“Pagamos tres veces por la gestión de los envases abandonados”. Entrevista a Julià Álvaro, exsecretario autonómico de Calidad Ambiental y Cambio Climático del País Valencià.

Entrevista a Julià Álvaro, exsecretario autonómico de Calidad Ambiental y Cambio Climático del País Valencià

Ramón Plaza
El Salto

Julià Álvaro, ex secretario autonómico de Calidad Ambiental y Cambio Climático del País Valencià, salió del Govern del Botánic destituido en febrero sin poder implantar el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR). El pasado 28 de mayo la Comisión Europea publicó una nueva directiva contra los productos de plástico de un solo uso que decreta la obligación de recuperar el 90% de las botellas de plástico en 2025. No solo eso, sino que recomienda la instalación de sistemas de retorno de envases para la consecución de dicho objetivo, tal y como defiende Álvaro.

Julià Álvaro nos recibe en el salón de su casa en València, una estancia luminosa y trufada de libros que llaman la atención desde el desorden leve de las estanterías. El ex secretario autonómico de Calidad Ambiental y Cambio Climático nos hace esperar unos minutos mientras observamos algunos títulos sobre el mundo de la comunicación y de la ecología política. Álvaro responde a una fusión entre ambas facetas, dos de los elementos centrales de su vida. Fue periodista de la extinta Canal 9, donde trabajó como redactor, corresponsal en las Guerras del Golfo y Yugoslavia y miembro del Comité de Redacción de la entidad.

Más tarde, se implicó de manera notoria en las protestas de la plantilla al calor de las disputas abiertas a raíz del cierre irregular por el despilfarro de la televisión pública valenciana, los despidos masivos y la manipulación de los contenidos. El antiguo reportero volvió a aparecer entre las filas de Equo del País Valencià y en octubre de 2014 empezó a ejercer de coportavoz de la formación Verds-Equo dentro de la coalición de Compromís que presentaría su candidatura a las elecciones autonómicas de 2015. Tras los comicios, el Pacte del Botànic consensuado entre el partido de Mónica Oltra y el PSPV de Ximo Puig le hace aterrizar en la Secretaría Autonómica antes mencionada.

Una vez allí, y tras el primer año de gobierno, se dieron las primeras noticias del enfrentamiento velado entre Álvaro y la consellera de Agricultura y Medio Ambiente, Elena Cebrián, en la forma y aplicación de ciertas políticas verdes. El principal elemento de disenso fue el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) de envases, que venía a sustituir el modelo de gestión vigente. Finalmente, tras una enorme presión ejercida por las entidades y corporaciones que se sintieron amenazadas por la implantación del nuevo sistema, el gobierno del Botànic tomó la decisión de cesar al ex-periodista de su cargo.

¿Por qué optó por el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) como uno de los proyectos principales, símbolo de su gestión?
Junto al cambio climático y la pérdida de biodiversidad, la salud de los mares es una de las cuestiones clave del campo medioambiental. En este sentido, los plásticos representan un peligro muy grave que se puede abordar mediante una gestión alternativa de los envases. El SDDR cumple dicha función, los envases se tratan de otra manera para garantizar que volúmenes inmensos de plásticos no acaben en el mar. También es responsabilidad de las instituciones que los espacios públicos estén libres de basura. En este ámbito, los envases son un grupo numeroso y fácil de acotar, lo que permite un tratamiento particularizado a través del sistema de retorno de envases. Un sistema que tiene precedentes y ejemplos en todo el mundo y cada vez más.

Además, se está gestionando en contra del interés general en términos medioambientales, sino también en el aspecto económico. Quien está asumiendo el coste de esta mala gestión es la ciudadanía, que está pagando tres o más veces por un servicio cuya regulación exige que ha de ser cubierto por las entidades que ponen en el mercado un producto envasado. Los grandes embotelladores han puesto en marcha empresas como Ecoembes para llevar a cabo esa gestión y, mientras, mantienen un modelo con el que están sacando un beneficio desmesurado.

¿Cómo es posible que paguemos tres veces por la gestión de los envases?
Por ley, el responsable del residuo envase es quien lo pone en el mercado. Ecoembes, una organización sin ánimo de lucro es quien gestiona dichos envases en nombre de las principales empresas que venden productos envasados, compañías como Coca-Cola, Pepsi-Co, Nestlé o Danone que integran el consejo de administración de esta entidad. Para llevar a cabo el proceso de tratamiento, se aplica el Sistema Integrado de Gestión (SIG) gracias al punto verde que figura en los envases, un impuesto de pocos céntimos que el embotellador repercute en el precio para no perder margen de beneficio y que garantiza, supuestamente, la gestión por parte de Ecoembes. Este caso muestra como el consumidor paga por el servicio de gestión del residuo envase a través del precio del producto, cuando tendría que abonarlo la empresa y restar dicho valor de sus ganancias.

