_- El Gobierno y ERC se han afanado por desvincular la reforma del delito de sedición de los Presupuestos Generales del Estado, pero ambas cuestiones irán juntas a votación el próximo jueves en el Congreso. Tras unos días bajo la borrasca por la controversia política sobre la propuesta de modificación del Código Penal —que beneficiará directamente a los encausados por el procés independentista catalán— y la polémica aplicación de la ley del solo sí es sí, el Ejecutivo afronta una semana decisiva para su supervivencia. Y, aunque quedan algunos cabos sueltos, todo hace presagiar que una vez más quedará patente que este es un Gobierno con una mala salud de hierro: pese a la precaria situación parlamentaria del Ejecutivo y a sus tensiones internas, Pedro Sánchez tiene las cartas en su mano para salir airoso de otra votación clave.
El Congreso vivirá desde este lunes la semana más frenética del año. Comienza el debate final de los Presupuestos, con la comparecencia durante tres días de todos los ministros, antes de la votación final, el jueves. Ese día, la Cámara se pronunciará además sobre la ley que crea impuestos extraordinarios a grandes compañías y fortunas, aprobado la semana pasada en comisión tras suavizar algunas de las medidas sobre las empresas energéticas. Y todo eso coincidirá con el primer debate parlamentario sobre la supresión del delito de sedición, una de las grandes líneas de ataque de la oposición.
Los votos para dar luz verde a la propuesta de reforma de la sedición —que elimina este delito del Código Penal y crea a cambio un delito de desórdenes públicos agravados— están garantizados, a la espera de un trámite posterior que puede resultar más conflictivo por la anunciada iniciativa de ERC de plantear que se rebajen también las penas por malversación. Esta posibilidad, que desagrada incluso a aliados del Gobierno, ha contribuido a encender más los ataques de la derecha.
Seis circulares de la Fiscalía en los últimos 25 años vetaron la revisión de determinadas penas por cambios de la ley
La norma del ‘solo sí es sí’ carece de la disposición transitoria de las anteriores reformas del Código Penal
ERC aún no ha confirmado su apoyo a los Presupuestos y, de hecho, el pasado jueves se abstuvo cuando se votó en comisión la propuesta que irá a pleno. Lo mismo ha hecho EH Bildu, que afirma que aún negocia algunos asuntos pendientes. En privado, tanto fuentes del Gobierno como de las dos fuerzas políticas coinciden en que habrá acuerdo.
El otro gran aliado de Sánchez, el PNV, confirmó este domingo su voto favorable a los Presupuestos. “Hemos conseguido aprobar nada menos que el 70% de nuestras enmiendas”, resaltó su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, en San Sebastián. El grupo nacionalista ha pactado que se renueve el cupo vasco, junto a inversiones adicionales de 70 millones para su comunidad. El PNV aún tratará de sacar adelante alguna propuesta más, al igual que el PDeCAT, cuyos cuatro valiosos diputados tampoco han anticipado su posición.
Faltan por cerrar algunos flecos con Más País, Compromís, Partido Regionalista de Cantabria y Teruel Existe. Con respecto a las mayorías que permitieron sacar adelante los dos Presupuestos anteriores, el Gobierno ha incorporado un nuevo apoyo, el de Coalición Canaria, que no participaba del llamado bloque de investidura. Las dos diputadas de esa formación aprobarán por primera vez las cuentas de Sánchez, tras arrancar medidas como la gratuidad de bonos de transporte para autobús y tranvía en las islas.
Impuestos extraordinarios
El tercer gran examen de la semana para el Gobierno es el de la medida que se ha presentado como el símbolo del giro a la izquierda del Gabinete: los impuestos extraordinarios a las compañías energéticas, la banca y las grandes fortunas. El Ejecutivo ha hecho concesiones a los dos partidos situados en el campo más centrista de sus apoyos parlamentarios, PNV y PDeCAT, lo que propició que saliese de la comisión un texto suavizado. Socialistas y Unidas Podemos aceptaron enmiendas de esos grupos que permiten a las energéticas excluir del pago de los gravámenes a la parte de su negocio sometida a precios regulados y a sus actividades en el extranjero.
El proyecto sobre los nuevos impuestos muestra el juego de equilibrios del Gobierno tratando de contentar a la vez al PNV y al gran competidor electoral de este, EH Bildu. Ambas formaciones reclamaban que en Euskadi y Navarra los gravámenes sean recaudados por sus respectivas haciendas forales. El Ejecutivo lo asumió, pero pactándolo con Bildu, no con el PNV, un gesto para favorecer el apoyo de la izquierda abertzale a los Presupuestos.
La apresurada tramitación de la ley sobre los nuevos impuestos ha estado rodeada de controversia. No solo la oposición, también PNV y PDeCAT han deplorado las prisas del Ejecutivo. Ante las protestas de varios grupos, el Gobierno tuvo que rectificar en 24 horas su decisión inicial de vetar todas las enmiendas presentadas —incluida la que finalmente se aprobó para suavizar las condiciones a las energéticas— alegando que distorsionaban los ingresos previstos en los Presupuestos aún sin aprobar. Las protestas arreciaron ante el hecho de que el impuesto a las grandes fortunas no figurase en el texto inicial, sino que se incorporase en una enmienda, lo que impidió que los demás grupos la pudiesen enmendar a su vez. No ha sido la derecha la única en descalificar esta maniobra. “Es una perversión del sistema”, lamentó Ferran Bel, portavoz del PDeCAT.
