Mi hijo de 15 años, junto con otros compañeros, ha acudido a la manifestación en defensa de la escuela pública. Como madre me preocupa que mi hijo con esa edad deba ir a reclamar sus derechos: el derecho a una escuela pública de calidad, sin recortes, con medios; sin argumentos torticeros que proclamen que no hay recortes cuando los números evidencian que sí los hay. Aunque no en todas las escuelas; en las concertadas se ha producido un aumento del presupuesto, incluso en las segregadas por sexo. Así que no entiendo las declaraciones de la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, cuando califica de “huelga política” más que “educativa” la huelga de estudiantes. Por supuesto que lo es, de la misma forma que los recortes son fruto de una política sustentada en una ideología liberal que aboga por acabar con lo público para que sea meramente residual; que cada uno tenga no lo que merezca, sino lo que se pueda pagar.
Pero no todo es negativo: quizá nuestros hijos, ante tanta indecencia política y escasa sensibilidad de los que mandan para con la mayoría social, se conviertan en ciudadanos críticos, exigentes con la clase política y poco tolerantes ante la mediocridad de algunos de los que nos gobiernan. No es solo la defensa de lo público, es la defensa del derecho a tener un futuro digno.— CARMEN GRACIA CASALS 23 OCT 2014. Barcelona. El País, cartas al director.
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jueves, 23 de octubre de 2014
viernes, 12 de septiembre de 2014
El arte de educar
Son padres y profesores. imparten conocimientos en casa y en el aula. Ante el convulso panorama de la enseñanza, los docentes nos dan sus claves para fomentar el aprendizaje.
Alba tiene 14 años y es hija de Lucía Martín-Retortillo, profesora de secundaria, a quien ha intentado convencer de que el Holocausto nunca existió. “Me costó meses quitarle la idea de la cabeza; había leído muchos artículos en Internet donde se aseguraba que todo era mentira, y para ella ahí está la verdad suprema”. Lucía tuvo que recurrir a la historia familiar para neutralizar la confusión: “Tenemos una tía abuela superviviente del exterminio”.
Esta profesora bilingüe, que comparte plaza con otra colega, se ha ido al paro en junio (en verano los interinos como ella han sido despedidos), y volverá a ser contratada en septiembre. “Intento no quejarme demasiado, porque hay quien comparte cuartos de plaza, pero nos están convirtiendo en jornaleros de la educación”, se lamenta esta nieta y bisnieta de profesores, cuyos apellidos se fusionaron a principios del siglo XX para perpetuar una saga de maestros en Extremadura.
La de Lucía es solo una de las historias que subyacen tras los compromisos de contención del gasto público del Gobierno. El Ejecutivo español ha asegurado ante la Unión Europea que el presupuesto de Educación –el 5% del PIB en 2011– se reducirá al 3,9% en 2015. “El Ministerio de Educación se acoge al argumento del umbral de inversión. Es decir, que una vez alcanzado un nivel de recursos, una reducción no va a repercutir en el alumnado”, explica el sociólogo José Saturnino Martínez García, que cree que los recortes no se notarán en un curso. “Los veremos dentro de un decenio, en los chicos que hoy tienen siete y ocho años”. Esa es la edad del hijo mayor (y también alumno) de Diego Bragado, profesor de educación física. “En clase es extraordinario, pero en casa se vuelve más rebelde”, admite su padre, que ha encontrado en el deporte un arma para educar.
Cada vez que se publica un informe PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes), la opinión pública acaba con la impresión de que España sigue a la cola de los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). El informe PISA 2012 asegura que uno de cada seis alumnos no sabe interpretar una factura, lo que supone que cinco sí pueden hacerlo. Pero, por algún motivo, esto no es lo que se destaca. Cada nueva edición del estudio es una bofetada a la autoestima y una nueva razón para fustigarse: “¡Menudo desastre!”.
Pero hasta a los evaluadores de PISA les sorprende el discurso que tenemos sobre nosotros mismos. “Somos peritos expertos en desanimarnos”. Lo dice Ángel Gabilondo, que fue ministro de Educación entre 2009 y 2011. “En otros países se hace una lectura enfocada a mejorar lo que hay, pero aquí buscamos lo que no va bien y lo utilizamos para justificar nuestras posturas. En lugar de evaluar para mejorar parece que se evalúa para tener razón”.
Según Gabilondo, PISA no es “el criterio definitivo para valorar la educación”. “A la OCDE solo le interesa medir la relación de los estudios con el sistema productivo y la educación es mucho más que eso”. Además, le sorprende el corto tiempo que transcurre entre la publicación del informe y las opiniones apocalípticas: “Pienso: ‘¡pero qué rápido leen!’ Hay que mirarlo despacio para ver las cosas buenas: nuestro sistema es más inclusivo que otros, y escolariza a los niños desde los tres años”, dice el autor de Darse a la lectura (RBA, 2012)...
Fuente: El País Semanal.
Alba tiene 14 años y es hija de Lucía Martín-Retortillo, profesora de secundaria, a quien ha intentado convencer de que el Holocausto nunca existió. “Me costó meses quitarle la idea de la cabeza; había leído muchos artículos en Internet donde se aseguraba que todo era mentira, y para ella ahí está la verdad suprema”. Lucía tuvo que recurrir a la historia familiar para neutralizar la confusión: “Tenemos una tía abuela superviviente del exterminio”.
Esta profesora bilingüe, que comparte plaza con otra colega, se ha ido al paro en junio (en verano los interinos como ella han sido despedidos), y volverá a ser contratada en septiembre. “Intento no quejarme demasiado, porque hay quien comparte cuartos de plaza, pero nos están convirtiendo en jornaleros de la educación”, se lamenta esta nieta y bisnieta de profesores, cuyos apellidos se fusionaron a principios del siglo XX para perpetuar una saga de maestros en Extremadura.
La de Lucía es solo una de las historias que subyacen tras los compromisos de contención del gasto público del Gobierno. El Ejecutivo español ha asegurado ante la Unión Europea que el presupuesto de Educación –el 5% del PIB en 2011– se reducirá al 3,9% en 2015. “El Ministerio de Educación se acoge al argumento del umbral de inversión. Es decir, que una vez alcanzado un nivel de recursos, una reducción no va a repercutir en el alumnado”, explica el sociólogo José Saturnino Martínez García, que cree que los recortes no se notarán en un curso. “Los veremos dentro de un decenio, en los chicos que hoy tienen siete y ocho años”. Esa es la edad del hijo mayor (y también alumno) de Diego Bragado, profesor de educación física. “En clase es extraordinario, pero en casa se vuelve más rebelde”, admite su padre, que ha encontrado en el deporte un arma para educar.
Cada vez que se publica un informe PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes), la opinión pública acaba con la impresión de que España sigue a la cola de los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). El informe PISA 2012 asegura que uno de cada seis alumnos no sabe interpretar una factura, lo que supone que cinco sí pueden hacerlo. Pero, por algún motivo, esto no es lo que se destaca. Cada nueva edición del estudio es una bofetada a la autoestima y una nueva razón para fustigarse: “¡Menudo desastre!”.
