El gobierno nunca pretendió realizar un Pacto educativo. Foro de Sevilla.

La derogación de la LOMCE necesita que los partidos políticos sean responsables y coherentes con los compromisos que adquirieron. La educación y el futuro está por encima de luchas políticas que solo provocan perplejidad a la sociedad.

“La educación es el lugar donde decidimos si amamos el mundo lo bastante como para tomar una responsabilidad por él, y así transmitirlo a nuestros descendientes” (Hannah Arendt)


El gobierno nunca ha pretendido realizar un pacto por la educación, fue una maniobra disuasoria para conseguir aplicar la LOMCE. Mientras se debatía, quienes querían mantenerla sugerían que el problema de la educación en nuestro país era la cantidad de leyes aplicadas desde los años setenta (en realidad generales solo fueron tres, LOGSE, LOE y LOMCE) y no la falta de democratización y recursos de nuestro sistema educativo.

Partidos políticos y comunidad escolar se esforzaron en participar en la Subcomisión, a pesar de que la LOMCE fue rechazada en el Parlamento y en la calle, y el Gobierno puso veto a su derogación y siguió haciéndolo con las propuestas que pretendían conseguir una educación democrática.

¿Por qué lo hicimos?, porque la educación es una forma de amar el mundo y nos sentimos responsables y comprometidos con el futuro. Confiados nos sometimos a la necesidad de un “pacto por la educación”, con quienes solo querían maquillar la LOMCE.

El gobierno nunca pretendió modificarla y todas sus propuestas “orillaban” la ley planteando temas o aspectos que no eran centrales en la misma, o que en su propia definición eran ambiguos para la defensa de una educación pública, no discriminatoria y excluyente y que diera cabida a la diversidad y pluralidad de niños y niñas sin estar determinados por el nacimiento o riqueza.

La LOMCE se desarrolló, porque a pesar de que las reválidas estaban en suspenso se aplicaron “descafeinadas” y se sometió la educación a currículos estandarizados y cerrados, que se utilizaron para el acceso a la universidad, improvisando y obteniendo los peores resultados de la historia de la selectividad. Porque a pesar de que las evaluaciones no influyeron en la promoción en secundaria se aplicaron itinerarios, programas de mejora del aprendizaje y rendimiento y una formación profesional básica que dejaron a muchos alumnos y alumnas en la cuneta.

Porque han seguido concertando centros, cerrando escuelas públicas, privatizando la educación y fomentando programas de excelencia y talento, mientras la segregación por nivel socioeconómico entre los centros educativos se disparaba. No solo es necesario pararla sino blindar la nueva ley para que las Comunidades Autónomas no puedan saltarse el derecho a la educación.

Es una ley, conservadora y neoliberal, porque ofrece autonomía, pero la limita controlando a través de evaluaciones externas las prácticas escolares. Convierte al profesorado en un preparador de exámenes y al alumnado en un sujeto domesticado y pasivo, preparado en conocimientos neutrales y especializados solo para el mundo laboral.

El postulado neoliberal plantea que se puede acceder a todo lo que se desea sin existir barreras y sin estar determinado por la clase social, etnia o género. Desaparecen los derechos colectivos de niñas y niños por derechos de mercado o demandas individuales que afectan a todos. La LOMCE es un paso en firme para lograr un sistema educativo mercantilista basado en la competitividad y, con una mayor eficacia en los resultados con una menor inversión, que solo puede suponer precarización del profesorado, desigualdad en la atención a la diversidad y la constitución de centros de primera, segunda y tercera categoría.

A pesar de que el Tribunal Constitucional pueda incluso validar la segregación por sexos, los itinerarios y la elección de centro por parte de las familias, en realidad se están encubriendo todas estas políticas de selección y elitismo. ¿A quién beneficia esto?

La educación ya no es una promesa de futuro laboral o diferenciación social y las clases altas y medias buscan ese objetivo, que sus hijos e hijas sirviéndose de su capital cultural (información, relaciones) y de su capital económico (residencia, desplazamientos, actividades suplementarias) accedan a grupos de élite y tengan más posibilidades de éxito. A la vez que los colegios se esfuerzan por escoger al alumnado que le va a garantizar un mejor desempeño.

