_- España no es Finlandia, pero puede sacar a sus estudiantes de la mediocridad

_- Por David Jiménez
Es escritor y periodista. Su libro más reciente es El director. NYT

MADRID — Parciales, finales, globales, orales, escritos, de recuperación, control, reválida… La escuela española ama los exámenes por encima de todas las cosas. Un estudiante pasa por cientos de pruebas antes de graduarse y enfrentarse —oh, sorpresa— a un nuevo examen. En la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU), un maratón de un par de días para acceder a la educación superior, un mal día puede truncar sueños profesionales y enviar al médico vocacional a estudiar periodismo. ¿Pasaste el corte? Estás de suerte: empiezan otros cuatro años de interminables exámenes.

La obsesión nacional por los exámenes es parte de un sistema educativo roto y anclado en el pasado. La octava ley educativa en cuatro décadas, que empieza a implementarse con el nuevo curso, no servirá para arreglarlo. La norma pretende restar rigidez y añadir innovación, pero le falta ambición y nace condenada por falta de consenso.

España no necesita más reformas, sino una revolución total del sistema educativo.

El modelo de evaluación de los estudiantes puede resultar anecdótico, pero es un buen lugar por donde empezar. Los exámenes actuales se han mostrado inútiles para dotar a los estudiantes de los conocimientos necesarios, prepararlos para un mercado laboral moderno o inculcarles la cultura del esfuerzo que reclaman padres y profesores. Se limitan a amargar la experiencia escolar, desmotivar a los estudiantes y envenenar su relación con los docentes, sometidos a una carga de trabajo que podrían emplear en promover la innovación, la creatividad o el pensamiento crítico.

Toda esa práctica examinadora no ha logrado evitar que los estudiantes suspendan masivamente unos tests que se han convertido en comida rápida de materias que se vomitan y olvidan, según la apta descripción de la doctora en Economía por la Universidad de Yale Caterina Calsamiglia. Detrás de esa fascinación por las notas hay una idea perniciosa: el empeño en decirle a un buen número de estudiantes que están fracasando, cuando son los responsables educativos los que llevan décadas haciéndolo.

España tiene el segundo mayor índice de abandono escolar de la Unión Europea, solo por detrás de Malta. El porcentaje de alumnos que repiten curso antes de los 15 años es alrededor de 25 puntos mayor que en el Reino Unido o Finlandia. Y, sin embargo, siguen siendo varias las voces que reclaman más dureza como solución a los problemas de la educación.

¿Qué tiene que pasar para que nos demos cuenta de que más exámenes, deberes y suspensos no hacen mejor un sistema educativo? No se trata de recordar a los estudiantes para qué no sirven, sino de buscar sus talentos individuales y potenciarlos.

La exigencia, la disciplina y el respeto a los profesores, desaparecido de las aulas, deben ser recuperadas en un entorno motivador. Los críticos con el sistema español llevan años apuntando a Finlandia como solución. Pero aun siendo el país nórdico un ejemplo de éxito, con una estrategia innovadora que va desde una evaluación personalizada al diseño de sus escuelas, no hace falta irse tan lejos para encontrar inspiración en la transformación educativa.

Portugal, sin apenas hacer ruido, ha renovado su modelo y dado la vuelta a los malos resultados que sus estudiantes solían lograr en los informes que comparan la educación de diferentes países, donde ahora destacan favorablemente. Los portugueses son una mejor guía, además, porque sus problemas eran parecidos a los nuestros hoy: un sistema de evaluación demasiado punitivo, un acercamiento homogéneo de la educación, un profesorado desmotivado —se invirtió en formación y se les dio más autonomía—, un currículo demasiado amplio y, para algunos, desactualizado…

La nueva ley aprobada por el gobierno español tiene carencias y sin duda es mejorable, pero da un vuelco hacia un aprendizaje menos memorístico y más ajustado a las necesidades actuales. El nuevo currículo busca sustituir una acumulación de datos fácilmente accesibles en internet por la capacidad de utilizar y analizar toda esa información de forma práctica. Ofrece más libertad a los centros para decidir su camino, añade una necesaria asignatura de Valores Cívicos y Éticos y establece nuevos métodos, muchas veces explicados de forma ambigua o aderezados con dosis de corrección política (como el caso de las matemáticas con “perspectiva de género”) que no aportan nada.

Las propuestas del gobierno han sido ridiculizadas, unas veces con razón y otras injustamente, por la oposición. Cualquier iniciativa educativa, desde hace años, se convierte inmediatamente en una pelea ideológica. Los partidos políticos, incapaces de llegar a un pacto, imponen su modelo nada más llegar al poder, generando discontinuidad y confusión en padres, alumnos y profesores. Pagan esa polarización los estudiantes, que asisten al interminable debate sobre si la religión debe contar para las notas, mientras se les hurtan conocimientos clave en nuevas tecnologías, debate público, inglés o capacidad de análisis del mundo en el que viven.

La Unión Europea considera que se necesitan doce años para que las medidas educativas empiecen a tener efecto. La disfuncionalidad de la política española, con un parlamento fragmentado en 16 partidos, sumado a que esos plazos no reportan inmediatos beneficios electorales a los partidos, desincentivan los acuerdos y retrasan los cambios. Y, sin embargo, no tenemos tiempo que perder. Cada retraso supone una nueva condena a la precariedad para otra generación de jóvenes españoles atrapados en un círculo vicioso de fracaso escolar, empleos inestables, casi siempre ligados a los servicios y el turismo, y falta de proyecto de futuro.

La revolución educativa no tiene por qué implicar la total erradicación de exámenes y tareas, que pueden servir para valorar el momento en el que se encuentran los alumnos. Pero pruebas como la que ahora da acceso a la universidad se han convertido en un obstáculo. Muchas escuelas abandonan novedosos y exitosos programas de aprendizaje utilizados en primaria para preparar a los alumnos para la EvAU, cuyo porcentaje de aprobados es erróneamente empleado para valorar los centros.

