_- Un estudio alerta de que España es el tercer país de la OCDE con más colegios gueto.

_- El informe, que analiza la situación de 64 países, 28 de ellos de la OCDE, pone de manifiesto que España es el que más segrega a los alumnos en centros según su renta familiar, por detrás de Turquía y Lituania

España es uno de los países europeos con mayor número de colegios gueto, situación que se da cuando el nivel de concentración de alumnado con bajos recursos socioeconómicos en un mismo centro supera el 50%. Es, por tanto, uno de los países que más divide a los estudiantes de primaria en diferentes centros educativos en función de su renta familiar, según un estudio pionero de la ONG Save the Children y el centro de estudios EsadeEcPol (dependiente de la escuela de negocios Esade), que analiza datos de 64 países. Esta segregación escolar genera que los alumnos más desaventajados se concentren en los mismos centros y vean reducidas sus posibilidades de relacionarse con niños de otros estratos sociales, lo que deriva en sociedades menos integradoras.

Los dos autores del estudio han analizado por primera vez los datos socioeconómicos del perfil de los alumnos que se desprenden del informe internacional TIMSS (Estudio de las Tendencias en Matemáticas y Ciencias, en sus siglas en inglés), que elabora desde 1995 y cada cuatro años la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA son sus siglas en inglés). El TIMSS mide las competencias en Matemáticas y Ciencias de los alumnos de 4º de primaria (niños de 10 años) de 64 países, 28 de ellos pertenecientes a la OCDE ―del total de 37 integran el organismo―. En esa comparativa internacional, uno de los apartados configura un índice socioeconómico construido a partir de tres componentes: el número de libros del hogar, la carencia de materiales escolares y el nivel educativo más elevado entre los dos progenitores del alumno. Con esas variables, se construye un índice para conocer el capital sociocultural y económico de las familias

Una vez analizados esos datos, los investigadores, Lucas Gortázar y Álvaro Ferrer, concluyen en el estudio, titulado Diversidad y libertad: reducir la segregación escolar respetando la capacidad de elección de centro, que España ocupa la tercera posición, por detrás de Turquía y Lituania, en segregación escolar en los colegios de primaria de los 64 países analizados ―de diferentes continentes y niveles de desarrollo, como Chile, Hungría, Alemania, Marruecos, Filipinas o Sudáfrica―.

El estudio se sustenta sobre un índice que mide la segregación del 0 al 1 donde la media de la OCDE se sitúa en 0,26. A la cabeza en desigualdad están Turquía (0,40), Lituania (0,34) y España (0,32), mientras que los que la presentan en menor medida son Finlandia (0,19), Dinamarca (0,20) y Japón (0,20). La Comunidad de Madrid es la única región de España que ofreció a TIMSS sus datos en abierto, y de ellos se desprende que en Primaria su índice de segregación es del 0,34, por encima del 0,32 de media de España.

En los últimos años, la Comisión Europea, el Comité de Derechos del Niño o la ONU han urgido a España a revisar y aprobar políticas que frenen la segregación escolar, que afecta al 46,8% de los centros educativos del país —9 de cada 10 son públicos—, según el estudio Magnitud de la segregación escolar por nivel socioeconómico, publicado en 2018 por dos investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid. Estos analizaron los datos socioeconómicos de los estudiantes reflejados en el informe PISA 2014, que mide las competencias en Matemáticas, Ciencias y comprensión lectora de los alumnos de secundaria de 15 años de los países de la OCDE. Este nuevo estudio de Save the Children y EsadeEcPol analiza por primera vez en España la segregación de los alumnos de primaria.

Lucas Gortázar, coautor del informe, expone: “En el debate político se ha puesto sobre la mesa el derecho que tienen las familias a elegir el centro educativo que quieren para sus hijos, pero la situación de segregación escolar en España pone de manifiesto que son necesarias políticas que aseguren una matriculación equilibrada tanto en centros públicos como concertados”. Los investigadores analizaron también los datos del perfil socioeconómico de los alumnos de 15 años del informe PISA 2018 y extrajeron que la Comunidad de Madrid es la región que registra una mayor segregación en la ESO (0,41), mientras otras comunidades como La Rioja (0,21), Cantabria (0,22) Aragón (0,23) presentan los niveles más bajos, similares a los de Canadá (0,23), Irlanda (0,23) o Noruega (0,20). La media de segregación por motivos socioeconómicos en la ESO de España (0,29) está al mismo nivel que la media del resto de países de la OCDE (0,29).

