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miércoles, 21 de febrero de 2024

_- UNIVERSIDAD. Sagas familiares en la universidad: 50 carreras científicas construidas con un pariente.

_- La Oficina Española de Integridad en la Investigación ha recopilado casos de investigadores que firman artículos de forma constante con sus allegados y se plantea si los campus deberían limitar estas prácticas

Sagas familiares en la universidad: 50 carreras científicas construidas con un pariente La Oficina Española de Integridad en la Investigación ha recopilado casos de investigadores que firman artículos de forma constante con sus allegados y se plantea si los campus deberían limitar estas prácticas.

José Antonio Sotelo, catedrático de Geografía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), resume en una frase la trayectoria de su familia: “Todo lo relacionado con nuestra actividad profesional se halla sustentado en la estricta legalidad vigente”. Él coordina un doctorado del Instituto de Ciencias Ambientales que dirigió y que ahora lidera su hijo Ignacio. Este, licenciado en Derecho aunque con sendas tesis en Derecho (2019) y Geografía (2020), una codirigida y otra dirigida por su padre, trabaja como profesor ayudante doctor, un puesto abajo del escalafón académico pero suficiente para ocupar el cargo directivo. “Fue un proceso electoral en toda regla, con calendario, presentación de candidaturas, día de votaciones...”, explica la UCM. Según el portal de la universidad, ha firmado 13 de sus 38 artículos con su padre y su hermana María, y otros 17 solo con ella, ahora profesora en la Universidad Rey Juan Carlos. María, por su parte, signa otros 12 artículos con su padre entre otros autores. Los tres aparecen como vocales de la Real Sociedad Geográfica.

La ley española permite que un alto porcentaje de la producción científica de un investigador sea hecha junto a los familiares más próximos, como en el caso de los Sotelo, que un familiar le dirija la tesis doctoral o que lo incluya en su grupo de investigación de una universidad pública. No avala, sin embargo, que le evalúe la tesis, sea miembro del tribunal de una plaza o de un concurso de adjudicación de recursos (sufragados con los impuestos). La Oficina Española de Integridad en la Investigación (OEII), conformada por investigadores que persiguen malas prácticas científicas, se plantea si no hay un trato de desigualdad ―y, por tanto, la universidad debería limitar estos hábitos―, y ha recopilado y cruzado con datos públicos las trayectorias de más de 50 personas que confirman de forma constante con sus familiares. Las prácticas recogidas en este reportaje se enmarcan en la legalidad, pero plantean debates sobre la meritocracia y la igualdad de oportunidades.

La física Teresa Serrano, exdirectora general de Investigación y Transferencia del Conocimiento de Andalucía con el PP, tiene una extensísima red de publicaciones con su familia. Ahora es directora de un instituto del CSIC en Sevilla, puesto que antes ocupó su pareja, Bernabé Linares; ambos dan clase en la Universidad de Sevilla. Según el catálogo OpenAlex, ella comparte 21 artículos con su hermano ―que ahora está en la empresa privada―, 215 con su marido y 15 con su cuñado Alejandro, catedrático de la misma universidad. Los hermanos entre sí colaboran en 25, y Linares con su cuñado, en 14. Al grupo se suma ahora, con tres artículos en común, su hijo, quien, tras ganar el premio de mejor trabajo fin de grado de una ingeniería de Andalucía y tener un contrato en prácticas en el instituto de sus padres, hace el doctorado en la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, donde trabajó el matrimonio.

Linares explica que su mujer fue su primera doctoranda y firman con muchos hermanos porque todos estudiaron lo mismo. “En nuestro instituto hay varios casos de parejas que colaboran y forman parte del mismo grupo. Es verdad que somos muy productivos [su pareja y él], y llama la atención el elevado número de publicaciones en común, pero es tan solo el reflejo de colaboraciones reales”. A su mujer le preocupa que se ponga en duda su reputado trabajo y recuerda al matrimonio Curie: “Es frecuente que entre los científicos se termine compartiendo trabajos y vidas, quizá por su sacrificio en horas, que hace que muchas veces no sea fácil de compartir vida”.

