Publicado en 18 marzo, 2016
La educación española está marcada por una anomalía insólita en los países de nuestro entorno: el sistema de conciertos educativos. El 32% de los estudiantes españoles de primaria y secundaria estudian en colegios e institutos de gestión privada, en su mayor parte centros concertados subvencionados en su práctica totalidad con fondos públicos. Muy a grandes rasgos, la escuela concertada es un pilar de los privilegios de los que disfrutan las familias que ocupan aproximadamente el tercio superior de la distribución de rentas y cuyos intereses están manifiestamente sobrerrepresentados en las políticas públicas, los medios de comunicación y los programas de los partidos.
La historia española de la financiación con fondos públicos de la enseñanza de titularidad privada es bien conocida. En los años ochenta, el gobierno del PSOE estableció el sistema de conciertos educativos como una vía para asegurar una universalización rápida de la educación en un contexto en el que no existía suficiente oferta de educación pública. Esa medida, supuestamente transitoria, se encabalgó sobre una larga tradición franquista de subvención a fondo perdido a los colegios religiosos. Por eso los debates en torno a la escuela concertada se han desarrollado casi siempre en torno a la cuestión ideológica de la presencia de la religión en las aulas y el poder que el sistema de conciertos otorga a la iglesia.
En realidad, si ni los gobiernos del PSOE ni los del PP se han planteado jamás un proceso de incorporación de los centros concertados a la red pública no ha sido por razones religiosas sino políticas. La red de enseñanza concertada constituye un elemento central en el sistema de lealtades sociales que durante décadas ha vertebrado el régimen político español. Aún más, aunque la iglesia controla una parte significativa de la red concertada, la confesionalidad es una cuestión importante sólo para un porcentaje relativamente pequeño de las familias que acuden a esos centros. El sistema de conciertos educativos ha sido la forma en que el Estado ha asegurado a la clase media la transmisión de su patrimonio social y cultural, del mismo modo que la burbuja especulativa fue la forma en que le ofreció una vía individual de movilidad social intergeneracional a través de la transmisión del patrimonio inmobiliario. A menudo se señala que una vez igualadas las condiciones socioeconómicas la enseñanza concertada española no ofrece mejores resultados académicos. Es cierto, ofrece algo mucho más importante: la reproducción de las condiciones socioeconómicas.
El resultado es que en España la clase media real (no la aspiracional) disfruta de los privilegios sociales de la educación privada a un coste muy reducido. Este amplio grupo social ha podido esquivar una parte significativa de los problemas asociados a la escolarización de las clases populares y acumular un valioso capital social. El anecdotario sobre las vías de segregación que ponen en marcha los colegios concertados –que en teoría deberían garantizar las mismas condiciones de acceso que los colegios públicos– es inagotable. Abarcan desde los filtros económicos –como las famosas cuotas “voluntarias” o las actividades “complementarias” (añádanse cuantas comillas se considere necesario)– hasta la selección explícita y sin tapujos: en numerosos colegios concertados un criterio de admisión importante es ser hijo de un antiguo alumno.
¿Por qué desde la izquierda se pasa de puntillas sobre este problema? Me temo que la razón de esta timidez es muy antipática: la izquierda española está radicalmente atravesada por el clasemedianismo. La enseñanza concertada –sobre todo, por medio de las cooperativas de profesores o padres– se ha ido convirtiendo cada vez más en un refugio para familias laicas y progresistas con suficientes recursos económicos que buscan modelos educativos alternativos a los que ofrece la educación pública y una mayor capacidad de intervención en su comunidad educativa. No hay ningún motivo para dudar de la sinceridad de esas motivaciones, pero lo cierto es que la realidad de las cooperativas educativas laicas es también la de una profundísima segregación social.
Es un proceso aún minoritario y característico de las grandes ciudades, en especial en Madrid, Cataluña y País Vasco, pero apunta a una tendencia que posiblemente se acelerará en el futuro. El desembarco de la izquierda en la concertada con su discursos acerca de la innovación educativa, las pedagogías blandas o la transversalidad proporciona a esta red una cierta imagen de marca de la que carecía (hasta ahora su principal valor consistía sencillamente en que no era la pública). De hecho, la red de colegios laicos y progresistas es más elitista que la religiosa, que tienen su propio circuito low cost en el que tienen cabida algunos inmigrantes y personas procedentes de las clases populares.
