_- Entrevista a Bruno Estrada, economista y dirigente de CC.OO. “La democracia no debe quedarse en lo público. Tiene que entrar también en la economía privada”

_- Emilio de la Peña

CTXT

Parafraseando a Marx, los economistas críticos no han hecho más que cuestionar de diversas maneras el sistema, que genera una enorme desigualdad, pero de lo que se trata es de transformarlo.

Bruno Estrada, economista, con perdón, adjunto al secretario general de Comisiones Obreras, director del Área de Democracia y Desarrollo Productivo de la Fundación 1º de Mayo de CC.OO., analiza las diversas maneras en que se ha tratado de transformar el sistema productivo durante el último siglo, pero sobre todo se pone a la tarea de cómo afrontar esa transformación hoy en sociedades complejas y desarrolladas. La llama La Revolución Tranquila . Ese es el título del libro que acaba de publicar. A su profesión de economista añade una doble afiliación: la de miembro de CC.OO. y, con la convicción de que el sindicalismo debe ser activista políticamente, la de integrante de Podemos.

¿Qué es la Revolución Tranquila?
La idea que quiero transmitir con ese concepto es que se pueden afrontar procesos de transformación social profundos sólo si se plantean desde espacios democráticos. La Historia nos ha llevado a la conclusión de que acelerar los cambios a través de procesos más o menos violentos finalmente convierten los supuestos avances en retrocesos. Es lo que ha pasado en los países del socialismo real o en muchas revoluciones más contemporáneas. Si la gran mayoría de la sociedad no va cambiando paulatinamente asumiendo esos proyectos, las vanguardias, que son las que establecen a dónde hay que llegar, al final se convierten en parte del problema y no en la solución. Por ejemplo, como indico en el libro, el sistema de valores de la Rusia actual es mucho más conservador, tras haber pasado supuestamente por lo que decían que era un sistema socialista, que el de la Suecia actual.

Asegura que la renuncia de la libertad a cambio de la igualdad ha supuesto un lastre para para el socialismo. ¿A qué se debió esa renuncia que no estaba en su origen?
Por un lado, tuvo que ver con ese planteamiento de que sólo las vanguardias eran capaces de establecer lo que la sociedad quería tener y, por tanto, no era necesario dar libertad a la gente. Creo que fue un grave error. Construir sociedades más igualitarias, más libres, exige la participación de la sociedad, no de pequeños grupos organizados.

Junto a ello, la socialdemocracia, que en sus inicios mantuvo un equilibrio entre igualdad y libertad, a partir de la revolución neoliberal de los años 80, tomó una posición sumisa frente al neoliberalismo y dejó de reconocer que es el Estado de Bienestar el que ofrece libertad para más gente, frente a la visión espuria de la libertad que nos quiere vender el neoliberalismo, que en el fondo es libertad para unos pocos privilegiados. La izquierda entonces contrapuso libertad con igualdad. Yo creo que son elementos complementarios: cuanta más igualdad haya mayor libertad habrá para mayor número de personas, porque la gente accede a mayores niveles de libertad si tiene unos niveles materiales cubiertos.

Pero el neoliberalismo, que ha hecho de la libertad su bandera, también prescinde de ella cuando le hace falta. El caso de Chile con Pinochet es el más claro.

Ese es un claro ejemplo de libertad económica y un régimen dictatorial de represión de trabajadores y sindicatos. La defensa de la libertad neoliberal es falsa, es la libertad de unos pocos.

¿Y cómo afrontar otra forma de libertad económica que beneficie a todos, no sólo a los ricos?
Debemos repensar la libertad económica desde la democracia, que participen en ella todos los agentes de la actividad económica, no sólo los accionistas y directivos, sino también los trabajadores y los consumidores. En el seno de la empresa deberían opinar todos sobre las formas de producción, los horarios, las necesidades salud laboral por encima de las necesidades de producción. La democracia no se puede quedar a las puertas de las fábricas, como señaló Ernts Wigforss, ministro de Economía sueco en los años 30.

Es fundamental repensar la economía de forma diferente a como nos la han enseñado en la Universidad: una economía dirigida sólo por un pequeño número de agentes, cuando en el fondo la economía determina gran parte de nuestra vida. Tenemos que participar todos.

¿Pero, cómo puede conseguirse una democracia efectiva, donde esta abarque también la democracia económica?
Para ello, la izquierda debe empezar a pensar en espacios diferentes a los que pensaba hasta ahora. Tradicionalmente la izquierda divide el espacio económico entre lo privado y lo público, y el único espacio de democratización es el espacio de lo público. Así se aspiraba a aumentar el espacio económico público como forma de aumentar la democracia. Yo planteo que entre ambos hay otro espacio que es el del capital colectivo: los trabajadores pueden también ser propietarios de las empresas, como implantó la socialdemocracia sueca, con una fortísima resistencia de los empresarios, que llegaron a ir a la huelga. Parte del incremento salarial de los trabajadores iba destinado a un fondo que tomaba una parte del accionariado de la empresa. Eso permite que la democracia entre en el espacio de la empresa. Durante la vigencia de esta legislación en Suecia, siete años, el desempleo se redujo hasta el 1,9%, porque la reinversión productiva de los beneficios en la empresa fue mayor. Y el Producto Interior Bruto per cápita de Suecia que en 1984 era el 78% del de EEUU aumentó hasta representar el 126% del Estados Unidos en 1991.

