamente, bien mediante la reducción de la jornada laboral.
La otra contradicción del sistema capitalista parte del supuesto inverosímil de que el crecimiento económico es ilimitado y que la tecnología solucionará las limitaciones de los recursos y de los sumideros, supuesto que nos está llevando a la colisión con los límites planetarios e introduciéndonos en la era del decrecimiento físico impuesto por la naturaleza. El resultado de esta colisión en el terreno económico es una espiral de destrucción de la oferta (de los recursos menguantes) seguida de una destrucción de la demanda (cuando la crisis arrecia) (7).
Frente a la política de “más de lo mismo” que apuesta por el crecimiento y las soluciones tecnológicas milagrosas, un análisis racional de las políticas posibles y de sus riesgos nos decantaría por un cambio en la orientación política encaminado hacia el decrecimiento y la sostenibilidad. Si tuviera razón la política del crecimiento y se lograran poner a punto las tecnologías necesarias para evitar la crisis energética en ciernes y lo peor del cambio climático, lo único que perderíamos, de escoger la prudente política decrecentista, serían oportunidades económicas. Pero de tener razón la opción decrecentista y no dispusiéramos de tales tecnologías, la obsesiva política del crecimiento nos llevaría a un callejón sin salida.
La élite neoliberal y sus acólitos han elegido ya. A pesar de los abundantes datos de las investigaciones y avisos de la comunidad científica, continúan impertérritos escuchando las señales y oráculos de su único dios, el dios mercado, a la espera de un milagro tecnológico. Curiosa forma de entender la ciencia y la tecnología; confían en ellas para aumentar la producción y combatir los riesgos inducidos por los seres humanos, pero no para anticiparse a los mismos y modificar su causa, que no es otra que un sistema económico fagocitador de la vida que nos sostiene. Aunque la escasez de petróleo y su repercusión en el crecimiento ya empiezan a dar señales perturbadoras en los mercados, el sistema necesita “buenas noticias” para embarcar a los Estados y ciudadanía en la trampa de la deuda. Antes de reconocer que está herido de muerte, la élite sembrará los medios de explicaciones tranquilizadoras. Y es que tras la jerga mercadotécnica se esconden los intereses y privilegios de las grandes compañías y poderes financieros (8) por lo que, antes de renunciar a ellos, la élite neoliberal está dispuesta a tensar la cuerda hasta llevarse por delante el clima del planeta y con él a la humanidad.
Dado el dominio que ejerce a escala mundial la ideología neoliberal y su inacción ante los problemas ambientales globales más urgentes, no parece que se pueda evitar ya la colisión con algunos de los límites planetarios (9). Nuestra civilización se verá abocada a un colapso, a una pérdida de complejidad socioeconómica y ecológica. A tenor de los indicios (pico del crudo y otros picos a la vista, manifestaciones del cambio climático, crisis económica persistente, aumento de las tensiones geopolíticas, entre otros), creemos que tal colapso está a la vuelta de la esquina, si no se ha desatado ya. Así parecen haberlo entendido los redactores y firmantes del Manifiesto Última Llamada (10) lanzado en el verano de 2014 a la sociedad.
Descartada la solución del sentido común a escala global -y, al parecer, también a escala europea- no queda otra opción que tratar de mitigar las consecuencias del colapso en nuestro país, ahora que puede abrirse una ventana de oportunidad para un gobierno o una oposición decisiva de la izquierda radical y, posiblemente, del PSOE.
Con motivo de la firma del citado Manifiesto en el que se reclama el cambio del actual modelo económico y social que haga frente a la crisis ecológica por parte de dirigentes de los partidos de la izquierda radical, entre ellos Pablo Iglesias, y de la elaboración de un documento base del programa económico de Podemos, titulado “Un proyecto económico para la gente” encargado a Viçent Navarro y a Juan Torres (11), se ha suscitado un debate en el que han participado algunos firmantes del Manifiesto, como Prieto, Turiel, Torres, Gadrey. En esencia, el debate se centra en la contradicción que supone firmar un manifiesto de corte decrecentista para luego abrazar fórmulas socialdemócratas keinesianas de estímulo al crecimiento, como las que proponen estos economistas en el documento citado.
Sin duda alguna, la política más razonable consistiría en implementar un decrecimiento organizado y controlado. Sin embargo, hoy por hoy, sería contraproducente poner en marcha una política decrecentista sin realizar previamente un amplio debate transversal en nuestra sociedad, como el que intenta promover el citado Manifiesto. Son demasiados años de dependencia del consumo como para que el mensaje de que cada vez va a haber menos recursos y que hay que cambiar nuestro modo de vida por otro más austero y menos consumista sea aceptado por la sociedad. Sencillamente no lo entendería la ciudadanía y provocaría su distanciamiento del propio concepto de decrecimiento y de los partidos que lo propusieran. Monedero lo sabe y de ahí que despachara la alternativa del decrecimiento con la expresión: “Hablando de decrecimiento no se ganan elecciones“(12).
Más allá de establecer y agrandar las diferencias entre partidarios del decrecimiento y del crecimiento, es necesario y urgente llegar a puntos de encuentro entre ambas posiciones si se pretenden paliar los efectos del colapso, encauzándolo de una manera más o menos ordenada y reducir así el sufrimiento de la población española actual y de las próximas generaciones.
Afortunadamente, todavía es posible la convergencia entre ambas posiciones. Debemos abandonar las políticas de crecimiento y aprovechar la ventana de oportunidad para una supervivencia digna. De acuerdo con Heinberg (13), comenzar a tomar medidas de resiliencia, es decir, medidas que aumenten nuestra capacidad para superar la adversidad, es quizá la mejor manera de adaptar las sociedades al colapso. En torno a un programa basado en la idea de resiliencia pueden alcanzarse acuerdos programáticos muy positivos con el fin de dotar a nuestro país de mayor capacidad para afrontar y sobreponerse ante las presentes y futuras crisis que se avecinan. El diagnóstico de los puntos más vulnerables (14) de la economía y sociedad españolas, así como de los sistemas naturales amenazados, resulta imprescindible y previo a proponer medidas de resiliencia tanto de índole ecológica, como económica y social.
A grandes rasgos, el colapso supondrá la transformación radical del sistema financiero, problemas en el transporte (aviación, buques, camiones), problemas en la agricultura industrial (riego, maquinaria, abonos), muy posiblemente la disolución paulatina del comercio global y la consiguiente relocalización de las economías y un aumento de los riesgos naturales que cada vez tendrán mayor incidencia social y económica (15).
Los partidos de izquierda han recogido en sus programas de las pasadas elecciones del 24 de Mayo, medidas tanto sociales, como económicas y ambientales para mitigar los efectos de la crisis económica, intentar revertir los daños de las políticas del gobierno del PP y así disminuir la vulnerabilidad de la ciudadanía. Muchas de estas medidas coinciden con las que se pueden proponer adoptando el punto de vista de la resiliencia, por lo que nos limitaremos a indicar algunas que nos parecen especialmente relevantes y que, en esencia, se engloban en los siguientes principios:
1. Mayor intervención del Estado: frente a la tendencia actual a la privatización, más nacionalización, frente a la desregulación, mayor control estatal, frente a la mercantilización, imposición de límites y más derechos ciudadanos y obligaciones del Estado.