Así deberían de verse cubiertos los costes de tratar y reciclar el material de envase, pero eso no pasa: aproximadamente dos tercios de los envases que se ponen en el mercado no van al contenedor amarillo y quedan abandonados. La consecuencia es que si un envase es arrojado a la vía pública, a un contenedor gris o a una papelera, ha de ser recogido por los servicios públicos que también corren a cuenta de la ciudadanía. Es decir, en dos de cada tres envases se paga dos veces por la gestión de un envase. Después, esos envases se meten en un camión que cobra por el peso de lo transportado, para llegar a la planta de gestión de residuos donde se vuelve a pagar por el peso de la basura que reciben dichas instalaciones. Es decir, la ciudadanía paga punto verde, recogida, transporte y entrada en planta.

¿Dónde va el dinero que se abona a través del punto verde?
El dinero se lo llevan las empresas a través de Ecoembes, que mueve alrededor de 450 millones de euros al año, de los que se gasta 100 millones en publicidad, más o menos. Ecoembes cobra el importe del punto verde por el 100% de los envases pero solo efectúa la recogida del 30% de los mismos. Dos tercios de dinero que acaban en Ecoembes sin la prestación del servicio asociado. Puesto que no es una entidad con afán de lucro, aprovecha estos ingresos para llevar a cabo campañas publicitarias, para las generosas retribuciones de sus directivos y para ser un agente importante de presión en favor del sistema actual del cual se beneficia.

¿Qué acciones (de lobby, mediáticas y discrecionales) emprendió Ecoembes para vilipendiar la propuesta del SDDR? ¿Cuáles fueron sus métodos?
Las actividades de lobby a favor del SIG son las más notorias de la entidad, sólo hay que mirar su presencia en redes y otros medios como la televisión. También tiene una considerable influencia en la información elaborada por los principales medios de comunicación por el peso de la ingente publicidad que otorga a dichos medios gracias a sus grandes ingresos. No deja de ser lo mismo que hacen todos los grupos de presión que influyen en la esfera pública y privada en defensa de intereses particulares.

Ecoembes se presenta como una organización sin ánimo de lucro que defiende los valores ecologistas del reciclaje. A la luz de su composición entitaria, ¿es lícito que venda esa imagen mientras perpetúa un modelo de gestión insostenible? ¿cómo se puede desenmascarar a Ecoembes?
Ecoembes tiene ciertas actitudes cercanas a la preocupación por las cuestiones ecológicas, su gestión permite que se alcance un determinado nivel de reciclaje que, en el caso de los envases, ronda el 30 o el 35%. Pero, a la vez, representa los intereses del poder corporativo y están frenando la llegada de una iniciativa que puede aspirar a reciclar el total de los envases consumidos.

Ecoembes tiene un interés superior a su sensibilidad ecológica: mantener la tasa de ganancia de sus entidades fundadoras. El problema es que, fruto de su potencia de fuego mediático, se presta mucha atención a las campañas de sostenibilidad, mientras se evita poner el foco en que la perpetuación del SIG retrasa la implantación de un sistema mejor y en quién está detrás de esta entidad de tintes verdes cuyos propietarios nada tienen que ver con la construcción de un mundo más sostenible.

Ecoembes es una entidad que, dado que su gestión es deficiente y sólo llega a controlar una tercera parte de todos los envases que le corresponde gestionar, pone una buena porción de esos ingresos, el dinero que cobra por encima de los residuos que maneja, al servicio de esa imagen verde y el grueso telón que cubre a las compañías que están detrás.

La tarea de los medios de comunicación es explicarlo y la de las instituciones ponerlo de manifiesto. Pero topar con las grandes estructuras de presión supone dificultades para los medios, que tienen que renunciar a ciertos ingresos publicitarios, y para los gobiernos que tienen que soportar inmensas presiones.

¿Cumple Ecoembes una función de Responsabilidad Social Corporativa?
Sí, ofrece una imagen de una gestión preocupada por obtener resultados que no es real. El modelo SIG de diversos contenedores, que era bueno hace 20 años cuando no había ningún mecanismo de separación en origen, está llegando a su límite operativo en el que solo podemos mejorar en milésimas porcentuales. Si tenemos en cuenta que es un mecanismo que lleva dos décadas vigentes, cuyos contenedores están al alcance de casi toda la población y acompañado de potentes y frecuentes campañas de sensibilización, no hay otra forma de explicar que no mejoren las cifras.