Suecia sin embargo ha cedido también al modelo neoliberal y ahora está amenazada por el ascenso de la extrema derecha.
La batalla por esa transición al socialismo se perdió por el conflicto social generado por los empresarios, al tiempo que era asesinado el principal impulsor de esa vía, Olof Palme. Pero es un modelo que se puede retomar. De hecho, el Partido Laborista Británico acaba de aprobar, en su reciente conferencia anual, una propuesta económica que recoge la participación de los trabajadores en la empresa, tal como se hizo en Suecia. La economía no se puede transformar sólo a través de lo público, sino también con la participación de los trabajadores en las empresas.

¿No están pagando los partidos socialdemócratas el haber asumido sin más los planteamientos neoliberales? Electoralmente no hacen otra cosa que descender desde la crisis y sobre todo desde que se sumaron a las políticas de austeridad y recortes de derechos.
Lo están pagando porque ante la crisis de 2007-2008 los ciudadanos europeos depositaron sus esperanzas en que los partidos que decían representar a los trabajadores y defender el Estado de Bienestar, se harían políticas diferentes, que defendieran a los ciudadanos frente a los mercados financieros. Sin embargo, la gran mayoría de los dirigentes de esos partidos se pusieron de parte de las políticas de austeridad y devaluación salarial. En España lo vimos con Zapatero, también en el socialismo francés y holandés.

Pero la asunción del modelo neoliberal por los socialistas viene de antes ¿no?
Sí, viene de ese aggiornamento socialdemócrata de la llamada Tercera Vía en los años 90. Un hecho relevante ocurrió en 1999 impulsado por Bill Clinton, abanderado de esa Tercera Vía, con Tony Blair. Clinton derogó la ley Glass-Steagall, aprobada tras el crash de 1929, que separaba los bancos de inversión, dedicados a la especulación, de los bancos de depósitos de los pequeños ahorradores, para evitar riesgos financieros a estos. Nadie en sesenta y seis años se había atrevido a acabar con esa ley aprobada durante el mandato de Roosevelt. Ocho años después de la derogación de esta ley por Clinton se desató la mayor crisis financiera desde el Crash de 1929 con el desplome de gran parte del sistema bancario.

Los sindicatos son claves en la defensa de los trabajadores, lo han sido siempre. Y en ese periodo de auge neoliberal también han perdido fuerza ¿Qué ha pasado para que mucha gente se haya alejado de ellos?
Por un lado, se ha debido a la ofensiva neoliberal. Los tres pilares de la hegemonía socialdemócrata de posguerra eran unos sindicatos fuertes, un sistema monetario-financiero controlado, establecido por los acuerdos de Bretton Woods, que evitaba burbujas financieras, y un Estado del Bienestar. Esos tres elementos son lo que ataca el neoliberalismo. Se llevó a cabo una desregulación financiera, con la consecuencia de la explosión de varias burbujas financieras que tienen lugar a partir de los años noventa en la periferia y que finalmente estallan en 2007-2008; se produce un intento de jibarización del Estado de Bienestar y se debilita a los sindicatos, como los agentes que en las empresas pueden enfrentarse a la posición preeminente de los accionistas. Eso se aprecia más en el mundo anglosajón que en los otros países occidentales.

¿Ha afectado también el cambio en los modos de producción?
Las formas de actuación de los sindicatos no pueden ser ahora las mismas. La existencia de grandes fábricas, donde los trabajadores tenían una sensación de comunidad, se ha roto en muchos espacios con la externalización productiva. La acción sindical es mucho más compleja y no se ha respondido de forma adecuada. Yo creo que ahora se está aprendiendo mucho en el tema. Yo pertenezco a Comisiones Obreras. Hace tres años iniciamos un proceso de repensar el sindicato. En Estados Unidos y el Reino Unido se plantean también un cambio en línea con nuestro modelo: que además de la acción sindical en la empresa, el sindicalismo debe desarrollar también el activismo político, sin ser un partido político, algo que allí se había perdido.

¿Y en España? ¿Qué posibilidades de transformación se observan?
Creo que deberíamos ser optimistas. Y valorar cosas hechas aquí. El 15M significó la posibilidad de establecer un relato sobre las causas de la crisis muy diferente al que hubo en la mayor parte de los países europeos. El 15M consiguió marcar como responsables de la crisis al capitalismo depredador, a los grupos financieros y a los fondos de inversión, a los latifundistas de capital, cosa que no ocurrió en otros países europeos. El 15M ha permitido así vacunarnos del ascenso de la extrema derecha, o grupos racistas, que estamos viendo ahora en gran parte de Europa.

@EMILIODELAPE

Fuente: https://ctxt.es/es/20181010/Politica/22198/entrevista-bruno-estrada-libro-la-revolucion-tranquila-podemos-ccoo-sindicalismo.htm

Muere Josefina Samper, fundadora del Movimiento Democrático de Mujeres.

Samper, nacida en 1927, comenzó a militar en las Juventudes Socialistas a los 12 años y dos años más tarde se afilió al Partido Comunista


La compañera del sindicalista Marcelino Camacho, Josefina Samper, ha fallecido en la noche del martes en Madrid a los 90 años de edad, según ha informado CCOO. "Esta noche ha fallecido Josefina Samper, compañera de vida y lucha de Marcelino Camacho, que la tierra te sea leve. DEP", ha escrito el sindicato en su cuenta de Twitter.

Samper, nacida en el municipio almeriense de Fondón en 1927, comenzó a militar en las Juventudes Socialistas a los 12 años y dos años más tarde se afilió al Partido Comunista de España gracias a un hermano de Santiago Carrillo, al que conoció durante su infancia en Orán (Argelia), a donde tuvo que emigrar con su familia en busca de trabajo.