El fraude continuado en el sistema de publicaciones científicas La colaboración entre miembros de una familia puede resultar muy fecunda, de hecho en Estados Unidos se fomentan las carreras de matrimonios (dual career). Hay al menos cinco parejas que han ganado el Nobel (dos de Medicina y una de Física, Química y Economía) y hay científicos más brillantes que sus padres. Pero, ¿dónde está el límite que separa la cooperación del trato de favor? En el sector privado hay medidas para prevenirlo en sus códigos de ética y conducta. En el Grupo FCC se necesita autorización de recursos humanos. En Nestlé y el BBVA, un trabajador no puede postularse a un puesto en el que el familiar es jefe. “Si en una unidad coincides con un familiar y alguno de vosotros sois el superior jerárquico o funcional del otro, trasladaremos a uno de vosotros”, dice el reglamento interno del Banco Santander.

La ley española permite que los campus impongan requisitos adicionales para ser director de tesis, y la Universidad de Valladolid prohibió hace un par de años que este sea pariente del autor. “Un director no solamente dirige, sino que también evalúa anualmente al doctorando, y ahí los servicios jurídicos veían motivo de incompatibilidad”, cuentan desde su escuela de doctorado. Almudena Recio, experta en marketing y ahora en la empresa privada, no tuvo ese problema. Se formó fuera de la Universidad de Almería, pero su madre, Victoria Román, exdirectora general de Universidades de Andalucía con el PSOE, le dirigió la tesis. “Accedió [a la escuela de doctorado] cumpliendo las normas”, explica su madre. Ambas, con su padre, Manuel Recio, también profesor titular allí de Economía y exconsejero de Empleo de Andalucía (está imputado en el caso de los ERE), cofirman sus nueve artículos, según Google Scholar, y cuatro de ellos conforman la tesis por compendio de la hija. “Ella no ha hecho toda su carrera a la vera de su padre y de su madre, si con ello ha de entenderse que ha recibido un trato de favor”, asegura la madre.

En la Universidad de Granada también han puesto un freno: “No se aceptarán propuestas de tribunales cuando alguno de los miembros presenten con los autores de las tesis o los directores un vínculo matrimonial (...) o parentesco de consanguinidad”. Eso no ocurre en la Universidad de Valencia, donde los catedráticos Guillermina Font y Jordi Mañes se han jubilado en el departamento de Medicina Preventiva, en el que su hija Lara Manyes i Font es profesora titular desde los 37 años. Ella, que se doctoró en Salamanca (2012), entre 2015 y 2022 ha participado como directora o coordinadora de ocho tesis ―dos con su madre y una con su padre como codirectores―y siempre ha estado al frente del tribunal el otro progenitor. “Estuve en el paro al acabar la tesis, trabajando para una empresa relacionada con la investigación un año, y luego cuatro años de investigadora junior con contrato a media jornada en los años más duros de la crisis”, relata Manyes, quien en las últimas elecciones municipales ocupó el puesto número dos de la lista de Podem y Esquerra Unida PV a la alcaldía de Valencia tras Pilar Lima.

Esta implicación en la dirección de ocho tesis puede suponer para Manyes, que ha sido presidenta del comité de empresa de la Universidad de Valencia (CC OO), puntos en cualquier concurso de méritos. Ella ha publicado, según Rerearch Gate, 47 artículos, papers y pósters de congreso con su madre, 16 con su padre, 2 con ambos y 30 con otros autores. “En los proyectos de investigación [dirigidos por mis padres] participábamos una media de 10-12 investigadores predoctorales, investigadores posdoctorales, profesores titulares y catedráticos del departamento, publicando todos prácticamente al mismo nivel”, relata Manyes. Los progenitores contestan a preguntas de este diario con un resumen escrito de sus reputadas trayectorias científicas.

Se suele repetir el mismo patrón dentro de la legalidad. El familiar de más edad es el director del grupo de investigación o departamento y tiene a sus órdenes a personas que se sientan junto a su hijo o hermano y comparten quehaceres. El joven pronto firma artículos y esos méritos les abren la puerta de una beca para hacer la tesis, un contrato temporal o una estancia en el extranjero. Y a medida que teje su red de contactos, suele publicar menos con sus parientes y lidera sus propios proyectos.

