La derogación de la LOMCE necesita que los partidos políticos sean responsables y coherentes con los compromisos que adquirieron. La educación y el futuro está por encima de luchas políticas que solo provocan perplejidad a la sociedad.
“La educación es el lugar donde decidimos si amamos el mundo lo bastante como para tomar una responsabilidad por él, y así transmitirlo a nuestros descendientes” (Hannah Arendt)
El gobierno nunca ha pretendido realizar un pacto por la educación, fue una maniobra disuasoria para conseguir aplicar la LOMCE. Mientras se debatía, quienes querían mantenerla sugerían que el problema de la educación en nuestro país era la cantidad de leyes aplicadas desde los años setenta (en realidad generales solo fueron tres, LOGSE, LOE y LOMCE) y no la falta de democratización y recursos de nuestro sistema educativo.
Partidos políticos y comunidad escolar se esforzaron en participar en la Subcomisión, a pesar de que la LOMCE fue rechazada en el Parlamento y en la calle, y el Gobierno puso veto a su derogación y siguió haciéndolo con las propuestas que pretendían conseguir una educación democrática.
¿Por qué lo hicimos?, porque la educación es una forma de amar el mundo y nos sentimos responsables y comprometidos con el futuro. Confiados nos sometimos a la necesidad de un “pacto por la educación”, con quienes solo querían maquillar la LOMCE.
El gobierno nunca pretendió modificarla y todas sus propuestas “orillaban” la ley planteando temas o aspectos que no eran centrales en la misma, o que en su propia definición eran ambiguos para la defensa de una educación pública, no discriminatoria y excluyente y que diera cabida a la diversidad y pluralidad de niños y niñas sin estar determinados por el nacimiento o riqueza.
La LOMCE se desarrolló, porque a pesar de que las reválidas estaban en suspenso se aplicaron “descafeinadas” y se sometió la educación a currículos estandarizados y cerrados, que se utilizaron para el acceso a la universidad, improvisando y obteniendo los peores resultados de la historia de la selectividad. Porque a pesar de que las evaluaciones no influyeron en la promoción en secundaria se aplicaron itinerarios, programas de mejora del aprendizaje y rendimiento y una formación profesional básica que dejaron a muchos alumnos y alumnas en la cuneta.
Porque han seguido concertando centros, cerrando escuelas públicas, privatizando la educación y fomentando programas de excelencia y talento, mientras la segregación por nivel socioeconómico entre los centros educativos se disparaba. No solo es necesario pararla sino blindar la nueva ley para que las Comunidades Autónomas no puedan saltarse el derecho a la educación.
Es una ley, conservadora y neoliberal, porque ofrece autonomía, pero la limita controlando a través de evaluaciones externas las prácticas escolares. Convierte al profesorado en un preparador de exámenes y al alumnado en un sujeto domesticado y pasivo, preparado en conocimientos neutrales y especializados solo para el mundo laboral.
El postulado neoliberal plantea que se puede acceder a todo lo que se desea sin existir barreras y sin estar determinado por la clase social, etnia o género. Desaparecen los derechos colectivos de niñas y niños por derechos de mercado o demandas individuales que afectan a todos. La LOMCE es un paso en firme para lograr un sistema educativo mercantilista basado en la competitividad y, con una mayor eficacia en los resultados con una menor inversión, que solo puede suponer precarización del profesorado, desigualdad en la atención a la diversidad y la constitución de centros de primera, segunda y tercera categoría.
A pesar de que el Tribunal Constitucional pueda incluso validar la segregación por sexos, los itinerarios y la elección de centro por parte de las familias, en realidad se están encubriendo todas estas políticas de selección y elitismo. ¿A quién beneficia esto?
La educación ya no es una promesa de futuro laboral o diferenciación social y las clases altas y medias buscan ese objetivo, que sus hijos e hijas sirviéndose de su capital cultural (información, relaciones) y de su capital económico (residencia, desplazamientos, actividades suplementarias) accedan a grupos de élite y tengan más posibilidades de éxito. A la vez que los colegios se esfuerzan por escoger al alumnado que le va a garantizar un mejor desempeño.
Pero no solo es una acción de las familias, sino que son teledirigidas por las políticas educativas: Recortes y cierre de aulas en el sector público, desgravaciones en los colegios de pago, apertura de privados concertados con suelo público, implantación del distrito único, evaluaciones con fines comparativos… A lo que añadimos una red privada, que cumple a la perfección con la selección y es financiada públicamente: segrega a los inmigrantes, separa por sexos y distribuye por clases sociales.
En lugar de esto, se trata de conseguir que todas las escuelas públicas estén dotadas de los mejores recursos y posibilidades, en vez de incitar a elegir, seleccionar y competir por las que supuestamente den mayores ventajas competitivas futuras a nuestros hijos e hijas, ya que no solo es más equitativo, sino que preserva los fines sociales de la educación.
Lo que nos une a los colectivos que hemos suscrito el documento de bases para una nueva ley educativa es la defensa de una escuela pública democrática. Las escuelas en una sociedad democrática existen para el apoyo y extensión de la democracia, de lo contrario son socialmente inútiles o socialmente peligrosas porque educarán a personas que seguirán su camino y se ganarán la vida indiferentes a las obligaciones de ciudadanía en particular y a una forma de vida democrática en general.
La LOMCE significa un recorrido en sentido contrario al que necesita nuestro sistema educativo porque propugna un Estado empresario que rinde la democracia al sistema económico. Así justificaron la impugnación de la derogación de la LOMCE y siguen sometiendo todas sus actuaciones a la lógica mercantil.
El derecho a la educación no se consigue con modelos de gestión que buscan una mayor eficacia reduciendo los costes (hasta un 3,8% del PIB como está proponiendo para 2018 el Gobierno a Bruselas). Además, responsabilizan de los resultados al profesorado, al alumnado y a sus familias, y no a la falta de recursos y al modelo competitivo y selectivo de escuelas que desmantelan el proyecto solidario de vertebración social.
Estando en uno de los países con más segregación escolar por nivel socioeconómico de Europa, el tercero en pobreza infantil después de Rumanía y Grecia y donde han aumentado los casos judiciales de violencia machista en adolescentes en un 30%, no necesitamos un nuevo proyecto de ley que refuerce el privilegio.
Las organizaciones sindicales (CCOO, Stes, CGT), de padres y madres de alumnos (CEAPA), los colectivos sociales (Mareas por la educación pública, Europa Laica, La educación que nos une, MRP, Colectivos de educación infantil, Foro de Sevilla…) y grupos políticos (PSOE y Unidos Podemos) ante la preocupación por la deriva mercantilista de nuestro sistema educativo, fueron convocados por “Redes por otra política educativa” el pasado 15 de marzo en una mesa redonda celebrada en el Parlamento. Coincidieron en una serie de propuestas:
La imposibilidad de seguir participando en un pacto que desprecia a la comunidad educativa y la negociación democrática. Sin recuperar los recortes y tener una financiación suficiente (base el 5% del PIB) no se pueden plantear soluciones. CCOO junto a otros sindicatos y CEAPA decidieron abandonar la comisión técnica del Consejo Escolar del Estado para no dar coartada al gobierno con su participación y validar su trampa a la sociedad con un supuesto pacto social inexistente.
-Derogación de la LOMCE y los recortes. Levantar el veto de la mesa del Parlamento a la derogación de la LOMCE y empezar inmediatamente considerar las iniciativas parlamentarias que cuentan con el apoyo de la comunidad educativa.
-Plantear una nueva ley educativa a favor de la mayoría social que debe tomar como punto de partida el Documento de bases en el que han participado las entidades de “Redes por otra política educativa”, que cuenta con un gran consenso y defiende el modelo de escuela pública y el derecho a la educación de alumnos y alumnas desde el nacimiento y a lo largo de la vida. Abierta a que puedan unirse más colectivos en su debate y construcción con un consenso social real.
-Conseguir una ley que trabaje por el bienestar común, evitando todas las segregaciones: por sexo, lingüísticas, socioeconómicas, por religión, por talento… Sin concesiones a la enseñanza como negocio.
-La ideología de la LOMCE supone un aumento del fracaso escolar, la segregación temprana y la expulsión del alumnado de los centros con la promoción de itinerarios, las evaluaciones y rankings, la segregación por sexos y la competitividad creada en el sistema educativo por el sentido mercantilista de dicha ley.
-Garantizar la democratización de los centros con una autonomía real y la participación de la comunidad escolar.
-Restituir las competencias del Consejo Escolar del Centro y del Claustro, garantizar su carácter laico, eliminar el modelo autoritario y antidemocrático de nombramiento de directores y directoras de la LOMCE. Así como evitar la supresión de líneas en los centros educativos públicos para favorecer la educación privada-concertada.
-Generar nuevos currículos y métodos adaptados a las necesidades del alumnado (laicos, plurales, integrales), con conocimientos adaptados al contexto y relaciones educativas inéditas frente a las impuestas.
-Recursos humanos y materiales para el apoyo a la diversidad en el aula.
Oportunidad de retomar las movilizaciones en torno a propuestas, reforzando alianzas y estableciendo calendarios.
La derogación de la LOMCE necesita que los partidos políticos sean responsables y coherentes con los compromisos que adquirieron. La educación y el futuro está por encima de luchas políticas que solo provocan perplejidad a la sociedad.
Carmen Rodríguez, Julio Rogero, Rodrigo J. García, Francisco Imbernón y Montse Milán. Miembros del Foro de Sevilla.
http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2018/03/23/el-gobierno-nunca-pretendio-realizar-un-pacto-educativo/
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martes, 1 de mayo de 2018
lunes, 16 de abril de 2018
El Constitucional avala los aspectos más polémicos de la 'ley Wert'.
La mayoría conservadora no ve inconstitucional que se dé dinero público a colegios que segregan por sexo o que Religión cuente para la nota y deba tener una asignatura alternativa
El Tribunal Constitucional, gracias a los votos de la mayoría conservadora, dio hoy un espaldarazo a los aspectos más polémicos de la 'ley Wert', la norma educativa que el PP sacó adelante en 2013 gracias a su entonces mayoría absoluta en el Congreso, pero que fue rechazada y duramente criticada por toda la oposición política y por las organizaciones más representativas de profesores, padres y alumnos.
La mayoría conservadora del pleno ha rechazado esta mañana, por ocho votos a cuatro, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en marzo de 2014 por más de cien diputados del PSOE, que consideraban que la Lomce al menos vulneraba lo dispuesto en la Carta Magna en cinco aspectos. A los siete votos de los magistrados elegidos a propuesta del PP se sumó el de la vicepresidenta, Encarnación Roca. Los cuatro juristas progresistas han anunciado votos particulares discrepantes con la sentencia.
La resolución, en contra de los argumentos socialistas, no ve tacha alguna de inconstitucionalidad o de discriminación por razones de género en el artículo de la Lomce que garantiza a los centros educativos que segregan a los alumnos por sexo su derecho a disfrutar de subvenciones públicas para su funcionamiento en igualdad de condiciones que todo el resto de centros concertados.
El criterio mayoritario de la corte también indica que es perfectamente legal, como ordena la ley del PP, que la asignatura de Religión pase a tener una calificación académica de idéntico valor al de las demás asignaturas -que cuente para la media del ciclo y para la obtención de títulos y becas- y que los alumnos están obligados a elegir entre esta materia u otra alternativa, Valores Cívicos.
La mayoría del pleno tampoco ve tacha constitucional alguna en los otros tres motivos del recurso. La reducción de las competencias de los consejos escolares de los centros, y por lo tanto de padres, profesores y alumnos, en favor de los directores, que pasan a ser designados por las administraciones públicas; la implantación en tercero de la ESO de unos itinerarios que separan y encaminan desde ese momento a los alumnos a la FP o al Bachillerato; o la posibilidad de que los centros que logren una especialización curricular -normalmente institutos o instalaciones de FP que apuestan por una rama o fórmula concreta de estudio- puedan seleccionar a su alumnado según sus notas en los procesos de admisión.
La segunda resolución
La de hoy es la segunda de las resoluciones del Constitucional sobre los recursos contra la 'ley Wert'. La primera fue el 20 de febrero, cuando, entonces por unanimidad, el tribunal consideró ilegal el procedimiento buscado por la Lomce para tratar de garantizar el derecho de los padres a la enseñanza en castellano en Cataluña, mediante el pago de hasta 6.000 euros por curso para que matriculasen a sus hijos en centros privados si no disponían de esta opción en la red pública. Pese a este varapalo a la norma, la sala, en aquel fallo, declaró perfectamente constitucionales otros aspectos muy polémicos de la Lomce, como la obligación de los alumnos de ESO y Bachillerato de aprobar unos exámenes finales externos para poder obtener el título, las conocidas como reválidas, que hoy están paralizadas por decreto.
El Constitucional aún debe pronunciarse en futuros debates del pleno sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados en 2014 contra la Lomce por el Parlamento de Cataluña y los gobiernos de Andalucía, Canarias, Asturias y el País Vasco, aunque algunas de sus impugnaciones ya han sido resueltas por las dos primeras sentencias.
http://www.hoy.es/sociedad/educacion/constitucional-avala-aspectos-polemicos-ley-wert-20180410132350-ntrc.html#ns_campaign=mod-lo-mas&ns_mchannel=ver-top-50&ns_source=estandar&ns_linkname=estandar&ns_fee=3
El Tribunal Constitucional, gracias a los votos de la mayoría conservadora, dio hoy un espaldarazo a los aspectos más polémicos de la 'ley Wert', la norma educativa que el PP sacó adelante en 2013 gracias a su entonces mayoría absoluta en el Congreso, pero que fue rechazada y duramente criticada por toda la oposición política y por las organizaciones más representativas de profesores, padres y alumnos.
La mayoría conservadora del pleno ha rechazado esta mañana, por ocho votos a cuatro, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en marzo de 2014 por más de cien diputados del PSOE, que consideraban que la Lomce al menos vulneraba lo dispuesto en la Carta Magna en cinco aspectos. A los siete votos de los magistrados elegidos a propuesta del PP se sumó el de la vicepresidenta, Encarnación Roca. Los cuatro juristas progresistas han anunciado votos particulares discrepantes con la sentencia.
La resolución, en contra de los argumentos socialistas, no ve tacha alguna de inconstitucionalidad o de discriminación por razones de género en el artículo de la Lomce que garantiza a los centros educativos que segregan a los alumnos por sexo su derecho a disfrutar de subvenciones públicas para su funcionamiento en igualdad de condiciones que todo el resto de centros concertados.
El criterio mayoritario de la corte también indica que es perfectamente legal, como ordena la ley del PP, que la asignatura de Religión pase a tener una calificación académica de idéntico valor al de las demás asignaturas -que cuente para la media del ciclo y para la obtención de títulos y becas- y que los alumnos están obligados a elegir entre esta materia u otra alternativa, Valores Cívicos.
La mayoría del pleno tampoco ve tacha constitucional alguna en los otros tres motivos del recurso. La reducción de las competencias de los consejos escolares de los centros, y por lo tanto de padres, profesores y alumnos, en favor de los directores, que pasan a ser designados por las administraciones públicas; la implantación en tercero de la ESO de unos itinerarios que separan y encaminan desde ese momento a los alumnos a la FP o al Bachillerato; o la posibilidad de que los centros que logren una especialización curricular -normalmente institutos o instalaciones de FP que apuestan por una rama o fórmula concreta de estudio- puedan seleccionar a su alumnado según sus notas en los procesos de admisión.
La segunda resolución
La de hoy es la segunda de las resoluciones del Constitucional sobre los recursos contra la 'ley Wert'. La primera fue el 20 de febrero, cuando, entonces por unanimidad, el tribunal consideró ilegal el procedimiento buscado por la Lomce para tratar de garantizar el derecho de los padres a la enseñanza en castellano en Cataluña, mediante el pago de hasta 6.000 euros por curso para que matriculasen a sus hijos en centros privados si no disponían de esta opción en la red pública. Pese a este varapalo a la norma, la sala, en aquel fallo, declaró perfectamente constitucionales otros aspectos muy polémicos de la Lomce, como la obligación de los alumnos de ESO y Bachillerato de aprobar unos exámenes finales externos para poder obtener el título, las conocidas como reválidas, que hoy están paralizadas por decreto.
El Constitucional aún debe pronunciarse en futuros debates del pleno sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados en 2014 contra la Lomce por el Parlamento de Cataluña y los gobiernos de Andalucía, Canarias, Asturias y el País Vasco, aunque algunas de sus impugnaciones ya han sido resueltas por las dos primeras sentencias.
http://www.hoy.es/sociedad/educacion/constitucional-avala-aspectos-polemicos-ley-wert-20180410132350-ntrc.html#ns_campaign=mod-lo-mas&ns_mchannel=ver-top-50&ns_source=estandar&ns_linkname=estandar&ns_fee=3
miércoles, 11 de abril de 2018
El Constitucional avala la legalidad de las subvenciones a centros de educación segregada por sexo. El tribunal desestima el recurso del PSOE contra la LOMCE sin unanimidad
El Tribunal Constitucional ha zanjado este martes, gracias a la mayoría conservadora de magistrados, un debate que las aulas españolas arrastran desde hace casi dos décadas y que ha tenido un amplio recorrido judicial. Las Administraciones podrán subvencionar con dinero público a los colegios que segregan a sus alumnos por sexo. La Conferencia Episcopal ha aplaudido un aval que supone también un refuerzo a la reforma educativa más cuestionada de la democracia, la Lomce. El PSOE, firmante del recurso, considera que la resolución es “muy preocupante”.
El recorrido judicial se remonta, al menos, a 1999 cuando la Junta de Andalucía intentó imponer un sistema mixto en las aulas andaluzas para no tener que sufragar centros que separaran a alumnos y alumnas en distintas clases. En 2006, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tumbó aquella orden. Le siguieron otros fallos del alto tribunal andaluz hasta que hace casi un año, en mayo de 2017, el Tribunal Supremo reconoció a los nueve centros de educación segregada o diferenciada que hay en Andalucía el derecho a ser sufragados con dinero público.
El tribunal se amparaba en la Lomce (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa), la última reforma educativa del PP conocida como Ley Wert, que blindó las subvenciones públicas a estos centros. EL PAÍS recogía el pasado mayo que, aunque no existe una cifra oficial y exacta, sindicatos, asociaciones y la Administración coinciden en que la educación segregada se imparte en unos 170 centros, de los que alrededor de medio centenar son subvencionados.
A la espera de que se conozca la argumentación de la sentencia del Tribunal Constitucional, este fallo supone también un espaldarazo a la Lomce, una ley tambaleante ya que parte de sus preceptos están en suspenso (como las contestadas reválidas educativas) y supeditados a un pacto educativo en barbecho. Los grupos parlamentarios dejaron aparcada la negociación de dicho pacto por desavenencias del PP y el PSOE en la financiación, tras casi de un año de ponencias. Los grupos políticos están intentando retomar las negociaciones.