Militante de CCOO, Josefina Samper tuvo desde bien pequeña vocación por la lucha obrera y contribuyó con sus actividades al asociacionismo femenino. Impulsó en 1965 el Movimiento Democrático de Mujeres —germen del movimiento femeninista—, que tenía por objetivo ayudar a mejorar las condiciones de los presos políticos.

Como militante del PCE, Samper participó en la distribución de la clandestina España Popular y trabajó de manera ingente en favor de los inmigrantes y los presos políticos.

Tras la muerte de Marcelino, Samper, que fue galardonada con la Medalla de Andalucía 2016, siguió difundiendo el mensaje de su esposo en charlas y conferencias para que las nuevas generaciones continúen luchando por los derechos de los trabajadores.

"Lo único que quería Marcelino era el bienestar del ser humano desde que nace hasta que muere, luchando y pensando que nada se regala y que todo hay que conquistarlo. Y para conquistarlo, hay que prepararse", afirmaba Josefina en un vídeo elaborado por CCOO cuando fue premiada con la Medalla de Andalucía.

Compañera de Marcelino Camacho
Un día de 1944, el Partido Comunista pidió a Josefina que preparara un aperitivo para tres presos que se habían escapado de un campo de concentración. Uno de ellos era Marcelino Camacho. Se casó con el fundador y primer secretario general de CCOO en diciembre de 1948, y permaneció a su lado hasta el fallecimiento de Marcelino en octubre de 2010. Tuvieron dos hijos, Yenia y Marcel.

Josefina, Marcelino y sus dos hijos regresaron del exilio en 1957 y se instalaron en el madrileño barrio de Carabanchel. Ella misma contó en alguna ocasión que eligió ese barrio por su proximidad a la cárcel, intuyendo el futuro que le esperaba a su marido.

Tras varias entradas y salidas de prisión en años posteriores, Marcelino Camacho fue procesado en el llamado Proceso 1001 en 1973, por el que toda la dirección de CCOO fue condenada a prisión. A Marcelino le cayeron 20 años.

En 1975, los condenados fueron indultados por el rey Juan Carlos y Josefina y Marcelino pudieron vivir su vida y su lucha en favor de los trabajadores fuera de la clandestinidad.

"Ejemplo de lucha por la justicia social"
Las reacciones por el fallecimiento de Samper en la esfera pública no han dejado de producirse durante todo el día. Así, el PSOE, el Partido Comunista de España e Izquierda Unida han alabado la figura de la sindicalista por haber sido un "ejemplo" en la lucha por la clase trabajadora.

Así, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha expresado en Twitter que Samper fue "una mujer valiente, sencilla y un referente en la lucha por los valores democráticos y la libertad", y ha trasladado sus condolencias por su muerte a familiares y amigos.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, por su parte ha expresado su pesar, recordando que la sindicalista fue un ejemplo de "lucha por la justicia social". "Nos deja sus 90 años de rebeldía e inconformismo tejiendo libertades", agregó Díaz.

UGT, por su lado, ha traslalado en su perfil en la red social su "profundo pesar" por la muerte de Josefina Samper, "mujer valiente, luchadora incansable y compañera de vida y luchas de Marcelino Camacho". El sindicato de Pepe Álvarez ha enviado su cariño a la familia de Samper y a los compañeros de CCOO por su pérdida.

El PCE, por su parte, ha colgado un tuit en el que habla de la "camarada" Josefina Samper como un "ejemplo de lucha en favor de la clase trabajadora" y un "ejemplo de dignidad". Desde IU han destacado que, tras la muerte de Samper, "quedará eternamente su ejemplo de lucha y compromiso por la clase trabajadora".

"Hoy se nos ha ido una mujer maravillosa. Una de esas mujeres valientes y sencillas que, con su lucha, trajeron la democracia. Hasta siempre Josefina Samper. No permitiremos que tu nombre se borre de la historia", señala IU en la cuenta oficial del equipo de Memoria Democrática y Proceso Constituyente.

Asimismo, la portavoz de Podemos, Irene Montero, ha destacado en las redes sociales que Josefina Samper "entregó manos, cuerpo e infinito amor a la vida para defender la justicia, la libertad, la democracia, nuestros derechos". "Hasta siempre, compañera. Con tu ejemplo", ha finalizado su mensaje, en el que aparecen un par de fotos de la viuda de Marcelino Camacho.

Desde CCOO han recordado a Semper con una imagen junto al que fue su marido y fundador del sindicato, Marcelino Camacho. La organización sindical ha concluido su mensaje con un "que la tierra te sea leve", una frase que se ha repetido en las distintas condolencias que distintos políticos están escribiendo en las redes sociales.

 Fuente: http://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/02/13/muere_josefina_samper_fundadora_del_movimiento_democratico_mujeres_75199_1012.html

ENTREVISTA A ENRIQUE JAVIER DÍEZ "En el suculento negocio de las reválidas sobrevuelan incluso los fondos buitres” El responsable federal de Educación de IU nos habla en esta entrevista del gran negocio que suponen para empresas privadas estas pruebas estandarizadas impuestas en la LOMCE.

Nuevatribuna |

La reválida es una figura del sistema educativo franquista. ¿En qué tipo de modelo educativo se enmarca esta prueba ‘rescatada’ de aquella época?

Enrique Javier Díez Gutiérrez |

Más: El gobierno en funciones aprueba el sistema de reválidas para ESO y Bachillerato por Real DecretoReválidas: un golpe bajo de Rajoy a la educación.

Las reválidas son figuras obsoletas del sistema educativo franquista marcado por un modelo educativo basado en la disciplina autoritaria, el control por el miedo y el clasismo. Se sintetizaba en lo que popular y acertadamente se denominó “la letra con sangre entra”. Donde se premiaba el esfuerzo individual, la sumisión a la autoridad y la asunción del destino de unos a los estudios de élite y el resto a ser expulsados cuanto antes del sistema educativo.