Pero no solo es una acción de las familias, sino que son teledirigidas por las políticas educativas: Recortes y cierre de aulas en el sector público, desgravaciones en los colegios de pago, apertura de privados concertados con suelo público, implantación del distrito único, evaluaciones con fines comparativos… A lo que añadimos una red privada, que cumple a la perfección con la selección y es financiada públicamente: segrega a los inmigrantes, separa por sexos y distribuye por clases sociales.

En lugar de esto, se trata de conseguir que todas las escuelas públicas estén dotadas de los mejores recursos y posibilidades, en vez de incitar a elegir, seleccionar y competir por las que supuestamente den mayores ventajas competitivas futuras a nuestros hijos e hijas, ya que no solo es más equitativo, sino que preserva los fines sociales de la educación.

Lo que nos une a los colectivos que hemos suscrito el documento de bases para una nueva ley educativa es la defensa de una escuela pública democrática. Las escuelas en una sociedad democrática existen para el apoyo y extensión de la democracia, de lo contrario son socialmente inútiles o socialmente peligrosas porque educarán a personas que seguirán su camino y se ganarán la vida indiferentes a las obligaciones de ciudadanía en particular y a una forma de vida democrática en general.

La LOMCE significa un recorrido en sentido contrario al que necesita nuestro sistema educativo porque propugna un Estado empresario que rinde la democracia al sistema económico. Así justificaron la impugnación de la derogación de la LOMCE y siguen sometiendo todas sus actuaciones a la lógica mercantil.

El derecho a la educación no se consigue con modelos de gestión que buscan una mayor eficacia reduciendo los costes (hasta un 3,8% del PIB como está proponiendo para 2018 el Gobierno a Bruselas). Además, responsabilizan de los resultados al profesorado, al alumnado y a sus familias, y no a la falta de recursos y al modelo competitivo y selectivo de escuelas que desmantelan el proyecto solidario de vertebración social.

Estando en uno de los países con más segregación escolar por nivel socioeconómico de Europa, el tercero en pobreza infantil después de Rumanía y Grecia y donde han aumentado los casos judiciales de violencia machista en adolescentes en un 30%, no necesitamos un nuevo proyecto de ley que refuerce el privilegio.

Las organizaciones sindicales (CCOO, Stes, CGT), de padres y madres de alumnos (CEAPA), los colectivos sociales (Mareas por la educación pública, Europa Laica, La educación que nos une, MRP, Colectivos de educación infantil, Foro de Sevilla…) y grupos políticos (PSOE y Unidos Podemos) ante la preocupación por la deriva mercantilista de nuestro sistema educativo, fueron convocados por “Redes por otra política educativa” el pasado 15 de marzo en una mesa redonda celebrada en el Parlamento. Coincidieron en una serie de propuestas:

La imposibilidad de seguir participando en un pacto que desprecia a la comunidad educativa y la negociación democrática. Sin recuperar los recortes y tener una financiación suficiente (base el 5% del PIB) no se pueden plantear soluciones. CCOO junto a otros sindicatos y CEAPA decidieron abandonar la comisión técnica del Consejo Escolar del Estado para no dar coartada al gobierno con su participación y validar su trampa a la sociedad con un supuesto pacto social inexistente.

-Derogación de la LOMCE y los recortes. Levantar el veto de la mesa del Parlamento a la derogación de la LOMCE y empezar inmediatamente considerar las iniciativas parlamentarias que cuentan con el apoyo de la comunidad educativa.

-Plantear una nueva ley educativa a favor de la mayoría social que debe tomar como punto de partida el Documento de bases en el que han participado las entidades de “Redes por otra política educativa”, que cuenta con un gran consenso y defiende el modelo de escuela pública y el derecho a la educación de alumnos y alumnas desde el nacimiento y a lo largo de la vida. Abierta a que puedan unirse más colectivos en su debate y construcción con un consenso social real.

-Conseguir una ley que trabaje por el bienestar común, evitando todas las segregaciones: por sexo, lingüísticas, socioeconómicas, por religión, por talento… Sin concesiones a la enseñanza como negocio.

