Hasta 60 millones de euros de multa para quienes se autoabastezcan de electricidad sin pagar a Iberdrola.

La nueva reforma energética del Gobierno tendrá muchos efectos colaterales. Entre ellos la de crear un nuevo colectivo de forajidos: los “delincuentes solares”. Así se desprende del Real Decreto (RD) sobre autoconsumo y producción con autoconsumo hecho público. En el mismo, quien tenga una placa solar en su tejado o cualquier otro sistema de producción de electricidad renovable propio deberá registrarse para empezar a pagar el nuevo “peaje de respaldo” (término acuñado por Iberdrola). Quien no lo haga podrá ser sancionado hasta con 60 millones de euros.

Es evidente la desproporción de la medida y solo puede responder a la exigencia de las grandes compañías eléctricas, con Iberdrola a la cabeza (#Tepillamosiberdrola). La intención es cortar de raíz cualquier posibilidad de autonomía energética de los consumidores, lo que iría en contra de los intereses económicos de Iberdrola y del resto de compañías de UNESA. Ya solo faltaría que cada vez más ciudadanos se pusieran a generar su propia electricidad en casa (que ahora es más barata) y dejarán de consumir la que procede de las centrales térmicas de gas, carbón o nucleares de estas grandes empresas. ¡Qué osadía!

Este RD tendrá consecuencias. La primera: muchas personas directamente quitarán las placas solares de sus tejados. Aunque también, tendrá el efecto contrario: hará que otros decidan no cumplir la norma y pasarán a ser considerados como delincuentes solares. A pesar de que el sol pertenece a todos, España pasará a ser el primer país del mundo donde éste no pueda usarse libremente. Y esto gracias a Iberdrola y a UNESA. Pero lo peor es que ha sido ratificado mediante texto legal por nuestro Gobierno.

Por desgracia el RD sobre autoconsumo no es el único que pretende terminar con el futuro renovable y sostenible de nuestro país. En dos semanas el Gobierno, vía la Comisión Nacional de Energía, ha remitido 14 textos normativos que quieren ser la reforma energética “definitiva”. En un ejercicio de falta de transparencia y participación pretenden que ciudadanos y consumidores aceptemos un despropósito de tal calibre. De ser finalmente validadas estas normas y leyes, nos harán retroceder al vagón de cola en cuestiones de energía. Por eso, Greenpeace y el resto de organizaciones ecologistas han hecho saber al Gobierno su rechazo frontal a la reforma. Desde Greenpeace vamos a seguir trabajando para devolver a España a la senda que lideró, y que ahora es seguida por países como Alemania o Dinamarca. Esto es, alcanzar un sistema energético eficiente, inteligente y 100% renovable lo antes posible.

Julio Barea @juliobarea, responsable de la campaña de Energía y Cambio Climático de Greenpeace. Fuente: ECOagricultor el 3 agosto, 2013 en Blog, Medio Ambiente .

¿Alguien se pregunta si una ley es justa?

Un buen pacto sobre la educación sería hoy tan importante como algunos acuerdos de la Transición.

“Ya no nos preguntamos nunca si una sentencia judicial o un acto legislativo es bueno. ¿Es imparcial?, ¿es justo?, ¿es correcto? ¿Ayudará a construir una sociedad mejor?”. No son preguntas ingenuas, impropias de ciudadanos de democracias maduras. Tony Judt, que realizó esa reflexión, no era un ingenuo, sino un intelectual valioso, a cuyos libros regresamos, agobiados y desconcertados, en busca de su análisis y de su inspiración. “Esas solían ser las auténticas preguntas de índole política, incluso aunque no invitaran a respuestas fáciles. Debemos aprender de nuevo a plantearlas”.

En ningún caso serían más oportunas esas preguntas que en materia de leyes sobre la educación. Un buen pacto sobre la educación, capaz de mejorar la calidad de la enseñanza, la formación de los profesores y la apreciación social de ese profesorado sería hoy tan importante como lo fueron algunos acuerdos de la Transición. De hecho, el mayor fracaso que puede haber para la generación que hizo aquella transición es el fracaso del pacto educativo. No puede existir una mayor decepción para esa generación, al margen de su raíz ideológica, que comprobar impotente cómo la organización educativa termina por acentuar las desigualdades. Qué mayor fracaso para todos que un joven o una muchacha que, estando capacitado, no continúa sus estudios por falta de recursos familiares y de apoyo social.

¿Es buena?, ¿es correcta?, ¿será justa la nueva Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa? ¿Ayudará a construir una sociedad mejor? De momento cabe decir que es una ley que puede nacer con el apoyo de un único partido, con mayoría absoluta parlamentaria, pero con el rechazo de la mayoría de profesores, padres y alumnos y de la oposición en pleno. Una vez más, la educación corre el riesgo de quedar regulada por las opiniones de un partido concreto y no por intereses generales.

