Polonia estrecha el cerco contra los historiadores del Holocausto

La condena contra dos investigadores y el interrogatorio a una periodista desatan las protestas de organizaciones internacionales que investigan la Segunda Guerra Mundial

La historia de la  Segunda Guerra Mundial en Polonia, sobre todo de la persecución de los judíos por parte de sus vecinos católicos, sigue arrojando numerosos espacios de sombra dado que se trata de un campo de investigación reciente, en el que solo se ha podido avanzar con amplio acceso a testigos y documentos después de la caída del régimen comunista en 1989. Sin embargo, el Gobierno ultranacionalista polaco de Ley y Justicia (PiS), en el poder desde 2015, ha lanzado una ofensiva legislativa contra la investigación independiente que se ha traducido en una primera  condena contra dos historiadores, conocida este martes, y el interrogatorio a una periodista por parte de la policía.

Dos investigadores respetados internacionalmente, Jan Grabowski, profesor de la Universidad de Ottawa y premio Yad Vashem por sus trabajos sobre la Shoah, y Barbara Engelking, directora del Centro Polaco de Investigación del Holocausto, fueron condenados este martes a rectificar un párrafo de un ensayo de 1.600 páginas titulado Noche sin fin: el destino de los judíos en la Polonia ocupada. Deberán rectificar y disculparse, aunque no pagar la multa de 22.000 euros que pedía la demandante. Sin embargo, Grabowski considera que la sentencia causa un daño enorme a la investigación del Holocausto.

En el libro, sostienen que el alcalde del pueblo de Malinowo, en el noroeste de Polonia, Edward Malinowski, robó a una mujer judía a la que rescató y entregó a los ocupantes nazis a judíos escondidos en un bosque. Los investigadores fueron denunciados por la sobrina de 80 años del alcalde, Filomena Leszczynska, que contó con el apoyo de organismos cercanos a Ley y Justicia, como la Liga Polaca contra la Difamación y el Instituto Nacional de la Memoria. El Gobierno ha declarado que no tiene nada que ver con el juicio, que se apoya sin embargo en una ley de 2018 promovida desde el Ejecutivo que condena los “insultos públicos a la nación polaca” y que fue rebajada después de las protestas internacionales y de un conflicto diplomático con Israel.

Por otro lado, la periodista  Katarzyna Markusz, colaboradora en la web jewish.pl y que escribe para la Jewish Telegraphic Agency, fue interrogada por la policía el jueves de la semana pasada por orden del fiscal de un distrito de Varsovia. Según relataba este miércoles por correo electrónico la propia Markusz, se la acusa de insultos contra la nación polaca por haber escrito esta pregunta en un artículo para la publicación Krytyka Polityczna: “¿Viviremos para ver el día en que las autoridades polacas admitan que entre los polacos, en general, no había simpatía por los judíos y que la participación polaca en el Holocausto es un hecho histórico?”.

“Cuando me preguntó la policía si había querido insultar a la nación polaca, aseguré que este artículo no pretende insultar a nadie”, relata Markusz, de 39 años. “Hubo polacos que traicionaron a los judíos y otros que les hicieron daño. Son hechos históricos. Es como si los alemanes se enfureciesen porque alguien escribe que invadieron Polonia el 1 de septiembre de 1939. Puedo decir que estoy orgullosa de que se me acuse conforme al mismo apartado (art. 133 pt. 1 del Código Penal) que al profesor Jan Tomasz Gross”.

La periodista se refiere al primer caso sonado de la ofensiva ultranacionalista contra la investigación histórica en Polonia: Jan T. Gross publicó en un 2001 un libro que tuvo una enorme repercusión, Vecinos, en el que relataba el pogromo de Jedwabne, en 1941, atribuido durante décadas a los nazis, pero que Gross demostró que fue perpetrado por sus vecinos católicos. Desde entonces, la bibliografía sobre las persecuciones de judíos por parte de polacos ha aumentado considerablemente e incluso es el tema de fondo del filme Ida, de Pawel Pawlikowski, que ganó el Óscar a la Mejor Película Extranjera y que fue repudiado por el Gobierno.

Pocas horas después del veredicto, Grabowski expresaba por teléfono desde Varsovia, donde se encuentra actualmente, que “la sentencia supone un problema muy grave para todos los historiadores del Holocausto en Polonia, pero también en el extranjero”. No quiso extenderse mucho en sus respuestas, porque su abogado pretende recurrir la sentencia, aunque señaló que “se trata de un asunto que nunca debería haber llegado a un tribunal porque no son los tribunales los que deben establecer lo que es cierto o no en términos históricos”.

Numerosos centros de investigación del Holocausto –el Yad Vashem de Jerusalén, el Centro Simon Wiesenthal, la Fundación por la Memoria de la Shoah de París, la Asociación de Estudios Eslavos y de Europa del Este, la Asociación Histórica Americana, la Asociación de Estudios Polacos con sede en París, además de la comunidad judía de Varsovia– mostraron su apoyo público a los historiadores antes de la sentencia y consideran, en palabras de la Fundación por la Memoria de la Shoah, que el proceso “representa una caza de brujas” que “tendrá un efecto pernicioso sobre el corazón mismo de la investigación histórica”. La investigadora estadounidense Deborah E. Lipstadt, experta en el negacionismo del Holocausto, escribió en su cuenta de Twitter: “Polonia se dedica a negar el Holocausto de forma suave. No niega el genocidio. Solo reescribe el papel de algunos polacos en él... y castiga a los historiadores que dicen la verdad”.

