¿Por qué se opone a que suba el salario mínimo el partido de la Ministra de Economía?

Cuando Pedro Sánchez nombró a Nadia Calviño como ministra dije que fue un acierto. Si se proponía adoptar las medidas que había ofrecido al electorado en el Programa Electoral del PSOE, u otras mínimamente progresistas, sería muy probable que se encontrara con resistencias en las instituciones europeas. Incluso si se limitara a hacer la política más convencional posible tendría en Europa desconfianza, presión y obstáculos dado el tipo de gobierno de coalición que iba a formar. En esas condiciones, nombrar ministra de Economía a una persona que a su gran cualificación profesional unía el conocimiento directo de las instituciones y las personas que gobiernan la Comisión Europea era un acierto político innegable porque, sin duda, podría servir de dique de contención en momentos de apuro. Y, demás, Calviño tampoco era una fundamentalista neoliberal tan del estilo de otros ministros de economía “socialistas” anteriores.

Este reconocimiento, sin embargo, no significa que se pueda considerar que Calviño esté defendiendo todos los intereses que dice defender la mayoría del gobierno. No hay declaración suya en la que no se esfuerce en proteger los intereses de la gran patronal y de la banca así que, con independencia de que tenga o no el carné del PSOE (lo que yo desconozco) se puede decir de forma más que metafórica que forma parte de otro partido, ese de las grandes empresas, el IBEX y los banqueros que no se presenta nunca a las elecciones pero que actúa como si las hubiera ganado todas.

La última batalla en la que Calviño protege a los dirigentes de la gran empresa española es la que se está dando sobre la posibilidad de seguir aumentando el salario mínimo.

Mientras que el ministerio de Trabajo plantea subirlo el 0,9%, a la patronal y a la ministra de Economía le parece que esa es una subida inasumible que debe posponerse.

¿Por qué se oponen? ¿Qué hay de malo en subir tan moderadamente un salario mínimo que es de los más bajos de los países europeos que pueden compararse con el nuestro?

¿Realmente se puede decir sin provocar vergüenza que las empresas españolas se van a sentir dañadas por pagar nueve euros mensuales más a los trabajadores que reciben ese salario mínimo? En ese caso ¿realmente es bueno para la economía española que haya empresas tan incapaces de competir, de innovar y de incrementar su productividad como para no poder hacer frente a ese incremento tan ridículo de coste?

Y si nueve euros mensuales más para una parte muy reducida de sus plantillas suponen, de verdad, un coste excesivo ¿cómo es posible que la patronal no esté criticando con mucha más fuerza y razón el mucho mayor incremento de los costes empresariales que están generando unilateralmente y gracias a su dominio del mercado los bancos españoles a base de comisiones y trabas de todo tipo?

¿Cómo es que la patronal española se opone a que 1,5 millones de trabajadores vean incrementarse su salario mínimo cuando el montante total de esa subida se va a convertir, sin excepción, en ingresos de otras empresas, porque los trabajadores que lo reciben no ahorran, sino que se gastan todo su sueldo en consumo?

¿Por qué se opone la patronal española a que aumente el salario mínimo, a pesar de que la experiencia de otros países muestra que ese aumento, cuando no es excesivo como ahora y se realiza en tiempos de bajo crecimiento, lo que hace es aumentar la demanda agregada y, por tanto, generar más actividad empresarial y, a la postre, más empleo total (incluso cuando pudiera tener algún efecto negativo sobre una parte reducida del empleo juvenil).

La respuesta a todas esas preguntas es fácil: la patronal no se opone a que de nuevo suba el salario mínimo tan reducidamente porque eso sea malo para las empresas y para la economía en general. No se oponen a esa medida porque las empresas se vayan a quedar sin huevo, sino porque no quieren perder el fuero. Lo que les preocupa es que puedan perder poder de negociación, que los trabajadores puedan recurrir a un gobierno que defienda sus intereses y no sólo los de la gran patronal, que las relaciones laborales vuelvan a ser algo más simétricas y equilibradas.

