_- Hospitales y residencias como negocio financiero: más muertes y más gasto innecesario

_- La derecha española se empeña en hablar de ETA en campaña electoral, como si siguiera poniendo bombas, para que no se hable de los auténticos problemas de España. Por ejemplo, de lo que está pasando y va a pasar en los hospitales y las residencias de mayores en los que se está dejando que penetren cada día más los fondos de inversión llamados en inglés «private equity«.

Estos últimos son capitales que adquieren paquetes mayoritarios de empresas para hacerse con su control con el fin de venderlas en un plazo de entre cinco y diez años. Para ello, se recurre casi siempre al mismo procedimiento: se impone una nueva estrategia de dirección orientada a aumentar los ingresos y recortar al máximo los costes; se endeuda a la empresa, muchas veces con el propio fondo y con el solo objetivo de repartir dividendos más elevados; y se venden sus activos (edificios, locales, instalaciones…) incluso también al fondo, el cual cobra luego por alquilarlos a la empresa.

Lo característico de esta inversión es esa forma de gestión orientada a conseguir el máximo beneficio a corto plazo y, sobre todo, que está orientada a venderla en un plazo de tiempo muy corto. Es decir, no se invierte para consolidar una empresa y desarrollar aún más su actividad, sino para «ensillarlas con montañas de deuda y luego exprimirlas como si fueran naranjas”, en palabras de Bill Pascrell, presidente del Subcomité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes sobre Supervisión de Estados Unidos.

En su inicio, esta inversión se realizaba sobre todo tipo de empresas (fue la causante, por ejemplo, de la quiebra de la conocida tienda de juguetes ToysRUs) pero últimamente se están centrando en el sector de la salud y los cuidados, de modo que sus efectos son mucho más relevantes social y personalmente.

Aunque la presencia de estos fondos es relativamente reciente y su actividad es muy opaca, ya se dispone de multitud de investigaciones académicas, parlamentarias o de organizaciones profesionales que proporcionan evidencias abrumadoras sobre las consecuencias que tienen sobre la gestión de las empresas que capturan y, sobre todo, sobre la salud y las condiciones de vida de las personas.

Voy a resumir brevemente lo que sabemos que ha ocurrido en otros países para hacernos una idea de lo que va a pasar en España cuando se consolide la tendencia que ya ha comenzado a darse.

En el caso de las residencias, se puede decir, en general, que las que son propiedad de estos fondos generan peores resultados por «anteponer las ganancias a las personas», tal y como dice una Hoja Informativa de la Presidencia de Estados Unidos.

La American Medical Association descubrió que las personas que están en residencias propiedad de estos fondos tienen más probabilidades de acudir a urgencias o de ser hospitalizas por causas que podrían haber sido evitadas con una mejor atención. Y, sin embargo, que estas residencias salen más caras que el resto. Prácticamente lo mismo descubrió otro estudio de la Universidad de Pensilvania.

Un documento de trabajo de diversos académicos publicado en el National Bureau Of Economic Research en 2021 mostró que la gestión de este tipo de capital aumentó la probabilidad de muerte durante la estancia y los 90 días siguientes en un 10% y la prescripción de medicamentos antipsicóticos en un 50%; disminuyó las horas de personal de enfermería de primera línea y la movilidad de los residentes, y el gasto de los contribuyentes por residente en un 11%.

Otro estudio demostró que la tasa de infección por COVID-19 y la tasa de mortalidad de los hogares de personas mayores en residencias propiedad de estos fondos fue entre un 30 % y un 40 %, respectivamente, más elevada que en el conjunto de las residencias en Estados Unidos.

Un informe del Instituto Veblen ha demostrado que «la toma de control de grupos de residencias de ancianos va acompañada de reorganizaciones y arreglos financieros, que parecen sobre todo destinados a preparar una reventa rápida y no a establecer un modelo económico viable diseñado para el largo plazo»

En relación con la gestión de hospitales completos o de servicios concretos, las evidencias también son abrumadoras:

– La American Medical Association ha demostrado que los pacientes pagaron más cuando los servicios que se proporcionan están controlados por este tipo de capitales o que los médicos atendieron a más pacientes, lo que indica utilización innecesaria de servicios para aumentar los ingresos. Se ha comprobado que esto último ocurre incluso en el caso de la odontología infantil financiarizada, un servicio en el que en Estados Unidos se han detectado prácticas sin anestesia para incrementar beneficios, o que se califica a nacimientos normales como de emergencia para cobrar más.

– Para aumentar beneficios se reduce la oferta de servicios con menos margen y eso ha hecho, en concreto, que los private equity hayan cerrado hospitales rurales en Estados Unidos); se recorta personal; y se sustituyen a profesionales médicos por otros de menor formación, lo cual se ha demostrado que incrementa el gasto y la probabilidad de tener que volver a ser tratados.

– En los hospitales y servicios gestionados por estos fondos hubo mayor escasez de medios como mascarillas, ventiladores en la pandemia.

