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La reválida es una figura del sistema educativo franquista. ¿En qué tipo de modelo educativo se enmarca esta prueba ‘rescatada’ de aquella época?
Enrique Javier Díez Gutiérrez |
Más: El gobierno en funciones aprueba el sistema de reválidas para ESO y Bachillerato por Real DecretoReválidas: un golpe bajo de Rajoy a la educación.
Las reválidas son figuras obsoletas del sistema educativo franquista marcado por un modelo educativo basado en la disciplina autoritaria, el control por el miedo y el clasismo. Se sintetizaba en lo que popular y acertadamente se denominó “la letra con sangre entra”. Donde se premiaba el esfuerzo individual, la sumisión a la autoridad y la asunción del destino de unos a los estudios de élite y el resto a ser expulsados cuanto antes del sistema educativo.
De 100 alumnos y alumnas que iniciaron la Enseñanza primaria en 1951 (con 6 años), ingresaron solo
27 en la Enseñanza media (con 10 años);
18 aprobaron la Reválida de Bachillerato elemental (con 14 años) y solo
10 el bachillerato superior (con 16 años);
5 consiguieron aprobar el Preuniversitario (17 años) y
3 alumnos culminaron sus estudios universitarios en 1967.
En el curso 1965-66, la media de aprobados en la reválida de bachillerato elemental fue de 50,3% y del 56,9% en la reválida de bachillerato superior. Estas reválidas eran exámenes memorísticos muy temidos, que servían para segregar y expulsar del sistema a la mitad de la población escolar y a prácticamente todos los hijos de la clase trabajadora.
Solo llegaban a la Universidad el 0,5% de los hijos de clase trabajadora.
De 100 niños, hijos de obreros del campo, que iniciaban primaria
llegaban a cursar enseñanza media 4,2
y enseñanzas superiores 0,2.
Mientras que de 100 niños, hijos de directores y gerentes de empresas que iniciaban primaria,
72 cursaban enseñanza media y
14,2 llegaban a enseñanzas superiores.
Por eso incluso la reforma educativa del final del franquismo, la Ley General de Educación (1970), intentó superar la rigidez y exclusión del sistema educativo de la dictadura, con la supresión de las “temidas reválidas”, introduciendo la evaluación continua.
¿Explíquenos en qué sentido “ha reculado” el Gobierno con las reválidas?
Realmente no ha reculado. Aunque pueda dar esa impresión inicial. Pero si se analiza el decreto que el Ministro de Educación, Mendez de Vigo, y su equipo proponen lo único que se plantea es que estas pruebas pierdan parte de su carácter centralista y uniformizador, e incluso se acepta –con la boca pequeña, porque ya veremos qué pasa más adelante, tras las elecciones- no publicar los ránquines con los resultados de las reválidas.
Pero esto no significa que haya variado ni un ápice la filosofía que anima este tipo de pruebas, que supuestamente buscan “elevar” los resultados educativos, como dice el gobierno. Pero está sobradamente demostrado que este tipo de pruebas estandarizadas sólo sirven realmente para fomentar un aprendizaje fundamentalmente memorístico y descontextualizado, mediante un control burocrático de las prácticas escolares y la profesión docente.
Las investigaciones demuestran que, a pesar de los recursos invertidos en este tipo de evaluaciones estandarizadas desde la década de los 90, no hay mejoría consistente ni significativa en los resultados escolares de los países, en los campos o aspectos evaluados. Más bien se observan efectos negativos, así como debilidades técnicas, pues sólo tienen en cuenta lo que el alumnado hace en el momento de realizar las mismas.
Lo que ha hecho en definitiva el Partido Popular es una operación de maquillaje ante las nuevas elecciones, simulando que recula, como maniobra electoralista para un futuro pacto neoliberal con Ciudadanos, pero sin variar en nada la filosofía segregadora de fondo de la LOMCE profundamente excluyente y competitiva.
Una buena parte de la opinión pública sostiene que las reválidas son “segregadoras”. ¿En qué sentido?
Estas pruebas buscan en última instancia identificar, etiquetar y pre-seleccionar desde primaria a aquel alumnado que tiene problemas de aprendizaje de cara a su futura selección definitiva en la secundaria y el bachillerato. Es la finalidad principal. Si su objetivo fuera ayudar en el proceso de aprendizaje, se harían al principio y a lo largo del proceso, como se hace la evaluación continua, y no al final. Si su objetivo fuera apoyar el proceso de aprendizaje y atender las dificultades que surjan, requeriría que se dotaran de recursos, medios y personal para atender dichas dificultades, personalizar la atención educativa y reforzar a quienes más lo necesitan.