De 100 alumnos y alumnas que iniciaron la Enseñanza primaria en 1951 (con 6 años), ingresaron solo

27 en la Enseñanza media (con 10 años);
18 aprobaron la Reválida de Bachillerato elemental (con 14 años) y solo
10 el bachillerato superior (con 16 años);
5 consiguieron aprobar el Preuniversitario (17 años) y
3 alumnos culminaron sus estudios universitarios en 1967.

En el curso 1965-66, la media de aprobados en la reválida de bachillerato elemental fue de 50,3% y del 56,9% en la reválida de bachillerato superior. Estas reválidas eran exámenes memorísticos muy temidos, que servían para segregar y expulsar del sistema a la mitad de la población escolar y a prácticamente todos los hijos de la clase trabajadora.

Solo llegaban a la Universidad el 0,5% de los hijos de clase trabajadora.
De 100 niños, hijos de obreros del campo, que iniciaban primaria
llegaban a cursar enseñanza media 4,2
y enseñanzas superiores 0,2.

Mientras que de 100 niños, hijos de directores y gerentes de empresas que iniciaban primaria,
72 cursaban enseñanza media y
14,2 llegaban a enseñanzas superiores.

Por eso incluso la reforma educativa del final del franquismo, la Ley General de Educación (1970), intentó superar la rigidez y exclusión del sistema educativo de la dictadura, con la supresión de las “temidas reválidas”, introduciendo la evaluación continua.

¿Explíquenos en qué sentido “ha reculado” el Gobierno con las reválidas?
Realmente no ha reculado. Aunque pueda dar esa impresión inicial. Pero si se analiza el decreto que el Ministro de Educación, Mendez de Vigo, y su equipo proponen lo único que se plantea es que estas pruebas pierdan parte de su carácter centralista y uniformizador, e incluso se acepta –con la boca pequeña, porque ya veremos qué pasa más adelante, tras las elecciones- no publicar los ránquines con los resultados de las reválidas.

Pero esto no significa que haya variado ni un ápice la filosofía que anima este tipo de pruebas, que supuestamente buscan “elevar” los resultados educativos, como dice el gobierno. Pero está sobradamente demostrado que este tipo de pruebas estandarizadas sólo sirven realmente para fomentar un aprendizaje fundamentalmente memorístico y descontextualizado, mediante un control burocrático de las prácticas escolares y la profesión docente.

Las investigaciones demuestran que, a pesar de los recursos invertidos en este tipo de evaluaciones estandarizadas desde la década de los 90, no hay mejoría consistente ni significativa en los resultados escolares de los países, en los campos o aspectos evaluados. Más bien se observan efectos negativos, así como debilidades técnicas, pues sólo tienen en cuenta lo que el alumnado hace en el momento de realizar las mismas.

Lo que ha hecho en definitiva el Partido Popular es una operación de maquillaje ante las nuevas elecciones, simulando que recula, como maniobra electoralista para un futuro pacto neoliberal con Ciudadanos, pero sin variar en nada la filosofía segregadora de fondo de la LOMCE profundamente excluyente y competitiva.

Una buena parte de la opinión pública sostiene que las reválidas son “segregadoras”. ¿En qué sentido?
Estas pruebas buscan en última instancia identificar, etiquetar y pre-seleccionar desde primaria a aquel alumnado que tiene problemas de aprendizaje de cara a su futura selección definitiva en la secundaria y el bachillerato. Es la finalidad principal. Si su objetivo fuera ayudar en el proceso de aprendizaje, se harían al principio y a lo largo del proceso, como se hace la evaluación continua, y no al final. Si su objetivo fuera apoyar el proceso de aprendizaje y atender las dificultades que surjan, requeriría que se dotaran de recursos, medios y personal para atender dichas dificultades, personalizar la atención educativa y reforzar a quienes más lo necesitan.

Pero, el auge de estas reválidas está acompañado con el recorte de apoyos y recursos que acompaña a la ley, que ya se cifran en 8.000 millones de euros. Si la finalidad fuera diagnosticar las necesidades, cómo se conjuga con un recorte en educación que nos sitúa de nuevo en la cola de los países de la UE, con el compromiso añadido de este gobierno con la Troika de recortar todavía más en educación hasta dejarnos en un 3,9 del PIB, cuando la media de la UE está en un 6,2 y países como Finlandia superan el 7% del PIB.

Está claro que el modelo de las reválidas no está al servicio de la mejora de la educación, que debería ser el objetivo básico. Está mucho más orientada a seleccionar, segregar y sancionar que a identificar los problemas y establecer medidas de mejora. Realmente responde a una concepción neoliberal cuya finalidad fundamental es crear un mercado educativo (financiado públicamente) donde se examine a los centros escolares (proveedores de educación) para que se “esfuercen” en ofrecer un producto atractivo, a la medida de las demandas de los clientes, para que todas las familias, convertidas en consumidores y consumidoras, puedan elegir aquel que más ventajas competitivas les pueda reportar a su prole. Ya no se trata de mejorar todos los centros, ni de garantizar el derecho a la mejor educación de todos los niños y niñas, sino de elegir la “mejor” opción para los míos. Es la consagración de la competitividad darwinista en educación. El triunfo del individualismo y la competencia de todos contra todos.