-La ideología de la LOMCE supone un aumento del fracaso escolar, la segregación temprana y la expulsión del alumnado de los centros con la promoción de itinerarios, las evaluaciones y rankings, la segregación por sexos y la competitividad creada en el sistema educativo por el sentido mercantilista de dicha ley.

-Garantizar la democratización de los centros con una autonomía real y la participación de la comunidad escolar.

-Restituir las competencias del Consejo Escolar del Centro y del Claustro, garantizar su carácter laico, eliminar el modelo autoritario y antidemocrático de nombramiento de directores y directoras de la LOMCE. Así como evitar la supresión de líneas en los centros educativos públicos para favorecer la educación privada-concertada.

-Generar nuevos currículos y métodos adaptados a las necesidades del alumnado (laicos, plurales, integrales), con conocimientos adaptados al contexto y relaciones educativas inéditas frente a las impuestas.

-Recursos humanos y materiales para el apoyo a la diversidad en el aula.

Oportunidad de retomar las movilizaciones en torno a propuestas, reforzando alianzas y estableciendo calendarios.

La derogación de la LOMCE necesita que los partidos políticos sean responsables y coherentes con los compromisos que adquirieron. La educación y el futuro está por encima de luchas políticas que solo provocan perplejidad a la sociedad.

Carmen Rodríguez, Julio Rogero, Rodrigo J. García, Francisco Imbernón y Montse Milán. Miembros del Foro de Sevilla.

http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2018/03/23/el-gobierno-nunca-pretendio-realizar-un-pacto-educativo/

La Universidad busca soluciones a la lacra de sus “profesores pobres”. El número de docentes asociados, que pueden ganar menos de 500 euros al mes, se ha incrementado con la crisis.

Son profesores universitarios e imparten lecciones por las que pueden ganar menos de 500 euros al mes. Los asociados son los más precarios de la Universidad y se cuentan por miles. El presidente de los rectores, Roberto Fernández, denunció ya en noviembre la situación de los "profesores pobres” y lo denunció ante el ministerio. Este viernes, en el primer encuentro de la conferencia de rectores pidió soluciones a los problemas de financiación y a la precariedad creciente de las plantillas. La reunión se ha celebrado en Valencia, donde los asociados se han puesto en huelga.

La figura del profesor asociado nació con un objetivo que no siempre cumple. En la Ley de Reforma Universitaria (1983) se estableció para contratar “temporalmente” a especialistas del mundo profesional que pudieran aportar su experiencia a las aulas. Más de 30 años después, distintas fuentes universitarias coinciden en que aquella idea inicial se ha pervertido con los años y se ha agudizado durante la crisis por la prohibición de reponer plantilla que aprobó el Ministerio de Educación.

No son siempre especialistas que dan un servicio temporal, sino profesores en precario que encadenan contratos semestrales o anuales durante largos periodos de tiempo y que hacen funciones similares a funcionarios o contratados más estables. Pero cobrando sueldos de 200 a 600 euros y teniendo que pagar además la cuota de autónomos.

“Llevo más de 20 años encadenando contratos”, explica la profesora asociada Isabel de la Cruz, docente en el departamento de Sociología de la Universidad de Valencia (UV). “Si consideramos que no nos pagan el tiempo que dedicamos a preparar las clases o las tutorías, cada hora de nuestro trabajo sale a cinco euros”, denuncia. “Somos manos de obra barata y precarizada, por eso pedimos que a igual trabajo haya igual salario”. De la Cruz forma parte de la plataforma de profesores asociados de la UV, la universidad donde se han iniciado las protestas con una huelga que empezó el pasado lunes.

La situación es extensible a otros campus. El nuevo presidente de la conferencia de rectores, Roberto Fernández, aseguró el pasado noviembre que en la Universidad española “hay profesores pobres”. Lo dijo a los pocos días de asumir el cargo y ha convertido esta precariedad en uno de los ejes prioritarios de su mandato.

El también rector de la Universidad de Lleida se reunió el jueves con los representantes de la plataforma de profesores asociados de la UV en huelga y se comprometió a “poner muy encima de la mesa” la problemática en la conferencia de rectores. Fernández subrayó además la “fuerte repercusión” de esta precariedad en la vida universitaria española y llamó a revisarlo con “una visión de conjunto de la carrera docente y de su estructura”. “La Universidad sabe que no puede funcionar si no tiene una cantidad adecuada de profesores permanentes”, argumentó tras acusar a “los recortes que hizo en su momento el Gobierno en las universidades” de la precarización de las plantillas. Situaciones como la de los profesores asociados “no son sostenibles”.