Pero, el auge de estas reválidas está acompañado con el recorte de apoyos y recursos que acompaña a la ley, que ya se cifran en 8.000 millones de euros. Si la finalidad fuera diagnosticar las necesidades, cómo se conjuga con un recorte en educación que nos sitúa de nuevo en la cola de los países de la UE, con el compromiso añadido de este gobierno con la Troika de recortar todavía más en educación hasta dejarnos en un 3,9 del PIB, cuando la media de la UE está en un 6,2 y países como Finlandia superan el 7% del PIB.
Está claro que el modelo de las reválidas no está al servicio de la mejora de la educación, que debería ser el objetivo básico. Está mucho más orientada a seleccionar, segregar y sancionar que a identificar los problemas y establecer medidas de mejora. Realmente responde a una concepción neoliberal cuya finalidad fundamental es crear un mercado educativo (financiado públicamente) donde se examine a los centros escolares (proveedores de educación) para que se “esfuercen” en ofrecer un producto atractivo, a la medida de las demandas de los clientes, para que todas las familias, convertidas en consumidores y consumidoras, puedan elegir aquel que más ventajas competitivas les pueda reportar a su prole. Ya no se trata de mejorar todos los centros, ni de garantizar el derecho a la mejor educación de todos los niños y niñas, sino de elegir la “mejor” opción para los míos. Es la consagración de la competitividad darwinista en educación. El triunfo del individualismo y la competencia de todos contra todos.
Y, ¿qué suponen para la comunidad educativa? ¿Cuáles son los ‘efectos colaterales’ negativos?
El problema añadido, como denuncian múltiples profesionales de la educación, son los efectos negativos colaterales de estas evaluaciones estandarizadas:
a) la presión sobre los niños y niñas para que tengan resultados acomodados a las pruebas;
b) el estrés del control continuo y permanente, como si solo se pudiera estudiar mediante la presión y el miedo al examen, olvidando la curiosidad y la pasión por el conocimiento;
c) la selección de aquellos “clientes” que son buenos para no descender en el ranking, y la exclusión de quienes tienen más dificultades de aprendizaje y son los que realmente más nos necesitarían;
d) la deslegitimación de la función docente y la desconfianza hacia el profesorado, ya que no es el profesorado que tiene docencia directa con el alumnado el que evalúa, pues se le expulsa del proceso de valoración final sobre el grado de aprendizaje del alumnado, recurriendo a otros profesionales;
e) la degradación de contenidos: se acaba estudiando lo que se examina y se centra el tiempo y los esfuerzos docentes en preparar al alumnado para resolver pruebas y exámenes, como ya pasa en 2º de Bachillerato de cara a la selectividad;
f) el control sobre el trabajo docente y la pérdida de la innovación educativa, al convertirse el profesorado en “preparadores de pruebas”, sufriendo así un control directo sobre su trabajo y sobre lo que debe enseñar;
g) el coste económico para el sistema, tan alto como inútil, por la realización de las múltiples pruebas externas todos los años. Además, para el alumnado jugarse en una prueba externa los años de escolarización es injusto y contradice la función de la evaluación como mejora de la educación respetando la diversidad y los diferentes ritmos de aprendizaje;
h) el gran negocio que supone una inversión de millones de euros en pagar a grandes empresas privadas como Pearson, McGraw-Hill y Educational Testing, en lugar de dejar que sean los profesores y profesoras los que se ocupen del aprendizaje de su alumnado; y el coste para las familias del alumnado que haya suspendido, cuando tengan que pagar academias para repetir la reválida;
i) la publicidad de estas pruebas convierte la evaluación en un mecanismo de competición entre centros y no de cooperación, y en un dispositivo de clasificación y segregación del alumnado y los centros escolares.
¿Qué opina de los cuestionarios adicionales a familias y profesores?
Los cuestionarios de las reválidas parecen diseñados por Microsoft o Telefónica
El Ministro “en funciones” sigue funcionando, por su cuenta y riesgo, desoyendo el mandato del Congreso que ha aprobado por mayoría abrumadora la paralización de la LOMCE. Ha publicado recientemente, en el BOE del 15 de abril de 2016, una Resolución que implanta “cuestionarios de contexto e indicadores comunes de centro” para la evaluación final de Educación Primaria. Estos cuestionarios que se aplican a alumnado, familias y dirección, analizan el contexto de una forma muy peculiar y sesgada. Inquiriendo al alumnado sobre las veces que ha repetido, no sobre las causas; la frecuencia que ha faltado a clase, no las razones ni el por qué; si utiliza ordenador o tableta para el trabajo escolar, como si eso fuera esencial para el aprendizaje; si hace deberes, cuando están tan cuestionados.