– Una investigación de la Universidad de Berkeley muestra que estos capitales ni siquiera mejoran la medicina privada suministrada por el mercado puesto que «amplifican y aceleran la concentración y las prácticas anticompetitivas». Y concluye que «este negocio es fundamentalmente incompatible con un sistema de salud estable y competitivo que sirva a los pacientes y promueva la salud y el bienestar de la población».

– En Estados Unidos, las llamadas «facturas sorpresa» que suponen gastos imprevistos y fraudulentos asociadas a los servicios de salud propiedad de estos fondos se han extendido tanto que hasta el presidente Trump dijo que estaba decidido a terminar con ellas.

– En multitud de casos se ha comprobado que estos servicios están asociados a comportamientos fraudulentos. Sólo para hacer frente a reclamaciones por presentación de facturas al gobierno estos fondos han gastado 500 millones de dólares desde 2013.

– Una fuente tan poco sospechosa de radicalismo como la revista Forbes asociaba a estos fondos con «recortes draconianos para apoyar al personal y/o intercambiar médicos por otros profesionales menos costosos como enfermeras», «presionar a los médicos para que brinden más atención médica (a menudo innecesaria)»; o «aumentar los precios sabiendo que las aseguradoras no tendrán más remedio que aceptar».

Es normal que la adquisición de hospitales completos, residencias o servicios concretos por este tipo de capitales tenga efectos como los que acabo de señalar (entre otros que es imposible señalar en un texto limitado como este). Se trata de inversiones que, como he dicho, no se llevan a cabo para consolidar la actividad en la que se invierte, sino para obtener altísimos beneficios al venderlas al poco tiempo y, mientras tanto, utilizando el control de la gestión para extraer todo tipo de rentas de la empresa adquirida. Es un procedimiento destructor de empresas, pues las deja exhaustas, endeudadas y con cargas inasumibles a medio y largo plazo y por ello muchas de ellas terminan quebrando. Pero, lógicamente, todo esto es mucho peor cuando lo que adquieren estos capitales son servicios sanitarios y de cuidados, hospitales o residencias de mayores. Como dice un amplio estudio realizado por Public Citizen también en Estados Unidos sobre su actividad en estos campos, de lo que estamos hablando es de «la diferencia entre la vida y la muerte».

Es un proceso que en España ha comenzado a darse y que va a extenderse cada día más, tal y como han mostrado, entre otros, el libro de Manuel Rico ¡Vergüenza! El escándalo de las residencias, o los artículos de Juan Pedro Velázquez-Gaztelu, El gran negocio de las residencias, y los aparecidos en Infolibre.

Por eso es muy urgente que se abra en nuestro país un debate amplio y riguroso y que se exija al gobierno central y a los autonómicos que legislen al respecto; al menos, como se ha comprometido a hacer para frenar los efectos que he mencionado, alguien tan poco sospechoso como el presidente Biden en Estados Unidos. Entre otras cosas, porque los inmensos beneficios que obtienen estos fondos a costa de suministrar peores servicios, de obligarnos a gastar más y provocando muertes innecesarias los pueden conseguir gracias a la opacidad de sus operaciones, a los privilegios fiscales de los que gozan y, en resumidas cuentas, porque, para colmo, se les está ayudando a que hagan todo eso con dinero público.

https://juantorreslopez.com/hospitales-y-residencias-como-negocio-financiero-mas-muertes-y-mas-gasto-innecesario/

_- El lobby español que quiere dejarte sin pensiones

_- A José Piñera le salen los billetes por los ojos. También la desvergüenza. Cuando Chile era un sepulcro de opositores políticos, este acaudalado economista se encargaba de lavarle la cara al régimen genocida de Augusto Pinochet. Su objetivo: demostrarle al mundo que la dictadura podía ser muy feroz a la hora de torturar, pero extremadamente amable a la hora de privatizar. Desde su puesto de ministro de Trabajo, “Pepe” encabezó la reforma de las pensiones efectuada bajo el mando de los militares. Ocurrió en 1980. Desde entonces, jubilarse en Chile es algo así como sacarse un carné de pobre. Sobre todo si eres parte de ese mayoritario sector de la población que no disfruta de unos ingresos tan altos como los de Piñera.

Este exministro pinochetista —y hermano del nuevamente electo presidente de Chile, Sebastián Piñera— es un auténtico ídolo para los amantes de los fondos privados de pensiones a este lado del océano. Desde el BBVA hasta el diario El Mundo, pasando por el Círculo de Empresarios y hasta la Bolsa de Madrid, han adorado en algún momento de su vida al “padre de las pensiones privadas”. Al gurú de las jubilaciones para ricos y la miseria para pobres. Al reinventor de un invento más viejo que la rueda: si tienes muchos billetes de joven, seguirás teniéndolos de viejo. Solo hay que saber cuidarlos.

Los piñeristas españoles están hoy inmersos en una cruzada trascendental: convencer al Gobierno del PP de que la vía buena, la que todo demócrata de mercado debería defender, pasa precisamente por favorecer los fondos privados y, por consiguiente, recortar el sistema público.