En 2010, Luis Sanz Menéndez, profesor de investigación del Instituto de Políticas y Bienes Públicos, publicó un estudio en el que casi uno de cada cuatro científicos encuestados (un total de 1.583) tenía un familiar de primer grado trabajando en su misma universidad pública o el CSIC. “Lo que está claro es que hay un origen social en el proceso de acceso a la universidad o el CSIC como lugares de empleo”, concluye. Y añade: “Hay mucho parentesco entre las élites científicas, básicamente porque el proceso de reclutamiento es bastante consanguíneo, no digo endogámico. En otros países se ha estudiado. Imagino que hay un proceso de acumulación, en el que cada vez más gente con parentesco trabaja en el mismo campo”.

Se buscan premios Nobel para un contrato en la universidad por meses y sin sueldo definido: razón, Castilla y León Lucía Sánchez se graduó en Derecho en la Universidad de Salamanca (USAL) en 2019, pero desde antes de terminar mostró un “interés en la susceptibilidad genética en el desarrollo del cáncer”, lo que la llevó a hacer una estancia ese verano en el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca “para familiarizarse”, cuenta su padre, Isidro, su jefe en un equipo del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL). En ese momento decidió que su tesis versaría sobre la implicación legal de esta susceptibilidad, y así lo manifestaba antes ella en LinkedIn. Luego cursó un máster en derecho privado y otro en biotecnología y leyes, al tiempo que empezaba a firmar artículos con su progenitor, que nada tienen que ver con el derecho. No es “culpa” de ella que su padre sea “uno de los mayores expertos del mundo” en ese campo, se defiende el investigador.

Los tres artículos le han valido a la hija un contrato como “investigadora predoctoral en formación” en el IBSAL (temporal). En el directorio aparece como adscrita a la escuela de doctorado en derecho privado, pero su lugar de trabajo está desde 2020 junto a su padre. Isidro aparece como primer firmante de la “recomendación de contratación” y junto a él, una técnica de recursos humanos y una investigadora del IBSAL con la que él firma constantemente. Lucía logró 10 puntos por su “experiencia en derecho sanitario” y otros 10 por “conocimiento sobre las implicaciones de la susceptibilidad genética en el desarrollo de la leucemia mediante publicaciones científicas”. Él no tuvo que entrevistarla, pues la diferencia con sus contrincantes era insalvable. El padre argumenta que su hija no trabaja con él, pues los tres artículos firmados “son de revisión [recopilan la información más relevante de un tema], no experimentales y se escriben muy rápido”.

Desde el IBSAL afirman que revisarán los hechos “para valorar si es necesario poner en marcha algún procedimiento para evitarlos en el futuro”. Y añaden: “Los investigadores con conflictos de intereses deberían abstenerse en los procedimientos de selección, pero es difícil garantizarlo desde la institución debido al número elevado de contrataciones que se hacen”.

La mayoría de los nexos familiares recabados son de la Universidad de Valencia (UV), aunque desde la OEII no consideran que en ella haya más casos que en otras universidades, sino que es donde más han aflorado. Anna Llorca es contratada doctora en el departamento de Psicología Básica de esta universidad al que pertenece su madre, Mavi Mestre ―rectora y antes vicerrectora de profesorado y decana―, aunque defendió la tesis en otro (2017) con un codirector que ahora es delegado de la rectora. Su entorno ―a través del cual Llorca se pronuncia― precisa que podía haber estado también en otro departamento, porque su doctorado es interuniversitario, pero la vacante del departamento materno salió con anterioridad y aceptó. Primeramente, obtuvo un contrato predoctoral de la Generalitat Valenciana, cuenta su círculo, y renunció al del ministerio, pues con su brillante expediente ―premio extraordinario de carrera, máster y tesis― pudo elegir.

Llorca ha suscrito 11 de sus 29 artículos con su madre y dos capítulos de libros. Varias de sus publicaciones ―no todas firmadas con Mestre― concluyen con un mensaje en el que dice que su investigación ha sido financiada con un proyecto que el Ministerio de Ciencia concedió a su madre. La investigadora argumenta que esta no la colocó allí y su sueldo no estuvo a cargo de ese proyecto.