La supresión de este y otros muchos exámenes innecesarios sería un primer paso, pero insuficiente. Terminar con la mediocridad en la que están instalados los alumnos obligará a apoyar y formar continuamente a los profesores, renovar de forma más ambiciosa el currículo escolar, acabar con la cultura de la repetición de curso, erradicar la endogamia en institutos y universidades y liberar a los centros de corsés educativos que impiden la innovación.

El objetivo debe ser acabar con una cultura que se explica mejor con la anécdota que me relató un estudiante universitario de ingeniería. El profesor llegó un día con una sonrisa entre los labios y anunció satisfecho que solo uno de los alumnos había aprobado. ¿No se daba cuenta de que el que había fracasado era él? 

David Jiménez (@DavidJimenezTW) es escritor y periodista de España. Su libro más reciente es El director. 

https://www.nytimes.com/es/2021/08/26/espanol/opinion/prueba-acceso-universidad-espana.html

La LOMCE, el sindicalismo, la educación y más. Entrevista a Agustín Moreno, profesor y defensor de la educación pública “El PP y C’s coinciden en lo básico: poca inversión y maquillar la Lomce sin tocar la presencia de la Iglesia"

La trayectoria de Agustín Moreno (Madrid, 1951) está marcada por el corazón y los sentimientos de un soñador errante. Así se describe a vuelapluma este profesor jubilado que ha dejado una profunda huella en la batalla inacabada a favor de la educación pública en España. Pero la realidad es tozuda y se obstina en mostrar otra cara. La de la razón y la ideología. Nació en Usera, en el seno de una familia de desplazados toledanos durante la Guerra Civil y estudió ingeniería técnica industrial en la Universidad Laboral de Sevilla, “un invento de Franco para captar a los hijos de los trabajadores para que dieran soporte a la industrialización y al sistema productivo”. Militante histórico de CC.OO, fue amigo y colaborador de Marcelino Camacho, y ha compartido infinidad de aventuras con buena parte de la dirección sindical más combativa de la historia de España. Desde los encausados en el Proceso 1001, las direcciones confederales de CC.OO en los años ochenta y la UGT de Nicolás Redondo. Pero tras la crisis del sindicato y su salida de él en 1996, se inclinó por la docencia, que le sirvió para conocer las ganancias colectivas que proporciona una educación pública y de calidad. Ahí descubrió el otro mundo. Como profesor de Historia en diferentes institutos. Moreno acaba de jubilarse sin dejar por ello de combatir las vertientes ásperas y oscuras del sistema. “Los amigos de las sombras funcionan bastante mejor, y con más inteligencia, que aquellos que trabajan por la luz”, dice a modo de epitafio. Su compromiso por el bienestar de la clase obrera y su rechazo a las políticas neoliberales le han granjeado el respeto unánime del amplio y fracturado abanico que compone la izquierda española. Desde algunos sectores del PSOE a destacados pensadores libertarios.

¿El sindicalismo se encuentra sitiado por el sistema?
Corro el riesgo de equivocarme en mis opiniones porque soy un simple afiliado de base de CC.OO y ya no participo en ninguna estructura sindical ni tengo los elementos de juicio que puedan tener los actuales responsables del sindicato. Sin embargo, es obvio que tiene muchos problemas. Uno de los más importantes es la incapacidad que han mostrado para romper con el modelo de concertación social que comenzó a fraguarse a finales de los años 80 y principios de los 90, cuando la correlación de fuerzas era mucho más favorable. Hasta entonces, la unidad de acción sirvió para hablar de tú a tú al poder, es decir, al gobierno y a la patronal. Pero la crisis de 1996 fue decisiva para el declive sindical porque terminó consolidando un modelo de negociación basado en la política del mal menor. Bajo mi punto de vista, esta estrategia ha resultado un fracaso porque no ha traído beneficios para los trabajadores sino, más bien, una aplicación expansiva de los recortes laborales. La cosa se volvió escandalosa con las dos últimas reformas, la de 2010 de Zapatero y la de 2012 de Rajoy. El golpe que asestaron al movimiento sindical fue tremendo.

La negociación colectiva, por ejemplo, ha pasado de ser el principal ámbito de actuación a convertirse en un sueño lejano.

La posición sindical ha quedado muy debilitada. Hoy acuden a la mesa de negociación con un brazo atado a la espalda. Se ha perdido la ultraactividad de los convenios, que aunque parezca un término muy técnico no es otra cosa que la salvaguarda de las condiciones laborales y salariales, lo que está obligando a los sindicatos a buscar acuerdos contrarreloj.

¿Cuál de las dos reformas les hizo más daño?
La de Rajoy fue más dura pero ambas tuvieron la misma responsabilidad en el deterioro del mercado de trabajo.

¿Y cuál es la responsabilidad de los sindicatos?
En mi opinión, han olvidado la horizontalidad histórica en la toma de decisiones. Noto un cierto alejamiento de la dirección con las bases y también con el conjunto de los trabajadores y trabajadoras. No pongo en duda que mantienen contacto con sus afiliados pero ya no lo hacen mediante instrumentos tan válidos como las asambleas, la participación directa y otras actividades cuya utilidad era permitir que la militancia asumiera su protagonismo. También hay casos recientes en donde el sindicalismo ha funcionado muy bien. Mira la lucha en Coca Cola. Pero, en general, la jerarquización interna también ha sido un factor de debilitamiento. Ya por último, yo añadiría la campaña sistemática de desprestigio orquestada contra ellos. Cuando el poder no logra integrar a un oponente, lo desacredita. Y, hasta cierto punto, comprendo que actúe de esa forma contra organizaciones que defienden posturas contrarias al sistema. El problema llega cuando son los sindicatos quienes dan motivos para ello. Su gran reto, y donde se juegan su futuro, es ver si son capaces de representar y defender al precariado, a los trabajadores pobres que cada día abundan más.