Pero hasta a los evaluadores de PISA les sorprende el discurso que tenemos sobre nosotros mismos. “Somos peritos expertos en desanimarnos”. Lo dice Ángel Gabilondo, que fue ministro de Educación entre 2009 y 2011. “En otros países se hace una lectura enfocada a mejorar lo que hay, pero aquí buscamos lo que no va bien y lo utilizamos para justificar nuestras posturas. En lugar de evaluar para mejorar parece que se evalúa para tener razón”.
Según Gabilondo, PISA no es “el criterio definitivo para valorar la educación”. “A la OCDE solo le interesa medir la relación de los estudios con el sistema productivo y la educación es mucho más que eso”. Además, le sorprende el corto tiempo que transcurre entre la publicación del informe y las opiniones apocalípticas: “Pienso: ‘¡pero qué rápido leen!’ Hay que mirarlo despacio para ver las cosas buenas: nuestro sistema es más inclusivo que otros, y escolariza a los niños desde los tres años”, dice el autor de Darse a la lectura (RBA, 2012)...
Fuente: El País Semanal.
sábado, 30 de noviembre de 2013
Miles de personas marchan en Madrid contra la ‘ley Wert’
La Plataforma Estatal por la Escuela Pública recorre el centro de la ciudad tras la aprobación de la LOMCE en el Congreso
Miles de personas han salido hoy a las calles de Madrid para oponerse, una vez más, a los recortes y a la llamada ley Wert de reforma educativa. Organizada por la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, la marcha ha comenzado a las 12.00 en la Plaza de España y ha subido por la Gran Vía hasta la calle de Alcalá, ante la sede del Ministerio de Educación. La manifestación pretende mostrar su rechazo a la política educativa del Gobierno, que ha facilitado un recorte en los presupuestos escolares de más de 6.400 millones de euros desde 2010, y a la reforma educativa, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), más conocida como ley Wert, aprobada el jueves en el Congreso con el único apoyo parlamentario del PP; votó en contra el resto de partidos excepto UPN, que se abstuvo.
La marcha, a la que han acudido personas desde todas las comunidades autónomas, no es el final de las movilizaciones a pesar de que la ley ya está aprobada, según han destacado los organizadores de la protesta, entre otros, el responsable de la federación de asociaciones de padres CEAPA, Jesús María Sánchez. "Hoy no se acaba nada. Vamos a seguir acudiendo a los tribunales, a la UE y vamos a presentar un escrito al Defensor del Pueblo", de tal manera que la puesta en marcha de la ley se va a convertir en "un calvario judicial", ha añadido el responsable de la Federación de Enseñanza de CC OO, Francisco García. Mientras el Sindicato de Estudiantes reclamaba a los sindicatos compañeros de plataforma (CC OO, FETE-UGT y STES) la convocatoria de una huelga general educativa de 72 horas (ya ha habido dos paros contra la ley Wert en los últimos meses) y lanzaba contra ellos algunos reproches, García ha llamado a la unidad de la protesta.
Las clave de la LOMCE
Fuente: El País.
http://elpais.com/sociedad/2013/05/08/actualidad/1368031468_320468.html
Miles de personas han salido hoy a las calles de Madrid para oponerse, una vez más, a los recortes y a la llamada ley Wert de reforma educativa. Organizada por la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, la marcha ha comenzado a las 12.00 en la Plaza de España y ha subido por la Gran Vía hasta la calle de Alcalá, ante la sede del Ministerio de Educación. La manifestación pretende mostrar su rechazo a la política educativa del Gobierno, que ha facilitado un recorte en los presupuestos escolares de más de 6.400 millones de euros desde 2010, y a la reforma educativa, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), más conocida como ley Wert, aprobada el jueves en el Congreso con el único apoyo parlamentario del PP; votó en contra el resto de partidos excepto UPN, que se abstuvo.
La marcha, a la que han acudido personas desde todas las comunidades autónomas, no es el final de las movilizaciones a pesar de que la ley ya está aprobada, según han destacado los organizadores de la protesta, entre otros, el responsable de la federación de asociaciones de padres CEAPA, Jesús María Sánchez. "Hoy no se acaba nada. Vamos a seguir acudiendo a los tribunales, a la UE y vamos a presentar un escrito al Defensor del Pueblo", de tal manera que la puesta en marcha de la ley se va a convertir en "un calvario judicial", ha añadido el responsable de la Federación de Enseñanza de CC OO, Francisco García. Mientras el Sindicato de Estudiantes reclamaba a los sindicatos compañeros de plataforma (CC OO, FETE-UGT y STES) la convocatoria de una huelga general educativa de 72 horas (ya ha habido dos paros contra la ley Wert en los últimos meses) y lanzaba contra ellos algunos reproches, García ha llamado a la unidad de la protesta.
Las clave de la LOMCE
Fuente: El País.
http://elpais.com/sociedad/2013/05/08/actualidad/1368031468_320468.html
sábado, 19 de octubre de 2013
Un millón de firmas por la Educación pública en menos de un mes
Más de un millón de personas han participado hasta el momento en la consulta ciudadana sobre la educación organizada por la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, de las cuales un 99% ha votado en contra de los recortes. Una cifra de participación “que nunca antes se había dado en ningún proceso puesto en marcha por los ciudadanos”, y que puede aumentar en los diez días que aún quedan de plazo.
En una carta dirigida al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y que ha sido registrada este jueves en el Ministerio de Presidencia, la plataforma de sindicatos de enseñanza y asociaciones de padres ha exigido que el Ejecutivo frene “de manera inmediata” los recortes, recupere la inversión y retire la Lomce (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa).
Además, los organizadores han emplazado a Rajoy a “cambiar los actuales responsables educativos para poder tener interlocutores válidos”, que se dediquen a “trabajar para atender las demandas de la sociedad y llevarlas a la práctica”.
La Plataforma ha explicado también en su misiva el motivo de la prórroga de la consulta, que inicialmente tenía previsto finalizar este jueves 17 de octubre y que finalmente lo hará el próximo día 27. “Hemos ampliado el plazo de realización de dicha consulta para contrarrestar los efectos del intento de boicot por parte de algunos responsables políticos que tienen miedo a la democracia y lo demuestran intentando cercenar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas y ordenando prohibiciones”, han denunciado los sindicatos.
Una ley sin consenso
La Lomce ha sido una de las reformas educativas con menor nivel de consenso de la historia de la democracia. Todos los partidos de la oposición, los sindicatos más representativos, las asociaciones de padres y otros agentes sociales han mostrado su rechazo a una ley que ha desgastado de forma abrumadora la imagen del ministro de Educación, José Ignacio Wert.
Tras la finalización de la huelga indefinida en Baleares, el 24 de octubre hay convocada una huelga general educativa, en la que participarán, por segunda vez, padres, profesores y alumnos de todos los niveles educativos. Será la enésima movilización en un contexto de recortes que se han llevado ya por delante a más de 60.000 trabajadores de la escuela pública.