La carrera de Rosa Micol Ponce también está intimísimamente ligada a la de su familia. Trabaja en el grupo del Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández de Elche que dirige su padre, José Luis ―en la lista de los científicos más citados del mundo―, y en el que está su madre, Rosa. Ella es su directora de tesis (2017) y con la que ha firmado 25 artículos de los 31 que posee. Volvió a Elche como profesora ayudante doctor en un concurso público en el que dos de los cinco miembros del tribunal estaban directamente a las órdenes del padre en el instituto. Desde la UHM explican que nadie impugnó: “Nosotros cumplimos todos los procesos que la legislación marca. No le puedes prohibir a alguien que ya tiene una vinculación presentarse a un concurso concurrente”.

domingo, 24 de octubre de 2021

_- Endogamia: la pandemia de la Universidad española

_- Por Susana Vega González | 19/10/2021 | Conocimiento Libre

Fuentes: huffingtonpost.es
No son pocos los casos de candidatos que se quedaron fuera de un proceso selectivo porque la plaza ya estaba pre-adjudicada a un favorito.

Imaginemos que una universidad española rechaza a un candidato en un concurso u oposición por el mero hecho de ser mujer. Ahora imaginemos que el rechazo es motivado por su orientación sexual. ¿Qué ocurriría? ¿Qué repercusión tendría ese hecho? Con toda seguridad se produciría una clamorosa condena y reivindicación desde diversos ámbitos: político, social, gubernamental, sindical, etc. La repercusión y reprobación global sería enorme.

Imaginemos ahora que una universidad española rechaza a un candidato por el mero hecho de no ser amigo o discípulo o pariente de determinada persona. Es decir, el rechazo no se produce en este caso ni por género ni por orientación sexual del candidato sino por sus contactos y amistades o relaciones. ¿Qué ocurriría? ¿Habría la misma condena y reivindicaciones? ¿Tendría la misma repercusión que los supuestos anteriores?

Según el diccionario de la Real Academia Española, la “actitud social de rechazo a la incorporación de miembros ajenos al propio grupo o institución” se denomina “endogamia”. Y este es uno de los mayores males de la universidad española en general. No son pocos los casos de candidatos que se quedaron fuera de un proceso selectivo para plazas de docente-investigador universitario porque la plaza ya estaba pre-adjudicada a un candidato favorito, y favorecido por lazos de amistad o parentesco o similares. Y no son pocos los casos aparecidos en prensa y otros medios. Cuando esto ocurre, los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público—así como el derecho a un evaluador imparcial― quedan arrinconados y se elige al candidato no por ser el mejor sino por ser el más amigo o el más pariente, aunque haya otros candidatos mejores. 

Este fenómeno discurre por muchas de nuestras universidades sin que haya un clamor social, ni sindical, sin que se ponga el grito en el cielo por parte de las autoridades universitarias ni desde el ámbito político ni gubernamental. Hay una especie de normalización de la endogamia (=rechazo) y una suerte de aceptación encubierta que hace que en casos de rechazo de este tipo, no se ponga el grito en el cielo sino que las víctimas han de gritar solas, sabiendo que muchas veces el suyo es un grito en el desierto.

La palabra clave es el “rechazo” que, en el caso de la endogamia, se implementa generalmente mediante mala praxis, amaños de plazas y un despliegue de recursos reprobables que aseguran la plaza a un determinado candidato. En ocasiones se ve cierta confusión respecto al concepto de endogamia. Que un doctor trabaje en la misma universidad donde se doctoró nada tiene que ver con endogamia, si ese doctor logró su plaza en juego limpio, transparente y respetando los dictados constitucionales. Solo faltaba que a un candidato que resulte ser el mejor y de mejor currículum se le rechazara por haberse doctorado en esa universidad. (Hacer tal cosa sería un error y de ningún modo evitaría los amaños de plazas, pues la picaresca en este sentido es bien conocida en algunos casos reales en nuestro país).

Las consecuencias del fenómeno endogámico son varias y van en diversas direcciones:

1) Al no contratar al mejor candidato sino al más amigo, la calidad docente e investigadora merma y se tiende no a la excelencia sino a la mediocridad.

2) Los estudiantes padecen esa menor calidad en sus docentes, que sería más elevada si se contrataran a los mejores candidatos.

3) El gasto de dinero público que se produce en batallas judiciales por parte de las universidades enrocadas en defender lo indefendible (cuando se producen irregularidades en la adjudicación de plazas), lo pagan los contribuyentes con sus impuestos.

