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martes, 14 de septiembre de 2021

_- España no es Finlandia, pero puede sacar a sus estudiantes de la mediocridad

_- Por David Jiménez
Es escritor y periodista. Su libro más reciente es El director. NYT

MADRID — Parciales, finales, globales, orales, escritos, de recuperación, control, reválida… La escuela española ama los exámenes por encima de todas las cosas. Un estudiante pasa por cientos de pruebas antes de graduarse y enfrentarse —oh, sorpresa— a un nuevo examen. En la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU), un maratón de un par de días para acceder a la educación superior, un mal día puede truncar sueños profesionales y enviar al médico vocacional a estudiar periodismo. ¿Pasaste el corte? Estás de suerte: empiezan otros cuatro años de interminables exámenes.

La obsesión nacional por los exámenes es parte de un sistema educativo roto y anclado en el pasado. La octava ley educativa en cuatro décadas, que empieza a implementarse con el nuevo curso, no servirá para arreglarlo. La norma pretende restar rigidez y añadir innovación, pero le falta ambición y nace condenada por falta de consenso.

España no necesita más reformas, sino una revolución total del sistema educativo.

El modelo de evaluación de los estudiantes puede resultar anecdótico, pero es un buen lugar por donde empezar. Los exámenes actuales se han mostrado inútiles para dotar a los estudiantes de los conocimientos necesarios, prepararlos para un mercado laboral moderno o inculcarles la cultura del esfuerzo que reclaman padres y profesores. Se limitan a amargar la experiencia escolar, desmotivar a los estudiantes y envenenar su relación con los docentes, sometidos a una carga de trabajo que podrían emplear en promover la innovación, la creatividad o el pensamiento crítico.

Toda esa práctica examinadora no ha logrado evitar que los estudiantes suspendan masivamente unos tests que se han convertido en comida rápida de materias que se vomitan y olvidan, según la apta descripción de la doctora en Economía por la Universidad de Yale Caterina Calsamiglia. Detrás de esa fascinación por las notas hay una idea perniciosa: el empeño en decirle a un buen número de estudiantes que están fracasando, cuando son los responsables educativos los que llevan décadas haciéndolo.

España tiene el segundo mayor índice de abandono escolar de la Unión Europea, solo por detrás de Malta. El porcentaje de alumnos que repiten curso antes de los 15 años es alrededor de 25 puntos mayor que en el Reino Unido o Finlandia. Y, sin embargo, siguen siendo varias las voces que reclaman más dureza como solución a los problemas de la educación.

¿Qué tiene que pasar para que nos demos cuenta de que más exámenes, deberes y suspensos no hacen mejor un sistema educativo? No se trata de recordar a los estudiantes para qué no sirven, sino de buscar sus talentos individuales y potenciarlos.

La exigencia, la disciplina y el respeto a los profesores, desaparecido de las aulas, deben ser recuperadas en un entorno motivador. Los críticos con el sistema español llevan años apuntando a Finlandia como solución. Pero aun siendo el país nórdico un ejemplo de éxito, con una estrategia innovadora que va desde una evaluación personalizada al diseño de sus escuelas, no hace falta irse tan lejos para encontrar inspiración en la transformación educativa.

Portugal, sin apenas hacer ruido, ha renovado su modelo y dado la vuelta a los malos resultados que sus estudiantes solían lograr en los informes que comparan la educación de diferentes países, donde ahora destacan favorablemente. Los portugueses son una mejor guía, además, porque sus problemas eran parecidos a los nuestros hoy: un sistema de evaluación demasiado punitivo, un acercamiento homogéneo de la educación, un profesorado desmotivado —se invirtió en formación y se les dio más autonomía—, un currículo demasiado amplio y, para algunos, desactualizado…

La nueva ley aprobada por el gobierno español tiene carencias y sin duda es mejorable, pero da un vuelco hacia un aprendizaje menos memorístico y más ajustado a las necesidades actuales. El nuevo currículo busca sustituir una acumulación de datos fácilmente accesibles en internet por la capacidad de utilizar y analizar toda esa información de forma práctica. Ofrece más libertad a los centros para decidir su camino, añade una necesaria asignatura de Valores Cívicos y Éticos y establece nuevos métodos, muchas veces explicados de forma ambigua o aderezados con dosis de corrección política (como el caso de las matemáticas con “perspectiva de género”) que no aportan nada.