Y, ¿qué suponen para la comunidad educativa? ¿Cuáles son los ‘efectos colaterales’ negativos?
El problema añadido, como denuncian múltiples profesionales de la educación, son los efectos negativos colaterales de estas evaluaciones estandarizadas:

a) la presión sobre los niños y niñas para que tengan resultados acomodados a las pruebas;

b) el estrés del control continuo y permanente, como si solo se pudiera estudiar mediante la presión y el miedo al examen, olvidando la curiosidad y la pasión por el conocimiento;

c) la selección de aquellos “clientes” que son buenos para no descender en el ranking, y la exclusión de quienes tienen más dificultades de aprendizaje y son los que realmente más nos necesitarían;

d) la deslegitimación de la función docente y la desconfianza hacia el profesorado, ya que no es el profesorado que tiene docencia directa con el alumnado el que evalúa, pues se le expulsa del proceso de valoración final sobre el grado de aprendizaje del alumnado, recurriendo a otros profesionales;

e) la degradación de contenidos: se acaba estudiando lo que se examina y se centra el tiempo y los esfuerzos docentes en preparar al alumnado para resolver pruebas y exámenes, como ya pasa en 2º de Bachillerato de cara a la selectividad;

f) el control sobre el trabajo docente y la pérdida de la innovación educativa, al convertirse el profesorado en “preparadores de pruebas”, sufriendo así un control directo sobre su trabajo y sobre lo que debe enseñar;

g) el coste económico para el sistema, tan alto como inútil, por la realización de las múltiples pruebas externas todos los años. Además, para el alumnado jugarse en una prueba externa los años de escolarización es injusto y contradice la función de la evaluación como mejora de la educación respetando la diversidad y los diferentes ritmos de aprendizaje;

h) el gran negocio que supone una inversión de millones de euros en pagar a grandes empresas privadas como Pearson, McGraw-Hill y Educational Testing, en lugar de dejar que sean los profesores y profesoras los que se ocupen del aprendizaje de su alumnado; y el coste para las familias del alumnado que haya suspendido, cuando tengan que pagar academias para repetir la reválida;

i) la publicidad de estas pruebas convierte la evaluación en un mecanismo de competición entre centros y no de cooperación, y en un dispositivo de clasificación y segregación del alumnado y los centros escolares.

¿Qué opina de los cuestionarios adicionales a familias y profesores?
Los cuestionarios de las reválidas parecen diseñados por Microsoft o Telefónica
El Ministro “en funciones” sigue funcionando, por su cuenta y riesgo, desoyendo el mandato del Congreso que ha aprobado por mayoría abrumadora la paralización de la LOMCE. Ha publicado recientemente, en el BOE del 15 de abril de 2016, una Resolución que implanta “cuestionarios de contexto e indicadores comunes de centro” para la evaluación final de Educación Primaria. Estos cuestionarios que se aplican a alumnado, familias y dirección, analizan el contexto de una forma muy peculiar y sesgada. Inquiriendo al alumnado sobre las veces que ha repetido, no sobre las causas; la frecuencia que ha faltado a clase, no las razones ni el por qué; si utiliza ordenador o tableta para el trabajo escolar, como si eso fuera esencial para el aprendizaje; si hace deberes, cuando están tan cuestionados.

A las familias les pregunta de qué nacionalidad son –como si esto fuera un determinante del aprendizaje-; insiste una y otra vez en si utilizan ordenador o tableta en la casa o “cuántos dispositivos de información digital de uso habitual hay en su casa smartphones, smart TV…”.

Al equipo directivo les pregunta hasta tres veces, como Jesucristo a Pedro, si tienen problemas por la falta o inadecuación de dispositivos tecnológicos para la docencia, la deficiente conexión a internet o la falta o inadecuación de software para la docencia. Parece, en algunos casos, un cuestionario diseñado por Microsoft o Telefónica. No parece que este sea el contexto más relevante que influye en las dificultades o mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Creo que el Ministro tiene que repasar algunas cuestiones pedagógicas sobre educación, antes de seguir funcionando “sin funciones”.

Ocho comunidades autónomas se han declarado insumisas. ¿Qué puede derivarse de ello?

Izquierda Unida ha venido promoviendo campañas de insumisión a la LOMCE, pues la desobediencia civil ante una ley injusta es legítima. Igualmente lo han hecho confederaciones de asociaciones de madres y padres, sindicatos, mareas verdes y, en definitiva, la comunidad educativa. Cuando ahora un grupo tan numeroso de Comunidades Autónomas se declaran insumisas aplaudiríamos su actitud, si fuera realmente de insumisión. Pero poca “insumisión” es seguir haciendo evaluaciones aunque sean “menos externas”. Realmente no varían sustancialmente la filosofía y el modelo. Por eso creemos que deben pasar de las declaraciones a los hechos. Recordándoles que no se trata solo de paralizar lo no implantado de la ley (sólo un 10%), sino de derogarla, un compromiso que firmaron sus partidos a nivel estatal en la anterior legislatura, y del que ahora no se pueden desdecir.

Porque ya han empezado a sonar las primeras campanas con la primera iniciativa legislativa del PSOE, que pedía la paralización pero no la derogación. Que lo fiaba al futuro, alegando que había que elaborar una alternativa a la ley –cuando el PSOE ha participado en el Acuerdo Social y Político por una Nueva Ley educativa, aunque lo ha hecho a última hora y desde una cierta distancia sin comprometerse mucho-. Vamos que ha empezado a sonar a aquello de “LOMCE de entrada no”, como cuando la OTAN y acabamos metidos hasta el cuello en la Alianza Atlántica. Si a esto añadimos lo que se anunció en materia educativa en el pacto entre PSOE y C’s, el retroceso es clamoroso y casi parece aquello de “donde dije digo, digo diego”.