El respaldo del Pleno del Tribunal Constitucional ha salido adelante por mayoría de ocho votos. La resolución ha contado con el voto concurrente —de acuerdo con la decisión pero no con el planteamiento— de la vicepresidenta del tribunal, Encarnación Roca, y los votos particulares —en contra de la decisión— de Fernando Valdés Dal-Ré, Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido y la magistrada María Luisa Balaguer.
El recurso que presentó el PSOE, registrado el 7 de marzo de 2014, fue elaborado por un grupo de juristas encabezados por el catedrático de Derecho Constitucional Gregorio Cámara y ocupa 94 páginas. Uno de los principales puntos incluidos en ese documento, que se centraba en distintos aspectos de la Lomce, era este de los conciertos a centros de educación segregada. La reforma educativa blindó la posibilidad de que esta enseñanza recibiera fondos públicos, algo que en la práctica ya aplicaban distintas comunidades autónomas.
El PSOE argumentaba en su recurso que supone una discriminación por razón de género que vulnera el artículo 14 de la Constitución (la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación), y que es “señalada como favorecedora de estereotipos sexistas por un sector importante de especialistas en la materia”, además de recoger la “ausencia de base científica” sobre sus posibles beneficios educativos.
Alternativa a Religión
También incluía otros puntos que han sido igualmente desechados por el tribunal de garantías, ya que el recurso fue desestimado en su totalidad. Otro era el de una alternativa a la asignatura de Religión, que volvió a recuperar el carácter evaluable, es decir, la nota sirve para hacer media en el expediente. Casi 2,2 millones de alumnos de infantil a bachillerato reciben esta asignatura en centros públicos españoles, según datos de la Conferencia Episcopal del curso 2016-2017. La cifra de matriculados en bachillerato se ha incrementado un 76% desde la aprobación de la reforma educativa del PP, pasando de 73.603 alumnos a 129.639. Los socialistas reclamaron la inconstitucionalidad “por la discriminación que produce para los alumnos que han elegido cursar Religión, que no pueden acceder a las enseñanzas de valores éticos y ciudadanos”.
El recurso denunciaba además la existencia de itinerarios —que los estudiantes empezarán a elegir algunas asignaturas optativas dirigidas hacia la FP o el bachillerato en 3º de ESO—, ya que “impiden la progresión en equidad”, según el PSOE. El recurso de los socialistas también denuncia que la reforma educativa del PP limita la participación de las familias en los consejos escolares.
El pasado febrero, sin embargo, el Constitucional dio un varapalo a la Lomce al anular los artículos por los que el Gobierno español obligaba a la Generalitat de Cataluña a pagar ayudas para garantizar que los hijos de las familias que así lo solicitasen pudiesen estudiar en castellano.
https://politica.elpais.com/politica/2018/04/10/actualidad/1523358987_863020.html
P.D:: Lo tremendo de la noticia es que el PP sigue gobernando gracias a la abstención del PSOE y la colaboración de ciudadanos. Uno que afirmó no es no y otro que hizo y hace campaña anticoruppción. Como hoy ha afirmado un diputado en la Ser, ciudadano fue creado y está para apuntalar el PP y seguir su política,...
Más noticias.
El recorrido judicial se remonta, al menos, a 1999 cuando la Junta de Andalucía intentó imponer un sistema mixto en las aulas andaluzas para no tener que sufragar centros que separaran a alumnos y alumnas en distintas clases. En 2006, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tumbó aquella orden. Le siguieron otros fallos del alto tribunal andaluz hasta que hace casi un año, en mayo de 2017, el Tribunal Supremo reconoció a los nueve centros de educación segregada o diferenciada que hay en Andalucía el derecho a ser sufragados con dinero público.
El tribunal se amparaba en la Lomce (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa), la última reforma educativa del PP conocida como Ley Wert, que blindó las subvenciones públicas a estos centros. EL PAÍS recogía el pasado mayo que, aunque no existe una cifra oficial y exacta, sindicatos, asociaciones y la Administración coinciden en que la educación segregada se imparte en unos 170 centros, de los que alrededor de medio centenar son subvencionados.
A la espera de que se conozca la argumentación de la sentencia del Tribunal Constitucional, este fallo supone también un espaldarazo a la Lomce, una ley tambaleante ya que parte de sus preceptos están en suspenso (como las contestadas reválidas educativas) y supeditados a un pacto educativo en barbecho. Los grupos parlamentarios dejaron aparcada la negociación de dicho pacto por desavenencias del PP y el PSOE en la financiación, tras casi de un año de ponencias. Los grupos políticos están intentando retomar las negociaciones.
El respaldo del Pleno del Tribunal Constitucional ha salido adelante por mayoría de ocho votos. La resolución ha contado con el voto concurrente —de acuerdo con la decisión pero no con el planteamiento— de la vicepresidenta del tribunal, Encarnación Roca, y los votos particulares —en contra de la decisión— de Fernando Valdés Dal-Ré, Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido y la magistrada María Luisa Balaguer.
El recurso que presentó el PSOE, registrado el 7 de marzo de 2014, fue elaborado por un grupo de juristas encabezados por el catedrático de Derecho Constitucional Gregorio Cámara y ocupa 94 páginas. Uno de los principales puntos incluidos en ese documento, que se centraba en distintos aspectos de la Lomce, era este de los conciertos a centros de educación segregada. La reforma educativa blindó la posibilidad de que esta enseñanza recibiera fondos públicos, algo que en la práctica ya aplicaban distintas comunidades autónomas.
El PSOE argumentaba en su recurso que supone una discriminación por razón de género que vulnera el artículo 14 de la Constitución (la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación), y que es “señalada como favorecedora de estereotipos sexistas por un sector importante de especialistas en la materia”, además de recoger la “ausencia de base científica” sobre sus posibles beneficios educativos.
Alternativa a Religión
También incluía otros puntos que han sido igualmente desechados por el tribunal de garantías, ya que el recurso fue desestimado en su totalidad. Otro era el de una alternativa a la asignatura de Religión, que volvió a recuperar el carácter evaluable, es decir, la nota sirve para hacer media en el expediente. Casi 2,2 millones de alumnos de infantil a bachillerato reciben esta asignatura en centros públicos españoles, según datos de la Conferencia Episcopal del curso 2016-2017. La cifra de matriculados en bachillerato se ha incrementado un 76% desde la aprobación de la reforma educativa del PP, pasando de 73.603 alumnos a 129.639. Los socialistas reclamaron la inconstitucionalidad “por la discriminación que produce para los alumnos que han elegido cursar Religión, que no pueden acceder a las enseñanzas de valores éticos y ciudadanos”.
El recurso denunciaba además la existencia de itinerarios —que los estudiantes empezarán a elegir algunas asignaturas optativas dirigidas hacia la FP o el bachillerato en 3º de ESO—, ya que “impiden la progresión en equidad”, según el PSOE. El recurso de los socialistas también denuncia que la reforma educativa del PP limita la participación de las familias en los consejos escolares.
El pasado febrero, sin embargo, el Constitucional dio un varapalo a la Lomce al anular los artículos por los que el Gobierno español obligaba a la Generalitat de Cataluña a pagar ayudas para garantizar que los hijos de las familias que así lo solicitasen pudiesen estudiar en castellano.
https://politica.elpais.com/politica/2018/04/10/actualidad/1523358987_863020.html
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miércoles, 28 de febrero de 2018
La LOMCE, el sindicalismo, la educación y más. Entrevista a Agustín Moreno, profesor y defensor de la educación pública “El PP y C’s coinciden en lo básico: poca inversión y maquillar la Lomce sin tocar la presencia de la Iglesia"
La trayectoria de Agustín Moreno (Madrid, 1951) está marcada por el corazón y los sentimientos de un soñador errante. Así se describe a vuelapluma este profesor jubilado que ha dejado una profunda huella en la batalla inacabada a favor de la educación pública en España. Pero la realidad es tozuda y se obstina en mostrar otra cara. La de la razón y la ideología. Nació en Usera, en el seno de una familia de desplazados toledanos durante la Guerra Civil y estudió ingeniería técnica industrial en la Universidad Laboral de Sevilla, “un invento de Franco para captar a los hijos de los trabajadores para que dieran soporte a la industrialización y al sistema productivo”. Militante histórico de CC.OO, fue amigo y colaborador de Marcelino Camacho, y ha compartido infinidad de aventuras con buena parte de la dirección sindical más combativa de la historia de España. Desde los encausados en el Proceso 1001, las direcciones confederales de CC.OO en los años ochenta y la UGT de Nicolás Redondo. Pero tras la crisis del sindicato y su salida de él en 1996, se inclinó por la docencia, que le sirvió para conocer las ganancias colectivas que proporciona una educación pública y de calidad. Ahí descubrió el otro mundo. Como profesor de Historia en diferentes institutos. Moreno acaba de jubilarse sin dejar por ello de combatir las vertientes ásperas y oscuras del sistema. “Los amigos de las sombras funcionan bastante mejor, y con más inteligencia, que aquellos que trabajan por la luz”, dice a modo de epitafio. Su compromiso por el bienestar de la clase obrera y su rechazo a las políticas neoliberales le han granjeado el respeto unánime del amplio y fracturado abanico que compone la izquierda española. Desde algunos sectores del PSOE a destacados pensadores libertarios.
¿El sindicalismo se encuentra sitiado por el sistema?
Corro el riesgo de equivocarme en mis opiniones porque soy un simple afiliado de base de CC.OO y ya no participo en ninguna estructura sindical ni tengo los elementos de juicio que puedan tener los actuales responsables del sindicato. Sin embargo, es obvio que tiene muchos problemas. Uno de los más importantes es la incapacidad que han mostrado para romper con el modelo de concertación social que comenzó a fraguarse a finales de los años 80 y principios de los 90, cuando la correlación de fuerzas era mucho más favorable. Hasta entonces, la unidad de acción sirvió para hablar de tú a tú al poder, es decir, al gobierno y a la patronal. Pero la crisis de 1996 fue decisiva para el declive sindical porque terminó consolidando un modelo de negociación basado en la política del mal menor. Bajo mi punto de vista, esta estrategia ha resultado un fracaso porque no ha traído beneficios para los trabajadores sino, más bien, una aplicación expansiva de los recortes laborales. La cosa se volvió escandalosa con las dos últimas reformas, la de 2010 de Zapatero y la de 2012 de Rajoy. El golpe que asestaron al movimiento sindical fue tremendo.
La negociación colectiva, por ejemplo, ha pasado de ser el principal ámbito de actuación a convertirse en un sueño lejano.
La posición sindical ha quedado muy debilitada. Hoy acuden a la mesa de negociación con un brazo atado a la espalda. Se ha perdido la ultraactividad de los convenios, que aunque parezca un término muy técnico no es otra cosa que la salvaguarda de las condiciones laborales y salariales, lo que está obligando a los sindicatos a buscar acuerdos contrarreloj.
¿Cuál de las dos reformas les hizo más daño?
La de Rajoy fue más dura pero ambas tuvieron la misma responsabilidad en el deterioro del mercado de trabajo.
¿Y cuál es la responsabilidad de los sindicatos?
En mi opinión, han olvidado la horizontalidad histórica en la toma de decisiones. Noto un cierto alejamiento de la dirección con las bases y también con el conjunto de los trabajadores y trabajadoras. No pongo en duda que mantienen contacto con sus afiliados pero ya no lo hacen mediante instrumentos tan válidos como las asambleas, la participación directa y otras actividades cuya utilidad era permitir que la militancia asumiera su protagonismo. También hay casos recientes en donde el sindicalismo ha funcionado muy bien. Mira la lucha en Coca Cola. Pero, en general, la jerarquización interna también ha sido un factor de debilitamiento. Ya por último, yo añadiría la campaña sistemática de desprestigio orquestada contra ellos. Cuando el poder no logra integrar a un oponente, lo desacredita. Y, hasta cierto punto, comprendo que actúe de esa forma contra organizaciones que defienden posturas contrarias al sistema. El problema llega cuando son los sindicatos quienes dan motivos para ello. Su gran reto, y donde se juegan su futuro, es ver si son capaces de representar y defender al precariado, a los trabajadores pobres que cada día abundan más.
¿Cuál le ha decepcionado más?
Algo doloroso fue lo de Fidalgo, que ahora está en FAES o en el instituto de Empresa o en qué sé yo. Hace poco leía unas declaraciones suyas alabando a Cospedal. Hombre, ¡qué quiere que le diga!. Esas cosas hacen mucho daño a las organizaciones porque cada cual no sólo debe jugar con corrección el papel que le toca en cada momento sino que luego tiene que mantener una dignidad ante lo que ha representado dentro de una organización. No digo que no tenga derecho a reorganizar su vida, incluso a reinventarse, pero cuando se tiene una responsabilidad tan fuerte como la que tuvo Fidalgo se debe mantener una cierta ética. Las puertas giratorias en el sindicalismo me parecen mucho más imperdonables que en los partidos políticos. Los sindicatos deben estar dirigidos por las personas más honradas pero tienen que ser vigilados como si fueran ladrones. Es una máxima del movimiento obrero.
Dice Warren Buffet que vivimos una lucha de clases y la oligarquía están ganando. ¿Erró Marx en su análisis?
Visto desde una perspectiva histórica, el optimismo de Marx debe seguir vigente. Algún día terminarán imponiéndose las fuerzas del orden, que no son otras que las fuerzas del cambio hacia una sociedad mucho más justa de la que hoy tenemos. Desde ese punto de vista, la superioridad moral y teórica de la izquierda respecto a las fuerzas conservadoras es que cuestiona un mundo profundamente desigual, hecho a la medida de una élite minoritaria. El optimismo histórico marxista consiste en mantener viva la esperanza de que la transformación acabará llegando.
Sin embargo, ni la crisis global ha permitido el más mínimo cambio. Al contrario. La desigualdad ha crecido y las corrientes conservadoras han reforzado su poder.
Es que son muy habilidosos para romper al rival, para dividirlo y desmantelarlo. Y también para halagarlo hasta convertir en muñecos a dirigentes políticos y sindicales que parecían inquebrantables. Esas han sido sus armas toda la vida. La gran reflexión siempre ha sido que con el sufragio universal estarían perdidos. Pues bien, como se está viendo, fue un error porque han demostrado su capacidad para lograr que millones de personas en paro, obreros, pensionistas y jubilados, voten a partidos corruptos que son los responsables de su situación. Todo esto me recuerda un poco al tren de los hermanos Marx en el Oeste, donde quemaban vagones para hacer funcionar la locomotora. Aquí es lo mismo, se liquida el sistema público para que los beneficios empresariales no se detengan.
¿Y cómo se puede frenar esa máquina?
Entiendo que es muy difícil. Los amigos de las sombras funcionan bastante mejor, y con más inteligencia, que aquellos que trabajan en la luz. En mi opinión, el último ejemplo es lo que ha sucedido en Catalunya.
¿Por qué?
Porque colocando en primer plano del debate público la negativa al derecho a decidir han ocultado sus vergüenzas y la incompetencia política del gobierno de Rajoy. Desde la corrupción a los datos económicos, sociales y la deuda desorbitada que tenemos. De hecho, creo que ha comenzado una involución política en España, la que va desde el centro-derecha hacia la derecha. Es que incluso rechazar la monarquía puede ser un motivo de delito. El inmovilismo ha jugado esta partida de manera perfecta y es un serio aviso a todos los que nos sentimos republicanos. El único problema de Rajoy es que no ha calculado bien sus movimientos y el gran beneficiado de todo esto está siendo Ciudadanos.
¿Considera que Ciudadanos es una opción de derecha?
Hoy, está disputándole al PP el voto de la ultraderecha. El carácter que ha mostrado durante los últimos meses así lo indica. Su propuesta para Catalunya era la aplicación más dura del artículo 155 y está recogiendo los frutos. Ciudadanos llegó a la política para neutralizar cualquier posibilidad de cambio en España sirviendo como receptor del voto perdido del PP y, en menor medida, también del PSOE. La operación les está saliendo cuadrada. Los votos que huían por la puerta del PP debido a la corrupción han empezado a entrar por la ventana de Ciudadanos. El asunto de fondo para ellos es mantener el sistema intacto.
Uno de los caballos de Troya en estos momentos y que usted conoce a la perfección es el sistema educativo. ¿Hacia dónde se dirige?
Está atravesando por una etapa difícil y complicada. Hay dos grandes hechos objetivos que lo están arrastrando hacia un grave deterioro. Uno son los recortes brutales. Hablamos de cerca de 9.000 millones y 45.000 profesores menos desde el inicio de la crisis. Estos datos significan que estamos en el 4% de inversión, dos puntos menos que la media europea, y la previsión es reducirlo aún más, hasta el 3,8%, para el próximo año. El segundo problema es la Lomce, una ley profundamente segregadora que está diseñada para responder a la lógica productiva de la derecha española. Y digo esto porque pone en relación la educación, el mercado de trabajo, el modelo social y nuestro modelo de democracia. Es decir, intentan implantar un sistema educativo más devaluado que sirva a un modelo de trabajo basado en mano de obra barata. Esto terminará configurando una sociedad menos cohesionada en una democracia de baja calidad, sin crítica, dócil. En un país donde el motor productivo es el turismo, su lógica es sencilla: ¿Por qué invertir en un sistema educativo cualificado? ¿Para que nuestros ingenieros, científicos, filósofos e investigadores se vayan a trabajar al extranjero? Si a todo esto añadimos que los pocos recursos se canalizan por la vía de las concertadas, el golpe que están dando al sistema es brutal. Portugal es un ejemplo en sentido contrario. Allí han decidido eliminar los conciertos educativos porque han apostado decididamente por la cohesión social. La consecuencia es que su economía es cada vez más sólida y tiene una perspectiva de futuro bastante mejor que la nuestra. A poco que nos descuidemos su protagonismo en la UE será mayor que el nuestro.
En España se pidió la derogación y paralización de la Lomce. ¿En qué ha quedado?
Aquí volvemos a ver la inteligencia de la derecha para dar la vuelta a las cosas. Nos han metido en un avispero como es una subcomisión educativa que debe crear las bases para un pacto de Estado. Pero ya lo han reducido de antemano mediante una negociación entre los partidos políticos en el que se ha excluido la participación, en términos del debate, de la sociedad civil. Es un paripé en el que se ha invertido un año entero de comparecencias que a lo mucho servirá para maquillar la actual ley pero sin lograr un compromiso de financiación. Si a la derecha le parece que el conocimiento es caro pronto verán cuál es el coste de la ignorancia.
¿Cuál es el precio?
Altísimo: desigualdad, exclusión, segregación y cárcel. Si se busca un pacto verdadero en materia de educación deberíamos comenzar por trabajar un acuerdo que potencie el sistema en su conjunto. Y si se quiere limita a lograr un compromiso de financiación se debería tener en perspectiva alcanzar el 7% del PIB, que es el que hoy tiene Finlandia, y además blindado en relación al artículo 135 de la Constitución. Pero nada de esto está sobre la mesa. ¿Qué es más importante para el futuro de España, salvar unas autopistas o fortalecer la educación? La respuesta es obvia. Otro elemento clave es fortalecer el sistema público porque el concertado es una anomalía en relación a lo que está haciendo el resto de Europa. Somos el tercer país que más dinero destina a la educación concertada después de la hipercatólica Bélgica y de Malta.