Las propuestas del gobierno han sido ridiculizadas, unas veces con razón y otras injustamente, por la oposición. Cualquier iniciativa educativa, desde hace años, se convierte inmediatamente en una pelea ideológica. Los partidos políticos, incapaces de llegar a un pacto, imponen su modelo nada más llegar al poder, generando discontinuidad y confusión en padres, alumnos y profesores. Pagan esa polarización los estudiantes, que asisten al interminable debate sobre si la religión debe contar para las notas, mientras se les hurtan conocimientos clave en nuevas tecnologías, debate público, inglés o capacidad de análisis del mundo en el que viven.

La Unión Europea considera que se necesitan doce años para que las medidas educativas empiecen a tener efecto. La disfuncionalidad de la política española, con un parlamento fragmentado en 16 partidos, sumado a que esos plazos no reportan inmediatos beneficios electorales a los partidos, desincentivan los acuerdos y retrasan los cambios. Y, sin embargo, no tenemos tiempo que perder. Cada retraso supone una nueva condena a la precariedad para otra generación de jóvenes españoles atrapados en un círculo vicioso de fracaso escolar, empleos inestables, casi siempre ligados a los servicios y el turismo, y falta de proyecto de futuro.

La revolución educativa no tiene por qué implicar la total erradicación de exámenes y tareas, que pueden servir para valorar el momento en el que se encuentran los alumnos. Pero pruebas como la que ahora da acceso a la universidad se han convertido en un obstáculo. Muchas escuelas abandonan novedosos y exitosos programas de aprendizaje utilizados en primaria para preparar a los alumnos para la EvAU, cuyo porcentaje de aprobados es erróneamente empleado para valorar los centros.

La supresión de este y otros muchos exámenes innecesarios sería un primer paso, pero insuficiente. Terminar con la mediocridad en la que están instalados los alumnos obligará a apoyar y formar continuamente a los profesores, renovar de forma más ambiciosa el currículo escolar, acabar con la cultura de la repetición de curso, erradicar la endogamia en institutos y universidades y liberar a los centros de corsés educativos que impiden la innovación.

El objetivo debe ser acabar con una cultura que se explica mejor con la anécdota que me relató un estudiante universitario de ingeniería. El profesor llegó un día con una sonrisa entre los labios y anunció satisfecho que solo uno de los alumnos había aprobado. ¿No se daba cuenta de que el que había fracasado era él? 

David Jiménez (@DavidJimenezTW) es escritor y periodista de España. Su libro más reciente es El director. 

lunes, 2 de agosto de 2021

_- Miguel Soler, coautor del nuevo sistema de aprendizaje: “Será mejor para el que hoy no acaba la ESO y para el futuro astrofísico”

_- El dirigente socialista es secretario autonómico de Educación de la Comunidad Valenciana, uno de los territorios que más está transformando su sistema de enseñanza

Miguel Soler (Valencia, 67 años) es uno de los siete expertos que ha redactado el documento base de la nueva forma de aprender y evaluar en la escuela (el currículo) que prepara el Gobierno. Licenciado en Matemáticas, profesor de instituto, antiguo alto cargo del Ministerio de Educación en los gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero y número dos del departamento de Educación de la Generalitat valenciana, Soler es uno de los grandes referentes dentro del PSOE en la materia.

Con él y con el consejero Vicent Marzà (de Compromís), la Comunidad Valenciana se ha convertido en uno de los territorios que más está transformando el sistema educativo. Uno de los cambios más innovadores y más contestados por parte del profesorado es el aprendizaje por ámbitos, la mezcla de asignaturas para hacer una enseñanza menos compartimentada y más aplicada. Una fórmula que hasta donde ha permitido el presupuesto ha ido acompañada de la codocencia (dos profesores en el aula). El de Valencia ha sido también uno de los primeros Ejecutivos autonómicos en desvincular la repetición de un número concreto de suspensos. La entrevista tiene lugar en su despacho, con las ventanas abiertas para que corra el aire.