Tanto en EEUU como en Europa se está empezando a cuestionar este tipo de pruebas. En términos generales, ¿conoce cuál es la situación en los países de la Unión Europea?

Es cierto que con la LOMCE este modelo neoliberal y tecnocrático, centrado en pruebas estandarizadas, ha sido importado acríticamente en nuestro país, justo en momentos en que dichas pruebas son debatidas, cuestionadas y refutadas en muchos países del Norte. De hecho en toda Europa, solo una región belga exige en la UE una reválida al final de la primaria que condiciona la progresión del alumnado. En Malta se han eliminado las pruebas que enviaban a los niños y niñas a un tipo u otro de centros de secundaria. En cuanto a las reválidas de secundaria Irlanda es el único país de toda la UE donde el título se otorga únicamente en función de un examen final externo. Finlandia, Suecia y los países del centro de Europa se basan sólo en las notas y en el trabajo realizado durante el curso, como sucedía hasta ahora en España, antes de entrar la LOMCE en vigor.

Pero lo cierto es que la fiebre examinadora –del alumnado de diversos niveles, de los docentes, de las instituciones escolares (y ahora, ¡incluso de las familias!, según se propone en EE.UU.) – que viene creciendo desde la década de 1990, no se ha traducido en la anunciada "mejoría". Y es que, las reválidas por sí mismas, no mejoran ni cambian nada, solo seleccionan. La experiencia de EEUU, que abusa de pruebas externas, indica que los resultados han sido un desastre y ha reforzado la mediocridad del sistema. En Gran Bretaña docentes y familias están actualmente en huelga como protesta por las evaluaciones-revalidas (SATs) que les van a hacer a los 6-7 años.

En un artículo del Foro de Sevilla, usted y otros profesionales de la docencia advierten del ‘goloso’ negocio que suponen las reválidas para algunas grandes empresas privadas. ¿Cuáles son esas empresas y de cuánto dinero público podemos estar hablando?

Por ejemplo, Servinform S.A., una empresa de externalización de servicios, no educativa, cobrará más de 300.000 €, por las reválidas solo en Madrid (Boletín de la Comunidad de Madrid del 25 de abril de 2016). Haciendo números, el curso 2011-2012, según el Ministerio de Educación, se matricularon 391.246 alumnos en 4º de la ESO y 281.046 en 2º de Bachillerato. Esto generaría casi 700.000 exámenes externos. El monto económico anual de semejante operación no se le escapa a nadie. Además, quienes no hayan superado las reválidas en su momento tendrán una “segunda” oportunidad más adelante, lo que aumentará la cifra del negocio. No olvidemos que el PP ha destinado 14,5 millones en los presupuestos generales del 2016 a reválidas y evaluaciones finales solo en Primaria. Un suculento negocio sobre el que ya están sobrevolando incluso los “fondos buitres”.

Como analiza Carles Sirera, de la Universidad Jaume I de Castelló, la multinacional Pearson, en 2006 compró la National Evaluation Series, la primera empresa norteamericana dedicada al testing y se posicionó a nivel mundial como los principales expertos en medir la “eficacia educativa”. No es un hecho menor, especialmente si tenemos en cuenta que Pearson es el responsable del test PISA. Esta empresa tiene como principal objetivo comercial “lograr el monopolio de la medición de la eficacia del sistema educativo”, tal como afirma en su página web. Es decir, Pearson decidirá qué es el éxito en educación y, al mismo tiempo, serán los máximos proveedores de materiales y cursos complementarios para lograr ese éxito.

¿No es un gran negocio? Por si alguien tiene dudas, Pearson en su web también deja muy claro cuáles son sus prioridades pedagógicas: los accionistas.

La mayoría de las fuerzas políticas se han comprometido a derogar la LOMCE.
¿Cuáles han sido sus efectos más perniciosos o regresivos para la Educación?

La LOMCE ha sido la justificación y coartada ideológica de los recortes del PP en educación, que ya han superado los 5.000 millones de euros durante su legislatura y ha supuesto el recorte de 32.000 docentes en la enseñanza pública La LOMCE ha sido la justificación y coartada ideológica de los recortes del PP en educación, que ya han superado los 5.000 millones de euros durante su legislatura y ha supuesto el recorte de 32.000 docentes en la enseñanza pública. Ha sido una contrarreforma educativa impuesta que ha sido rechazada por todos los sectores de la comunidad educativa, que han protagonizado una movilización sostenida durante toda la andadura del proyecto de ley, antes y después de su paso por las Cortes. Es una ley que atenta contra el derecho universal a la educación en condiciones de igualdad, que ha supuesto un desmantelamiento aún mayor de la educación pública y cuya finalidad es seleccionar futuras élites dirigentes segregando y excluyendo a quienes más apoyo necesitan.

Sus efectos se han hecho notar de inmediato. Este curso se ha caracterizado por menos calidad, equidad e igualdad de oportunidades, como consecuencia de los recortes en becas, de los programas de compensación educativa, de la masificación de alumnado en las aulas debido al despido de esos 32.000 profesores y profesoras, y una universidad cada vez más privatizada y clasista, que ha triplicado las tasas de las matrículas y recortado el acceso a las becas. Los recortes y la entrada en vigor de una ley segregadora y privatizadora no sólo están deteriorando el servicio público sino que está desviando alumnado y dinero público hacia la enseñanza privada. Estamos en un estado de emergencia educativa, una "crisis educativa" que se hace "insostenible" para la calidad y equidad del sistema y el futuro del país porque cae la inversión, crece el número de alumnado y disminuye el profesorado para atenderle.