2. Las sociedades humanas son ecodependientes. Los ecosistemas poseen límites. Aplicación de principios de sostenibilidad para compatibilizar las actividades humanas con la protección de los recursos renovables y los ecosistemas. Desmaterialización en la medida de lo posible de la economía.
3. El ser humano vive en sociedad, es interdependiente. Promoción de la vida en comunidad y de la solidaridad y la cooperación frente al individualismo instalado en la sociedad. Profundización de la democracia. La economía social al servicio de la población.
Vulnerabilidad y resiliencia social
Entre los puntos más vulnerables de la sociedad española destacamos los siguientes: una gran desinformación de la población acerca de los problemas ambientales globales (el cambio climático se ve como un problema episódico y lineal que se manifestará gradualmente, mientras que el pico del petróleo es desconocido por la gran mayoría de la población), así como un desconocimiento bastante generalizado de la responsabilidad de las políticas del crecimiento en la generación de los mismos, el desempleo insoportable que afecta principalmente a los jóvenes, la desigualdad creciente entre ricos y pobres y la exclusión social.
El crecimiento económico es un aspecto del capitalismo extraordinariamente arraigado en la población por haber sido imbuido en nuestros cerebros por los políticos, economistas y medios de comunicación como un bien “per se”. Además de haberse asentado ya como una cuestión de fe, la fórmula del crecimiento parece de sentido común para crear empleo y salir de la crisis y, por ello, se encuentra aún más enraizada. Decía Margaret Tatcher, “la economía es el método, el objetivo es cambiar el alma” (16). El neoliberalismo no solo es una ideología, es también, y sobre todo, una práctica generalizada de la que hemos interiorizado sus reglas de juego. De una u otra manera, nos han cambiado el alma a través de la presión que se ejerce sobre la inmensa mayoría de la población en situaciones de competencia cotidiana y de inversión de los pequeños ahorros. Esta presión se ejerce a través de la imposición de una serie de convenciones, prácticas y normas, en definitiva, reglas del juego establecidas política, institucional y jurídicamente (17).
¿Cuál ha sido el antídoto hasta ahora para hacer frente a la crisis económica que, por definición, es una situación de la economía con un débil o negativo crecimiento? Lógicamente, el de activar el crecimiento. Eso es lo que espera la gran mayoría de ciudadanos, que se pongan en marcha políticas de crecimiento para generar trabajo, activar el consumo y salir de la situación actual.
Cualquier convocatoria electoral que se produzca ocultando a la población los límites del crecimiento, rebajaría su calidad democrática. Si bien es cierto que la ciudadanía intuye, de alguna manera, que esta crisis es diferente y que los hijos van a vivir peor que sus padres, la apertura de un debate, tanto en las Cámaras de nuestros representantes como en la sociedad, permitiría tomar conciencia de la situación tan delicada y llena de riesgos que atravesamos y lograría que estos problemas, junto a los sociales, ocuparan la centralidad de la política, aumentando así la resiliencia social. Es de esperar entonces que la sociedad acabara siendo más proclive a admitir la adopción de medidas de mayor alcance, a medio y largo plazo.
Junto a esta iniciativa, un gobierno con sensibilidad ecológica y social debe potenciar los movimientos decrecentistas y de ciudades y pueblos en transición (18), generando así dinámicas favorables al lema decrecentista de” vivir mejor con menos” en detrimento del modo de vida BAU (Bussines As Usual), o sea, el negocio como actividad normal.
España es uno de los países con mayor paro, desigualdad económica y exclusión social de la Unión Europea. Sin la defensa del Estado de bienestar y sin la adopción de medidas sociales como la distribución más equitativa de la riqueza, la generación y el reparto de trabajo reduciendo el periodo de trabajo semanal y la adopción de medidas que eviten la exclusión social, no se podrían entender políticas ecológicas que son absolutamente necesarias para conservar los recursos naturales para la presente y futuras generaciones.
A juzgar por los programas electorales actuales, pensamos que sería relativamente sencillo llegar a acuerdos en el terreno social entre estos partidos. Quizá el punto donde se manifiestan las diferencias más notorias sea el de optar por la inicial propuesta de Renta Básica de Podemos, o por el Trabajo Garantizado, propuesta de IU, aunque no parece que llegar a un acuerdo sea insalvable pues el propio Eduardo Garzón (19), padre de la propuesta del Trabajo Garantizado, ya ha formulado una solución mixta.
No obstante, para llevar a cabo estas iniciativas sociales habrá que tener presente la advertencia de Trainer (20); en una época de decrecimiento impuesto por la naturaleza no se podrán realizar políticas de igualdad de corte socialdemócrata basadas solamente en el reparto de la menguante riqueza. Además de la solidaridad, la austeridad, entendida dentro de una justicia social, tendrá que ser otro de los pilares para poder desarrollarlas.
Vulnerabilidad y resiliencia ecológica
La vulnerabilidad ecológica de nuestro país es elevada. Los recursos renovables que han constituido y constituirán la principal riqueza de este país: como suelo, aguas superficiales y subterráneas, fuentes de energía dependientes del sol, pesca, bosques, humedales y demás ecosistemas y paisajes se encuentran cada día más amenazados por distintos problemas: desertización, erosión, salinización, fragmentación del territorio, sobrexplotación, etc.
Si necesarias son las medidas de resiliencia social para cohesionar el país, las medidas ecológicas son imprescindibles para la conservación de los recursos naturales renovables, fundamento de una economía sostenible a largo plazo.
Como medida administrativa más importante para frenar el deterioro ecológico (21) y proporcionar resiliencia se encuentra la Ordenación del territorio.
La Ordenación del territorio se fundamenta, desde el punto de vista de la sostenibilidad, en un principio de integración de actividades, según el cual la huella humana no debe exceder la biocapacidad del territorio. Aunque la palabra austeridad está hoy en día muy vituperada (austericidio, austerocracia, austeritarismo) debido a las políticas aplicadas por los gobiernos neoliberales, lo cierto es que, desde el punto de vista ecológico, no solamente los españoles, sino la gran mayoría de los ciudadanos de los países desarrollados han vivido por encima de sus posibilidades, apropiándose “de facto” de un territorio mayor a costa de otras naciones.
La salida civilizada a la situación actual consiste en construir una economía que no rebase la biocapacidad de cada territorio, con un comercio local y regional estrictamente necesario y que sea socialmente justa. De figurar algún tipo de déficit en las constituciones de los países, debería ser el déficit ecológico cero. Ateniéndonos a él, a los españoles nos tocaría vivir a un nivel de vida menor de la mitad del que disponemos actualmente, pues nuestra huella ecológica supera unas dos veces y media la biocapacidad del territorio nacional. Sabemos que, con un nivel de renta más austero pero bien repartido, se pueden mantener todavía unos buenos servicios públicos indispensables para que la ciudadanía pueda tener una vida tan digna o más que en la actualidad. Así lo indican los índices de felicidad/PIB y problemas sociales/desigualdad (22). En el primero se comprueba que, a partir de un nivel de riqueza, la felicidad no aumenta significativamente, mientras que en el segundo aparece una clara correlación entre el aumento de los problemas sociales y la desigualdad.