Ha tocado tope. Sobre todo en el caso de los envases. Se sabe que en Alemania, los resultados no son del 30%, sino que rozan el 100%. Dado que vemos como se apuesta cada vez más por quintos contenedores de materia orgánica o por la recogida puerta a puerta, podemos concluir que existen niveles de concienciación ciudadana que permiten ir más allá de los contenedores del SIG. Por responsabilidad, las instituciones deberían promover y poner en marcha estos cambios para velar por el interés general. Las empresas, por su parte, deben adaptarse a las nuevas realidades legales y lo harán.

Movimiento 83 ha elaborado este vídeo para denunciar las promesas incumplidas del Govern: http://www.youtube.com/watch?v=Yl2w8XO1Vr0 Muchos han dicho que no se puede extrapolar el éxito del SDDR en otros países a nuestro entorno.

¿Tiene el País Valencià alguna particularidad que suponga un obstáculo para la implantación de este sistema?
No, no lo creo. Se dice que no estamos preparados para cosas que funcionan en otros lados pero eso nos lleva a supuestos absurdos como que la conducta de una población en concreto no esté configurada para la democracia. Aquí pasa un poco lo mismo, es una cuestión de voluntad política. Y tenemos ejemplos por todo el globo, hay SDDR en Australia, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Alemania, Croacia, en sitios muy dispares.

¿Qué resistencias se encontró a la hora de intentar implementar el sistema de retorno de envases? ¿Cuáles fueron los sectores más beligerantes?
A parte de la incesante oposición de Ecoembes, los supermercados también cumplieron un papel relevante. Consideraban que podía afectar a su volumen de negocio por el coste que supondría la instalación de las máquinas de retorno y el espacio que quitarían a la venta de productos. Esta argumentación tiene poco fundamento: es verdad que la tarea de gestionar sus envases puede ser al principio una molestia añadida para el supermercado, pero es una responsabilidad social que deben asumir como tantas responsabilidades asume la ciudadanía. Todos los sectores deben contribuir a una economía más sostenible.

Además, la gestión de dichos envases viene compensada por dos céntimos en cada unidad, lo que supone la ganancia de enormes cantidades de dinero si tenemos en cuenta el volumen de envases que se maneja en el País Valencià. Los supermercados alemanes, por ejemplo, tienen importantes ingresos gracias a esos 'céntimos'.

Más allá de eso, sucede que todo el sector empresarial (las grandes empresas envasadoras y su tejido asociado) se ha movido en contra de la instalación del sistema de retorno de envases ya que supone ciertos cambios para las condiciones y los equilibrios del mercado en el que compiten. Son sectores que siempre intentan retrasar dichas modificaciones. Pero, cuando ya no tienen más remedio (como pasa con el etiquetado), se suman a la transición e intentan sacar rentabilidad de ella.

La revisión del Pacte del Botànic no incluyó ninguna referencia o mención a la implantación del SDDR pese a la expectación creada por los diversos pronunciamientos dentro del Govern a favor de esta medida. ¿Por qué no se dice nada del SDDR en la revisión del pacto?
El Pacte del Botànic nunca bajaba a las cosas concretas, era más bien una declaración genérica de principios. El SDDR figuraba en el programa electoral de Compromís que se manifiesta en dicho pacto a través de una mención a la necesidad de caminar hacia economías más sostenibles. Después, las Cortes valencianas se pronunciaron en apoyo al sistema de retorno de envases, lo que cristalizó en una resolución tomada en el debate sobre el estado de la Comunidad de 2016 que instaba al gobierno autonómico a poner en marcha el SDDR. Más tarde, durante el seminario semestral del Govern de julio de 2016 celebrado en Torrevieja, el ejecutivo se comprometió a iniciar la implantación del sistema.

Tuvimos diversas menciones y compromisos: programa electoral, pronunciamiento y resolución de las Cortes y compromiso explícito del Govern. Nada de eso se ha cumplido. Es cierto que la revisión del Botànic generó cierta expectación, pero el compromiso ya estaba presente en otras instancias. No se ha querido cumplir, es un problema de voluntad política.

¿Cree que Compromís asumió su destitución para reducir la tensión y las suspicacias entre las formaciones que componen la coalición de gobierno? ¿Cómo valoras esta actuación por parte de Compromís y Verds-Equo?
Se ha preferido poner el listón medioambiental a una altura que no dificultara la relación entre los socios de gobierno. En un gobierno de coalición con diversas sensibilidades, es necesario negociar y ceder en ciertos puntos. En este marco, Compromís ha aceptado reducir sus exigencias ambientales a cambio de otras cosas que se habrán acordado y que no conozco.