¿Cuál le ha decepcionado más?
Algo doloroso fue lo de Fidalgo, que ahora está en FAES o en el instituto de Empresa o en qué sé yo. Hace poco leía unas declaraciones suyas alabando a Cospedal. Hombre, ¡qué quiere que le diga!. Esas cosas hacen mucho daño a las organizaciones porque cada cual no sólo debe jugar con corrección el papel que le toca en cada momento sino que luego tiene que mantener una dignidad ante lo que ha representado dentro de una organización. No digo que no tenga derecho a reorganizar su vida, incluso a reinventarse, pero cuando se tiene una responsabilidad tan fuerte como la que tuvo Fidalgo se debe mantener una cierta ética. Las puertas giratorias en el sindicalismo me parecen mucho más imperdonables que en los partidos políticos. Los sindicatos deben estar dirigidos por las personas más honradas pero tienen que ser vigilados como si fueran ladrones. Es una máxima del movimiento obrero.

Dice Warren Buffet que vivimos una lucha de clases y la oligarquía están ganando. ¿Erró Marx en su análisis?
Visto desde una perspectiva histórica, el optimismo de Marx debe seguir vigente. Algún día terminarán imponiéndose las fuerzas del orden, que no son otras que las fuerzas del cambio hacia una sociedad mucho más justa de la que hoy tenemos. Desde ese punto de vista, la superioridad moral y teórica de la izquierda respecto a las fuerzas conservadoras es que cuestiona un mundo profundamente desigual, hecho a la medida de una élite minoritaria. El optimismo histórico marxista consiste en mantener viva la esperanza de que la transformación acabará llegando.

Sin embargo, ni la crisis global ha permitido el más mínimo cambio. Al contrario. La desigualdad ha crecido y las corrientes conservadoras han reforzado su poder.

Es que son muy habilidosos para romper al rival, para dividirlo y desmantelarlo. Y también para halagarlo hasta convertir en muñecos a dirigentes políticos y sindicales que parecían inquebrantables. Esas han sido sus armas toda la vida. La gran reflexión siempre ha sido que con el sufragio universal estarían perdidos. Pues bien, como se está viendo, fue un error porque han demostrado su capacidad para lograr que millones de personas en paro, obreros, pensionistas y jubilados, voten a partidos corruptos que son los responsables de su situación. Todo esto me recuerda un poco al tren de los hermanos Marx en el Oeste, donde quemaban vagones para hacer funcionar la locomotora. Aquí es lo mismo, se liquida el sistema público para que los beneficios empresariales no se detengan.

¿Y cómo se puede frenar esa máquina?
Entiendo que es muy difícil. Los amigos de las sombras funcionan bastante mejor, y con más inteligencia, que aquellos que trabajan en la luz. En mi opinión, el último ejemplo es lo que ha sucedido en Catalunya.

¿Por qué?
Porque colocando en primer plano del debate público la negativa al derecho a decidir han ocultado sus vergüenzas y la incompetencia política del gobierno de Rajoy. Desde la corrupción a los datos económicos, sociales y la deuda desorbitada que tenemos. De hecho, creo que ha comenzado una involución política en España, la que va desde el centro-derecha hacia la derecha. Es que incluso rechazar la monarquía puede ser un motivo de delito. El inmovilismo ha jugado esta partida de manera perfecta y es un serio aviso a todos los que nos sentimos republicanos. El único problema de Rajoy es que no ha calculado bien sus movimientos y el gran beneficiado de todo esto está siendo Ciudadanos.

¿Considera que Ciudadanos es una opción de derecha?
Hoy, está disputándole al PP el voto de la ultraderecha. El carácter que ha mostrado durante los últimos meses así lo indica. Su propuesta para Catalunya era la aplicación más dura del artículo 155 y está recogiendo los frutos. Ciudadanos llegó a la política para neutralizar cualquier posibilidad de cambio en España sirviendo como receptor del voto perdido del PP y, en menor medida, también del PSOE. La operación les está saliendo cuadrada. Los votos que huían por la puerta del PP debido a la corrupción han empezado a entrar por la ventana de Ciudadanos. El asunto de fondo para ellos es mantener el sistema intacto.

Uno de los caballos de Troya en estos momentos y que usted conoce a la perfección es el sistema educativo. ¿Hacia dónde se dirige?
Está atravesando por una etapa difícil y complicada. Hay dos grandes hechos objetivos que lo están arrastrando hacia un grave deterioro. Uno son los recortes brutales. Hablamos de cerca de 9.000 millones y 45.000 profesores menos desde el inicio de la crisis. Estos datos significan que estamos en el 4% de inversión, dos puntos menos que la media europea, y la previsión es reducirlo aún más, hasta el 3,8%, para el próximo año. El segundo problema es la Lomce, una ley profundamente segregadora que está diseñada para responder a la lógica productiva de la derecha española. Y digo esto porque pone en relación la educación, el mercado de trabajo, el modelo social y nuestro modelo de democracia. Es decir, intentan implantar un sistema educativo más devaluado que sirva a un modelo de trabajo basado en mano de obra barata. Esto terminará configurando una sociedad menos cohesionada en una democracia de baja calidad, sin crítica, dócil. En un país donde el motor productivo es el turismo, su lógica es sencilla: ¿Por qué invertir en un sistema educativo cualificado? ¿Para que nuestros ingenieros, científicos, filósofos e investigadores se vayan a trabajar al extranjero? Si a todo esto añadimos que los pocos recursos se canalizan por la vía de las concertadas, el golpe que están dando al sistema es brutal. Portugal es un ejemplo en sentido contrario. Allí han decidido eliminar los conciertos educativos porque han apostado decididamente por la cohesión social. La consecuencia es que su economía es cada vez más sólida y tiene una perspectiva de futuro bastante mejor que la nuestra. A poco que nos descuidemos su protagonismo en la UE será mayor que el nuestro.