Segregación escolar socioeconómica en primaria
El problema, señala Álvaro Ferrer, coautor del informe, son las “dinámicas de huida que se generan” cuando las familias de clase media deciden a qué centros, mayoritariamente públicos, no quieren llevar a sus hijos por la alta concentración de alumnos con pocos recursos o inmigrantes. “Es muy importante que por parte de la Administración se trabaje con las familias autóctonas en los prejuicios que tienen con la diversidad de perfiles en las aulas, cuando la evidencia científica muestra que los estudiantes con progenitores con estudios superiores no ven afectado su rendimiento académico”.

En los últimos años, señala el informe, organismos internacionales como la OCDE o la UNESCO han alertado de los riesgos sociales y económicos que puede generar una “segregación escolar excesiva”. El hecho de que exista un amplio número de centros con una elevada proporción de alumnado vulnerable puede elevar las tasas de abandono escolar temprano ―jóvenes entre 18 y 24 años que no continuaron sus estudios y obtuvieron, como mucho, el título de la ESO; España está a la cabeza con un 16%, frente al 10% de media de la UE―, aumentar el desgaste y la desafección de estudiantes y profesores, y repercutir en la cohesión social o el mercado de trabajo.

Segregación escolar por origen inmigrante en primaria
Xavier Bonal, catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, cree que los alumnos “construyen sus objetivos vitales muy influenciados por los de sus compañeros de aula, si el alumnado de entorno desfavorecido no está expuesto a otro tipo de aspiraciones, probablemente se estanque”. La falta de diversidad en las clases puede afectar a la capacidad de aprendizaje de ese alumnado, a la probabilidad de que obtengan un título, e incluso a sus ingresos en la vida adulta.

Según dos investigaciones recientes, una de ellas dirigida por Xavier Bonal, la segregación escolar no se produce mayoritariamente en zonas periféricas deprimidas, sino dentro de barrios con una composición social diversa. “Hay escuelas que a una distancia de 100 metros son radicalmente distintas, puede que una de ellas concentre al alumnado inmigrante y acabe convertida en un gueto; las políticas de la Administración han sido insuficientes para frenar este fenómeno”, indica Bonal.

Para Gortázar y Ferrer, las políticas “juegan un papel muy importante”, y ponen como ejemplo el llamado sistema de elección controlada acuñado por la OCDE y puesto en marcha en países como Bélgica, en el que la Administración da a las familias la opción de escoger colegio con ciertas limitaciones y con mecanismos para asegurar la integración, como porcentajes máximos por centro de alumnos desaventajados, incentivos económicos para las escuelas que admiten a un mayor número de estos estudiantes o la eliminación de las cuotas (empleadas en la concertada).

Pauline Musset, analista de la OCDE, explica sobre el sistema Pupil Premium, que otorga una cuantía extra a los centros británicos por cada estudiante que percibe beca de comedor: “Cuando se da una libertad total de elección, hay más desigualdad y mayor segregación. Los países que han mejorado su diversidad en las aulas, como Reino Unido, han puesto en marcha sistemas de financiación extra, han dotado a esos centros de un mayor número de profesores y han reducido las ratios. Esta medida hace que para los colegios sea más atractivo escolarizar a alumnos con menos capital”.

Otro caso de éxito es el de Flandes (Bélgica), donde se ha puesto en marcha el llamado sistema de doble lista, que supone reservar plazas en el proceso de matriculación para alumnos con rentas bajas y altas, de modo que se garantiza la mezcla. En esta región, en ningún caso las familias son obligadas a matricular a sus hijos en determinados centros; a través de campañas informativas se anima a las familias a romper sus esquemas. En España, Cataluña es la primera autonomía que ha aprobado un pacto contra la segregación escolar que obliga a las escuelas a reservar un porcentaje de plazas para alumnos con pocos recursos o dificultades de aprendizaje.