Estamos en un estado de emergencia educativa, una "crisis educativa" que se hace "insostenible" para la calidad y equidad del sistema y el futuro del país porque cae la inversión, crece el número de alumnado y disminuye el profesorado para atenderle

La "privatización" encubierta de los ciclos de Infantil y bachillerato; la aplicación de los Reales Decretos del PP 14/2012 y 20/2012, que supusieron el aumento de la ratio del alumnado por aula; el aumento del horario lectivo; la mayor tardanza en las sustituciones de los docentes; los tres decretos que avanzan en la privatización de la universidad pública; el "compromiso" del Gobierno de "rebajar" la inversión educativa al 3,9% del PIB, además del recorte de más de 7.000 millones de euros en los últimos cinco años (entre PSOE y PP), una quinta parte de los fondos públicos destinados a la educación; así como la supresión de medidas de atención a la diversidad, y los recortes o supresión de becas al estudio, de libros, de comedor, de transporte, etc., han disparado la indignación de familias, estudiantes y profesorado viendo cómo los recortes educativos sirven para destinar el dinero público al rescate de la banca, mientras se desmantela la educación pública.

Creo sinceramente que la educación pública está siendo sistemáticamente atacada desde hace tiempo, en diferentes Comunidades Autónomas, especialmente por los gobiernos del PP, cuya ideología mercantilista y privatizadora (“menos Estado y más mercado”) quiere convertir la educación en un negocio, poniendo gran parte de los nuevos centros educativos en manos de la enseñanza privada concertada, mayoritariamente católica. Este proceso de privatización, que pretende convertir la escuela pública en subsidiaria de la privada, se ha acentuado de forma exponencial en los últimos años. Y más ahora que, con el pretexto de la crisis, se está aplicando todo un programa sistemático de recortes sociales y de estrangulamiento económico de lo público.

Un reciente estudio de CCOO muestra que la universidad pública en España es de las más caras de Europa. ¿Qué está suponiendo y qué va a suponer para el futuro?

Desde el curso 2011/2012 hay 77.000 estudiantes menos en las universidades públicas y 5.000 más en las privadas

Efectivamente España se sitúa entre los países de la Unión Europea y del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) con precios medios más elevados, tanto en estudios de Grado como de Máster Oficial. Si a esto le añadimos que sólo un 29% de los estudiantes universitarios, tanto en universidades públicas como privadas de España, ha podido obtener algún tipo de ayuda parcial en forma de beca por parte del Gobierno de la nación. Y le sumamos que España es el país donde más ha crecido la desigualdad desde el inicio de la crisis, según la OCDE.

Esto es resultado del estrangulamiento al que le somete el gobierno a las Universidades Públicas: actualmente disponen de 1.384 millones menos de presupuesto que en 2010, volviendo casi al presupuesto de hace una década. El PP está practicando el estrangulamiento de las Universidades públicas, de la investigación I+D+i, el aumento de los precios de las matrículas y la disminución de becas y ayudas, así como endurecimiento de los requisitos para acceder a ellas, lo que ha provocado que desde el curso 2011/2012 haya 77.000 estudiantes menos en las universidades públicas y 5.000 más en las privadas y de la jerarquía católica, especialmente en los máster más caros.

Pero más allá de esto, parece que quiere dejar asentado su modelo neoliberal en el sistema universitario realizando una auténtica contrarreforma universitaria global, pero aplicada a plazos, mediante diferentes Decretos, como el del 3+2, o del Estatuto de la ANECA, o el de la acreditación del profesorado, o el RD-Ley 20/2015 de acceso y movilidad del profesorado o el de creación de universidades que facilitará el incremento de campus privados, que ya pasaron de 13 a 33 entre 1997 y 2015, a pesar de que el Gobierno habla, insistentemente, de la necesidad de reducir lo que considera un número excesivo de titulaciones y centros.

A este panorama en Educación Superior hemos de añadir que desde 2012 las políticas del gobierno del PP han recortado 7.766 puestos de trabajo en las Universidades Públicas, sustituyendo además empleo fijo y de calidad por docentes con contratos laborales temporales y precarios. Un panorama desolador que dejará la Universidad Pública como un erial tras el paso del Partido Popular por el gobierno estos cuatro últimos años y que hemos de revertir con otro gobierno del cambio si queremos apostar por otra Universidad posible entendida como servicio público que no busque la “competitividad” y la “excelencia”, sino la calidad y la cooperación al servicio de la sociedad, para hacerla más justa, más sabia, más universal, más equitativa, más sostenible, orientada a la formación de personas creativas y críticas con una elevada formación cultural y profesional.

CCOO ha calculado que poner las matrículas gratuitas en las universidades españolas le costaría al Gobierno 1.300 millones de euros cada año, descontando el dinero que ahora se invierte en becas. Como dice este sindicato “un país no puede salir de la crisis si no apuesta por una educación universitaria pública de calidad accesible para toda la población independientemente de su nivel económico”. Por eso Izquierda Unida siempre ha apostado por una Educación Pública gratuita que, desde la primera infancia hasta la universidad, luche contra la lógica del mercado. Una educación que reafirme la prioridad absoluta de los seres humanos sobre la rentabilidad económica.

http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/revalidas/20160508174131128144.html

Atocha. En su día olía a trabajador del metal y de la construcción. Y olía a comunista

Hace ya 38 años que una banda de pistoleros fascistas asesinó en un despacho laboralista de la calle Atocha de Madrid a cinco de sus trabajadores e hirió gravemente a otros cuatro. Atocha fue para España lo que Charlie Hebdo ha sido para Francia, aunque las connotaciones son muy distintas.