“Es un problema de carácter económico y la solución será también de carácter económico. Una democracia de calidad no puede tener una universidad precarizada”, insistió ayer el presidente de los rectores. Fernández avanza que, tras los recortes de la crisis, los campus están en una situación “realmente de urgencia”.

Por miles
Las universidades españolas desconocen cuántos docentes están en esta situación. La plataforma de la UV calcula que en su campus son el 30%, unas 1.300 personas. Y que están recibiendo llamadas de otras universidades para organizar nuevas movilizaciones.

Según los últimos datos oficiales publicados por el Ministerio de Educación, correspondientes al curso 2014-2015, 20.000 de los 99.000 profesores de las universidades públicas son asociados, es decir, un 20% del total. Lo que no ofrece la estadística oficial es cuántos de ellos se corresponden con la mala utilización de esa figura. “Sin duda se cuentan por miles”, estima Martí Parellada, el coordinador general de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD), que elabora monográficos periódicos sobre la Universidad española.

Este experto en estadística universitaria subraya que la política del profesorado durante la crisis —el Gobierno prohibió reponer un solo profesor jubilado durante más de un lustro— ha sido “claramente negativa para las plantillas”. “Es evidente que hay un gran problema porque no han aparecido nuevas plazas en cinco o seis años y las necesidades se han cubierto con profesores temporales”, subraya Parellada.

https://politica.elpais.com/politica/2018/02/02/actualidad/1517601267_811315.html


UN PACTO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Los grupos parlamentarios negocian estas semanas los detalles de un pacto de Estado por la educación que, de alcanzarse, sería inédito en España pero que se acotó y dejó fuera la etapa universitaria.

El presidente de los rectores españoles, Roberto Fernández, reclamó ayer que se active también la negociación para un acuerdo “que pudiera sustanciarse en una nueva ley de universidades o en la reforma profunda de la actual”. La conferencia de rectores, la CRUE, aprobó ayer un documento que han llamado Agenda Política Universitaria, con 10 puntos a abordar que se ocupa “de los grandes problemas estructurales, principales y más urgentes de la universidad española”, añadió su presidente.

Los rectores quieren trasladar esa agenda al Gobierno central, a las comunidades autónomas y a los grupos parlamentarios del Congreso. Quieren hablar con los diferentes agentes sociales “para solicitar al Parlamento y al Gobierno que se ponga a las universidades españolas en primera línea”. También prevén reuniones con los consejos sociales y los sindicatos.

Los partidos piden un fondo para desigualdades regionales en el pacto educativo. La negociación para un acuerdo inédito en democracia arranca con la financiación. El PP es el único que no ha detallado su propuesta económica.

Como ocurre en las mejores familias, el dinero puede ser un obstáculo para ponerse de acuerdo. Tras tres meses elaborando un guion, los partidos empiezan a negociar el pacto de Estado por la educación revisando la financiación. PP, PSOE y Ciudadanos comparten crear un fondo interterritorial que corrija diferencias de resultados o de financiación por comunidades. Podemos mira con recelo la iniciativa, que necesita la implicación explícita de las autonomías. El PP es el único que no ha puesto aún cifras encima de la mesa para debatir.
Tres reuniones semanales de varias horas y 15 puntos de un guion que deben desarrollar y acordar antes de mayo. Así prosigue el calendario de actuaciones fijado por los cuatro grandes partidos para alcanzar un pacto de Estado inédito en democracia. Tocarán desde la peliaguda financiación al peso de la enseñanza concertada (privada financiada con fondos públicos), la formación y la carrera de los profesores —que todos dicen querer modificar desde hace años pero que no avanza más allá de sucesivos anuncios como el MIR educativo—, a la religión o la Formación Profesional.

La situación económica de la educación española parte con desventaja respecto a Europa y la OCDE, con menos del 4% del PIB en inversiones y una reducción de 8.000 millones de euros en gasto educativo durante la crisis hasta los 46.114 que se prevén alcanzar en 2018. Y con una profunda brecha entre comunidades autónomas, que son las que gestionan más del 80% del gasto educativo y las responsables de aplicar las políticas.

