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lunes, 7 de mayo de 2018

El blindaje constitucional de la educación concertada.

"No hay arma más peligrosa que el conocimiento en manos del pueblo al que hay que engañar para que no rompa sus cadenas”
(Philippon de la Madeleine, (1734-1818).

En las últimas semanas se ha puesto el foco en las escuelas que segregan por sexo a raíz del reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) que no solo avala la constitucionalidad de los colegios que segregan por sexo sino que apoya el blindaje de la LOMCE a los conciertos educativos de este tipo de escuelas y, por ende, a los conciertos educativos en general.

Antes de entrar a comentar el contenido de la sentencia es necesario entender de dónde venimos para darnos cuenta de que el fallo del TC es un retroceso sin precedentes en la garantía del derecho fundamental a la educación.

La razón de ser de las escuelas concertadas
Durante la década de los 80 los conciertos educativos se concibieron como una medida transitoria para dar cobertura a la escolarización universal, ya que la red de escuelas de titularidad pública era insuficiente para cubrir toda la demanda. Era una medida temporal que parecía ganar tiempo para, con el paso de los años, ir consolidando una oferta educativa enteramente pública. Por ejemplo, son muchas las cooperativas de educación que nacieron en la época franquista y que pasaron a ser de titularidad pública en los años posteriores.

Pero lo que sucedió fue todo lo contrario. En determinadas comunidades autónomas -con Madrid y Cataluña a la cabeza- se fueron naturalizando e institucionalizando los conciertos educativos de las escuelas privadas, aumentando año a año su número a pesar de haber perdido su razón de ser. Dichos conciertos ya no se justificaban por las necesidades de escolarización. Desde 2009, la propia Ley de Educación de Catalunya ya no diferencia entre centros públicos y centros privados, pasando a hablar de sistema educativo sostenido con fondos públicos.

Actualmente nos encontramos ante la paradoja de que muchos centros privados con conciertos educativos no tienen demanda suficiente. Sin embargo, se siguen aumentando las dotaciones y las asignaciones presupuestarias. A la vez, se cierran líneas y colegios públicos, forzando un traspaso de alumnos hacia la escuela privada concertada que luego la administración justifica en la libertad de los padres de escolarizar a los hijos en centros privados (libertad que luego hay que pagar con dinero público).

Los presupuestos públicos están financiando a las escuelas privadas por dos vías: 1) mediante la dotación de conciertos; y 2) mediante las subvenciones públicas.

En Cataluña, los presupuestos confirman la prioridad del gobierno en la financiación de los centros privados. Mientras que el gasto por alumno en la escuela pública se ha reducido un 20,3% desde el curso 2010-2011, el gasto en conciertos educativos es la única partida que en este periodo de tiempo se ha visto incrementada. A lo que hay que añadir las modificaciones presupuestarias no sujetas al control parlamentario, o las subvenciones públicas que reciben los centros privados y que —dicho sea de paso— es imposible contabilizar por la falta de transparencia de la propia administración.

Qué son y cómo funcionan las escuelas concertadas
Las escuelas concertadas son empresas privadas cuyo negocio es la educación. Se basan en los criterios de la oferta y la demanda y, por supuesto, en su propio ideario. Como son centros de titularidad privada no les son aplicables las normas que desarrollan el derecho a la educación, tales como las que regulan el funcionamiento de los centros educativos, los consejos escolares de centro, la regulación y control del profesorado, los comedores escolares, la regulación sobre la escuela inclusiva, y un largo etcétera. De hecho, mientras que en la escuela pública (hasta ahora) las familias tienen derecho a participar con voz y voto en los Consejos Escolares, en la concertada esto no sucede. Mientras que los comedores escolares de las escuelas públicas se rigen por un decreto del gobierno y es la administración quien fija el precio máximo de los menús, en la concertada no sucede lo mismo. Mientras que en los colegios públicos el profesorado accede mediante oposiciones u otro tipo de concursos públicos, en los concertados son los propios centros privados los que escogen a su profesorado mediante sus mecanismos internos. Mientras que en la escuela pública al profesorado se le aplican los procedimientos públicos sancionadores, en la concertada el centro privado es quien se autorregula. Mientras que el acceso a la educación pública es gratuito y universal, en la privada (concertada) hay pago de cuotas mensuales de escolarización y reserva del derecho de admisión. Y estos son solo unos pocos ejemplos.