El Yad Vashem, que además de museo del Holocausto es uno de los grandes centros de estudio de la Shoah en el mundo, emitió este jueves un comunicado en el que mostraba su “profunda preocupación” por el veredicto. “La investigación histórica debe reflejar la compleja realidad de un periodo determinado, basándose en el análisis escrupuloso de la documentación existente, como se ha hecho en este riguroso libro de los dos investigadores. Como toda investigación, este volumen sobre el destino de los judíos durante el Holocausto forma parte de un debate en curso y, como tal, está sujeto a críticas en el ámbito académico, pero no en los tribunales. La documentación existente, junto con muchas décadas de investigación histórica, demuestra que bajo la draconiana ocupación alemana nazi de Polonia y, a pesar del sufrimiento generalizado del pueblo polaco bajo esa ocupación, hubo polacos que participaron activamente en la persecución de los judíos y en su asesinato”.

Sostiene Katarzyna Markusz: “Es evidente que el Gobierno polaco quiere silenciar a los historiadores y periodistas que pretenden escribir la verdad sobre el Holocausto: hubo polacos que atacaron a los judíos durante la guerra. Es un hecho. ¿Por qué se nos persigue por decir esto?”. Grabowski, de 57 años, señala por su parte: “Esta sentencia representa un jarro de agua fría sobre lo que los estudiantes polacos y los historiadores pueden hacer. Estoy muy preocupado y soy muy pesimista”.

Víctimas y verdugos
Polonia fue uno de los países que más sufrió durante la larga noche del terror nazi. Ocupada desde el principio del conflicto por nazis y soviéticos, seis millones de polacos fueron asesinados por el Tercer Reich, entre ellos tres millones de judíos. La Alemania nazi instaló en su territorio seis campos de exterminio, en cuyo funcionamiento los polacos no tuvieron nada que ver. Es más, fueron víctimas en ellos: Auschwitz, por ejemplo, se abrió como un campo de concentración destinado primero a polacos y prisioneros soviéticos. Tampoco hubo un Gobierno colaboracionista y la resistencia fue constante. Polonia es, además, el país del mundo que tiene más Justos entre las Naciones reconocidos por el Yad Vashem:  7.112 personas que se jugaron la vida, o la perdieron, ayudando a judíos. Se trata de hechos que forman parte del consenso sobre la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, sobre todo a partir de 1989 con el final de la dictadura comunista, también es un hecho reconocido por todos los expertos en la Shoah que ciudadanos polacos asesinaron, robaron, chantajearon, denunciaron y persiguieron a judíos durante y después del conflicto y que además colaboraron con los nazis en su asesinato —no en los campos de exterminio, pero sí en pogromos, guetos y fusilamientos—. Lo prueban miles de documentos y testimonios. Grabowski cree que la cifra que proporcionó en un libro anterior de 200.000 judíos asesinados por polacos es conservadora. Se trata de un hecho investigado por historiadores como Havi Dreifuss,  Anna Bikont,Anna Bikont, Engelking, Gross o el propio Grabowski, que además aparece en numerosos ensayos clásicos sobre el Holocausto de autores como Timothy Snyder, Keith Lowe, Raul Hilber o Tony Judt. Nadie en el mundo académico lo duda. Sin embargo, en la Polonia del siglo XXI se puede ser juzgado o interrogado por la policía por afirmarlo.

https://elpais.com/internacional/2021-02-10/polonia-estrecha-el-cerco-contra-los-historiadores-del-holocausto.html

Así se convierte un colegio en gueto. El 88,9% de los centros que reúnen el alumnado menos favorecido son de titularidad pública

“¿Cuántas veces lo hemos hablado? ¿Qué está fallando? No es algo que esté en nuestras manos”, dice una profesora a otra en el colegio público Juan Ramón Jiménez de Madrid. El centro es de los llamados línea uno —solo un aula de 25 estudiantes por cada nivel— y en la primera ronda de matriculaciones no consiguen llenar las plazas. El colegio, en cuyo patio hay una pequeña zona de juegos y una cancha, está en el distrito de Tetuán, donde la renta media anual de los hogares es de 32.624 euros. Sin embargo, en sus aulas no hay una representación equitativa de la realidad económica del barrio. Más del 50% de sus 205 alumnos reciben beca de comedor, lo que quiere decir que los ingresos familiares son de 9.000 euros al año o inferiores.

Muchas veces hacemos más de servicios sociales que de educadores”, comenta uno de los docentes que prefiere no dar su nombre. Han tenido casos de pobreza energética; alumnos que no han podido estudiar en casa por problemas con la calefacción. También con niños, de incluso siete años, que llegan y se van de la escuela con la llave de casa colgada del cuello porque nadie puede ir a recogerlos. Eso sumado a que durante el curso les llegan estudiantes inmigrantes que, en ocasiones, no conocen el idioma y ralentizan el ritmo de las clases, les ha generado un “problema de imagen”, y muchas familias del barrio se decantan por otros centros.