¿Qué posiciones políticas hay ante el pacto educativo?
Unos con posiciones más liberales y otros con planteamientos más conservadoras, el PP y Ciudadanos coinciden en lo básico: poca inversión y maquillar la Lomce pero sin tocar la presencia de la Iglesia ni la financiación de la red privada con el dinero de todos. Para ellos es la clave para evitar que sus hijos se junten en un aula con los de la clase obrera. El asunto capital será ver si el PSOE entra ahí.
¿Puede hacerlo?
Yo quiero pensar que no, aunque hay posibilidades de que lo haga. La educación es de las pocas banderas que les queda para distinguirse un poco de la derecha y si capitulan creo que será su hundimiento. Como cometa la torpeza de legitimar la Lomce y se descuelgue del “Documento de bases para una nueva Ley de Educación. Acuerdo social y político” suscrito por un centenar de organizaciones, entidades educativas, de catedráticos y de cabezas pensantes de este país, tendrá problemas. Que pregunten sus dudas a los portugueses para saber cómo están abordando el problema de la educación concertada.
¿Por qué en España se favorece tanto a la educación concertada?
Por el poder que sigue teniendo la Iglesia, favorecida por un concordato que no sólo es preconstitucional sino que es anticonstitucional porque va en contra del artículo 14. Y también por los intereses económicos. Los de la propia Iglesia y los de otros grupos económicos que han encontrado un pastel extraordinario en el mundo educativo. La tendencia es considerar a los servicios públicos como un bien mercantil. Una de las consecuencias de esta política es la presencia de la religión como asignatura obligatoria evaluable. Es un sinsentido y es un disparate.
A menudo se utiliza la educación como arma arrojadiza. Se habla de adoctrinamiento para atacar al rival. Lo hemos visto en Catalunya pero ¿cómo se educa en España?
La pedagogía está inventada y no es más que el arte de acompañar al niño, a la niña, a los jóvenes en general, en su desarrollo personal. Esa es la esencia de la educación. Sin embargo, se diseña desde arriba para instruir y dirigir el crecimiento de los menores de edad. A mí me gustaba mucho mantener entrevistas con los padres de los alumnos para evaluar conjuntamente la evolución del chico o la chica durante un trimestre. Lo que buscaba con ellas era un cierto compromiso. Y solía explicarles que evitaran repetir a sus hijos todo lo que les quieren porque eso ya lo saben. Es preferible darles confianza, que sepan que creemos en ellos.
Y en su opinión, ¿el poder confía en los ciudadanos?
No, el poder manipula. El modelo es segregador. Primero en primaria, luego en secundaria con los programas de mejor aprendizaje y rendimiento. Después con la formación profesional básica, que son callejones sin salida; en cuarto de la ESO con los cuatro itinerarios, la competencia de unos centros con otros. Y ahí están las pruebas externas y los ránquin. En fin. La carrera de obstáculos en el sistema educativo español es tremenda. Es una selección destinada a elegir a una pequeña élite y la escuela intenta reproducir ese sistema social con todas sus desigualdades. Hemos llegado a un punto en el que los hijos de la clase obrera tienen un techo de cristal que resulta muy difícil superar.
Y manejarse en este modelo educativo, ¿no provoca frustración?
Hay compañeros que después de muchos años de compromiso y lucha se han ido dando saltos de alegría. Yo, sin embargo, he ido cantando a trabajar hasta el último día. Quizá porque sólo he ejercido durante 20 años y pertenezco a la tropa de refresco. Pero en los últimos años es cierto que se ha producido una gran evasión de buenos docentes en España, aquellos que participaron activamente en el movimiento de renovación pedagógica de los años 70 y 80, y que al cumplir 60 años han decidido retirarse. Yo pedí prórroga de actividad para regalar seis años más a los chicos, no a la administración, sino a la causa de la educación pública.
Pero la docencia siempre fue una profesión vocacional. Si se pierde la ilusión, la calidad se resiente.
Se ha perdido bastante aquella ilusión pedagógica de los años 80, aunque no del todo. Sigue habiendo muchos profesores que intentan mejorar a diario y mientras exista esta gente hay motivos para la esperanza. Hemos vivido situaciones más difíciles. Hicimos un gran trabajo durante el franquismo, ¿cómo no lo vamos a hacer en democracia pese a que tengamos leyes lesivas? También depende mucho de cómo nos lo tomemos nosotros, los maestros.
¿Qué debe aportar un maestro?
Bajo mi punto de vista, un profesional de la docencia tiene que combinar tres planos: El de hacer bien su trabajo, el de fomentar complicidades con sus compañeros y con las familias, y el de protestar en defensa de la escuela pública. Hay que creer en los chicos y no actuar como si te importaran un pepino, algo que captan a la perfección. En esta profesión se suda mucho la camiseta aunque la administración no siempre lo reconozca.
Es usted optimista.
Es que si el pesimismo se instala en nuestras cabezas estamos perdidos. Por lo tanto me tomo el optimismo como un imperativo moral. Estamos obligados a dar todas las batallas por las buenas causas y la educación pública es una de las más importantes. Esto nos obliga a ponernos de acuerdo con otros que, aunque no piensen igual, estén abiertos a establecer vínculos de solidaridad dentro de un modelo capitalista que no se preocupa por el bienestar general. Vivimos en un sistema insostenible caracterizado por la desigualdad social y la crisis medioambiental. El capitalismo es el desorden.
Fuente:
http://ctxt.es/es/20180214/Politica/17908/Entrevista-Agustin-Moreno-educacion-izquierda-sindicalismo.htm
¿El sindicalismo se encuentra sitiado por el sistema?
Corro el riesgo de equivocarme en mis opiniones porque soy un simple afiliado de base de CC.OO y ya no participo en ninguna estructura sindical ni tengo los elementos de juicio que puedan tener los actuales responsables del sindicato. Sin embargo, es obvio que tiene muchos problemas. Uno de los más importantes es la incapacidad que han mostrado para romper con el modelo de concertación social que comenzó a fraguarse a finales de los años 80 y principios de los 90, cuando la correlación de fuerzas era mucho más favorable. Hasta entonces, la unidad de acción sirvió para hablar de tú a tú al poder, es decir, al gobierno y a la patronal. Pero la crisis de 1996 fue decisiva para el declive sindical porque terminó consolidando un modelo de negociación basado en la política del mal menor. Bajo mi punto de vista, esta estrategia ha resultado un fracaso porque no ha traído beneficios para los trabajadores sino, más bien, una aplicación expansiva de los recortes laborales. La cosa se volvió escandalosa con las dos últimas reformas, la de 2010 de Zapatero y la de 2012 de Rajoy. El golpe que asestaron al movimiento sindical fue tremendo.
La negociación colectiva, por ejemplo, ha pasado de ser el principal ámbito de actuación a convertirse en un sueño lejano.
La posición sindical ha quedado muy debilitada. Hoy acuden a la mesa de negociación con un brazo atado a la espalda. Se ha perdido la ultraactividad de los convenios, que aunque parezca un término muy técnico no es otra cosa que la salvaguarda de las condiciones laborales y salariales, lo que está obligando a los sindicatos a buscar acuerdos contrarreloj.
¿Cuál de las dos reformas les hizo más daño?
La de Rajoy fue más dura pero ambas tuvieron la misma responsabilidad en el deterioro del mercado de trabajo.
¿Y cuál es la responsabilidad de los sindicatos?
En mi opinión, han olvidado la horizontalidad histórica en la toma de decisiones. Noto un cierto alejamiento de la dirección con las bases y también con el conjunto de los trabajadores y trabajadoras. No pongo en duda que mantienen contacto con sus afiliados pero ya no lo hacen mediante instrumentos tan válidos como las asambleas, la participación directa y otras actividades cuya utilidad era permitir que la militancia asumiera su protagonismo. También hay casos recientes en donde el sindicalismo ha funcionado muy bien. Mira la lucha en Coca Cola. Pero, en general, la jerarquización interna también ha sido un factor de debilitamiento. Ya por último, yo añadiría la campaña sistemática de desprestigio orquestada contra ellos. Cuando el poder no logra integrar a un oponente, lo desacredita. Y, hasta cierto punto, comprendo que actúe de esa forma contra organizaciones que defienden posturas contrarias al sistema. El problema llega cuando son los sindicatos quienes dan motivos para ello. Su gran reto, y donde se juegan su futuro, es ver si son capaces de representar y defender al precariado, a los trabajadores pobres que cada día abundan más.
¿Cuál le ha decepcionado más?
Algo doloroso fue lo de Fidalgo, que ahora está en FAES o en el instituto de Empresa o en qué sé yo. Hace poco leía unas declaraciones suyas alabando a Cospedal. Hombre, ¡qué quiere que le diga!. Esas cosas hacen mucho daño a las organizaciones porque cada cual no sólo debe jugar con corrección el papel que le toca en cada momento sino que luego tiene que mantener una dignidad ante lo que ha representado dentro de una organización. No digo que no tenga derecho a reorganizar su vida, incluso a reinventarse, pero cuando se tiene una responsabilidad tan fuerte como la que tuvo Fidalgo se debe mantener una cierta ética. Las puertas giratorias en el sindicalismo me parecen mucho más imperdonables que en los partidos políticos. Los sindicatos deben estar dirigidos por las personas más honradas pero tienen que ser vigilados como si fueran ladrones. Es una máxima del movimiento obrero.
Dice Warren Buffet que vivimos una lucha de clases y la oligarquía están ganando. ¿Erró Marx en su análisis?
Visto desde una perspectiva histórica, el optimismo de Marx debe seguir vigente. Algún día terminarán imponiéndose las fuerzas del orden, que no son otras que las fuerzas del cambio hacia una sociedad mucho más justa de la que hoy tenemos. Desde ese punto de vista, la superioridad moral y teórica de la izquierda respecto a las fuerzas conservadoras es que cuestiona un mundo profundamente desigual, hecho a la medida de una élite minoritaria. El optimismo histórico marxista consiste en mantener viva la esperanza de que la transformación acabará llegando.
Sin embargo, ni la crisis global ha permitido el más mínimo cambio. Al contrario. La desigualdad ha crecido y las corrientes conservadoras han reforzado su poder.
Es que son muy habilidosos para romper al rival, para dividirlo y desmantelarlo. Y también para halagarlo hasta convertir en muñecos a dirigentes políticos y sindicales que parecían inquebrantables. Esas han sido sus armas toda la vida. La gran reflexión siempre ha sido que con el sufragio universal estarían perdidos. Pues bien, como se está viendo, fue un error porque han demostrado su capacidad para lograr que millones de personas en paro, obreros, pensionistas y jubilados, voten a partidos corruptos que son los responsables de su situación. Todo esto me recuerda un poco al tren de los hermanos Marx en el Oeste, donde quemaban vagones para hacer funcionar la locomotora. Aquí es lo mismo, se liquida el sistema público para que los beneficios empresariales no se detengan.
¿Y cómo se puede frenar esa máquina?
Entiendo que es muy difícil. Los amigos de las sombras funcionan bastante mejor, y con más inteligencia, que aquellos que trabajan en la luz. En mi opinión, el último ejemplo es lo que ha sucedido en Catalunya.
¿Por qué?
Porque colocando en primer plano del debate público la negativa al derecho a decidir han ocultado sus vergüenzas y la incompetencia política del gobierno de Rajoy. Desde la corrupción a los datos económicos, sociales y la deuda desorbitada que tenemos. De hecho, creo que ha comenzado una involución política en España, la que va desde el centro-derecha hacia la derecha. Es que incluso rechazar la monarquía puede ser un motivo de delito. El inmovilismo ha jugado esta partida de manera perfecta y es un serio aviso a todos los que nos sentimos republicanos. El único problema de Rajoy es que no ha calculado bien sus movimientos y el gran beneficiado de todo esto está siendo Ciudadanos.
¿Considera que Ciudadanos es una opción de derecha?
Hoy, está disputándole al PP el voto de la ultraderecha. El carácter que ha mostrado durante los últimos meses así lo indica. Su propuesta para Catalunya era la aplicación más dura del artículo 155 y está recogiendo los frutos. Ciudadanos llegó a la política para neutralizar cualquier posibilidad de cambio en España sirviendo como receptor del voto perdido del PP y, en menor medida, también del PSOE. La operación les está saliendo cuadrada. Los votos que huían por la puerta del PP debido a la corrupción han empezado a entrar por la ventana de Ciudadanos. El asunto de fondo para ellos es mantener el sistema intacto.
Uno de los caballos de Troya en estos momentos y que usted conoce a la perfección es el sistema educativo. ¿Hacia dónde se dirige?
Está atravesando por una etapa difícil y complicada. Hay dos grandes hechos objetivos que lo están arrastrando hacia un grave deterioro. Uno son los recortes brutales. Hablamos de cerca de 9.000 millones y 45.000 profesores menos desde el inicio de la crisis. Estos datos significan que estamos en el 4% de inversión, dos puntos menos que la media europea, y la previsión es reducirlo aún más, hasta el 3,8%, para el próximo año. El segundo problema es la Lomce, una ley profundamente segregadora que está diseñada para responder a la lógica productiva de la derecha española. Y digo esto porque pone en relación la educación, el mercado de trabajo, el modelo social y nuestro modelo de democracia. Es decir, intentan implantar un sistema educativo más devaluado que sirva a un modelo de trabajo basado en mano de obra barata. Esto terminará configurando una sociedad menos cohesionada en una democracia de baja calidad, sin crítica, dócil. En un país donde el motor productivo es el turismo, su lógica es sencilla: ¿Por qué invertir en un sistema educativo cualificado? ¿Para que nuestros ingenieros, científicos, filósofos e investigadores se vayan a trabajar al extranjero? Si a todo esto añadimos que los pocos recursos se canalizan por la vía de las concertadas, el golpe que están dando al sistema es brutal. Portugal es un ejemplo en sentido contrario. Allí han decidido eliminar los conciertos educativos porque han apostado decididamente por la cohesión social. La consecuencia es que su economía es cada vez más sólida y tiene una perspectiva de futuro bastante mejor que la nuestra. A poco que nos descuidemos su protagonismo en la UE será mayor que el nuestro.
En España se pidió la derogación y paralización de la Lomce. ¿En qué ha quedado?
Aquí volvemos a ver la inteligencia de la derecha para dar la vuelta a las cosas. Nos han metido en un avispero como es una subcomisión educativa que debe crear las bases para un pacto de Estado. Pero ya lo han reducido de antemano mediante una negociación entre los partidos políticos en el que se ha excluido la participación, en términos del debate, de la sociedad civil. Es un paripé en el que se ha invertido un año entero de comparecencias que a lo mucho servirá para maquillar la actual ley pero sin lograr un compromiso de financiación. Si a la derecha le parece que el conocimiento es caro pronto verán cuál es el coste de la ignorancia.
¿Cuál es el precio?
Altísimo: desigualdad, exclusión, segregación y cárcel. Si se busca un pacto verdadero en materia de educación deberíamos comenzar por trabajar un acuerdo que potencie el sistema en su conjunto. Y si se quiere limita a lograr un compromiso de financiación se debería tener en perspectiva alcanzar el 7% del PIB, que es el que hoy tiene Finlandia, y además blindado en relación al artículo 135 de la Constitución. Pero nada de esto está sobre la mesa. ¿Qué es más importante para el futuro de España, salvar unas autopistas o fortalecer la educación? La respuesta es obvia. Otro elemento clave es fortalecer el sistema público porque el concertado es una anomalía en relación a lo que está haciendo el resto de Europa. Somos el tercer país que más dinero destina a la educación concertada después de la hipercatólica Bélgica y de Malta.
¿Qué posiciones políticas hay ante el pacto educativo?
Unos con posiciones más liberales y otros con planteamientos más conservadoras, el PP y Ciudadanos coinciden en lo básico: poca inversión y maquillar la Lomce pero sin tocar la presencia de la Iglesia ni la financiación de la red privada con el dinero de todos. Para ellos es la clave para evitar que sus hijos se junten en un aula con los de la clase obrera. El asunto capital será ver si el PSOE entra ahí.
¿Puede hacerlo?
Yo quiero pensar que no, aunque hay posibilidades de que lo haga. La educación es de las pocas banderas que les queda para distinguirse un poco de la derecha y si capitulan creo que será su hundimiento. Como cometa la torpeza de legitimar la Lomce y se descuelgue del “Documento de bases para una nueva Ley de Educación. Acuerdo social y político” suscrito por un centenar de organizaciones, entidades educativas, de catedráticos y de cabezas pensantes de este país, tendrá problemas. Que pregunten sus dudas a los portugueses para saber cómo están abordando el problema de la educación concertada.
¿Por qué en España se favorece tanto a la educación concertada?
Por el poder que sigue teniendo la Iglesia, favorecida por un concordato que no sólo es preconstitucional sino que es anticonstitucional porque va en contra del artículo 14. Y también por los intereses económicos. Los de la propia Iglesia y los de otros grupos económicos que han encontrado un pastel extraordinario en el mundo educativo. La tendencia es considerar a los servicios públicos como un bien mercantil. Una de las consecuencias de esta política es la presencia de la religión como asignatura obligatoria evaluable. Es un sinsentido y es un disparate.
A menudo se utiliza la educación como arma arrojadiza. Se habla de adoctrinamiento para atacar al rival. Lo hemos visto en Catalunya pero ¿cómo se educa en España?
La pedagogía está inventada y no es más que el arte de acompañar al niño, a la niña, a los jóvenes en general, en su desarrollo personal. Esa es la esencia de la educación. Sin embargo, se diseña desde arriba para instruir y dirigir el crecimiento de los menores de edad. A mí me gustaba mucho mantener entrevistas con los padres de los alumnos para evaluar conjuntamente la evolución del chico o la chica durante un trimestre. Lo que buscaba con ellas era un cierto compromiso. Y solía explicarles que evitaran repetir a sus hijos todo lo que les quieren porque eso ya lo saben. Es preferible darles confianza, que sepan que creemos en ellos.
Y en su opinión, ¿el poder confía en los ciudadanos?
No, el poder manipula. El modelo es segregador. Primero en primaria, luego en secundaria con los programas de mejor aprendizaje y rendimiento. Después con la formación profesional básica, que son callejones sin salida; en cuarto de la ESO con los cuatro itinerarios, la competencia de unos centros con otros. Y ahí están las pruebas externas y los ránquin. En fin. La carrera de obstáculos en el sistema educativo español es tremenda. Es una selección destinada a elegir a una pequeña élite y la escuela intenta reproducir ese sistema social con todas sus desigualdades. Hemos llegado a un punto en el que los hijos de la clase obrera tienen un techo de cristal que resulta muy difícil superar.
Y manejarse en este modelo educativo, ¿no provoca frustración?
Hay compañeros que después de muchos años de compromiso y lucha se han ido dando saltos de alegría. Yo, sin embargo, he ido cantando a trabajar hasta el último día. Quizá porque sólo he ejercido durante 20 años y pertenezco a la tropa de refresco. Pero en los últimos años es cierto que se ha producido una gran evasión de buenos docentes en España, aquellos que participaron activamente en el movimiento de renovación pedagógica de los años 70 y 80, y que al cumplir 60 años han decidido retirarse. Yo pedí prórroga de actividad para regalar seis años más a los chicos, no a la administración, sino a la causa de la educación pública.