En otras palabras, existen actualmente poderosos sectores de las finanzas que buscan una España en la que jubilarse (dignamente) sea solo un privilegio reservado para aquellas y aquellos agraciados que cobran auténticas millonadas. ¿Eres pobre? ¿Sufres la precariedad? Poco importa. Los piñeristas no son una ONG ni tienen compasión. Son ricos y quieren seguir siéndolo. A tu costa.

Hay trampa
El caballo de batalla se llama "fondo de pensiones" y genera todo tipo de lecturas desde el mundo académico. “Es un producto financiero que sirve para el ahorro privado con el objeto de que te sirva de previsión social. Eso sí, depende de tus ahorros. ¿Problema? Si no aportas lo suficiente, no tendrás pensión”, se responde a sí mismo Cristóbal Molina, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Jaén.

“Es un fondo que recoge dinero y lo invierte en activos financieros. De los rendimientos de esos activos paga un rendimiento a la gente, que puede entenderse como una pensión”, apunta por su parte Albert Recio, profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona e integrante del Institut d’Estudis del Treball.

Durante los últimos meses, en medio de malas noticias sobre el futuro de las pensiones públicas, han crecido las suspicacias en torno a los intereses que giran alrededor de esos productos financieros. El escenario es casi idílico: si las jubilaciones de toda la vida corren serio riesgo de fallar mañana, entra dentro de toda lógica que los cotizantes de hoy hagan nuevos cálculos sobre el futuro que les espera. “Es normal que las ciudadanas y ciudadanos de a pie se sientan desconcertados”, señala Borja Suárez, profesor titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Autónoma de Madrid y autor de El sistema público de pensiones: crisis, reforma y sostenibilidad (Editorial Lex Nova, 2014).

El experto incide en la estrategia del miedo que se ha instalado en torno a este tema. “Ante la perspectiva de recibir una pensión pública bastante inferior a la que está disfrutando hoy mi padre —subraya— es inevitable que considere necesario ir preparándome para compensarlo de alguna manera”.

Por tales motivos, Suárez advierte sobre la clara apuesta por parte del Gobierno del PP de “reducir el tamaño de las pensiones públicas y favorecer a las privadas”. “Se está creando una alarma para convertir la pensión privada en la alternativa a la pensión pública”, añade Cristóbal Molina.

Ahí entra en juego la letra pequeña. Los planes privados de ahorro tienen un tratamiento fiscal diferente, lo que permite a sus clientes desgravar en la Declaración de la Renta. Suena bien, sobre todo si tus ingresos son altos. Sin embargo, no pasa lo mismo si eres parte de esa mayoría que gana poco a cambio de trabajar mucho. “Los planes y fondos de pensiones pueden servir para aquellas personas que tienen un salario elevado. En otras palabras, puede ser razonable si tienes un salario de 30.000 o 40.000 euros anuales, pero resulta que el sueldo más frecuente en España está en torno a los 18.000 euros”, remarca Molina desde Jaén.

El catedrático recurre a los cálculos realizados por los mismísimos bancos para echar luz sobre tanta sombra: “Según las cifras provenientes de las entidades financieras, tienes que dedicar 7.000 euros de tu salario para poder tener acceso a una pensión media. Si tenemos en cuenta la media salarial en España, que incluso es más baja para los jóvenes, deberías dedicar prácticamente un tercio de tu salario al plan de pensiones”. En tal sentido, el también académico Borja Suárez destaca que, en el 75 % de los casos, las aportaciones que se realizan a los fondos de pensiones “no llegan a los 900 euros mensuales”, algo que califica como “una ridiculez de cara a una pensión futura”.

Estas cifras no conmueven a los lobbies financieros que promueven una reforma de las pensiones en España, y no precisamente para salvar a los asalariados pobres de hoy y jubilados aún más pobres de mañana. Mientras el Gobierno de Mariano Rajoy impulsa una serie de medidas para hacer más atractivas las jubilaciones privadas —desde rebajar las comisiones hasta ofrecer la posibilidad de disponer de los fondos acumulados en un plazo de diez años—, los insaciables jefes de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco) entienden que esas ideas son insuficientes, por lo que su presidente, Ángel Martínez-Aldama, las ha criticado sin contemplación. Los empresarios del sector quieren más. Mucho más.

La presión también llega desde Unespa, la patronal de las aseguradoras. No en vano, desde sus oficinas se han aireado informes aterradores sobre el futuro que espera a la España pensionista. Su premisa es que mañana habrá más jubilados para repartir menos dinero, por lo que defiende abiertamente la vía privada como antídoto contra esa catástrofe. Aquí también conviene leer la letra pequeña: “Prácticamente todas las grandes aseguradoras tienen una parte que se dedica a la gestión de activos, entre los que se encuentran los fondos de pensiones”, advierte Recio.