Según los últimos datos oficiales disponibles, correspondientes a 2014, País Vasco destina el doble de dinero por estudiante y año (8.976 euros) que Madrid (4.443 euros) o Andalucía (4.510), aunque la comparación del gasto por alumno deja fuera variables como mayor o menor población o dispersión geográfica. Euskadi es también la comunidad con menos abandono educativo temprano. El gasto es una de las variables que influyen en los resultados académicos, con otras como el nivel socioeconómico de las familias o la figura del profesor. En parte, la brecha norte-sur en resultados educativos (con hasta tres veces más abandono en Murcia y Andalucía que en el País Vasco) coincide con la brecha por inversión por alumno, con excepciones como el caso de Madrid, entre las peor financiadas pero con buenos resultados.

Con este escenario de fondo, los representantes de los cuatro partidos han presentado este martes sus propuestas iniciales de financiación para debatir. La iniciativa con más consenso, de momento, es un fondo de cohesión interterritorial para eliminar las diferencias regionales —propuesto por PP y Ciudadanos y aceptado por PSOE— sobre el que todos coinciden en que quedaría en papel mojado sin una clara implicación de las comunidades autónomas, gobernadas mayoritariamente a día de hoy por PP y PSOE.

Falta de concreción
Distintos expertos consultados valoran la iniciativa de un fondo de cohesión aunque advierten de que le falta concreción y añaden matices. Lucas Gortazar, investigador de la Universidad del País Vasco, recuerda que el Estado no tiene competencias para fijar el gasto por alumno de cada comunidad y reclama un análisis detallado del gasto más allá de invertir el doble o la mitad. “No puedes comparar una comunidad con población rural ni equiparar salarios de profesores en Jaén y San Sebastián”, señala. Miguel Recio, responsable de estudios de Educación de CC OO, cree que “es necesario, pero no puede suponer que el Estado gaste igual o menos. Si ahora aporta el 5% del gasto educativo, debería doblar la cantidad. Y fijar grandes objetivos, como universalizar la oferta pública, reducir el fracaso escolar o la atención a la diversidad”.

El PP es el único partido que no da ninguna cifra económica para empezar a debatir. La diputada Sandra Moneo defiende que las cantidades se deben ajustar al final de la negociación, con todos los puntos ya acordados. Y, desde el partido que gobierna, reclama un sistema de financiación “sostenible, transparente y eficiente”.

El PSOE, que ha llevado la propuesta más detallada, critica que la negociación empiece sin números. “No es serio que el PP no ponga ni una sola cifra encima de la mesa”, critica la diputada socialista María Luz Martínez Seijo. “Compartimos que exista un marco de financiación autonómica pero con un compromiso económico. Tenemos que saber que hay algo para pagar”.

Ciudadanos comparte que el dinero se concrete al final de la negociación, pero ayer ya dio una primera estimación de gasto por alumno que debería quedar “blindada”, según explicó la diputada Marta Martín, que rechaza que el compromiso de inversión se mida como un porcentaje del PIB, que “no garantiza ni la equidad ni la suficiencia” puesto que si baja el presupuesto global el dinero para educación caería.

“Hay que saber para qué se quiere el fondo común y trabajar con las comunidades, no sobre ellas”, señala el diputado de Podemos Javier Sánchez, que ve con recelo la iniciativa. Su propuesta de financiación prevé fondos a repartir para mejorar las infraestructuras, recuperar la inversión en la etapa inicial de educación infantil (de cero a tres años de edad) o garantizar la gratuidad del material escolar. Sánchez admite que es poco optimista sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo. Las reuniones prosiguen hoy.


LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS POR SIGLAS
PP. Propone fondo de cohesión sin detallar incremento de presupuesto, que promete fijar tras cerrar acuerdos.

PSOE. 1.500 millones de euros anuales más para superar el 5% de PIB en 2025. 5.500 euros de gasto por alumno en 2020, sin que ninguna autonomía baje de los 4.500.

Podemos. 3.000 millones para educación infantil (0-3), 950 para material escolar y 100 para infraestructuras. 5% del PIB en 2020 y 7% en 2024.

