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sábado, 31 de mayo de 2025

Exámenes para subir nota en la concertada hasta que los alumnos logran un 10 en Bachillerato: “Es un agravio de cara a la Selectividad”

Escuelas Católicas, la gran patronal española de los colegios religiosos, defiende la práctica de dar continuas oportunidades a los estudiantes si busca “mejorar su aprendizaje”

“En nuestro colegio siempre ha estado la opción de hacer exámenes para subir nota en Bachillerato, tanto en primero como en segundo. Durante el curso hay exámenes parciales. Y al final de cada trimestre, un examen final. Después, te dan la nota y te dicen: ‘La evaluación se te queda así’. Y una o dos semanas después tienes la opción de presentarte a otro examen, que puede ser para recuperar la asignatura, si la has suspendido, o para subir nota”. A los profesores, dice Manuel, de 19 años, cuyo nombre real se omite en este artículo porque aunque él lleva un año en la universidad tiene familiares que estudian en el mismo colegio concertado de Valencia, no les gusta que los alumnos se presenten por probar. “Te amenazan con que si sacas dos puntos menos de los que tenías, te bajan la nota. Pero vamos, nunca se da el caso”, dice. Manuel se presentó “muchísimas veces” a estas pruebas, sobre todo en segundo, porque además de para subir la nota le servía “para practicar” de cara a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Acabó el Bachillerato con una media de 10. Y ahora estudia una de las carreras con la nota de corte más alta.

No hay datos que permitan cuantificar hasta qué punto está extendida esta práctica en la enseñanza privada ―que solo está concertada en parte de España, aunque en algunas comunidades donde no lo está, como Madrid, el gobierno regional da cheques a las familias para sufragar la matrícula en centros privados puros―. La fórmula, en todo caso, beneficia a sus alumnos, porque la nota de admisión al sistema universitario público se calcula con un 60% de la nota de Bachillerato y un 40% de los exámenes de la fase general de la PAU (a lo que puede sumarse, hasta alcanzar el 14, cuatro puntos adicionales en la fase de ejercicios voluntarios). En la enseñanza pública también hay profesores de Bachillerato que hacen exámenes o plantean otras actividades que permiten subir nota. Pero, según coinciden las fuentes consultadas se trata de decisiones individuales, diferentes de la práctica sistemática y a escala de todo el centro que describe Manuel. Y que la principal patronal de la enseñanza concertada en España, Escuelas Católicas, no solo no critica, sino que defiende.

Justificación
“En nuestro sistema educativo, la evaluación es de proceso, no solo de resultados. Lo cual significa que al alumno se le deben dar todo tipo de oportunidades para que en ese proceso desarrolle al máximo las competencias, a través de múltiples herramientas y estrategias. Presentaciones orales, proyectos, escritos… y exámenes, por supuesto”, afirma Irene Arrimadas, responsable pedagógica de Escuelas Católicas. El tipo de exámenes descritos al principio de este artículo no son censurables, opina Arrimadas, siempre y cuando el objetivo principal sea “que aprenda al máximo”. “Y si eso redunda en una mejor calificación del Bachillerato y una mejor nota para que pueda elegir al final los estudios a los cuales quiere optar, pues bendito sea Dios”, añade.

La información oficial muestra un desajuste entre el porcentaje de estudiantes que acaban el Bachillerato con sobresaliente y el que obtiene esa misma nota en la fase general (u obligatoria) de la PAU. Y que esa distancia es especialmente significativa en el caso de los colegios privados y concertados, como mostró hace dos años una investigación del Observatorio del Sistema Universitario que dirigió la matemática de la Universidad Politécnica de Cataluña Vera Sacristán. Actualizando los datos de aquel informe con los últimos disponibles, de 2024, se observa que la proporción de estudiantes con calificaciones excelentes (9 o 10) en Bachillerato se reduce en la PAU, en el caso del alumnado de la pública, 10,8 puntos porcentuales (lo logra, en Selectividad, el 5,5% del total). El ajuste entre los estudiantes de la concertada ajuste alcanza 16,2 puntos (lo consigue el 5,6%). Y entre los de la privada, la reducción es de 17,4 puntos (lo logra el 7,6%).