Lo peligroso de la sentencia que conocimos el pasado 10 de abril no es tanto el blindaje de los conciertos educativos con las escuelas que segregan por sexo como el blindaje de cierto modelo educativo empresarial, basado en la cultura de la organización, en la competencia y en la reproducción de las estructuras patriarcales.

Es la consolidación de la educación como un bien de mercado y no como un derecho fundamental que debe ser garantizado mediante una educación pública, gratuita y universal, con inversiones que, desde una política pública ajena a los vaivenes de los gobiernos, garantice el acceso en condiciones de igualdad de todos los niños y niñas.

El propio TC nos recuerda en la sentencia el derecho de las escuelas privadas a establecer un ideario propio como parte de la libertad de creación de centros, en cuanto equivale a la posibilidad de dotarlos de un determinado carácter o una determinada orientación. Esta especificidad, sigue la sentencia, explica la garantía constitucional de libertad de centros, que no es otra cosa que “una expresión concreta del principio de libertad de empresa que también consagra la Constitución”.

Parece que el TC, en esta última sentencia, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid nos quiere dejar claro el carácter empresarial de los centros privados y la necesidad de protegerlos hasta la última consecuencia. La libertad de empresa estaría por encima del principio de igualdad y no discriminación que consagra el artículo 14 CE.

En Madrid y en Cataluña son muy pocas las escuelas privadas que a día de hoy no estén sujetas a concierto educativo. La mayoría de escuelas privadas concertadas son religiosas, y no sorprende que todas ellas sean católicas.

En España, el 70% de escuelas que segregan por sexo son del Opus Dei y el resto se reparten entre las diferentes Órdenes.

La segregación por razón de sexo no es la única segregación que favorece la escuela concertada. También está la segregación por razones socioeconómicas y por creencias religiosas. En la escuela concertada parece que la única religión válida y digna de estar sometida a concierto económico sea la católica. El TC parece no haberse dado cuenta de la clara preferencia de los poderes públicos por la dotación de conciertos económicos a los centros privados de educación católica en el marco de un Estado aconfesional que, por otra parte, ampara el derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral acorde con sus convicciones. Se omite que los centros educativos públicos ya ofrecen dicha formación religiosa, pero que a diferencia de los centros privados está abierta a todas aquellas confesiones aceptadas por el Estado. Los alumnos reciben la formación religiosa que los padres escogen.

Segregación por razones socioeconómicas
Hace pocas semanas, el Presidente de la Confederación de Escuelas Cristianas admitía en una entrevista la segregación por motivos económicos en la escuela concertada mediante el pago de cuotas. La solución que proponía era más módulos de conciertos y que el concierto cubriera el cien por cien del gasto para así estar en condiciones de igualdad con la escuela pública. Ahora bien, defendía férreamente la importancia de la titularidad privada y la importancia de mantener su funcionamiento. En pocas palabras, lo que reclamaba era que el gobierno pague los gastos y que ellos se queden con los beneficios.

Es sorprendente la disparidad de los precios de las cuotas entre escuelas concertadas según la población y el barrio donde se encuentren y según su perfil elitista. A las cuotas mensuales hay que añadir el coste del comedor escolar, los libros de texto, el material escolar, el transporte y otros costes que dependen del perfil y actividad del centro privado concertado.

Si bien el propio Tribunal Constitucional recupera la STC 86/85, de 10 de julio (FJ2) para afirmar la dimensión prestacional del derecho a la educación que corresponde a los poderes públicos en las condiciones de obligatoriedad y gratuidad que exige el artículo 27.4 CE, en su argumentación tendente a blindar los conciertos educativos olvida que las escuelas privadas concertadas no son gratuitas para los alumnos que acceden a ellas. Es imposible, desde un punto de vista económico, acceder en condiciones de igualdad, lo que determina una segregación por razones socioeconómicas en el modelo de educación concertada.