Nos guste o no, el mundo del trabajo es un mundo dividido en cuanto a intereses y con dos partes con fuerza muy desigual a la hora de defenderlos. Los de la patronal son diferentes a los de la clase trabajadora y es lógico que cada parte trate de defender los suyos de la mejor manera que pueda. Pero lo que no puede ser es que se impida, como se viene haciendo, que los trabajadores lo hagan o que, cuando consiguen que haya un gobierno que los defiende se recurra a cualquier tipo de presión para impedirlo. Es más, la práctica legal y política más sensata y que mejores resultados ha dado a lo largo de la historia reciente para las economías es la de defender a la parte más débil de la relación laboral, los trabajadores, para evitar así desequilibrios que -como estamos viendo en los últimos años-son muy ineficientes y perjudiciales no sólo para estos últimos sino también para el conjunto de las empresas y para la economía en general.

El gran problema social y económico de nuestro es que las grandes empresas lo quieren todo, no una gran parte, sino todo. Es lo que han tratado de conseguir y lo que han conseguido con éxito en los últimos cuarenta años en todo el mundo. Lo malo es que la experiencia de esta época histórica de poder tan concentrado en lo laboral, lo económico, lo político, lo financiero, lo cultural y lo mediático es muy clara: las grandes empresas y los bancos tienen más beneficios pero la economía en su conjunto (incluidas las empresas que no tienen el poder de las más grandes) funciona peor, hay menos empleo, salarios más bajos y peor oferta de servicios esenciales, más crisis financieras y más inseguridad e incertidumbre.

Todo el mundo ha podido comprobar para quién trabajó la anterior ministra de Trabajo, Fátima Báñez, cuando poco después de dejar de serlo fue contratada por la patronal con un sueldo astronómico. Estaba en su derecho y nos vino bien para comprobar que eso de que la derecha defiende los intereses de todos los españoles es una patraña. Ahora ocurre lo contrario, la mayoría del gobierno y no sólo la nueva ministra de Trabajo, trabaja para defender también a la otra parte, a la más débil. Es una auténtica desgracia para España que la gran patronal no se quiera enterar de que es la justicia y el mejor reparto de la riqueza y no su concentración exagerada lo que permite que avancen y mejoren nuestras sociedades.

https://juantorreslopez.com/por-que-se-opone-a-que-suba-el-salario-minimo-el-partido-de-la-ministra-de-economia/

La política

“Desde que los hombres reflexionan sobre la política, han oscilado entre dos interpretaciones diametralmente opuestas.

Para unos, la política es esencialmente una lucha, una contienda que permite asegurar a los individuos y a los grupos que detentan el poder su dominación sobre la sociedad, al mismo tiempo que la adquisición de las ventajas que se desprenden de ello.

Para otros, la política es un esfuerzo por hacer reinar el orden y la justicia, siendo la misión del poder asegurar el interés general y el bien común […].

Para los primeros, la política sirve para mantener los privilegios de una minoría sobre la mayoría.

Para los segundos, es un medio de realizar la integración de todos los individuos en la comunidad y de crear la ciudad perfecta de la que hablaba Aristóteles.” Duverger, M. Introducción a la política.

Admirables. La cultura anglosajona resalta las reglas básicas de toda actividad para no olvidarlas. Y eso vale también a la hora de gobernar

La cultura anglosajona tiene una tendencia muy sensata a recordar de vez en cuando los puntos más elementales de cualquier actividad, oficio o profesión. Un observador ajeno a esa cultura se puede quedar algo perplejo cuando en una reunión de expertos el ponente plantea inicialmente, con toda naturalidad, el abecé del tema a tratar, lo que se supone que se debió aprender en el primer día del primer mes del primer año de formación. Pero, si el observador no es demasiado arrogante, enseguida comprende la utilidad de repetir aquellas notas que permiten recordar de qué se trata todo el asunto, su sentido o razón de ser, es decir, aquello que se suele olvidar en cuanto se profundiza en complejidades.

Así que recurramos a la Guía del Buen Gobierno Local elaborada por la Asociación Municipal del Estado de Victoria, el más pequeño, pero el más densamente poblado de Australia. El abecé municipal australiano (muy útil, al margen de las competencias concretas de cada Ayuntamiento del mundo) empieza así: el Gobierno local tiene la obligación de informar, explicar y responder por las consecuencias de las decisiones que toma en nombre de la comunidad que representa. Las personas deben ser capaces de seguir y entender el proceso de toma de decisiones. Esto significa que tienen que ser capaces de ver con claridad cómo y por qué se tomó esa decisión —qué información, qué asesoramiento y qué consultas se efectuaron— y qué requisitos legislativos hubo que cumplimentar.