Ciudadanos. 6.000 euros por alumno en 2020 (aumentar la inversión 6.200 millones), aunque aclaran que es una estimación a la espera de cerrar los puntos del pacto.

https://politica.elpais.com/politica/2018/01/29/actualidad/1517250414_588171.html

“He comprendido que repetir curso no es la solución”. El ministro de Educación promete revisar las ayudas para los alumnos más rezagados que el PP ha recortado más del 90%

Cuando el actual ministro de Educación, Cultura y Deporte asumió el cargo en el verano de 2015 confesó que no conocía su cartera: "Estudio por las noches". Año y medio después, Íñigo Méndez de Vigo (Tetuán, 1956), lamenta que le criticaran "mucho" por aquellas palabras."Alguien dijo que aquí había que venir sabido, alguien importante en el Congreso de los Diputados", explica este abogado y profesor, que milita en el PP desde 1989. "Sé más que entonces, pero todavía estoy aprendiendo". Durante este tiempo, ha tenido que enmendar algunas de las medidas más polémicas que heredó de su predecesor, José Ignacio Wert. España es uno de los países con una tasa de repetidores más alta de la OCDE, que ha alertado a España por este asunto. Méndez de Vigo coge el guante y asume que los alumnos rezagados necesitan ayuda de la Administración, aunque fue su Gobierno el que retiró los programas de apoyo. Entre sus misiones, cerrar un pacto de Estado por la educación inédito en España. La subcomisión que debe acordarlo acaba de echar a andar. La entrevista con EL PAÍS tuvo lugar el pasado jueves 19 de enero. Estas son las preguntas centradas en su faceta de titular de la cartera de Educación (puede consultar aquí la parte centrada en su labor como portavoz).

Pregunta. El PP fue el único partido que se descolgó del anterior intento de un pacto educativo que encabezó el PSOE y el que ha aprobado leyes educativas en solitario. ¿Se ven en condiciones de encabezar un pacto que aglutine a todos?

Respuesta. Tenemos esa obligación siendo Gobierno, nos hemos comprometido en el acuerdo de investidura con Ciudadanos y es uno de los grandes pactos de Estado que ha propuesto el presidente del Gobierno. Creo que tenemos la experiencia acumulada de estos años. Hay acuerdo en temas importantes como que hay que bajar las cifras de abandono temprano o la mejora de la calidad educativa. Yo veo que hay ganas. Ya cerramos un acuerdo con el aplazamiento de las evaluaciones de la LOMCE [Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa]... seguir leyendo

http://politica.elpais.com/politica/2017/01/21/actualidad/1485019009_488311.html?rel=lom

8. La evaluación del sistema educativo

La educación pública lo es también en el sentido de que debe estar abierta y ser transparente en lo que hace, ante la sociedad que la sostiene, con las familias y, en definitiva, con el alumnado. Todos ellos tienen el derecho a ser informados de cómo es la educación que tenemos. Esa apertura no tendría sentido si no es para mejorar la política educativa, las instituciones escolares y para entender lo que aprenden realmente los alumnos y las alumnas. Como en cualquier otro fenómeno, situación o acción, la evaluación es consustancial a toda actividad educativa sobre la cual tenemos una responsabilidad, pues servimos a un proyecto que persigue metas valiosas y que absorbe recursos públicos importantes. Pero hay muchas formas de enfocar la evaluación y su realización práctica que son más adecuadas y útiles por la información que nos proporcionan.

Participar en el debate... No es aceptable que se mezcle la función de las evaluaciones de tipo diagnóstico sobre el sistema con las pruebas de acreditación (lo que se conocía como reválidas). La evaluación del alumnado a través de pruebas externas normalizadas que sólo sirven para clasificar, calificar, establecer ranking y repartir entre el profesorado premios y sanciones, al tiempo que se resta su autonomía.

Proponemos eliminar el actual sistema de evaluaciones externas basadas en el rendimiento del alumnado, así como los rankings entre centros y proponer evaluaciones que sirvan para la transparencia del sistema educativo y para la participación de la comunidad educativa y de las Administraciones educativas en procesos de mejora.