Aún peor, la maquinaria segregadora de la concertada están contaminando cada vez más a la red pública. Empieza a ser frecuente que los centros públicos establezcan triquiñuelas en los procesos de admisión para promover una bunquerización social. Tanto en la Comunidad de Madrid como en el País Vasco, cada vez más centros públicos “prestigiosos” dan puntos en los procesos selectivos a los hijos de antiguos alumnos. Otros renuncian voluntariamente a tener comedor escolar para ahuyentar a los alumnos de bajos ingresos que optan a becas de comedor.
Pero seguramente la herramienta de discriminación social más ambiciosa que se ha ideado en España es el programa de bilingüismo de la Comunidad de Madrid (CAM), una auténtica pesadilla elitista. En la actualidad, la mayor parte de los colegios de educación primaria madrileños son bilingües –hay distritos enteros donde no hay ni un solo colegio no bilingüe– y los que no lo son sufren fortísimas presiones de la administración para que entren al redil. Hay que estar muy alienado por la anglofilia para no percibir que el programa bilingüe de la CAM es un delirio pedagógico sin parangón en ningún lugar del mundo, que ha convertido los centros educativos en academias de idiomas donde una parte significativa de las materias son imposibles de impartir porque alumnos y profesores no comparten las herramientas comunicativas mínimas. Es algo tan sencillo como que los profesores de primaria dan clase de ciencias naturales, historia o ciencias sociales en inglés (y sólo en inglés) a niños de 6, 7 u 8 años que… no hablan inglés.
Hay un dato curioso que permite entender el auténtico objetivo del bilingüísmo en los centros públicos de la CAM. En educación secundaria los resultados académicos de los estudiantes del programa bilingüe son peores en las materias impartidas en inglés pero mejores en matemáticas y lengua española. Es decir, aparentemente dar clase de ciencias en inglés, mejora tu rendimiento en lengua española. La explicación es que los programas bilingües expulsan a las familias más pobres y con menos recursos culturales y que obtienen peores resultados académicos. Al igual que la red de enseñanza concertada, los programas bilingües en educación primaria tiene un objetivo social: permiten que al llegar a la ESO los estudiantes puedan ser distribuidos en función de su nivel de inglés. Poco sorprendentemente, esta criba hace que los estudiantes de las aulas bilingües sean de piel más clara, más ricos y con mayor capital cultural que los demás.
El sistema educativo español, al menos en su tramo obligatorio, parece cada vez más el experimento de un discípulo loco de Bourdieu para observar la reproducción social a gran escala. Madrid es su laboratorio.
[Este texto es un extracto de un artículo más amplio (“Reescolarizar la escuela”) que he publicado en el número 16 de La maleta de Port Bou]
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miércoles, 21 de septiembre de 2016
jueves, 10 de diciembre de 2015
Dos estados de bienestar y cómo papá estado subvenciona a las grandes empresas con fondos públicos
Habitualmente nos hemos acostumbrado, o mejor nos han ‘enseñado’, a hablar de Estado del Bienestar para hacer referencia a contar con unas prestaciones y servicios sanitarios, educativos y sociales de carácter público que financiamos todos, y al que determinados partidos políticos, grupos empresariales y medios de comunicación consideran una especie de lujo insostenible en términos monetarios por el que los usuarios no pagamos lo que deberíamos pagar. Estos grupos no sólo tratan de desacreditar continuamente a este Estado del Bienestar mediante las decisiones que ellos toman, sino que lo suelen descalificar habitualmente con la excusa de que ‘Papá Estado’ no puede estar siempre resolviendo los problemas a la gente (y si cuela, cuela).
La realidad es bien diferente. No hay uno sino, al menos, dos Estados de Bienestar, el primero es el que acabo de mencionar más arriba y el segundo es, precisamente, el Estado de Bienestar Empresarial que vive de los fondos públicos que, de muy diferentes maneras, los gobiernos ponen al servicio de los grandes grupos empresariales. Así es que, al contrario de lo que nos dicen esos políticos ‘liberales’ (desde el PSOE a VOX) el ‘Papá Estado’ apoya y financia precisamente a los que dicen que hay que reducir el Estado, y lo hacen con la colaboración estrecha de los gobiernos, si es que se pueden llamar gobiernos, aunque tratan de hacerlo con la mínima transparencia, es decir, con ocultación.
Esto no es nada nuevo, lo sabemos desde hace mucho tiempo, lo mostró Adam Smith y lo han seguido mostrando otros economistas, pero también sabemos que la repetición contínua y constante de las mentiras contribuye a que sean creídas y a convertirlas en “verdades”.