Así es como se han sacrificado políticas ambientales importantes y de gran alcance. De esta manera, las prioridades ecológicas han sido cuestiones de segunda o tercera categoría ya que, en pos del rédito electoral, se opta por medidas cuyas consecuencias son visibles en el corto plazo, lo que no suele coincidir con los márgenes necesarios para notar la efectividad de las políticas ambientales. Yo creo que es un gran error.

¿Cómo valora sus dos años y medio al frente de la Secretaria Autonómica de Calidad Ambiental y Cambio Climático? ¿Cuáles han sido sus principales logros? ¿Y sus errores y omisiones más destacadas?
Estos últimos dos años y pico han sido positivos, muy intensos y gratificantes. Me siento muy agradecido por haber tenido esta oportunidad pero lamento mucho no haber finalizado la legislatura porque se podría haber rematado una labor muy buena y dejar ciertos avances blindados ante los intentos de futuros gobiernos de acabar con esta senda verde.

Lo mejor de nuestra gestión ha sido la simple puesta en marcha de políticas medioambientales. Hasta nuestra llegada, la gestión medioambiental de la Comunidad Valenciana no existía más allá del apellido verde que figuraba en la cartera. Las políticas del Partido Popular nada tenían que ver con un tratamiento coherente y coordinado de la protección del entorno natural.

Lo que se ha conseguido en estos dos años y medio es establecer la idea de que hay que visibilizar la política medioambiental y el resto de políticas (urbanismo, industria, etc.) deben de tenerla en cuenta. Esto puede parecer genérico pero es básico. De hecho, nos topamos con una serie de actividades económicas vinculadas, en su mayoría, al mundo de la construcción y de la gestión de residuos que no estaban acostumbradas a tener que lidiar con una gestión medioambiental efectiva que no supeditaba sus decisiones a intereses externos al bien común. Es este conflicto el que puso en crisis esta etapa.

Pese a ello, hemos dado pasos muy importantes. Emprendimos proyectos de recuperación de agua para no depender de trasvases y otros métodos de gran impacto ambiental. Se ha implantado la separación en origen de la materia orgánica en muchos municipios y los consorcios de gestión de residuos, que estaban acostumbrados a prácticas mafiosas, se han ido adaptando al nuevo modelo.

Tampoco volveremos nunca a la máxima de 'todo espacio es un solar'. Se ha entendido que la prevención de incendios no es una parte de la extinción, sino que la extinción se puede evitar si se hace una buena prevención que, a su vez, está muy relacionada con la gestión territorial basada en la conservación ecológica. Claro que en dos años no se revierte una mala gestión de veinte años, pero si pormenorizamos se aprecian los avances.

Fuente:
http://www.elsaltodiario.com/residuos/julia-alvaro-pagamos-tres-veces-envases-abandonados

Haciendo lobby: así funcionan los grupos de presión en España. Lobbies españoles explican su actividad y cómo influencian al poder político. Expertos y exaltos cargos públicos piden mayor transparencia. Una docena de grupos aglutinan el mayor poder de presión.

Hasta hace poco, a los políticos españoles, no les interesaban los videojuegos. El sector no figuraba en sus agendas ni acudían a eventos o actos relacionados con videoconsolas. “Lo asociaban a algo de niños, no tenían información ni conocimiento”, explica José María Moreno, director general de la Asociación Española de Videojuegos (AEVI). Ignoraban, en consecuencia, que la de los videojuegos es una industria que factura más dinero que el cine y la música juntas y que da empleo a 8.000 personas en España. ¿Cómo hacérselo saber? ¿Cómo conseguir la atención y el apoyo de la Administración? Haciendo lobby, claro.

AEVI, con el asesoramiento de la consultora Llorente y Cuenca, arrancó una estrategia de información, contactos, reuniones y comunicación que culminaron hace unos días con un encuentro entre el propio José María Moreno y el ministro de Energía y Turismo, Álvaro Nadal. El sector logró, además, entrar en el Plan 2020 de Cultura, formar una Mesa Interministerial, figurar en los programas electorales de todos los partidos, contar en sus ferias y congresos con la presencia de altos cargos políticos y acudir al Parlament catalán y la Asamblea de Madrid.

El lobby sigue en marcha: ya se estudia cómo rebajar la presión fiscal sobre el sector y hay un plan de impulso por parte del Gobierno para alzar a la industria del videojuego al nivel de sus vecinos europeos. Del desconocimiento al poder.