Si no se produce una sorpresa mayúscula, las cuentas y los nuevos impuestos pasarán después al Senado y regresarán al Congreso para su aprobación definitiva en los últimos días del año.
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martes, 22 de noviembre de 2022
sábado, 30 de enero de 2016
¿A quién afecta el recorte del gasto?. Los Gobiernos priorizan las políticas para combatir el déficit sobre las dirigidas a crear empleo y a mantener el gasto social. Los Presupuestos de Género, promovidos por la ONU y la UE, analizan el impacto sobre la igualdad
En una sociedad cuya prioridad fuera el bienestar de sus ciudadanos, los políticos querrían ser fotografiados inaugurando centros de educación infantil, comedores escolares, viviendas sociales y centros de día para mayores: medidas de bajo coste que mejoran la calidad de vida. Nuestros políticos, sin embargo, inauguran grandes infraestructuras, faraónicos centros culturales y multimillonarias intervenciones urbanas. La mayoría de los españoles no utilizará nunca los superpuertos deportivos, ni el AVE, ni entrará en los megamuseos. Sin embargo, los han pagado con sus impuestos.
Los servicios que mejoran la vida cotidiana son poco rentables política y mediáticamente. En primer lugar, porque cuestan poco. Las obras modestas no atraen a los arquitectos o ingenieros famosos. Además, el cuidado de las personas sigue sin considerarse un problema público. La atención a niños, ancianos y dependientes se considera un problema de las familias y en especial de las mujeres, que lo han hecho siempre, a cambio de nada. Sin embargo, si hay un sector que mejora la vida de los ciudadanos y refleja la madurez democrática de un país son los servicios públicos. La vivienda, el transporte, la sanidad, la educación y las pensiones añaden bienestar, muy especialmente a aquellos con menos ingresos, donde son mayoría las mujeres.
Nos ayudan a entender esto los "Presupuestos con impacto de género", un instrumento de política económica que exige a los Gobiernos medir el efecto que cada medida de Ingreso y Gasto tiene sobre mujeres y hombres. Los Presupuestos de Género están siendo adoptados por los Gobiernos de la UE y promovidos por Naciones Unidas (www.gender-budgets.org). Exigen, en cuanto al ingreso, analizar el impacto de la tributación sobre la igualdad de género. Resulta, por ejemplo, que desgravamos los contratos a tiempo parcial, en un 80% de mujeres, a pesar de su efecto negativo sobre los salarios y la estabilidad laboral. Y que a través del régimen de tributación conjunta desgravamos a las personas con un cónyuge que no percibe ingresos, es decir, a los maridos de amas de casa, mientras desincentivamos la actividad femenina, de las más bajas de la UE.
En cuanto al gasto, el Presupuesto de Género exige desagregar las distintas partidas del presupuesto y su impacto. En los Presupuestos Generales del Estado para 2011, con el objetivo de reducir el déficit público, el Gobierno recorta el gasto, al tiempo que intenta un tímido aumento de la presión fiscal (y renuncia a acabar con el fraude fiscal). Está claro que los recortes distan de afectar a todos los ciudadanos por igual. Destaca que se suspenda la ley de permisos parentales, cuya entrada en vigor estaba prevista para el 1 de enero de 2011, para ahorrar 200 millones de euros. El permiso de paternidad se puso en marcha en virtud de la Ley de Igualdad de 2007. En 2008, el Congreso instó al Gobierno a ampliarlo de 13 días a cuatro semanas. Según el Barómetro del CIS (marzo 2010), el 88,7% de las mujeres y el 88,5% de los hombres se muestra muy o bastante de acuerdo con él. Que este permiso sea intransferible y remunerado al 100% es vital para que tener hijos deje de penalizar a las mujeres en sus empleos, y es bueno para los hijos, cuyos padres podrán asumir parte de su cuidado (www.igualeseintransferibles.org). Pero se ha suprimido, como se suprime el Ministerio de Igualdad, que representaba el 0,03% del gasto total, ahorro gigantesco e imprescindible, según el PP, CiU y PNV, para mejorar la economía española. Estos recortes se producen mientras se mantienen masivas e incomprensibles subvenciones a la Iglesia católica; mientras los grupos de presión industriales y financieros se aseguran multimillonarias ayudas que llevan décadas recibiendo; mientras minorías políticas obtienen por sus votos fuertes recompensas que les permiten alimentar a sus clientelas locales financiando infrautilizados aeropuertos y televisiones. Y, mientras, se mantienen los gastos militares.