En España se pidió la derogación y paralización de la Lomce. ¿En qué ha quedado?
Aquí volvemos a ver la inteligencia de la derecha para dar la vuelta a las cosas. Nos han metido en un avispero como es una subcomisión educativa que debe crear las bases para un pacto de Estado. Pero ya lo han reducido de antemano mediante una negociación entre los partidos políticos en el que se ha excluido la participación, en términos del debate, de la sociedad civil. Es un paripé en el que se ha invertido un año entero de comparecencias que a lo mucho servirá para maquillar la actual ley pero sin lograr un compromiso de financiación. Si a la derecha le parece que el conocimiento es caro pronto verán cuál es el coste de la ignorancia.

¿Cuál es el precio?
Altísimo: desigualdad, exclusión, segregación y cárcel. Si se busca un pacto verdadero en materia de educación deberíamos comenzar por trabajar un acuerdo que potencie el sistema en su conjunto. Y si se quiere limita a lograr un compromiso de financiación se debería tener en perspectiva alcanzar el 7% del PIB, que es el que hoy tiene Finlandia, y además blindado en relación al artículo 135 de la Constitución. Pero nada de esto está sobre la mesa. ¿Qué es más importante para el futuro de España, salvar unas autopistas o fortalecer la educación? La respuesta es obvia. Otro elemento clave es fortalecer el sistema público porque el concertado es una anomalía en relación a lo que está haciendo el resto de Europa. Somos el tercer país que más dinero destina a la educación concertada después de la hipercatólica Bélgica y de Malta.

¿Qué posiciones políticas hay ante el pacto educativo?
Unos con posiciones más liberales y otros con planteamientos más conservadoras, el PP y Ciudadanos coinciden en lo básico: poca inversión y maquillar la Lomce pero sin tocar la presencia de la Iglesia ni la financiación de la red privada con el dinero de todos. Para ellos es la clave para evitar que sus hijos se junten en un aula con los de la clase obrera. El asunto capital será ver si el PSOE entra ahí.

¿Puede hacerlo?
Yo quiero pensar que no, aunque hay posibilidades de que lo haga. La educación es de las pocas banderas que les queda para distinguirse un poco de la derecha y si capitulan creo que será su hundimiento. Como cometa la torpeza de legitimar la Lomce y se descuelgue del “Documento de bases para una nueva Ley de Educación. Acuerdo social y político” suscrito por un centenar de organizaciones, entidades educativas, de catedráticos y de cabezas pensantes de este país, tendrá problemas. Que pregunten sus dudas a los portugueses para saber cómo están abordando el problema de la educación concertada.

¿Por qué en España se favorece tanto a la educación concertada?
Por el poder que sigue teniendo la Iglesia, favorecida por un concordato que no sólo es preconstitucional sino que es anticonstitucional porque va en contra del artículo 14. Y también por los intereses económicos. Los de la propia Iglesia y los de otros grupos económicos que han encontrado un pastel extraordinario en el mundo educativo. La tendencia es considerar a los servicios públicos como un bien mercantil. Una de las consecuencias de esta política es la presencia de la religión como asignatura obligatoria evaluable. Es un sinsentido y es un disparate.

A menudo se utiliza la educación como arma arrojadiza. Se habla de adoctrinamiento para atacar al rival. Lo hemos visto en Catalunya pero ¿cómo se educa en España?

La pedagogía está inventada y no es más que el arte de acompañar al niño, a la niña, a los jóvenes en general, en su desarrollo personal. Esa es la esencia de la educación. Sin embargo, se diseña desde arriba para instruir y dirigir el crecimiento de los menores de edad. A mí me gustaba mucho mantener entrevistas con los padres de los alumnos para evaluar conjuntamente la evolución del chico o la chica durante un trimestre. Lo que buscaba con ellas era un cierto compromiso. Y solía explicarles que evitaran repetir a sus hijos todo lo que les quieren porque eso ya lo saben. Es preferible darles confianza, que sepan que creemos en ellos.

Y en su opinión, ¿el poder confía en los ciudadanos?
No, el poder manipula. El modelo es segregador. Primero en primaria, luego en secundaria con los programas de mejor aprendizaje y rendimiento. Después con la formación profesional básica, que son callejones sin salida; en cuarto de la ESO con los cuatro itinerarios, la competencia de unos centros con otros. Y ahí están las pruebas externas y los ránquin. En fin. La carrera de obstáculos en el sistema educativo español es tremenda. Es una selección destinada a elegir a una pequeña élite y la escuela intenta reproducir ese sistema social con todas sus desigualdades. Hemos llegado a un punto en el que los hijos de la clase obrera tienen un techo de cristal que resulta muy difícil superar.

Y manejarse en este modelo educativo, ¿no provoca frustración?
Hay compañeros que después de muchos años de compromiso y lucha se han ido dando saltos de alegría. Yo, sin embargo, he ido cantando a trabajar hasta el último día. Quizá porque sólo he ejercido durante 20 años y pertenezco a la tropa de refresco. Pero en los últimos años es cierto que se ha producido una gran evasión de buenos docentes en España, aquellos que participaron activamente en el movimiento de renovación pedagógica de los años 70 y 80, y que al cumplir 60 años han decidido retirarse. Yo pedí prórroga de actividad para regalar seis años más a los chicos, no a la administración, sino a la causa de la educación pública.