En esa línea, la “comisión de expertos” creada hace ahora cuatro años por el Gobierno del PP para analizar el futuro de las pensiones contó con la participación de varios economistas íntimamente ligados a las aseguradoras, lo que en su momento levantó todo tipo de dudas y críticas por parte de los grupos políticos de la oposición. La situación llegó a tal punto que el presidente de dicha comisión “independiente”, Víctor Pérez-Díaz, tuvo que defender públicamente su libertad de actuación. El motivo: distintas informaciones mostraban su nexo de unión con Unespa y, por consiguiente, con los intereses en torno a las jubilaciones privadas.

Un premio muy especial
El lobby en defensa de los fondos privados cuenta con otro actor de lujo: el think tank Civismo. “España necesita un marco de estabilidad económica y social, cuyas bases se mantengan inalterables frente a los cambios motivados por la alternancia de los partidos políticos”, puede leerse en su manifiesto, disponible en su página web. Al cliquear en “quiénes somos”, aparecen nombres muy característicos de la derecha española: en su staff figuran la exdiputada del PP y actual directora del área Internacional de la fundación FAES Cayetana Álvarez de Toledo, el aristócrata Carlos Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quirós, expresidente de Mercedes Benz y ahora alto comisionado del Gobierno para la Marca España.

En octubre del año pasado, Civismo convocó a sus socios y amigos a la entrega de premios Sociedad Civil 2016. Muchos de los invitados llegaron a bordo de coches incalculablemente caros, pero el principal agasajado llegó en avión. Tuvo que hacer un viaje largo, pero cómodo: no es lo mismo cruzar el Atlántico en los diminutos asientos de clase turista que en esas butacas confortables de primera. El pasajero que viajó hasta Madrid en business para recibir los aplausos del think tank español tenía acento chileno y había trabajado para Pinochet. Su nombre: José Piñera. Su logro: privatizar las pensiones de su país. Su receta: hacerlo también en España.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/pensiones/lobby-espanol-pensiones

La devastación de los bienes públicos. Desde que llegó la crisis, todo es destrucción, acelerada a partir del actual Gobierno. No hay voluntad de reforma ni planes de mayor eficiencia

Venimos de un Estado pobre, menesteroso, por no decir miserable, más que endeudado, en permanente bancarrota desde la guerra de la independencia hasta la guerra de Cuba. En medio, guerras civiles entre liberales y carlistas y, después, los continuados desastres de la guerra de Marruecos, que prolongaron la situación de quiebra hasta bien entrado el siglo XX, cuando “pacificado” el protectorado marroquí, una enésima rebelión militar, con su secuela en forma de revolución obrera y campesina, arrasó de nuevo al Estado dejando aquella espantosa ruina que fue la herencia recibida por quienes penamos la suerte de nacer en los años del hambre.

Es un tópico de nuestra historia atribuir la floración de naciones, venidas a la existencia en la coyuntura de aquel fin de siglo, a una debilidad congénita del Estado español. ¿Debilidad, se podría preguntar, o más bien ausencia? Cuando Ortega publicó su apelación a la República, varios años después de que Azaña lanzara la suya, cerró su memorable artículo con un “¡Españoles, no tenéis Estado, reconstruidlo!”. El Estado español de los años veinte del siglo pasado se había convertido en una especie de sociedad de socorros mutuos, había escrito también nuestro más ocurrente filósofo. Ocurrencia genial en este caso, porque en efecto todo el aparato del Estado no daba más que para sostener a aquella sociedad que en otra ocasión el mismo Ortega calificó como vieja España.

El caso es que, entre el servicio de la deuda contraída para alimentar un ejército en permanente derrota, lamiéndose sus heridas en el exterior con sus recurrentes rebeliones en el interior, el Estado español careció de recursos, no ya para crear nación, sino para edificar centros escolares, construir institutos de enseñanza media, financiar centros superiores de investigación científica, levantar hospitales, extender ambulatorios, abonar pensiones, desarrollar servicios. La enseñanza primaria y media se abandonó en los centros urbanos a manos de la pléyade de órdenes y congregaciones religiosas que acudieron a España como a panal de rica miel cuando comprobaron que el Estado no dedicaba ni un céntimo al capítulo de salarios a maestros, y dejaba pasar décadas sin construir ni un solo instituto. En los hospitales de beneficencia se hacinaban los pobres, y los ambulatorios de la mal llamada Seguridad Social eran lugares sucios y malolientes, donde un médico mal pagado recibía al paciente sin dejar que se sentara, apestando a tabaco y recetando cualquier cosa en un minuto, después de echarle una mirada de abajo arriba en la que se concentraba la mezcla de desprecio y hastío que le provocaba aquella hora en que despachaba a una cincuentena de pacientes.