En este sentido la financiación de las escuelas privadas va en detrimento del artículo 14 y del artículo 9.2 CE, así como del artículo 27.2 CE. La igualdad real no se puede conseguir si existe desigualdad en el acceso a la educación por razones socioeconómicas, siendo imposible que la educación tenga por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en condiciones de igualdad.

Segregación por razón de sexo y de género
La gran expectativa de la comunidad educativa se concentraba en la valoración por el Tribunal Constitucional del artículo 84.3 LOE, que blinda el modelo de la educación diferenciada y los conciertos económicos con los centros que la imparten.

El TC ampara el artículo 84.3 LOE argumentando que la separación entre alumnos y alumnas en la admisión y organización de las enseñanzas responde a un modelo concreto para el mejor logro de los objetivos comunes a cualquier tipo de enseñanza. Por lo tanto, se trataría de un sistema meramente instrumental y de carácter pedagógico, fundado en la idea de optimizar las potencialidades propias de cada uno de los sexos.

Sorprende el argumento esgrimido porque más adelante explica la sentencia que la educación diferenciada no vulnera los artículos 9.2, 14 y 27.2 CE: la separación por razón de sexo no llevaría implícita una educación diferente por ser niño o niña, y de ser así el centro sí incurriría en la vulneración de los preceptos mencionados.

Salta a la vista la incongruencia del TC. Si partimos de la base de que la educación debe ser igual, independientemente de su sexo, ¿cómo se sustenta la necesidad de un instrumento pedagógico que persiga optimizar las potencialidades de cada uno de los sexos?

Del texto de la sentencia solo se pueden extraer dos cosas. Por un lado, que el TC entiende que los hombres y las mujeres no son iguales y por esto está justificada la educación diferenciada para educar de acuerdo a las diferentes concepciones de lo masculino y lo femenino —como así se muestra en la propaganda en espacios como el transporte público o la televisión—. Por otro, que sin atractivos sexuales próximos es más fácil que los alumnos no se despisten y puedan optimizar sus potencialidades, lo que justificaría el instrumento pedagógico segregacionista.

Esta ideología heteronormativa de fondo, negadora del impulso sexual entre personas del mismo sexo, vuelve inservible el propio instrumento pedagógico y lo hace susceptible de inconstitucionalidad por negar los derechos LGTBI.

Para justificar jurídicamente su argumento, el TC se hace eco de la Convención de la UNESCO relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza (1960). Según ésta, siempre que el Estado lo permita la creación o el mantenimiento de sistemas de enseñanza separados para los alumnos del sexo masculino y para los del sexo femenino no constituye discriminación.

El TC desecha la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer de 1979 (ratificada por España en 1983), que alude al compromiso de los Estados al estímulo de la educación mixta y de otros tipos de educación que contribuyan a lograr el objetivo de eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza. El TC entiende que no se trata de una norma prohibitiva y que en nuestro sistema ya se ha logrado el objetivo de estimular la educación mixta, por ser el modelo que predomina en España.

Hay que recordar que los Tratados Internacionales de Derechos Humanos son normas de mínimos, pensadas para que puedan ser cumplidas por todos los Estados de la Comunidad Internacional. Es decir, los Estados tienen que garantizar como mínimo aquello que se establece en los mismos. Es más, los Estados están obligados a ampliar el contenido de los derechos fundamentales y no hacer retrocesos en su interpretación y garantía. El propio Tribunal Constitucional admite que “el Derecho internacional de los derechos humanos únicamente establece un mínimo que las normas constitucionales sobre derechos fundamentales y la entera Constitución pueden completar y ampliar”.

El TC concluye que el sistema de educación diferenciada es una opción pedagógica que no puede entenderse como discriminatoria y, por ello, puede formar parte del derecho del centro privado a establecer su carácter propio.

Pero esto no es todo. Lo importante de esta sentencia no era solamente dilucidar si los colegios privados que segregan por sexo eran o no constitucionales, sino determinar si los poderes públicos debían financiarlos por la vía de los conciertos educativos y/o las subvenciones públicas, que es lo que verdaderamente pretende blindar el artículo 84.3, último párrafo, de la LOE, cuando dice que “en ningún caso la elección de la educación diferenciada por sexos podrá implicar (…) un trato menos favorable, ni una desventaja, a la hora de suscribir conciertos con las Administraciones educativas o en cualquier otro aspecto”. Hasta ahora las Comunidades Autónomas podían decidir no dotar de conciertos económicos a este tipo de escuelas.