4) La salud mental de los docentes e investigadores que son víctimas de este fenómeno es otra consecuencia, especialmente silenciada, de la que no se habla. Ansiedad, angustia, estrés, depresión y otras dolencias son padecidas en silencio por las víctimas, mientras la rueda de un sistema lastrado continúa.


¿Dónde está la ética y los valores?
Se habla mucho de un solo valor, el de la igualdad de género, y se implementan asignaturas con la coletilla “perspectiva de género” mientras se obvian totalmente otros valores fundamentales. Parece como si valores como la ética y la justicia no fueran importantes. Cultivemos la igualdad de género pero olvidémonos de la igualdad en el acceso al empleo público, olvidémonos de cultivar la ética, la justicia.

Este no es el camino. No lo es. Alguien concienciado en igualdad de género pero carente de ética, de principios, y del sentido de la justicia no es precisamente un ejemplo a seguir. ¿Se pueden cambiar las cosas en la universidad española en lo tocante a la endogamia y la mala praxis asociada? Por supuesto que sí. Pero falta voluntad, no solo por parte de la clase política sino por parte de las propias autoridades universitarias. Tal vez falta valentía para defender lo éticamente correcto. ¿Para cuándo materias con “perspectiva de ética”? Disertar desde tribunas universitarias sobre un solo valor y olvidarse del resto de valores, siendo en algunos casos consentidor, partícipe y cómplice de procesos endogámicos antagónicos a la excelencia académica y humana, es no ver el bosque. Es volar bajo, por el peso del lastre. Ese no es el camino. Ni ese es el espejo en el que deberían mirarse los jóvenes de nuestra sociedad. 

Fuente: https://www.huffingtonpost.es/entry/endogamia-la-pandemia-de-la-universidad_es_616945cde4b0931431fbf9e1?ujgc 

 * Susana Vega González es filóloga y profesora de la Universidad de Oviedo.

jueves, 5 de julio de 2018

Entrevista a Vera Sacristán sobre el informe: “¿Quién financia la universidad?" (I) “La disminución de la financiación pública de las universidades ha sido muy fuerte en España, entre 2009 y 2015 un 27,7 % en términos reales”

Salvador López Arnal
El viejo topo

Vera Sacristán Adinolfi (Barcelona, 1958) es profesora de matemáticas de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC);
su especialidad es la geometría computacional. Fue vicerrectora de Personal de la UPC (2002-2006) y miembro del grupo de trabajo sobre Personal Docente e Investigador de la Comisión Académica Sectorial de las Universidades Españolas, organismo de la Conferencia de Rectores de esas universidades. Ha publicado diversos artículos e informes sobre política universitaria y ha coordinado un libro sobre el mismo tema. Es miembro fundador (actualmente su presidenta) del Observatorio del Sistema Universitario (OSU), un organismo que tiene por objetivo el análisis documentado y crítico para la mejora del sistema universitario en España.

Nuestra conversación se centra en el informe:
¿Quién financia la universidad? Comparación entre comunidades autónomas en España, Europa y la OCDE, 2009-2015.

***

Mi enhorabuena por el informe que ha publicado. ¿Qué personas han colaborado en su realización? ¿Cuánto tiempo de estudio y escritura le ha llevado?
Han colaborado en el informe otros dos miembros del Observatorio: Albert Corominas, catedrático emérito de organización industrial de la Universidad Politécnica de Cataluña, y Alfonso Herranz, profesor de historia económica de la Universidad de Barcelona, especialista en historia de las políticas públicas.

¿Ha sido un trabajo de encargo o fruto de su activismo en este ámbito? ¿Qué hace una matemática-geómetra computacional como usted estudiando asuntos de financiación?
Este trabajo es un fruto del trabajo que hacemos desde el Observatorio del Sistema Universitario. No sé si lo llamaría activismo, por mi parte son más bien ganas de hacer algo útil con el conocimiento sobre política universitaria que he ido adquiriendo a lo largo de mis años de actividad profesional.