Al ritmo del lobby
La palabra lobby, en España, genera una primera reacción de rechazo. Persiste la idea de algo turbio, ilícito. “Cuando se habla de lobby se tiende a asociar a algo oscuro, por la literatura que hay sobre este asunto. Pero en realidad se trata de colectivos que defienden sus intereses e intentan influenciar en la toma de decisiones. Grupos de empresas, de industrias, pero también ecologistas, cazadores, amas de casa… Las personas se organizan y tratan de lograr sus objetivos”. Lo explica un lobby. En concreto, un portavoz del gabinete de comunicación de UNESA, la Asociación Española de la Industria Eléctrica, uno de los grupos de influencia con mayor poder en España.




Lo que entendemos como lobby es una asociación o grupo que aúna a diversas empresas u organizaciones de un mismo sector. Esta unión hace la fuerza. Y la fuerza, hoy en día, tiene que ver con la capacidad de influir en las administraciones para que las leyes, normas o regulaciones beneficien al sector en cuestión.

Para lograrlo, los lobbies necesitan convencer al político de turno y a la opinión pública de que su beneficio coincide con el beneficio del conjunto de la economía y sociedad española. Aunque no siempre sea estrictamente verdad.

“Los lobbies intentan diluir regulaciones. Que las leyes sean más abiertas, más permisivas o más interpretables. Que no haya sanciones con respecto a algunas cosas”, explica Cristóbal Herrera, director de Lobby de Llorente y Cuenca.

Javier Rojo, exdiputado, exministro y expresidente del Senado, representa el otro lado de la negociación. “Los lobbies están por todas partes. Ellos suelen negar que son lobbies, pero están siempre en el entorno de las Administraciones y el poder. Muchas de las cosas que han pasado en nuestro país son consecuencia de la influencia, del lobby”.

Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política por la Universidad Rey Juan Carlos y fundador de Transparencia Internacional España va más allá: “La toma de decisiones políticas en nuestro país está absolutamente influenciada por los grandes grupos económicos, por los lobbies. Los lobbies marcan la agenda económica en España en gran medida”.

La vacuna de la varicela sirve como ejemplo reciente. El informe ‘Una evaluación del lobby en España’ explica que el Sistema Nacional de Salud decidió incorporar la vacuna en su calendario oficial para aplicarla en los adolescentes que no hubiesen padecido la enfermedad en la infancia. La vacuna fue aprobada por la Agencia Europea del Medicamento para niños y adultos, pero su uso en España está sujeto a la ficha técnica de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) que indica que se aplicará según las recomendaciones de las autoridades sanitarias. La empresa productora no compartió la decisión de las autoridades sanitarias y se puso en marcha para lograr la mayor venta posible en farmacias y la promoción de su aplicación a niños pequeños. El resultado: la empresa consiguió un éxito de ventas. Mientras en Francia con 820.000 nacidos por año se utilizan 58.000 dosis y en Reino Unido con 805.000 nacidos, 17.000 dosis, en España, con 405.000 nacidos, se utilizan 360.000 dosis al año.

Falta de regulación y de transparencia
Uno de los factores que más desconfianza generan es que ni los lobbies ni su actividad están regulados en España. Sí lo están en lo que a la UE se refiere. También en Reino Unido y Estados Unidos. En estos casos las agendas de los políticos son públicas y accesibles: deben dar cuenta de con quién, cuándo y cuánto tiempo se han reunido.

“En Estados Unidos está regulado hasta el coste de una comida que un congresista puede emplear en una reunión, los regalos, el tiempo de la reunión…”, explica Antonio Camuñas presidente de Global Strategies.

“En España no nos enteramos de qué reuniones tiene un diputado. No hay registro de reuniones. No estamos haciendo nada anormal, pero si no hay transparencia, la gente duda. Sería bueno que hubiese un registro único”, explica el lobista Cristóbal Herrera. “Creo que entre nuestros políticos hay un miedo a que se publiquen las agendas y se haga un uso electoralista de sus reuniones”, añade. Ocurrió en 2014 cuando Arias Cañete fue investido comisario de Cambio Climático y Energía de la UE. Su agenda reveló muchas más reuniones con empresas que con ONG, algo que generó incomprensión y críticas.

En nuestro país hay un registro de lobbies enmarcado en Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), pero es voluntario. “Se apunta quien quiere. Hay unos 450, pero tenemos más lobbies en España. Solo hay que ver quién compone la CEOE”, dice Manuel Villoria.