Pero la docencia siempre fue una profesión vocacional. Si se pierde la ilusión, la calidad se resiente.

Se ha perdido bastante aquella ilusión pedagógica de los años 80, aunque no del todo. Sigue habiendo muchos profesores que intentan mejorar a diario y mientras exista esta gente hay motivos para la esperanza. Hemos vivido situaciones más difíciles. Hicimos un gran trabajo durante el franquismo, ¿cómo no lo vamos a hacer en democracia pese a que tengamos leyes lesivas? También depende mucho de cómo nos lo tomemos nosotros, los maestros.

¿Qué debe aportar un maestro?
Bajo mi punto de vista, un profesional de la docencia tiene que combinar tres planos: El de hacer bien su trabajo, el de fomentar complicidades con sus compañeros y con las familias, y el de protestar en defensa de la escuela pública. Hay que creer en los chicos y no actuar como si te importaran un pepino, algo que captan a la perfección. En esta profesión se suda mucho la camiseta aunque la administración no siempre lo reconozca.

Es usted optimista.
Es que si el pesimismo se instala en nuestras cabezas estamos perdidos. Por lo tanto me tomo el optimismo como un imperativo moral. Estamos obligados a dar todas las batallas por las buenas causas y la educación pública es una de las más importantes. Esto nos obliga a ponernos de acuerdo con otros que, aunque no piensen igual, estén abiertos a establecer vínculos de solidaridad dentro de un modelo capitalista que no se preocupa por el bienestar general. Vivimos en un sistema insostenible caracterizado por la desigualdad social y la crisis medioambiental. El capitalismo es el desorden.

Fuente:
http://ctxt.es/es/20180214/Politica/17908/Entrevista-Agustin-Moreno-educacion-izquierda-sindicalismo.htm

35 años y siete leyes escolares. La convivencia entre la pública y la privada, la Religión y los itinerarios para los alumnos han estado en el centro del trajín normativo de la educación en democracia

La legislación educativa ha sido un baile continuo en España, lleno de polémicas, agrios debates, protestas en las calles e intervención de los tribunales. Un vaivén que muchos especialistas han señalado como uno de los principales problemas del sistema, por lo que reclaman de una vez por todas un gran pacto de Estado que le dé una estabilidad imprescindible para la mejora. En la anterior legislatura se estuvo cerca de ese pacto, pero no se consiguió, y el actual proyecto que hoy se aprueba en el Congreso, la LOMCE, está muy lejos de él, con un amplísimo consenso en contra: ha provocado ya dos huelgas generales y los principales partidos de la oposición se han comprometido a derogar la norma en cuanto puedan. Durante el agitado debate de la que será la séptima ley orgánica de la educación no universitaria vigente durante la democracia, han vuelto a resurgir todos los problemas no resueltos desde hace muchas décadas y sobre los que ha girado la legislación: la convivencia entre la escuela pública y la privada, la presencia de la Religión en las aulas y el mantenimiento de un tronco común para todos los alumnos hasta los 16 años frente a la apertura de vías alternativas. El siguiente es un repaso a los cambios normativos de las últimas décadas.

Ley General de Educación, LGE, 1970. Aprobada en 1970, aún durante el régimen franquista, dio la estructura básica del sistema educativo hasta los años noventa. La educación obligatoria iba de los 6 a los 14 años (EGB). Antes de esa edad estaba preescolar (con centros de párvulos a los 4 y 5 años) y después el bachillerato (BUP), coronado con el Curso de Orientación Universitaria (COU), de los 14 a los 18 años. En cuanto a la FP, la ley “definía una formación profesional nueva, bien estructurada, con visión de futuro, y con aspectos muy innovadores, ya que situaba tres niveles, la FP1 y FP2 como un itinerario posterior a la EGB y al BUP, y la FP3 como salida corta tras el primer ciclo de la universidad”, aunque ese último tramo no llegó a entrar en vigor y los cambios modernizadores se acabaron diluyendo, según escribía en un artículo en El PAÍS en 2002 la entonces consejera de Educación del País Vasco, Anjeles Iztueta.

Por lo demás, la Ley General de Educación "responde a un deseo de evolución”, y “su promulgación representa la intención de crear un modelo que responda o se adapte a los cambios demográficos, económicos, o culturales" que había ido consiguiendo la sociedad española, asegura el profesor de la Universidad de Valencia Alejandro Mayordomo en un trabajo de 2002. Y añade: "No solo se declaraba obligatoria y gratuita la EGB, sino que se especificaba que para hacer posible el ejercicio del derecho a la educación en los niveles no obligatorios el Estado daría plena efectividad al principio de igualdad de oportunidades; en el artículo 3 se expresaba respecto a la educación que 'a todos los efectos tendrá la consideración de servicio público fundamental”.

Más de 12.000 personas reclamaron en un encuentro en diciembre de 1979 en Madrid financiación para la escuela privada.

Ley Orgánica Reguladora del Estatuto de Centros Escolares, LOECE, 1980. Esta norma abre un periodo de confrontación para desarrollar legalmente el acuerdo educativo alcanzado con la Constitución. Este, en realidad, es tan ambiguo que permite, según gobierne una postura ideológica u otra, que se proteja más a la escuela pública (“Todos tienen el derecho a la educación”, dice el texto constitucional) o a la privada (“Se reconoce la libertad de enseñanza”, señala también). Así, esa pelea abierta durante casi todo el siglo XX entre quienes defienden la escuela como servicio público y común a cargo del Estado y quienes la entienden como un bien privado sujeto por encima de todo a la elección y las decisiones de los padres (en este caso, postura muy vinculada a la Iglesia católica) aflora con fuerza en esta ley, que, obra de un partido conservador (UCD), tiende a la segunda opción.