Ese fue el Estado que heredamos: nada de extraño que, cuando llegamos a la edad de la razón política, quisiéramos ser como los franceses. Parecerá una tontería, pero aquel querer ser como actuó al modo de espoleta, movilizando energías y recursos, despertando voluntades y agudizando inteligencias para acabar de una buena vez con el lamento y poner manos a la obra: en pocos años dejamos de querer ser como y emprendimos la tarea de ser como. En resumen: un Estado democrático al modo de Europa, con un potente sistema de salud, educación primaria universal y gratuita, institutos para enseñanza media, universidad en expansión, centros de investigación, pensiones. El español era por fin como los europeos un Estado sostenido en el compromiso keynesiano, en bienes públicos que amortiguan las desigualdades sociales inherentes al sistema capitalista.

Y de pronto, la política elaborada para hacer frente a la primera gran crisis del capital del siglo XXI rompe, contra los intereses de la mayoría, el pacto que sirvió de base a nuestro actual Estado social. Las listas de espera en la sanidad pública se alargan hasta el punto de sumar cientos de miles los pacientes que ven pasar meses y hasta años sin posibilidad de realizar una consulta, someterse a un análisis o sufrir una operación. Y si se mira al ámbito de la ciencia, el paisaje comienza a ser el de un territorio desertado, producto de una terapia de choque: drástica reducción de presupuestos, supresión de programas, cierre de equipos, investigadores a la calle. La majadera provocación de Miguel de Unamuno cuando de su pluma salió “que inventen ellos” no es nada comparado con el perverso designio que anima al Gobierno de esquilmar la producción científica en España.

Aunque la propaganda política se cebe en desprestigiar a los funcionarios como individuos que una vez conquistada su plaza se echan a sestear, es lo cierto que en la historia de la Universidad y de los centros superiores de investigación de España nunca se había publicado, debatido o celebrado simposios como en los últimos 30 años. Nunca tantos españoles han participado en tantos proyectos internacionales de investigación o han ganado una plaza docente en universidades extranjeras. Pero nunca tampoco han vivido tantos investigadores, con decenas de artículos publicados en las mejores revistas de su especialidad, tan en precario, como becarios hasta cumplidos los 40 años, o haciendo ya las maletas. Y el panorama no es muy diferente si se mira a la educación primaria y media: miles de profesores que habían concursado con éxito en oposiciones para plazas docentes y que solo pudieron ocuparlas de forma interina se han encontrado con el despido mientras se expanden los colegios concertados.

Tan recién construido como era nuestro Estado social, con apenas 30 años de vida, y ya se empeñan desde los Gobiernos en provocar su irreversible ruina, reduciendo presupuestos en sanidad, educación y ciencia, paralizando inversiones, expulsando a interinos, amortizando plazas de jubilados (10 por uno es nuestro precio), externalizando —¡qué negocio!— servicios, congelando salarios. Y como la política de destrucción de bienes públicos por las bravas, entregándoselos a precio de saldo a intereses privados, ha tropezado con fuertes resistencias en la calle, se ha sustituido por un deterioro programado: que nos hartemos de esperar tres, seis, nueve meses en una lista y vayamos adonde tendríamos que haber ido desde el principio, a la clínica privada; que la gente se espante al ver que sus hijos van a una clase donde los alumnos comienzan a ser multitud y los maestros parecen cansados.

Lo vamos a sentir, a llorar más bien, porque nunca hemos disfrutado en España de bienes públicos en tanta cantidad y de tan alta calidad como los construidos desde la Transición a la democracia hasta 2008. Pero desde que nos golpeó la crisis, todo es destrucción, acelerada a partir del retorno del Partido Popular al poder. Destrucción, no reforma, no planes en busca de mayor eficiencia, no mejora en la distribución y empleo de recursos, no propuestas para alcanzar mayores rendimientos, no políticas de personal que premien méritos y penalicen ausencias inexcusables. Reformar para qué, si se ahorra más y se acaba antes sacudiéndonos todo este peso de encima: esa es la política; y este el resultado: una amenazante devastación de bienes públicos que pone fin al periodo de mayor cohesión social vivido por la sociedad española desde que existe como sujeto político, o sea, desde la Constitución de Cádiz.

Lo que vendrá después, una vez culminada la operación, ya se puede imaginar: los bienes y servicios públicos emergerán de su ruina como propiedades privadas cuyo acceso por los ciudadanos estará en función de su diferente poder adquisitivo. No era bastante la agresión que las clases medias, en sus distintos niveles, han sufrido con la bajada de salarios nominales y reales, la masiva pérdida de empleos, los ERE y demás artefactos de liquidación de derechos laborales, que no contentos con todo eso, se aplican a dar la última puñalada: si necesitas ir al médico, hazte un seguro privado; si estás dotado para la ciencia, vete al extranjero; si quieres para tus hijos un colegio con un profesorado joven y motivado, págatelo de tu bolsillo. Esto es el mercado, so idiotas, nos dicen los que pretenden protegernos de la devastación que ellos mismos provocan en los bienes públicos. Y en esas estamos, con un mercado creciente y un Estado menguante, en trance de reducirse otra vez a sociedad de socorros mutuos.
Santos Juliá es historiador. Fuente: http://elpais.com/elpais/2015/01/14/opinion/1421264130_105197.html

“Vamos hacia la privatización del sistema educativo de la ciudad de Buenos Aires”. Entrevista a Jorge Adaro, secretario general de Ademys

La semana que pasó se aprobó en la Legislatura porteña el proyecto que crea un ente descentralizado para evaluación docente. Por 38 votos a favor del PRO, UNEN y Confianza Pública, y 21 en contra, la propuesta del ejecutivo se convirtió en ley, luego de alrededor de un año de su ingreso al cuerpo legislativo. La Unidad depende del Ministerio de Educación. Para conocer una opinión de docentes de la Ciudad, el Programa La Revancha entrevistó a Jorge Adaro, secretario general de Ademys.