Participar en el debate... Concreciones y propuestas (↑subir )

• Utilizar la evaluación como instrumento necesario para mejorar los procesos educativos, proponiendo las medidas necesarias para atender a la singularidad y a las necesidades de cada estudiante según su contexto.
• Las evaluaciones externas se configuran a partir de indicadores de evaluación que emanen de los principios, fines y funciones de la educación aquí expuestos, tienen que servir para recabar información sobre programas y políticas educativas que proporcionen un conocimiento público sobre el sistema educativo para su mejora. En ningún caso se harán evaluaciones externas sobre el rendimiento del alumnado que conduzcan a la estandarización de los conocimientos impartidos en la enseñanza.
• Los centros recibirán apoyos para la realización de evaluaciones que conduzcan a la mejora de sus programas educativos, teniendo en cuenta las necesidades y derechos de los alumnos y alumnas. También servirán para analizar la actuación del profesorado, la idoneidad de las propuestas didácticas y el funcionamiento de los centros escolares. Estas evaluaciones tendrán un carácter periódico.
• Dar voz a todos los agentes de la comunidad educativa en un proceso de evaluación democrática entendiendo ésta como no burocrática, informada y participada para implicar a toda la comunidad educativa. Fomentar la evaluación de los equipos docentes, de los medios materiales y humanos, de las direcciones educativas… de tal modo que, sin menoscabo de la autonomía pedagógica, se garantice el derecho de la comunidad a intervenir de forma constructiva en el proceso educativo. Así mismo, se debe fomentar la cultura de la autoevaluación individual del profesorado y colectiva de los equipos docentes. Participar en el debate...
• Debe completarse el sistema de indicadores para la evaluación del sistema educativo, para la elaboración de las correspondientes estadísticas, que proporcionen una información pública del progreso del sistema educativo.
• No poner tanto énfasis en la evaluación externa, al tiempo que se deslegitima la que realiza el profesorado. Es necesaria una cultura de la evaluación interna, de la que se deriven actuaciones de mejora de los procesos educativos, porque en ella se encuentran algunas de las raíces del éxito y el fracaso escolar.
• Los Servicios de Inspección Educativa desarrollarán funciones de asesoramiento y apoyo a los centros docentes, al profesorado, al alumnado y a las familias, tanto en su tarea diaria como en los procesos de autoevaluación.
• Las Administraciones educativas garantizarán, a través de los órganos y servicios correspondientes que todos los centros desarrollen su actividad en condiciones de igualdad, especialmente en lo relativo a la escolarización del alumnado, la gestión democrática, el control social de los fondos públicos y las condiciones laborales y de acceso del profesorado.

https://porotrapoliticaeducativa.org/portfolio/8-evaluacion/

Marina ataca de nuevo. El filósofo ofrece a los partidos una apresurada hoja de ruta para un pacto educativo.

Cuarto Poder

El profesor José Antonio Marina está convocando a partidos políticos con representación parlamentaria a una reunión para que firmen una “hoja de ruta para un pacto educativo”. Lo hace por encargo de la Cátedra Nebrija-Santander en Inteligencia Ejecutiva de la Universidad Elio Antonio de Nebrija. Podemos imaginar lo que opinan tanto el banco como una universidad privada y elitista de un bien común como es la educación pública. Hace seis meses, el propio Marina había reclamado un pacto de estado sobre la educación al alimón con el neoliberal Luis Garicano, dirigente de Ciudadanos y responsable de su  programa económico y educativo.


No es la primera vez que en plena campaña electoral hace  propuestas en materia educativa. Hay que recordar que antes de las elecciones del 26-J aceptó el encargo del ministerio de Educación del gobierno Rajoy para elaborar un libro blanco de la profesión docente. Era una buena manera de desviar la atención de los problemas de fondo de la educación (recortes y LOMCE) y  responsabilizar al profesorado con un falso debate. Ahora vuelve a la carga con el mismo equipo. Pero vayamos por partes y analicemos las condiciones y la legitimidad de la iniciativa.