Aunque la nueva ley educativa, Lomloe, aprobada el pasado noviembre, es la primera normativa estatal que aborda el problema de la segregación e incluye un paquete de medidas para frenarla, la decisión final está en manos de las autonomías, que son las que diseñan los procesos de admisión. Los autores del informe hacen una serie de recomendaciones, como organizar visitas para que familias de clase media conozcan escuelas de alta complejidad, dar soporte a esos centros para que puedan comunicar su proyecto educativo a la comunidad, o animar a progenitores socialmente aventajados a que elijan en grupo uno de esos centros para equilibrar su composición.

Mejora de la escuela pública
A la hora de escoger un centro, señala el informe, la escuela concertada presenta en España algunas ventajas, como la jornada escolar partida o un servicio de comedor más amplio. En el caso de la Comunidad de Madrid, un 60% de los colegios públicos ya han implantado la jornada continua (las clases terminan a las dos de la tarde), mientras que en la red concertada solo lo han hecho un 3%. “Las familias”, señala Xavier Bonal, “necesitan tener a sus hijos más horas en la escuela, además de por una cuestión de conciliación, por asegurarse de que las horas de la tarde van a estar bien empleadas. Los profesores que son funcionarios han luchado por conseguir la jornada continua, ignorando las consecuencias sobre el aprendizaje, sobre todo, de los más desaventajados”.

Sobre el comedor escolar, un 71,6% de los colegios públicos en España tiene este servicio, frente al 82,2% de los concertados y privados. En secundaria, solo un 11,4% de los públicos lo ofrece, frente al 85% de los concertados y privados. Solo un 2,9% del alumnado de la ESO en centros públicos hizo uso de este servicio el curso pasado, frente al 24% de los estudiantes de la concertada y la privada, según datos del Ministerio de Educación.

https://elpais.com/educacion/2021-04-28/espana-lidera-la-creacion-de-colegios-gueto-por-detras-de-turquia-y-lituania.html

Así se convierte un colegio en gueto. El 88,9% de los centros que reúnen el alumnado menos favorecido son de titularidad pública

“¿Cuántas veces lo hemos hablado? ¿Qué está fallando? No es algo que esté en nuestras manos”, dice una profesora a otra en el colegio público Juan Ramón Jiménez de Madrid. El centro es de los llamados línea uno —solo un aula de 25 estudiantes por cada nivel— y en la primera ronda de matriculaciones no consiguen llenar las plazas. El colegio, en cuyo patio hay una pequeña zona de juegos y una cancha, está en el distrito de Tetuán, donde la renta media anual de los hogares es de 32.624 euros. Sin embargo, en sus aulas no hay una representación equitativa de la realidad económica del barrio. Más del 50% de sus 205 alumnos reciben beca de comedor, lo que quiere decir que los ingresos familiares son de 9.000 euros al año o inferiores.

Muchas veces hacemos más de servicios sociales que de educadores”, comenta uno de los docentes que prefiere no dar su nombre. Han tenido casos de pobreza energética; alumnos que no han podido estudiar en casa por problemas con la calefacción. También con niños, de incluso siete años, que llegan y se van de la escuela con la llave de casa colgada del cuello porque nadie puede ir a recogerlos. Eso sumado a que durante el curso les llegan estudiantes inmigrantes que, en ocasiones, no conocen el idioma y ralentizan el ritmo de las clases, les ha generado un “problema de imagen”, y muchas familias del barrio se decantan por otros centros.

El Juan Ramón Jiménez, en el que el 95% de los alumnos son de origen inmigrante —de ellos el 50% han obtenido la nacionalidad española—, es un ejemplo de segregación escolar, que es la separación de los niños en diferentes centros educativos según su perfil socioeconómico. En concreto, es un colegio gueto, que, según la definición de la ONG Save the Children, se da cuando el nivel de concentración de alumnado con bajos recursos en un mismo centro supera el 50%.