Pero la docencia siempre fue una profesión vocacional. Si se pierde la ilusión, la calidad se resiente.
Se ha perdido bastante aquella ilusión pedagógica de los años 80, aunque no del todo. Sigue habiendo muchos profesores que intentan mejorar a diario y mientras exista esta gente hay motivos para la esperanza. Hemos vivido situaciones más difíciles. Hicimos un gran trabajo durante el franquismo, ¿cómo no lo vamos a hacer en democracia pese a que tengamos leyes lesivas? También depende mucho de cómo nos lo tomemos nosotros, los maestros.
¿Qué debe aportar un maestro?
Bajo mi punto de vista, un profesional de la docencia tiene que combinar tres planos: El de hacer bien su trabajo, el de fomentar complicidades con sus compañeros y con las familias, y el de protestar en defensa de la escuela pública. Hay que creer en los chicos y no actuar como si te importaran un pepino, algo que captan a la perfección. En esta profesión se suda mucho la camiseta aunque la administración no siempre lo reconozca.
Es usted optimista.
Es que si el pesimismo se instala en nuestras cabezas estamos perdidos. Por lo tanto me tomo el optimismo como un imperativo moral. Estamos obligados a dar todas las batallas por las buenas causas y la educación pública es una de las más importantes. Esto nos obliga a ponernos de acuerdo con otros que, aunque no piensen igual, estén abiertos a establecer vínculos de solidaridad dentro de un modelo capitalista que no se preocupa por el bienestar general. Vivimos en un sistema insostenible caracterizado por la desigualdad social y la crisis medioambiental. El capitalismo es el desorden.
Fuente:
http://ctxt.es/es/20180214/Politica/17908/Entrevista-Agustin-Moreno-educacion-izquierda-sindicalismo.htm
domingo, 29 de octubre de 2017
35 años y siete leyes escolares. La convivencia entre la pública y la privada, la Religión y los itinerarios para los alumnos han estado en el centro del trajín normativo de la educación en democracia
La legislación educativa ha sido un baile continuo en España, lleno de polémicas, agrios debates, protestas en las calles e intervención de los tribunales. Un vaivén que muchos especialistas han señalado como uno de los principales problemas del sistema, por lo que reclaman de una vez por todas un gran pacto de Estado que le dé una estabilidad imprescindible para la mejora. En la anterior legislatura se estuvo cerca de ese pacto, pero no se consiguió, y el actual proyecto que hoy se aprueba en el Congreso, la LOMCE, está muy lejos de él, con un amplísimo consenso en contra: ha provocado ya dos huelgas generales y los principales partidos de la oposición se han comprometido a derogar la norma en cuanto puedan. Durante el agitado debate de la que será la séptima ley orgánica de la educación no universitaria vigente durante la democracia, han vuelto a resurgir todos los problemas no resueltos desde hace muchas décadas y sobre los que ha girado la legislación: la convivencia entre la escuela pública y la privada, la presencia de la Religión en las aulas y el mantenimiento de un tronco común para todos los alumnos hasta los 16 años frente a la apertura de vías alternativas. El siguiente es un repaso a los cambios normativos de las últimas décadas.
Ley General de Educación, LGE, 1970. Aprobada en 1970, aún durante el régimen franquista, dio la estructura básica del sistema educativo hasta los años noventa. La educación obligatoria iba de los 6 a los 14 años (EGB). Antes de esa edad estaba preescolar (con centros de párvulos a los 4 y 5 años) y después el bachillerato (BUP), coronado con el Curso de Orientación Universitaria (COU), de los 14 a los 18 años. En cuanto a la FP, la ley “definía una formación profesional nueva, bien estructurada, con visión de futuro, y con aspectos muy innovadores, ya que situaba tres niveles, la FP1 y FP2 como un itinerario posterior a la EGB y al BUP, y la FP3 como salida corta tras el primer ciclo de la universidad”, aunque ese último tramo no llegó a entrar en vigor y los cambios modernizadores se acabaron diluyendo, según escribía en un artículo en El PAÍS en 2002 la entonces consejera de Educación del País Vasco, Anjeles Iztueta.
Por lo demás, la Ley General de Educación "responde a un deseo de evolución”, y “su promulgación representa la intención de crear un modelo que responda o se adapte a los cambios demográficos, económicos, o culturales" que había ido consiguiendo la sociedad española, asegura el profesor de la Universidad de Valencia Alejandro Mayordomo en un trabajo de 2002. Y añade: "No solo se declaraba obligatoria y gratuita la EGB, sino que se especificaba que para hacer posible el ejercicio del derecho a la educación en los niveles no obligatorios el Estado daría plena efectividad al principio de igualdad de oportunidades; en el artículo 3 se expresaba respecto a la educación que 'a todos los efectos tendrá la consideración de servicio público fundamental”.
Más de 12.000 personas reclamaron en un encuentro en diciembre de 1979 en Madrid financiación para la escuela privada.
Ley Orgánica Reguladora del Estatuto de Centros Escolares, LOECE, 1980. Esta norma abre un periodo de confrontación para desarrollar legalmente el acuerdo educativo alcanzado con la Constitución. Este, en realidad, es tan ambiguo que permite, según gobierne una postura ideológica u otra, que se proteja más a la escuela pública (“Todos tienen el derecho a la educación”, dice el texto constitucional) o a la privada (“Se reconoce la libertad de enseñanza”, señala también). Así, esa pelea abierta durante casi todo el siglo XX entre quienes defienden la escuela como servicio público y común a cargo del Estado y quienes la entienden como un bien privado sujeto por encima de todo a la elección y las decisiones de los padres (en este caso, postura muy vinculada a la Iglesia católica) aflora con fuerza en esta ley, que, obra de un partido conservador (UCD), tiende a la segunda opción.
"¿Cuáles eran los aspectos discrepantes? Fundamentalmente tres: el artículo 5º, que afirmaba la libertad de elección de centro de acuerdo con las convicciones religiosas y filosóficas de los padres; el artículo 15, que subordinaba la libertad de expresión docente de los profesores al ideario educativo del centro; el artículo 34, que reconocía al titular del centro el derecho a establecer el ideario educativo y amplias facultades de dirección, al tiempo que remitía al reglamento interno del centro la regulación de la intervención de la comunidad educativa en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos", escribe el profesor emérito de la UNED Manuel de Puelles. La libertad de elección efectiva, según el texto, requería financiar con dinero público la enseñanza privada, incluidos los llamados centros de élite, pero sin contrapartidas para los titulares de los colegios.
La norma se aprobó en 1980, pero fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por la oposición. La justicia finalmente estimó parcialmente el recurso y eliminó varios puntos: "Se reconoce el derecho a establecer un ideario educativo propio como formando parte de la libertad de creación de centros; se señala un contenido de la libertad de cátedra en los centros de cualquier grado o nivel, ‘que habilita al docente para resistir cualquier mandato a dar a su enseñanza una orientación ideológica determinada'; se afirma que la existencia de un ideario no obliga al profesor a convertirse en un apologista del mismo, pero tampoco a dirigir ataques abiertos o solapados contra ese ideario, las libertades del profesor y del centro han de hacerse compatibles”, entre otros, según escribe el profesor Mayordomo.
Ley Orgánica del Derecho a la Educación, LODE, 1985. Ya con un Gobierno del PSOE, llegó el turno desde el otro lado de la barrera ideológica para abordar el problema. La tramitación de la LODE también contó con su agrio debate parlamentario y la llamada a los tribunales, que retrasó su puesta en marcha durante más de un año hasta que finalmente entró en vigor en julio de 1985. Esta norma estableció el régimen de conciertos actual (la subvención a los colegios privados para que ofrezcan enseñanzas obligatorias gratuitas) a cambio, ahora sí, de contrapartidas. La LODE estableció "la actuación de los centros docentes con sujeción a los principios constitucionales, garantía de neutralidad ideológica y respeto de las opciones religiosas y morales; garantía de la efectividad del derecho a la educación y de la posibilidad de escoger centro docente, mediante una programación general de la enseñanza —con la participación efectiva de todos los afectados […]; establecimiento de criterios prioritarios —como renta o proximidad al domicilio— para la admisión de alumnos en los centros públicos cuando no existan plazas suficientes; el derecho de los titulares de centros privados a establecer el carácter propio de los mismos, que deberá ser puesto en conocimiento de los distintos miembros de la comunidad educativa”, según vuelve a reflejar Mayordomo en su trabajo La transición a la democracia: educación y desarrollo político.
Tras el pronunciamiento del Constitucional —desestimó el recurso presentado por Alianza Popular y solo se retiró un punto que decía que el carácter propio de los privados tenía que someterse a una autorización previa—, la LODE fue aprobada por 196 votos a favor, correspondientes al Grupo Socialista y a la Minoría Catalana; 96 en contra, del Grupo Popular y la Minoría Vasca, y seis abstenciones del Grupo Mixto.
Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, LOGSE, 1990. Resuelta, al menos en apariencia, la convivencia de la escuela pública y la privada, le llegaba ahora el turno a la estructura del sistema. Así, después de varios años de negociación y de propuestas, en 1990 se aprobó la LOGSE, el cambio más profundo de la escuela durante la democracia, y cuya estructura de cursos y etapas continúa vigente hoy. Esta norma aumentó la escolarización obligatoria hasta los 16 años, y la dividió en dos etapas: Educación Primaria (de 6 a 12 años) y Educación Secundaria Obligatoria (ESO, de 12 a 16). Antes, se establecen dos ciclos de Educación Infantil: hasta 3 años y de 3 a 6. Después de la ESO llegan dos cursos de Bachillerato previos a la Universidad. La FP se dividió, como antes, en dos, pero requiere un título para acceder: el de la ESO para la FP de grado medio y el de bachillerato, para la de grado superior. El objetivo era dignificar las enseñanzas técnicas, tenidas tradicionalmente como la vía para el que no conseguía encajar académicamente. Sin embargo, la exigencia previa en el caso del grado medio ha sido señalada después como un error por algunos expertos, pues dejaba a los alumnos que no lograban la ESO sin alternativas para seguir estudiando.
La LOGSE fue aprobada en el Congreso con los únicos votos en contra del PP (dos diputados de Unión Valenciana se abstuvieron). La norma, que se puso en marcha gradualmente a lo largo de casi una década, ha sido señalada insistentemente por los populares como uno de los grandes enemigos de la calidad de la enseñanza: han atacado una y otra vez la comprensividad --es decir, que los alumnos tuvieran que estar juntos y estudiando básicamente los mismo hasta el final de la ESO, a los 16 años-- y una supuesta pérdida de exigencia académica
Manifestación contra la LOCE en octubre de 2002 en Madrid.
Ley Orgánica de Calidad de la Educación, LOCE, 2002. La Ley de Calidad del Gobierno de Aznar no tocó la estructura anterior; la escolarización obligatoria hasta los 16 años estaba ya completamente asentada. Sin embargo, ponía en marcha caminos alternativos dentro de la ESO para contrarrestar esa comprensividad que tanto habían criticado. Así, se abrían itinerarios distintos, según el rendimiento de los alumnos, al final de la ESO. A partir de los 14 años (tercero de ESO) se les dividía entre los que quisieran ir al bachillerato o a la formación profesional (en este curso, la separación sería con la asignatura de matemáticas, en un caso más difíciles que en el otro). En cuarto, el itinerario para los futuros bachilleres se desdoblaría (en uno científico y otro humanístico) y se añadía otra opción más: los Programas de Iniciación Profesional (PIP), de dos años de duración, para los estudiantes con más dificultades. Todos daban acceso al título de la ESO. La gran crítica desde la izquierda a este modelo fue a una posible segregación temprana que perpetuase las desigualdades sociales, es decir, que a los alumnos pobres se les acabase enviando por norma a los caminos alternativos.
Asimismo, la LOCE otorgaba "carácter asistencial" a la educación preescolar (de 0 a 3 años), y que todos los alumnos estudiarían Religión o su alternativa, Hecho Religioso, desde la primaria al bachillerato; ambas materias serían evaluables y computarían para la nota media. Además, se endurecía el paso de curso en la ESO (repetirían con dos suspensos) y recuperaba la reválida al final del bachillerato como requisito ineludible para obtener el título y acceder a la Universidad. Sin la reválida, pero con los dos cursos de bachillerato aprobados, se podría pasar a la FP de grado superior.
La LOCE fue aprobada en diciembre de 2002 con los únicos votos favorables del PP y de Coalición Canaria. Sin embargo, la norma fue derogada cuando llegó el PSOE al Gobierno en 2004, por lo que apenas llegó a entrar en vigor en unos pocos puntos.
Ley Orgánica de Educación, LOE, 2006. Con el PSOE de nuevo en el poder, la LOE derogó todas las anteriores leyes vigentes salvo la LODE, de la que quedó algo, aunque poco. Es la que actualmente está en vigor. También llegó, como las demás, acompañada de polémica y de manifestaciones en las calles. Mantiene la estructura básica del sistema, de cursos y etapas, que estableció la LOGSE.
Sobre Religión, dice que todos los centros tendrán que ofrecer esta asignatura pero solo la cursarán los alumnos que lo deseen, sin alternativa. La nota nunca contará para cualquier proceso competitivo, por ejemplo, para conseguir becas o para entrar en un colegio u otro. En la ESO, los alumnos con tres suspensos deben repetir, a no ser que sus profesores digan lo contrario. Se crean dos asignaturas nuevas: Ciencias para el Mundo Contemporáneo en bachillerato, y Educación para la Ciudadanía en todas las etapas. Esta última materia causó un gran rechazo en la Iglesia católica y sectores conservadores que llegaron a boicotearla.
Por otro lado, se establecen comisiones de admisión con representantes de las administraciones educativa y local, los padres, los docentes y los centros públicos y privados para velar por que nadie haga trampas. Además, se retoma la idea de la iniciación profesional de la LOCE para los alumnos más complicados, aunque con un ligero cambio de nombre (Programas de Cualificación Profesional Inicial, PCPI), con una curso obligatorio y otro optativo y estableciendo que la entrada debía ser a los 16 años salvo en contadas excepciones.
La ley fue aprobada en el Congreso en abril de 2006 con el apoyo de todos los grupos parlamentarios menos del PP, que votó en contra, y de CiU, que se abstuvo.
Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE, 2013. En la última etapa del Gobierno socialista, con Ángel Gabilondo como ministro de Educación, hubo un intento de pacto de Estado que estuvo muy cerca de materializarse. Aunque no fue así, el Gobierno aprobó, dentro de la Ley de Economía Sostenible de 2011, algunos cambios y algunas concesiones a los populares. Por ejemplo, que en el último curso de ESO se abrieran dos vías, con materias comunes, pero también distintas dependiendo de si el alumno quería estudiar después bachillerato o FP; o el adelantamiento a los 15 años de la entrada a los PCPI. Pero con la llegada del PP al Gobierno se paralizaron estos cambios y el ministerio dirigido por José Ignacio Wert empezó a trabajar en lo que en principio se anunció como una reforma parcial de la LOE, pero que finalmente se ha convertido en un cambio de gran calado (según, al menos, el Consejo de Estado): la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa.
Esta recupera numerosos puntos de la frustrada LOCE de 2002: las reválidas al final del bachillerato (también pone otra al final de la ESO), la Religión evaluable con una alternativa y los itinerarios. Asimismo, establece un nuevo sistema para fijar los contenidos de las asignaturas con el que el Gobierno central se asegura más control de las materias troncales (matemáticas, lengua, ciencias, inglés, historia...). También promueve la especialización de los centros en determinadas áreas (por ejemplo, la vía hacia la FP o al bachillerato en la ESO) o en planes de mejora de la calidad (los centros que lo impartan podrán tener fondos extra), a la vez que da más poder a los directores (a los que elegirá la Administración) mientras se lo resta a los consejos escolares (formados por docentes, padres y, en los institutos, alumnos). Elimina Educación para la Ciudadanía y Ciencias para el Mundo Contemporáneo. También apoya a la escuela concertada, por ejemplo, respaldando en una ley orgánica que se pueda dar terreno público para construir centros privados subvencionados.
ESPECIAL: La reforma educativa
https://elpais.com/sociedad/2013/11/26/actualidad/1385489735_160991.html?rel=lom
Ley General de Educación, LGE, 1970. Aprobada en 1970, aún durante el régimen franquista, dio la estructura básica del sistema educativo hasta los años noventa. La educación obligatoria iba de los 6 a los 14 años (EGB). Antes de esa edad estaba preescolar (con centros de párvulos a los 4 y 5 años) y después el bachillerato (BUP), coronado con el Curso de Orientación Universitaria (COU), de los 14 a los 18 años. En cuanto a la FP, la ley “definía una formación profesional nueva, bien estructurada, con visión de futuro, y con aspectos muy innovadores, ya que situaba tres niveles, la FP1 y FP2 como un itinerario posterior a la EGB y al BUP, y la FP3 como salida corta tras el primer ciclo de la universidad”, aunque ese último tramo no llegó a entrar en vigor y los cambios modernizadores se acabaron diluyendo, según escribía en un artículo en El PAÍS en 2002 la entonces consejera de Educación del País Vasco, Anjeles Iztueta.
Por lo demás, la Ley General de Educación "responde a un deseo de evolución”, y “su promulgación representa la intención de crear un modelo que responda o se adapte a los cambios demográficos, económicos, o culturales" que había ido consiguiendo la sociedad española, asegura el profesor de la Universidad de Valencia Alejandro Mayordomo en un trabajo de 2002. Y añade: "No solo se declaraba obligatoria y gratuita la EGB, sino que se especificaba que para hacer posible el ejercicio del derecho a la educación en los niveles no obligatorios el Estado daría plena efectividad al principio de igualdad de oportunidades; en el artículo 3 se expresaba respecto a la educación que 'a todos los efectos tendrá la consideración de servicio público fundamental”.
Más de 12.000 personas reclamaron en un encuentro en diciembre de 1979 en Madrid financiación para la escuela privada.
Ley Orgánica Reguladora del Estatuto de Centros Escolares, LOECE, 1980. Esta norma abre un periodo de confrontación para desarrollar legalmente el acuerdo educativo alcanzado con la Constitución. Este, en realidad, es tan ambiguo que permite, según gobierne una postura ideológica u otra, que se proteja más a la escuela pública (“Todos tienen el derecho a la educación”, dice el texto constitucional) o a la privada (“Se reconoce la libertad de enseñanza”, señala también). Así, esa pelea abierta durante casi todo el siglo XX entre quienes defienden la escuela como servicio público y común a cargo del Estado y quienes la entienden como un bien privado sujeto por encima de todo a la elección y las decisiones de los padres (en este caso, postura muy vinculada a la Iglesia católica) aflora con fuerza en esta ley, que, obra de un partido conservador (UCD), tiende a la segunda opción.