"¿Cuáles eran los aspectos discrepantes? Fundamentalmente tres: el artículo 5º, que afirmaba la libertad de elección de centro de acuerdo con las convicciones religiosas y filosóficas de los padres; el artículo 15, que subordinaba la libertad de expresión docente de los profesores al ideario educativo del centro; el artículo 34, que reconocía al titular del centro el derecho a establecer el ideario educativo y amplias facultades de dirección, al tiempo que remitía al reglamento interno del centro la regulación de la intervención de la comunidad educativa en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos", escribe el profesor emérito de la UNED Manuel de Puelles. La libertad de elección efectiva, según el texto, requería financiar con dinero público la enseñanza privada, incluidos los llamados centros de élite, pero sin contrapartidas para los titulares de los colegios.

La norma se aprobó en 1980, pero fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por la oposición. La justicia finalmente estimó parcialmente el recurso y eliminó varios puntos: "Se reconoce el derecho a establecer un ideario educativo propio como formando parte de la libertad de creación de centros; se señala un contenido de la libertad de cátedra en los centros de cualquier grado o nivel, ‘que habilita al docente para resistir cualquier mandato a dar a su enseñanza una orientación ideológica determinada'; se afirma que la existencia de un ideario no obliga al profesor a convertirse en un apologista del mismo, pero tampoco a dirigir ataques abiertos o solapados contra ese ideario, las libertades del profesor y del centro han de hacerse compatibles”, entre otros, según escribe el profesor Mayordomo.

Ley Orgánica del Derecho a la Educación, LODE, 1985. Ya con un Gobierno del PSOE, llegó el turno desde el otro lado de la barrera ideológica para abordar el problema. La tramitación de la LODE también contó con su agrio debate parlamentario y la llamada a los tribunales, que retrasó su puesta en marcha durante más de un año hasta que finalmente entró en vigor en julio de 1985. Esta norma estableció el régimen de conciertos actual (la subvención a los colegios privados para que ofrezcan enseñanzas obligatorias gratuitas) a cambio, ahora sí, de contrapartidas. La LODE estableció "la actuación de los centros docentes con sujeción a los principios constitucionales, garantía de neutralidad ideológica y respeto de las opciones religiosas y morales; garantía de la efectividad del derecho a la educación y de la posibilidad de escoger centro docente, mediante una programación general de la enseñanza —con la participación efectiva de todos los afectados […]; establecimiento de criterios prioritarios —como renta o proximidad al domicilio— para la admisión de alumnos en los centros públicos cuando no existan plazas suficientes; el derecho de los titulares de centros privados a establecer el carácter propio de los mismos, que deberá ser puesto en conocimiento de los distintos miembros de la comunidad educativa”, según vuelve a reflejar Mayordomo en su trabajo La transición a la democracia: educación y desarrollo político.

Tras el pronunciamiento del Constitucional —desestimó el recurso presentado por Alianza Popular y solo se retiró un punto que decía que el carácter propio de los privados tenía que someterse a una autorización previa—, la LODE fue aprobada por 196 votos a favor, correspondientes al Grupo Socialista y a la Minoría Catalana; 96 en contra, del Grupo Popular y la Minoría Vasca, y seis abstenciones del Grupo Mixto.

Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, LOGSE, 1990. Resuelta, al menos en apariencia, la convivencia de la escuela pública y la privada, le llegaba ahora el turno a la estructura del sistema. Así, después de varios años de negociación y de propuestas, en 1990 se aprobó la LOGSE, el cambio más profundo de la escuela durante la democracia, y cuya estructura de cursos y etapas continúa vigente hoy. Esta norma aumentó la escolarización obligatoria hasta los 16 años, y la dividió en dos etapas: Educación Primaria (de 6 a 12 años) y Educación Secundaria Obligatoria (ESO, de 12 a 16). Antes, se establecen dos ciclos de Educación Infantil: hasta 3 años y de 3 a 6. Después de la ESO llegan dos cursos de Bachillerato previos a la Universidad. La FP se dividió, como antes, en dos, pero requiere un título para acceder: el de la ESO para la FP de grado medio y el de bachillerato, para la de grado superior. El objetivo era dignificar las enseñanzas técnicas, tenidas tradicionalmente como la vía para el que no conseguía encajar académicamente. Sin embargo, la exigencia previa en el caso del grado medio ha sido señalada después como un error por algunos expertos, pues dejaba a los alumnos que no lograban la ESO sin alternativas para seguir estudiando.

La LOGSE fue aprobada en el Congreso con los únicos votos en contra del PP (dos diputados de Unión Valenciana se abstuvieron). La norma, que se puso en marcha gradualmente a lo largo de casi una década, ha sido señalada insistentemente por los populares como uno de los grandes enemigos de la calidad de la enseñanza: han atacado una y otra vez la comprensividad --es decir, que los alumnos tuvieran que estar juntos y estudiando básicamente los mismo hasta el final de la ESO, a los 16 años-- y una supuesta pérdida de exigencia académica

Manifestación contra la LOCE en octubre de 2002 en Madrid.

Ley Orgánica de Calidad de la Educación, LOCE, 2002. La Ley de Calidad del Gobierno de Aznar no tocó la estructura anterior; la escolarización obligatoria hasta los 16 años estaba ya completamente asentada. Sin embargo, ponía en marcha caminos alternativos dentro de la ESO para contrarrestar esa comprensividad que tanto habían criticado. Así, se abrían itinerarios distintos, según el rendimiento de los alumnos, al final de la ESO. A partir de los 14 años (tercero de ESO) se les dividía entre los que quisieran ir al bachillerato o a la formación profesional (en este curso, la separación sería con la asignatura de matemáticas, en un caso más difíciles que en el otro). En cuarto, el itinerario para los futuros bachilleres se desdoblaría (en uno científico y otro humanístico) y se añadía otra opción más: los Programas de Iniciación Profesional (PIP), de dos años de duración, para los estudiantes con más dificultades. Todos daban acceso al título de la ESO. La gran crítica desde la izquierda a este modelo fue a una posible segregación temprana que perpetuase las desigualdades sociales, es decir, que a los alumnos pobres se les acabase enviando por norma a los caminos alternativos.