Dicho de otro modo, la diferencia en el porcentaje de estudiantes que obtienen sobresalientes entre la pública y la concertada se reduce a una quincuagésima quinta parte (a un 0,1%), 55 veces menos, cuando en lugar de ser el centro educativo quien pone las notas lo hace el tribunal de la PAU. Esa misma diferencia, entre el alumnado de la pública y el de la privada pura, se reduce a una cuarta parte.

Injusto
Dejando al margen la tradicional acusación de que la enseñanza privada hincha las notas ―que arreció en 2023, tras la publicación del informe del Observatorio del Sistema Universitario―, algo que sus patronales rechazan y no ha sido objeto de una investigación oficial (para lamento muchos docentes, familias y estudiantes de la pública), prácticas como la de ofrecer continuos exámenes para subir nota en Bachillerato pueden explicar al menos una parte de dicho abismo. Y que dicha práctica no sea contraria a la normativa ―la responsable pedagógica de Escuelas Católicas subraya que la ley insiste en que la evaluación debe ser “de proceso, no solo calificativa de un examen final”―, no significa que a muchos en la enseñanza pública no les parezca injusto.

Como a David, padre de una alumna que acaba de terminar segundo de Bachillerato en un instituto público en Valencia. “Nuestra hija va una academia en la que coincide con chicas que va a los grandes colegios de la ciudad, y le preguntan sorprendida si ella no hace exámenes para subir nota. A ella, en el instituto, le han hecho dos o tres en todo el curso. Me parece un agravio comparativo, más ahora, con la superpresión que hay para alcanzar la nota en algunas carreras. No tienen las mismas oportunidades. En ramas como la sanitaria, les dificulta mucho poder entrar”.

“Todos los profesores intentamos que nuestros alumnos de Bachillerato estén bien preparados para ir a la universidad y, además, tengan los mejores resultados para la PAU. Por eso a lo largo del curso se hacen pruebas o actividades que son evaluadas y permiten mejorar la nota”, afirma Rosa Rocha, presidenta de la asociación de directores de institutos públicos de Madrid. Rocha añade, sin embargo, que el modelo de exámenes sistemáticos con tal fin en todas las asignaturas al término de cada trimestre “no existe” en ningún instituto público que conozca. “Una profesora de mi centro, que puede tener 100 alumnos, no podría estar haciendo todas las evaluaciones exámenes de subir nota para todos, porque no haría otra cosa, no podría ni impartir la asignatura”, dice.

El presidente de la federación española de directores de institutos públicos, Fedadi, Toni González Picornell, lamenta que las notas de Bachillerato con las que los alumnos de la enseñanza privada llegan a la Selectividad supongan “una pérdida de oportunidades en el acceso a los estudios deseados para el alumnado de la pública”. Y apuesta por un cambio drástico: “Mi opinión es que el Bachillerato solo debería impartirse en los centros públicos, que garantizan una estandarización de los estudios”

lunes, 1 de enero de 2024

La escuela concertada matricula a la mitad del alumnado desfavorecido que le correspondería.

España es el séptimo país con la mayor red de centros privados subvencionados con fondos públicos de los 36 miembros de la OCDE analizados por la Fundació Bofill.

La enseñanza concertada acoge a la mitad de los alumnos de extracción social desfavorecida que le corresponderían si su distribución entre esta red educativa privada subvencionada y la escuela pública fuera equilibrada, según refleja un estudio publicado este lunes por la Fundació Bofill, que utiliza datos de la prueba internacional Pisa. En España, en torno a un 28% del alumnado de etapas obligatorias, entre los seis y los 16 años, está matriculado en colegios concertados. Ello lo convierte en el séptimo país, de los 36 miembros de la OCDE analizados en el informe, donde el modelo concertado se halla más extendido. La nueva ley de educación, la Lomloe, ha creado nuevas herramientas para avanzar en la equidad y luchar contra la segregación escolar, pero aplicarlas o no, advierten los autores del estudio, queda en manos de las comunidades autónomas.

La escuela pública matricula en España 2,2 veces más alumnado de bajo nivel socioeconómico (el perteneciente al 25% más pobre) que la concertada, una vez corregida su diferencia de tamaño, ya que la pública es mucho más grande: matricula a cerca del 67% del total de chavales de primaria y secundaria obligatoria. En los centros públicos también estudian 1,6 veces más alumnos de origen inmigrante (englobando en ello a los extranjeros y a aquellos cuyos dos progenitores lo son) que en la concertada.