Aunque limitar el déficit ecológico a cero no es posible todavía, sin embargo, es necesario avanzar en esa línea tanto para hacer frente a las consecuencias del cambio climático, pico del petróleo y pérdida de biodiversidad, como para aumentar nuestra autonomía y resiliencia en caso probable del colapso de la red de comercio mundial.
En este sentido, con la Ordenación del territorio se propone cubrir los siguientes objetivos:
- Uso y protección de nuestros recursos naturales (suelos, aguas, bosques, pesca y biodiversidad…) atendiendo a los principios de sostenibilidad para recursos de Daly
- Evitar impactos (contaminación, incendios, introducción de especies foráneas, etc.) utilizando los principios de sostenibilidad de Daly para los desechos, además de los de eficiencia y precaución.
- Prevención de riesgos naturales e inducidos (erosión, salinización, incendios, sequías, temporales) aplicando el principio de precaución.
- Regulación de las actividades humanas (agrícola, industrial, construcción de infraestructuras, asentamientos humanos, turismo) a través de la promulgación de leyes: Ley del suelo, Ley de aguas, Ley de costas, etc.
Otra estrategia relevante es la de avanzar en la soberanía alimentaria ya que el colapso, como hemos dicho, puede llegar a suponer la disolución del comercio global y la relocalización de las economías. España importa aproximadamente un 40% de los alimentos que consume (23). Se trata de hacer compatible una producción agrícola nacional suficiente para alimentar a la población con la conservación de los suelos y recursos hídricos, frenando así la desertización y la salinización. Dicho de otra manera, se trata de sustituir paulatinamente el modelo de agricultura industrial imperante por el de la agricultura ecológica, aumentando la diversificación de cultivos (un estudio de Gómez Cantero (24) del IPCC para Grupo Los Verdes del Parlamento Europeo revela que en el plazo de 35 años habrá un incremento de la aridez que, junto a la erosión y las plagas, puede acabar con las grandes extensiones de monocultivos como las viñas, naranjos y olivos), utilizando abonos orgánicos, desechando malas prácticas agrícolas (como el cultivo en pendiente arando a favor de la misma y el riego sin control), etc.
Aunque parezca un tanto paranoica esta preocupación por la soberanía alimentaria y pudiera levantar sospechas de proteccionismo en la UE, se pueden dar algunos pasos obviando este problema como, por ejemplo, el fomento de la repoblación de pueblos, la formación en agricultura ecológica, la creación de un banco de semillas tradicionales, el fomento de pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas en detrimento de las grandes explotaciones, la prohibición de cultivos transgénicos, la promoción de una campaña para la paulatina modificación de la dieta de los españoles hacia una dieta más vegetariana,…
Quizá algunas de las medidas que se vayan a tomar en este terreno se encuentren entre las más controvertidas entre partidarios del crecimiento y de la resiliencia. Por ejemplo, ¿Cómo llevar a cabo la protección de nuestros recursos naturales al tiempo que los utilizamos? ¿Hasta qué punto y cómo pueden aplicarse las reglas de Daly en una economía capitalista? ¿Puede la agricultura ecológica alimentar a todo el país o ha de convivir con la industria agrícola y ganadera actuales? Este tipo de cuestiones son las que hay que debatir y ponderar con el fin de priorizar unas medidas sobre otras y de establecer plazos para llevarlas a cabo.
Vulnerabilidad y resiliencia económica y política
La vulnerabilidad de la economía española es crítica. La elevada deuda pública y privada, la dependencia financiera del Estado de la banca privada y del BCE, la fuerte dependencia de los combustibles fósiles y de la industria manufacturera a causa del declive industrial de nuestro país, la escasa diversidad del modelo productivo, su reducido I+D con una financiación que no está enfocada hacia el cambio del modelo productivo (25), la pérdida de derechos de los trabajadores y una fiscalidad retrógrada que grava las rentas del trabajo y las de los pequeños y medianos empresarios muy por encima de las del gran capital, hacen que la economía española sea muy sensible a futuras eventualidades, como, por ejemplo, crisis financieras, fluctuaciones de los precios del petróleo, consecuencias del cambio climático en la agricultura, etc.
El principal objetivo entonces no será el crecimiento económico (aumento de productividad, aumento del valor añadido), ni tampoco el decrecimiento, sino dotar a nuestro país de un sistema económico con mayor resiliencia y encaminado a lograr la sostenibilidad ecológica. Podría pensarse que la mejor manera de aumentar la resiliencia es potenciar el crecimiento y así obtener ventajas comparativas respecto a otros países pero, como se ha comentado anteriormente, el capitalismo es un sistema que nos lleva a la destrucción y en este contexto no hay ventajas comparativas que valgan.
Creemos que un aspecto esencial para el futuro de nuestro país es el cambio del modelo productivo actual. Dada su fuerte dependencia del exterior, su escasa diversificación y su insostenibilidad ambiental, el modelo actual es muy vulnerable a un contexto de decrecimiento de energía y materiales, de agravamiento del cambio climático o de una crisis financiera.
Queda fuera de nuestra capacidad y de los objetivos de este artículo la elaboración de una propuesta de un modelo productivo, por lo que solo nos limitaremos a enunciar unos criterios e indicar algunas medidas a modo de ejemplos.
Creemos que el nuevo modelo productivo ha de basarse en los siguientes criterios:
- El sistema productivo está enclavado en el territorio por lo que ha de ajustarse a la legislación derivada de la nueva Ordenación del Territorio.
- En un contexto de decrecimiento energético y material, el sistema productivo ha de iniciar el camino hacia una relativa desmaterialización de la economía, mediante el ahorro, la eficiencia, el reciclado y el desarrollo de economías con bajos insumos de materiales y energías, como la economía de cuidados.
- Ha de ser más sostenible con predominio de un uso de energías y materiales renovables, adoptando medidas como, por ejemplo, la reforestación de zonas próximas a pueblos y ciudades para el aprovechamiento comunitario dentro de unos años de biomasa para cocina y calefacción elevando así la Tasa de Retorno Energético de esta fuente de energía y preservando la diversidad biológica.
- Ha de ser más adaptable aumentando la diversificación y la localización de la producción, fomentado la empresa cooperativa y la reestructuración de los sectores estratégicos actuales: agroalimentario, transporte y automoción, turismo y construcción.
- Promover el desarrollo de una tecnología apropiada a la escala de nuestro sistema productivo y que sea coherente con sus objetivos mediante un Plan I+S+i (denominación más apropiada que la de I+D+i en una economía encaminada a la Sostenibilidad)
- El trabajo no es una mercancía, por lo que han de garantizarse los derechos de los trabajadores; en primer lugar, el derecho al trabajo.