Parece que se empieza siempre por ahí: transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad del equipo municipal, con su alcalde a la cabeza, respecto a las decisiones que se adoptan y sobre sus consecuencias.

La segunda letra del abecé indica que el Gobierno local está obligado a atender las necesidades de la comunidad entera, guardando el equilibrio entre los distintos intereses en juego. Los distintos sectores de la comunidad deben sentir que han sido escuchados y que sus intereses fueron tomados en consideración, sean finalmente respetados totalmente, solo en parte o rechazados. Todos los grupos, y en particular los más vulnerables, deben tener la oportunidad de exponer sus razones. Es decir, el Gobierno local debe ser equitativo e inclusivo, de manera que ningún sector se sienta menospreciado o no escuchado.

Tercera letra: el Gobierno local debe hacer un seguimiento de las consecuencias de las decisiones que adopta a fin de poder evaluar si se alcanzan los objetivos planteados o en qué grado se cumplimentan.

Existe un cuarto elemento básico: el Gobierno municipal debe ser participativo. Cualquier persona afectada por o interesada en una decisión debe tener la oportunidad de participar en el proceso de toma de esa decisión. Se puede lograr de distintas maneras: asegurándose de que se les hace llegar la información necesaria, facilitando instrumentos para que se les pregunte su opinión o para que tengan la oportunidad de realizar sus recomendaciones o, incluso, incorporándoles a la toma de decisiones efectiva.

Finalmente, dice la guía australiana, conviene recordar que el alcalde, o alcaldesa, tiene una influencia considerable en el establecimiento de las normas de buena conducta y ética de los miembros del consejo. Como líder del gobierno municipal tienen un papel primordial en la vigilancia de su conducta.

¿A que resulta fácil ir hoy a votar y cumplir con el primer deber ciudadano?
El País. SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ 24 MAY 2015 - 

La universidad pública, un bien común

Vera Sacristán.
Las universidades públicas reciben en promedio de su comunidad autónoma algo menos del 69% de sus ingresos corrientes (datos del MEC, año 2012). Este porcentaje tiene gran variabilidad: desde el 58% en Cataluña hasta más del 80% en el País Vasco, la Rioja o Canarias. Los precios y tasas que pagan los estudiantes y sus familias constituyen el 20% de los ingresos corrientes de las universidades, con una variabilidad incluso mayor: por debajo del 10% en las universidades de La Laguna, País Vasco o Cádiz, y hasta el 36% en la de Barcelona o el 37% en la Rey Juan Carlos de Madrid.

Desde el año 2009, la evolución de esas cifras puede calificarse de “histórica”. En algunas comunidades autónomas los recortes se acercan al 40% en términos reales, una vez descontada la inflación, lo que nos retrotrae a más de veinte años atrás. Según un estudio del Observatorio del Sistema Universitario (OSU), cursar algunas carreras cuesta hoy hasta 3 o 4 veces lo que costaba en 2007, justo antes de las últimas reformas universitarias.

Llama la atención que la mayor parte de países europeos sigan una política distinta o incluso opuesta a la española. Y no se trata sólo de los consabidos países nórdicos, donde los estudios universitarios son gratuitos, sino de países y regiones más próximos a nosotros, donde la matrícula es gratuita (Austria o Escocia, entre muchos otros) o requiere tan sólo el pago de una tasa fija (300€ por año en Alemania, 183€ en Francia, por ejemplo). Mientras esto ocurre en Europa, los precios públicos en España llegan a alcanzar los 2.600€ por curso de grado, y los 4.000€ por curso de máster. Además, la inmensa mayoría de países europeos ofrecen o bien becas-salario para compensar la pérdida de ingresos de los jóvenes que optan por estudiar en vez de trabajar (modelo nórdico), o bien desgravaciones fiscales y subsidios para las familias que mantienen a los hijos que estudian en la universidad (modelo centroeuropeo), algo inexistente en España.