Fuente: http://www.lamarea.com/2013/10/17/un-millon-de-firmas-por-la-educacion-publica-en-menos-de-un-mes/
En una carta dirigida al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y que ha sido registrada este jueves en el Ministerio de Presidencia, la plataforma de sindicatos de enseñanza y asociaciones de padres ha exigido que el Ejecutivo frene “de manera inmediata” los recortes, recupere la inversión y retire la Lomce (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa).
Además, los organizadores han emplazado a Rajoy a “cambiar los actuales responsables educativos para poder tener interlocutores válidos”, que se dediquen a “trabajar para atender las demandas de la sociedad y llevarlas a la práctica”.
La Plataforma ha explicado también en su misiva el motivo de la prórroga de la consulta, que inicialmente tenía previsto finalizar este jueves 17 de octubre y que finalmente lo hará el próximo día 27. “Hemos ampliado el plazo de realización de dicha consulta para contrarrestar los efectos del intento de boicot por parte de algunos responsables políticos que tienen miedo a la democracia y lo demuestran intentando cercenar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas y ordenando prohibiciones”, han denunciado los sindicatos.
Una ley sin consenso
La Lomce ha sido una de las reformas educativas con menor nivel de consenso de la historia de la democracia. Todos los partidos de la oposición, los sindicatos más representativos, las asociaciones de padres y otros agentes sociales han mostrado su rechazo a una ley que ha desgastado de forma abrumadora la imagen del ministro de Educación, José Ignacio Wert.
Tras la finalización de la huelga indefinida en Baleares, el 24 de octubre hay convocada una huelga general educativa, en la que participarán, por segunda vez, padres, profesores y alumnos de todos los niveles educativos. Será la enésima movilización en un contexto de recortes que se han llevado ya por delante a más de 60.000 trabajadores de la escuela pública.
Fuente: http://www.lamarea.com/2013/10/17/un-millon-de-firmas-por-la-educacion-publica-en-menos-de-un-mes/
martes, 16 de julio de 2013
14 razones para retirar el proyecto de reforma educativa
Enrique Javier Díez Gutiérrez
La educación de nuestro país ha mejorado notablemente en la etapa democrática, si bien es evidente que tiene aspectos importantes que corregir. El principal reto que debería afrontar la educación en nuestro país es lograr el éxito escolar de todo el alumnado en la educación obligatoria. Eso sí que sería aumentar en calidad y equidad nuestro sistema educativo.
Pero las medidas que acompañan el proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa se concretan en recortes de -5.212 millones desde que el PP ha empezado a gobernar, y un compromiso con Bruselas de recortar otros 1o.000 millones hasta 2015 hasta rebajar al 3,9% del PIB el gasto público educativo, retrotrayéndonos a cifras superadas hace 25 años y situándonos a la cola de la OCDE y la UE. Recortar en educación significa que miles de menores y jóvenes recibirán una educación de peor calidad y tendrán más dificultad para permanecer más tiempo en el sistema educativo, generando una sociedad más desigual.
Esta ley, por tanto, sirve de máscara para justificar los recortes y el desmantelamiento de la educación pública, justificando un modelo educativo ideológico que nos lleva de vuelta al sistema de enseñanza franquista. Por eso los sectores progresistas de este país y buena parte de la comunidad educativa han ofrecido suficientes razones al Ministro Wert para que retire este proyecto de reforma educativa.
1. Es un proyecto de ley sin base científica pedagógica seria y contrastada. No se ha realizado una aproximación contrastada a las causas reales que provocan las deficiencias del sistema. Frente a ello, se parte de postulados ideológicos que se afirman sin datos concretos que los respalden científicamente.
2. Es un proyecto de ley impuesto sin debate ni consenso. Se ha impuesto de espaldas a la comunidad educativa y a los expertos y expertas en el campo de la educación, desde una mayoría absoluta cada vez más deslegitimada. El anunciado diálogo con los grupos parlamentarios y con las organizaciones representativas de la comunidad educativa se ha limitado a exponer los inamovibles principios de su reforma.
3. Esta es una ley con una filosofía mercantilista que se refleja a lo largo de su articulado. Concibe la Educación no como un derecho fundamental que debe ser garantizado por los poderes públicos mediante una red escolar de centros públicos, sino como “un bien” particular que deberá estar especialmente al servicio del sistema productivo, de la competitividad y de la empleabilidad. Hacer una reforma educativa con la idea de formar trabajadores competitivos en el mercado local y global, no es simplemente una forma estrecha de entender la educación, sino que es una inversión completa de los principios y valores en que se fundamenta nuestro sistema educativo: formarse como profesional es algo necesario pero subordinado a la prioridad fundamental de cualquier sistema educativo, formarse como persona y ciudadano o ciudadana crítica para aprender, desarrollarse y avanzar en la construcción de una sociedad más sabia, justa y cohesionada.
4. Esta es una ley profundamente privatizadora porque introduce una nueva definición del Sistema Educativo Español que supone la consagración de las corporaciones empresariales y los grupos religiosos como parte del Sistema Educativo, en pie de igualdad con el sector público educativo . Además suprime la obligación de las Administraciones educativas de garantizar plazas “públicas” suficientes. Al eliminar el término “públicas” de la redacción no sólo suprime la naturaleza pública de las plazas que se creen, sino que en consecuencia, abre la posibilidad de creación de centros privados con dinero público, estableciendo que las administraciones garantizarán la existencia de plazas en las zonas de nueva población, en función de la “demanda social”, que cada administración podrá interpretar de acuerdo con su orientación ideológica determinada.
En una novedosa concesión a la patronal de los centros privados introduce la “libertad de enseñanza” entre los principios y los fines de la educación que establece la ley. Además, con la excusa de “españolizar” a los estudiantes de Autonomías con lenguas propias, obliga a las Administraciones educativas a costear con dinero público los gastos de escolarización en centros privados. Es más, la enseñanza privada ha resultado altamente favorecida por esta reforma, no sólo porque les da garantías de recibir fondos sea cual sea su carácter y su ideario, sino porque además amplía los años de duración mínima de los conciertos dando tranquilidad a la empresa titular de los centros concertados ante la disminución de la población escolar.
5. Es una ley que potencia el adoctrinamiento católico en la escuela. Esta ley, tras eliminar la Educación para la Ciudadanía, aduciendo que dicha materia adoctrina ideológicamente, sigue manteniendo el auténtico adoctrinamiento ideológico de la Religión y la financiación de los centros católicos que ya dispuso la LOE, dando rol profesional de profesores a los catequistas designados por la jerarquía católica. Incluso introduce una alternativa con calificación a la asignatura de Religión para evitar la fuga del alumnado de religión.
6. Es una ley segregadora. Bajo el paraguas de la existencia de diferentes “talentos” en el alumnado, lo que se pretende realmente, mediante vías paralelas e itinerarios cerrados, es romper el actual tronco común en la escolaridad básica y obligatoria, desviando y segregando al alumnado con mayores dificultades hacía vías devaluadas e itinerarios segregadores.