El Gobierno parece olvidar que los servicios públicos y la atención a la dependencia crean empleos. Mientras la industria prosigue su automatización, los servicios a personas generan empleo porque su calidad pasa precisamente por su mínima mecanización. Especialmente empleo femenino, imprescindible para acercarnos al 60% de tasa de actividad femenina a la que nos comprometimos en la Agenda de Lisboa. Mientras, la Ley de Dependencia se consolida como una paga de 300 y pico euros a las cuidadoras familiares, en vez de en un sistema de servicios profesionales que iba a crear 500.000 empleos. El cuidado de los ancianos y dependientes es ahora el principal problema de millones de familias y lo será cada vez más en los próximos años. Si se recorta más la provisión pública de servicios de cuidados, este trabajo recaerá aún más sobre los familiares, en su inmensa mayoría mujeres, muchas de las cuales se verán obligadas a abandonar sus empleos o a acceder solo a sus formas más precarias. Mientras esto ocurre, arrecian las presiones para que se amplíe el número de años necesarios para tener derecho a la pensión completa de los 35 actuales a 40. ¿Cuántas mujeres podrán acceder a ella? ¿Se les puede exigir 40 años de cotización y al mismo tiempo que se ocupen de criar hijos, cuidar enfermos y atender ancianos?
El Presupuesto de Género nace de la Economía Feminista, que nos permite ver las políticas anticrisis con otros ojos. La exigencia de analizar el impacto de género de las medidas de estímulo o austeridad nos permite saber, por ejemplo, que con los 5.000 millones de euros del Fondo Municipal para el Empleo en 2010 los Ayuntamientos realizaron 28.000 proyectos, de los que el propio Gobierno considera que solo 745 beneficiaron directamente a las mujeres. Una mejora respecto a 2009, cuando con los 8.000 millones del Fondo se crearon 442.000 empleos temporales en construcción, exclusivamente masculinos (http://impactodegeneroya.blogia.com).
La Economía Feminista introdujo este tipo de análisis en los años ochenta y noventa, cuando se examinaron los costes sociales de las políticas de ajuste estructural en los países en desarrollo. Supimos entonces que la macroeconomía no era neutral con respecto al género ni a la clase. En América Latina, África y Asia, millones de personas perdieron sus empleos o su acceso al "salario social". Los recortes presupuestarios privatizaron el acceso a la educación, salud y pensiones. La crisis forzó a millones a buscar en la emigración (cada vez más feminizada) los ingresos que no encontraban en su país. No es difícil trazar paralelos con los planes de austeridad que ahora llegan a los países europeos. En todo caso, nos ayudan a reflexionar sobre los objetivos de la política económica.
Para la Economía Feminista, el objetivo de la actividad económica es la satisfacción de las necesidades básicas de las personas, frente a la acumulación y al crecimiento económico per se. Los actuales planes de austeridad responden a las exigencias del FMI, del Banco Central Europeo y de élites que imponen sus intereses en los mercados globales. No responden a las necesidades de los ciudadanos, obligados a pagar por el caos creado por la crisis financiera. En 2009, los Gobiernos occidentales, sobre todo el de los EE UU, rescataron a los grandes bancos, con el dinero de todos, de la ruina que ellos mismos habían generado. En 2010, con la banca de regreso a sus astronómicos beneficios, no hay voluntad política de rescatar a los ciudadanos. Al contrario, las políticas implementadas los hunden cada vez más. Obsesionados con los peligros del déficit, los Gobiernos priorizan las políticas anti-déficit sobre las dirigidas a crear empleo y a mantener las políticas sociales. El resultado es el aumento de la pobreza (ya el 20,8% de la población española, según el INE) y la desigualdad.
Como ciudadanos, debemos opinar sobre las decisiones de las Administraciones y las empresas. Debemos tener acceso a la información y derecho a exigir que los Gobiernos, sobre todo los que se llaman de izquierdas, recauden y gasten buscando la disminución de las desigualdades. De ello depende nuestra calidad de vida y la misma democracia.
Lourdes Benería es profesora de Economía en la Cornell University. Carmen Sarasúa es profesora de Historia Económica en la Universidad Autónoma de Barcelona.
Los servicios que mejoran la vida cotidiana son poco rentables política y mediáticamente. En primer lugar, porque cuestan poco. Las obras modestas no atraen a los arquitectos o ingenieros famosos. Además, el cuidado de las personas sigue sin considerarse un problema público. La atención a niños, ancianos y dependientes se considera un problema de las familias y en especial de las mujeres, que lo han hecho siempre, a cambio de nada. Sin embargo, si hay un sector que mejora la vida de los ciudadanos y refleja la madurez democrática de un país son los servicios públicos. La vivienda, el transporte, la sanidad, la educación y las pensiones añaden bienestar, muy especialmente a aquellos con menos ingresos, donde son mayoría las mujeres.
Nos ayudan a entender esto los "Presupuestos con impacto de género", un instrumento de política económica que exige a los Gobiernos medir el efecto que cada medida de Ingreso y Gasto tiene sobre mujeres y hombres. Los Presupuestos de Género están siendo adoptados por los Gobiernos de la UE y promovidos por Naciones Unidas (www.gender-budgets.org). Exigen, en cuanto al ingreso, analizar el impacto de la tributación sobre la igualdad de género. Resulta, por ejemplo, que desgravamos los contratos a tiempo parcial, en un 80% de mujeres, a pesar de su efecto negativo sobre los salarios y la estabilidad laboral. Y que a través del régimen de tributación conjunta desgravamos a las personas con un cónyuge que no percibe ingresos, es decir, a los maridos de amas de casa, mientras desincentivamos la actividad femenina, de las más bajas de la UE.
