8. La evaluación del sistema educativo

La educación pública lo es también en el sentido de que debe estar abierta y ser transparente en lo que hace, ante la sociedad que la sostiene, con las familias y, en definitiva, con el alumnado. Todos ellos tienen el derecho a ser informados de cómo es la educación que tenemos. Esa apertura no tendría sentido si no es para mejorar la política educativa, las instituciones escolares y para entender lo que aprenden realmente los alumnos y las alumnas. Como en cualquier otro fenómeno, situación o acción, la evaluación es consustancial a toda actividad educativa sobre la cual tenemos una responsabilidad, pues servimos a un proyecto que persigue metas valiosas y que absorbe recursos públicos importantes. Pero hay muchas formas de enfocar la evaluación y su realización práctica que son más adecuadas y útiles por la información que nos proporcionan.

Participar en el debate... No es aceptable que se mezcle la función de las evaluaciones de tipo diagnóstico sobre el sistema con las pruebas de acreditación (lo que se conocía como reválidas). La evaluación del alumnado a través de pruebas externas normalizadas que sólo sirven para clasificar, calificar, establecer ranking y repartir entre el profesorado premios y sanciones, al tiempo que se resta su autonomía.

Proponemos eliminar el actual sistema de evaluaciones externas basadas en el rendimiento del alumnado, así como los rankings entre centros y proponer evaluaciones que sirvan para la transparencia del sistema educativo y para la participación de la comunidad educativa y de las Administraciones educativas en procesos de mejora.

Participar en el debate... Concreciones y propuestas (↑subir )

• Utilizar la evaluación como instrumento necesario para mejorar los procesos educativos, proponiendo las medidas necesarias para atender a la singularidad y a las necesidades de cada estudiante según su contexto.
• Las evaluaciones externas se configuran a partir de indicadores de evaluación que emanen de los principios, fines y funciones de la educación aquí expuestos, tienen que servir para recabar información sobre programas y políticas educativas que proporcionen un conocimiento público sobre el sistema educativo para su mejora. En ningún caso se harán evaluaciones externas sobre el rendimiento del alumnado que conduzcan a la estandarización de los conocimientos impartidos en la enseñanza.
• Los centros recibirán apoyos para la realización de evaluaciones que conduzcan a la mejora de sus programas educativos, teniendo en cuenta las necesidades y derechos de los alumnos y alumnas. También servirán para analizar la actuación del profesorado, la idoneidad de las propuestas didácticas y el funcionamiento de los centros escolares. Estas evaluaciones tendrán un carácter periódico.
• Dar voz a todos los agentes de la comunidad educativa en un proceso de evaluación democrática entendiendo ésta como no burocrática, informada y participada para implicar a toda la comunidad educativa. Fomentar la evaluación de los equipos docentes, de los medios materiales y humanos, de las direcciones educativas… de tal modo que, sin menoscabo de la autonomía pedagógica, se garantice el derecho de la comunidad a intervenir de forma constructiva en el proceso educativo. Así mismo, se debe fomentar la cultura de la autoevaluación individual del profesorado y colectiva de los equipos docentes. Participar en el debate...
• Debe completarse el sistema de indicadores para la evaluación del sistema educativo, para la elaboración de las correspondientes estadísticas, que proporcionen una información pública del progreso del sistema educativo.
• No poner tanto énfasis en la evaluación externa, al tiempo que se deslegitima la que realiza el profesorado. Es necesaria una cultura de la evaluación interna, de la que se deriven actuaciones de mejora de los procesos educativos, porque en ella se encuentran algunas de las raíces del éxito y el fracaso escolar.
• Los Servicios de Inspección Educativa desarrollarán funciones de asesoramiento y apoyo a los centros docentes, al profesorado, al alumnado y a las familias, tanto en su tarea diaria como en los procesos de autoevaluación.
• Las Administraciones educativas garantizarán, a través de los órganos y servicios correspondientes que todos los centros desarrollen su actividad en condiciones de igualdad, especialmente en lo relativo a la escolarización del alumnado, la gestión democrática, el control social de los fondos públicos y las condiciones laborales y de acceso del profesorado.

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