7. Es una ley recentralizadora y controladora del curriculum. Las materias pasan a estar clasificadas en un ranking que establece su importancia. Las materiales troncales, la mayoría y más sustantivas, las fija el Gobierno, tanto en sus contenidos como en el horario mínimo, y las Administraciones educativas el resto. Lo cual significa que elimina la autonomía pedagógica de los centros y muestra una clara desconfianza en la capacidad profesional del profesorado y de las comunidades educativas. Además el Gobierno se reserva fijar los “estándares y criterios de evaluación” que “señalizarán de forma clara al conjunto de la comunidad educativa cuáles son los niveles de exigencia”.
8. Es una ley que recorta y reduce el currículum. Esta contrarreforma pretende concentrar la carga lectiva en unas asignaturas instrumentales, centradas en contenidos considerados “útiles” para el futuro laboral, reduciendo o suprimiendo enseñanzas artísticas, clásicas, de economía, geografía, tecnología o de humanidades que se consideran de segunda categoría o prescindibles. Se trata así de sacrificar áreas creativas e innovadoras del conocimiento, contenidos abiertos, globales y complejos, para centrarse en preparar futura mano de obra laboral, dotada con meros conocimientos instrumentales básicos.
9. Es una ley que devalúa la Formación Profesional. La selección temprana en la secundaria obligatoria devalúa la Formación Profesional volviendo a considerarse como opción para los que no son capaces de seguir. La aplicación del modelo de FP dual, sabiendo que las posibilidades de formación en el empleo dependen de la oferta laboral que, en nuestro país, es inexistente, puede convertirse en una nueva vía para deteriorar aún más nuestro mercado de trabajo, utilizando como mano de obra barata a los estudiantes de Formación Profesional.
10. Es una ley que introduce en el sistema educativo la competitividad darwinista estableciendo pruebas externas a nivel nacional, para ofrecer una clasificación de colegios según sus resultados en rankings públicos donde se ordenarán, como si de una liga de fútbol se tratara, en centros con buenos, regulares o malos resultados. Además, l a ley liga la propuesta de autonomía escolar a esta especialización competitiva de los centros y a los resultados académicos en función de los cuales llegarán recursos diferenciados. Es el llamado “pago por resultados” propio del mundo empresarial. Se darán incentivos a los centros, no en función de las necesidades de su alumnado, sino según puesto en el ranking.
Lógicamente, en este mercado competitivo las escuelas se harán más selectivas, tendiendo a rechazar al alumnado que presenta mayores dificultades y que pueda hacer descender su posición en el ranking de centros. Los centros reaccionarán buscando estar en la parte más alta del ranking, dedicando el tiempo escolar a preparar las reválidas para que los resultados del alumnado les permitan estar en “primera división”.
11. Es una ley que convierte la educación en una carrera de obstáculos. El modelo de evaluación que contempla la LOMCE pivota sobre la profusión de pruebas individualizadas externas. Apuesta así por un modelo de enseñanza basado en la presión del examen , frente a un modelo educativo más centrado en las necesidades y motivaciones del alumnado. En vez de buscar estrategias y formas de motivar y entusiasmar al alumnado por el conocimiento y el aprendizaje. Quienes no aprueben las reválidas de secundaria serán expulsados del sistema educativo invalidando el trabajo hecho en años de escolarización.
Todas estas evaluaciones serán pruebas externas, aplicadas y evaluadas por profesorado o especialistas ajenos al centro, desconocedores del alumnado, de su realidad. Lo cual supone una merma de la autoridad del profesorado del propio centro respecto al alumnado y un menosprecio a su capacidad profesional para valorar su proceso educativo. Tras la reválida de 2º de Bachillerato, cada universidad podrá hacer pruebas de acceso para seleccionar a su alumnado. Este sistema de evaluación selectiva de las Universidades supondrá la sustitución de un sistema de acceso objetivo e igualitario, por otro que permitirá la selección con criterios dispares, no homogéneos y propicios a todo tipo de disfunciones.
12. Es una ley profundamente antidemocrática. El consejo escolar queda relegado a funciones meramente consultivas y no decisorias, lo que conlleva arruinar la poca “democracia participativa” que quedaba en los centros de Enseñanza, mientras que las funciones decisorias pasan a ser competencia de un director o directora, nombrado directamente por la Administración y no de forma democrática por su comunidad educativa. Este modelo rompe con la cultura de colaboración y participación necesarias con las familias y la comunidad educativa.
13. Es una ley que apuesta por la gestión privada de tipo empresarial en la educación pública. Propone gestionar los centros públicos según las recetas de la empresa privada, mediante una mayor autonomía financiera que requiera de fuentes de financiación privadas, ante la insuficiencia de la financiación pública. Financiación externa de patrocinadores que imponen sus logotipos y exigencias, introduciendo los intereses privados y mercantiles en la educación pública. A ello se añade la especialización de los centros para ofrecer una oferta competitiva y “diferenciada” a la clientela. Gestión jerarquizada de una dirección unipersonal y no colegiada, que podrá seleccionar al profesorado en los centros especializados, rompiendo los procedimientos de transparencia, mérito e igualdad en la conformación de las plantillas docentes.
13. Es una ley que retrocede en la igualdad. Da cobertura legal asegurando el concierto a los centros de educación diferenciada por sexos. Incluso el texto incumple la Ley Orgánica de Igualdad que determina que la Administración pública debe mantener en sus publicaciones un lenguaje que no discrimine por razón de sexo y que fomente y persiga la igualdad.
14. Es una ley que quiebra los principios de igualdad, mérito y capacidad en la selección del profesorado en la educación pública, introduciendo la posibilidad de contratar profesorado bilingüe o plurilingüe al margen de los procedimientos normativos establecidos.
En definitiva, esta ley lo que realmente pretende es reducir el período de enseñanza obligatoria para una parte de quienes han sido incluidos en el último medio siglo mediante reválidas, itinerarios, especialización centros, etc., así como consolidar y aumentar la diferenciación de dos redes de educación, recortando la educación pública y potenciando la privada subvencionada con dinero de nuestros impuestos.
Esta ley persigue el desmantelamiento de todo atisbo de cualquier modelo educativo basado en la comprensividad y en el principio de calidad con equidad. Lo que busca es consolidar una enseñanza dual mediante la estrategia de abandonar a su suerte a la educación pública y convertir el sistema educativo en una carrera de obstáculos para quienes tienen más dificultades de aprendizaje.
Por eso creemos que hay suficiente razones para exigir la retirada y devolución al gobierno de este proyecto de ley por ser una ley que expulsará del sistema al alumnado con más dificultades socio-económicas, promoviendo un modelo educativo clasista, apostando por la segregación temprana y estigmatizando la diversidad educativa, atacando la educación inclusiva y la coeducación, manteniendo la religión en la escuela y negando la participación de la comunidad educativa. Es necesario la apertura de un período de estudio previo riguroso sobre las causas reales de los problemas de nuestro sistema educativo y un verdadero diálogo con la comunidad educativa y con todas las fuerzas sociales y políticas que permita sentar las bases de un modelo educativo que contribuya a la cohesión social y a la formación de personas más iguales, más libres y más críticas.
Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de León y Coordinador del Área Federal de Educación de IU
La educación de nuestro país ha mejorado notablemente en la etapa democrática, si bien es evidente que tiene aspectos importantes que corregir. El principal reto que debería afrontar la educación en nuestro país es lograr el éxito escolar de todo el alumnado en la educación obligatoria. Eso sí que sería aumentar en calidad y equidad nuestro sistema educativo.
Pero las medidas que acompañan el proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa se concretan en recortes de -5.212 millones desde que el PP ha empezado a gobernar, y un compromiso con Bruselas de recortar otros 1o.000 millones hasta 2015 hasta rebajar al 3,9% del PIB el gasto público educativo, retrotrayéndonos a cifras superadas hace 25 años y situándonos a la cola de la OCDE y la UE. Recortar en educación significa que miles de menores y jóvenes recibirán una educación de peor calidad y tendrán más dificultad para permanecer más tiempo en el sistema educativo, generando una sociedad más desigual.
Esta ley, por tanto, sirve de máscara para justificar los recortes y el desmantelamiento de la educación pública, justificando un modelo educativo ideológico que nos lleva de vuelta al sistema de enseñanza franquista. Por eso los sectores progresistas de este país y buena parte de la comunidad educativa han ofrecido suficientes razones al Ministro Wert para que retire este proyecto de reforma educativa.
1. Es un proyecto de ley sin base científica pedagógica seria y contrastada. No se ha realizado una aproximación contrastada a las causas reales que provocan las deficiencias del sistema. Frente a ello, se parte de postulados ideológicos que se afirman sin datos concretos que los respalden científicamente.
2. Es un proyecto de ley impuesto sin debate ni consenso. Se ha impuesto de espaldas a la comunidad educativa y a los expertos y expertas en el campo de la educación, desde una mayoría absoluta cada vez más deslegitimada. El anunciado diálogo con los grupos parlamentarios y con las organizaciones representativas de la comunidad educativa se ha limitado a exponer los inamovibles principios de su reforma.
3. Esta es una ley con una filosofía mercantilista que se refleja a lo largo de su articulado. Concibe la Educación no como un derecho fundamental que debe ser garantizado por los poderes públicos mediante una red escolar de centros públicos, sino como “un bien” particular que deberá estar especialmente al servicio del sistema productivo, de la competitividad y de la empleabilidad. Hacer una reforma educativa con la idea de formar trabajadores competitivos en el mercado local y global, no es simplemente una forma estrecha de entender la educación, sino que es una inversión completa de los principios y valores en que se fundamenta nuestro sistema educativo: formarse como profesional es algo necesario pero subordinado a la prioridad fundamental de cualquier sistema educativo, formarse como persona y ciudadano o ciudadana crítica para aprender, desarrollarse y avanzar en la construcción de una sociedad más sabia, justa y cohesionada.
4. Esta es una ley profundamente privatizadora porque introduce una nueva definición del Sistema Educativo Español que supone la consagración de las corporaciones empresariales y los grupos religiosos como parte del Sistema Educativo, en pie de igualdad con el sector público educativo . Además suprime la obligación de las Administraciones educativas de garantizar plazas “públicas” suficientes. Al eliminar el término “públicas” de la redacción no sólo suprime la naturaleza pública de las plazas que se creen, sino que en consecuencia, abre la posibilidad de creación de centros privados con dinero público, estableciendo que las administraciones garantizarán la existencia de plazas en las zonas de nueva población, en función de la “demanda social”, que cada administración podrá interpretar de acuerdo con su orientación ideológica determinada.
En una novedosa concesión a la patronal de los centros privados introduce la “libertad de enseñanza” entre los principios y los fines de la educación que establece la ley. Además, con la excusa de “españolizar” a los estudiantes de Autonomías con lenguas propias, obliga a las Administraciones educativas a costear con dinero público los gastos de escolarización en centros privados. Es más, la enseñanza privada ha resultado altamente favorecida por esta reforma, no sólo porque les da garantías de recibir fondos sea cual sea su carácter y su ideario, sino porque además amplía los años de duración mínima de los conciertos dando tranquilidad a la empresa titular de los centros concertados ante la disminución de la población escolar.
5. Es una ley que potencia el adoctrinamiento católico en la escuela. Esta ley, tras eliminar la Educación para la Ciudadanía, aduciendo que dicha materia adoctrina ideológicamente, sigue manteniendo el auténtico adoctrinamiento ideológico de la Religión y la financiación de los centros católicos que ya dispuso la LOE, dando rol profesional de profesores a los catequistas designados por la jerarquía católica. Incluso introduce una alternativa con calificación a la asignatura de Religión para evitar la fuga del alumnado de religión.
6. Es una ley segregadora. Bajo el paraguas de la existencia de diferentes “talentos” en el alumnado, lo que se pretende realmente, mediante vías paralelas e itinerarios cerrados, es romper el actual tronco común en la escolaridad básica y obligatoria, desviando y segregando al alumnado con mayores dificultades hacía vías devaluadas e itinerarios segregadores.
7. Es una ley recentralizadora y controladora del curriculum. Las materias pasan a estar clasificadas en un ranking que establece su importancia. Las materiales troncales, la mayoría y más sustantivas, las fija el Gobierno, tanto en sus contenidos como en el horario mínimo, y las Administraciones educativas el resto. Lo cual significa que elimina la autonomía pedagógica de los centros y muestra una clara desconfianza en la capacidad profesional del profesorado y de las comunidades educativas. Además el Gobierno se reserva fijar los “estándares y criterios de evaluación” que “señalizarán de forma clara al conjunto de la comunidad educativa cuáles son los niveles de exigencia”.
8. Es una ley que recorta y reduce el currículum. Esta contrarreforma pretende concentrar la carga lectiva en unas asignaturas instrumentales, centradas en contenidos considerados “útiles” para el futuro laboral, reduciendo o suprimiendo enseñanzas artísticas, clásicas, de economía, geografía, tecnología o de humanidades que se consideran de segunda categoría o prescindibles. Se trata así de sacrificar áreas creativas e innovadoras del conocimiento, contenidos abiertos, globales y complejos, para centrarse en preparar futura mano de obra laboral, dotada con meros conocimientos instrumentales básicos.
9. Es una ley que devalúa la Formación Profesional. La selección temprana en la secundaria obligatoria devalúa la Formación Profesional volviendo a considerarse como opción para los que no son capaces de seguir. La aplicación del modelo de FP dual, sabiendo que las posibilidades de formación en el empleo dependen de la oferta laboral que, en nuestro país, es inexistente, puede convertirse en una nueva vía para deteriorar aún más nuestro mercado de trabajo, utilizando como mano de obra barata a los estudiantes de Formación Profesional.
10. Es una ley que introduce en el sistema educativo la competitividad darwinista estableciendo pruebas externas a nivel nacional, para ofrecer una clasificación de colegios según sus resultados en rankings públicos donde se ordenarán, como si de una liga de fútbol se tratara, en centros con buenos, regulares o malos resultados. Además, l a ley liga la propuesta de autonomía escolar a esta especialización competitiva de los centros y a los resultados académicos en función de los cuales llegarán recursos diferenciados. Es el llamado “pago por resultados” propio del mundo empresarial. Se darán incentivos a los centros, no en función de las necesidades de su alumnado, sino según puesto en el ranking.