"¿Cuáles eran los aspectos discrepantes? Fundamentalmente tres: el artículo 5º, que afirmaba la libertad de elección de centro de acuerdo con las convicciones religiosas y filosóficas de los padres; el artículo 15, que subordinaba la libertad de expresión docente de los profesores al ideario educativo del centro; el artículo 34, que reconocía al titular del centro el derecho a establecer el ideario educativo y amplias facultades de dirección, al tiempo que remitía al reglamento interno del centro la regulación de la intervención de la comunidad educativa en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos", escribe el profesor emérito de la UNED Manuel de Puelles. La libertad de elección efectiva, según el texto, requería financiar con dinero público la enseñanza privada, incluidos los llamados centros de élite, pero sin contrapartidas para los titulares de los colegios.
La norma se aprobó en 1980, pero fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por la oposición. La justicia finalmente estimó parcialmente el recurso y eliminó varios puntos: "Se reconoce el derecho a establecer un ideario educativo propio como formando parte de la libertad de creación de centros; se señala un contenido de la libertad de cátedra en los centros de cualquier grado o nivel, ‘que habilita al docente para resistir cualquier mandato a dar a su enseñanza una orientación ideológica determinada'; se afirma que la existencia de un ideario no obliga al profesor a convertirse en un apologista del mismo, pero tampoco a dirigir ataques abiertos o solapados contra ese ideario, las libertades del profesor y del centro han de hacerse compatibles”, entre otros, según escribe el profesor Mayordomo.
Ley Orgánica del Derecho a la Educación, LODE, 1985. Ya con un Gobierno del PSOE, llegó el turno desde el otro lado de la barrera ideológica para abordar el problema. La tramitación de la LODE también contó con su agrio debate parlamentario y la llamada a los tribunales, que retrasó su puesta en marcha durante más de un año hasta que finalmente entró en vigor en julio de 1985. Esta norma estableció el régimen de conciertos actual (la subvención a los colegios privados para que ofrezcan enseñanzas obligatorias gratuitas) a cambio, ahora sí, de contrapartidas. La LODE estableció "la actuación de los centros docentes con sujeción a los principios constitucionales, garantía de neutralidad ideológica y respeto de las opciones religiosas y morales; garantía de la efectividad del derecho a la educación y de la posibilidad de escoger centro docente, mediante una programación general de la enseñanza —con la participación efectiva de todos los afectados […]; establecimiento de criterios prioritarios —como renta o proximidad al domicilio— para la admisión de alumnos en los centros públicos cuando no existan plazas suficientes; el derecho de los titulares de centros privados a establecer el carácter propio de los mismos, que deberá ser puesto en conocimiento de los distintos miembros de la comunidad educativa”, según vuelve a reflejar Mayordomo en su trabajo La transición a la democracia: educación y desarrollo político.
Tras el pronunciamiento del Constitucional —desestimó el recurso presentado por Alianza Popular y solo se retiró un punto que decía que el carácter propio de los privados tenía que someterse a una autorización previa—, la LODE fue aprobada por 196 votos a favor, correspondientes al Grupo Socialista y a la Minoría Catalana; 96 en contra, del Grupo Popular y la Minoría Vasca, y seis abstenciones del Grupo Mixto.
Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, LOGSE, 1990. Resuelta, al menos en apariencia, la convivencia de la escuela pública y la privada, le llegaba ahora el turno a la estructura del sistema. Así, después de varios años de negociación y de propuestas, en 1990 se aprobó la LOGSE, el cambio más profundo de la escuela durante la democracia, y cuya estructura de cursos y etapas continúa vigente hoy. Esta norma aumentó la escolarización obligatoria hasta los 16 años, y la dividió en dos etapas: Educación Primaria (de 6 a 12 años) y Educación Secundaria Obligatoria (ESO, de 12 a 16). Antes, se establecen dos ciclos de Educación Infantil: hasta 3 años y de 3 a 6. Después de la ESO llegan dos cursos de Bachillerato previos a la Universidad. La FP se dividió, como antes, en dos, pero requiere un título para acceder: el de la ESO para la FP de grado medio y el de bachillerato, para la de grado superior. El objetivo era dignificar las enseñanzas técnicas, tenidas tradicionalmente como la vía para el que no conseguía encajar académicamente. Sin embargo, la exigencia previa en el caso del grado medio ha sido señalada después como un error por algunos expertos, pues dejaba a los alumnos que no lograban la ESO sin alternativas para seguir estudiando.
La LOGSE fue aprobada en el Congreso con los únicos votos en contra del PP (dos diputados de Unión Valenciana se abstuvieron). La norma, que se puso en marcha gradualmente a lo largo de casi una década, ha sido señalada insistentemente por los populares como uno de los grandes enemigos de la calidad de la enseñanza: han atacado una y otra vez la comprensividad --es decir, que los alumnos tuvieran que estar juntos y estudiando básicamente los mismo hasta el final de la ESO, a los 16 años-- y una supuesta pérdida de exigencia académica
Manifestación contra la LOCE en octubre de 2002 en Madrid.
Ley Orgánica de Calidad de la Educación, LOCE, 2002. La Ley de Calidad del Gobierno de Aznar no tocó la estructura anterior; la escolarización obligatoria hasta los 16 años estaba ya completamente asentada. Sin embargo, ponía en marcha caminos alternativos dentro de la ESO para contrarrestar esa comprensividad que tanto habían criticado. Así, se abrían itinerarios distintos, según el rendimiento de los alumnos, al final de la ESO. A partir de los 14 años (tercero de ESO) se les dividía entre los que quisieran ir al bachillerato o a la formación profesional (en este curso, la separación sería con la asignatura de matemáticas, en un caso más difíciles que en el otro). En cuarto, el itinerario para los futuros bachilleres se desdoblaría (en uno científico y otro humanístico) y se añadía otra opción más: los Programas de Iniciación Profesional (PIP), de dos años de duración, para los estudiantes con más dificultades. Todos daban acceso al título de la ESO. La gran crítica desde la izquierda a este modelo fue a una posible segregación temprana que perpetuase las desigualdades sociales, es decir, que a los alumnos pobres se les acabase enviando por norma a los caminos alternativos.
Asimismo, la LOCE otorgaba "carácter asistencial" a la educación preescolar (de 0 a 3 años), y que todos los alumnos estudiarían Religión o su alternativa, Hecho Religioso, desde la primaria al bachillerato; ambas materias serían evaluables y computarían para la nota media. Además, se endurecía el paso de curso en la ESO (repetirían con dos suspensos) y recuperaba la reválida al final del bachillerato como requisito ineludible para obtener el título y acceder a la Universidad. Sin la reválida, pero con los dos cursos de bachillerato aprobados, se podría pasar a la FP de grado superior.
La LOCE fue aprobada en diciembre de 2002 con los únicos votos favorables del PP y de Coalición Canaria. Sin embargo, la norma fue derogada cuando llegó el PSOE al Gobierno en 2004, por lo que apenas llegó a entrar en vigor en unos pocos puntos.
Ley Orgánica de Educación, LOE, 2006. Con el PSOE de nuevo en el poder, la LOE derogó todas las anteriores leyes vigentes salvo la LODE, de la que quedó algo, aunque poco. Es la que actualmente está en vigor. También llegó, como las demás, acompañada de polémica y de manifestaciones en las calles. Mantiene la estructura básica del sistema, de cursos y etapas, que estableció la LOGSE.
Sobre Religión, dice que todos los centros tendrán que ofrecer esta asignatura pero solo la cursarán los alumnos que lo deseen, sin alternativa. La nota nunca contará para cualquier proceso competitivo, por ejemplo, para conseguir becas o para entrar en un colegio u otro. En la ESO, los alumnos con tres suspensos deben repetir, a no ser que sus profesores digan lo contrario. Se crean dos asignaturas nuevas: Ciencias para el Mundo Contemporáneo en bachillerato, y Educación para la Ciudadanía en todas las etapas. Esta última materia causó un gran rechazo en la Iglesia católica y sectores conservadores que llegaron a boicotearla.
Por otro lado, se establecen comisiones de admisión con representantes de las administraciones educativa y local, los padres, los docentes y los centros públicos y privados para velar por que nadie haga trampas. Además, se retoma la idea de la iniciación profesional de la LOCE para los alumnos más complicados, aunque con un ligero cambio de nombre (Programas de Cualificación Profesional Inicial, PCPI), con una curso obligatorio y otro optativo y estableciendo que la entrada debía ser a los 16 años salvo en contadas excepciones.
La ley fue aprobada en el Congreso en abril de 2006 con el apoyo de todos los grupos parlamentarios menos del PP, que votó en contra, y de CiU, que se abstuvo.
Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE, 2013. En la última etapa del Gobierno socialista, con Ángel Gabilondo como ministro de Educación, hubo un intento de pacto de Estado que estuvo muy cerca de materializarse. Aunque no fue así, el Gobierno aprobó, dentro de la Ley de Economía Sostenible de 2011, algunos cambios y algunas concesiones a los populares. Por ejemplo, que en el último curso de ESO se abrieran dos vías, con materias comunes, pero también distintas dependiendo de si el alumno quería estudiar después bachillerato o FP; o el adelantamiento a los 15 años de la entrada a los PCPI. Pero con la llegada del PP al Gobierno se paralizaron estos cambios y el ministerio dirigido por José Ignacio Wert empezó a trabajar en lo que en principio se anunció como una reforma parcial de la LOE, pero que finalmente se ha convertido en un cambio de gran calado (según, al menos, el Consejo de Estado): la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa.
Esta recupera numerosos puntos de la frustrada LOCE de 2002: las reválidas al final del bachillerato (también pone otra al final de la ESO), la Religión evaluable con una alternativa y los itinerarios. Asimismo, establece un nuevo sistema para fijar los contenidos de las asignaturas con el que el Gobierno central se asegura más control de las materias troncales (matemáticas, lengua, ciencias, inglés, historia...). También promueve la especialización de los centros en determinadas áreas (por ejemplo, la vía hacia la FP o al bachillerato en la ESO) o en planes de mejora de la calidad (los centros que lo impartan podrán tener fondos extra), a la vez que da más poder a los directores (a los que elegirá la Administración) mientras se lo resta a los consejos escolares (formados por docentes, padres y, en los institutos, alumnos). Elimina Educación para la Ciudadanía y Ciencias para el Mundo Contemporáneo. También apoya a la escuela concertada, por ejemplo, respaldando en una ley orgánica que se pueda dar terreno público para construir centros privados subvencionados.
ESPECIAL: La reforma educativa
https://elpais.com/sociedad/2013/11/26/actualidad/1385489735_160991.html?rel=lom
jueves, 26 de enero de 2017
“He comprendido que repetir curso no es la solución”. El ministro de Educación promete revisar las ayudas para los alumnos más rezagados que el PP ha recortado más del 90%
Cuando el actual ministro de Educación, Cultura y Deporte asumió el cargo en el verano de 2015 confesó que no conocía su cartera: "Estudio por las noches". Año y medio después, Íñigo Méndez de Vigo (Tetuán, 1956), lamenta que le criticaran "mucho" por aquellas palabras."Alguien dijo que aquí había que venir sabido, alguien importante en el Congreso de los Diputados", explica este abogado y profesor, que milita en el PP desde 1989. "Sé más que entonces, pero todavía estoy aprendiendo". Durante este tiempo, ha tenido que enmendar algunas de las medidas más polémicas que heredó de su predecesor, José Ignacio Wert. España es uno de los países con una tasa de repetidores más alta de la OCDE, que ha alertado a España por este asunto. Méndez de Vigo coge el guante y asume que los alumnos rezagados necesitan ayuda de la Administración, aunque fue su Gobierno el que retiró los programas de apoyo. Entre sus misiones, cerrar un pacto de Estado por la educación inédito en España. La subcomisión que debe acordarlo acaba de echar a andar. La entrevista con EL PAÍS tuvo lugar el pasado jueves 19 de enero. Estas son las preguntas centradas en su faceta de titular de la cartera de Educación (puede consultar aquí la parte centrada en su labor como portavoz).
Pregunta. El PP fue el único partido que se descolgó del anterior intento de un pacto educativo que encabezó el PSOE y el que ha aprobado leyes educativas en solitario. ¿Se ven en condiciones de encabezar un pacto que aglutine a todos?
Respuesta. Tenemos esa obligación siendo Gobierno, nos hemos comprometido en el acuerdo de investidura con Ciudadanos y es uno de los grandes pactos de Estado que ha propuesto el presidente del Gobierno. Creo que tenemos la experiencia acumulada de estos años. Hay acuerdo en temas importantes como que hay que bajar las cifras de abandono temprano o la mejora de la calidad educativa. Yo veo que hay ganas. Ya cerramos un acuerdo con el aplazamiento de las evaluaciones de la LOMCE [Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa]... seguir leyendo
http://politica.elpais.com/politica/2017/01/21/actualidad/1485019009_488311.html?rel=lom
Pregunta. El PP fue el único partido que se descolgó del anterior intento de un pacto educativo que encabezó el PSOE y el que ha aprobado leyes educativas en solitario. ¿Se ven en condiciones de encabezar un pacto que aglutine a todos?
Respuesta. Tenemos esa obligación siendo Gobierno, nos hemos comprometido en el acuerdo de investidura con Ciudadanos y es uno de los grandes pactos de Estado que ha propuesto el presidente del Gobierno. Creo que tenemos la experiencia acumulada de estos años. Hay acuerdo en temas importantes como que hay que bajar las cifras de abandono temprano o la mejora de la calidad educativa. Yo veo que hay ganas. Ya cerramos un acuerdo con el aplazamiento de las evaluaciones de la LOMCE [Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa]... seguir leyendo
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miércoles, 5 de octubre de 2016
El Sindicato de Estudiantes niega el saludo a Méndez de Vigo y se va de la reunión por un pacto educativo. Los estudiantes se han justificado en que el ministro "trata de aparentar lo que no es y de dar una imagen de diálogo que no tiene nada que ver con los hechos". A esa reunión también han acudido CANAE, CREUP y FAEST, otras organizaciones estudiantiles.
EUROPA PRESS
MADRID.-La secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Ana García, junto a dos compañeras de la organización, ha negado el saludo al ministro de Educación, Cultura y Deportes en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, antes de comenzar en su despacho la reunión en la que se buscaba un futuro pacto educativo.
García se ha levantado de la mesa tras utilizar su turno de palabra, durante el cual ha leído un texto con el que ha acusado al ministro de "degradar la calidad de la educación" y le ha informado de la huelga general de estudiantes convocada para el 26 de octubre.
En declaraciones a los medios, la secretaria general de esta organización ha indicado que la ronda de contactos propiciada por Méndez de Vigo con representantes de la comunidad educativa es una "auténtica mascarada del ministro, que trata de aparentar lo que no es y de dar una imagen de diálogo que no tiene nada que ver con los hechos", en alusión a la "imposición" de las "reválidas franquistas", aprobadas este verano. "Nosotros no queremos participar de este tipo de maniobras ni dejarnos utilizar", ha subrayado.
En esta reunión también estaban convocados los representantes de otras tres organizaciones de estudiantes -CANAE, CREUP y FAEST-, que han permanecido reunidos con el ministro tras el plante del Sindicato de Estudiantes.
Fuentes del Ministerio de Educación han subrayado que desde este departamento lamentan la "falta de educación" del Sindicato de Estudiantes que "nada más entrar ha negado a saludar al ministro", mientras que el resto de representantes de las otras tres organizaciones se ha comportado de manera "correcta y educada" y han continuado en la reunión "haciendo aportaciones muy positivas para mejorar la educación".
Las mismas fuentes han indicado que la secretaria general del Sindicato de Estudiantes ha acudido este martes al ministerio "a leer un texto político y 'antitodo' y a ponerse la camiseta verde". "Es lamentable que no vengan a dar ideas y a plantear propuestas", han apostillado.
García ha admitido que no ha esperado que el ministro hiciera una valoración de la carta porque, según ella, "no tiene ninguna intención de escuchar" al Sindicato de Estudiantes. "Sabemos perfectamente por su práctica y sus hechos lo que defiende, que son los intereses de una minoría, y que su objetivo es atacar a la educación pública", ha aseverado.
"Nosotros lo que queríamos decirle es que no cuente con nosotros para mascaradas y que nos va a tener en la calle luchando hasta que retiren todas las reformas clasistas y elitistas que nos niegan a la mayoría el derecho a la educación", ha afirmado.
También ha dicho que el ministro antes de dar el turno de palabra a los representantes de las organizaciones de estudiantes les ha contado las "bondades de su plan" del que el Sindicato de Estudiantes "no se cree ni una sola palabra". García ha denunciado, además, que ella ha sido la última de las cuatro organizaciones en poder hablar, pese a ser la organización "mayoritaria", y cree que esto "no ha sido casualidad".
"Se hace fotos con todos y aparece como un hombre muy simpático y dialogante, pero que luego aprueba un decreto de reválidas franquistas para expulsar a cientos de miles de jóvenes", ha insistido, para concluir que las palabras de Méndez de Vigo "no tienen ningún tipo de valor".
Por el Ministerio ya habían pasado los padres y los padres, representados por las asociaciones CEAPA y CONCAPA y ayer fue el turno de los sindicatos: CCOO, ANPE, CSIF y UGT. Este último denunció que el ministro se presentó a la reunión sin propuestas.
http://www.publico.es/sociedad/sindicato-estudiantes-niega-saludo-mendez.html?utm_content=buffer44084&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
MADRID.-La secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Ana García, junto a dos compañeras de la organización, ha negado el saludo al ministro de Educación, Cultura y Deportes en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, antes de comenzar en su despacho la reunión en la que se buscaba un futuro pacto educativo.
García se ha levantado de la mesa tras utilizar su turno de palabra, durante el cual ha leído un texto con el que ha acusado al ministro de "degradar la calidad de la educación" y le ha informado de la huelga general de estudiantes convocada para el 26 de octubre.
En declaraciones a los medios, la secretaria general de esta organización ha indicado que la ronda de contactos propiciada por Méndez de Vigo con representantes de la comunidad educativa es una "auténtica mascarada del ministro, que trata de aparentar lo que no es y de dar una imagen de diálogo que no tiene nada que ver con los hechos", en alusión a la "imposición" de las "reválidas franquistas", aprobadas este verano. "Nosotros no queremos participar de este tipo de maniobras ni dejarnos utilizar", ha subrayado.
En esta reunión también estaban convocados los representantes de otras tres organizaciones de estudiantes -CANAE, CREUP y FAEST-, que han permanecido reunidos con el ministro tras el plante del Sindicato de Estudiantes.
Fuentes del Ministerio de Educación han subrayado que desde este departamento lamentan la "falta de educación" del Sindicato de Estudiantes que "nada más entrar ha negado a saludar al ministro", mientras que el resto de representantes de las otras tres organizaciones se ha comportado de manera "correcta y educada" y han continuado en la reunión "haciendo aportaciones muy positivas para mejorar la educación".
Las mismas fuentes han indicado que la secretaria general del Sindicato de Estudiantes ha acudido este martes al ministerio "a leer un texto político y 'antitodo' y a ponerse la camiseta verde". "Es lamentable que no vengan a dar ideas y a plantear propuestas", han apostillado.