Los autores del estudio publicado por la Fundació Bofill, Adrián Zancajo, Antoni Verger (ambos de la Universidad Autónoma de Barcelona) y Clara Fontdevila (Universidad de Glasgow), señalan que las investigaciones internacionales han puesto de manifiesto que la convivencia de una doble red educativa financiada con fondos públicos “tiende a reforzar dinámicas de segregación escolar y estratificación social entre centros educativos, y a ampliar, por tanto, las desigualdades educativas”. La investigación comparada ha puesto igualmente de relieve no solo la existencia de “prácticas selectivas y discriminatorias” desarrolladas por estos centros privados subvencionados para elegir al alumnado que accede a sus aulas, sino también “la dificultad de evitar sus manifestaciones más sutiles”. Entre dichas prácticas figuran las entrevistas previas a padres y alumnos, y la imposición de cuotas o la exigencia de pagos en la práctica obligatorios, presentados bajo fórmulas diversas, que llevan a las familias pobres a autoexcluirse.

El peso de la concertada en España es muy distinto en función del territorio, y la diferencia entre el porcentaje de alumnado vulnerable que los centros de esta red deberían acoger y el que efectivamente matricula es especialmente significativo en lugares como Castilla-La Mancha, Canarias y Andalucía, señala el informe de 186 páginas. Algunos territorios han dado pasos en los últimos años para intentar alcanzar un mayor equilibrio tras décadas de una “regulación laxa” y “de permisividad en la aplicación de la misma”, como Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana, indican los autores, mientras otros, como Madrid, han avanzado en la dirección contraria. A escala internacional, España es el séptimo país con la mayor red concertada de los 36 de la OCDE analizados. Solo se sitúan por delante Países Bajos, Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Chile y Corea.

Los chavales de entornos sociales desfavorecidos también tienen mayores dificultades educativas, mayor probabilidad de fracaso y de abandono escolar temprano. Zancajo afirma que repartir de forma equilibrada a este alumnado que presenta mayores necesidades entre las dos redes financiadas por el Estado ha estado presente “en mayor o menor medida” en todas las leyes educativas aprobadas desde los años ochenta en España. La actual pone “más énfasis” en ello y proporciona a las autoridades educativas un mayor número de herramientas de planificación escolar para alcanzar el objetivo, prosigue el investigador, pero al mismo tiempo “deja a las comunidades mucho margen de maniobra, como estamos viendo”. La Lomloe fue aprobada con el apoyo del PNV y de ERC. Y en dicho compromiso de crear instrumentos nuevos, pero permitir que sean los Ejecutivos autonómicos quienes decidan sobre su aplicación, se nota la mano de ambas formaciones, movidas por su interés de potenciar el autogobierno y, sobre todo en el caso de los nacionalistas vascos, por su afinidad tradicional con la escuela concertada católica.

Los autores del estudio proponen medidas para mejorar la distribución del alumnado vulnerable basadas en lo que en los últimos años han hecho otros países como Bélgica, Países Bajos y Chile, sugiriendo que el actual contexto de caída demográfica (y por tanto de necesidad de estudiantes por parte de todos los centros) puede ayudar a llevarlas a la práctica. La primera propuesta es condicionar la autorización y renovación de los conciertos educativos “a la corresponsabilización de la escolarización del alumnado socialmente desfavorecido”, algo que, lamentan, ahora no sucede en muchas comunidades autónomas. La segunda, “reforzar la centralización en la gestión del proceso de elección escolar” y de admisión de alumnos para evitar las “prácticas de selección encubiertas”. Y la tercera, hacer efectiva la prohibición del cobro de cuotas, con una auténtica supervisión por parte de la inspección educativa, en paralelo a una mejora de la financiación de los centros concertados. Es decir, proporcionarles más fondos públicos a cambio de una verdadera gratuidad del servicio y un reparto equilibrado del alumnado.