R. España es uno de los países donde más se repite curso, y se ha constatado que en general no sirve para superar las dificultades de aprendizaje. Solo sirve en determinados casos. Por ejemplo, cuando un alumno ha tenido un año especialmente difícil por algún motivo o necesita más tiempo para madurar. Pero normalmente no es así. Pongamos un alumno de primero de la ESO sobre el que el profesorado se pregunta: ¿ha superado lo que estaba previsto para este curso? Por la propia dinámica de los procedimientos de evaluación, si la respuesta es no, automáticamente, se decide que repita. Nadie, sin embargo, defiende la repetición indefinida del mismo curso y ninguna ley ha contemplado hacer el mismo curso más de dos veces. Así que ese alumno de primero de la ESO al que se le ha hecho repetir sabe que haga lo que haga ese curso no volverá a repetir, aunque esté todo el año tumbado a la bartola. La consecuencia es que, salvo una minoría, los alumnos que repiten están peor que un año antes de repetir, porque han pasado un curso casi en blanco, además de que se les ha separado de sus compañeros.

P. ¿Cuál es su alternativa?
R. Hay que analizar la trayectoria del alumno, ver en qué tiene dificultades y decidir qué será mejor para él: ¿repetir curso, aunque no sea haciendo exactamente lo mismo, sino con medidas que le ayuden a superar las dificultades, o pasar al siguiente con medidas de refuerzo? Muchas veces la mejor opción será la segunda. Que si un alumno ha tenido dificultades en matemáticas, física y geografía, los recursos económicos y personales se concentren en darle refuerzo en esas materias. ¿Y quién puede determinarlo mejor? El equipo de profesores que le imparte clases. Por eso creo que hay un debate absurdo sobre los números, si son dos, tres o cuatro suspensos. La clave, en la etapa obligatoria, es analizar cuál es la mejor opción para conseguir que el alumno sepa más el año que viene que este.

P. En la Comunidad Valenciana ya se ha eliminado el vínculo entre número de suspensos y repetición. ¿Qué efecto está teniendo?
R. Tenemos la seguridad de que se han reducido repeticiones, aunque hasta septiembre no tendremos datos cerrados.

P. Una parte de la sociedad cree que la medida debilitará la cultura del esfuerzo.
R. Todo el profesorado sabe que hay alumnos que se esfuerzan muchísimo y llegan hasta donde llegan porque muchos factores inciden de una manera determinante. La familia en la que están, el contexto en el que viven, las tareas que tienen que realizar cuando se marchan a casa… Lo que se resume en el nivel sociocultural y económico de la familia. Eso ya estaba contrastado y se ha notado especialmente en la pandemia. El esfuerzo hace falta en todos los trabajos. Al estudiar, que es algo que ahora va a haber que hacer a lo largo de toda la vida, por supuesto. Yo defiendo la cultura del esfuerzo, pero no hagamos demagogia con ella.

P. Un sector de la sociedad se opone también a cambiar el modelo de enseñanza tradicional.
R. ¿La memoria es fundamental? Sí, lo es. Pero las evaluaciones no pueden basarse en lo que un chaval sabe un día determinado. En los años noventa, hicimos aquí una prueba con 100 alumnos que habían obtenido una media de sobresaliente entre el Bachillerato y la selectividad. Cuatro meses después les pusimos una prueba casi idéntica a la que habían hecho y pasaron de tener media de sobresaliente a tener un 6,7. Eso quiere decir que aquel examen comprobaba, en gran medida, la memoria a corto plazo. Un aprendizaje basado en competencias pretende que asimiles y tengas la memoria suficiente para ser capaz de resolver problemas en el futuro y dar respuesta a situaciones nuevas gracias a los conocimientos que has adquirido.

P. Una de las objeciones que se plantean es que bajará el nivel y perjudicará a los buenos alumnos.
R. Tenemos que conseguir que todo el alumnado tenga una renta cultural básica. Ahora, un 25% no se gradúa en la ESO en la edad esperada. Tenemos que conseguir que lleguen y sigan después haciendo FP o Bachillerato, o, si quieren trabajar, lo hagan combinándolo con los estudios, algo que la nueva ley de Formación Profesional contempla. Pero es que esta forma de aprender será mejor para el que hoy no llega a acabar la ESO y también para el futuro astrofísico o matemático, porque está orientada a que sean capaces de resolver problemas, más que a reproducir lo aprendido en un momento determinado. Y los centros, además de garantizar los aprendizajes imprescindibles, también tienen que ofrecer aprendizajes deseables, utilizando su autonomía en función de dónde están y qué alumnado tienen, lo cual es necesario para atender a situaciones muy diversas. Aprovechando la optatividad, los centros valencianos tienen, por ejemplo, la posibilidad de ofrecer horas refuerzo, para evitar la repetición, en todas las áreas, y también horas de profundización para enriquecer el currículo en todas las áreas.

viernes, 30 de abril de 2021

_- Un estudio alerta de que España es el tercer país de la OCDE con más colegios gueto.