García ha admitido que no ha esperado que el ministro hiciera una valoración de la carta porque, según ella, "no tiene ninguna intención de escuchar" al Sindicato de Estudiantes. "Sabemos perfectamente por su práctica y sus hechos lo que defiende, que son los intereses de una minoría, y que su objetivo es atacar a la educación pública", ha aseverado.
"Nosotros lo que queríamos decirle es que no cuente con nosotros para mascaradas y que nos va a tener en la calle luchando hasta que retiren todas las reformas clasistas y elitistas que nos niegan a la mayoría el derecho a la educación", ha afirmado.
También ha dicho que el ministro antes de dar el turno de palabra a los representantes de las organizaciones de estudiantes les ha contado las "bondades de su plan" del que el Sindicato de Estudiantes "no se cree ni una sola palabra". García ha denunciado, además, que ella ha sido la última de las cuatro organizaciones en poder hablar, pese a ser la organización "mayoritaria", y cree que esto "no ha sido casualidad".
"Se hace fotos con todos y aparece como un hombre muy simpático y dialogante, pero que luego aprueba un decreto de reválidas franquistas para expulsar a cientos de miles de jóvenes", ha insistido, para concluir que las palabras de Méndez de Vigo "no tienen ningún tipo de valor".
Por el Ministerio ya habían pasado los padres y los padres, representados por las asociaciones CEAPA y CONCAPA y ayer fue el turno de los sindicatos: CCOO, ANPE, CSIF y UGT. Este último denunció que el ministro se presentó a la reunión sin propuestas.
http://www.publico.es/sociedad/sindicato-estudiantes-niega-saludo-mendez.html?utm_content=buffer44084&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
miércoles, 3 de agosto de 2016
ENTREVISTA A ENRIQUE JAVIER DÍEZ "En el suculento negocio de las reválidas sobrevuelan incluso los fondos buitres” El responsable federal de Educación de IU nos habla en esta entrevista del gran negocio que suponen para empresas privadas estas pruebas estandarizadas impuestas en la LOMCE.
Nuevatribuna |
La reválida es una figura del sistema educativo franquista. ¿En qué tipo de modelo educativo se enmarca esta prueba ‘rescatada’ de aquella época?
Enrique Javier Díez Gutiérrez |
Más: El gobierno en funciones aprueba el sistema de reválidas para ESO y Bachillerato por Real DecretoReválidas: un golpe bajo de Rajoy a la educación.
Las reválidas son figuras obsoletas del sistema educativo franquista marcado por un modelo educativo basado en la disciplina autoritaria, el control por el miedo y el clasismo. Se sintetizaba en lo que popular y acertadamente se denominó “la letra con sangre entra”. Donde se premiaba el esfuerzo individual, la sumisión a la autoridad y la asunción del destino de unos a los estudios de élite y el resto a ser expulsados cuanto antes del sistema educativo.
De 100 alumnos y alumnas que iniciaron la Enseñanza primaria en 1951 (con 6 años), ingresaron solo
27 en la Enseñanza media (con 10 años);
18 aprobaron la Reválida de Bachillerato elemental (con 14 años) y solo
10 el bachillerato superior (con 16 años);
5 consiguieron aprobar el Preuniversitario (17 años) y
3 alumnos culminaron sus estudios universitarios en 1967.
En el curso 1965-66, la media de aprobados en la reválida de bachillerato elemental fue de 50,3% y del 56,9% en la reválida de bachillerato superior. Estas reválidas eran exámenes memorísticos muy temidos, que servían para segregar y expulsar del sistema a la mitad de la población escolar y a prácticamente todos los hijos de la clase trabajadora.
Solo llegaban a la Universidad el 0,5% de los hijos de clase trabajadora.
De 100 niños, hijos de obreros del campo, que iniciaban primaria
llegaban a cursar enseñanza media 4,2
y enseñanzas superiores 0,2.
Mientras que de 100 niños, hijos de directores y gerentes de empresas que iniciaban primaria,
72 cursaban enseñanza media y
14,2 llegaban a enseñanzas superiores.
Por eso incluso la reforma educativa del final del franquismo, la Ley General de Educación (1970), intentó superar la rigidez y exclusión del sistema educativo de la dictadura, con la supresión de las “temidas reválidas”, introduciendo la evaluación continua.
¿Explíquenos en qué sentido “ha reculado” el Gobierno con las reválidas?
Realmente no ha reculado. Aunque pueda dar esa impresión inicial. Pero si se analiza el decreto que el Ministro de Educación, Mendez de Vigo, y su equipo proponen lo único que se plantea es que estas pruebas pierdan parte de su carácter centralista y uniformizador, e incluso se acepta –con la boca pequeña, porque ya veremos qué pasa más adelante, tras las elecciones- no publicar los ránquines con los resultados de las reválidas.
Pero esto no significa que haya variado ni un ápice la filosofía que anima este tipo de pruebas, que supuestamente buscan “elevar” los resultados educativos, como dice el gobierno. Pero está sobradamente demostrado que este tipo de pruebas estandarizadas sólo sirven realmente para fomentar un aprendizaje fundamentalmente memorístico y descontextualizado, mediante un control burocrático de las prácticas escolares y la profesión docente.
Las investigaciones demuestran que, a pesar de los recursos invertidos en este tipo de evaluaciones estandarizadas desde la década de los 90, no hay mejoría consistente ni significativa en los resultados escolares de los países, en los campos o aspectos evaluados. Más bien se observan efectos negativos, así como debilidades técnicas, pues sólo tienen en cuenta lo que el alumnado hace en el momento de realizar las mismas.
Lo que ha hecho en definitiva el Partido Popular es una operación de maquillaje ante las nuevas elecciones, simulando que recula, como maniobra electoralista para un futuro pacto neoliberal con Ciudadanos, pero sin variar en nada la filosofía segregadora de fondo de la LOMCE profundamente excluyente y competitiva.
Una buena parte de la opinión pública sostiene que las reválidas son “segregadoras”. ¿En qué sentido?
Estas pruebas buscan en última instancia identificar, etiquetar y pre-seleccionar desde primaria a aquel alumnado que tiene problemas de aprendizaje de cara a su futura selección definitiva en la secundaria y el bachillerato. Es la finalidad principal. Si su objetivo fuera ayudar en el proceso de aprendizaje, se harían al principio y a lo largo del proceso, como se hace la evaluación continua, y no al final. Si su objetivo fuera apoyar el proceso de aprendizaje y atender las dificultades que surjan, requeriría que se dotaran de recursos, medios y personal para atender dichas dificultades, personalizar la atención educativa y reforzar a quienes más lo necesitan.
Pero, el auge de estas reválidas está acompañado con el recorte de apoyos y recursos que acompaña a la ley, que ya se cifran en 8.000 millones de euros. Si la finalidad fuera diagnosticar las necesidades, cómo se conjuga con un recorte en educación que nos sitúa de nuevo en la cola de los países de la UE, con el compromiso añadido de este gobierno con la Troika de recortar todavía más en educación hasta dejarnos en un 3,9 del PIB, cuando la media de la UE está en un 6,2 y países como Finlandia superan el 7% del PIB.
Está claro que el modelo de las reválidas no está al servicio de la mejora de la educación, que debería ser el objetivo básico. Está mucho más orientada a seleccionar, segregar y sancionar que a identificar los problemas y establecer medidas de mejora. Realmente responde a una concepción neoliberal cuya finalidad fundamental es crear un mercado educativo (financiado públicamente) donde se examine a los centros escolares (proveedores de educación) para que se “esfuercen” en ofrecer un producto atractivo, a la medida de las demandas de los clientes, para que todas las familias, convertidas en consumidores y consumidoras, puedan elegir aquel que más ventajas competitivas les pueda reportar a su prole. Ya no se trata de mejorar todos los centros, ni de garantizar el derecho a la mejor educación de todos los niños y niñas, sino de elegir la “mejor” opción para los míos. Es la consagración de la competitividad darwinista en educación. El triunfo del individualismo y la competencia de todos contra todos.
Y, ¿qué suponen para la comunidad educativa? ¿Cuáles son los ‘efectos colaterales’ negativos?
El problema añadido, como denuncian múltiples profesionales de la educación, son los efectos negativos colaterales de estas evaluaciones estandarizadas:
a) la presión sobre los niños y niñas para que tengan resultados acomodados a las pruebas;
b) el estrés del control continuo y permanente, como si solo se pudiera estudiar mediante la presión y el miedo al examen, olvidando la curiosidad y la pasión por el conocimiento;
c) la selección de aquellos “clientes” que son buenos para no descender en el ranking, y la exclusión de quienes tienen más dificultades de aprendizaje y son los que realmente más nos necesitarían;
d) la deslegitimación de la función docente y la desconfianza hacia el profesorado, ya que no es el profesorado que tiene docencia directa con el alumnado el que evalúa, pues se le expulsa del proceso de valoración final sobre el grado de aprendizaje del alumnado, recurriendo a otros profesionales;
e) la degradación de contenidos: se acaba estudiando lo que se examina y se centra el tiempo y los esfuerzos docentes en preparar al alumnado para resolver pruebas y exámenes, como ya pasa en 2º de Bachillerato de cara a la selectividad;
f) el control sobre el trabajo docente y la pérdida de la innovación educativa, al convertirse el profesorado en “preparadores de pruebas”, sufriendo así un control directo sobre su trabajo y sobre lo que debe enseñar;
g) el coste económico para el sistema, tan alto como inútil, por la realización de las múltiples pruebas externas todos los años. Además, para el alumnado jugarse en una prueba externa los años de escolarización es injusto y contradice la función de la evaluación como mejora de la educación respetando la diversidad y los diferentes ritmos de aprendizaje;
h) el gran negocio que supone una inversión de millones de euros en pagar a grandes empresas privadas como Pearson, McGraw-Hill y Educational Testing, en lugar de dejar que sean los profesores y profesoras los que se ocupen del aprendizaje de su alumnado; y el coste para las familias del alumnado que haya suspendido, cuando tengan que pagar academias para repetir la reválida;
i) la publicidad de estas pruebas convierte la evaluación en un mecanismo de competición entre centros y no de cooperación, y en un dispositivo de clasificación y segregación del alumnado y los centros escolares.
¿Qué opina de los cuestionarios adicionales a familias y profesores?
Los cuestionarios de las reválidas parecen diseñados por Microsoft o Telefónica
El Ministro “en funciones” sigue funcionando, por su cuenta y riesgo, desoyendo el mandato del Congreso que ha aprobado por mayoría abrumadora la paralización de la LOMCE. Ha publicado recientemente, en el BOE del 15 de abril de 2016, una Resolución que implanta “cuestionarios de contexto e indicadores comunes de centro” para la evaluación final de Educación Primaria. Estos cuestionarios que se aplican a alumnado, familias y dirección, analizan el contexto de una forma muy peculiar y sesgada. Inquiriendo al alumnado sobre las veces que ha repetido, no sobre las causas; la frecuencia que ha faltado a clase, no las razones ni el por qué; si utiliza ordenador o tableta para el trabajo escolar, como si eso fuera esencial para el aprendizaje; si hace deberes, cuando están tan cuestionados.
A las familias les pregunta de qué nacionalidad son –como si esto fuera un determinante del aprendizaje-; insiste una y otra vez en si utilizan ordenador o tableta en la casa o “cuántos dispositivos de información digital de uso habitual hay en su casa smartphones, smart TV…”.
Al equipo directivo les pregunta hasta tres veces, como Jesucristo a Pedro, si tienen problemas por la falta o inadecuación de dispositivos tecnológicos para la docencia, la deficiente conexión a internet o la falta o inadecuación de software para la docencia. Parece, en algunos casos, un cuestionario diseñado por Microsoft o Telefónica. No parece que este sea el contexto más relevante que influye en las dificultades o mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Creo que el Ministro tiene que repasar algunas cuestiones pedagógicas sobre educación, antes de seguir funcionando “sin funciones”.
Ocho comunidades autónomas se han declarado insumisas. ¿Qué puede derivarse de ello?
Izquierda Unida ha venido promoviendo campañas de insumisión a la LOMCE, pues la desobediencia civil ante una ley injusta es legítima. Igualmente lo han hecho confederaciones de asociaciones de madres y padres, sindicatos, mareas verdes y, en definitiva, la comunidad educativa. Cuando ahora un grupo tan numeroso de Comunidades Autónomas se declaran insumisas aplaudiríamos su actitud, si fuera realmente de insumisión. Pero poca “insumisión” es seguir haciendo evaluaciones aunque sean “menos externas”. Realmente no varían sustancialmente la filosofía y el modelo. Por eso creemos que deben pasar de las declaraciones a los hechos. Recordándoles que no se trata solo de paralizar lo no implantado de la ley (sólo un 10%), sino de derogarla, un compromiso que firmaron sus partidos a nivel estatal en la anterior legislatura, y del que ahora no se pueden desdecir.
Porque ya han empezado a sonar las primeras campanas con la primera iniciativa legislativa del PSOE, que pedía la paralización pero no la derogación. Que lo fiaba al futuro, alegando que había que elaborar una alternativa a la ley –cuando el PSOE ha participado en el Acuerdo Social y Político por una Nueva Ley educativa, aunque lo ha hecho a última hora y desde una cierta distancia sin comprometerse mucho-. Vamos que ha empezado a sonar a aquello de “LOMCE de entrada no”, como cuando la OTAN y acabamos metidos hasta el cuello en la Alianza Atlántica. Si a esto añadimos lo que se anunció en materia educativa en el pacto entre PSOE y C’s, el retroceso es clamoroso y casi parece aquello de “donde dije digo, digo diego”.
Tanto en EEUU como en Europa se está empezando a cuestionar este tipo de pruebas. En términos generales, ¿conoce cuál es la situación en los países de la Unión Europea?
Es cierto que con la LOMCE este modelo neoliberal y tecnocrático, centrado en pruebas estandarizadas, ha sido importado acríticamente en nuestro país, justo en momentos en que dichas pruebas son debatidas, cuestionadas y refutadas en muchos países del Norte. De hecho en toda Europa, solo una región belga exige en la UE una reválida al final de la primaria que condiciona la progresión del alumnado. En Malta se han eliminado las pruebas que enviaban a los niños y niñas a un tipo u otro de centros de secundaria. En cuanto a las reválidas de secundaria Irlanda es el único país de toda la UE donde el título se otorga únicamente en función de un examen final externo. Finlandia, Suecia y los países del centro de Europa se basan sólo en las notas y en el trabajo realizado durante el curso, como sucedía hasta ahora en España, antes de entrar la LOMCE en vigor.
Pero lo cierto es que la fiebre examinadora –del alumnado de diversos niveles, de los docentes, de las instituciones escolares (y ahora, ¡incluso de las familias!, según se propone en EE.UU.) – que viene creciendo desde la década de 1990, no se ha traducido en la anunciada "mejoría". Y es que, las reválidas por sí mismas, no mejoran ni cambian nada, solo seleccionan. La experiencia de EEUU, que abusa de pruebas externas, indica que los resultados han sido un desastre y ha reforzado la mediocridad del sistema. En Gran Bretaña docentes y familias están actualmente en huelga como protesta por las evaluaciones-revalidas (SATs) que les van a hacer a los 6-7 años.
En un artículo del Foro de Sevilla, usted y otros profesionales de la docencia advierten del ‘goloso’ negocio que suponen las reválidas para algunas grandes empresas privadas. ¿Cuáles son esas empresas y de cuánto dinero público podemos estar hablando?
Por ejemplo, Servinform S.A., una empresa de externalización de servicios, no educativa, cobrará más de 300.000 €, por las reválidas solo en Madrid (Boletín de la Comunidad de Madrid del 25 de abril de 2016). Haciendo números, el curso 2011-2012, según el Ministerio de Educación, se matricularon 391.246 alumnos en 4º de la ESO y 281.046 en 2º de Bachillerato. Esto generaría casi 700.000 exámenes externos. El monto económico anual de semejante operación no se le escapa a nadie. Además, quienes no hayan superado las reválidas en su momento tendrán una “segunda” oportunidad más adelante, lo que aumentará la cifra del negocio. No olvidemos que el PP ha destinado 14,5 millones en los presupuestos generales del 2016 a reválidas y evaluaciones finales solo en Primaria. Un suculento negocio sobre el que ya están sobrevolando incluso los “fondos buitres”.
Como analiza Carles Sirera, de la Universidad Jaume I de Castelló, la multinacional Pearson, en 2006 compró la National Evaluation Series, la primera empresa norteamericana dedicada al testing y se posicionó a nivel mundial como los principales expertos en medir la “eficacia educativa”. No es un hecho menor, especialmente si tenemos en cuenta que Pearson es el responsable del test PISA. Esta empresa tiene como principal objetivo comercial “lograr el monopolio de la medición de la eficacia del sistema educativo”, tal como afirma en su página web. Es decir, Pearson decidirá qué es el éxito en educación y, al mismo tiempo, serán los máximos proveedores de materiales y cursos complementarios para lograr ese éxito.
¿No es un gran negocio? Por si alguien tiene dudas, Pearson en su web también deja muy claro cuáles son sus prioridades pedagógicas: los accionistas.
La mayoría de las fuerzas políticas se han comprometido a derogar la LOMCE.
¿Cuáles han sido sus efectos más perniciosos o regresivos para la Educación?
La LOMCE ha sido la justificación y coartada ideológica de los recortes del PP en educación, que ya han superado los 5.000 millones de euros durante su legislatura y ha supuesto el recorte de 32.000 docentes en la enseñanza pública La LOMCE ha sido la justificación y coartada ideológica de los recortes del PP en educación, que ya han superado los 5.000 millones de euros durante su legislatura y ha supuesto el recorte de 32.000 docentes en la enseñanza pública. Ha sido una contrarreforma educativa impuesta que ha sido rechazada por todos los sectores de la comunidad educativa, que han protagonizado una movilización sostenida durante toda la andadura del proyecto de ley, antes y después de su paso por las Cortes. Es una ley que atenta contra el derecho universal a la educación en condiciones de igualdad, que ha supuesto un desmantelamiento aún mayor de la educación pública y cuya finalidad es seleccionar futuras élites dirigentes segregando y excluyendo a quienes más apoyo necesitan.
Sus efectos se han hecho notar de inmediato. Este curso se ha caracterizado por menos calidad, equidad e igualdad de oportunidades, como consecuencia de los recortes en becas, de los programas de compensación educativa, de la masificación de alumnado en las aulas debido al despido de esos 32.000 profesores y profesoras, y una universidad cada vez más privatizada y clasista, que ha triplicado las tasas de las matrículas y recortado el acceso a las becas. Los recortes y la entrada en vigor de una ley segregadora y privatizadora no sólo están deteriorando el servicio público sino que está desviando alumnado y dinero público hacia la enseñanza privada. Estamos en un estado de emergencia educativa, una "crisis educativa" que se hace "insostenible" para la calidad y equidad del sistema y el futuro del país porque cae la inversión, crece el número de alumnado y disminuye el profesorado para atenderle.