Pues bien, el Tribunal Constitucional tenía aquí una oportunidad histórica para obligar a los poderes públicos a no discriminar a las mujeres y al colectivo LGTBI desde la niñez y contribuir a una sociedad más igualitaria en un futuro cercano.

Distintamente, el TC señala que la gratuidad garantizada constitucionalmente no puede referirse exclusivamente a la escuela pública, ya que ello implicaría la obligatoriedad de tal enseñanza pública e impediría la posibilidad real de elegir la enseñanza básica en cualquier centro privado. Y añade que eso vulneraría tanto el derecho de los padres a elegir centro docente como el derecho de creación de centros. Concluye que los centros privados de educación diferenciada deben concurrir en condiciones de igualdad con el resto de los centros educativos, proclamando así la constitucionalidad del último párrafo del artículo 84.3 LOE.

Parece ser que el TC ha hecho una reinterpretación de su propia jurisprudencia. Hasta ahora la elección de centro de los padres no se traducía en un derecho de los mismos sobre un modelo pedagógico; la libertad de creación de centros docentes no conllevaba una obligación económica por parte de la administración; y la ayuda a los centros docentes privados no encerraba un derecho subjetivo a la prestación pública.

Esta sentencia era una oportunidad para adaptar la norma a la realidad social. Pero, una vez más, la educación no es una cuestión de Estado sino de gobiernos al servicio del poder económico y de la iglesia católica. Ningún partido político con opción a ganar unas elecciones negaría la igualdad de género y los derechos del colectivo LGTBI, pues se sabe de la impopularidad de eso. Pero en este caso, la doctrina del Tribunal Constitucional ha venido a amparar la idea de una legislación a conveniencia de poderes no nombrados. El blindaje del artículo 84.3 LOE, y de la segregación en las escuelas que éste permite por razón de sexo, es un claro retroceso del principio de igualdad en relación al derecho a la educación.

Lidón Gasull Figueras es la directora de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FaPaC) y abogada

Fuente:
http://www.mientrastanto.org/boletin-168/notas/el-blindaje-constitucional-de-la-educacion-concertada

miércoles, 11 de abril de 2018

La tasa de repetidores es muy superior en la escuela pública que en la privada. Un estudio de Educación alerta de la horquilla de más del 15% entre alumnos de la ESO según su centro escolar.

El porcentaje de alumnos que pasa de curso, ya sea con todas las asignaturas aprobadas o con algunas suspensas, varía entre los centros públicos y privados, llegando las diferencias hasta a 17 puntos porcentuales a favor de los segundos. El 83,3% es el porcentaje medio del alumnado que pasa de curso o promociona para el conjunto de los cuatro cursos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en los centros públicos, porcentaje que se eleva al 91,5% en la enseñanza concertada y al 98,1% en la enseñanza privada no concertada.

Además, dentro del alumnado que promociona, el porcentaje medio del que lo hace con todas las materias superadas es del 68,2% para los centros públicos, del 78,5% para la enseñanza concertada y del 92,7% para la enseñanza privada no concertada. Por tanto, el alumnado de ESO de los concertados y privados repite menos que el de los públicos o pasa de curso con menos suspensos.

Son datos recogidos en un informe del Ministerio de Educación (con los resultados académicos del curso 2014-15), donde se especifica que en Segundo de la ESO las diferencias señaladas llegan a 17,2 puntos porcentuales. Esto ocurre en Segundo de la ESO; si la tasa media que pasa de curso es del 85% del alumnado, la cifra en los centros públicos es del 81,2%, en los concertados el 92% y en los privados no concertados del 98,4%.