_- El informe, que analiza la situación de 64 países, 28 de ellos de la OCDE, pone de manifiesto que España es el que más segrega a los alumnos en centros según su renta familiar, por detrás de Turquía y Lituania

España es uno de los países europeos con mayor número de colegios gueto, situación que se da cuando el nivel de concentración de alumnado con bajos recursos socioeconómicos en un mismo centro supera el 50%. Es, por tanto, uno de los países que más divide a los estudiantes de primaria en diferentes centros educativos en función de su renta familiar, según un estudio pionero de la ONG Save the Children y el centro de estudios EsadeEcPol (dependiente de la escuela de negocios Esade), que analiza datos de 64 países. Esta segregación escolar genera que los alumnos más desaventajados se concentren en los mismos centros y vean reducidas sus posibilidades de relacionarse con niños de otros estratos sociales, lo que deriva en sociedades menos integradoras.

Los dos autores del estudio han analizado por primera vez los datos socioeconómicos del perfil de los alumnos que se desprenden del informe internacional TIMSS (Estudio de las Tendencias en Matemáticas y Ciencias, en sus siglas en inglés), que elabora desde 1995 y cada cuatro años la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA son sus siglas en inglés). El TIMSS mide las competencias en Matemáticas y Ciencias de los alumnos de 4º de primaria (niños de 10 años) de 64 países, 28 de ellos pertenecientes a la OCDE ―del total de 37 integran el organismo―. En esa comparativa internacional, uno de los apartados configura un índice socioeconómico construido a partir de tres componentes: el número de libros del hogar, la carencia de materiales escolares y el nivel educativo más elevado entre los dos progenitores del alumno. Con esas variables, se construye un índice para conocer el capital sociocultural y económico de las familias

Una vez analizados esos datos, los investigadores, Lucas Gortázar y Álvaro Ferrer, concluyen en el estudio, titulado Diversidad y libertad: reducir la segregación escolar respetando la capacidad de elección de centro, que España ocupa la tercera posición, por detrás de Turquía y Lituania, en segregación escolar en los colegios de primaria de los 64 países analizados ―de diferentes continentes y niveles de desarrollo, como Chile, Hungría, Alemania, Marruecos, Filipinas o Sudáfrica―.

El estudio se sustenta sobre un índice que mide la segregación del 0 al 1 donde la media de la OCDE se sitúa en 0,26. A la cabeza en desigualdad están Turquía (0,40), Lituania (0,34) y España (0,32), mientras que los que la presentan en menor medida son Finlandia (0,19), Dinamarca (0,20) y Japón (0,20). La Comunidad de Madrid es la única región de España que ofreció a TIMSS sus datos en abierto, y de ellos se desprende que en Primaria su índice de segregación es del 0,34, por encima del 0,32 de media de España.

En los últimos años, la Comisión Europea, el Comité de Derechos del Niño o la ONU han urgido a España a revisar y aprobar políticas que frenen la segregación escolar, que afecta al 46,8% de los centros educativos del país —9 de cada 10 son públicos—, según el estudio Magnitud de la segregación escolar por nivel socioeconómico, publicado en 2018 por dos investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid. Estos analizaron los datos socioeconómicos de los estudiantes reflejados en el informe PISA 2014, que mide las competencias en Matemáticas, Ciencias y comprensión lectora de los alumnos de secundaria de 15 años de los países de la OCDE. Este nuevo estudio de Save the Children y EsadeEcPol analiza por primera vez en España la segregación de los alumnos de primaria.

Lucas Gortázar, coautor del informe, expone: “En el debate político se ha puesto sobre la mesa el derecho que tienen las familias a elegir el centro educativo que quieren para sus hijos, pero la situación de segregación escolar en España pone de manifiesto que son necesarias políticas que aseguren una matriculación equilibrada tanto en centros públicos como concertados”. Los investigadores analizaron también los datos del perfil socioeconómico de los alumnos de 15 años del informe PISA 2018 y extrajeron que la Comunidad de Madrid es la región que registra una mayor segregación en la ESO (0,41), mientras otras comunidades como La Rioja (0,21), Cantabria (0,22) Aragón (0,23) presentan los niveles más bajos, similares a los de Canadá (0,23), Irlanda (0,23) o Noruega (0,20). La media de segregación por motivos socioeconómicos en la ESO de España (0,29) está al mismo nivel que la media del resto de países de la OCDE (0,29).