No sería la primera vez, cierto, pero en esta ocasión el desacuerdo es todavía más amargo porque la sociedad atraviesa una crisis dramática que ha dejado en evidencia las carencias del sistema y porque la necesidad del acuerdo es más evidente que nunca. Tenemos la generación de jóvenes mejor preparada de nuestra historia, sin duda, pero también una generación con un porcentaje intolerable de jóvenes con formación claramente insuficiente o inadecuada. Son estos últimos quienes han sido enviados masivamente al paro, sin que tengan instrumentos para lograr su recuperación laboral.

La educación tiene una clara raíz política, pero esas tensiones ideológicas no impidieron en su día un primer consenso, en la difícil etapa de la Constitución. Los artículos relativos a la educación fueron uno de los principales escollos para alcanzar el pacto y exigieron un debate laborioso y difícil. Quizá no esté de más recordar que la defensa de los textos finalmente pactados se confió al entonces diputado de la Minoría Catalana Miquel Roca, y que fueron UCD y PSOE conjuntamente los que rechazaron cuarenta enmiendas en el Senado. Allí se pactó el elemento más intratable de un acuerdo para la educación ente socialistas y democristianos: la financiación de las escuelas religiosas. Entonces fue posible.

Las tensiones ideológicas no han impedido en otros países establecer pautas compartidas para el desarrollo de los acuerdos constitucionales. ¿Acaso no existe una derecha conservadora en Francia? ¿No hay liberales y socialistas en Finlandia? ¿No existen Estados federados con soberanía compartida? ¿Cuál es nuestro fallo? ¿Están implicados en España intereses más brutales que en esos otros países?

Quizá el pacto sobre el desarrollo constitucional de la educación no es posible porque no existe suficiente presión social al respecto, porque la sociedad española no tiene el mismo aprecio por la educación que en esas otras sociedades. Es posible, pero en ese caso la responsabilidad de los agentes políticos sería aún mayor, porque su primera obligación sería precisamente promover ese debate y cambiar esa apreciación social. ¿Se pregunta hoy algún gobernante si la nueva ley será justa? ¿Es eso incompatible con la ideología?, ¿o con los intereses?
solg@elpais.es




Ver aquí más sobre la Ley Wert, el propio proyecto, el vídeo de El País y más información.

(Foto, cumpleaños de Rosa, lo celebró con amigas en Nueva York)

La Iglesia Católica se hace dueña de propiedades municipales o populares inscribiendo a su nombre esas propiedades con la firma del obispo. Lo que lo hizo posible una ley del gobierno de Aznar. "Es un problema nacional y el Estado debe afrontarlo", asegura un sacerdote que lo considera totalmente injusto.

Pedro Leoz (1930, Cáseda, Navarra) es sacerdote diocesano. Fue muchos años misionero en El Salvador. Ahora jubilado, mantiene con el obispado de Pamplona una relación "puramente económica" que en algún momento se vio interrumpida. La Iglesia abona el complemento de su pensión, pero se lo retiró inopinadamente durante un año, dejándole una magra paga. "Eso es por mi relación con la Plataforma para la Defensa del Patrimonio Navarro [www.plataforma-ekimena.org]", dice, "que lucha por que las iglesias y otros templos sean de los pueblos".
Pregunta. Pero cientos de edificios, algunos civiles, pertenecen a las diócesis...
Respuesta. Una vez que obtienen la titularidad pueden vender, alquilar e hipotecar; tres razones del evangelio, como se ve. Incluso afrontar pagos, como ha pasado en EE UU, donde las indemnizaciones por pederastia han diezmado las arcas.
P. En Navarra hay mucha documentación sobre las inmatriculaciones del obispado. Ustedes han escrito un libro que lo recoge, Escándalo monumental...
R. Sí, pero esto es un problema nacional, y así hay que afrontarlo. Ocurre en Salamanca, León, Valencia, Extremadura. En la plataforma recibimos peticiones de ayuda y asesoramiento de todas partes. La lucha debe ser colectiva, afecta a pueblos muy pequeños sin capacidad para afrontar los pleitos solos. El Estado español es quien debe afrontarlo, se trata de un inmenso patrimonio cultural y el fenómeno está muy extendido.
P. Pero la Iglesia argumenta que está inscribiendo estos edificios porque le son propios.
R. Bueno, también inscriben casas, escuelas. Las iglesias se han construido con las aportaciones del pueblo y con el trabajo de la gente. ¿Qué han producido ellos para poder construir tanto? Y además, inscriben la propiedad de los templos gracias a una ley que es inconstitucional. Cuarenta años de franquismo han dejado un poso profundo y no todo el mundo se atreve a enfrentarse con la Iglesia, a plantear una cuestión de inconstitucionalidad. Seguir en "El País"