Cabe preguntarse si lo que ocurre en nuestro país no es más que el resultado inevitable de una situación económico-financiera adversa. Sin embargo, quienes defienden estas nuevas políticas de financiación universitaria no suelen hacerlo en términos coyunturales, sino con argumentos de fondo. El principal es el de considerar que, puesto que obtener un título universitario permite acceder a trabajos y niveles de renta superiores, quien estudia en la universidad debe pagarse los estudios, pues va a obtener de ellos un beneficio personal. Y es cierto que lo va a obtener. Lo que no es tan claro es que deba pagar por ello a priori, esto es, mientras estudia. Intentaré argumentar por qué es mejor que lo haga a posteriori, mediante un sistema de impuestos progresivo, que permita que devuelva a la sociedad, incluso con creces, lo que de ella ha recibido.

También se aduce que no es justo que paguen lo mismo los ricos que los pobres. Como si no nos costara exactamente lo mismo a todos, ricos y pobres, comprar un kilo de arroz o un televisor. De nuevo, la redistribución de la riqueza conviene hacerla mediante el sistema impositivo, no en el sistema de precios.

Otro argumento frecuente es el de considerar que, puesto que a la universidad acceden mayoritariamente jóvenes de clases medias y altas, no es justo que los contribuyentes les paguen los estudios. Efectivamente, sabemos que a nuestras universidades acceden mucho más los hijos de directivos, profesionales y, en general, trabajadores de oficina, servicios y administración, mientras que los hijos de trabajadores obreros están infrarrepresentados ya que sólo son un 27% de la población universitaria mientras que sus padres conforman el 48% de la población de 40 a 60 años. Pero esto no debería inducirnos a una aceptación resignada de los hechos, sino a actuar para que la situación cambie. Un motivo que explica la baja presencia de estudiantes de origen humilde en nuestras universidades es su necesidad de trabajar y aportar ingresos a sus familias. En estas condiciones, el aumento del precio de la matrícula es un elemento disuasorio añadido.

Por último hay quien piensa que la respuesta a todas estas cuestiones está en mantener precios elevados como los actuales y ofrecer becas o créditos a quienes no puedan permitirse pagarlos. Las becas o, peor aún, los créditos, no resuelven el problema. Aparte de la escasez de sus importes y número, las becas generan incertidumbre ya que un estudiante no sabe a priori si la obtendrá. De los créditos, para qué hablar, en un país en el que las hipotecas son causa de problemas tan graves. ¿En qué condiciones entraría en el mercado de trabajo un recién titulado obligado a devolver un crédito por los estudios cursados? ¿Cómo afrontaría el inicio de una vida personal y familiar independiente? Conocemos demasiado bien las dificultades generadas por el sistema de créditos al estudio en los países que los han implantado, especialmente Estados Unidos y el Reino Unido: endeudamiento no sostenible, disminución drástica de la movilidad estudiantil, retracción de la demanda universitaria por parte de sectores específicos (mujeres y adultos), burbuja crediticia y, finalmente, abandono de los estudios al producirse la crisis financiera y reducirse la concesión de créditos y las expectativas laborales.

Debemos, en cambio, preguntarnos por qué los países de nuestro entorno están optando por una política tan distinta: financiación pública de la universidad, matrículas gratuitas o simbólicas, y ayudas en forma de becas-salario, desgravaciones fiscales y subsidios. Este es el modelo mayoritario en Europa porque promueve la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad. Y la igualdad no es sólo una cuestión de justicia social sino también de eficacia, ya que permite que los mejores accedan a los estudios, y que el país no desperdicie su talento por causas económicas. En otras palabras, frente al beneficio personal que se extrae del estudio, la mayoría de países valoran el beneficio colectivo que obtiene el conjunto de la sociedad. Un beneficio cultural, científico, técnico y profesional que ayuda al bienestar y al progreso del país. Un beneficio económico gracias a quienes, tras haber pasado por la universidad, desarrollan actividades útiles y rentables para empresas e instituciones, tanto privadas como públicas. Y, finalmente, un retorno de la inversión pública a través de los impuestos.