Atocha en 1977 era una calle que olía a calamares. Desde la estación, pasando por debajo del escalextric, hasta después de Antón Martín, los bares, más que en toda Escandinavia junta, le daban ese aroma que comenzaba y todavía comienza en El Brillante y se cerraba cerca del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Atocha olía entonces a trabajador del metal y de la construcción. Y olía a comunista. En aquel piso del número 55, los fascistas dieron sin quererlo la gran oportunidad para que la hoy denostada Transición se pudiera acometer con éxito.

¿Cómo se puede decir, si uno es un bien nacido, que aquello fue un pacto de élites? ¿Cómo se puede decir eso de un proceso que se cimentó en la sangre de toda aquella gente?

Porque Atocha sigue oliendo a calamares y todavía huele algo a una cosa que parece del pasado: a clase obrera, a trabajadores organizados, a gente que les defienda de una reforma laboral que tiene solo una cara: el abaratamiento de la mano de obra.

Dentro de dos días se conmemora el aniversario de aquella matanza. El edificio está vacío a la espera de una declaración de ruina, y el monumento basado en un cuadro de Genovés aparece cada día cubierto de pintadas que ignoran qué significa.

Pongámonos en lo peor, en que nada de todo aquello haga falta. Nos ponemos en eso, pero también en que en ese sitio habitaban la solidaridad y el ansia de libertad de todo un pueblo.
Hoy je suis CC OO.
Fuente: JORGE M. REVERTE 22 ENE 2015   http://elpais.com/elpais/2015/01/21/opinion/1421833777_763315.html

¿Alguien se pregunta si una ley es justa?

Un buen pacto sobre la educación sería hoy tan importante como algunos acuerdos de la Transición.

“Ya no nos preguntamos nunca si una sentencia judicial o un acto legislativo es bueno. ¿Es imparcial?, ¿es justo?, ¿es correcto? ¿Ayudará a construir una sociedad mejor?”. No son preguntas ingenuas, impropias de ciudadanos de democracias maduras. Tony Judt, que realizó esa reflexión, no era un ingenuo, sino un intelectual valioso, a cuyos libros regresamos, agobiados y desconcertados, en busca de su análisis y de su inspiración. “Esas solían ser las auténticas preguntas de índole política, incluso aunque no invitaran a respuestas fáciles. Debemos aprender de nuevo a plantearlas”.

En ningún caso serían más oportunas esas preguntas que en materia de leyes sobre la educación. Un buen pacto sobre la educación, capaz de mejorar la calidad de la enseñanza, la formación de los profesores y la apreciación social de ese profesorado sería hoy tan importante como lo fueron algunos acuerdos de la Transición. De hecho, el mayor fracaso que puede haber para la generación que hizo aquella transición es el fracaso del pacto educativo. No puede existir una mayor decepción para esa generación, al margen de su raíz ideológica, que comprobar impotente cómo la organización educativa termina por acentuar las desigualdades. Qué mayor fracaso para todos que un joven o una muchacha que, estando capacitado, no continúa sus estudios por falta de recursos familiares y de apoyo social.

¿Es buena?, ¿es correcta?, ¿será justa la nueva Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa? ¿Ayudará a construir una sociedad mejor? De momento cabe decir que es una ley que puede nacer con el apoyo de un único partido, con mayoría absoluta parlamentaria, pero con el rechazo de la mayoría de profesores, padres y alumnos y de la oposición en pleno. Una vez más, la educación corre el riesgo de quedar regulada por las opiniones de un partido concreto y no por intereses generales.

No sería la primera vez, cierto, pero en esta ocasión el desacuerdo es todavía más amargo porque la sociedad atraviesa una crisis dramática que ha dejado en evidencia las carencias del sistema y porque la necesidad del acuerdo es más evidente que nunca. Tenemos la generación de jóvenes mejor preparada de nuestra historia, sin duda, pero también una generación con un porcentaje intolerable de jóvenes con formación claramente insuficiente o inadecuada. Son estos últimos quienes han sido enviados masivamente al paro, sin que tengan instrumentos para lograr su recuperación laboral.

La educación tiene una clara raíz política, pero esas tensiones ideológicas no impidieron en su día un primer consenso, en la difícil etapa de la Constitución. Los artículos relativos a la educación fueron uno de los principales escollos para alcanzar el pacto y exigieron un debate laborioso y difícil. Quizá no esté de más recordar que la defensa de los textos finalmente pactados se confió al entonces diputado de la Minoría Catalana Miquel Roca, y que fueron UCD y PSOE conjuntamente los que rechazaron cuarenta enmiendas en el Senado. Allí se pactó el elemento más intratable de un acuerdo para la educación ente socialistas y democristianos: la financiación de las escuelas religiosas. Entonces fue posible.

Las tensiones ideológicas no han impedido en otros países establecer pautas compartidas para el desarrollo de los acuerdos constitucionales. ¿Acaso no existe una derecha conservadora en Francia? ¿No hay liberales y socialistas en Finlandia? ¿No existen Estados federados con soberanía compartida? ¿Cuál es nuestro fallo? ¿Están implicados en España intereses más brutales que en esos otros países?

Quizá el pacto sobre el desarrollo constitucional de la educación no es posible porque no existe suficiente presión social al respecto, porque la sociedad española no tiene el mismo aprecio por la educación que en esas otras sociedades. Es posible, pero en ese caso la responsabilidad de los agentes políticos sería aún mayor, porque su primera obligación sería precisamente promover ese debate y cambiar esa apreciación social. ¿Se pregunta hoy algún gobernante si la nueva ley será justa? ¿Es eso incompatible con la ideología?, ¿o con los intereses?
solg@elpais.es




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(Foto, cumpleaños de Rosa, lo celebró con amigas en Nueva York)