_- El Ayuntamiento de Madrid no va a abrir una investigación de las obras de Rocío Monasterio e Iván Espinosa de los Monteros, realizadas en los últimos años con el estudio de arquitectura y la promotora inmobiliaria de ambos, pese a la publicación de ocho casos de irregularidades, según explicó ayer el delegado de Desarrollo Urbano de la capital, Mariano Fuentes, de Ciudadanos. “Si lo que pretenden es que nos convirtamos en la Stasi [la antigua policía secreta de Alemania del Este] no lo van a conseguir (…) En ningún caso vamos a iniciar una causa general contra ningún ciudadano, a no ser que por mandato judicial o por comprobación de disciplina urbanística de una ilegalidad manifiesta, así se aconseje u ordene”, dijo en una comparecencia solicitada por el PSOE en la comisión del área. Por el momento, el Ayuntamiento está aún en esa fase inicial de verificación. Cuarenta días después de la publicación del primer caso en EL PAÍS, Fuentes confirmó que se han abierto expedientes de todas las obras bajo sospecha publicadas en las distintas juntas de distrito donde han tenido lugar: “Estamos trabajando en ello”. Pero afirma desconocer cuándo se conocerán los resultados.
Monasterio, líder de Vox en Madrid, y su marido Espinosa de los Monteros, portavoz de la formación en el Congreso, vendieron lofts en suelo industrial entre 2003 y 2008 y la mayoría fueron construidos sin licencia, tal como ha ido revelando este periódico. Además, ella ejerció como arquitecta sin tener el título, que solo obtuvo en 2009. Han aparecido tres documentos de distintas obras donde aparece como tal antes de esa fecha. Fuentes eludió en todo momento pronunciarse sobre las irregularidades, tan solo se extendió sobre el caso del chalé del matrimonio, en el barrio de Chamartín. No cuenta con licencia de ocupación ni de actividad para el estudio de arquitectura de Monasterio, ubicado en el inmueble. El ayuntamiento ordenó precintar y clausurar el edificio en septiembre, pero luego le concedió una prórroga de un año para legalizarlo. El delegado justificó que no puede "echar a una familia con menores". Mercedes González, del PSOE, le exigió que ejecute la orden de clausura por sentencia firme e investigue por qué se ha incumplido la ley durante años.
La oposición se mostró muy dura. González repasó todos los casos conocidos hasta ahora y exigió saber cuántos expedientes, cuántas inspecciones y cuántas iniciativas de disciplina urbanística se han llevado a cabo en cada episodio bajo sospecha. “Ha llegado el momento de retratarse”, le advirtió en referencia al mutismo que han mantenido hasta ahora PP y Ciudadanos, que dependen de Vox para mantener su mayoría tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid. González reveló que el mismo día en que su partido registró la petición de comparecencia desapareció toda la información de la página web del estudio de la dirigente de Vox, Rocío Monasterio Asociados.
José Manuel Calvo, de Más Madrid, denunció un “presunto triple fraude” de Monasterio, profesional, administrativo y penal, por ejercer sin título, por construir sin licencia y “por una posible responsabilidad penal, probablemente prescrita, por poner en riesgo la seguridad de los trabajadores y las personas”. “Todo esto es absolutamente inaceptable en un cargo público”, concluyó. También pidió a PP y Ciudadanos “no actuar con complacencia ante este caso”. De paso recordó que el líder en Madrid de este último partido, Ignacio Aguado, vicepresidente de la Comunidad, también fue una de las víctimas de los lofts ilegales de Monasterio.
La concejal del PSOE recordó que la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, de Ciudadanos, declaró el pasado 26 de octubre: "Estamos investigando este caso como la totalidad de los casos, como es nuestro trabajo. Reunimos todos los expedientes, porque están muy dispersos para analizarlos, como haríamos con cualquier vecino. Una vez que tengamos toda la información se decide si se abre un procedimiento o no". Casi un mes después, aún no hay respuesta del Ayuntamiento.
La representante de Vox, Arantxa Cabello, defendió a sus compañeros de partido y veía una "obsesión" de la oposición con el caso. Enmarcó el conflicto sobre la residencia de Monasterio y Espinosa de los Monteros en el "derecho a la discrepancia" de los ciudadanos. Además de no contar con las licencias necesarias, en junio el dirigente de Vox fue condenado a indemnizar con más de 60.000 euros a un acreedor por no pagar parte del importe de las obras en ese mismo chalé. En todo caso aseguró que los dos dirigentes "acatarán las decisiones obligaciones judiciales y administrativas que les correspondan".
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