A las familias les pregunta de qué nacionalidad son –como si esto fuera un determinante del aprendizaje-; insiste una y otra vez en si utilizan ordenador o tableta en la casa o “cuántos dispositivos de información digital de uso habitual hay en su casa smartphones, smart TV…”.
Al equipo directivo les pregunta hasta tres veces, como Jesucristo a Pedro, si tienen problemas por la falta o inadecuación de dispositivos tecnológicos para la docencia, la deficiente conexión a internet o la falta o inadecuación de software para la docencia. Parece, en algunos casos, un cuestionario diseñado por Microsoft o Telefónica. No parece que este sea el contexto más relevante que influye en las dificultades o mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Creo que el Ministro tiene que repasar algunas cuestiones pedagógicas sobre educación, antes de seguir funcionando “sin funciones”.
Ocho comunidades autónomas se han declarado insumisas. ¿Qué puede derivarse de ello?
Izquierda Unida ha venido promoviendo campañas de insumisión a la LOMCE, pues la desobediencia civil ante una ley injusta es legítima. Igualmente lo han hecho confederaciones de asociaciones de madres y padres, sindicatos, mareas verdes y, en definitiva, la comunidad educativa. Cuando ahora un grupo tan numeroso de Comunidades Autónomas se declaran insumisas aplaudiríamos su actitud, si fuera realmente de insumisión. Pero poca “insumisión” es seguir haciendo evaluaciones aunque sean “menos externas”. Realmente no varían sustancialmente la filosofía y el modelo. Por eso creemos que deben pasar de las declaraciones a los hechos. Recordándoles que no se trata solo de paralizar lo no implantado de la ley (sólo un 10%), sino de derogarla, un compromiso que firmaron sus partidos a nivel estatal en la anterior legislatura, y del que ahora no se pueden desdecir.
Porque ya han empezado a sonar las primeras campanas con la primera iniciativa legislativa del PSOE, que pedía la paralización pero no la derogación. Que lo fiaba al futuro, alegando que había que elaborar una alternativa a la ley –cuando el PSOE ha participado en el Acuerdo Social y Político por una Nueva Ley educativa, aunque lo ha hecho a última hora y desde una cierta distancia sin comprometerse mucho-. Vamos que ha empezado a sonar a aquello de “LOMCE de entrada no”, como cuando la OTAN y acabamos metidos hasta el cuello en la Alianza Atlántica. Si a esto añadimos lo que se anunció en materia educativa en el pacto entre PSOE y C’s, el retroceso es clamoroso y casi parece aquello de “donde dije digo, digo diego”.
Tanto en EEUU como en Europa se está empezando a cuestionar este tipo de pruebas. En términos generales, ¿conoce cuál es la situación en los países de la Unión Europea?
Es cierto que con la LOMCE este modelo neoliberal y tecnocrático, centrado en pruebas estandarizadas, ha sido importado acríticamente en nuestro país, justo en momentos en que dichas pruebas son debatidas, cuestionadas y refutadas en muchos países del Norte. De hecho en toda Europa, solo una región belga exige en la UE una reválida al final de la primaria que condiciona la progresión del alumnado. En Malta se han eliminado las pruebas que enviaban a los niños y niñas a un tipo u otro de centros de secundaria. En cuanto a las reválidas de secundaria Irlanda es el único país de toda la UE donde el título se otorga únicamente en función de un examen final externo. Finlandia, Suecia y los países del centro de Europa se basan sólo en las notas y en el trabajo realizado durante el curso, como sucedía hasta ahora en España, antes de entrar la LOMCE en vigor.
Pero lo cierto es que la fiebre examinadora –del alumnado de diversos niveles, de los docentes, de las instituciones escolares (y ahora, ¡incluso de las familias!, según se propone en EE.UU.) – que viene creciendo desde la década de 1990, no se ha traducido en la anunciada "mejoría". Y es que, las reválidas por sí mismas, no mejoran ni cambian nada, solo seleccionan. La experiencia de EEUU, que abusa de pruebas externas, indica que los resultados han sido un desastre y ha reforzado la mediocridad del sistema. En Gran Bretaña docentes y familias están actualmente en huelga como protesta por las evaluaciones-revalidas (SATs) que les van a hacer a los 6-7 años.