- El Estado se reserva el derecho de planificar democráticamente la economía y la producción y nacionalizar total o parcialmente los distintos sectores productivos para garantizar los objetivos del modelo productivo. Por ejemplo, habría que crear una banca pública no solo para facilitar el crédito a familias y empresas sino para financiar las nacionalizaciones y un Plan I+S+i, así como aminorar las consecuencias de un posible colapso del sistema financiero internacional. Nacionalizar Red Eléctrica Española con la perspectiva a medio plazo de hacer lo propio con las empresas eléctricas. Recuperar la gestión pública del agua.
No obstante, el principal problema de la sociedad y economía españolas es político y viene determinado por la existencia de una oligarquía que domina las finanzas, es dueña de los grandes medios de comunicación privados y que, aliada del poder político, acaba imponiendo la política económica. El crecimiento económico español, que con la crisis nos ha llevado al endeudamiento actual del Estado y a un alto grado de corrupción, es resultado de esta alianza. El movimiento 15M ya denunció este pacto. Con el gobierno del PP se puso de manifiesto la falta de escrúpulos para mentir con tal de conseguir el poder y desmontar el estado de bienestar con la anuencia de la UE, mientras los numerosos escándalos de corrupción distanciaban cada vez más a los ciudadanos de la clase política.
La emergencia de Podemos, como partido que ha sabido recoger las demandas del 15M, ya ha empezado a airear las estructuras de los partidos y a modificar el discurso de sus dirigentes. Pero sería muy importante para empoderar a la ciudadanía, revitalizar la política, mejorar la democracia representativa con sistemas de control eficaces y promover la democracia participativa. Sin duda alguna, estas medidas aumentarían la confianza de la gente en el sistema político y la resiliencia, en general.
Pero todos los logros carecerán de sentido si no se detienen la implantación del TTIP y del TiSA (Acrónimos en inglés del Tratado de Libre Comercio e Inversión y de Asociación Trasatlántica de Comercio e Inversión, respectivamente).
Si ya es fuerte la dependencia del Estado de las reglas del juego de corte neoliberal surgidas de Maastricht, con la firma de estos tratados la dependencia y vulnerabilidad de los Estados, de los trabajadores y de la ciudadanía sería extrema e irreversible por mucho tiempo debido a las cláusulas de indefensión de los mismos frente a las compañías privadas. El TTIP es un tratado entre EEUU y la UE. Con este tratado, la población europea se encontraría indemne ante las empresas de transgénicos, de la ganadería hormonada y de los agroquímicos (26) y los agricultores quedarían a merced de las compañías multinacionales. Con el TTIP, España perdería no solo la seguridad alimentaria sino la posibilidad de alcanzar la soberanía alimentaria. En la negociación del TiSA, participan, además de la UE y EEUU, 21 países más. El secretismo más absoluto preside la negociación de este tratado cuyos términos no se podrán dar a conocer hasta 5 años después de su implantación. Con este Tratado unas cuantas compañías privadas van a monopolizar el sector servicios de los países firmantes.
Sería de desear que la población española apoyara a la izquierda en las próximas elecciones generales. Pero de no ganar, hay tres compromisos que el conjunto de la izquierda radical debería asumir en la próxima legislatura:
- Informar y promover un debate sobre la emergencia de la situación que vivimos a causa del pico del petróleo y del cambio climático.
- Promover sendos debates sobre el contenido y consecuencias del TTIP y del TiSA para España, en general, y la clase trabajadora, en particular.
- Formar una comisión de científicos y técnicos que elabore un Plan de Ordenación del territorio que garantice el uso sostenible de nuestros recursos renovables.
Es la hora de las grandes decisiones y para eso se requieren grandes estadistas. Las autoridades de un pequeño Estado, el archipiélago de Kiribati, pretenden comprar 20 kilómetros cuadrados de tierra en las islas Fiji para poder alojar a 103.000 compatriotas ante la irreversible subida del nivel del mar y la salinización de sus acuíferos. Sin duda se trata de una medida radical (27). ¿Por qué no se percibe en España una situación de emergencia como la que se nos viene encima y comienzan a tomarse medidas para mitigar el sufrimiento de la población actual y asegurar el futuro de las próximas generaciones?
Máximo Luffiego García y Julio Soto López
Pero, si bien los obstáculos para llegar a un programa común en el terreno social y económico parecen superables, las dificultades para alcanzar un programa que a la vez afronte las consecuencias de la crisis ecológica se nos antojan insalvables. La percepción de la situación económica y social es compartida básicamente por los tres partidos a los que hemos hecho referencia, pero la de emergencia ecológica, derivada de la crisis energética y del cambio climático, está lejos de ser valorada por igual por estos partidos. Salvo Equo y muchos ciudadanos no necesariamente adscritos a partido alguno, el resto de la izquierda parece subestimar la irreversibilidad de problema ambiental y sus consecuencias, quizá debido a una concepción de la cuestión ambiental permanentemente postergable o, sencillamente, al efecto Casandra, según el cual la gente hace oídos sordos ante las malas noticias. Y, sin embargo, ignoremos o no la crisis ambiental, ya empezamos a entrar en la era de sus consecuencias: con el petróleo cada vez más escaso y caro no podremos salir de la crisis económica (2) y con el cambio climático acelerando la desertización de nuestro país, más pronto que tarde, se desencadenarán graves problemas en el suministro de agua y de alimentos. El caso de la crisis actual del agua de California -el estado más rico de EE.UU- es paradigmático (3), así que “cuando las barbas de tu vecino veas pelar…”Para muestra el conflicto por el agua desencadenado este verano entre las Comunidades de Castilla La Mancha y de Valencia. Evitar en la medida de lo posible estas consecuencias disminuyendo la vulnerabilidad de la ciudadanía para así garantizar el futuro de nuestro país, debe ser la tarea prioritaria de una política de izquierdas. Sirvan estas líneas para contribuir a este gran objetivo.
Decrecimiento o resiliencia
Sabemos que el crecimiento se detendrá porque las leyes que gobiernan la economía en última instancia no son financieras sino físicas. Respecto a la salida de la crisis, Crespo (4) sostiene que nos hallamos en un terreno desconocido ya que ninguna de las dos estrategias diseñadas para regresar a la senda del crecimiento, la americana, expansiva para estimular el consumo y la europea, basada en una política de austeridad, han tenido éxito para lograr superar la misma. ¿No será que el sistema capitalista está entrando en una fase de contradicciones que hacen inviable el crecimiento; un crecimiento que, además, se está convirtiendo en indeseable para la sociedad?
Así parece defenderlo Hinton en un artículo clarividente (5) al indicar que el capital ya no extrae suficientes beneficios del trabajo y ahora trata de hacerlo de los bienes y servicios públicos de los Estados hasta el punto de llevar a la destrucción de los mismos, como en el caso de Grecia, provocando, al mismo tiempo, una desigualdad cada vez más obscena y un paro creciente que entran en contradicción con la necesidad del sistema de un perpetuo crecimiento. Como señala Luengo: “la relación existente entre el avance del PIB y la tasa de desempleo es débil o inexistente” (6) debido seguramente, entre otras razones, a que el aumento de productividad a causa de la mecanización del sistema productivo se ha traducido en más beneficios para los empresarios en lugar de beneficiar a los trabajadores, bien económicamente, bien mediante la reducción de la jornada laboral.