El informe abarca el período 2009-2015. ¿Por qué 2009 como fecha inicial? ¿Por qué 2015 como límite?
Aunque parezca mentira, hace muy poco tiempo que las universidades públicas españolas y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) publican datos de financiación. Se venían publicando hace más tiempo datos sobre el número de estudiantes matriculados , sobre las plantillas de personal docente e investigador (PDI) y de administración y servicios (PAS), y también sobre los precios de matrícula, pero no sobre financiación. Todavía en 2014, cuando preparábamos un informe del OSU sobre financiación de las universidades públicas catalanas, tuvimos que pedir los datos a cada una de las universidades, y como no todas nos respondieron, acabamos pidiéndolos a la Intervenció de la Generalitat de Catalunya, que nos los suministró.

Ahora que el MECD ya publica los datos, la serie publicada comienza en 2009. Esta fecha es suficientemente buena para estudiar la evolución de la financiación durante los años de los recortes, ya que en 2009 apenas comenzaban. En cuanto a la fecha final, 2015, nos habría gustado ofrecer una más reciente, pero los datos de 2016 no se publicarán hasta dentro de muchos meses (los de 2015 se publicaron este pasado otoño). Estos plazos tan lentos en la publicación de datos económicos tienen cierta explicación: una vez cierra un ejercicio económico, cada universidad debe someter sus cuentas a una auditoría externa antes de poder aprobarlas como definitivas. Luego deben mandarlas al MECD, me imagino que en un cierto formato, éste debe revisarlas antes de publicarlas,… Se podría seguramente acelerar el proceso, pero no creo que mucho más de unos meses.

Por otro lado, de la financiación de las universidades privadas se sabe poco menos que nada, dado, precisamente, su carácter privado.

¿De cuántos estudiantes hablamos en 2009? ¿De cuántas universidades? ¿Y en 2015?
En 2009 en España había 1.155.765 estudiantes de grado y máster matriculados en las universidades públicas presenciales. Éstas eran, y siguen siendo, 47. El número de estudiantes creció hasta situarse en 1.202.976 en 2011. A continuación ha seguido una evolución descendente, hasta situarse en 1.102.383 en 2015.

¿De dónde ha obtenido los datos para realización de su informe?
Para este informe, las fuentes principales han sido el MECD , la OCDE y el Public Funding Observatory de la European University Association, para los datos de financiación, y el INE para los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) y el Producto Interior Bruto (PIB) . Hay que mencionar también que para algunas comunidades autónomas y universidades, los datos que ofrece el ministerio son claramente incorrectos. En esos casos hemos recurrido a los informes de fiscalización que publican los tribunales de cuentas de las comunidades autónomas correspondientes.

Habla usted en su estudio de "euros constantes de 2009". ¿Nos puede explicar el significado de esos "euros constantes"? ¿Sin contar la inflación o algo así?
Exactamente. Cuando los economistas dicen que "en términos reales" un determinado importe ha variado un determinado tanto por ciento, significa que han descontado la variación que en el mismo período haya sufrido el IPC. Trabajar en "euros constantes" significa lo mismo: es considerar cómo varía un determinado precio o importe una vez descontada la inflación. Si, en cambio, lo que se desea conocer es el valor nominal de un determinado importe, entonces se trabaja en "euros corrientes".

Se estudia la financiación de las universidades públicas españolas, a excepción de la UNED, la UIMP y la UIA por sus características singulares. 
¿Por qué sólo las públicas? ¿No hay ninguna universidad privada que reciba ayuda o financiación estatal?
En general, las universidades privadas sólo reciben algún tipo de financiación pública muy específico. Por ejemplo, pueden optar a las convocatorias competitivas de financiación de proyectos de investigación, o pueden obtener subvenciones para la impartición de alguna titulación a precios públicos, entre otras. Ahora bien, en general no reciben financiación ordinaria básica no finalista. Además, conocer los datos de los ingresos de las universidades privadas en España, hoy por hoy, no es posible.

Ahora bien, existen excepciones a lo que acabo de decir. Por ejemplo, en Catalunya, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y la Universitat de Vic (UVic) son privadas y, sin embargo, están acogidas al régimen de financiación pública. En el caso de la UOC, por tratarse de una universidad privada creada por la misma Generalitat de Catalunya. El caso de la UVic es distinto: se trata de una universidad privada que fue "rescatada" por la Generalitat de Catalunya cuando estaba apunto de quebrar.