En un artículo del Foro de Sevilla, usted y otros profesionales de la docencia advierten del ‘goloso’ negocio que suponen las reválidas para algunas grandes empresas privadas. ¿Cuáles son esas empresas y de cuánto dinero público podemos estar hablando?
Por ejemplo, Servinform S.A., una empresa de externalización de servicios, no educativa, cobrará más de 300.000 €, por las reválidas solo en Madrid (Boletín de la Comunidad de Madrid del 25 de abril de 2016). Haciendo números, el curso 2011-2012, según el Ministerio de Educación, se matricularon 391.246 alumnos en 4º de la ESO y 281.046 en 2º de Bachillerato. Esto generaría casi 700.000 exámenes externos. El monto económico anual de semejante operación no se le escapa a nadie. Además, quienes no hayan superado las reválidas en su momento tendrán una “segunda” oportunidad más adelante, lo que aumentará la cifra del negocio. No olvidemos que el PP ha destinado 14,5 millones en los presupuestos generales del 2016 a reválidas y evaluaciones finales solo en Primaria. Un suculento negocio sobre el que ya están sobrevolando incluso los “fondos buitres”.
Como analiza Carles Sirera, de la Universidad Jaume I de Castelló, la multinacional Pearson, en 2006 compró la National Evaluation Series, la primera empresa norteamericana dedicada al testing y se posicionó a nivel mundial como los principales expertos en medir la “eficacia educativa”. No es un hecho menor, especialmente si tenemos en cuenta que Pearson es el responsable del test PISA. Esta empresa tiene como principal objetivo comercial “lograr el monopolio de la medición de la eficacia del sistema educativo”, tal como afirma en su página web. Es decir, Pearson decidirá qué es el éxito en educación y, al mismo tiempo, serán los máximos proveedores de materiales y cursos complementarios para lograr ese éxito.
¿No es un gran negocio? Por si alguien tiene dudas, Pearson en su web también deja muy claro cuáles son sus prioridades pedagógicas: los accionistas.
La mayoría de las fuerzas políticas se han comprometido a derogar la LOMCE.
¿Cuáles han sido sus efectos más perniciosos o regresivos para la Educación?
La LOMCE ha sido la justificación y coartada ideológica de los recortes del PP en educación, que ya han superado los 5.000 millones de euros durante su legislatura y ha supuesto el recorte de 32.000 docentes en la enseñanza pública
La LOMCE ha sido la justificación y coartada ideológica de los recortes del PP en educación, que ya han superado los 5.000 millones de euros durante su legislatura y ha supuesto el recorte de 32.000 docentes en la enseñanza pública. Ha sido una contrarreforma educativa impuesta que ha sido rechazada por todos los sectores de la comunidad educativa, que han protagonizado una movilización sostenida durante toda la andadura del proyecto de ley, antes y después de su paso por las Cortes. Es una ley que atenta contra el derecho universal a la educación en condiciones de igualdad, que ha supuesto un desmantelamiento aún mayor de la educación pública y cuya finalidad es seleccionar futuras élites dirigentes segregando y excluyendo a quienes más apoyo necesitan.
Sus efectos se han hecho notar de inmediato. Este curso se ha caracterizado por menos calidad, equidad e igualdad de oportunidades, como consecuencia de los recortes en becas, de los programas de compensación educativa, de la masificación de alumnado en las aulas debido al despido de esos 32.000 profesores y profesoras, y una universidad cada vez más privatizada y clasista, que ha triplicado las tasas de las matrículas y recortado el acceso a las becas. Los recortes y la entrada en vigor de una ley segregadora y privatizadora no sólo están deteriorando el servicio público sino que está desviando alumnado y dinero público hacia la enseñanza privada. Estamos en un estado de emergencia educativa, una "crisis educativa" que se hace "insostenible" para la calidad y equidad del sistema y el futuro del país porque cae la inversión, crece el número de alumnado y disminuye el profesorado para atenderle.
Estamos en un estado de emergencia educativa, una "crisis educativa" que se hace "insostenible" para la calidad y equidad del sistema y el futuro del país porque cae la inversión, crece el número de alumnado y disminuye el profesorado para atenderle
La "privatización" encubierta de los ciclos de Infantil y bachillerato; la aplicación de los Reales Decretos del PP 14/2012 y 20/2012, que supusieron el aumento de la ratio del alumnado por aula; el aumento del horario lectivo; la mayor tardanza en las sustituciones de los docentes; los tres decretos que avanzan en la privatización de la universidad pública; el "compromiso" del Gobierno de "rebajar" la inversión educativa al 3,9% del PIB, además del recorte de más de 7.000 millones de euros en los últimos cinco años (entre PSOE y PP), una quinta parte de los fondos públicos destinados a la educación; así como la supresión de medidas de atención a la diversidad, y los recortes o supresión de becas al estudio, de libros, de comedor, de transporte, etc., han disparado la indignación de familias, estudiantes y profesorado viendo cómo los recortes educativos sirven para destinar el dinero público al rescate de la banca, mientras se desmantela la educación pública.