La otra contradicción del sistema capitalista parte del supuesto inverosímil de que el crecimiento económico es ilimitado y que la tecnología solucionará las limitaciones de los recursos y de los sumideros, supuesto que nos está llevando a la colisión con los límites planetarios e introduciéndonos en la era del decrecimiento físico impuesto por la naturaleza. El resultado de esta colisión en el terreno económico es una espiral de destrucción de la oferta (de los recursos menguantes) seguida de una destrucción de la demanda (cuando la crisis arrecia) (7).
Frente a la política de “más de lo mismo” que apuesta por el crecimiento y las soluciones tecnológicas milagrosas, un análisis racional de las políticas posibles y de sus riesgos nos decantaría por un cambio en la orientación política encaminado hacia el decrecimiento y la sostenibilidad. Si tuviera razón la política del crecimiento y se lograran poner a punto las tecnologías necesarias para evitar la crisis energética en ciernes y lo peor del cambio climático, lo único que perderíamos, de escoger la prudente política decrecentista, serían oportunidades económicas. Pero de tener razón la opción decrecentista y no dispusiéramos de tales tecnologías, la obsesiva política del crecimiento nos llevaría a un callejón sin salida.
La élite neoliberal y sus acólitos han elegido ya. A pesar de los abundantes datos de las investigaciones y avisos de la comunidad científica, continúan impertérritos escuchando las señales y oráculos de su único dios, el dios mercado, a la espera de un milagro tecnológico. Curiosa forma de entender la ciencia y la tecnología; confían en ellas para aumentar la producción y combatir los riesgos inducidos por los seres humanos, pero no para anticiparse a los mismos y modificar su causa, que no es otra que un sistema económico fagocitador de la vida que nos sostiene. Aunque la escasez de petróleo y su repercusión en el crecimiento ya empiezan a dar señales perturbadoras en los mercados, el sistema necesita “buenas noticias” para embarcar a los Estados y ciudadanía en la trampa de la deuda. Antes de reconocer que está herido de muerte, la élite sembrará los medios de explicaciones tranquilizadoras. Y es que tras la jerga mercadotécnica se esconden los intereses y privilegios de las grandes compañías y poderes financieros (8) por lo que, antes de renunciar a ellos, la élite neoliberal está dispuesta a tensar la cuerda hasta llevarse por delante el clima del planeta y con él a la humanidad.
Dado el dominio que ejerce a escala mundial la ideología neoliberal y su inacción ante los problemas ambientales globales más urgentes, no parece que se pueda evitar ya la colisión con algunos de los límites planetarios (9). Nuestra civilización se verá abocada a un colapso, a una pérdida de complejidad socioeconómica y ecológica. A tenor de los indicios (pico del crudo y otros picos a la vista, manifestaciones del cambio climático, crisis económica persistente, aumento de las tensiones geopolíticas, entre otros), creemos que tal colapso está a la vuelta de la esquina, si no se ha desatado ya. Así parecen haberlo entendido los redactores y firmantes del Manifiesto Última Llamada (10) lanzado en el verano de 2014 a la sociedad.
Descartada la solución del sentido común a escala global -y, al parecer, también a escala europea- no queda otra opción que tratar de mitigar las consecuencias del colapso en nuestro país, ahora que puede abrirse una ventana de oportunidad para un gobierno o una oposición decisiva de la izquierda radical y, posiblemente, del PSOE.
Con motivo de la firma del citado Manifiesto en el que se reclama el cambio del actual modelo económico y social que haga frente a la crisis ecológica por parte de dirigentes de los partidos de la izquierda radical, entre ellos Pablo Iglesias, y de la elaboración de un documento base del programa económico de Podemos, titulado “Un proyecto económico para la gente” encargado a Viçent Navarro y a Juan Torres (11), se ha suscitado un debate en el que han participado algunos firmantes del Manifiesto, como Prieto, Turiel, Torres, Gadrey. En esencia, el debate se centra en la contradicción que supone firmar un manifiesto de corte decrecentista para luego abrazar fórmulas socialdemócratas keinesianas de estímulo al crecimiento, como las que proponen estos economistas en el documento citado.
Sin duda alguna, la política más razonable consistiría en implementar un decrecimiento organizado y controlado. Sin embargo, hoy por hoy, sería contraproducente poner en marcha una política decrecentista sin realizar previamente un amplio debate transversal en nuestra sociedad, como el que intenta promover el citado Manifiesto. Son demasiados años de dependencia del consumo como para que el mensaje de que cada vez va a haber menos recursos y que hay que cambiar nuestro modo de vida por otro más austero y menos consumista sea aceptado por la sociedad. Sencillamente no lo entendería la ciudadanía y provocaría su distanciamiento del propio concepto de decrecimiento y de los partidos que lo propusieran. Monedero lo sabe y de ahí que despachara la alternativa del decrecimiento con la expresión: “Hablando de decrecimiento no se ganan elecciones“(12).
Más allá de establecer y agrandar las diferencias entre partidarios del decrecimiento y del crecimiento, es necesario y urgente llegar a puntos de encuentro entre ambas posiciones si se pretenden paliar los efectos del colapso, encauzándolo de una manera más o menos ordenada y reducir así el sufrimiento de la población española actual y de las próximas generaciones.
Afortunadamente, todavía es posible la convergencia entre ambas posiciones. Debemos abandonar las políticas de crecimiento y aprovechar la ventana de oportunidad para una supervivencia digna. De acuerdo con Heinberg (13), comenzar a tomar medidas de resiliencia, es decir, medidas que aumenten nuestra capacidad para superar la adversidad, es quizá la mejor manera de adaptar las sociedades al colapso. En torno a un programa basado en la idea de resiliencia pueden alcanzarse acuerdos programáticos muy positivos con el fin de dotar a nuestro país de mayor capacidad para afrontar y sobreponerse ante las presentes y futuras crisis que se avecinan. El diagnóstico de los puntos más vulnerables (14) de la economía y sociedad españolas, así como de los sistemas naturales amenazados, resulta imprescindible y previo a proponer medidas de resiliencia tanto de índole ecológica, como económica y social.
A grandes rasgos, el colapso supondrá la transformación radical del sistema financiero, problemas en el transporte (aviación, buques, camiones), problemas en la agricultura industrial (riego, maquinaria, abonos), muy posiblemente la disolución paulatina del comercio global y la consiguiente relocalización de las economías y un aumento de los riesgos naturales que cada vez tendrán mayor incidencia social y económica (15).
Los partidos de izquierda han recogido en sus programas de las pasadas elecciones del 24 de Mayo, medidas tanto sociales, como económicas y ambientales para mitigar los efectos de la crisis económica, intentar revertir los daños de las políticas del gobierno del PP y así disminuir la vulnerabilidad de la ciudadanía. Muchas de estas medidas coinciden con las que se pueden proponer adoptando el punto de vista de la resiliencia, por lo que nos limitaremos a indicar algunas que nos parecen especialmente relevantes y que, en esencia, se engloban en los siguientes principios:
1. Mayor intervención del Estado: frente a la tendencia actual a la privatización, más nacionalización, frente a la desregulación, mayor control estatal, frente a la mercantilización, imposición de límites y más derechos ciudadanos y obligaciones del Estado.