Paul Hawken, en su libro ‘Ecología y Negocio’ (1993), afirma, refiriéndose a los Estados Unidos que “No tenemos uno sino dos sistemas de bienestar. El primero es exiguo y consiste en ayudas a los desempleados, niños dependientes, los pobres y los que carecen de recursos. Es visto como una obra de caridad, un reparto, una aceptación poco generosa de responsabilidad social, pero casi siempre va acompañada de opiniones, amonestaciones de fracasos y un alto tono moral. El segundo sistema de bienestar es generoso, expansivo y costoso. Se produce en forma de grandes concesiones y programas gubernamentales para construir autopistas, subvenciones a los ricos en forma de deducciones en los pagos de intereses por sus viviendas, condiciones excesivamente generosas para derechos madereros y mineros en tierras del gobierno, investigaciones financiadas por el gobierno en universidades, políticas de puertas giratorias entre la industria de defensa y el gobierno con el resultado de políticas de gestión costosas y pobremente planificadas y así sucesivamente. La lista de receptores de estas generosas condiciones del gobierno es larga, pero no se ven como receptores de bienestar”.
No es esto exactamente lo que se entiende en Europa por Estado de Bienestar pero sí es cierto que se quiere dar, de manera interesada, una visión distorsionada del mismo como si fuera una especie de Estado Asistencial insostenible y también es cierto que el reconocimiento de la existencia de los dos Estados del Bienestar es muy importante.
Desde otro punto de vista, pero en una línea parecida, otro economista norteamericano, Steve Gorelick, escribió en 1998 un interesantísimo libro titulado “Lo pequeño es hermoso, lo Grande está Subsidiado. Cómo contribuyen nuestros impuestos al desastre ambiental y social”. (Está disponible en inglés en Internet). Este libro va mostrando cómo las grandes empresas reciben grandes subsidios públicos por parte de los gobiernos y cómo este comportamiento va ‘disolviendo’ la democracia, es decir, secuestrándola.
http://www.countercurrents.org/gorelick170911.pdf
En la introducción (que por razones que ignoro no aparece en la versión electrónica del libro), Helena Norberg-Hodge escribe que se nos ha venido ‘enseñando’ que las ‘leyes económicas’ favorecen de manera natural a las grandes empresas frente a las pequeñas mediante las economías de escala por lo que, de manera natural, lo grande es más barato, eficiente y mejor que lo pequeño. Pero la realidad es que “…lo grande no es necesariamente más ‘barato’ o más ‘eficiente’ (….)
Si nos permitimos mirar más allá de las estrechas creencias y limitaciones de la sabiduría convencional, resulta claro que las corporaciones gigantes son el resultado del apoyo gubernamental mediante una variedad de subsidios directos e indirectos”. En otras palabras, no existe nada parecido a las leyes naturales en economía sino que, al contrario, la economía es el resultado de elecciones políticas humanas y que lo eficiente y barato depende de la noción de coste con la que se trabaje, de la noción de eficiencia y del contexto en el que se produzca. Como afirmaba Paul Hellyer, antiguo Primer Ministro de Canadá, “La globalización no se refiere al comercio sino al poder y al control. Consiste en darle una nueva forma al mundo convirtiéndolo en uno sin fronteras controlado por una dictadura dirigida por las empresas multinacionales, los bancos centrales y los bancos comerciales más poderosos del mundo”. Pero para poder hacer esto, los gobiernos tienen que perder el poder de regular y de buscar el interés común y de aceptar que crecer es siempre bueno, sin importar los costes.
Por su parte, en ‘Los felices 90. La semilla de la destrucción’ (2003), Stiglitz, que fue asesor económico de Clinton, enuncia los tres principios ‘empresariales’ que él fue viendo que seguían los líderes de las grandes empresas con los que tenía que lidiar. Son estos:
1. La gente de negocios generalmente se opone a las subvenciones… para todos menos para sí mismos.
2. Todo el mundo está a favor de la competencia… en todos los sectores de la economía menos en el suyo propio.
3. Todo el mundo está a favor de la franqueza y la transparencia… en todos los sectores de la economía, menos en el suyo propio.
La conclusión a la que llega Stiglitz es que “la mayor parte de las empresas veían las subvenciones como algo totalmente garantizado”.
Yo diría que los empresarios han ido pasando de verlas como algo totalmente garantizado a verlas como algo a lo que tienen derecho; son suyas y punto, pero hay que disfrazar esto con el ‘humo del mercado’ y todo eso para poder seguir el saqueo.