Segregación escolar socioeconómica en primaria
El problema, señala Álvaro Ferrer, coautor del informe, son las “dinámicas de huida que se generan” cuando las familias de clase media deciden a qué centros, mayoritariamente públicos, no quieren llevar a sus hijos por la alta concentración de alumnos con pocos recursos o inmigrantes. “Es muy importante que por parte de la Administración se trabaje con las familias autóctonas en los prejuicios que tienen con la diversidad de perfiles en las aulas, cuando la evidencia científica muestra que los estudiantes con progenitores con estudios superiores no ven afectado su rendimiento académico”.

En los últimos años, señala el informe, organismos internacionales como la OCDE o la UNESCO han alertado de los riesgos sociales y económicos que puede generar una “segregación escolar excesiva”. El hecho de que exista un amplio número de centros con una elevada proporción de alumnado vulnerable puede elevar las tasas de abandono escolar temprano ―jóvenes entre 18 y 24 años que no continuaron sus estudios y obtuvieron, como mucho, el título de la ESO; España está a la cabeza con un 16%, frente al 10% de media de la UE―, aumentar el desgaste y la desafección de estudiantes y profesores, y repercutir en la cohesión social o el mercado de trabajo.

Segregación escolar por origen inmigrante en primaria
Xavier Bonal, catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, cree que los alumnos “construyen sus objetivos vitales muy influenciados por los de sus compañeros de aula, si el alumnado de entorno desfavorecido no está expuesto a otro tipo de aspiraciones, probablemente se estanque”. La falta de diversidad en las clases puede afectar a la capacidad de aprendizaje de ese alumnado, a la probabilidad de que obtengan un título, e incluso a sus ingresos en la vida adulta.

Según dos investigaciones recientes, una de ellas dirigida por Xavier Bonal, la segregación escolar no se produce mayoritariamente en zonas periféricas deprimidas, sino dentro de barrios con una composición social diversa. “Hay escuelas que a una distancia de 100 metros son radicalmente distintas, puede que una de ellas concentre al alumnado inmigrante y acabe convertida en un gueto; las políticas de la Administración han sido insuficientes para frenar este fenómeno”, indica Bonal.

Para Gortázar y Ferrer, las políticas “juegan un papel muy importante”, y ponen como ejemplo el llamado sistema de elección controlada acuñado por la OCDE y puesto en marcha en países como Bélgica, en el que la Administración da a las familias la opción de escoger colegio con ciertas limitaciones y con mecanismos para asegurar la integración, como porcentajes máximos por centro de alumnos desaventajados, incentivos económicos para las escuelas que admiten a un mayor número de estos estudiantes o la eliminación de las cuotas (empleadas en la concertada).

Pauline Musset, analista de la OCDE, explica sobre el sistema Pupil Premium, que otorga una cuantía extra a los centros británicos por cada estudiante que percibe beca de comedor: “Cuando se da una libertad total de elección, hay más desigualdad y mayor segregación. Los países que han mejorado su diversidad en las aulas, como Reino Unido, han puesto en marcha sistemas de financiación extra, han dotado a esos centros de un mayor número de profesores y han reducido las ratios. Esta medida hace que para los colegios sea más atractivo escolarizar a alumnos con menos capital”.

Otro caso de éxito es el de Flandes (Bélgica), donde se ha puesto en marcha el llamado sistema de doble lista, que supone reservar plazas en el proceso de matriculación para alumnos con rentas bajas y altas, de modo que se garantiza la mezcla. En esta región, en ningún caso las familias son obligadas a matricular a sus hijos en determinados centros; a través de campañas informativas se anima a las familias a romper sus esquemas. En España, Cataluña es la primera autonomía que ha aprobado un pacto contra la segregación escolar que obliga a las escuelas a reservar un porcentaje de plazas para alumnos con pocos recursos o dificultades de aprendizaje.