Frente a la nueva ley, Adaro sostiene que el planteo del ministerio busca imponer un concepto de competencia que desconoce las realidades particulares. “Parecería ser que el proceso educativo es algo aislado que no está atravesado por las relaciones sociales, que no está atravesado por conflictos y que está todo dispuesto como para poder hacer una comparación con los mejores” señaló Adaro, sobre la concepción de educación del macrismo.

Además, agregó que trae “la competencia entre escuelas a través de evaluaciones y esa lógica de competencia se traduce en premios y castigos”. De forma rotunda afirmó que “no vemos absolutamente nada positivo en la creación de este instituto. Un instituto descentralizado que, en principio se aleja de la responsabilidad central que debe tener el Estado y el Ministerio de Educación en regular las políticas, inclusive la de evaluación. Un ente descentralizado que en un primer momento tenía un planteo claro de poder absorber dineros externos fuera del presupuesto educativo. Esto generó muchos ruidos pero finalmente se deja la puerta abierta a poder recibir donaciones”.

Originalmente el proyecto que ingresó el PRO autorizaba a la nueva unidad a recibir financiamiento externo. Luego de idas y vueltas con el UNEN, a cambio de sus votos, se eliminó esa posibilidad pero se dejó la puerta abierta para que sea receptor de donaciones. “Los aportes que pueda haber seguramente serán de empresas, por ejemplo, que tienen algún interés en su intervención y que finalmente con las donaciones van a poner un poco las pautas de cómo evaluar, qué y para qué evaluar. Es decir que el Estado pierde la centralidad y el control de gran parte de los resultados y del sistema educativo en general. Es algo muy grave, es una acción que va en consonancia con una política colonialista en el plano educativo. Esto no es un invento, no es producto de la creatividad del gobierno. Sino que son imposiciones que vienen de los organismos internacionales”.

Esta modalidad se aplica en EE. UU pero va en camino a dejar de emplearse. Le consultamos el por qué y Adaro anifestó: “EE.UU es un caso muy interesante porque esto empezó a ser aplicado en la época de Bush y diez años después la Ministra de Educación de ese momento hace un pedido de disculpas públicamente a la población norteamericana por los efectos que había tenido esta política”. Adaro indica que uno de los efectos advertidos “es la fragmentación absoluta del sistema educativo y por supuesto con graves consecuencias para los sectores más postergados de la sociedad”. En el caso de Argentina recuerda que “nosotros ya tenemos un sistema educativo absolutamente fragmentado y esto va a profundizarlo”.

Sobre cómo se hará la evaluación de la calidad educativa, Adaro explica por qué este sistema no es conveniente y cómo distorsiona la diversidad de escenarios. La metodología implica “una evaluación externa, censal, tipo múltiple choice que se aplica para que la hagan niños de cualquier escuela de la ciudad sin tener en cuenta el contexto en el que se desarrolla la actividad educativa, como si no hubiera elementos que influyen en ese contexto”...
Fuente: http://www.redeco.com.ar/nv/index.php?option=com_content&task=view&id=14083&Itemid=99999999

Éxitos falsos. Tras dos años de recortes, las supuestas victorias se han conseguido a costa de los más vulnerables

Si recordamos qué ha pasado en la sanidad española en los últimos años, lo primero que nos viene a la mente es que hemos ido a peor. La verdad es que es fácil poner encima de la mesa los temas que ha puesto en marcha el actual Gobierno, algunos con “éxito”, dada la gran preocupación generada.

Según el informe de la OCDE sobre evolución del gasto en salud en los países miembros publicado en febrero de 2014, los recortes sanitarios en España se han producido en los productos farmacéuticos, en la prevención y en salud pública y en los costes de los servicios de salud a través de la disminución de los salarios y puestos de trabajo.

Aunque tenemos ya la sanidad pública más barata de nuestro entorno —eso sí, con un nivel de prestaciones y accesibilidad que ha sido hasta ahora el referente para muchos de los países europeos y americanos— parece que el camino trazado para ella es el de lanzarla cuesta abajo. Somos uno de los países que, según  el último análisis del Gasto General de los Gobiernos  recogido en el informe Eurostat —la oficina estadística europea—, ha destinado a gastar en salud, protección social (incluido el desempleo), educación o vivienda un porcentaje menor que la media europea. Sin embargo, el gobierno español presupuesta por encima de esa media en Orden Público y Seguridad o para Asuntos Económicos (un 7,7% del PIB frente al 4,1% general). Es decir, es la voluntad política de quien gobierna la que decide cuáles son las prioridades y cómo se gestionan. Como plantea Martin Mckee, experto en salud pública y colaborador de la OMS, “no se debería hacer recortes en temas esenciales”. “La austeridad es una decisión política, no una necesidad”, concluye.