2. Las sociedades humanas son ecodependientes. Los ecosistemas poseen límites. Aplicación de principios de sostenibilidad para compatibilizar las actividades humanas con la protección de los recursos renovables y los ecosistemas. Desmaterialización en la medida de lo posible de la economía.
3. El ser humano vive en sociedad, es interdependiente. Promoción de la vida en comunidad y de la solidaridad y la cooperación frente al individualismo instalado en la sociedad. Profundización de la democracia. La economía social al servicio de la población.
Vulnerabilidad y resiliencia social
Entre los puntos más vulnerables de la sociedad española destacamos los siguientes: una gran desinformación de la población acerca de los problemas ambientales globales (el cambio climático se ve como un problema episódico y lineal que se manifestará gradualmente, mientras que el pico del petróleo es desconocido por la gran mayoría de la población), así como un desconocimiento bastante generalizado de la responsabilidad de las políticas del crecimiento en la generación de los mismos, el desempleo insoportable que afecta principalmente a los jóvenes, la desigualdad creciente entre ricos y pobres y la exclusión social.
El crecimiento económico es un aspecto del capitalismo extraordinariamente arraigado en la población por haber sido imbuido en nuestros cerebros por los políticos, economistas y medios de comunicación como un bien “per se”. Además de haberse asentado ya como una cuestión de fe, la fórmula del crecimiento parece de sentido común para crear empleo y salir de la crisis y, por ello, se encuentra aún más enraizada. Decía Margaret Tatcher, “la economía es el método, el objetivo es cambiar el alma” (16). El neoliberalismo no solo es una ideología, es también, y sobre todo, una práctica generalizada de la que hemos interiorizado sus reglas de juego. De una u otra manera, nos han cambiado el alma a través de la presión que se ejerce sobre la inmensa mayoría de la población en situaciones de competencia cotidiana y de inversión de los pequeños ahorros. Esta presión se ejerce a través de la imposición de una serie de convenciones, prácticas y normas, en definitiva, reglas del juego establecidas política, institucional y jurídicamente (17).
¿Cuál ha sido el antídoto hasta ahora para hacer frente a la crisis económica que, por definición, es una situación de la economía con un débil o negativo crecimiento? Lógicamente, el de activar el crecimiento. Eso es lo que espera la gran mayoría de ciudadanos, que se pongan en marcha políticas de crecimiento para generar trabajo, activar el consumo y salir de la situación actual.
Cualquier convocatoria electoral que se produzca ocultando a la población los límites del crecimiento, rebajaría su calidad democrática. Si bien es cierto que la ciudadanía intuye, de alguna manera, que esta crisis es diferente y que los hijos van a vivir peor que sus padres, la apertura de un debate, tanto en las Cámaras de nuestros representantes como en la sociedad, permitiría tomar conciencia de la situación tan delicada y llena de riesgos que atravesamos y lograría que estos problemas, junto a los sociales, ocuparan la centralidad de la política, aumentando así la resiliencia social. Es de esperar entonces que la sociedad acabara siendo más proclive a admitir la adopción de medidas de mayor alcance, a medio y largo plazo.
Junto a esta iniciativa, un gobierno con sensibilidad ecológica y social debe potenciar los movimientos decrecentistas y de ciudades y pueblos en transición (18), generando así dinámicas favorables al lema decrecentista de” vivir mejor con menos” en detrimento del modo de vida BAU (Bussines As Usual), o sea, el negocio como actividad normal.
España es uno de los países con mayor paro, desigualdad económica y exclusión social de la Unión Europea. Sin la defensa del Estado de bienestar y sin la adopción de medidas sociales como la distribución más equitativa de la riqueza, la generación y el reparto de trabajo reduciendo el periodo de trabajo semanal y la adopción de medidas que eviten la exclusión social, no se podrían entender políticas ecológicas que son absolutamente necesarias para conservar los recursos naturales para la presente y futuras generaciones.
A juzgar por los programas electorales actuales, pensamos que sería relativamente sencillo llegar a acuerdos en el terreno social entre estos partidos. Quizá el punto donde se manifiestan las diferencias más notorias sea el de optar por la inicial propuesta de Renta Básica de Podemos, o por el Trabajo Garantizado, propuesta de IU, aunque no parece que llegar a un acuerdo sea insalvable pues el propio Eduardo Garzón (19), padre de la propuesta del Trabajo Garantizado, ya ha formulado una solución mixta.
No obstante, para llevar a cabo estas iniciativas sociales habrá que tener presente la advertencia de Trainer (20); en una época de decrecimiento impuesto por la naturaleza no se podrán realizar políticas de igualdad de corte socialdemócrata basadas solamente en el reparto de la menguante riqueza. Además de la solidaridad, la austeridad, entendida dentro de una justicia social, tendrá que ser otro de los pilares para poder desarrollarlas.
Vulnerabilidad y resiliencia ecológica
La vulnerabilidad ecológica de nuestro país es elevada. Los recursos renovables que han constituido y constituirán la principal riqueza de este país: como suelo, aguas superficiales y subterráneas, fuentes de energía dependientes del sol, pesca, bosques, humedales y demás ecosistemas y paisajes se encuentran cada día más amenazados por distintos problemas: desertización, erosión, salinización, fragmentación del territorio, sobrexplotación, etc.
Si necesarias son las medidas de resiliencia social para cohesionar el país, las medidas ecológicas son imprescindibles para la conservación de los recursos naturales renovables, fundamento de una economía sostenible a largo plazo.
Como medida administrativa más importante para frenar el deterioro ecológico (21) y proporcionar resiliencia se encuentra la Ordenación del territorio.
La Ordenación del territorio se fundamenta, desde el punto de vista de la sostenibilidad, en un principio de integración de actividades, según el cual la huella humana no debe exceder la biocapacidad del territorio. Aunque la palabra austeridad está hoy en día muy vituperada (austericidio, austerocracia, austeritarismo) debido a las políticas aplicadas por los gobiernos neoliberales, lo cierto es que, desde el punto de vista ecológico, no solamente los españoles, sino la gran mayoría de los ciudadanos de los países desarrollados han vivido por encima de sus posibilidades, apropiándose “de facto” de un territorio mayor a costa de otras naciones.
La salida civilizada a la situación actual consiste en construir una economía que no rebase la biocapacidad de cada territorio, con un comercio local y regional estrictamente necesario y que sea socialmente justa. De figurar algún tipo de déficit en las constituciones de los países, debería ser el déficit ecológico cero. Ateniéndonos a él, a los españoles nos tocaría vivir a un nivel de vida menor de la mitad del que disponemos actualmente, pues nuestra huella ecológica supera unas dos veces y media la biocapacidad del territorio nacional. Sabemos que, con un nivel de renta más austero pero bien repartido, se pueden mantener todavía unos buenos servicios públicos indispensables para que la ciudadanía pueda tener una vida tan digna o más que en la actualidad. Así lo indican los índices de felicidad/PIB y problemas sociales/desigualdad (22). En el primero se comprueba que, a partir de un nivel de riqueza, la felicidad no aumenta significativamente, mientras que en el segundo aparece una clara correlación entre el aumento de los problemas sociales y la desigualdad.