Por otra parte, en el curso 2014-15 los alumnos promocionaron menos en Segundo de la ESO y Segundo de Bachillerato ya que sólo pasó de curso el 85% y el 78,2%, respectivamente. En Segundo de Bachillerato aprobó el curso el 73,8% del alumnado de los públicos y, en cambio, el 89,9% de los privados.

http://www.diariodesevilla.es/sociedad/repetidores-superior-escuela-publica-privada_0_1231677265.html

P.D.: Esta noticia unida a la que hoy aparece en varios diarios (entre ellos el Hoy y El País) donde "el Constitucional avala la educación segregada" Cierra el círculo del injusto y desigual tratamiento de la educación en España; ¿eres pobre? pues te aguantas con una educación de tercera. ¿Eres rico? pues tú tienes libertad de elección de centro y además te subvencionamos la educación privilegiada de tus hijos. Con lo cual se le da la vuelta al hecho de que los impuestos están para compensar la desigualdad e integrar más y mejor a los desfavorecidos de la fortuna y disminuir las desigualdades y la pobreza. Aquí los impuestos de TODOS, están para conceder privilegios a los poderosos, subvenciones a los colegios privados, a los campos de golf, a los viajes en el AVE, a las universidades privadas, a los toros, a la organizaciones de exaltación fascista de la dictadura de 40 años, a determinadas religiones, etc, etc.

Por otra parte, el estudio que presenta el actual Ministerio del PP, que está claramente a favor de la enseñanza privada y concertada, sirve sutilmente para  sesgar a favor de los suyos "el éxito escolar". Claramente muestra, sin más, que en "sus centros" imparten "mejor educación" pues tienen más éxito. Sin adentrarnos en las estrategias de los diferentes centros a favor de criterios "flexibles" para conseguir más o menos porcentajes de aprobado (cómo "el caso Cifuentes" ha mostrado que la manipulación de las notas para que "los suyos" aprueben incluso sin cumplir los criterios exigibles, llegan hasta los grados y maestrías de la Universidad). Sabemos por múltiples investigaciones y estudios, que el principal factor de éxito académico colectivo es el factor económico, dicho de forma más simple y sencilla, del dinero de los padres,... No es el centro educativo el más importante, aunque tenga su importancia. Pero este hecho se oculta deliberadamente, con lo cual, las notas parecen depender más del centro que del factor realmente más importante; el nivel adquisitivo. Y de alguna manera, al subvencionar aún más la enseñanza privada y concertada, aumentamos el nivel económico de las clases más pudiente, " defendamos a los nuestros" (como afirmó la ministra Cospedal, del PP) y por lo tanto mejoremos más las notas y aumentamos más la desigualdad y las injusticias, con nuestra acción de gobierno.

jueves, 5 de abril de 2018

Golpe a la educación pública

Cristina Fallarás
La Marea

El Tribunal Constitucional apoyará la constitucionalidad de la ‘Ley Wert’ y la segregación de alumnos por sexo con subvenciones públicas

El Tribunal Constitucional (TC) apoyará la ponencia redactada del magistrado conservador Alfredo Montoya que defiende la constitucionalidad de la Ley Wert. Entre otros, apoyará tres apartados muy cuestionables de esta norma impulsada por el exministro de Educación que ya fueron recurridos por el PSOE: las subvenciones públicas a los centros educativos que segregan a su alumnado por sexo; la potestad de los centros para seleccionar a su alumnado y segregarlo en “itinerarios académicos”; y aquella que incluye la clase de Religión en el currículo académico, a la que se debe imponer una alternativa obligatoria.

Según ha avanzado la Cadena Ser, la ponencia ultraconservadora “será aprobada por el pleno de los magistrados gracias a la mayoría conservadora del tribunal”. El TC considera que la defensa de la segregación por sexos, una de las medidas más polémicas, “entra dentro del ámbito de la libertad de enseñanza y, por tanto, este tipo de centros tiene derecho a recibir subvenciones públicas para su desarrollo”. Así pues, la decisión del TC no solo supondrá un golpe a la educación pública, sino también un apoyo claro a las escuelas privadas religiosas.

Esto sucede en un momento especialmente delicado, cuando se discute en el Congreso un posible pacto educativo que, con este varapalo, parece llamado a fracasar. De nuevo. En España, las leyes educativas se han ido sucediendo de manera que cada Gobierno entrante ha aprobado la suya. En 1980 se aprobó La Ley Orgánica por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares (LOECE), que no entró en vigor; en 1985, el Gobierno socialista de Felipe González aprobó la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (LODE); en el año 90 hizo lo propio con la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de España (LOGSE). Por su parte, el Partido Popular aprobó en 2002 la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), que tampoco llegó a aplicarse; el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero impuso en 2006 la Ley Orgánica de Educación (LOE) y el de Mariano Rajoy aprobó en 2013 la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Esta última, también llamada Ley Wert, es la que viene a refrendar el Tribunal Constitucional.