En cuanto al gasto, el Presupuesto de Género exige desagregar las distintas partidas del presupuesto y su impacto. En los Presupuestos Generales del Estado para 2011, con el objetivo de reducir el déficit público, el Gobierno recorta el gasto, al tiempo que intenta un tímido aumento de la presión fiscal (y renuncia a acabar con el fraude fiscal). Está claro que los recortes distan de afectar a todos los ciudadanos por igual. Destaca que se suspenda la ley de permisos parentales, cuya entrada en vigor estaba prevista para el 1 de enero de 2011, para ahorrar 200 millones de euros. El permiso de paternidad se puso en marcha en virtud de la Ley de Igualdad de 2007. En 2008, el Congreso instó al Gobierno a ampliarlo de 13 días a cuatro semanas. Según el Barómetro del CIS (marzo 2010), el 88,7% de las mujeres y el 88,5% de los hombres se muestra muy o bastante de acuerdo con él. Que este permiso sea intransferible y remunerado al 100% es vital para que tener hijos deje de penalizar a las mujeres en sus empleos, y es bueno para los hijos, cuyos padres podrán asumir parte de su cuidado (www.igualeseintransferibles.org). Pero se ha suprimido, como se suprime el Ministerio de Igualdad, que representaba el 0,03% del gasto total, ahorro gigantesco e imprescindible, según el PP, CiU y PNV, para mejorar la economía española. Estos recortes se producen mientras se mantienen masivas e incomprensibles subvenciones a la Iglesia católica; mientras los grupos de presión industriales y financieros se aseguran multimillonarias ayudas que llevan décadas recibiendo; mientras minorías políticas obtienen por sus votos fuertes recompensas que les permiten alimentar a sus clientelas locales financiando infrautilizados aeropuertos y televisiones. Y, mientras, se mantienen los gastos militares.
El Gobierno parece olvidar que los servicios públicos y la atención a la dependencia crean empleos. Mientras la industria prosigue su automatización, los servicios a personas generan empleo porque su calidad pasa precisamente por su mínima mecanización. Especialmente empleo femenino, imprescindible para acercarnos al 60% de tasa de actividad femenina a la que nos comprometimos en la Agenda de Lisboa. Mientras, la Ley de Dependencia se consolida como una paga de 300 y pico euros a las cuidadoras familiares, en vez de en un sistema de servicios profesionales que iba a crear 500.000 empleos. El cuidado de los ancianos y dependientes es ahora el principal problema de millones de familias y lo será cada vez más en los próximos años. Si se recorta más la provisión pública de servicios de cuidados, este trabajo recaerá aún más sobre los familiares, en su inmensa mayoría mujeres, muchas de las cuales se verán obligadas a abandonar sus empleos o a acceder solo a sus formas más precarias. Mientras esto ocurre, arrecian las presiones para que se amplíe el número de años necesarios para tener derecho a la pensión completa de los 35 actuales a 40. ¿Cuántas mujeres podrán acceder a ella? ¿Se les puede exigir 40 años de cotización y al mismo tiempo que se ocupen de criar hijos, cuidar enfermos y atender ancianos?
El Presupuesto de Género nace de la Economía Feminista, que nos permite ver las políticas anticrisis con otros ojos. La exigencia de analizar el impacto de género de las medidas de estímulo o austeridad nos permite saber, por ejemplo, que con los 5.000 millones de euros del Fondo Municipal para el Empleo en 2010 los Ayuntamientos realizaron 28.000 proyectos, de los que el propio Gobierno considera que solo 745 beneficiaron directamente a las mujeres. Una mejora respecto a 2009, cuando con los 8.000 millones del Fondo se crearon 442.000 empleos temporales en construcción, exclusivamente masculinos (http://impactodegeneroya.blogia.com).
La Economía Feminista introdujo este tipo de análisis en los años ochenta y noventa, cuando se examinaron los costes sociales de las políticas de ajuste estructural en los países en desarrollo. Supimos entonces que la macroeconomía no era neutral con respecto al género ni a la clase. En América Latina, África y Asia, millones de personas perdieron sus empleos o su acceso al "salario social". Los recortes presupuestarios privatizaron el acceso a la educación, salud y pensiones. La crisis forzó a millones a buscar en la emigración (cada vez más feminizada) los ingresos que no encontraban en su país. No es difícil trazar paralelos con los planes de austeridad que ahora llegan a los países europeos. En todo caso, nos ayudan a reflexionar sobre los objetivos de la política económica.
Para la Economía Feminista, el objetivo de la actividad económica es la satisfacción de las necesidades básicas de las personas, frente a la acumulación y al crecimiento económico per se. Los actuales planes de austeridad responden a las exigencias del FMI, del Banco Central Europeo y de élites que imponen sus intereses en los mercados globales. No responden a las necesidades de los ciudadanos, obligados a pagar por el caos creado por la crisis financiera. En 2009, los Gobiernos occidentales, sobre todo el de los EE UU, rescataron a los grandes bancos, con el dinero de todos, de la ruina que ellos mismos habían generado. En 2010, con la banca de regreso a sus astronómicos beneficios, no hay voluntad política de rescatar a los ciudadanos. Al contrario, las políticas implementadas los hunden cada vez más. Obsesionados con los peligros del déficit, los Gobiernos priorizan las políticas anti-déficit sobre las dirigidas a crear empleo y a mantener las políticas sociales. El resultado es el aumento de la pobreza (ya el 20,8% de la población española, según el INE) y la desigualdad.