El Juan Ramón Jiménez, en el que el 95% de los alumnos son de origen inmigrante —de ellos el 50% han obtenido la nacionalidad española—, es un ejemplo de segregación escolar, que es la separación de los niños en diferentes centros educativos según su perfil socioeconómico. En concreto, es un colegio gueto, que, según la definición de la ONG Save the Children, se da cuando el nivel de concentración de alumnado con bajos recursos en un mismo centro supera el 50%.

En los últimos años, la Comisión Europea, el Comité de Derechos del Niño o la ONU han urgido a España a revisar y aprobar políticas que frenen la segregación escolar, que afecta al 46,8% de los centros educativos del país —nueve de cada diez son públicos—, según el estudio Magnitud de la segregación escolar por nivel socioeconómico, publicado en 2018 por dos investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid. En ese informe, se refleja una gran disparidad entre regiones: Baleares o Galicia presentan una baja segregación —entre Suecia y Finlandia, los países con la tasa más baja de la Unión Europea—, mientras en Madrid es “altísima” —entre Hungría y Rumanía, los dos países con la mayor tasa de la UE—



En los centros madrileños, la segregación ha aumentado un 35,8% en los últimos 10 años. Es muy complicado identificar una única causa de la segregación, pero los expertos consultados coinciden en que la raíz está en las políticas educativas diseñadas por los Gobiernos autonómicos. En el caso de la Comunidad de Madrid, sindicatos como CC OO y asociaciones de familiares de alumnos como la Fapa Giner de los Ríos denuncian que el Gobierno del PP les expulsó de las comisiones de escolarización en el año 2013. Esos organismos son los encargados de supervisar la distribución de los estudiantes y de decidir a qué centros enviar a los alumnos que se matriculan en convocatoria extraordinaria.

En 2013 la Comunidad de Madrid aprobó el decreto de libertad de elección de centro e introdujo una novedad: las direcciones de área territorial designarían a los integrantes de esas comisiones, que pasaron a llamarse Servicios de Apoyo a la Escolarización (SAE). “Funcionan de forma opaca y ya no podemos fiscalizar sus decisiones”, señala Aida San Millán, secretaria de juventud de CC OO. “Están perpetuando la situación de los centros gueto porque mandan a alumnado con necesidades especiales a los mismos centros. Tienen que equilibrar la balanza”, explica José Luis Pazos, expresidente de la Fapa



En el anteproyecto de la nueva ley de educación que se llevará al Consejo de Ministros para su aprobación en las próximas semanas hay un punto que regula precisamente esa práctica. La medida señala que los miembros de las comisiones de escolarización, en el caso de las familias de los estudiantes y del profesorado, tendrán que ser designados por esos mismos colectivos, y no por la Administración. Fuentes del ministerio informan de que esa nueva regulación busca paliar situaciones como la de Madrid.

El instituto madrileño Jaime Vera, cercano al estadio Santiago Bernabéu, no para de recibir alumnos hasta mayo. El 45% de sus estudiantes son inmigrantes, y solo el 50% de los que llegan a bachillerato se presentan a la Selectividad. Desde octubre hasta enero, la SAE les ha mandado 50 alumnos de origen extranjero. En el centro, nadie sabe si en otros institutos sucede lo mismo, pero reconocen que avanzar en el programa académico no es sencillo: han llegado a tener 27 nacionalidades y los problemas con el idioma dificultan la tarea. La solución no está en sus manos.

"LOS PROFESORES EVITAN ESOS COLEGIOS, Y LOS PROYECTOS EDUCATIVOS NO SON ESTABLES" “No sabemos si los docentes huyen de los centros escolares con altos niveles de segregación o directamente no los escogen, pero muchas veces están sobresaturados por la falta de medios para atender situaciones complicadas”, señala Álvaro Ferrer, coautor del estudio De la segregación socioeconómica a la educación inclusiva, de Save the Children. Según el informe, que analiza los datos del último informe PISA de 2015, ese tipo de centros disponen de menos recursos—un 40% de ellos no ofrecen actividades extraescolares— y el nivel formativo de los profesores es inferior.

El 36,2% de los docentes que dan clase en centros con bajos niveles de segregación tienen estudios de posgrado, mientras que en los de alta, ese porcentaje se reduce al 5,8%. Además, participan cuatro veces menos en programas de formación permanente. La alta movilidad del profesorado en esos centros imposibilita el desarrollo de proyectos educativos estables que puedan atraer a diferentes perfiles de alumnado. “Las familias catalogan el colegio como no deseable y acaba estigmatizado”, apunta Ferrer.

Entre las recomendaciones a las Administraciones, la ONG cree que es vital fortalecer las comisiones de escolarización para que aseguren prácticas inclusivas. El 88,9% de los centros gueto en España son de titularidad pública.

https://elpais.com/sociedad/2019/01/25/actualidad/1548418486_217240.html?rel=mas