Estamos en un estado de emergencia educativa, una "crisis educativa" que se hace "insostenible" para la calidad y equidad del sistema y el futuro del país porque cae la inversión, crece el número de alumnado y disminuye el profesorado para atenderle
La "privatización" encubierta de los ciclos de Infantil y bachillerato; la aplicación de los Reales Decretos del PP 14/2012 y 20/2012, que supusieron el aumento de la ratio del alumnado por aula; el aumento del horario lectivo; la mayor tardanza en las sustituciones de los docentes; los tres decretos que avanzan en la privatización de la universidad pública; el "compromiso" del Gobierno de "rebajar" la inversión educativa al 3,9% del PIB, además del recorte de más de 7.000 millones de euros en los últimos cinco años (entre PSOE y PP), una quinta parte de los fondos públicos destinados a la educación; así como la supresión de medidas de atención a la diversidad, y los recortes o supresión de becas al estudio, de libros, de comedor, de transporte, etc., han disparado la indignación de familias, estudiantes y profesorado viendo cómo los recortes educativos sirven para destinar el dinero público al rescate de la banca, mientras se desmantela la educación pública.
Creo sinceramente que la educación pública está siendo sistemáticamente atacada desde hace tiempo, en diferentes Comunidades Autónomas, especialmente por los gobiernos del PP, cuya ideología mercantilista y privatizadora (“menos Estado y más mercado”) quiere convertir la educación en un negocio, poniendo gran parte de los nuevos centros educativos en manos de la enseñanza privada concertada, mayoritariamente católica. Este proceso de privatización, que pretende convertir la escuela pública en subsidiaria de la privada, se ha acentuado de forma exponencial en los últimos años. Y más ahora que, con el pretexto de la crisis, se está aplicando todo un programa sistemático de recortes sociales y de estrangulamiento económico de lo público.
Un reciente estudio de CCOO muestra que la universidad pública en España es de las más caras de Europa. ¿Qué está suponiendo y qué va a suponer para el futuro?
Desde el curso 2011/2012 hay 77.000 estudiantes menos en las universidades públicas y 5.000 más en las privadas
Efectivamente España se sitúa entre los países de la Unión Europea y del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) con precios medios más elevados, tanto en estudios de Grado como de Máster Oficial. Si a esto le añadimos que sólo un 29% de los estudiantes universitarios, tanto en universidades públicas como privadas de España, ha podido obtener algún tipo de ayuda parcial en forma de beca por parte del Gobierno de la nación. Y le sumamos que España es el país donde más ha crecido la desigualdad desde el inicio de la crisis, según la OCDE.
Esto es resultado del estrangulamiento al que le somete el gobierno a las Universidades Públicas: actualmente disponen de 1.384 millones menos de presupuesto que en 2010, volviendo casi al presupuesto de hace una década. El PP está practicando el estrangulamiento de las Universidades públicas, de la investigación I+D+i, el aumento de los precios de las matrículas y la disminución de becas y ayudas, así como endurecimiento de los requisitos para acceder a ellas, lo que ha provocado que desde el curso 2011/2012 haya 77.000 estudiantes menos en las universidades públicas y 5.000 más en las privadas y de la jerarquía católica, especialmente en los máster más caros.
Pero más allá de esto, parece que quiere dejar asentado su modelo neoliberal en el sistema universitario realizando una auténtica contrarreforma universitaria global, pero aplicada a plazos, mediante diferentes Decretos, como el del 3+2, o del Estatuto de la ANECA, o el de la acreditación del profesorado, o el RD-Ley 20/2015 de acceso y movilidad del profesorado o el de creación de universidades que facilitará el incremento de campus privados, que ya pasaron de 13 a 33 entre 1997 y 2015, a pesar de que el Gobierno habla, insistentemente, de la necesidad de reducir lo que considera un número excesivo de titulaciones y centros.
A este panorama en Educación Superior hemos de añadir que desde 2012 las políticas del gobierno del PP han recortado 7.766 puestos de trabajo en las Universidades Públicas, sustituyendo además empleo fijo y de calidad por docentes con contratos laborales temporales y precarios. Un panorama desolador que dejará la Universidad Pública como un erial tras el paso del Partido Popular por el gobierno estos cuatro últimos años y que hemos de revertir con otro gobierno del cambio si queremos apostar por otra Universidad posible entendida como servicio público que no busque la “competitividad” y la “excelencia”, sino la calidad y la cooperación al servicio de la sociedad, para hacerla más justa, más sabia, más universal, más equitativa, más sostenible, orientada a la formación de personas creativas y críticas con una elevada formación cultural y profesional.
CCOO ha calculado que poner las matrículas gratuitas en las universidades españolas le costaría al Gobierno 1.300 millones de euros cada año, descontando el dinero que ahora se invierte en becas. Como dice este sindicato “un país no puede salir de la crisis si no apuesta por una educación universitaria pública de calidad accesible para toda la población independientemente de su nivel económico”. Por eso Izquierda Unida siempre ha apostado por una Educación Pública gratuita que, desde la primera infancia hasta la universidad, luche contra la lógica del mercado. Una educación que reafirme la prioridad absoluta de los seres humanos sobre la rentabilidad económica.
http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/revalidas/20160508174131128144.html
La reválida es una figura del sistema educativo franquista. ¿En qué tipo de modelo educativo se enmarca esta prueba ‘rescatada’ de aquella época?
Enrique Javier Díez Gutiérrez |
Más: El gobierno en funciones aprueba el sistema de reválidas para ESO y Bachillerato por Real DecretoReválidas: un golpe bajo de Rajoy a la educación.
Las reválidas son figuras obsoletas del sistema educativo franquista marcado por un modelo educativo basado en la disciplina autoritaria, el control por el miedo y el clasismo. Se sintetizaba en lo que popular y acertadamente se denominó “la letra con sangre entra”. Donde se premiaba el esfuerzo individual, la sumisión a la autoridad y la asunción del destino de unos a los estudios de élite y el resto a ser expulsados cuanto antes del sistema educativo.
De 100 alumnos y alumnas que iniciaron la Enseñanza primaria en 1951 (con 6 años), ingresaron solo
27 en la Enseñanza media (con 10 años);
18 aprobaron la Reválida de Bachillerato elemental (con 14 años) y solo
10 el bachillerato superior (con 16 años);
5 consiguieron aprobar el Preuniversitario (17 años) y
3 alumnos culminaron sus estudios universitarios en 1967.
En el curso 1965-66, la media de aprobados en la reválida de bachillerato elemental fue de 50,3% y del 56,9% en la reválida de bachillerato superior. Estas reválidas eran exámenes memorísticos muy temidos, que servían para segregar y expulsar del sistema a la mitad de la población escolar y a prácticamente todos los hijos de la clase trabajadora.
Solo llegaban a la Universidad el 0,5% de los hijos de clase trabajadora.
De 100 niños, hijos de obreros del campo, que iniciaban primaria
llegaban a cursar enseñanza media 4,2
y enseñanzas superiores 0,2.
Mientras que de 100 niños, hijos de directores y gerentes de empresas que iniciaban primaria,
72 cursaban enseñanza media y
14,2 llegaban a enseñanzas superiores.
Por eso incluso la reforma educativa del final del franquismo, la Ley General de Educación (1970), intentó superar la rigidez y exclusión del sistema educativo de la dictadura, con la supresión de las “temidas reválidas”, introduciendo la evaluación continua.
¿Explíquenos en qué sentido “ha reculado” el Gobierno con las reválidas?
Realmente no ha reculado. Aunque pueda dar esa impresión inicial. Pero si se analiza el decreto que el Ministro de Educación, Mendez de Vigo, y su equipo proponen lo único que se plantea es que estas pruebas pierdan parte de su carácter centralista y uniformizador, e incluso se acepta –con la boca pequeña, porque ya veremos qué pasa más adelante, tras las elecciones- no publicar los ránquines con los resultados de las reválidas.
Pero esto no significa que haya variado ni un ápice la filosofía que anima este tipo de pruebas, que supuestamente buscan “elevar” los resultados educativos, como dice el gobierno. Pero está sobradamente demostrado que este tipo de pruebas estandarizadas sólo sirven realmente para fomentar un aprendizaje fundamentalmente memorístico y descontextualizado, mediante un control burocrático de las prácticas escolares y la profesión docente.
Las investigaciones demuestran que, a pesar de los recursos invertidos en este tipo de evaluaciones estandarizadas desde la década de los 90, no hay mejoría consistente ni significativa en los resultados escolares de los países, en los campos o aspectos evaluados. Más bien se observan efectos negativos, así como debilidades técnicas, pues sólo tienen en cuenta lo que el alumnado hace en el momento de realizar las mismas.
Lo que ha hecho en definitiva el Partido Popular es una operación de maquillaje ante las nuevas elecciones, simulando que recula, como maniobra electoralista para un futuro pacto neoliberal con Ciudadanos, pero sin variar en nada la filosofía segregadora de fondo de la LOMCE profundamente excluyente y competitiva.
Una buena parte de la opinión pública sostiene que las reválidas son “segregadoras”. ¿En qué sentido?
Estas pruebas buscan en última instancia identificar, etiquetar y pre-seleccionar desde primaria a aquel alumnado que tiene problemas de aprendizaje de cara a su futura selección definitiva en la secundaria y el bachillerato. Es la finalidad principal. Si su objetivo fuera ayudar en el proceso de aprendizaje, se harían al principio y a lo largo del proceso, como se hace la evaluación continua, y no al final. Si su objetivo fuera apoyar el proceso de aprendizaje y atender las dificultades que surjan, requeriría que se dotaran de recursos, medios y personal para atender dichas dificultades, personalizar la atención educativa y reforzar a quienes más lo necesitan.
Pero, el auge de estas reválidas está acompañado con el recorte de apoyos y recursos que acompaña a la ley, que ya se cifran en 8.000 millones de euros. Si la finalidad fuera diagnosticar las necesidades, cómo se conjuga con un recorte en educación que nos sitúa de nuevo en la cola de los países de la UE, con el compromiso añadido de este gobierno con la Troika de recortar todavía más en educación hasta dejarnos en un 3,9 del PIB, cuando la media de la UE está en un 6,2 y países como Finlandia superan el 7% del PIB.
Está claro que el modelo de las reválidas no está al servicio de la mejora de la educación, que debería ser el objetivo básico. Está mucho más orientada a seleccionar, segregar y sancionar que a identificar los problemas y establecer medidas de mejora. Realmente responde a una concepción neoliberal cuya finalidad fundamental es crear un mercado educativo (financiado públicamente) donde se examine a los centros escolares (proveedores de educación) para que se “esfuercen” en ofrecer un producto atractivo, a la medida de las demandas de los clientes, para que todas las familias, convertidas en consumidores y consumidoras, puedan elegir aquel que más ventajas competitivas les pueda reportar a su prole. Ya no se trata de mejorar todos los centros, ni de garantizar el derecho a la mejor educación de todos los niños y niñas, sino de elegir la “mejor” opción para los míos. Es la consagración de la competitividad darwinista en educación. El triunfo del individualismo y la competencia de todos contra todos.
Y, ¿qué suponen para la comunidad educativa? ¿Cuáles son los ‘efectos colaterales’ negativos?
El problema añadido, como denuncian múltiples profesionales de la educación, son los efectos negativos colaterales de estas evaluaciones estandarizadas:
a) la presión sobre los niños y niñas para que tengan resultados acomodados a las pruebas;
b) el estrés del control continuo y permanente, como si solo se pudiera estudiar mediante la presión y el miedo al examen, olvidando la curiosidad y la pasión por el conocimiento;
c) la selección de aquellos “clientes” que son buenos para no descender en el ranking, y la exclusión de quienes tienen más dificultades de aprendizaje y son los que realmente más nos necesitarían;
d) la deslegitimación de la función docente y la desconfianza hacia el profesorado, ya que no es el profesorado que tiene docencia directa con el alumnado el que evalúa, pues se le expulsa del proceso de valoración final sobre el grado de aprendizaje del alumnado, recurriendo a otros profesionales;
e) la degradación de contenidos: se acaba estudiando lo que se examina y se centra el tiempo y los esfuerzos docentes en preparar al alumnado para resolver pruebas y exámenes, como ya pasa en 2º de Bachillerato de cara a la selectividad;
f) el control sobre el trabajo docente y la pérdida de la innovación educativa, al convertirse el profesorado en “preparadores de pruebas”, sufriendo así un control directo sobre su trabajo y sobre lo que debe enseñar;
g) el coste económico para el sistema, tan alto como inútil, por la realización de las múltiples pruebas externas todos los años. Además, para el alumnado jugarse en una prueba externa los años de escolarización es injusto y contradice la función de la evaluación como mejora de la educación respetando la diversidad y los diferentes ritmos de aprendizaje;
h) el gran negocio que supone una inversión de millones de euros en pagar a grandes empresas privadas como Pearson, McGraw-Hill y Educational Testing, en lugar de dejar que sean los profesores y profesoras los que se ocupen del aprendizaje de su alumnado; y el coste para las familias del alumnado que haya suspendido, cuando tengan que pagar academias para repetir la reválida;
i) la publicidad de estas pruebas convierte la evaluación en un mecanismo de competición entre centros y no de cooperación, y en un dispositivo de clasificación y segregación del alumnado y los centros escolares.
¿Qué opina de los cuestionarios adicionales a familias y profesores?
Los cuestionarios de las reválidas parecen diseñados por Microsoft o Telefónica
El Ministro “en funciones” sigue funcionando, por su cuenta y riesgo, desoyendo el mandato del Congreso que ha aprobado por mayoría abrumadora la paralización de la LOMCE. Ha publicado recientemente, en el BOE del 15 de abril de 2016, una Resolución que implanta “cuestionarios de contexto e indicadores comunes de centro” para la evaluación final de Educación Primaria. Estos cuestionarios que se aplican a alumnado, familias y dirección, analizan el contexto de una forma muy peculiar y sesgada. Inquiriendo al alumnado sobre las veces que ha repetido, no sobre las causas; la frecuencia que ha faltado a clase, no las razones ni el por qué; si utiliza ordenador o tableta para el trabajo escolar, como si eso fuera esencial para el aprendizaje; si hace deberes, cuando están tan cuestionados.
A las familias les pregunta de qué nacionalidad son –como si esto fuera un determinante del aprendizaje-; insiste una y otra vez en si utilizan ordenador o tableta en la casa o “cuántos dispositivos de información digital de uso habitual hay en su casa smartphones, smart TV…”.
Al equipo directivo les pregunta hasta tres veces, como Jesucristo a Pedro, si tienen problemas por la falta o inadecuación de dispositivos tecnológicos para la docencia, la deficiente conexión a internet o la falta o inadecuación de software para la docencia. Parece, en algunos casos, un cuestionario diseñado por Microsoft o Telefónica. No parece que este sea el contexto más relevante que influye en las dificultades o mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Creo que el Ministro tiene que repasar algunas cuestiones pedagógicas sobre educación, antes de seguir funcionando “sin funciones”.
Ocho comunidades autónomas se han declarado insumisas. ¿Qué puede derivarse de ello?
Izquierda Unida ha venido promoviendo campañas de insumisión a la LOMCE, pues la desobediencia civil ante una ley injusta es legítima. Igualmente lo han hecho confederaciones de asociaciones de madres y padres, sindicatos, mareas verdes y, en definitiva, la comunidad educativa. Cuando ahora un grupo tan numeroso de Comunidades Autónomas se declaran insumisas aplaudiríamos su actitud, si fuera realmente de insumisión. Pero poca “insumisión” es seguir haciendo evaluaciones aunque sean “menos externas”. Realmente no varían sustancialmente la filosofía y el modelo. Por eso creemos que deben pasar de las declaraciones a los hechos. Recordándoles que no se trata solo de paralizar lo no implantado de la ley (sólo un 10%), sino de derogarla, un compromiso que firmaron sus partidos a nivel estatal en la anterior legislatura, y del que ahora no se pueden desdecir.
Porque ya han empezado a sonar las primeras campanas con la primera iniciativa legislativa del PSOE, que pedía la paralización pero no la derogación. Que lo fiaba al futuro, alegando que había que elaborar una alternativa a la ley –cuando el PSOE ha participado en el Acuerdo Social y Político por una Nueva Ley educativa, aunque lo ha hecho a última hora y desde una cierta distancia sin comprometerse mucho-. Vamos que ha empezado a sonar a aquello de “LOMCE de entrada no”, como cuando la OTAN y acabamos metidos hasta el cuello en la Alianza Atlántica. Si a esto añadimos lo que se anunció en materia educativa en el pacto entre PSOE y C’s, el retroceso es clamoroso y casi parece aquello de “donde dije digo, digo diego”.
Tanto en EEUU como en Europa se está empezando a cuestionar este tipo de pruebas. En términos generales, ¿conoce cuál es la situación en los países de la Unión Europea?
Es cierto que con la LOMCE este modelo neoliberal y tecnocrático, centrado en pruebas estandarizadas, ha sido importado acríticamente en nuestro país, justo en momentos en que dichas pruebas son debatidas, cuestionadas y refutadas en muchos países del Norte. De hecho en toda Europa, solo una región belga exige en la UE una reválida al final de la primaria que condiciona la progresión del alumnado. En Malta se han eliminado las pruebas que enviaban a los niños y niñas a un tipo u otro de centros de secundaria. En cuanto a las reválidas de secundaria Irlanda es el único país de toda la UE donde el título se otorga únicamente en función de un examen final externo. Finlandia, Suecia y los países del centro de Europa se basan sólo en las notas y en el trabajo realizado durante el curso, como sucedía hasta ahora en España, antes de entrar la LOMCE en vigor.
Pero lo cierto es que la fiebre examinadora –del alumnado de diversos niveles, de los docentes, de las instituciones escolares (y ahora, ¡incluso de las familias!, según se propone en EE.UU.) – que viene creciendo desde la década de 1990, no se ha traducido en la anunciada "mejoría". Y es que, las reválidas por sí mismas, no mejoran ni cambian nada, solo seleccionan. La experiencia de EEUU, que abusa de pruebas externas, indica que los resultados han sido un desastre y ha reforzado la mediocridad del sistema. En Gran Bretaña docentes y familias están actualmente en huelga como protesta por las evaluaciones-revalidas (SATs) que les van a hacer a los 6-7 años.
En un artículo del Foro de Sevilla, usted y otros profesionales de la docencia advierten del ‘goloso’ negocio que suponen las reválidas para algunas grandes empresas privadas. ¿Cuáles son esas empresas y de cuánto dinero público podemos estar hablando?
Por ejemplo, Servinform S.A., una empresa de externalización de servicios, no educativa, cobrará más de 300.000 €, por las reválidas solo en Madrid (Boletín de la Comunidad de Madrid del 25 de abril de 2016). Haciendo números, el curso 2011-2012, según el Ministerio de Educación, se matricularon 391.246 alumnos en 4º de la ESO y 281.046 en 2º de Bachillerato. Esto generaría casi 700.000 exámenes externos. El monto económico anual de semejante operación no se le escapa a nadie. Además, quienes no hayan superado las reválidas en su momento tendrán una “segunda” oportunidad más adelante, lo que aumentará la cifra del negocio. No olvidemos que el PP ha destinado 14,5 millones en los presupuestos generales del 2016 a reválidas y evaluaciones finales solo en Primaria. Un suculento negocio sobre el que ya están sobrevolando incluso los “fondos buitres”.