Existen, además, dos iniciativas para regular la actividad. Una es la Reforma del Reglamento del Congreso, impulsada por el PP y la otra la Ley Ómnibus contra la corrupción de Ciudadanos. “¿Pero por qué las actividades de lobby tienen que ser controladas mediante una ley anticorrupción? ¿Qué imagen nos deja esto?”, se pregunta Cristóbal Herrera. Ambas, en cualquier caso, están paradas.

¿Quiénes son?
AEB (banca), ANFAC (automoción), UNESA (compañías eléctricas), Sedigas (sector del gas) o FEHR (hostelería) son algunos de los lobbies más influyentes y poderosos de España. Junto a ellos están los lobbies internacionales que tienen intereses en nuestro país, como puede ser Amazon, Facebook, Cabify o Airbnb.

Estos grandes grupos tratan de hacer ver que su beneficio es el beneficio de todos. “Lo hacen con estrategias y sutileza”, explica Manuel Villoria, de Transparencia Internacional. “Se financian estudios o investigaciones, se dan subvenciones, se celebran congresos…”. Adelta, la Asociación Española del Tabaco, organiza un premio periodístico dotado con 10.000 euros cuya convocatoria -rezan textualmente las bases- “tiene por objeto premiar a aquellos profesionales del periodismo que, a juicio del jurado, destaquen en dar a conocer la importancia del sector del tabaco para la economía española”.

Pero la imagen es solo una de las batallas. La decisiva tiene lugar en los pasillos y despachos de las administraciones. Lo que los lobbies necesitan son reuniones y encuentros con políticos que tomen decisiones para tratar de influenciarles.

“Se necesita elaborar rigurosamente la documentación que demuestre que los intereses del sector coinciden con intereses más amplios para la economía o la sociedad. Que suponen un beneficio común”, explica Cristóbal Herrera. Para ello, muchos sectores acuden a mediadores lobísticos, consultaras de comunicación o diplomáticos corporativos.

“Una asociación o lobby nos llama para contactar con un político”, explica Cristóbal Herrera, de la consultora Llorente y Cuenca. “Yo soy un traductor. Yo traduzco el ‘si se aprueba esa ley yo pierdo estos millones’ a ‘si se aprueba esta ley tenemos un problema de interés general’. Siempre respaldado por datos y un estudio serio y honesto”.

“Nosotros sabemos con quién hay que hablar, en qué momento, en qué orden, quién toma las decisiones y ayudamos a acceder a estas personas. Creamos los puentes hacia la Administración y logramos que se cambien las cosas”, añade Cristóbal.

Desde UNESA completan: “La administración en España no es discrecional, tienes que hacer valer tus argumentos. Explicar las consecuencias, los porqués, etcétera”.

Javier Rojo, exministro, protagonizó decenas de reuniones con lobbies. “He recibido presiones de muchos sectores. Todo es muy sutil, nadie llega avasallando. Tratan de convencerte, de hacerte ver que es bueno para la sociedad. También te comentan qué enmiendas habría que introducir o modificar. Pero el ciudadano no es consciente de nada de esto”.

Malas prácticas
Insiste Javier Rojo en que detrás de la actividad del lobby en España no hay nada que huela mal. “Hay transparencia casi al cien por cien”, afirma. Desde UNESA, el lobby de la electricidad, coinciden: “España tiene uno de los índices de transparencia más elevados del mundo. Hoy en día no hay campaña de influencia que no se haga con luz y taquígrafos. Cada vez más en un debate público. Hay más literatura y mística de lo que en realidad es. Tal vez antes sería así, pero hace años que España y la UE no funcionan como las películas”.

Manuel Villoria, de Transparencia Internacional, se muestra algo más cauto: “Aunque cada vez menos, todavía existen prácticas poco lícitas o ilegales: intercambio de favores, compensaciones y hasta sobornos indirectos, sutiles y puertas giratorias”, explica.

También Cristóbal Herrera admite que hay margen de mejora: “Hay sectores que presionan casi hasta la amenaza. O directamente amenazan con cerrar fábricas. Eso todavía existe. De todas formas, el escenario ha cambiado mucho. La política y la sociedad española han madurado mucho”. Y Manuel añade: “hace no muchos años una llamada de ANFAC implicaba cambios inmediatos. Ahora no es así”.

No solo se trata de transparencia. Los canales de comunicación y la visibilidad hoy en día son accesibles a casi todos. De esta forma, los grandes lobbies siempre tienen su contrapeso. “¿Quién tiene más acceso a la Administración?”, se preguntan en UNESA. “¿Las camareras de piso o la Asociación Hotelera de España? Cabría pensar que los hoteles, sin embargo, el otro día Rajoy se reunió con las camareras. Esto hace 25 años era impensable. Del mismo modo, las plataformas por las hipotecas les han ganado a los bancos. La transparencia y las tecnologías de hoy hacen que los políticos no puedan dar la espalda a los colectivos, aunque a priori no sean poderosos”.