Asimismo, la LOCE otorgaba "carácter asistencial" a la educación preescolar (de 0 a 3 años), y que todos los alumnos estudiarían Religión o su alternativa, Hecho Religioso, desde la primaria al bachillerato; ambas materias serían evaluables y computarían para la nota media. Además, se endurecía el paso de curso en la ESO (repetirían con dos suspensos) y recuperaba la reválida al final del bachillerato como requisito ineludible para obtener el título y acceder a la Universidad. Sin la reválida, pero con los dos cursos de bachillerato aprobados, se podría pasar a la FP de grado superior.

La LOCE fue aprobada en diciembre de 2002 con los únicos votos favorables del PP y de Coalición Canaria. Sin embargo, la norma fue derogada cuando llegó el PSOE al Gobierno en 2004, por lo que apenas llegó a entrar en vigor en unos pocos puntos.

Ley Orgánica de Educación, LOE, 2006. Con el PSOE de nuevo en el poder, la LOE derogó todas las anteriores leyes vigentes salvo la LODE, de la que quedó algo, aunque poco. Es la que actualmente está en vigor. También llegó, como las demás, acompañada de polémica y de manifestaciones en las calles. Mantiene la estructura básica del sistema, de cursos y etapas, que estableció la LOGSE.

Sobre Religión, dice que todos los centros tendrán que ofrecer esta asignatura pero solo la cursarán los alumnos que lo deseen, sin alternativa. La nota nunca contará para cualquier proceso competitivo, por ejemplo, para conseguir becas o para entrar en un colegio u otro. En la ESO, los alumnos con tres suspensos deben repetir, a no ser que sus profesores digan lo contrario. Se crean dos asignaturas nuevas: Ciencias para el Mundo Contemporáneo en bachillerato, y Educación para la Ciudadanía en todas las etapas. Esta última materia causó un gran rechazo en la Iglesia católica y sectores conservadores que llegaron a boicotearla.

Por otro lado, se establecen comisiones de admisión con representantes de las administraciones educativa y local, los padres, los docentes y los centros públicos y privados para velar por que nadie haga trampas. Además, se retoma la idea de la iniciación profesional de la LOCE para los alumnos más complicados, aunque con un ligero cambio de nombre (Programas de Cualificación Profesional Inicial, PCPI), con una curso obligatorio y otro optativo y estableciendo que la entrada debía ser a los 16 años salvo en contadas excepciones.

La ley fue aprobada en el Congreso en abril de 2006 con el apoyo de todos los grupos parlamentarios menos del PP, que votó en contra, y de CiU, que se abstuvo.

Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE, 2013. En la última etapa del Gobierno socialista, con Ángel Gabilondo como ministro de Educación, hubo un intento de pacto de Estado que estuvo muy cerca de materializarse. Aunque no fue así, el Gobierno aprobó, dentro de la Ley de Economía Sostenible de 2011, algunos cambios y algunas concesiones a los populares. Por ejemplo, que en el último curso de ESO se abrieran dos vías, con materias comunes, pero también distintas dependiendo de si el alumno quería estudiar después bachillerato o FP; o el adelantamiento a los 15 años de la entrada a los PCPI. Pero con la llegada del PP al Gobierno se paralizaron estos cambios y el ministerio dirigido por José Ignacio Wert empezó a trabajar en lo que en principio se anunció como una reforma parcial de la LOE, pero que finalmente se ha convertido en un cambio de gran calado (según, al menos, el Consejo de Estado): la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa.

Esta recupera numerosos puntos de la frustrada LOCE de 2002: las reválidas al final del bachillerato (también pone otra al final de la ESO), la Religión evaluable con una alternativa y los itinerarios. Asimismo, establece un nuevo sistema para fijar los contenidos de las asignaturas con el que el Gobierno central se asegura más control de las materias troncales (matemáticas, lengua, ciencias, inglés, historia...). También promueve la especialización de los centros en determinadas áreas (por ejemplo, la vía hacia la FP o al bachillerato en la ESO) o en planes de mejora de la calidad (los centros que lo impartan podrán tener fondos extra), a la vez que da más poder a los directores (a los que elegirá la Administración) mientras se lo resta a los consejos escolares (formados por docentes, padres y, en los institutos, alumnos). Elimina Educación para la Ciudadanía y Ciencias para el Mundo Contemporáneo. También apoya a la escuela concertada, por ejemplo, respaldando en una ley orgánica que se pueda dar terreno público para construir centros privados subvencionados.

ESPECIAL: La reforma educativa

https://elpais.com/sociedad/2013/11/26/actualidad/1385489735_160991.html?rel=lom

“He comprendido que repetir curso no es la solución”. El ministro de Educación promete revisar las ayudas para los alumnos más rezagados que el PP ha recortado más del 90%

Cuando el actual ministro de Educación, Cultura y Deporte asumió el cargo en el verano de 2015 confesó que no conocía su cartera: "Estudio por las noches". Año y medio después, Íñigo Méndez de Vigo (Tetuán, 1956), lamenta que le criticaran "mucho" por aquellas palabras."Alguien dijo que aquí había que venir sabido, alguien importante en el Congreso de los Diputados", explica este abogado y profesor, que milita en el PP desde 1989. "Sé más que entonces, pero todavía estoy aprendiendo". Durante este tiempo, ha tenido que enmendar algunas de las medidas más polémicas que heredó de su predecesor, José Ignacio Wert. España es uno de los países con una tasa de repetidores más alta de la OCDE, que ha alertado a España por este asunto. Méndez de Vigo coge el guante y asume que los alumnos rezagados necesitan ayuda de la Administración, aunque fue su Gobierno el que retiró los programas de apoyo. Entre sus misiones, cerrar un pacto de Estado por la educación inédito en España. La subcomisión que debe acordarlo acaba de echar a andar. La entrevista con EL PAÍS tuvo lugar el pasado jueves 19 de enero. Estas son las preguntas centradas en su faceta de titular de la cartera de Educación (puede consultar aquí la parte centrada en su labor como portavoz).