El documento apuesta también por una propuesta planteada anteriormente por la Fundació Bofill para el conjunto del sistema educativo, la llamada “financiación por fórmula”, que consiste en que los centros educativos reciban los recursos no de forma lineal, sino en función de las características socioeconómicas del alumnado que acogen. Ello, señalan, podría ayudar a reducir la desigualdad en la distribución del alumnado vulnerable entre ambas redes educativas y también dentro de cada una de ellas. Para lograr el objetivo, los autores también consideran imprescindible mejorar la información de que disponen las administraciones educativas a la hora de planificar, desde el perfil socioeconómico de los alumnos a las cuentas de los centros concertados.

Suben las ganancias de la educación privada
El Instituto Nacional de Estadística ha publicado, por otra parte, este lunes su Encuesta de Financiación y Gasto de la Enseñanza Privada, que muestra que los beneficios (sin contar impuestos ni intereses) de las empresas del sector aumentaron un 27% en el curso 2020-2021 respecto al 2014-2015, hasta los 756 millones de euros. La encuesta también refleja que las administraciones subvencionaron el 74% de los gastos corrientes de los centros privados concertados, y el 2,1% de los privados no concertados.

Los mayores beneficios por alumno para la educación privada (englobando la subvencionada y la que no lo está) procedieron de los ciclos de Formación Profesional de grado superior (434 euros) y de grado medio (271), seguidos a distancia de los de bachillerato (196). La única etapa donde los resultados por estudiante fueron negativos fue el primer ciclo de infantil (-180 euros), según el INE. El curso analizado estuvo a caballo de los dos peores años de la covid, lo que, unido a la caída de la natalidad, hundió la matrícula de infantil.

jueves, 26 de enero de 2023

EDUCACIÓN. La escuela concertada matricula a la mitad del alumnado desfavorecido que le correspondería.

España es el séptimo país con la mayor red de centros privados subvencionados con fondos públicos de los 36 miembros de la OCDE analizados por la Fundació Bofill

La enseñanza concertada acoge a la mitad de los alumnos de extracción social desfavorecida que le corresponderían si su distribución entre esta red educativa privada subvencionada y la escuela pública fuera equilibrada, según refleja un estudio publicado este lunes por la Fundació Bofill, que utiliza datos de la prueba internacional Pisa. En España, en torno a un 28% del alumnado de etapas obligatorias, entre los seis y los 16 años, está matriculado en colegios concertados. Ello lo convierte en el séptimo país, de los 36 miembros de la OCDE analizados en el informe, donde el modelo concertado se halla más extendido. La nueva ley de educación, la Lomloe, ha creado nuevas herramientas para avanzar en la equidad y luchar contra la segregación escolar, pero aplicarlas o no, advierten los autores del estudio, queda en manos de las comunidades autónomas.

La escuela pública matricula en España 2,2 veces más alumnado de bajo nivel socioeconómico (el perteneciente al 25% más pobre) que la concertada, una vez corregida su diferencia de tamaño, ya que la pública es mucho más grande: matricula a cerca del 67% del total de chavales de primaria y secundaria obligatoria. En los centros públicos también estudian 1,6 veces más alumnos de origen inmigrante (englobando en ello a los extranjeros y a aquellos cuyos dos progenitores lo son) que en la concertada.

Los autores del estudio publicado por la Fundació Bofill, Adrián Zancajo, Antoni Verger (ambos de la Universidad Autónoma de Barcelona) y Clara Fontdevila (Universidad de Glasgow), señalan que las investigaciones internacionales han puesto de manifiesto que la convivencia de una doble red educativa financiada con fondos públicos “tiende a reforzar dinámicas de segregación escolar y estratificación social entre centros educativos, y a ampliar, por tanto, las desigualdades educativas”. La investigación comparada ha puesto igualmente de relieve no solo la existencia de “prácticas selectivas y discriminatorias” desarrolladas por estos centros privados subvencionados para elegir al alumnado que accede a sus aulas, sino también “la dificultad de evitar sus manifestaciones más sutiles”. Entre dichas prácticas figuran las entrevistas previas a padres y alumnos, y la imposición de cuotas o la exigencia de pagos en la práctica obligatorios, presentados bajo fórmulas diversas, que llevan a las familias pobres a autoexcluirse.

