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sábado, 16 de julio de 2011

La Iglesia Católica se hace dueña de propiedades municipales o populares inscribiendo a su nombre esas propiedades con la firma del obispo. Lo que lo hizo posible una ley del gobierno de Aznar. "Es un problema nacional y el Estado debe afrontarlo", asegura un sacerdote que lo considera totalmente injusto.

Pedro Leoz (1930, Cáseda, Navarra) es sacerdote diocesano. Fue muchos años misionero en El Salvador. Ahora jubilado, mantiene con el obispado de Pamplona una relación "puramente económica" que en algún momento se vio interrumpida. La Iglesia abona el complemento de su pensión, pero se lo retiró inopinadamente durante un año, dejándole una magra paga. "Eso es por mi relación con la Plataforma para la Defensa del Patrimonio Navarro [www.plataforma-ekimena.org]", dice, "que lucha por que las iglesias y otros templos sean de los pueblos".
Pregunta. Pero cientos de edificios, algunos civiles, pertenecen a las diócesis...
Respuesta. Una vez que obtienen la titularidad pueden vender, alquilar e hipotecar; tres razones del evangelio, como se ve. Incluso afrontar pagos, como ha pasado en EE UU, donde las indemnizaciones por pederastia han diezmado las arcas.
P. En Navarra hay mucha documentación sobre las inmatriculaciones del obispado. Ustedes han escrito un libro que lo recoge, Escándalo monumental...
R. Sí, pero esto es un problema nacional, y así hay que afrontarlo. Ocurre en Salamanca, León, Valencia, Extremadura. En la plataforma recibimos peticiones de ayuda y asesoramiento de todas partes. La lucha debe ser colectiva, afecta a pueblos muy pequeños sin capacidad para afrontar los pleitos solos. El Estado español es quien debe afrontarlo, se trata de un inmenso patrimonio cultural y el fenómeno está muy extendido.
P. Pero la Iglesia argumenta que está inscribiendo estos edificios porque le son propios.
R. Bueno, también inscriben casas, escuelas. Las iglesias se han construido con las aportaciones del pueblo y con el trabajo de la gente. ¿Qué han producido ellos para poder construir tanto? Y además, inscriben la propiedad de los templos gracias a una ley que es inconstitucional. Cuarenta años de franquismo han dejado un poso profundo y no todo el mundo se atreve a enfrentarse con la Iglesia, a plantear una cuestión de inconstitucionalidad. Seguir en "El País"