Pero la realidad es que se nos han presentado como “éxitos” los recortes en derechos y oportunidades en salud, así como ciertas iniciativas para romper el Sistema Nacional de Salud (SNS). El Ministerio de Sanidad ha conseguido crear un sistema menos equitativo y más insolidario, alejándonos más de ese principio de Universalidad del que tan orgulloso se sentía este país. El Gobierno español ha recortado, a través de la aplicación del Real Decreto 16/2012, el derecho a la atención sanitaria pública a los emigrantes (denunciado, entre otros, por el informe Médicos del Mundo o, a título personal, por el cardiólogo salmantino Máximo Diego), a españoles en paro en el extranjero y a españoles que contribuyen con sus impuestos. Situación general que el Consejo de Europa critica duramente a través de  un informe de su comisario de Derechos Humanos, Nils Muiznieks, y del informe de Desigualdades en Salud de los países de la UE   realizado por Michael Marmot. Los recortes presupuestarios, se dice en esos informes, “han repercutido en la disponibilidad, el acceso y la calidad de los servicios sanitarios”, mientras sus responsables llaman la atención sobre “un deshacer lo andado hasta ahora en la sanidad española”. Bajo el argumento de los altos costes que genera el “turismo sanitario”, se esconde la exclusión mayoritaria de la asistencia sanitaria pública a los inmigrantes indocumentados, replica la ministra Ana Mato al primero de los citados informes. Y lo hace recurriendo a algo tan extraño como lo de ser “equitativos y solidarios”,  cuando los hechos son tan diferentes. Porque una cosa es el turismo sanitario y otra bien distinta son los inmigrantes sin papeles.

Junto a lo anterior, la intención del Gobierno de disminuir los gastos “insostenibles” del SNS mediante la aplicación de distintos copagos, puede que sí haya tenido algún éxito, pero ha sido a costa de sablear a los jubilados y a los que menos tienen, sobre todo.

Del total de los 5.500 millones de euros que pregona el Ministerio haber conseguido ahorrar hasta ahora, cerca de un 37% se debe a la reducción del gasto en farmacia. Gracias a la estrategia positiva del SNS se ha logrado reducir la prescripción de medicamentos por los profesionales en un 14.7% interanual; y, como ya queda dicho, otro buen pellizco de ese ahorro se ha conseguido gracias al dinero pagado por los pensionistas y ciudadanos de menores ingresos, aumentando con ello el gasto privado de la Sanidad y la menor contribución pública.

Mas no se crea que estas medidas de ahorro se han realizado de acuerdo a criterios de necesidad del paciente, económica o sanitaria, o para reducir el gasto público de verdad, no.

... Sin duda el SNS tiene aspectos que mejorar. En algunas comunidades autónomas en las que no gobierna el PP estas mejoras están siendo evidentes, o al menos se están paliando los estragos de la crisis. En todo caso, lo que ha de estar claro es que las limitaciones presupuestarias marcadas por Madrid no justifican determinadas políticas. Por supuesto que con los recursos disponibles se puede avanzar; todo depende hacia dónde se canalice el dinero. Se puede avanzar, por ejemplo, en mejorar la organización sanitaria y la gestión de los servicios o incorporando las mejores prácticas clínicas. Se puede avanzar en trasparencia y en hacer más eficiente el sistema. Y todo esto lo saben de sobra los profesionales del sector y los ciudadanos que participan en su sistema sanitario...
Joaquín Carmona Díaz-Velarde es médico y exdirector General de Asistencia Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud.
Fuente: El País.

Libros que ayudan a construir la conciencia de clase. Belén Gopegui

Intervención de la autora durante la presentación del libro: “Crisis capitalista y privatización de la sanidad”, de Ángeles Maestro, Editorial Cisma.

Lees un artículo aquí y otro allá, en la red, te ayudan a pensar, pero un día una editorial los recopila, los ordena, los fecha, los anota, y entonces los lees seguidos y aprendes más, aprendes a no olvidar. Agradezco por eso a la editorial Cisma la labor que ha hecho con la publicación de este libro. Agradezco también a la librería Traficantes de sueños la construcción y el mantenimiento del espacio común en donde estamos.

No se adquiere ni se logra por decreto, sino a partir de experiencias históricas, tradiciones y luchas políticas.

Nunca está dada.
Jamás preexiste.
Se va construyendo a partir de los conflictos.
La mayoría de las veces se genera a saltos.

Cuando se logra, la clase trabajadora puede pasar de la necesidad económica a la voluntad política. La conciencia de clase es parte beligerante en la lucha de clases. Empezar a construirla es comenzar a ganar la lucha.