Aunque la nueva ley educativa, Lomloe, aprobada el pasado noviembre, es la primera normativa estatal que aborda el problema de la segregación e incluye un paquete de medidas para frenarla, la decisión final está en manos de las autonomías, que son las que diseñan los procesos de admisión. Los autores del informe hacen una serie de recomendaciones, como organizar visitas para que familias de clase media conozcan escuelas de alta complejidad, dar soporte a esos centros para que puedan comunicar su proyecto educativo a la comunidad, o animar a progenitores socialmente aventajados a que elijan en grupo uno de esos centros para equilibrar su composición.

Mejora de la escuela pública
A la hora de escoger un centro, señala el informe, la escuela concertada presenta en España algunas ventajas, como la jornada escolar partida o un servicio de comedor más amplio. En el caso de la Comunidad de Madrid, un 60% de los colegios públicos ya han implantado la jornada continua (las clases terminan a las dos de la tarde), mientras que en la red concertada solo lo han hecho un 3%. “Las familias”, señala Xavier Bonal, “necesitan tener a sus hijos más horas en la escuela, además de por una cuestión de conciliación, por asegurarse de que las horas de la tarde van a estar bien empleadas. Los profesores que son funcionarios han luchado por conseguir la jornada continua, ignorando las consecuencias sobre el aprendizaje, sobre todo, de los más desaventajados”.

Sobre el comedor escolar, un 71,6% de los colegios públicos en España tiene este servicio, frente al 82,2% de los concertados y privados. En secundaria, solo un 11,4% de los públicos lo ofrece, frente al 85% de los concertados y privados. Solo un 2,9% del alumnado de la ESO en centros públicos hizo uso de este servicio el curso pasado, frente al 24% de los estudiantes de la concertada y la privada, según datos del Ministerio de Educación.

https://elpais.com/educacion/2021-04-28/espana-lidera-la-creacion-de-colegios-gueto-por-detras-de-turquia-y-lituania.html

sábado, 23 de septiembre de 2017

Uno de cada cuatro profesores es interino, la cifra más alta de la crisis. 130.000 docentes de la enseñanza pública no universitaria trabajan sin una plaza fija en las aulas y cambian de centro hasta varias veces al año

140 kilómetros al día para dar clase. Helena Pereda, maestra de Primaria interina (sin plaza fija) de Madrid, se pasó un curso entero yendo y viniendo del municipio de Alcorcón al de Pedrezuela, en la Comunidad de Madrid, para dar clases a los alumnos de 5º y 6º y hacer labores de despacho porque sustituía a la jefa de estudios. Esta maestra, de 30 años, lleva desde 2013 en situación de interinidad, lo que supone cambiar cada año de alumnos, de clase y de centro hasta más de una vez. En cuatro cursos ha pasado por seis colegios distintos y se prepara para entrar en el séptimo. Este jueves –siete días después de que los niños madrileños volvieran al aula- le han llamado para decirle cuál será su destino para el curso. “No puedes avanzar ni personal ni profesionalmente”, explica al teléfono. Su situación, cree, es perjudicial también para sus alumnos. “Cuando cubres una sustitución de dos meses, no puedes cambiar nada en el aula porque puede no gustarle al titular que viene después”.

Uno de cada cuatro profesores es interino, la cifra más alta de la crisis


Como ella, otros 130.030 profesores son interinos en España. Es la cifra absoluta más alta y también el porcentaje mayor desde el año 2009. Representa un 26,01% en 2017, lo que supone que uno de cada cuatro maestros y profesores de la educación pública no universitaria está en esta situación, según el informe del inicio del curso escolar de CC OO.

La cifra, con enormes variaciones por comunidades, se ha disparado en estos últimos años después de que el Gobierno aprobara un decreto que reducía a un 10% la tasa de reposición, es decir, por cada 10 profesores funcionarios que se jubilaran solo podía ser sustituido uno. El 27% de los interinos, 35.775 profesores, trabajan con contratos a jornada parcial, que puede ser desde la mitad a una cuarta parte de la jornada, es decir, entre 10 horas semanales de clase y cinco, el equivalente a una hora al día.

"Cronificación" de los recortes
El incremento de la tasa de temporalidad docente es uno de los datos que revisa el informe de Comisiones, que denuncia que mientras el Gobierno señala que hay síntomas de una remisión de la crisis, “los recortes en educación permanecen y corremos el riesgo de que se cronifiquen”, señala el secretario general de Enseñanza del sindicato, Francisco García.