El peso de la concertada en España es muy distinto en función del territorio, y la diferencia entre el porcentaje de alumnado vulnerable que los centros de esta red deberían acoger y el que efectivamente matricula es especialmente significativo en lugares como Castilla-La Mancha, Canarias y Andalucía, señala el informe de 186 páginas. Algunos territorios han dado pasos en los últimos años para intentar alcanzar un mayor equilibrio tras décadas de una “regulación laxa” y “de permisividad en la aplicación de la misma”, como Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana, indican los autores, mientras otros, como Madrid, han avanzado en la dirección contraria. A escala internacional, España es el séptimo país con la mayor red concertada de los 36 de la OCDE analizados. Solo se sitúan por delante Países Bajos, Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Chile y Corea.

Los chavales de entornos sociales desfavorecidos también tienen mayores dificultades educativas, mayor probabilidad de fracaso y de abandono escolar temprano. Zancajo afirma que repartir de forma equilibrada a este alumnado que presenta mayores necesidades entre las dos redes financiadas por el Estado ha estado presente “en mayor o menor medida” en todas las leyes educativas aprobadas desde los años ochenta en España. La actual pone “más énfasis” en ello y proporciona a las autoridades educativas un mayor número de herramientas de planificación escolar para alcanzar el objetivo, prosigue el investigador, pero al mismo tiempo “deja a las comunidades mucho margen de maniobra, como estamos viendo”. La Lomloe fue aprobada con el apoyo del PNV y de ERC. Y en dicho compromiso de crear instrumentos nuevos, pero permitir que sean los Ejecutivos autonómicos quienes decidan sobre su aplicación, se nota la mano de ambas formaciones, movidas por su interés de potenciar el autogobierno y, sobre todo en el caso de los nacionalistas vascos, por su afinidad tradicional con la escuela concertada católica.

Los autores del estudio proponen medidas para mejorar la distribución del alumnado vulnerable basadas en lo que en los últimos años han hecho otros países como Bélgica, Países Bajos y Chile, sugiriendo que el actual contexto de caída demográfica (y por tanto de necesidad de estudiantes por parte de todos los centros) puede ayudar a llevarlas a la práctica. La primera propuesta es condicionar la autorización y renovación de los conciertos educativos “a la corresponsabilización de la escolarización del alumnado socialmente desfavorecido”, algo que, lamentan, ahora no sucede en muchas comunidades autónomas. La segunda, “reforzar la centralización en la gestión del proceso de elección escolar” y de admisión de alumnos para evitar las “prácticas de selección encubiertas”. Y la tercera, hacer efectiva la prohibición del cobro de cuotas, con una auténtica supervisión por parte de la inspección educativa, en paralelo a una mejora de la financiación de los centros concertados. Es decir, proporcionarles más fondos públicos a cambio de una verdadera gratuidad del servicio y un reparto equilibrado del alumnado.

El documento apuesta también por una propuesta planteada anteriormente por la Fundació Bofill para el conjunto del sistema educativo, la llamada “financiación por fórmula”, que consiste en que los centros educativos reciban los recursos no de forma lineal, sino en función de las características socioeconómicas del alumnado que acogen. Ello, señalan, podría ayudar a reducir la desigualdad en la distribución del alumnado vulnerable entre ambas redes educativas y también dentro de cada una de ellas. Para lograr el objetivo, los autores también consideran imprescindible mejorar la información de que disponen las administraciones educativas a la hora de planificar, desde el perfil socioeconómico de los alumnos a las cuentas de los centros concertados.

Suben las ganancias de la educación privada
El Instituto Nacional de Estadística ha publicado, por otra parte, este lunes su Encuesta de Financiación y Gasto de la Enseñanza Privada, que muestra que los beneficios (sin contar impuestos ni intereses) de las empresas del sector aumentaron un 27% en el curso 2020-2021 respecto al 2014-2015, hasta los 756 millones de euros. La encuesta también refleja que las administraciones subvencionaron el 74% de los gastos corrientes de los centros privados concertados, y el 2,1% de los privados no concertados.

Los mayores beneficios por alumno para la educación privada (englobando la subvencionada y la que no lo está) procedieron de los ciclos de Formación Profesional de grado superior (434 euros) y de grado medio (271), seguidos a distancia de los de bachillerato (196). La única etapa donde los resultados por estudiante fueron negativos fue el primer ciclo de infantil (-180 euros), según el INE. El curso analizado estuvo a caballo de los dos peores años de la covid, lo que, unido a la caída de la natalidad, hundió la matrícula de infantil.