Queda, sin embargo, camino por recorrer. A la necesidad de un registro y una regulación de la actividad, se añade la demanda por una mayor transparencia en las Fundaciones de los partidos, lobbies en sí mismos sobre los que sobrevuela la sombra de financiaciones a campañas electorales. Todavía, pese a los avances, la palabra lobby hace levantar una ceja a la mayoría de los españoles.

https://politica.elpais.com/politica/2018/04/13/actualidad/1523634104_960623.html

_- El lobby español que quiere dejarte sin pensiones

_- A José Piñera le salen los billetes por los ojos. También la desvergüenza. Cuando Chile era un sepulcro de opositores políticos, este acaudalado economista se encargaba de lavarle la cara al régimen genocida de Augusto Pinochet. Su objetivo: demostrarle al mundo que la dictadura podía ser muy feroz a la hora de torturar, pero extremadamente amable a la hora de privatizar. Desde su puesto de ministro de Trabajo, “Pepe” encabezó la reforma de las pensiones efectuada bajo el mando de los militares. Ocurrió en 1980. Desde entonces, jubilarse en Chile es algo así como sacarse un carné de pobre. Sobre todo si eres parte de ese mayoritario sector de la población que no disfruta de unos ingresos tan altos como los de Piñera.

Este exministro pinochetista —y hermano del nuevamente electo presidente de Chile, Sebastián Piñera— es un auténtico ídolo para los amantes de los fondos privados de pensiones a este lado del océano. Desde el BBVA hasta el diario El Mundo, pasando por el Círculo de Empresarios y hasta la Bolsa de Madrid, han adorado en algún momento de su vida al “padre de las pensiones privadas”. Al gurú de las jubilaciones para ricos y la miseria para pobres. Al reinventor de un invento más viejo que la rueda: si tienes muchos billetes de joven, seguirás teniéndolos de viejo. Solo hay que saber cuidarlos.

Los piñeristas españoles están hoy inmersos en una cruzada trascendental: convencer al Gobierno del PP de que la vía buena, la que todo demócrata de mercado debería defender, pasa precisamente por favorecer los fondos privados y, por consiguiente, recortar el sistema público.

En otras palabras, existen actualmente poderosos sectores de las finanzas que buscan una España en la que jubilarse (dignamente) sea solo un privilegio reservado para aquellas y aquellos agraciados que cobran auténticas millonadas. ¿Eres pobre? ¿Sufres la precariedad? Poco importa. Los piñeristas no son una ONG ni tienen compasión. Son ricos y quieren seguir siéndolo. A tu costa.

Hay trampa
El caballo de batalla se llama "fondo de pensiones" y genera todo tipo de lecturas desde el mundo académico. “Es un producto financiero que sirve para el ahorro privado con el objeto de que te sirva de previsión social. Eso sí, depende de tus ahorros. ¿Problema? Si no aportas lo suficiente, no tendrás pensión”, se responde a sí mismo Cristóbal Molina, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Jaén.

“Es un fondo que recoge dinero y lo invierte en activos financieros. De los rendimientos de esos activos paga un rendimiento a la gente, que puede entenderse como una pensión”, apunta por su parte Albert Recio, profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona e integrante del Institut d’Estudis del Treball.

Durante los últimos meses, en medio de malas noticias sobre el futuro de las pensiones públicas, han crecido las suspicacias en torno a los intereses que giran alrededor de esos productos financieros. El escenario es casi idílico: si las jubilaciones de toda la vida corren serio riesgo de fallar mañana, entra dentro de toda lógica que los cotizantes de hoy hagan nuevos cálculos sobre el futuro que les espera. “Es normal que las ciudadanas y ciudadanos de a pie se sientan desconcertados”, señala Borja Suárez, profesor titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Autónoma de Madrid y autor de El sistema público de pensiones: crisis, reforma y sostenibilidad (Editorial Lex Nova, 2014).

El experto incide en la estrategia del miedo que se ha instalado en torno a este tema. “Ante la perspectiva de recibir una pensión pública bastante inferior a la que está disfrutando hoy mi padre —subraya— es inevitable que considere necesario ir preparándome para compensarlo de alguna manera”.

Por tales motivos, Suárez advierte sobre la clara apuesta por parte del Gobierno del PP de “reducir el tamaño de las pensiones públicas y favorecer a las privadas”. “Se está creando una alarma para convertir la pensión privada en la alternativa a la pensión pública”, añade Cristóbal Molina.