Creo sinceramente que la educación pública está siendo sistemáticamente atacada desde hace tiempo, en diferentes Comunidades Autónomas, especialmente por los gobiernos del PP, cuya ideología mercantilista y privatizadora (“menos Estado y más mercado”) quiere convertir la educación en un negocio, poniendo gran parte de los nuevos centros educativos en manos de la enseñanza privada concertada, mayoritariamente católica. Este proceso de privatización, que pretende convertir la escuela pública en subsidiaria de la privada, se ha acentuado de forma exponencial en los últimos años. Y más ahora que, con el pretexto de la crisis, se está aplicando todo un programa sistemático de recortes sociales y de estrangulamiento económico de lo público.
Un reciente estudio de CCOO muestra que la universidad pública en España es de las más caras de Europa. ¿Qué está suponiendo y qué va a suponer para el futuro?
Desde el curso 2011/2012 hay 77.000 estudiantes menos en las universidades públicas y 5.000 más en las privadas
Efectivamente España se sitúa entre los países de la Unión Europea y del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) con precios medios más elevados, tanto en estudios de Grado como de Máster Oficial. Si a esto le añadimos que sólo un 29% de los estudiantes universitarios, tanto en universidades públicas como privadas de España, ha podido obtener algún tipo de ayuda parcial en forma de beca por parte del Gobierno de la nación. Y le sumamos que España es el país donde más ha crecido la desigualdad desde el inicio de la crisis, según la OCDE.
Esto es resultado del estrangulamiento al que le somete el gobierno a las Universidades Públicas: actualmente disponen de 1.384 millones menos de presupuesto que en 2010, volviendo casi al presupuesto de hace una década. El PP está practicando el estrangulamiento de las Universidades públicas, de la investigación I+D+i, el aumento de los precios de las matrículas y la disminución de becas y ayudas, así como endurecimiento de los requisitos para acceder a ellas, lo que ha provocado que desde el curso 2011/2012 haya 77.000 estudiantes menos en las universidades públicas y 5.000 más en las privadas y de la jerarquía católica, especialmente en los máster más caros.
Pero más allá de esto, parece que quiere dejar asentado su modelo neoliberal en el sistema universitario realizando una auténtica contrarreforma universitaria global, pero aplicada a plazos, mediante diferentes Decretos, como el del 3+2, o del Estatuto de la ANECA, o el de la acreditación del profesorado, o el RD-Ley 20/2015 de acceso y movilidad del profesorado o el de creación de universidades que facilitará el incremento de campus privados, que ya pasaron de 13 a 33 entre 1997 y 2015, a pesar de que el Gobierno habla, insistentemente, de la necesidad de reducir lo que considera un número excesivo de titulaciones y centros.
A este panorama en Educación Superior hemos de añadir que desde 2012 las políticas del gobierno del PP han recortado 7.766 puestos de trabajo en las Universidades Públicas, sustituyendo además empleo fijo y de calidad por docentes con contratos laborales temporales y precarios. Un panorama desolador que dejará la Universidad Pública como un erial tras el paso del Partido Popular por el gobierno estos cuatro últimos años y que hemos de revertir con otro gobierno del cambio si queremos apostar por otra Universidad posible entendida como servicio público que no busque la “competitividad” y la “excelencia”, sino la calidad y la cooperación al servicio de la sociedad, para hacerla más justa, más sabia, más universal, más equitativa, más sostenible, orientada a la formación de personas creativas y críticas con una elevada formación cultural y profesional.
CCOO ha calculado que poner las matrículas gratuitas en las universidades españolas le costaría al Gobierno 1.300 millones de euros cada año, descontando el dinero que ahora se invierte en becas. Como dice este sindicato “un país no puede salir de la crisis si no apuesta por una educación universitaria pública de calidad accesible para toda la población independientemente de su nivel económico”. Por eso Izquierda Unida siempre ha apostado por una Educación Pública gratuita que, desde la primera infancia hasta la universidad, luche contra la lógica del mercado. Una educación que reafirme la prioridad absoluta de los seres humanos sobre la rentabilidad económica.
http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/revalidas/20160508174131128144.html
miércoles, 3 de agosto de 2016
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