Parece un poema de Brecht, aunque en realidad es parte de la definición de conciencia de clase que da Néstor Kohan en su libro: “Aproximaciones al marxismo: una introducción posible”.

La traigo aquí porque si bien los libros se leen habitualmente a solas, en silencio, sin siquiera mover los labios, algunos nos ayudan a construir la conciencia de clase. Cuando comienza el conflicto, sus palabras van contigo como aquello que te pasó un día, como lo que te contaron, como lo que necesitas y te impulsa y acompaña.

Crisis capitalista y privatización de la sanidad, de Ángeles Maestro es uno de esos libros. Deja, para empezar, constancia de procesos, fechas, leyes que a veces se emborronan en la memoria y que al ser claramente expuestos una y otra vez te impiden confundirte, pensar que tal vez escampe, que las cosas serán de otra manera sin que bajes a la calle y tomes el camino junto con otros y otras que lucharán a tu lado.

Venimos de una larga derrota y es útil recordarlo para poder pensar mejor por qué perdimos -aquí está la única leve observación que le haría al libro, que no es una objeción sino un punto de partida para conversar sobre eso, por qué perdimos, hasta qué punto una gran parte de la población trabajadora, heridas las herramientas de lucha y análisis por la opresión, la guerra fría y la ilusión de prosperidad, había sustituido el sueño del socialismo por el de la supuesta democracia europea aun antes de la muerte de Franco-. En cualquier caso, la derrota ha vuelto difícil imaginar la sociedad futura y revolucionaria. Y sin embargo, todas coincidiríamos en atribuirle un principio elemental: en esa sociedad nueva el infortunio no será fruto de la opresión. No me refiero a los conflictos y enfrentamientos. Me refiero a todas esas formas de sufrimiento evitable desglosadas con precisión por Maestro en el capítulo: "Guerra social en el cuerpo de la clase obrera". Penas, suicidios, enfermedades que no dependen del azar sino de lo que la organización económica prioriza y abandona.

A lo largo del libro Maestro da cuenta de cómo la llamada "selección de riesgos" preside la privatización de la sanidad. Procedente de las aseguradoras, este principio consiste en "orientar la aceptación de riesgos hacia aquellos que ofrecen menor peligrosidad, evitando la cobertura de los que, por poder originar frecuentes siniestros o de elevado importe, originarían un desequilibrio económico en los resultados de la empresa". Si traducimos estas palabras, la selección significa dejar de lado a quienes, ya sea por causa de los daños provocados por una sociedad torpe e injustamente organizada, ya por el verdadero azar, más ayuda necesitan. Abandonarles, dejarles caer.

El diez o quince por ciento de la población, nos recuerda Ángeles Maestro, produce el noventa por ciento del gasto de la sanidad debido a enfermedades crónicas o complejas o a la vejez, y la privatización está diseñada para permitir a las empresas librarse de ese porcentaje aumentando así los beneficios del capital. Y no sólo ese porcentaje: la prevención, las pruebas necesarias, la convalecencia, todo será reducido como si el sufrimiento y los euros fuesen unidades equivalentes.

Todavía, nos recuerda Maestro, había tanto que hacer, mejorar la salud mental, la salud dental, la prevención, alcanzar la salud a través de una la vida diaria sin angustia, sin hambre. Y en cambio nos obligan a practicar el sálvese quien pueda: cuando llegue el incendio, que ardan los últimos, jugando a que nosotros y nosotras escaparemos. Pero no escaparemos, los hospitales, la vulnerabilidad, forman parte de la vida diaria Y desde luego, aunque nunca, cosa imposible, ni nosotros ni ningún familiar o amigo nuestro se viese envuelto en una situación de desvalimiento, no permitiremos que nadie nos obligue a dejar solos y solas a quienes más lo necesitan. Nuestra sociedad nueva estará organizada para que precisamente el cuidado de quienes más riesgos tienen sea lo prioritario, un cuidado con tiempo, compañía, tazas de colores, esfuerzos compartidos, sombra de árboles; nadie estará allí solo ni sola cuidando. Y no lo haremos de este modo porque sepamos que un día podremos ocupar el lugar más débil, lo haremos porque "de cada cual según sus capacidades y a cada cual según sus necesidades" es el único principio que nos permite vivir en común sin vergüenza, sin opresión, sin miedo.

Esta llamada crisis, esta acometida de una clase contra otra puede ser, nos dice Maestro, un salto que genere conciencia. Porque durante demasiado tiempo creímos que las llamas no llegarían a nuestras casas, y ahora que llegan, tal vez debamos también quemar las naves de la huída y recordar aquel texto escrito en un pequeño cuadro colgado de una pared alejada del paso, en el aeropuerto de Baracoa, Cuba, que Ángeles Maestro me enseñó y que dice: "Las palabras rendición y derrota están borradas totalmente de nuestra terminología".
Enhorabuena por tu libro.
Muchas gracias
Madrid, 10 de julio de 2013