En los últimos años, la Comisión Europea, el Comité de Derechos del Niño o la ONU han urgido a España a revisar y aprobar políticas que frenen la segregación escolar, que afecta al 46,8% de los centros educativos del país —nueve de cada diez son públicos—, según el estudio Magnitud de la segregación escolar por nivel socioeconómico, publicado en 2018 por dos investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid. En ese informe, se refleja una gran disparidad entre regiones: Baleares o Galicia presentan una baja segregación —entre Suecia y Finlandia, los países con la tasa más baja de la Unión Europea—, mientras en Madrid es “altísima” —entre Hungría y Rumanía, los dos países con la mayor tasa de la UE—



En los centros madrileños, la segregación ha aumentado un 35,8% en los últimos 10 años. Es muy complicado identificar una única causa de la segregación, pero los expertos consultados coinciden en que la raíz está en las políticas educativas diseñadas por los Gobiernos autonómicos. En el caso de la Comunidad de Madrid, sindicatos como CC OO y asociaciones de familiares de alumnos como la Fapa Giner de los Ríos denuncian que el Gobierno del PP les expulsó de las comisiones de escolarización en el año 2013. Esos organismos son los encargados de supervisar la distribución de los estudiantes y de decidir a qué centros enviar a los alumnos que se matriculan en convocatoria extraordinaria.

En 2013 la Comunidad de Madrid aprobó el decreto de libertad de elección de centro e introdujo una novedad: las direcciones de área territorial designarían a los integrantes de esas comisiones, que pasaron a llamarse Servicios de Apoyo a la Escolarización (SAE). “Funcionan de forma opaca y ya no podemos fiscalizar sus decisiones”, señala Aida San Millán, secretaria de juventud de CC OO. “Están perpetuando la situación de los centros gueto porque mandan a alumnado con necesidades especiales a los mismos centros. Tienen que equilibrar la balanza”, explica José Luis Pazos, expresidente de la Fapa



En el anteproyecto de la nueva ley de educación que se llevará al Consejo de Ministros para su aprobación en las próximas semanas hay un punto que regula precisamente esa práctica. La medida señala que los miembros de las comisiones de escolarización, en el caso de las familias de los estudiantes y del profesorado, tendrán que ser designados por esos mismos colectivos, y no por la Administración. Fuentes del ministerio informan de que esa nueva regulación busca paliar situaciones como la de Madrid.

El instituto madrileño Jaime Vera, cercano al estadio Santiago Bernabéu, no para de recibir alumnos hasta mayo. El 45% de sus estudiantes son inmigrantes, y solo el 50% de los que llegan a bachillerato se presentan a la Selectividad. Desde octubre hasta enero, la SAE les ha mandado 50 alumnos de origen extranjero. En el centro, nadie sabe si en otros institutos sucede lo mismo, pero reconocen que avanzar en el programa académico no es sencillo: han llegado a tener 27 nacionalidades y los problemas con el idioma dificultan la tarea. La solución no está en sus manos.

"LOS PROFESORES EVITAN ESOS COLEGIOS, Y LOS PROYECTOS EDUCATIVOS NO SON ESTABLES" “No sabemos si los docentes huyen de los centros escolares con altos niveles de segregación o directamente no los escogen, pero muchas veces están sobresaturados por la falta de medios para atender situaciones complicadas”, señala Álvaro Ferrer, coautor del estudio De la segregación socioeconómica a la educación inclusiva, de Save the Children. Según el informe, que analiza los datos del último informe PISA de 2015, ese tipo de centros disponen de menos recursos—un 40% de ellos no ofrecen actividades extraescolares— y el nivel formativo de los profesores es inferior.

El 36,2% de los docentes que dan clase en centros con bajos niveles de segregación tienen estudios de posgrado, mientras que en los de alta, ese porcentaje se reduce al 5,8%. Además, participan cuatro veces menos en programas de formación permanente. La alta movilidad del profesorado en esos centros imposibilita el desarrollo de proyectos educativos estables que puedan atraer a diferentes perfiles de alumnado. “Las familias catalogan el colegio como no deseable y acaba estigmatizado”, apunta Ferrer.

Entre las recomendaciones a las Administraciones, la ONG cree que es vital fortalecer las comisiones de escolarización para que aseguren prácticas inclusivas. El 88,9% de los centros gueto en España son de titularidad pública.

https://elpais.com/sociedad/2019/01/25/actualidad/1548418486_217240.html?rel=mas