No es posible tratar de financiación universitaria sin mencionar la investigación, puesto que en nuestro país las universidades públicas son su agente principal. La disminución de la financiación de la investigación en España ha sido drástica en estos últimos años (superior al 40%) y nos aleja todavía más de los objetivos declarados en solemnes reuniones de ministros de la UE. Se está hipotecando el futuro de la investigación española y con ello las posibilidades de un cambio de modelo económico del país. Para que la investigación revierta positivamente en la sociedad, se suele argumentar que lo mejor es que sean las empresas las que la orienten y las que la financien. ¿Es eso lo que más conviene a la ciudadanía? Que las empresas (y otras instituciones, no necesariamente con ánimo de lucro) financien parte de la investigación puede ser positivo, pero es imprescindible que la administración pública lo haga en una proporción suficiente. Suficiente para garantizar el avance de la investigación básica, sin la cual no hay investigación aplicada posible. Suficiente para garantizar la independencia y la objetividad de la investigación. Suficiente también para asegurar que se obtengan avances científicos que ayuden a resolver los problemas de la población, con independencia de su rentabilidad económica inmediata.

En conclusión, la actividad docente e investigadora de las universidades públicas beneficia al conjunto de la sociedad. Es un bien común y, por ello, corresponde al poder público garantizar su financiación.
Fuente: SinPermiso.
Vera Sacristán es profesora de matemáticas en la la Universitat Politècnica de Catalunya. Colabora regularmente con SinPermiso en temas de política universitaria.

La educación exige emociones. El fenómeno es imparable. Los nuevos tiempos exigen desarrollar las capacidades innatas de los niños y cambiar las consignas académicas.

¿Estamos educando a las nuevas generaciones para vivir en un mundo que ya no existe? El sistema pedagógico parece haberse estancado en la era industrial en la que fue diseñado. La consigna respecto al colegio ha venido insistiendo en que hay que “estudiar mucho”, “sacar buenas notas” y, posteriormente, “obtener un título universitario”. Y eso es lo que muchos han procurado hacer. Se creyó que, una vez finalizada la etapa de estudiantes, habría un “empleo fijo” con un “salario estable”.

Pero dado que la realidad laboral ha cambiado, estas consignas académicas han dejado de ser válidas. De hecho, se han convertido en un obstáculo que limita las posibilidades profesionales. Y es que las escuelas públicas se crearon en el siglo XIX para convertir a campesinos analfabetos en obreros dóciles, adaptándolos a la función mecánica que iban a desempeñar en las fábricas. Tal como apunta el experto mundial en educación Ken Robinson, “los centros de enseñanza secundaria contemporáneos siguen teniendo muchos paralelismos con las cadenas de montaje, la división del trabajo y la producción en serie impulsadas por Frederick Taylor y Henry Ford”.

Si bien la fórmula pedagógica actual permite que los estudiantes aprendan a leer, escribir y hacer cálculos matemáticos, “la escuela mata nuestra creatividad”. A lo largo del proceso formativo, la gran mayoría pierde la conexión con esta facultad, marginando por completo el espíritu emprendedor. Y como consecuencia, se empiezan a seguir los dictados marcados por la mayoría, un ruido que impide escuchar la propia voz interior.

La voz de los adolescentes

“Desde muy pequeño tuve que interrumpir mi educación para empezar a ir a la escuela” Gabriel García Márquez

Cada vez más adolescentes sienten que el colegio no les aporta nada útil ni práctico para afrontar los problemas de la vida cotidiana. En vez de plantearles preguntas para que piensen por sí mismos, se limitan a darles respuestas pensadas por otros, tratando de que los alumnos amolden su pensamiento y su comportamiento al canon determinado por el orden social establecido.

Del mismo modo que la era industrial creó su propia escuela, la era del conocimiento emergente requiere de un nuevo tipo de colegio. Básicamente porque la educación industrial ha quedado desfasada. Sin embargo, actúa como un enfermo terminal que niega su propia enfermedad. Ahogada por la burocracia, la evolución del sistema educativo público llevará mucho tiempo en completarse. Según Robinson, “ahora mismo sigue estando compuesto por tres subsistemas principales:
-el plan de estudios (lo que el sistema escolar espera que el alumno aprenda),
-la pedagogía (el método mediante el cual el colegio ayuda a los estudiantes a hacerlo) y
-la evaluación, que vendría a ser el proceso de medir lo bien que lo están haciendo”.

La mayoría de los movimientos de reforma se centran en el plan de estudios y en la evaluación. Sin embargo, “la educación no necesita que la reformen, sino que la transformen”, concluye este experto. En vez de estandarizar la educación, en la era del conocimiento va a tender a personalizarse. Esencialmente porque uno de los objetivos es que los chavales descubran por sí mismos sus dones y cualidades individuales, así como lo que verdaderamente les apasiona.