Pregunta. El PP fue el único partido que se descolgó del anterior intento de un pacto educativo que encabezó el PSOE y el que ha aprobado leyes educativas en solitario. ¿Se ven en condiciones de encabezar un pacto que aglutine a todos?

Respuesta. Tenemos esa obligación siendo Gobierno, nos hemos comprometido en el acuerdo de investidura con Ciudadanos y es uno de los grandes pactos de Estado que ha propuesto el presidente del Gobierno. Creo que tenemos la experiencia acumulada de estos años. Hay acuerdo en temas importantes como que hay que bajar las cifras de abandono temprano o la mejora de la calidad educativa. Yo veo que hay ganas. Ya cerramos un acuerdo con el aplazamiento de las evaluaciones de la LOMCE [Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa]... seguir leyendo

http://politica.elpais.com/politica/2017/01/21/actualidad/1485019009_488311.html?rel=lom

¿Alguien se pregunta si una ley es justa?

Un buen pacto sobre la educación sería hoy tan importante como algunos acuerdos de la Transición.

“Ya no nos preguntamos nunca si una sentencia judicial o un acto legislativo es bueno. ¿Es imparcial?, ¿es justo?, ¿es correcto? ¿Ayudará a construir una sociedad mejor?”. No son preguntas ingenuas, impropias de ciudadanos de democracias maduras. Tony Judt, que realizó esa reflexión, no era un ingenuo, sino un intelectual valioso, a cuyos libros regresamos, agobiados y desconcertados, en busca de su análisis y de su inspiración. “Esas solían ser las auténticas preguntas de índole política, incluso aunque no invitaran a respuestas fáciles. Debemos aprender de nuevo a plantearlas”.

En ningún caso serían más oportunas esas preguntas que en materia de leyes sobre la educación. Un buen pacto sobre la educación, capaz de mejorar la calidad de la enseñanza, la formación de los profesores y la apreciación social de ese profesorado sería hoy tan importante como lo fueron algunos acuerdos de la Transición. De hecho, el mayor fracaso que puede haber para la generación que hizo aquella transición es el fracaso del pacto educativo. No puede existir una mayor decepción para esa generación, al margen de su raíz ideológica, que comprobar impotente cómo la organización educativa termina por acentuar las desigualdades. Qué mayor fracaso para todos que un joven o una muchacha que, estando capacitado, no continúa sus estudios por falta de recursos familiares y de apoyo social.

¿Es buena?, ¿es correcta?, ¿será justa la nueva Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa? ¿Ayudará a construir una sociedad mejor? De momento cabe decir que es una ley que puede nacer con el apoyo de un único partido, con mayoría absoluta parlamentaria, pero con el rechazo de la mayoría de profesores, padres y alumnos y de la oposición en pleno. Una vez más, la educación corre el riesgo de quedar regulada por las opiniones de un partido concreto y no por intereses generales.

No sería la primera vez, cierto, pero en esta ocasión el desacuerdo es todavía más amargo porque la sociedad atraviesa una crisis dramática que ha dejado en evidencia las carencias del sistema y porque la necesidad del acuerdo es más evidente que nunca. Tenemos la generación de jóvenes mejor preparada de nuestra historia, sin duda, pero también una generación con un porcentaje intolerable de jóvenes con formación claramente insuficiente o inadecuada. Son estos últimos quienes han sido enviados masivamente al paro, sin que tengan instrumentos para lograr su recuperación laboral.

La educación tiene una clara raíz política, pero esas tensiones ideológicas no impidieron en su día un primer consenso, en la difícil etapa de la Constitución. Los artículos relativos a la educación fueron uno de los principales escollos para alcanzar el pacto y exigieron un debate laborioso y difícil. Quizá no esté de más recordar que la defensa de los textos finalmente pactados se confió al entonces diputado de la Minoría Catalana Miquel Roca, y que fueron UCD y PSOE conjuntamente los que rechazaron cuarenta enmiendas en el Senado. Allí se pactó el elemento más intratable de un acuerdo para la educación ente socialistas y democristianos: la financiación de las escuelas religiosas. Entonces fue posible.

Las tensiones ideológicas no han impedido en otros países establecer pautas compartidas para el desarrollo de los acuerdos constitucionales. ¿Acaso no existe una derecha conservadora en Francia? ¿No hay liberales y socialistas en Finlandia? ¿No existen Estados federados con soberanía compartida? ¿Cuál es nuestro fallo? ¿Están implicados en España intereses más brutales que en esos otros países?

Quizá el pacto sobre el desarrollo constitucional de la educación no es posible porque no existe suficiente presión social al respecto, porque la sociedad española no tiene el mismo aprecio por la educación que en esas otras sociedades. Es posible, pero en ese caso la responsabilidad de los agentes políticos sería aún mayor, porque su primera obligación sería precisamente promover ese debate y cambiar esa apreciación social. ¿Se pregunta hoy algún gobernante si la nueva ley será justa? ¿Es eso incompatible con la ideología?, ¿o con los intereses?
solg@elpais.es




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(Foto, cumpleaños de Rosa, lo celebró con amigas en Nueva York)