Para firmar la hoja de ruta Marina pone unas condiciones que son propuestas-trampa. Plantea que el partido que gobierne tras las elecciones se comprometa, con la ayuda de la oposición, a mantener la LOMCE en vigor mientras no dispongamos de una nueva ley de educación. Algo totalmente inasumible para la mayoría social que ha luchado contra esta disparatada ley y para la amplia mayoría parlamentaria que el 5 de abril de 2016 aprobó su inmediata paralización. Supondría aceptar un marco legal impuesto por un partido que hoy solo representa a uno de cada cuatro electores; y su aplicación mientras no se alcanzase un acuerdo que se negociaría bajo las patas de los caballos y con una posición de fuerza de los conservadores.

Otra condición es que la escuela pública puede desarrollarse, como indica la Constitución, a través de una doble red: pública y concertada. Además de manipular la interpretación de la Constitución Española, pretende dar naturaleza de escuela pública a los centros concertados. La escuela pública es de todos y para todos o no lo es. No lo son los centros que segregan, discriminan y hacen negocio económico, ideológico o religioso con la educación. Aceptar ese planteamiento sería consagrar un modelo que se ha convertido en una una perversión educativa. El resto es retórica. No se dice nada de cómo asegurar la gratuidad o la escuela inclusiva, ni se ponen sobre la mesa asignaturas pendientes como la laicidad. Desde el punto de vista formal propone el viejo modelo de pacto político de “mesa camilla”, sin la participación de la comunidad educativa y de los expertos realmente cualificados que existen y llevan trabajando voluntaria y gratuitamente mucho tiempo.

En cuanto a la legitimidad hay que preguntarse ¿quiénes son la universidad Antonio de Nebrija y José Antonio Marina para convocar y querer pilotar un Libro Blanco para un Pacto Educativo? ¿Qué legitimidad tiene quién apuesta por lo privado? Por más que quiera arrogarse la representación del “núcleo” de “la sociedad civil”, el problema de Marina es que se representa a sí mismo. Y, en todo caso, a una universidad privada que tiene episodios oscuros en su pasado (compra de alumnado y poco rigor en la  selección del profesorado). La postura de Marina no es en absoluto neutral: ha trabajado para el gobierno del PP, coincide con los planteamientos de Ciudadanos y está rodeado de un equipo vinculado a intereses de centros concertados religiosos como la fundación Trilema.

Marina busca erigirse en protagonista de un supuesto proceso de negociación de un pacto educativo. También intenta sacar del aislamiento al partido que aprobó la LOMCE (PP) o al que se siente cómodo con su filosofía (Ciudadanos). Y de paso, hacer abstracción de las movilizaciones, reflexiones y propuestas en defensa de la escuela pública. Como es una persona inteligente, solo se puede entender su atrevimiento como un jugoso encargo o como el intento de influir políticamente, de ahí las prisas que intenta imponer para antes del 26-J. No hay que separar esta iniciativa del intento del PP de utilizar la educación como un  eje principal de su campaña electoral, una vez creada una base social con los centros concertados.

Si alguien tiene legitimidad para plantear un proceso de esta naturaleza es el centenar de organizaciones que han elaborado el  ‘Documento de bases para una nueva ley educativa’ . El Foro de Sevilla, la Marea Verde, las AMPAS, organizaciones estudiantiles, sindicatos de profesorado, partidos políticos progresistas, plataformas y entidades educativas, movimientos de renovación pedagógica… ellas sí representan la sociedad civil [ver su  Declaración de ilegitimidad de la propuesta de Pacto Educativo de Marina ]. Y han puesto su trabajo, reflexiones y propuestas al servicio de la sociedad para alcanzar un pacto social, político y territorial para una nueva ley. No necesitamos cicerones para esta tarea colectiva.

Como pasó con el llamado libro blanco del profesorado, la arrogante propuesta de Marina quedará en agua de borrajas y en un vano intento de lavar la cara a los responsables del mayor ataque que ha recibido nunca la educación pública. No pude haber pacto educativo que no se construya sobre la base de la derogación de la LOMCE y la reversión de los recortes. Como dice la Comisión permanente de las organizaciones y colectivos que han elaborado el Documento de bases para una nueva ley educativa: es una urgencia para que nuestro sistema educativo no siga creciendo en privatización y en desigualdad y expulsando al alumnado más vulnerable de las aulas.

Fuente:

http://www.cuartopoder.es/laespumaylamarea/2016/06/09/marina-ataca-nuevo/1492