Aunque limitar el déficit ecológico a cero no es posible todavía, sin embargo, es necesario avanzar en esa línea tanto para hacer frente a las consecuencias del cambio climático, pico del petróleo y pérdida de biodiversidad, como para aumentar nuestra autonomía y resiliencia en caso probable del colapso de la red de comercio mundial.
En este sentido, con la Ordenación del territorio se propone cubrir los siguientes objetivos:
- Uso y protección de nuestros recursos naturales (suelos, aguas, bosques, pesca y biodiversidad…) atendiendo a los principios de sostenibilidad para recursos de Daly
- Evitar impactos (contaminación, incendios, introducción de especies foráneas, etc.) utilizando los principios de sostenibilidad de Daly para los desechos, además de los de eficiencia y precaución.
- Prevención de riesgos naturales e inducidos (erosión, salinización, incendios, sequías, temporales) aplicando el principio de precaución.
- Regulación de las actividades humanas (agrícola, industrial, construcción de infraestructuras, asentamientos humanos, turismo) a través de la promulgación de leyes: Ley del suelo, Ley de aguas, Ley de costas, etc.
Otra estrategia relevante es la de avanzar en la soberanía alimentaria ya que el colapso, como hemos dicho, puede llegar a suponer la disolución del comercio global y la relocalización de las economías. España importa aproximadamente un 40% de los alimentos que consume (23). Se trata de hacer compatible una producción agrícola nacional suficiente para alimentar a la población con la conservación de los suelos y recursos hídricos, frenando así la desertización y la salinización. Dicho de otra manera, se trata de sustituir paulatinamente el modelo de agricultura industrial imperante por el de la agricultura ecológica, aumentando la diversificación de cultivos (un estudio de Gómez Cantero (24) del IPCC para Grupo Los Verdes del Parlamento Europeo revela que en el plazo de 35 años habrá un incremento de la aridez que, junto a la erosión y las plagas, puede acabar con las grandes extensiones de monocultivos como las viñas, naranjos y olivos), utilizando abonos orgánicos, desechando malas prácticas agrícolas (como el cultivo en pendiente arando a favor de la misma y el riego sin control), etc.
Aunque parezca un tanto paranoica esta preocupación por la soberanía alimentaria y pudiera levantar sospechas de proteccionismo en la UE, se pueden dar algunos pasos obviando este problema como, por ejemplo, el fomento de la repoblación de pueblos, la formación en agricultura ecológica, la creación de un banco de semillas tradicionales, el fomento de pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas en detrimento de las grandes explotaciones, la prohibición de cultivos transgénicos, la promoción de una campaña para la paulatina modificación de la dieta de los españoles hacia una dieta más vegetariana,…
Quizá algunas de las medidas que se vayan a tomar en este terreno se encuentren entre las más controvertidas entre partidarios del crecimiento y de la resiliencia. Por ejemplo, ¿Cómo llevar a cabo la protección de nuestros recursos naturales al tiempo que los utilizamos? ¿Hasta qué punto y cómo pueden aplicarse las reglas de Daly en una economía capitalista? ¿Puede la agricultura ecológica alimentar a todo el país o ha de convivir con la industria agrícola y ganadera actuales? Este tipo de cuestiones son las que hay que debatir y ponderar con el fin de priorizar unas medidas sobre otras y de establecer plazos para llevarlas a cabo.
Vulnerabilidad y resiliencia económica y política
La vulnerabilidad de la economía española es crítica. La elevada deuda pública y privada, la dependencia financiera del Estado de la banca privada y del BCE, la fuerte dependencia de los combustibles fósiles y de la industria manufacturera a causa del declive industrial de nuestro país, la escasa diversidad del modelo productivo, su reducido I+D con una financiación que no está enfocada hacia el cambio del modelo productivo (25), la pérdida de derechos de los trabajadores y una fiscalidad retrógrada que grava las rentas del trabajo y las de los pequeños y medianos empresarios muy por encima de las del gran capital, hacen que la economía española sea muy sensible a futuras eventualidades, como, por ejemplo, crisis financieras, fluctuaciones de los precios del petróleo, consecuencias del cambio climático en la agricultura, etc.
El principal objetivo entonces no será el crecimiento económico (aumento de productividad, aumento del valor añadido), ni tampoco el decrecimiento, sino dotar a nuestro país de un sistema económico con mayor resiliencia y encaminado a lograr la sostenibilidad ecológica. Podría pensarse que la mejor manera de aumentar la resiliencia es potenciar el crecimiento y así obtener ventajas comparativas respecto a otros países pero, como se ha comentado anteriormente, el capitalismo es un sistema que nos lleva a la destrucción y en este contexto no hay ventajas comparativas que valgan.
Creemos que un aspecto esencial para el futuro de nuestro país es el cambio del modelo productivo actual. Dada su fuerte dependencia del exterior, su escasa diversificación y su insostenibilidad ambiental, el modelo actual es muy vulnerable a un contexto de decrecimiento de energía y materiales, de agravamiento del cambio climático o de una crisis financiera.
Queda fuera de nuestra capacidad y de los objetivos de este artículo la elaboración de una propuesta de un modelo productivo, por lo que solo nos limitaremos a enunciar unos criterios e indicar algunas medidas a modo de ejemplos.
Creemos que el nuevo modelo productivo ha de basarse en los siguientes criterios:
- El sistema productivo está enclavado en el territorio por lo que ha de ajustarse a la legislación derivada de la nueva Ordenación del Territorio.
- En un contexto de decrecimiento energético y material, el sistema productivo ha de iniciar el camino hacia una relativa desmaterialización de la economía, mediante el ahorro, la eficiencia, el reciclado y el desarrollo de economías con bajos insumos de materiales y energías, como la economía de cuidados.
- Ha de ser más sostenible con predominio de un uso de energías y materiales renovables, adoptando medidas como, por ejemplo, la reforestación de zonas próximas a pueblos y ciudades para el aprovechamiento comunitario dentro de unos años de biomasa para cocina y calefacción elevando así la Tasa de Retorno Energético de esta fuente de energía y preservando la diversidad biológica.
- Ha de ser más adaptable aumentando la diversificación y la localización de la producción, fomentado la empresa cooperativa y la reestructuración de los sectores estratégicos actuales: agroalimentario, transporte y automoción, turismo y construcción.
- Promover el desarrollo de una tecnología apropiada a la escala de nuestro sistema productivo y que sea coherente con sus objetivos mediante un Plan I+S+i (denominación más apropiada que la de I+D+i en una economía encaminada a la Sostenibilidad)
- El trabajo no es una mercancía, por lo que han de garantizarse los derechos de los trabajadores; en primer lugar, el derecho al trabajo.
- El Estado se reserva el derecho de planificar democráticamente la economía y la producción y nacionalizar total o parcialmente los distintos sectores productivos para garantizar los objetivos del modelo productivo. Por ejemplo, habría que crear una banca pública no solo para facilitar el crédito a familias y empresas sino para financiar las nacionalizaciones y un Plan I+S+i, así como aminorar las consecuencias de un posible colapso del sistema financiero internacional. Nacionalizar Red Eléctrica Española con la perspectiva a medio plazo de hacer lo propio con las empresas eléctricas. Recuperar la gestión pública del agua.