Situación preocupante
“Hoy son pocos los partidos políticos que se declaran a favor de una escuela pública, única y laica”, explica Antonio Movellán, presidente de Europa Laica. “Más bien todos han asumido la escuela neoliberal, la libertad de educación. etc… Esa idea de la escuela como lugar de emancipación social se ha perdido ya que no se aspira a una sociedad igualitaria”. Ahí es donde viene a incidir la aprobación del capítulo destinado a avalar la selección de los alumnos por parte de los centros. Esto tiene como consecuencia la creación de guetos educativos, y lo que se denomina “segregación escolar por nivel socioeconómico”, es decir, que los alumnos ricos estudien con los ricos y los pobres, con los pobres, fuente de abismales desigualdades económicas y sociales, según los expertos.

No hay que olvidar que España, según un informe reciente informe reciente elaborado por varios investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), es el sexto país de la Unión Europea con mayor segregación escolar por nivel socioeconómico. Detrás solo quedan Bulgaria, la República Checa, Eslovaquia, Rumanía y Hungría. Y especialmente preocupante resulta el caso de la Comunidad de Madrid, segunda región europea con mayor segregación escolar por nivel socioeconómico. Detrás de esta solo queda Hungría.

Movellán, implicado en la negociación del pacto educativo, puntualiza que “sin embargo, y teniendo en cuenta el desmadre de la escuela concertada en España, algunos entonan el mea culpa, caso del PSOE, y ahora dicen ‘hemos ido demasiado lejos y tenemos que poner ciertos límites'”. Y añade que resulta significativo el caso de Ciudadanos, que “defiende con uñas y dientes una escuela neoliberal como si la educación fuera un negocio como otro cualquiera y donde se escudan en la libertad educativa para defender, en verdad, el mercado de la educación”.

Religión y religiosos
En cuanto a la segregación de los alumnos por sexo, supone un apoyo abierto a los centros privados de orientación religiosa, que este curso 2016-2017 cuentan con más de dos millones de alumnos en sus filas. Y, por lo tanto, favorece a la Iglesia católica, institución que regenta la inmensa mayoría de los centros concertados, es decir, aquellas escuelas privadas que reciben subvenciones por parte del Estado.

Cabe recordar que, según datos de Europa Laica, los aproximadamente 4.000 centros privados concertados que existen en España hoy suponen a las arcas públicas más de 5.500 millones de euros anuales.

Fuente: http://www.lamarea.com/2018/03/19/la-marea-golpe-a-la-educacion-publica/

miércoles, 15 de junio de 2016

Marina ataca de nuevo. El filósofo ofrece a los partidos una apresurada hoja de ruta para un pacto educativo.



Cuarto Poder

El profesor José Antonio Marina está convocando a partidos políticos con representación parlamentaria a una reunión para que firmen una “hoja de ruta para un pacto educativo”. Lo hace por encargo de la Cátedra Nebrija-Santander en Inteligencia Ejecutiva de la Universidad Elio Antonio de Nebrija. Podemos imaginar lo que opinan tanto el banco como una universidad privada y elitista de un bien común como es la educación pública. Hace seis meses, el propio Marina había reclamado un pacto de estado sobre la educación al alimón con el neoliberal Luis Garicano, dirigente de Ciudadanos y responsable de su  programa económico y educativo.

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No es la primera vez que en plena campaña electoral hace  propuestas en materia educativa. Hay que recordar que antes de las elecciones del 26-J aceptó el encargo del ministerio de Educación del gobierno Rajoy para elaborar un libro blanco de la profesión docente. Era una buena manera de desviar la atención de los problemas de fondo de la educación (recortes y LOMCE) y  responsabilizar al profesorado con un falso debate. Ahora vuelve a la carga con el mismo equipo. Pero vayamos por partes y analicemos las condiciones y la legitimidad de la iniciativa.