Como ciudadanos, debemos opinar sobre las decisiones de las Administraciones y las empresas. Debemos tener acceso a la información y derecho a exigir que los Gobiernos, sobre todo los que se llaman de izquierdas, recauden y gasten buscando la disminución de las desigualdades. De ello depende nuestra calidad de vida y la misma democracia.
Lourdes Benería es profesora de Economía en la Cornell University. Carmen Sarasúa es profesora de Historia Económica en la Universidad Autónoma de Barcelona.
sábado, 31 de marzo de 2012
Los Presupuestos del PP hundirán a la economía española en una recesión más grave y dejan sin solucionar sus problemas auténticos.
Los Presupuestos del PP
El gobierno de Mariano Rajoy retrasó la presentación de los Presupuestos Generales del Estado hasta justo después de que se celebrasen las elecciones andaluzas con el evidente propósito de que seguir engañando a los ciudadanos diciéndoles lo contrario de lo que tenía pensado hacer. Como se sabe, no le sirvió de mucho y el Partido Popular no va a gobernar en Andalucía, que era lo que se buscaba. Ahora, por fin, sabemos lo que se propone hacer el Gobierno.
De momento solo conocemos las grandes líneas de los ingresos y gastos de Estado pero creo que son suficientes para llegar, en esta primera valoración de urgencia, a algunas conclusiones fundamentales.
Ingresos
A pesar de que se dice que su propósito principal es contener el déficit, el Gobierno actúa muy tímidamente sobre la recaudación de ingresos cuando en este aspecto estamos muy por debajo de los niveles potenciales que permitirían tener mucho más desahogo en los gastos. De hecho, los Presupuestos no contemplan subidas en el IRPF (ya se hizo el 30 de diciembre) ni en el IVA que son los impuestos con mayor capacidad recaudatoria (aunque no cabe descartar que lo hagan a lo largo del año). Tampoco contemplan subidas en impuestos sobre la gasolina que, además de mayor capacidad recaudatoria, pueden modificar pautas de consumo e incentivar el uso de otro tipo de transportes.
Los Presupuestos sí contemplan una serie de modificaciones en el Impuesto de Sociedades limitando las deducciones y reformando el sistema de pagos fraccionados orientadas a aumentar su recaudación. El inicio de una reforma de este impuesto puede considerarse positiva pero las medidas que prevé adoptar el ejecutivo son tímidas e insuficientes y pueden terminar por perjudicar a las pequeñas y medianas empresas cuando son las grandes y las entidades financieras las que evitan pagarlo en mucho mayor proporción.
Según los técnicos del Ministerio de Hacienda, este impuesto tiene “vías de escape” que permiten que las grandes empresas reduzcan el tipo nominal del 30% hasta el 17% o hasta el 16,08 que pagan de media las 105 mayores entidades de crédito, frente el 22% que pagan la mayor parte de las microempresas o el 20% de las pequeñas empresas.
Con los cambios en este impuesto que se han aprobado, el ejecutivo pretenden incrementar la recaudación en 5.350 millones de euros. Pero me parece una estimación muy posiblemente exagerada porque se basa en una previsión del crecimiento previa del PIB que está muy sobrevalorada y por encima del que realmente se registrará en 2012, sobre todo, después de estos presupuestos como después comentaré. Sin embargo, si se hubiera adoptado una medida como la que proponen los técnicos del Ministerio (un tipo impositivo del 35% para bases imponibles a partir del millón de euros de beneficios) se podrían recaudar 13.900 millones de euros. Es decir, más, solo con la reforma de un solo impuesto, de lo que el gobierno pretende recaudar reformando IRPF, Sociedades y otros especiales (12.314 millones de euros).
Otra de las medidas aprobadas para aumentar ingresos y reducir gastos es la subida y generalización de las tasas judiciales. Pero en mi opinión se trata de una medida que en términos relativos no tiene un gran efecto recaudatorio sino (como todos los mecanismos de copago), un menor recurso a la Administración de Justicia solo de las rentas más bajas, lo que es manifiestamente injusto. E incluso puede generar gasto adicional si impulsa la recurrencia al sistema de justicia gratuita que presenta muchas imperfecciones y lagunas y que quizá debería ser revisado para garantizar que se aplique con auténtico sentido de la justicia.
Finalmente, en el capítulo de ingresos el Gobierno ha aprobado una regularización que es una auténtica amnistía fiscal. Por cierto, del mismo tipo de la propuesta por Rodríguez Zapatero y que Rajoy y otros dirigentes del PP, con su habitual demagogia, descalificaron en su día.