Lógicamente, en este mercado competitivo las escuelas se harán más selectivas, tendiendo a rechazar al alumnado que presenta mayores dificultades y que pueda hacer descender su posición en el ranking de centros. Los centros reaccionarán buscando estar en la parte más alta del ranking, dedicando el tiempo escolar a preparar las reválidas para que los resultados del alumnado les permitan estar en “primera división”.
11. Es una ley que convierte la educación en una carrera de obstáculos. El modelo de evaluación que contempla la LOMCE pivota sobre la profusión de pruebas individualizadas externas. Apuesta así por un modelo de enseñanza basado en la presión del examen , frente a un modelo educativo más centrado en las necesidades y motivaciones del alumnado. En vez de buscar estrategias y formas de motivar y entusiasmar al alumnado por el conocimiento y el aprendizaje. Quienes no aprueben las reválidas de secundaria serán expulsados del sistema educativo invalidando el trabajo hecho en años de escolarización.
Todas estas evaluaciones serán pruebas externas, aplicadas y evaluadas por profesorado o especialistas ajenos al centro, desconocedores del alumnado, de su realidad. Lo cual supone una merma de la autoridad del profesorado del propio centro respecto al alumnado y un menosprecio a su capacidad profesional para valorar su proceso educativo. Tras la reválida de 2º de Bachillerato, cada universidad podrá hacer pruebas de acceso para seleccionar a su alumnado. Este sistema de evaluación selectiva de las Universidades supondrá la sustitución de un sistema de acceso objetivo e igualitario, por otro que permitirá la selección con criterios dispares, no homogéneos y propicios a todo tipo de disfunciones.
12. Es una ley profundamente antidemocrática. El consejo escolar queda relegado a funciones meramente consultivas y no decisorias, lo que conlleva arruinar la poca “democracia participativa” que quedaba en los centros de Enseñanza, mientras que las funciones decisorias pasan a ser competencia de un director o directora, nombrado directamente por la Administración y no de forma democrática por su comunidad educativa. Este modelo rompe con la cultura de colaboración y participación necesarias con las familias y la comunidad educativa.
13. Es una ley que apuesta por la gestión privada de tipo empresarial en la educación pública. Propone gestionar los centros públicos según las recetas de la empresa privada, mediante una mayor autonomía financiera que requiera de fuentes de financiación privadas, ante la insuficiencia de la financiación pública. Financiación externa de patrocinadores que imponen sus logotipos y exigencias, introduciendo los intereses privados y mercantiles en la educación pública. A ello se añade la especialización de los centros para ofrecer una oferta competitiva y “diferenciada” a la clientela. Gestión jerarquizada de una dirección unipersonal y no colegiada, que podrá seleccionar al profesorado en los centros especializados, rompiendo los procedimientos de transparencia, mérito e igualdad en la conformación de las plantillas docentes.
13. Es una ley que retrocede en la igualdad. Da cobertura legal asegurando el concierto a los centros de educación diferenciada por sexos. Incluso el texto incumple la Ley Orgánica de Igualdad que determina que la Administración pública debe mantener en sus publicaciones un lenguaje que no discrimine por razón de sexo y que fomente y persiga la igualdad.
14. Es una ley que quiebra los principios de igualdad, mérito y capacidad en la selección del profesorado en la educación pública, introduciendo la posibilidad de contratar profesorado bilingüe o plurilingüe al margen de los procedimientos normativos establecidos.
En definitiva, esta ley lo que realmente pretende es reducir el período de enseñanza obligatoria para una parte de quienes han sido incluidos en el último medio siglo mediante reválidas, itinerarios, especialización centros, etc., así como consolidar y aumentar la diferenciación de dos redes de educación, recortando la educación pública y potenciando la privada subvencionada con dinero de nuestros impuestos.
Esta ley persigue el desmantelamiento de todo atisbo de cualquier modelo educativo basado en la comprensividad y en el principio de calidad con equidad. Lo que busca es consolidar una enseñanza dual mediante la estrategia de abandonar a su suerte a la educación pública y convertir el sistema educativo en una carrera de obstáculos para quienes tienen más dificultades de aprendizaje.
Por eso creemos que hay suficiente razones para exigir la retirada y devolución al gobierno de este proyecto de ley por ser una ley que expulsará del sistema al alumnado con más dificultades socio-económicas, promoviendo un modelo educativo clasista, apostando por la segregación temprana y estigmatizando la diversidad educativa, atacando la educación inclusiva y la coeducación, manteniendo la religión en la escuela y negando la participación de la comunidad educativa. Es necesario la apertura de un período de estudio previo riguroso sobre las causas reales de los problemas de nuestro sistema educativo y un verdadero diálogo con la comunidad educativa y con todas las fuerzas sociales y políticas que permita sentar las bases de un modelo educativo que contribuya a la cohesión social y a la formación de personas más iguales, más libres y más críticas.
Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de León y Coordinador del Área Federal de Educación de IU
miércoles, 22 de mayo de 2013
Federico Mayor Zaragoza llama a “la objeción de conciencia” frente a la LOMCE.
Cuarenta y cinco organizaciones se reúnen en Madrid para leer un manifiesto en contra de la reforma educativa de José Ignacio Wert
Ayer se reunieron en la Universidad Complutense de Madrid más de 45 organizaciones –entre promotores, colaboradores y adhesiones- para la lectura de un manifiesto contra la ley de educación LOMCE. El evento estuvo presidido por Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de la UNESCO, quien hizo un llamamiento a la “objeción de conciencia” de una ley que, según señalan los promotores del evento, es antidemocrática y segregadora. Por Marta Lorenzo.
La plataforma Stop Ley Wert reunió en el Paraninfo de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid a más de 45 organizaciones –entre promotores, colaboradores y adhesiones- para la lectura de un manifiesto contra la ley de educación LOMCE.
El pasado 21 de septiembre, el Consejo de Ministros aprobaba el anteproyecto de esta ley de reforma educativa, a la que se oponen frontalmente numerosos colectivos de ciudadanos y organizaciones, que la consideran una ley antidemocrática y segregadora.
Ya a finales de septiembre, la asociación Ciudadan@s por la Educación Pública, uno de los promotores del acto celebrado ayer en la Complutense, denunciaba el carácter profundamente antidemocrático de esta ley, tanto en su proceso de elaboración (realizado a espaldas de la comunidad educativa, de los grupos sociales y políticos, y de las Comunidades Autónomas), como en la organización de los centros docentes, que pasarán a tener direcciones nombradas a dedo por la Administración, que por tanto tendrá poderes absolutos en la gestión de los mismos.
El acto de ayer estuvo presidido por Federico Mayor Zaragoza que, entre otros cargos, ha sido director General de la Unesco entre 1987 y 1999 o Vicepresidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Desde 2000 preside la Fundación para una Cultura de Paz y en 2005 fue designado copresidente del Grupo de Alto Nivel para la Alianza de Civilizaciones.