Para firmar la hoja de ruta Marina pone unas condiciones que son propuestas-trampa. Plantea que el partido que gobierne tras las elecciones se comprometa, con la ayuda de la oposición, a mantener la LOMCE en vigor mientras no dispongamos de una nueva ley de educación. Algo totalmente inasumible para la mayoría social que ha luchado contra esta disparatada ley y para la amplia mayoría parlamentaria que el 5 de abril de 2016 aprobó su inmediata paralización. Supondría aceptar un marco legal impuesto por un partido que hoy solo representa a uno de cada cuatro electores; y su aplicación mientras no se alcanzase un acuerdo que se negociaría bajo las patas de los caballos y con una posición de fuerza de los conservadores.

Otra condición es que la escuela pública puede desarrollarse, como indica la Constitución, a través de una doble red: pública y concertada. Además de manipular la interpretación de la Constitución Española, pretende dar naturaleza de escuela pública a los centros concertados. La escuela pública es de todos y para todos o no lo es. No lo son los centros que segregan, discriminan y hacen negocio económico, ideológico o religioso con la educación. Aceptar ese planteamiento sería consagrar un modelo que se ha convertido en una una perversión educativa. El resto es retórica. No se dice nada de cómo asegurar la gratuidad o la escuela inclusiva, ni se ponen sobre la mesa asignaturas pendientes como la laicidad. Desde el punto de vista formal propone el viejo modelo de pacto político de “mesa camilla”, sin la participación de la comunidad educativa y de los expertos realmente cualificados que existen y llevan trabajando voluntaria y gratuitamente mucho tiempo.

En cuanto a la legitimidad hay que preguntarse ¿quiénes son la universidad Antonio de Nebrija y José Antonio Marina para convocar y querer pilotar un Libro Blanco para un Pacto Educativo? ¿Qué legitimidad tiene quién apuesta por lo privado? Por más que quiera arrogarse la representación del “núcleo” de “la sociedad civil”, el problema de Marina es que se representa a sí mismo. Y, en todo caso, a una universidad privada que tiene episodios oscuros en su pasado (compra de alumnado y poco rigor en la  selección del profesorado). La postura de Marina no es en absoluto neutral: ha trabajado para el gobierno del PP, coincide con los planteamientos de Ciudadanos y está rodeado de un equipo vinculado a intereses de centros concertados religiosos como la fundación Trilema.

Marina busca erigirse en protagonista de un supuesto proceso de negociación de un pacto educativo. También intenta sacar del aislamiento al partido que aprobó la LOMCE (PP) o al que se siente cómodo con su filosofía (Ciudadanos). Y de paso, hacer abstracción de las movilizaciones, reflexiones y propuestas en defensa de la escuela pública. Como es una persona inteligente, solo se puede entender su atrevimiento como un jugoso encargo o como el intento de influir políticamente, de ahí las prisas que intenta imponer para antes del 26-J. No hay que separar esta iniciativa del intento del PP de utilizar la educación como un  eje principal de su campaña electoraluna vez creada una base social con los centros concertados.

Si alguien tiene legitimidad para plantear un proceso de esta naturaleza es el centenar de organizaciones que han elaborado el  ‘Documento de bases para una nueva ley educativa’ . El Foro de Sevilla, la Marea Verde, las AMPAS, organizaciones estudiantiles, sindicatos de profesorado, partidos políticos progresistas, plataformas y entidades educativas, movimientos de renovación pedagógica… ellas sí representan la sociedad civil [ver su  Declaración de ilegitimidad de la propuesta de Pacto Educativo de Marina ]. Y han puesto su trabajo, reflexiones y propuestas al servicio de la sociedad para alcanzar un pacto social, político y territorial para una nueva ley. No necesitamos cicerones para esta tarea colectiva.

Como pasó con el llamado libro blanco del profesorado, la arrogante propuesta de Marina quedará en agua de borrajas y en un vano intento de lavar la cara a los responsables del mayor ataque que ha recibido nunca la educación pública. No pude haber pacto educativo que no se construya sobre la base de la derogación de la LOMCE y la reversión de los recortes. Como dice la Comisión permanente de las organizaciones y colectivos que han elaborado el Documento de bases para una nueva ley educativa: es una urgencia para que nuestro sistema educativo no siga creciendo en privatización y en desigualdad y expulsando al alumnado más vulnerable de las aulas.