¿Y no es una contradicción que la Generalidad de Catalunya, una institución del Estado, cree una universidad privada? ¿Por qué? ¿Con qué finalidad?
Lo cierto es que en el ámbito universitario ya hace muchos años que existe una miríada de instituciones privadas que dependen de entidades públicas. La UOC es un ejemplo, pero también lo son las fundaciones de las universidades, que imparten estudios de postgrado no reglados, algunos centros adscritos que, en realidad, pertenecen a las universidades a las que se adscriben y que imparten estudios oficiales a precios "privados",… En cada caso concreto, las motivaciones concretas han sido diversas, pero siempre se acaban resumiendo en una: la gestión privada es más "flexible". En palabras llanas: el motivo suele ser escapar de la regulación de lo público. En unos casos, se trata de evitar el sistema de gobierno de las universidades públicas, que garantiza la participación de todos los estamentos y la elección por éstos de todos los órganos de gobierno. En otros, evitar las limitaciones (que ya es decir) de la normativa de precios públicos. O incluso soslayar los requisitos de calidad del profesorado que tienen las universidades públicas, y que son incomparablemente más laxos para las universidades privadas.

¿Hay una diferencia muy elevada entre las tasas universitarias de las universidades públicas y de las privadas?
Sin duda alguna. Las universidades privadas son más caras que las públicas. Ahora bien, me gustaría poder indicarte un estudio comparativo de precios, o una web en la que pudieras compararlos fácilmente, pero no me consta que exista. El MECD publica los precios de todos los estudios de las universidades públicas, pero no los de las privadas. Y éstas tampoco los muestran de forma fácilmente localizable en sus webs.

¿Cuáles son las principales fuentes de financiación de las universidades públicas? ¿Ocurre lo mismo en otros países de nuestro entorno?
La fuente principal de los ingresos de las universidades públicas es la financiación pública, es decir, proviene de los impuestos que paga la ciudadanía. En 2009, constituía el 78% de los ingresos en el conjunto de España. En 2015 había pasado a representar el 71%.

La segunda fuente de ingresos en importancia son las tasas y precios públicos que pagan los estudiantes y sus familias. En 2009 era el 11% de los ingresos de las universidades públicas españolas. En 2015 había pasado a constituir el 18%.

El resto de los ingresos (del orden del 11%) proviene de la Unión Europea, que financia proyectos específicos principalmente de investigación, y de empresas y administraciones públicas que contratan servicios específicos a las universidades o alquilan sus espacios.

Se ha hablado durante esto años de la política de recortes, algunos han usado el término austericida, cuando se han referido a la disminución del gasto social. Se ha comentado también que no había otra, que todos deberíamos estrecharnos el cinturón o lo que fuera. 
¿Es así, se puede hablar en estos términos en su ámbito de estudio? ¿Ha habido recortes, pero estos eran necesarios y cualquier otra política era un sueño utópico en una noche de verano, teatro y descanso?
La disminución de la financiación pública de las universidades ha sido muy fuerte en estos años. Concretamente, en el conjunto de España, entre 2009 y 2015 ha caído un 27,7% en términos reales (esto es, una vez descontada la inflación). Téngase en cuenta que, en lo peor de la crisis (esto es, entre 2008 y 2013), la riqueza de España, medida como PIB, descendió un 8,1%. En el período 2009-2015, mientras la financiación pública de las universidades caía un 27,7%, el PIB cayó un 0,3%, y el número de estudiantes un 4,6%. Creo que estos datos pueden dar una idea de hasta qué punto los recortes se han ensañado con la universidad.

Las cifras anteriores son globales, indican la media en el conjunto de España. Por comunidades autónomas (CCAA), los recortes de la financiación pública fueron muy dispares. Las que más recortaron fueron Castilla-La Mancha (38,2%), la Comunidad Valenciana (35,3%), la Comunidad de Madrid (33,7%), Cataluña (32%) y Cantabria (30,1%). Las que menos, aunque recortando más de lo que disminuía su PIB, Aragón (17,0%), La Rioja (17,5%), Navarra (18,4%), Asturias (19,5%) y Castilla y León (19,7%). El resto recortó entre el 20,0% y el 27,7%. Estos datos ponen de manifiesto grandes diferencias entre CCAA. En nuestro estudio mostramos que dichas diferencias no responden a evoluciones distintas del número de estudiantes ni tampoco del PIB. En otras palabras, se trata de decisiones políticas que responden a las prioridades marcadas por cada gobierno autonómico.