En su intervención, Mayor Zaragoza hizo un llamamiento a la “objeción de conciencia a la nueva ley de educación”, LOMCE, a la que calificó como una “ley de rodillo”. Además, señaló que “en virtud de la democracia genuina hay que negarse a la imposición".
Mayor Zaragoza calificó asimismo como "censura" al hecho de que informes como el de la OECD y el de Pisa, que son instituciones económicas orientadas a competidores, califiquen el rendimiento académico.
Manifiesto “Paremos la Ley Wert”
El anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que nos ha presentado recientemente el Gobierno supone un grave atentado al modelo de educación pública que tan laboriosamente se ha ido construyendo en nuestro país, ya que, entre otros aspectos:
- Vulnera la igualdad de oportunidades
- Excluye al alumnado con mayores dificultades de aprendizaje
- Permite o promueve la separación por sexos, creencias y procedencia
- Atenta contra la profesionalidad de profesoras y profesores
- Desatiende las necesidades de las personas y nos somete al dictado de empresas y banqueros
- No garantiza la educación de una ciudadanía, sino de trabajadoras y trabajadores
- Suprime la democracia participativa
- Ignora las diferencias autonómicas y vulnera sus competencias
- Desprecia los principios y criterios que han permitido avanzar en educación en nuestro país
La comunidad educativa, los ciudadanos y ciudadanas, exigimos la retirada del anteproyecto de la LOMCE, y reclamamos la elaboración de una ley que nazca del diálogo y el acuerdo de todas las partes implicadas, ya que solo así podrá gozar de garantías de estabilidad, tal y como sucede en otros países de nuestro entorno, y cumplir la función social que debe tener la educación.
Fuente: http://www.tendencias21.net/Federico-Mayor-Zaragoza-llama-a-la-objecion-de-conciencia-frente-a-la-LOMCE_a14538.html
Más en El País aquí.
La Iglesia gana la reforma educativa y la nota de religión puntuará para la selectividad -es decir para acceder a la Universidad- y obtener beca.
Ver otro vídeo aquí.
La LOMCE e IU, aquí.
Aquí 12 razones del catedrático Jurjo Torres Santomé Uni. de la Coruña: 19 de mayo de 2013 11:22
12 razones para decir NO a la LOMCE
Una ley sin justificación. No se acompaña de análisis rigurosos acerca del sistema educativo vigente; de sus puntos fuertes y débiles y, por tanto del porqué de las medidas que sería más conveniente proponer a debate para mejorarlo.
Una ley partidista. Se da por sentado que se comparten los prejuicios que el PP tiene acerca de lo que acontece en las aulas y, por tanto son estos los que guían las medidas que se pretenden imponer con rango de Ley. Se trata de educar exclusivamente según las concepciones ideológicas del PP.
Una ley muy conservadora. Se sustituye el ideal de educar ciudadanas y ciudadanos por el de mano de obra para el mercado laboral. Lo que explica que, entre otras cosas, se elimine la educación para la ciudadanía y se sustituya por un adoctrinamiento en el que “se eliminan del currículum todos los temas conflictivos”, según expresión del propio José Ignacio Wert, o sea, se impide una educación reflexiva y crítica.
Una ley neoliberal, destinada a mercantilizar aún más el sistema educativo y a reorientar los objetivos de la educación para ponerlos al servicio de las reglas del mercado neoliberal. Numerosas medidas que contempla la ley tienen como finalidad encubierta promover mayores cotas de privatización del sistema educativo. Es también una ley que trata de justificar los recortes económicos con los que el PP viene castigando al sistema educativo: recorte en la partida destinada a becas, a la par que endurece los requisitos que debe cumplir cada estudiante para acceder a una beca; recortes en las plantilllas de profesorado, en los recursos destinados a los centros;incremento de las ratio profesorado - alumnado, ...
Una ley cínica, con un discurso que trata de desviar las miradas y culpar al sistema educativo de males que son consecuencia de un mundo empresarial ineficiente y de unos mercados financieros corruptos. No es justo que el texto del anteproyecto de LOMCE comience con un párrafo tan mercantilista, asumiendo como prioridad de la educación la promoción de la competitividad de la economía y el nivel de prosperidad de un país. Obsesionando a los centros educativos con una educación para “competir con éxito en la arena internacional” (pág. 1).¿Dónde están los datos que digan que hay empresas que tuvieron que cerrar o no abrirse porque no encontraban aquí personal con la suficiente cualificación profesional? Por el contrario estamos a la cabeza de Europa en cuanto a jóvenes trabajando con sobrecualificación.
Una ley clasista. Se refuerza la segregación por clase social y etnia a partir de los catorce años, al rebajar la comprehensividad a los 14 años de edad, al igual que la LEG de 1970. Segregadora también por estimular a los centros a especializarse curricularmente (centros bilingües, de excelencia, ...); por no asegurar la etapa 0-3 de Educación Infantil como educadora, convirtiéndola en asistencial. Es clasista, pues se recurre a un peligroso concepto de “talento”, intentando culpar a la genética del clasismo y racismo que caracteriza a nuestra sociedad; ignorando que los intereses, capacidades y destrezas humanas son el resultado del contexto y de las condiciones en el que las personas vivimos. Es, por tanto, una ley destinada a expulsar del sistema al alumnado de los grupos sociales más desfavorecidos, cuyos “talentos” se les hará ver que no son los adecuados y pertinentes.
Una ley sexista, al permitir colegios segregados por sexo, aduciendo una declaración de la UNESCO de 1960 e ignorando convenciones posteriores aprobadas por la ONU y sentencias del tribunal constitucional.
Una ley recentralizadora, pues se recortan fuertemente las competencias de las Comunidades Autónomas. Una característica que subraya también el ideario absolutamente centralista del Partido Popular.
Seguir aquí.
Jurjo Torres Santomé. Catedrático de Didáctica y Organización Escolar (Universidad de A Coruña) y socio de Ciudadan@s por la Educación Pública.
Ayer se reunieron en la Universidad Complutense de Madrid más de 45 organizaciones –entre promotores, colaboradores y adhesiones- para la lectura de un manifiesto contra la ley de educación LOMCE. El evento estuvo presidido por Federico Mayor Zaragoza, exdirector general de la UNESCO, quien hizo un llamamiento a la “objeción de conciencia” de una ley que, según señalan los promotores del evento, es antidemocrática y segregadora. Por Marta Lorenzo.
La plataforma Stop Ley Wert reunió en el Paraninfo de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid a más de 45 organizaciones –entre promotores, colaboradores y adhesiones- para la lectura de un manifiesto contra la ley de educación LOMCE.
El pasado 21 de septiembre, el Consejo de Ministros aprobaba el anteproyecto de esta ley de reforma educativa, a la que se oponen frontalmente numerosos colectivos de ciudadanos y organizaciones, que la consideran una ley antidemocrática y segregadora.
Ya a finales de septiembre, la asociación Ciudadan@s por la Educación Pública, uno de los promotores del acto celebrado ayer en la Complutense, denunciaba el carácter profundamente antidemocrático de esta ley, tanto en su proceso de elaboración (realizado a espaldas de la comunidad educativa, de los grupos sociales y políticos, y de las Comunidades Autónomas), como en la organización de los centros docentes, que pasarán a tener direcciones nombradas a dedo por la Administración, que por tanto tendrá poderes absolutos en la gestión de los mismos.