Fuente:

http://www.cuartopoder.es/laespumaylamarea/2016/06/09/marina-ataca-nuevo/1492

viernes, 15 de mayo de 2015

El primer paso para una escuela democrática: fuera las empresas de la educación

La privatización de los servicios sociales públicos como la sanidad y la educación se está ejecutando de una forma que colma los sueños más queridos de cualquier capitalista: financiación pública, clientela asegurada y beneficios privados.

Y el negocio privado sólo es posible seleccionando a la persona usuaria, introduciendo pagos complementarios (que también es una medida de selección económica), incrementando la explotación de los trabajadores y disminuyendo la calidad del servicio.

Así como en la sanidad la gestión por parte de empresas privadas de hospitales ha generado una cierta movilización, en la educación, ni los grandes sindicatos, ni los partidos políticos (ni los de la “casta”, ni los nuevos) se atreven a llamar las cosas por su nombre: los conciertos educativos constituyen la principal forma de privatización de la enseñanza. Ninguna voz de entre ellos exige una sola red pública de calidad y la declaración de los conciertos como especie en extinción. En definitiva, que no se financie con dinero público la enseñanza privada.

Y no se trata de fundamentalismos ideológicos. Es incompatible el negocio privado con una educación universal y de calidad. Si el fracaso escolar se concentra en los hijos y las hijas de la clase obrera no es porque tengan menos inteligencia. En ellos y ellas se resume de forma condensada el drama del paro, de los desahucios, de tener unos padres angustiados por no poder llegar a fin de mes, de no tener sitio adecuado para estudiar, y en definitiva, lo que cada generación arrastra de ese expolio secular del acceso a la cultura y a la información al que el capitalismo condena a la clase obrera. Y muchísimo más a la clase obrera inmigrante.

Son esos niños y niñas los que entorpecen el negocio de los colegios privados, religiosos o laicos; de la misma forma que las personas mayores, las enfermas crónicas y las pobres en general son evitadas por los supuestos hospitales públicos de gestión privada y enviados a la sanidad pública.

Los copagos/repagos de los colegios concertados cumplen una doble función: excluyen a los niños y niñas de familias más pobres y engrosan con ellos sus cuentas de resultados.

La menor explotación del personal docente y una relación nº de alumnxs /profesor más favorable era, hasta hace poco, un factor diferencial de la calidad de la enseñanza pública con respecto a la privada. Al igual que en la sanidad la ausencia de lujos en la pública se asociaba con una mejor calidad en la asistencia, en la educación pública, la cualificación del profesorado, el menor número de alumnxs por aula, el personal de apoyo, los horarios razonables, aseguraban a la gente informada una calidad incomparablemente mayor en la escuela pública.

Los brutales recortes presupuestarios han causado drásticas caídas en la calidad de la enseñanza pública y el abandono escolar creciente de los niños y niñas de familias obreras con menos recursos.

Esos recortes se “justifican” por el pago de la enorme Deuda Pública, que se ha construido transfiriendo masivamente fondos públicos a la empresa privada.

Por eso, ahora que tenemos delante unas elecciones autonómicas, no son creíbles “apuestas decididas por la enseñanza pública”, que no vayan acompañadas del compromiso de anteponer las necesidades sociales al pago de la Deuda y de acabar con la financiación pública de la enseñanza privada.

No pagar la Deuda es condición indispensable para construir una red pública de enseñanza de calidad y eliminar progresivamente los conciertos educativos, pero no es suficiente.

Una escuela democrática debe ser gestionada por las madres y padres, por personal educativo y por el alumnado.

Pero, aun eso, no es lo esencial.

El problema de fondo que una democracia de verdad debe plantearse es cómo el sistema educativo sirve para que todos los niños y niñas desarrollen todas sus capacidades y cómo construye en ellos y ellas una conciencia crítica, base auténtica de la Dignidad, que les haga reaccionar para impedir cualquier injusticia, sufrida por cualquier otra persona, en cualquier parte del mundo.
Ángeles Maestro
* Artículo escrito para la revista Pim Pam Pum, Red Roja Vallekas Journal. Nº 6