Usted explica en el informe que la financiación pública de las universidades proviene de las comunidades autónomas y de Estado. ¿En qué proporción en 2009? ¿Cuál era esa proporción en 2015? ¿Algún cambio significativo en este punto?
La financiación de las universidades públicas presenciales está transferida a las comunidades autónomas. El papel del Estado se reduce a un aporte basal mínimo y a la financiación específica de los proyectos de investigación. En 2009 las CCAA cubrían el 91,4% de la financiación pública universitaria. En 2015, el porcentaje había subido al 94,6%, porque la financiación pública estatal se redujo más que el promedio de la autonómica, de hecho se desplomó a menos de la mitad.

Y estos fondos de financiación investigadora, que supongo esenciales para la tarea investigadora del profesorado universitario, tanto los nacionales como los de las CCAA, ¿también se han resentido? Efectivamente. A este respecto, recomiendo los informes sobre los recursos destinados a I+D+i en los Presupuestos Generales del Estado que anualmente publica la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), de los que se desprende una caída en picado de los fondos en la última década, y los datos que publica la OCDE, que permiten comparar la rezagada situación de España con la del resto de países de nuestro entorno.

En 2009, señala usted, la aportación media por estudiante en las universidades públicas fue de 955€ (con fuertes desigualdades entre las comunidades con mayor aportación, Navarra y Cataluña, y las de menor aportación, Canarias y La Rioja). ¿Cuál fue la aportación en 2015?

Efectivamente, en 2009 cada estudiante pagó en la universidad pública 955€ de media en concepto de precios de matrícula y de tasas (de matrícula, de gestión del expediente, de emisión del título, etc.). Seis años más tarde, la media había subido a 1.412€.

Las diferencias entre CCAA ya eran notables en 2009: el importe pagado por estudiante variaba entre los 759€ por estudiante de Canarias y los 1.267 de Navarra. Seis años más tarde, en 2015, los importes variaban entre los 832€ de Galicia y los 2.123 de Cataluña. El índice de Gini, que es un indicador de la desigualdad que se usa muy frecuentemente, creció en esos años de 10,03 a 14,28.

Del total de los ingresos de las universidades públicas del conjunto de España, en 2009 el 78,4% provino de la financiación pública, el 10,9% de las tasas y precios públicos de matricula y el resto, un 10,7%, de otras fuentes. En 2015, expreso los datos aproximadamente, serían estos: 71%, 18% y 11%. En el caso de las tasas el incremento es de más de 63,5%. 
¿Me equivoco? ¡En apenas seis años más de un 60%! 
¿Cuánto dinero aportaron entonces el conjunto de las familias españolas en el último curso que ha estudiado?
Efectivamente, es correcto. En el conjunto de España, los estudiantes y sus familias ingresaron directamente a las universidades públicas presenciales 1.556.283.943€ en concepto de tasas y precios públicos, además de lo que aportaron a través de sus impuestos.

Exacto, además de lo que aportaron a través de sus impuestos. Algunas comunidades españolas fueron gobernadas por fuerzas de centro izquierda durante el período que ha estudiado; otras por fuerzas de centro derecha o incluso de derecha sin matices. 
¿Se nota esa orientación política en las aportaciones de las comunidades y en las tasas impuestas a las familias?
En cuanto a la financiación pública, las tres comunidades que más la recortaron porcentualmente (Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid) estaban gobernadas por el PP, y las tres que menos (Aragón, La Rioja y Navarra) también (en el caso de Navarra, por UPN). Las comunidades que destacaron por su aumento de precios (Cataluña, la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia) estaban gobernadas por el PP salvo Cataluña, donde gobernaba CiU con el apoyo de ERC. Las que destacaron por la disminución de la aportación del estudiantado a los ingresos (Galicia y La Rioja) también estaban gobernadas por el PP.

Tomemos un respiro si le parece.
De acuerdo.
Fuente: El Viejo Topo, n.º 363, abril de 2018.