El estudio -que analiza datos del Ministerio de Educación, el INE y el Ministerio de Hacienda- destaca la bajada del gasto público educativo mientras aumentó la partida destinada a la educación concertada o cómo han descendido de forma vertiginosa las partidas destinadas a la atención a la diversidad -desde alumnos con discapacidades o con problemas de aprendizaje, estudiantes con altas capacidades que precisan de un currículo adaptado a ellos o extranjeros que precisan de atención para integrarse por completo en el aula a su llegada- o las de compensatoria, los apoyos para alumnos en situación de desventaja social.

En algunas regiones, como la Comunidad de Madrid, el nombramiento de puestos vacantes en Madrid ha sido “en orden” para la Consejería de Educación y “un caos” para los sindicatos. El Gobierno regional asegura haber cubierto todas las plazas antes del 1 de septiembre, como se comprometió, y estar ahora haciendo los últimos “ajustes”. Mientras que según CCOO el miércoles faltaban 745 nombramientos en primaria y 775 en secundaria, más otras 600 plazas de nueva constitución. En total, a la espera de destino hay 2.100 docentes, informa Elisa Silió.

A la espera de la negociación de las oposiciones
Después de que el Gobierno prometiera en marzo la mayor oferta de empleo público en los próximos años, la negociación sobre cómo hacerlo sigue abierta. CC OO estima que se necesitan 151.227 plazas nuevas de profesores en cinco años, entre 2018 y 2020 para alcanzar el compromiso de rebajar las tasas de interinidad al 8%. Antes del verano, Educación mantuvo reuniones con las comunidades autónomas y con los sindicatos para planificar algunos aspectos de las oposiciones que organizan las autonomías y ver cómo reconoce el trabajo previo de los interinos en las pruebas, con parte de la plantilla de no fijos que llevan más de una década en esa situación. Quieren que su experiencia tenga más peso en la puntuación final en lugar de abrir un procedimiento exclusivo para ellos pero aún no han cerrado cómo hacerlo ni ha habido novedades desde los encuentros de mayo. “Invitamos al ministerio para una negociación del modelo extraordinario”, añade José María Ruiz, responsable de Enseñanza Pública no Universitaria de CC OO.

La reducción de presupuesto educativos supone que “se ha quebrado la igualdad de oportunidades”, añade Francisco García. El informe Panorama de la Educación de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), presentado el lunes, recogía cómo el gasto educativo español ha perdido peso respecto al gasto educativo total durante la crisis. Informe tras informe, el organismo internacional señala cómo España no alcanza la media de los países industrializados en sus partidas educativas. Entre 2009 y 2016, este gasto ha pasado de representar el 4,95 al 4,26% del Producto Interior Bruto (PIB). Mientras la partida general de gasto público ha descendido más del 13% hasta 46.313 millones, la destinada a conciertos ha aumentado un 1,53% hasta 5.918 millones.

La igualdad de oportunidades
No todas las comunidades se han comportado igual en este periódico. Según el informe, que analiza desde 2009 hasta 2015, el Ministerio de Educación ha reducido más de la mitad el presupuesto de educación preuniversitaria, de 1.374 millones a 675.359. La autonomía que más ha subido el gasto en ese periodo es Aragón –con un 19,7% más hasta 1.080 millones- y la que más lo ha bajado Castilla La Mancha, con un 22,7% menos hasta 1.345.

Entre las partidas que han bajado están algunas de las destinadas a los alumnos con más dificultades, las de compensatoria y la de atención a la diversidad. “Ha habido un recorte especialmente significativo a los fondos que atienden a la equidad”, explica Miguel Recio, responsable de estudios de CC OO. El presupuesto para atención a la diversidad ha caído un 65% en el caso del Ministerio de Educación, que destinaba 72 millones en 2015. También en este caso hay una ampliación grande

Tres comunidades (Baleares, Asturias y Cantabria) aumentaron su presupuesto por encima del 50%. Donde más cayó, por encima del 20%, ha sido en Castilla La Mancha, Extremadura, Galicia, Cataluña, País Vasco y Aragón (ver gráfico).

Uno de cada cuatro profesores es interino, la cifra más alta de la crisis

https://politica.elpais.com/politica/2017/09/14/actualidad/1505406500_692287.html