Lo que se persigue con esta amnistía, según el Ministro de Hacienda, es que afloren capitales hasta ahora no declarados y para ello contempla dos vías o procedimientos. Una, destinada a las sociedades de mayor tamaño que hasta ahora viniesen tributando (o mejor dicho, que vinieran no tributando) en los llamados “países de reducida tributación”, es decir, en los paraísos fiscales, o que han obtenido allí dividendos o rendimientos del capital. El Gobierno ha aprobado que si se repatrían esos rendimientos solo tendrán que tributar al 8%.
La otra vía ofrece a las personas físicas o jurídicas que afloren rentas, bienes o derechos hasta ahora no declarados en el IRPF, Impuesto de Sociedades o Impuesto sobre la renta de no residentes una tributación al 10% y, además, que los puedan declarar con confidencialidad y discreción.
Por mucho que estas amnistías puedan traer de ingresos (que no los suelen traer en grandes cantidades porque solo suelen recurrir a ella los defraudadores minoristas y no los mayoristas del fraude) representan siempre una terrible injusticia, una rendición de los gobiernos ante los delincuentes, una falta de patriotismo y, en el plano económico y financiero, la renuncia a perseguir como se debe a quienes estafan a la sociedad e incumplen las leyes. Los ciudadanos deberían condenarla y repudiarla porque simplemente va a significar que el gobierno que la aprueba acepta como principio que unos hayan de cumplir con nuestras obligaciones fiscales y otros no.
Gastos
En el capítulo de gastos es donde se contemplan las medidas más drásticas (el Ministro de Asuntos Exteriores los calificó como “presupuestos de guerra”), y aunque de momento solo conocemos la magnitud general y algunas cifras concretas en algunas partidas generales, su cuantía y orientación nos permiten adelantar el efecto final que van a tener sobre la economía.
Solo en los presupuestos de los ministerios se contempla un recorte de 13.406 millones de euros lo que significa que algunas líneas de actuación política tan significativas como la cooperación al desarrollo (disminuyen el 71%), el apoyo a la automoción y coche eléctrico (disminuye un 87,5%) o las actuaciones de desarrollo rural (disminuyen el 85,9%) quedan en mínimos de mínimos. Y que otras tan decisivas como la atención a la dependencia o las políticas activas de empleo desaparecen por completo al disminuir el 100%, como le pasa al Fondo de integración de inmigrantes que desaparece, a pesar de que representa una cantidad muy pequeña en relación con el conjunto del Presupuesto.
Y a eso hay que añadir el recorte del 36,1% en inversiones públicas que habrá que conocer con más detalle y analizar con cuidado cuando se conozcan en toda su extensión los Presupuestos para poder evaluar su efecto concreto, aunque el general es indiscutible: una caída inmediata del PIB y de la creación de empleo.
Conclusiones
En mi opinión, y solo a tener de los datos que de momento ha anticipado el gobierno, en estos Presupuestos hay dosis diferentes de distintos ingredientes: recortes muy grandes de gasto que se harán efectivos, otras previsiones de austeridad que será imposible llevar a cabo, sobrevaloración en el incremento previsto de la recaudación impositiva y una renuncia a abordar los problemas de fondo que ocasionan el déficit público.
Además de las valoraciones que he avanzado más arriba, yo creo que las implicaciones principales de estos primeros Presupuestos del gobierno de Rajoy son las siguientes
a) Suponen unos recortes de gasto excepcionales que van a afectar principalmente a las partidas que benefician a las rentas más bajas y a la promoción de la actividad empresarial y la actividad económica.
b) Precisamente por esto último, van a provocar una caída muy fuerte del ritmo de crecimiento, van a destruir miles de empresas y empleo y agudizarán la recesión en la que nuevamente se encuentra la economía española.
c) Ni siquiera van a poder reducir el déficit en las cifras en que se propone el Ejecutivo porque inflan las previsiones de aumento de ingresos y porque la reducción de gastos previstas en algunas partidos va a ser imposible que se lleven a cabo si no es con una buena dosis de contabilidad creativa de la que el Partido Popular tiene una gran dominio puesto que ya la utilizó abundantemente en su anterior etapa de gobierno. Salvo que haya complicidad de las autoridades europeas con los verdaderos objetivos que persiguen estos Presupuestos, y a los que más abajo me referiré, lo más probable es que los cuestionen poniendo en duda su realismo y que reclamen mayor disciplina aún en su intento suicida de salvar a la banca europea por encima de todo.
d) Estos Presupuestos responden al empecinamiento de las autoridades europeas, compartido por los dirigentes del PP, en creer que el problema que tiene la economía española es el déficit público cuando el verdaderamente grave es la deuda privada y la situación de la banca.
El error consiste en tratar de salir de la situación en la que estamos dando recursos sin límite a los bancos para que echen el peso de la deuda que han generado por su irresponsabilidad sobre las espaldas del resto de la economía y en exprimir a consumidores y empresas para que la paguen de sus bolsillos.
Pero eso, además de radicalmente injusto, es sencillamente imposible que llegue a buen término, incluso para la banca. Con presupuestos como este las economía se hunden inevitablemente. Y como los bancos españoles (como los italianos) están utilizando los billones que les da el Banco Central Europeo para colocarlos en los mercados financieros, lo que están provocando es atraer a los especuladores que los van a hundir sin remedio. Por eso las autoridades europeas empiezan a decir ya que hay que rescatar a los bancos españoles. Quieren acabar cuanto antes y obligar de una vez a que España reciba los préstamos que necesitan los bancos para que estos paguen pronto a sus acreedores europeos y dejen de desestabilizar la zona euro.