El acto de ayer estuvo presidido por Federico Mayor Zaragoza que, entre otros cargos, ha sido director General de la Unesco entre 1987 y 1999 o Vicepresidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Desde 2000 preside la Fundación para una Cultura de Paz y en 2005 fue designado copresidente del Grupo de Alto Nivel para la Alianza de Civilizaciones.
En su intervención, Mayor Zaragoza hizo un llamamiento a la “objeción de conciencia a la nueva ley de educación”, LOMCE, a la que calificó como una “ley de rodillo”. Además, señaló que “en virtud de la democracia genuina hay que negarse a la imposición".
Mayor Zaragoza calificó asimismo como "censura" al hecho de que informes como el de la OECD y el de Pisa, que son instituciones económicas orientadas a competidores, califiquen el rendimiento académico.
Manifiesto “Paremos la Ley Wert”
El anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que nos ha presentado recientemente el Gobierno supone un grave atentado al modelo de educación pública que tan laboriosamente se ha ido construyendo en nuestro país, ya que, entre otros aspectos:
- Vulnera la igualdad de oportunidades
- Excluye al alumnado con mayores dificultades de aprendizaje
- Permite o promueve la separación por sexos, creencias y procedencia
- Atenta contra la profesionalidad de profesoras y profesores
- Desatiende las necesidades de las personas y nos somete al dictado de empresas y banqueros
- No garantiza la educación de una ciudadanía, sino de trabajadoras y trabajadores
- Suprime la democracia participativa
- Ignora las diferencias autonómicas y vulnera sus competencias
- Desprecia los principios y criterios que han permitido avanzar en educación en nuestro país
La comunidad educativa, los ciudadanos y ciudadanas, exigimos la retirada del anteproyecto de la LOMCE, y reclamamos la elaboración de una ley que nazca del diálogo y el acuerdo de todas las partes implicadas, ya que solo así podrá gozar de garantías de estabilidad, tal y como sucede en otros países de nuestro entorno, y cumplir la función social que debe tener la educación.
Fuente: http://www.tendencias21.net/Federico-Mayor-Zaragoza-llama-a-la-objecion-de-conciencia-frente-a-la-LOMCE_a14538.html
Más en El País aquí.
La Iglesia gana la reforma educativa y la nota de religión puntuará para la selectividad -es decir para acceder a la Universidad- y obtener beca.
Ver otro vídeo aquí.
La LOMCE e IU, aquí.
Aquí 12 razones del catedrático Jurjo Torres Santomé Uni. de la Coruña: 19 de mayo de 2013 11:22
12 razones para decir NO a la LOMCE
Una ley sin justificación. No se acompaña de análisis rigurosos acerca del sistema educativo vigente; de sus puntos fuertes y débiles y, por tanto del porqué de las medidas que sería más conveniente proponer a debate para mejorarlo.
Una ley partidista. Se da por sentado que se comparten los prejuicios que el PP tiene acerca de lo que acontece en las aulas y, por tanto son estos los que guían las medidas que se pretenden imponer con rango de Ley. Se trata de educar exclusivamente según las concepciones ideológicas del PP.
Una ley muy conservadora. Se sustituye el ideal de educar ciudadanas y ciudadanos por el de mano de obra para el mercado laboral. Lo que explica que, entre otras cosas, se elimine la educación para la ciudadanía y se sustituya por un adoctrinamiento en el que “se eliminan del currículum todos los temas conflictivos”, según expresión del propio José Ignacio Wert, o sea, se impide una educación reflexiva y crítica.
Una ley neoliberal, destinada a mercantilizar aún más el sistema educativo y a reorientar los objetivos de la educación para ponerlos al servicio de las reglas del mercado neoliberal. Numerosas medidas que contempla la ley tienen como finalidad encubierta promover mayores cotas de privatización del sistema educativo. Es también una ley que trata de justificar los recortes económicos con los que el PP viene castigando al sistema educativo: recorte en la partida destinada a becas, a la par que endurece los requisitos que debe cumplir cada estudiante para acceder a una beca; recortes en las plantilllas de profesorado, en los recursos destinados a los centros;incremento de las ratio profesorado - alumnado, ...
Una ley cínica, con un discurso que trata de desviar las miradas y culpar al sistema educativo de males que son consecuencia de un mundo empresarial ineficiente y de unos mercados financieros corruptos. No es justo que el texto del anteproyecto de LOMCE comience con un párrafo tan mercantilista, asumiendo como prioridad de la educación la promoción de la competitividad de la economía y el nivel de prosperidad de un país. Obsesionando a los centros educativos con una educación para “competir con éxito en la arena internacional” (pág. 1).¿Dónde están los datos que digan que hay empresas que tuvieron que cerrar o no abrirse porque no encontraban aquí personal con la suficiente cualificación profesional? Por el contrario estamos a la cabeza de Europa en cuanto a jóvenes trabajando con sobrecualificación.
Una ley clasista. Se refuerza la segregación por clase social y etnia a partir de los catorce años, al rebajar la comprehensividad a los 14 años de edad, al igual que la LEG de 1970. Segregadora también por estimular a los centros a especializarse curricularmente (centros bilingües, de excelencia, ...); por no asegurar la etapa 0-3 de Educación Infantil como educadora, convirtiéndola en asistencial. Es clasista, pues se recurre a un peligroso concepto de “talento”, intentando culpar a la genética del clasismo y racismo que caracteriza a nuestra sociedad; ignorando que los intereses, capacidades y destrezas humanas son el resultado del contexto y de las condiciones en el que las personas vivimos. Es, por tanto, una ley destinada a expulsar del sistema al alumnado de los grupos sociales más desfavorecidos, cuyos “talentos” se les hará ver que no son los adecuados y pertinentes.
Una ley sexista, al permitir colegios segregados por sexo, aduciendo una declaración de la UNESCO de 1960 e ignorando convenciones posteriores aprobadas por la ONU y sentencias del tribunal constitucional.
Una ley recentralizadora, pues se recortan fuertemente las competencias de las Comunidades Autónomas. Una característica que subraya también el ideario absolutamente centralista del Partido Popular.
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Jurjo Torres Santomé. Catedrático de Didáctica y Organización Escolar (Universidad de A Coruña) y socio de Ciudadan@s por la Educación Pública.
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jueves, 9 de mayo de 2013
La austeridad europea se resquebraja, ¿pero hay alternativa?
Cada vez hay más signos de que la política de recortes contra la crisis en la eurozona hace agua desde el punto de vista económico, político e intelectual. Algunos destacan el ejemplo de EE.UU., ¿pero funcionaría en Europa?
Razones para la huelga y el NO a la ley Wert.
- El estudiante que desmintió a gurús de la austeridad
- Irlanda: ¿ejemplo de austeridad en Europa?
- La austeridad puede afectar la salud
Razones para la huelga y el NO a la ley Wert.
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