No obstante, el principal problema de la sociedad y economía españolas es político y viene determinado por la existencia de una oligarquía que domina las finanzas, es dueña de los grandes medios de comunicación privados y que, aliada del poder político, acaba imponiendo la política económica. El crecimiento económico español, que con la crisis nos ha llevado al endeudamiento actual del Estado y a un alto grado de corrupción, es resultado de esta alianza. El movimiento 15M ya denunció este pacto. Con el gobierno del PP se puso de manifiesto la falta de escrúpulos para mentir con tal de conseguir el poder y desmontar el estado de bienestar con la anuencia de la UE, mientras los numerosos escándalos de corrupción distanciaban cada vez más a los ciudadanos de la clase política.
La emergencia de Podemos, como partido que ha sabido recoger las demandas del 15M, ya ha empezado a airear las estructuras de los partidos y a modificar el discurso de sus dirigentes. Pero sería muy importante para empoderar a la ciudadanía, revitalizar la política, mejorar la democracia representativa con sistemas de control eficaces y promover la democracia participativa. Sin duda alguna, estas medidas aumentarían la confianza de la gente en el sistema político y la resiliencia, en general.
Pero todos los logros carecerán de sentido si no se detienen la implantación del TTIP y del TiSA (Acrónimos en inglés del Tratado de Libre Comercio e Inversión y de Asociación Trasatlántica de Comercio e Inversión, respectivamente).
Si ya es fuerte la dependencia del Estado de las reglas del juego de corte neoliberal surgidas de Maastricht, con la firma de estos tratados la dependencia y vulnerabilidad de los Estados, de los trabajadores y de la ciudadanía sería extrema e irreversible por mucho tiempo debido a las cláusulas de indefensión de los mismos frente a las compañías privadas. El TTIP es un tratado entre EEUU y la UE. Con este tratado, la población europea se encontraría indemne ante las empresas de transgénicos, de la ganadería hormonada y de los agroquímicos (26) y los agricultores quedarían a merced de las compañías multinacionales. Con el TTIP, España perdería no solo la seguridad alimentaria sino la posibilidad de alcanzar la soberanía alimentaria. En la negociación del TiSA, participan, además de la UE y EEUU, 21 países más. El secretismo más absoluto preside la negociación de este tratado cuyos términos no se podrán dar a conocer hasta 5 años después de su implantación. Con este Tratado unas cuantas compañías privadas van a monopolizar el sector servicios de los países firmantes.
Sería de desear que la población española apoyara a la izquierda en las próximas elecciones generales. Pero de no ganar, hay tres compromisos que el conjunto de la izquierda radical debería asumir en la próxima legislatura:
- Informar y promover un debate sobre la emergencia de la situación que vivimos a causa del pico del petróleo y del cambio climático.
- Promover sendos debates sobre el contenido y consecuencias del TTIP y del TiSA para España, en general, y la clase trabajadora, en particular.
- Formar una comisión de científicos y técnicos que elabore un Plan de Ordenación del territorio que garantice el uso sostenible de nuestros recursos renovables.
Es la hora de las grandes decisiones y para eso se requieren grandes estadistas. Las autoridades de un pequeño Estado, el archipiélago de Kiribati, pretenden comprar 20 kilómetros cuadrados de tierra en las islas Fiji para poder alojar a 103.000 compatriotas ante la irreversible subida del nivel del mar y la salinización de sus acuíferos. Sin duda se trata de una medida radical (27). ¿Por qué no se percibe en España una situación de emergencia como la que se nos viene encima y comienzan a tomarse medidas para mitigar el sufrimiento de la población actual y asegurar el futuro de las próximas generaciones?
Máximo Luffiego García y Julio Soto López
Referencias
(1) Rosa, I (2015). Sí se puede, pero solos no podemos. http://www.eldiario.es/
(2) Turiel, A (2010). Digámoslo alto y claro: esta crisis económica no acabará nunca.http://crashoil.blogspot.com.
(3) Deroeux, I (2015). California se seca y las autoridades imponen severas restricciones al consumo de agua.http://www.infolibre.es/
(4) Crespo, J.I (2015). En los límites de lo desconocido. http://www.elmundo.es/opinion/
(5) Hinton, J (2015). Esta búsqueda incesante del crecimiento es lo que está llevando a Grecia a la autodestrucción. http://www.15-15-15.org/
(6) Luengo, F (2015). Crecimiento y desempleo. Más falacias. http://blogs.publico.es/
(7) Turiel, A (2014). La espiral. http://crashoil.blogspot.com.
(8) Harich, J. Citado por Mediavilla, M (2015). Matar para sobrevivir. https://contadashabas.
(9) Foley J. Límites de un planeta sano. Investigación y Ciencia, Junio 2010.Nº 405
(10) VV. AA. (2014). Manifiesto última llamada https://
(11) Navarro, V y Torres, J (2014). Un proyecto económico para la gente. Podemos.
(12) Monedero, J.C. Citado por Noguero, E (2014). Podemos y el techo de cristal. The oil crash.http://crashoil.blogspot.com.
(13) Heinberg, R (2015). Después del Pico. http://laencrucijadasistemica.
(14) Carpintero, O y Bellver, J (2013). ¿Es posible la sostenibilidad ambiental en la economía española? La situación del mundo en 2013. Worldwatch Institute.
(15) Fenández Durán, R y González Reyes, L (2014). En la espiral de la energía. Libros en Acción, Baladre y Autores (Eds.)
(16) Laval, Ch y Dardot, P. Entrevista realizada por Fernández-Savater, A, Malo, M y Ávila, D (2014). El neoliberalismo es una forma de vida, no solo una ideología o política económica. http://www.eldiario.es/
(17) Laval, Ch y Dardot, P. (Op. Citada)
(19) Garzón, E. (2014). La renta básica estaría muy bien, pero la garantía de empleo estaría mejor. Blog Saque de esquina. http://eduardogarzon.net/la-
(20) Trainer, T (2011). ¿Entienden bien sus defensores las implicaciones políticas radicales de una economía de crecimiento cero? http://www.sinpermiso.info/
(21) Carpintero, O y Bellver, J (2013). Op. Citada.
(22) Jackson, T (2009). Prosperidad sin crecimiento. Eds. Icaria, Intermón Oxfam. Barcelona, 2011.
(23) Agencia Estatal de Administración Tributaria (2012). Información estadística sobre el comercio exterior. Ed. Ministerio de Hacienda.
(24) Gómez Cantero, J. (2014). Cambio climático en Europa: Percepción e impactos 1950-2050. Eds. Los Verdes-ALE / EQUO
(25) Torres, J (2010). Cambio de modelo productivo ¿de qué estamos hablando? Temas para el Debate, nº 194
(26) Vivas, E (2014). TTIP ¡Sacad las manos de la comida! http://blogs.publico.es/
(27) La Voz del Interior (2012). Kiribati, el país que se mudaría a Fiji para evitar desaparecer. http://noticias-ambientales-
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