Los Presupuestos del PP hundirán a la economía española en una recesión más grave y dejan sin solucionar sus problemas auténticos. Juan Torres López.
El gobierno de Mariano Rajoy retrasó la presentación de los Presupuestos Generales del Estado hasta justo después de que se celebrasen las elecciones andaluzas con el evidente propósito de que seguir engañando a los ciudadanos diciéndoles lo contrario de lo que tenía pensado hacer. Como se sabe, no le sirvió de mucho y el Partido Popular no va a gobernar en Andalucía, que era lo que se buscaba. Ahora, por fin, sabemos lo que se propone hacer el Gobierno.
De momento solo conocemos las grandes líneas de los ingresos y gastos de Estado pero creo que son suficientes para llegar, en esta primera valoración de urgencia, a algunas conclusiones fundamentales.
Ingresos
A pesar de que se dice que su propósito principal es contener el déficit, el Gobierno actúa muy tímidamente sobre la recaudación de ingresos cuando en este aspecto estamos muy por debajo de los niveles potenciales que permitirían tener mucho más desahogo en los gastos. De hecho, los Presupuestos no contemplan subidas en el IRPF (ya se hizo el 30 de diciembre) ni en el IVA que son los impuestos con mayor capacidad recaudatoria (aunque no cabe descartar que lo hagan a lo largo del año). Tampoco contemplan subidas en impuestos sobre la gasolina que, además de mayor capacidad recaudatoria, pueden modificar pautas de consumo e incentivar el uso de otro tipo de transportes.
Los Presupuestos sí contemplan una serie de modificaciones en el Impuesto de Sociedades limitando las deducciones y reformando el sistema de pagos fraccionados orientadas a aumentar su recaudación. El inicio de una reforma de este impuesto puede considerarse positiva pero las medidas que prevé adoptar el ejecutivo son tímidas e insuficientes y pueden terminar por perjudicar a las pequeñas y medianas empresas cuando son las grandes y las entidades financieras las que evitan pagarlo en mucho mayor proporción.
Según los técnicos del Ministerio de Hacienda, este impuesto tiene “vías de escape” que permiten que las grandes empresas reduzcan el tipo nominal del 30% hasta el 17% o hasta el 16,08 que pagan de media las 105 mayores entidades de crédito, frente el 22% que pagan la mayor parte de las microempresas o el 20% de las pequeñas empresas.
Con los cambios en este impuesto que se han aprobado, el ejecutivo pretenden incrementar la recaudación en 5.350 millones de euros. Pero me parece una estimación muy posiblemente exagerada porque se basa en una previsión del crecimiento previa del PIB que está muy sobrevalorada y por encima del que realmente se registrará en 2012, sobre todo, después de estos presupuestos como después comentaré. Sin embargo, si se hubiera adoptado una medida como la que proponen los técnicos del Ministerio (un tipo impositivo del 35% para bases imponibles a partir del millón de euros de beneficios) se podrían recaudar 13.900 millones de euros. Es decir, más, solo con la reforma de un solo impuesto, de lo que el gobierno pretende recaudar reformando IRPF, Sociedades y otros especiales (12.314 millones de euros).
Otra de las medidas aprobadas para aumentar ingresos y reducir gastos es la subida y generalización de las tasas judiciales. Pero en mi opinión se trata de una medida que en términos relativos no tiene un gran efecto recaudatorio sino (como todos los mecanismos de copago), un menor recurso a la Administración de Justicia solo de las rentas más bajas, lo que es manifiestamente injusto. E incluso puede generar gasto adicional si impulsa la recurrencia al sistema de justicia gratuita que presenta muchas imperfecciones y lagunas y que quizá debería ser revisado para garantizar que se aplique con auténtico sentido de la justicia.
Finalmente, en el capítulo de ingresos el Gobierno ha aprobado una regularización que es una auténtica amnistía fiscal. Por cierto, del mismo tipo de la propuesta por Rodríguez Zapatero y que Rajoy y otros dirigentes del PP, con su habitual demagogia, descalificaron en su día.
Lo que se persigue con esta amnistía, según el Ministro de Hacienda, es que afloren capitales hasta ahora no declarados y para ello contempla dos vías o procedimientos. Una, destinada a las sociedades de mayor tamaño que hasta ahora viniesen tributando (o mejor dicho, que vinieran no tributando) en los llamados “países de reducida tributación”, es decir, en los paraísos fiscales, o que han obtenido allí dividendos o rendimientos del capital. El Gobierno ha aprobado que si se repatrían esos rendimientos solo tendrán que tributar al 8%.
La otra vía ofrece a las personas físicas o jurídicas que afloren rentas, bienes o derechos hasta ahora no declarados en el IRPF, Impuesto de Sociedades o Impuesto sobre la renta de no residentes una tributación al 10% y, además, que los puedan declarar con confidencialidad y discreción.