Ahí entra en juego la letra pequeña. Los planes privados de ahorro tienen un tratamiento fiscal diferente, lo que permite a sus clientes desgravar en la Declaración de la Renta. Suena bien, sobre todo si tus ingresos son altos. Sin embargo, no pasa lo mismo si eres parte de esa mayoría que gana poco a cambio de trabajar mucho. “Los planes y fondos de pensiones pueden servir para aquellas personas que tienen un salario elevado. En otras palabras, puede ser razonable si tienes un salario de 30.000 o 40.000 euros anuales, pero resulta que el sueldo más frecuente en España está en torno a los 18.000 euros”, remarca Molina desde Jaén.

El catedrático recurre a los cálculos realizados por los mismísimos bancos para echar luz sobre tanta sombra: “Según las cifras provenientes de las entidades financieras, tienes que dedicar 7.000 euros de tu salario para poder tener acceso a una pensión media. Si tenemos en cuenta la media salarial en España, que incluso es más baja para los jóvenes, deberías dedicar prácticamente un tercio de tu salario al plan de pensiones”. En tal sentido, el también académico Borja Suárez destaca que, en el 75 % de los casos, las aportaciones que se realizan a los fondos de pensiones “no llegan a los 900 euros mensuales”, algo que califica como “una ridiculez de cara a una pensión futura”.

Estas cifras no conmueven a los lobbies financieros que promueven una reforma de las pensiones en España, y no precisamente para salvar a los asalariados pobres de hoy y jubilados aún más pobres de mañana. Mientras el Gobierno de Mariano Rajoy impulsa una serie de medidas para hacer más atractivas las jubilaciones privadas —desde rebajar las comisiones hasta ofrecer la posibilidad de disponer de los fondos acumulados en un plazo de diez años—, los insaciables jefes de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco) entienden que esas ideas son insuficientes, por lo que su presidente, Ángel Martínez-Aldama, las ha criticado sin contemplación. Los empresarios del sector quieren más. Mucho más.

La presión también llega desde Unespa, la patronal de las aseguradoras. No en vano, desde sus oficinas se han aireado informes aterradores sobre el futuro que espera a la España pensionista. Su premisa es que mañana habrá más jubilados para repartir menos dinero, por lo que defiende abiertamente la vía privada como antídoto contra esa catástrofe. Aquí también conviene leer la letra pequeña: “Prácticamente todas las grandes aseguradoras tienen una parte que se dedica a la gestión de activos, entre los que se encuentran los fondos de pensiones”, advierte Recio.

En esa línea, la “comisión de expertos” creada hace ahora cuatro años por el Gobierno del PP para analizar el futuro de las pensiones contó con la participación de varios economistas íntimamente ligados a las aseguradoras, lo que en su momento levantó todo tipo de dudas y críticas por parte de los grupos políticos de la oposición. La situación llegó a tal punto que el presidente de dicha comisión “independiente”, Víctor Pérez-Díaz, tuvo que defender públicamente su libertad de actuación. El motivo: distintas informaciones mostraban su nexo de unión con Unespa y, por consiguiente, con los intereses en torno a las jubilaciones privadas.

Un premio muy especial
El lobby en defensa de los fondos privados cuenta con otro actor de lujo: el think tank Civismo. “España necesita un marco de estabilidad económica y social, cuyas bases se mantengan inalterables frente a los cambios motivados por la alternancia de los partidos políticos”, puede leerse en su manifiesto, disponible en su página web. Al cliquear en “quiénes somos”, aparecen nombres muy característicos de la derecha española: en su staff figuran la exdiputada del PP y actual directora del área Internacional de la fundación FAES Cayetana Álvarez de Toledo, el aristócrata Carlos Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quirós, expresidente de Mercedes Benz y ahora alto comisionado del Gobierno para la Marca España.

En octubre del año pasado, Civismo convocó a sus socios y amigos a la entrega de premios Sociedad Civil 2016. Muchos de los invitados llegaron a bordo de coches incalculablemente caros, pero el principal agasajado llegó en avión. Tuvo que hacer un viaje largo, pero cómodo: no es lo mismo cruzar el Atlántico en los diminutos asientos de clase turista que en esas butacas confortables de primera. El pasajero que viajó hasta Madrid en business para recibir los aplausos del think tank español tenía acento chileno y había trabajado para Pinochet. Su nombre: José Piñera. Su logro: privatizar las pensiones de su país. Su receta: hacerlo también en España.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/pensiones/lobby-espanol-pensiones