En el marco de este nuevo paradigma educativo está emergiendo con fuerza la “educación emocional”. Se trata de un conjunto de enseñanzas, reflexiones, dinámicas, metodologías y herramientas de autoconocimiento diseñadas para potenciar la inteligencia emocional. Es decir, el proceso mental por medio del cual los niños y jóvenes puedan resolver sus problemas y conflictos emocionales por sí mismos, sin intermediarios de ningún tipo.

La base pedagógica de esta educación en auge está inspirada en el trabajo de grandes visionarios del siglo XX como Rudolf Steiner, María Montessori u Ovide Decroly. Todos ellos comparten la visión de que el ser humano nace con un potencial por desarrollar. Y que la función principal del educador es acompañar a los niños en su proceso de aprendizaje, evolución y madurez emocional. En esta misma línea se sitúan los programas de la educación lenta, libre y viva que están consolidándose como propuestas pedagógicas alternativas dentro del sistema. Eso sí, el gran referente del siglo XXI sigue siendo la escuela pública de Finlandia, país que lidera el ranking elaborado por el informe PISA.
¿Para qué sirve?

“Educar no consiste en llenar un vaso vacío, sino en encender un fuego latente” Lao Tsé

La educación emocional está comprometida con promover entre los jóvenes una serie de valores que permitan a los chavales descubrir su propio valor, pudiendo así aportar lo mejor de sí mismos al servicio de la sociedad. Entre estos destacan:

Autoconocimiento. Conocerse a uno mismo es el camino que conduce a saber cuáles son las limitaciones y potencialidades de cada uno, y permite convertirse en la mejor versión de uno mismo.

Responsabilidad. Cada uno de nosotros es la causa de su sufrimiento y de su felicidad. Asumir la responsabilidad de hacerse cargo de uno mismo en el plano emocional y económico es lo que permite alcanzar la madurez como seres humanos y realizar el propósito de vida que se persiga.

Autoestima. El mundo no se ve como es, sino como es cada uno de quienes lo observan. De ahí que amarse a uno mismo resulte fundamental para construir una percepción más sabia y objetiva de los demás y de la vida, nutriendo el corazón de confianza y valentía para seguir un propio camino.

Felicidad. La felicidad es la verdadera naturaleza del ser humano. No tiene nada que ver con lo que se tiene, con lo que se hace ni con lo que se consigue. Es un estado interno que florece de forma natural cuando se logra recuperar el contacto con la auténtica esencia de cada uno.

Amor. En la medida que se aprende a ser feliz por uno mismo, de forma natural se empieza a amar a los demás tal como son y a aceptar a la vida tal como es. Así, amar es sinónimo de tolerancia, respeto, compasión, amabilidad y, en definitiva, dar lo mejor de nosotros mismos en cada momento y frente a cualquier situación.

Talento. Todos tenemos un potencial y un talento innato por desarrollar. El centro de la cuestión consiste en atrevernos a escuchar la voz interior, la cual, al ponerla en acción, se convierte en nuestra auténtica vocación. Es decir, aquellas cualidades, fortalezas, ­habilidades y capacidades que permiten emprender una profesión útil, creativa y con sentido.

Bien común. Las personas que han pasado por un profundo proceso de autoconocimiento se las reconoce porque orientan sus motivaciones, decisiones y acciones al bien común de la sociedad. Es decir, aquello que hace a uno mismo y que además hace bien al conjunto de la sociedad, tanto en la forma de ganar como de gastar dinero.

En vez de seguir condicionando y limitando la mente de las nuevas generaciones, algún día –a lo largo de esta era– los colegios harán algo revolucionario: educar. De forma natural, los niños se convertirán en jóvenes con autoestima y confianza en sí mismos. Y estos se volverán adultos conscientes, maduros, responsables y libres, con una noción muy clara de quiénes son y cuál es su propósito en la vida. El rediseño y la transformación del sistema educativo son, sin duda alguna, unos de los grandes desafíos contemporáneos. Que se hagan realidad depende de que padres y educadores se conviertan en el cambio que quieren ver en la educación.

Fuente: El País semanal. http://elpais.com/elpais/2014/12/12/eps/1418401341_900515.html