Por mucho que estas amnistías puedan traer de ingresos (que no los suelen traer en grandes cantidades porque solo suelen recurrir a ella los defraudadores minoristas y no los mayoristas del fraude) representan siempre una terrible injusticia, una rendición de los gobiernos ante los delincuentes, una falta de patriotismo y, en el plano económico y financiero, la renuncia a perseguir como se debe a quienes estafan a la sociedad e incumplen las leyes. Los ciudadanos deberían condenarla y repudiarla porque simplemente va a significar que el gobierno que la aprueba acepta como principio que unos hayan de cumplir con nuestras obligaciones fiscales y otros no.
Gastos
En el capítulo de gastos es donde se contemplan las medidas más drásticas (el Ministro de Asuntos Exteriores los calificó como “presupuestos de guerra”), y aunque de momento solo conocemos la magnitud general y algunas cifras concretas en algunas partidas generales, su cuantía y orientación nos permiten adelantar el efecto final que van a tener sobre la economía.
Solo en los presupuestos de los ministerios se contempla un recorte de 13.406 millones de euros lo que significa que algunas líneas de actuación política tan significativas como la cooperación al desarrollo (disminuyen el 71%), el apoyo a la automoción y coche eléctrico (disminuye un 87,5%) o las actuaciones de desarrollo rural (disminuyen el 85,9%) quedan en mínimos de mínimos. Y que otras tan decisivas como la atención a la dependencia o las políticas activas de empleo desaparecen por completo al disminuir el 100%, como le pasa al Fondo de integración de inmigrantes que desaparece, a pesar de que representa una cantidad muy pequeña en relación con el conjunto del Presupuesto.
Y a eso hay que añadir el recorte del 36,1% en inversiones públicas que habrá que conocer con más detalle y analizar con cuidado cuando se conozcan en toda su extensión los Presupuestos para poder evaluar su efecto concreto, aunque el general es indiscutible: una caída inmediata del PIB y de la creación de empleo.
Conclusiones
En mi opinión, y solo a tener de los datos que de momento ha anticipado el gobierno, en estos Presupuestos hay dosis diferentes de distintos ingredientes: recortes muy grandes de gasto que se harán efectivos, otras previsiones de austeridad que será imposible llevar a cabo, sobrevaloración en el incremento previsto de la recaudación impositiva y una renuncia a abordar los problemas de fondo que ocasionan el déficit público.
Además de las valoraciones que he avanzado más arriba, yo creo que las implicaciones principales de estos primeros Presupuestos del gobierno de Rajoy son las siguientes
a) Suponen unos recortes de gasto excepcionales que van a afectar principalmente a las partidas que benefician a las rentas más bajas y a la promoción de la actividad empresarial y la actividad económica.
b) Precisamente por esto último, van a provocar una caída muy fuerte del ritmo de crecimiento, van a destruir miles de empresas y empleo y agudizarán la recesión en la que nuevamente se encuentra la economía española.
c) Ni siquiera van a poder reducir el déficit en las cifras en que se propone el Ejecutivo porque inflan las previsiones de aumento de ingresos y porque la reducción de gastos previstas en algunas partidos va a ser imposible que se lleven a cabo si no es con una buena dosis de contabilidad creativa de la que el Partido Popular tiene una gran dominio puesto que ya la utilizó abundantemente en su anterior etapa de gobierno. Salvo que haya complicidad de las autoridades europeas con los verdaderos objetivos que persiguen estos Presupuestos, y a los que más abajo me referiré, lo más probable es que los cuestionen poniendo en duda su realismo y que reclamen mayor disciplina aún en su intento suicida de salvar a la banca europea por encima de todo.
d) Estos Presupuestos responden al empecinamiento de las autoridades europeas, compartido por los dirigentes del PP, en creer que el problema que tiene la economía española es el déficit público cuando el verdaderamente grave es la deuda privada y la situación de la banca.
El error consiste en tratar de salir de la situación en la que estamos dando recursos sin límite a los bancos para que echen el peso de la deuda que han generado por su irresponsabilidad sobre las espaldas del resto de la economía y en exprimir a consumidores y empresas para que la paguen de sus bolsillos.
Pero eso, además de radicalmente injusto, es sencillamente imposible que llegue a buen término, incluso para la banca. Con presupuestos como este las economía se hunden inevitablemente. Y como los bancos españoles (como los italianos) están utilizando los billones que les da el Banco Central Europeo para colocarlos en los mercados financieros, lo que están provocando es atraer a los especuladores que los van a hundir sin remedio. Por eso las autoridades europeas empiezan a decir ya que hay que rescatar a los bancos españoles. Quieren acabar cuanto antes y obligar de una vez a que España reciba los préstamos que necesitan los bancos para que estos paguen pronto a sus acreedores europeos y dejen de desestabilizar la zona euro.
Los Presupuestos del PP hundirán a la economía española en una recesión más grave y dejan sin solucionar sus problemas auténticos. Juan Torres López.
viernes, 30 de marzo de 2012
El Ejecutivo anuncia el mayor recorte de la democracia con 27.300 millones. El Gobierno eleva el recorte de gasto de los ministerios al 16,9% para reducir el déficit
Leer más aquí sobre el tijeretazo del Gobierno.
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