Un buen pacto sobre la educación sería hoy tan importante como algunos acuerdos de la Transición.
“Ya no nos preguntamos nunca si una sentencia judicial o un acto legislativo es bueno. ¿Es imparcial?, ¿es justo?, ¿es correcto? ¿Ayudará a construir una sociedad mejor?”. No son preguntas ingenuas, impropias de ciudadanos de democracias maduras. Tony Judt, que realizó esa reflexión, no era un ingenuo, sino un intelectual valioso, a cuyos libros regresamos, agobiados y desconcertados, en busca de su análisis y de su inspiración. “Esas solían ser las auténticas preguntas de índole política, incluso aunque no invitaran a respuestas fáciles. Debemos aprender de nuevo a plantearlas”.
En ningún caso serían más oportunas esas preguntas que en materia de leyes sobre la educación. Un buen pacto sobre la educación, capaz de mejorar la calidad de la enseñanza, la formación de los profesores y la apreciación social de ese profesorado sería hoy tan importante como lo fueron algunos acuerdos de la Transición. De hecho, el mayor fracaso que puede haber para la generación que hizo aquella transición es el fracaso del pacto educativo. No puede existir una mayor decepción para esa generación, al margen de su raíz ideológica, que comprobar impotente cómo la organización educativa termina por acentuar las desigualdades. Qué mayor fracaso para todos que un joven o una muchacha que, estando capacitado, no continúa sus estudios por falta de recursos familiares y de apoyo social.
¿Es buena?, ¿es correcta?, ¿será justa la nueva Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa? ¿Ayudará a construir una sociedad mejor? De momento cabe decir que es una ley que puede nacer con el apoyo de un único partido, con mayoría absoluta parlamentaria, pero con el rechazo de la mayoría de profesores, padres y alumnos y de la oposición en pleno. Una vez más, la educación corre el riesgo de quedar regulada por las opiniones de un partido concreto y no por intereses generales.
No sería la primera vez, cierto, pero en esta ocasión el desacuerdo es todavía más amargo porque la sociedad atraviesa una crisis dramática que ha dejado en evidencia las carencias del sistema y porque la necesidad del acuerdo es más evidente que nunca. Tenemos la generación de jóvenes mejor preparada de nuestra historia, sin duda, pero también una generación con un porcentaje intolerable de jóvenes con formación claramente insuficiente o inadecuada. Son estos últimos quienes han sido enviados masivamente al paro, sin que tengan instrumentos para lograr su recuperación laboral.
La educación tiene una clara raíz política, pero esas tensiones ideológicas no impidieron en su día un primer consenso, en la difícil etapa de la Constitución. Los artículos relativos a la educación fueron uno de los principales escollos para alcanzar el pacto y exigieron un debate laborioso y difícil. Quizá no esté de más recordar que la defensa de los textos finalmente pactados se confió al entonces diputado de la Minoría Catalana Miquel Roca, y que fueron UCD y PSOE conjuntamente los que rechazaron cuarenta enmiendas en el Senado. Allí se pactó el elemento más intratable de un acuerdo para la educación ente socialistas y democristianos: la financiación de las escuelas religiosas. Entonces fue posible.
Las tensiones ideológicas no han impedido en otros países establecer pautas compartidas para el desarrollo de los acuerdos constitucionales. ¿Acaso no existe una derecha conservadora en Francia? ¿No hay liberales y socialistas en Finlandia? ¿No existen Estados federados con soberanía compartida? ¿Cuál es nuestro fallo? ¿Están implicados en España intereses más brutales que en esos otros países?
Quizá el pacto sobre el desarrollo constitucional de la educación no es posible porque no existe suficiente presión social al respecto, porque la sociedad española no tiene el mismo aprecio por la educación que en esas otras sociedades. Es posible, pero en ese caso la responsabilidad de los agentes políticos sería aún mayor, porque su primera obligación sería precisamente promover ese debate y cambiar esa apreciación social. ¿Se pregunta hoy algún gobernante si la nueva ley será justa? ¿Es eso incompatible con la ideología?, ¿o con los intereses?
solg@elpais.es
Ver aquí más sobre la Ley Wert, el propio proyecto, el vídeo de El País y más información.
(Foto, cumpleaños de Rosa, lo celebró con amigas en Nueva York)
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1 comentario:
No estoy nada seguro de que en nuestro país se pueda llegar, tal y como están las cosas a un pacto justo y ecuánime sobre educación. El PSOE, ya lo intentó durante la LOGSE, consiguió que todos los partidos desde el PNV, CIU, C. Canaria, IU, y otros pequeños regionales, se pusieran de acuerdo -eso dejándose en el camino muchos principios y garantizando la E. concertada- El PP nunca llegó a acuerdos. Lo mismo ocurrió con la LOE. El ministro lo intentó con enormes esfuerzos, consiguiendo el acuerdo con la concertada incluso -dejando también principios -que beneficiarían a los más pobres- por las cunetas. El PP nunca dió su acuerdo. Sencillamente querían hacer SU LEY, la que ahora han hecho CONTRA TODOS, incluidos PNV y CIU. Nadie la apoya y ellos siguen adelante, conviertiendo la religión en una asignatura puntuable para el acceso a la Universidad. Una vuelta atrás incluso peor que el franquismo donde formaba parte de las 3 Marías, que excepto en casos excepcionales no eran impedimento de nada.
Con personas así no se puede llegar a acuerdos.
Aquí en Extremadura se votó a bombo y platillo una Ley de Educación con el acuerdo PP-PSOE y sólo ha servido para desviar más recursos hacia la escuela concertada. Más para el que más tiene y menos para el que menos tiene. ¿Os acordáis del principio de Mateo? Pues en eso estamos a todos los niveles...
Así que lo ideal sí, sería un acuerdo, pero con estos personajes que lo quieren todo para si (hasta sobres de tapado) y nada para los otros, es imposible el diálogo y menos una verdadera negociación en la que todos salgamos ganando.
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