Como analiza Carles Sirera, de la Universidad Jaume I de Castelló, la multinacional Pearson, en 2006 compró la National Evaluation Series, la primera empresa norteamericana dedicada al testing y se posicionó a nivel mundial como los principales expertos en medir la “eficacia educativa”. No es un hecho menor, especialmente si tenemos en cuenta que Pearson es el responsable del test PISA. Esta empresa tiene como principal objetivo comercial “lograr el monopolio de la medición de la eficacia del sistema educativo”, tal como afirma en su página web. Es decir, Pearson decidirá qué es el éxito en educación y, al mismo tiempo, serán los máximos proveedores de materiales y cursos complementarios para lograr ese éxito.
¿No es un gran negocio? Por si alguien tiene dudas, Pearson en su web también deja muy claro cuáles son sus prioridades pedagógicas: los accionistas.
La mayoría de las fuerzas políticas se han comprometido a derogar la LOMCE.
¿Cuáles han sido sus efectos más perniciosos o regresivos para la Educación?
La LOMCE ha sido la justificación y coartada ideológica de los recortes del PP en educación, que ya han superado los 5.000 millones de euros durante su legislatura y ha supuesto el recorte de 32.000 docentes en la enseñanza pública La LOMCE ha sido la justificación y coartada ideológica de los recortes del PP en educación, que ya han superado los 5.000 millones de euros durante su legislatura y ha supuesto el recorte de 32.000 docentes en la enseñanza pública. Ha sido una contrarreforma educativa impuesta que ha sido rechazada por todos los sectores de la comunidad educativa, que han protagonizado una movilización sostenida durante toda la andadura del proyecto de ley, antes y después de su paso por las Cortes. Es una ley que atenta contra el derecho universal a la educación en condiciones de igualdad, que ha supuesto un desmantelamiento aún mayor de la educación pública y cuya finalidad es seleccionar futuras élites dirigentes segregando y excluyendo a quienes más apoyo necesitan.
Sus efectos se han hecho notar de inmediato. Este curso se ha caracterizado por menos calidad, equidad e igualdad de oportunidades, como consecuencia de los recortes en becas, de los programas de compensación educativa, de la masificación de alumnado en las aulas debido al despido de esos 32.000 profesores y profesoras, y una universidad cada vez más privatizada y clasista, que ha triplicado las tasas de las matrículas y recortado el acceso a las becas. Los recortes y la entrada en vigor de una ley segregadora y privatizadora no sólo están deteriorando el servicio público sino que está desviando alumnado y dinero público hacia la enseñanza privada. Estamos en un estado de emergencia educativa, una "crisis educativa" que se hace "insostenible" para la calidad y equidad del sistema y el futuro del país porque cae la inversión, crece el número de alumnado y disminuye el profesorado para atenderle.
Estamos en un estado de emergencia educativa, una "crisis educativa" que se hace "insostenible" para la calidad y equidad del sistema y el futuro del país porque cae la inversión, crece el número de alumnado y disminuye el profesorado para atenderle
La "privatización" encubierta de los ciclos de Infantil y bachillerato; la aplicación de los Reales Decretos del PP 14/2012 y 20/2012, que supusieron el aumento de la ratio del alumnado por aula; el aumento del horario lectivo; la mayor tardanza en las sustituciones de los docentes; los tres decretos que avanzan en la privatización de la universidad pública; el "compromiso" del Gobierno de "rebajar" la inversión educativa al 3,9% del PIB, además del recorte de más de 7.000 millones de euros en los últimos cinco años (entre PSOE y PP), una quinta parte de los fondos públicos destinados a la educación; así como la supresión de medidas de atención a la diversidad, y los recortes o supresión de becas al estudio, de libros, de comedor, de transporte, etc., han disparado la indignación de familias, estudiantes y profesorado viendo cómo los recortes educativos sirven para destinar el dinero público al rescate de la banca, mientras se desmantela la educación pública.
Creo sinceramente que la educación pública está siendo sistemáticamente atacada desde hace tiempo, en diferentes Comunidades Autónomas, especialmente por los gobiernos del PP, cuya ideología mercantilista y privatizadora (“menos Estado y más mercado”) quiere convertir la educación en un negocio, poniendo gran parte de los nuevos centros educativos en manos de la enseñanza privada concertada, mayoritariamente católica. Este proceso de privatización, que pretende convertir la escuela pública en subsidiaria de la privada, se ha acentuado de forma exponencial en los últimos años. Y más ahora que, con el pretexto de la crisis, se está aplicando todo un programa sistemático de recortes sociales y de estrangulamiento económico de lo público.
Un reciente estudio de CCOO muestra que la universidad pública en España es de las más caras de Europa. ¿Qué está suponiendo y qué va a suponer para el futuro?
Desde el curso 2011/2012 hay 77.000 estudiantes menos en las universidades públicas y 5.000 más en las privadas
Efectivamente España se sitúa entre los países de la Unión Europea y del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) con precios medios más elevados, tanto en estudios de Grado como de Máster Oficial. Si a esto le añadimos que sólo un 29% de los estudiantes universitarios, tanto en universidades públicas como privadas de España, ha podido obtener algún tipo de ayuda parcial en forma de beca por parte del Gobierno de la nación. Y le sumamos que España es el país donde más ha crecido la desigualdad desde el inicio de la crisis, según la OCDE.
Esto es resultado del estrangulamiento al que le somete el gobierno a las Universidades Públicas: actualmente disponen de 1.384 millones menos de presupuesto que en 2010, volviendo casi al presupuesto de hace una década. El PP está practicando el estrangulamiento de las Universidades públicas, de la investigación I+D+i, el aumento de los precios de las matrículas y la disminución de becas y ayudas, así como endurecimiento de los requisitos para acceder a ellas, lo que ha provocado que desde el curso 2011/2012 haya 77.000 estudiantes menos en las universidades públicas y 5.000 más en las privadas y de la jerarquía católica, especialmente en los máster más caros.
Pero más allá de esto, parece que quiere dejar asentado su modelo neoliberal en el sistema universitario realizando una auténtica contrarreforma universitaria global, pero aplicada a plazos, mediante diferentes Decretos, como el del 3+2, o del Estatuto de la ANECA, o el de la acreditación del profesorado, o el RD-Ley 20/2015 de acceso y movilidad del profesorado o el de creación de universidades que facilitará el incremento de campus privados, que ya pasaron de 13 a 33 entre 1997 y 2015, a pesar de que el Gobierno habla, insistentemente, de la necesidad de reducir lo que considera un número excesivo de titulaciones y centros.
A este panorama en Educación Superior hemos de añadir que desde 2012 las políticas del gobierno del PP han recortado 7.766 puestos de trabajo en las Universidades Públicas, sustituyendo además empleo fijo y de calidad por docentes con contratos laborales temporales y precarios. Un panorama desolador que dejará la Universidad Pública como un erial tras el paso del Partido Popular por el gobierno estos cuatro últimos años y que hemos de revertir con otro gobierno del cambio si queremos apostar por otra Universidad posible entendida como servicio público que no busque la “competitividad” y la “excelencia”, sino la calidad y la cooperación al servicio de la sociedad, para hacerla más justa, más sabia, más universal, más equitativa, más sostenible, orientada a la formación de personas creativas y críticas con una elevada formación cultural y profesional.
CCOO ha calculado que poner las matrículas gratuitas en las universidades españolas le costaría al Gobierno 1.300 millones de euros cada año, descontando el dinero que ahora se invierte en becas. Como dice este sindicato “un país no puede salir de la crisis si no apuesta por una educación universitaria pública de calidad accesible para toda la población independientemente de su nivel económico”. Por eso Izquierda Unida siempre ha apostado por una Educación Pública gratuita que, desde la primera infancia hasta la universidad, luche contra la lógica del mercado. Una educación que reafirme la prioridad absoluta de los seres humanos sobre la rentabilidad económica.
http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/revalidas/20160508174131128144.html
miércoles, 15 de junio de 2016
Marina ataca de nuevo. El filósofo ofrece a los partidos una apresurada hoja de ruta para un pacto educativo.
Cuarto Poder
El profesor José Antonio Marina está convocando a partidos políticos con representación parlamentaria a una reunión para que firmen una “hoja de ruta para un pacto educativo”. Lo hace por encargo de la Cátedra Nebrija-Santander en Inteligencia Ejecutiva de la Universidad Elio Antonio de Nebrija. Podemos imaginar lo que opinan tanto el banco como una universidad privada y elitista de un bien común como es la educación pública. Hace seis meses, el propio Marina había reclamado un pacto de estado sobre la educación al alimón con el neoliberal Luis Garicano, dirigente de Ciudadanos y responsable de su programa económico y educativo.
No es la primera vez que en plena campaña electoral hace propuestas en materia educativa. Hay que recordar que antes de las elecciones del 26-J aceptó el encargo del ministerio de Educación del gobierno Rajoy para elaborar un libro blanco de la profesión docente. Era una buena manera de desviar la atención de los problemas de fondo de la educación (recortes y LOMCE) y responsabilizar al profesorado con un falso debate. Ahora vuelve a la carga con el mismo equipo. Pero vayamos por partes y analicemos las condiciones y la legitimidad de la iniciativa.
Para firmar la hoja de ruta Marina pone unas condiciones que son propuestas-trampa. Plantea que el partido que gobierne tras las elecciones se comprometa, con la ayuda de la oposición, a mantener la LOMCE en vigor mientras no dispongamos de una nueva ley de educación. Algo totalmente inasumible para la mayoría social que ha luchado contra esta disparatada ley y para la amplia mayoría parlamentaria que el 5 de abril de 2016 aprobó su inmediata paralización. Supondría aceptar un marco legal impuesto por un partido que hoy solo representa a uno de cada cuatro electores; y su aplicación mientras no se alcanzase un acuerdo que se negociaría bajo las patas de los caballos y con una posición de fuerza de los conservadores.
Otra condición es que la escuela pública puede desarrollarse, como indica la Constitución, a través de una doble red: pública y concertada. Además de manipular la interpretación de la Constitución Española, pretende dar naturaleza de escuela pública a los centros concertados. La escuela pública es de todos y para todos o no lo es. No lo son los centros que segregan, discriminan y hacen negocio económico, ideológico o religioso con la educación. Aceptar ese planteamiento sería consagrar un modelo que se ha convertido en una una perversión educativa. El resto es retórica. No se dice nada de cómo asegurar la gratuidad o la escuela inclusiva, ni se ponen sobre la mesa asignaturas pendientes como la laicidad. Desde el punto de vista formal propone el viejo modelo de pacto político de “mesa camilla”, sin la participación de la comunidad educativa y de los expertos realmente cualificados que existen y llevan trabajando voluntaria y gratuitamente mucho tiempo.
En cuanto a la legitimidad hay que preguntarse ¿quiénes son la universidad Antonio de Nebrija y José Antonio Marina para convocar y querer pilotar un Libro Blanco para un Pacto Educativo? ¿Qué legitimidad tiene quién apuesta por lo privado? Por más que quiera arrogarse la representación del “núcleo” de “la sociedad civil”, el problema de Marina es que se representa a sí mismo. Y, en todo caso, a una universidad privada que tiene episodios oscuros en su pasado (compra de alumnado y poco rigor en la selección del profesorado). La postura de Marina no es en absoluto neutral: ha trabajado para el gobierno del PP, coincide con los planteamientos de Ciudadanos y está rodeado de un equipo vinculado a intereses de centros concertados religiosos como la fundación Trilema.
Marina busca erigirse en protagonista de un supuesto proceso de negociación de un pacto educativo. También intenta sacar del aislamiento al partido que aprobó la LOMCE (PP) o al que se siente cómodo con su filosofía (Ciudadanos). Y de paso, hacer abstracción de las movilizaciones, reflexiones y propuestas en defensa de la escuela pública. Como es una persona inteligente, solo se puede entender su atrevimiento como un jugoso encargo o como el intento de influir políticamente, de ahí las prisas que intenta imponer para antes del 26-J. No hay que separar esta iniciativa del intento del PP de utilizar la educación como un eje principal de su campaña electoral, una vez creada una base social con los centros concertados.
Si alguien tiene legitimidad para plantear un proceso de esta naturaleza es el centenar de organizaciones que han elaborado el ‘Documento de bases para una nueva ley educativa’ . El Foro de Sevilla, la Marea Verde, las AMPAS, organizaciones estudiantiles, sindicatos de profesorado, partidos políticos progresistas, plataformas y entidades educativas, movimientos de renovación pedagógica… ellas sí representan la sociedad civil [ver su Declaración de ilegitimidad de la propuesta de Pacto Educativo de Marina ]. Y han puesto su trabajo, reflexiones y propuestas al servicio de la sociedad para alcanzar un pacto social, político y territorial para una nueva ley. No necesitamos cicerones para esta tarea colectiva.
Como pasó con el llamado libro blanco del profesorado, la arrogante propuesta de Marina quedará en agua de borrajas y en un vano intento de lavar la cara a los responsables del mayor ataque que ha recibido nunca la educación pública. No pude haber pacto educativo que no se construya sobre la base de la derogación de la LOMCE y la reversión de los recortes. Como dice la Comisión permanente de las organizaciones y colectivos que han elaborado el Documento de bases para una nueva ley educativa: es una urgencia para que nuestro sistema educativo no siga creciendo en privatización y en desigualdad y expulsando al alumnado más vulnerable de las aulas.
Fuente:
http://www.cuartopoder.es/laespumaylamarea/2016/06/09/marina-ataca-nuevo/1492
El profesor José Antonio Marina está convocando a partidos políticos con representación parlamentaria a una reunión para que firmen una “hoja de ruta para un pacto educativo”. Lo hace por encargo de la Cátedra Nebrija-Santander en Inteligencia Ejecutiva de la Universidad Elio Antonio de Nebrija. Podemos imaginar lo que opinan tanto el banco como una universidad privada y elitista de un bien común como es la educación pública. Hace seis meses, el propio Marina había reclamado un pacto de estado sobre la educación al alimón con el neoliberal Luis Garicano, dirigente de Ciudadanos y responsable de su programa económico y educativo.
No es la primera vez que en plena campaña electoral hace propuestas en materia educativa. Hay que recordar que antes de las elecciones del 26-J aceptó el encargo del ministerio de Educación del gobierno Rajoy para elaborar un libro blanco de la profesión docente. Era una buena manera de desviar la atención de los problemas de fondo de la educación (recortes y LOMCE) y responsabilizar al profesorado con un falso debate. Ahora vuelve a la carga con el mismo equipo. Pero vayamos por partes y analicemos las condiciones y la legitimidad de la iniciativa.
Para firmar la hoja de ruta Marina pone unas condiciones que son propuestas-trampa. Plantea que el partido que gobierne tras las elecciones se comprometa, con la ayuda de la oposición, a mantener la LOMCE en vigor mientras no dispongamos de una nueva ley de educación. Algo totalmente inasumible para la mayoría social que ha luchado contra esta disparatada ley y para la amplia mayoría parlamentaria que el 5 de abril de 2016 aprobó su inmediata paralización. Supondría aceptar un marco legal impuesto por un partido que hoy solo representa a uno de cada cuatro electores; y su aplicación mientras no se alcanzase un acuerdo que se negociaría bajo las patas de los caballos y con una posición de fuerza de los conservadores.
Otra condición es que la escuela pública puede desarrollarse, como indica la Constitución, a través de una doble red: pública y concertada. Además de manipular la interpretación de la Constitución Española, pretende dar naturaleza de escuela pública a los centros concertados. La escuela pública es de todos y para todos o no lo es. No lo son los centros que segregan, discriminan y hacen negocio económico, ideológico o religioso con la educación. Aceptar ese planteamiento sería consagrar un modelo que se ha convertido en una una perversión educativa. El resto es retórica. No se dice nada de cómo asegurar la gratuidad o la escuela inclusiva, ni se ponen sobre la mesa asignaturas pendientes como la laicidad. Desde el punto de vista formal propone el viejo modelo de pacto político de “mesa camilla”, sin la participación de la comunidad educativa y de los expertos realmente cualificados que existen y llevan trabajando voluntaria y gratuitamente mucho tiempo.
En cuanto a la legitimidad hay que preguntarse ¿quiénes son la universidad Antonio de Nebrija y José Antonio Marina para convocar y querer pilotar un Libro Blanco para un Pacto Educativo? ¿Qué legitimidad tiene quién apuesta por lo privado? Por más que quiera arrogarse la representación del “núcleo” de “la sociedad civil”, el problema de Marina es que se representa a sí mismo. Y, en todo caso, a una universidad privada que tiene episodios oscuros en su pasado (compra de alumnado y poco rigor en la selección del profesorado). La postura de Marina no es en absoluto neutral: ha trabajado para el gobierno del PP, coincide con los planteamientos de Ciudadanos y está rodeado de un equipo vinculado a intereses de centros concertados religiosos como la fundación Trilema.
Marina busca erigirse en protagonista de un supuesto proceso de negociación de un pacto educativo. También intenta sacar del aislamiento al partido que aprobó la LOMCE (PP) o al que se siente cómodo con su filosofía (Ciudadanos). Y de paso, hacer abstracción de las movilizaciones, reflexiones y propuestas en defensa de la escuela pública. Como es una persona inteligente, solo se puede entender su atrevimiento como un jugoso encargo o como el intento de influir políticamente, de ahí las prisas que intenta imponer para antes del 26-J. No hay que separar esta iniciativa del intento del PP de utilizar la educación como un eje principal de su campaña electoral, una vez creada una base social con los centros concertados.
Si alguien tiene legitimidad para plantear un proceso de esta naturaleza es el centenar de organizaciones que han elaborado el ‘Documento de bases para una nueva ley educativa’ . El Foro de Sevilla, la Marea Verde, las AMPAS, organizaciones estudiantiles, sindicatos de profesorado, partidos políticos progresistas, plataformas y entidades educativas, movimientos de renovación pedagógica… ellas sí representan la sociedad civil [ver su Declaración de ilegitimidad de la propuesta de Pacto Educativo de Marina ]. Y han puesto su trabajo, reflexiones y propuestas al servicio de la sociedad para alcanzar un pacto social, político y territorial para una nueva ley. No necesitamos cicerones para esta tarea colectiva.
Como pasó con el llamado libro blanco del profesorado, la arrogante propuesta de Marina quedará en agua de borrajas y en un vano intento de lavar la cara a los responsables del mayor ataque que ha recibido nunca la educación pública. No pude haber pacto educativo que no se construya sobre la base de la derogación de la LOMCE y la reversión de los recortes. Como dice la Comisión permanente de las organizaciones y colectivos que han elaborado el Documento de bases para una nueva ley educativa: es una urgencia para que nuestro sistema educativo no siga creciendo en privatización y en desigualdad y expulsando al alumnado más vulnerable de las aulas.
Fuente:
http://www.cuartopoder.es/laespumaylamarea/2016/06/09/marina-ataca-nuevo/1492
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