En definitiva, en el capitalismo actual, dejando de lado a las pequeñas empresas que son las que crean más empleo y son habitualmente maltratadas por los gobiernos, la realidad es que las grandes empresas dependen de los gobiernos y de lo público, es decir de las decisiones públicas que crean reglas y leyes que les benefician y de la obtención de fondos públicos y/o de exenciones fiscales, para conseguir buenos resultados. Dicho de otra manera, y tal y como señala Gorelick, el capitalismo actual es un capitalismo subsidiado por el Papá Estado y las grandes empresas funcionan con grandes subsidios:
-Monetarios, rescate a la banca con fondos públicos de miles de millones, créditos superbaratos del Banco Central Europeo y ‘regalos’ como las normas de endeudamiento público que impiden a los gobiernos endeudarse directamente con el BCE debiendo hacerlo a través de los bancos privados lo que les proporciona unos ‘beneficios’ desmesurados por no hacer nada excepto multiplicar los intereses de la deuda pública.
-Fiscales, impuestos más bajos que las pequeñas empresas y los trabajadores, paraísos fiscales no penalizados, planes fiscales realizados por la pareja Juncker-Djisselbloem, De Guindos también trabajó en el tema…
La realidad es bien diferente. No hay uno sino, al menos, dos Estados de Bienestar, el primero es el que acabo de mencionar más arriba y el segundo es, precisamente, el Estado de Bienestar Empresarial que vive de los fondos públicos que, de muy diferentes maneras, los gobiernos ponen al servicio de los grandes grupos empresariales. Así es que, al contrario de lo que nos dicen esos políticos ‘liberales’ (desde el PSOE a VOX) el ‘Papá Estado’ apoya y financia precisamente a los que dicen que hay que reducir el Estado, y lo hacen con la colaboración estrecha de los gobiernos, si es que se pueden llamar gobiernos, aunque tratan de hacerlo con la mínima transparencia, es decir, con ocultación.
Esto no es nada nuevo, lo sabemos desde hace mucho tiempo, lo mostró Adam Smith y lo han seguido mostrando otros economistas, pero también sabemos que la repetición contínua y constante de las mentiras contribuye a que sean creídas y a convertirlas en “verdades”.
Paul Hawken, en su libro ‘Ecología y Negocio’ (1993), afirma, refiriéndose a los Estados Unidos que “No tenemos uno sino dos sistemas de bienestar. El primero es exiguo y consiste en ayudas a los desempleados, niños dependientes, los pobres y los que carecen de recursos. Es visto como una obra de caridad, un reparto, una aceptación poco generosa de responsabilidad social, pero casi siempre va acompañada de opiniones, amonestaciones de fracasos y un alto tono moral. El segundo sistema de bienestar es generoso, expansivo y costoso. Se produce en forma de grandes concesiones y programas gubernamentales para construir autopistas, subvenciones a los ricos en forma de deducciones en los pagos de intereses por sus viviendas, condiciones excesivamente generosas para derechos madereros y mineros en tierras del gobierno, investigaciones financiadas por el gobierno en universidades, políticas de puertas giratorias entre la industria de defensa y el gobierno con el resultado de políticas de gestión costosas y pobremente planificadas y así sucesivamente. La lista de receptores de estas generosas condiciones del gobierno es larga, pero no se ven como receptores de bienestar”.
No es esto exactamente lo que se entiende en Europa por Estado de Bienestar pero sí es cierto que se quiere dar, de manera interesada, una visión distorsionada del mismo como si fuera una especie de Estado Asistencial insostenible y también es cierto que el reconocimiento de la existencia de los dos Estados del Bienestar es muy importante.
Desde otro punto de vista, pero en una línea parecida, otro economista norteamericano, Steve Gorelick, escribió en 1998 un interesantísimo libro titulado “Lo pequeño es hermoso, lo Grande está Subsidiado. Cómo contribuyen nuestros impuestos al desastre ambiental y social”. (Está disponible en inglés en Internet). Este libro va mostrando cómo las grandes empresas reciben grandes subsidios públicos por parte de los gobiernos y cómo este comportamiento va ‘disolviendo’ la democracia, es decir, secuestrándola.
http://www.countercurrents.org/gorelick170911.pdf
En la introducción (que por razones que ignoro no aparece en la versión electrónica del libro), Helena Norberg-Hodge escribe que se nos ha venido ‘enseñando’ que las ‘leyes económicas’ favorecen de manera natural a las grandes empresas frente a las pequeñas mediante las economías de escala por lo que, de manera natural, lo grande es más barato, eficiente y mejor que lo pequeño. Pero la realidad es que “…lo grande no es necesariamente más ‘barato’ o más ‘eficiente’ (….)
Si nos permitimos mirar más allá de las estrechas creencias y limitaciones de la sabiduría convencional, resulta claro que las corporaciones gigantes son el resultado del apoyo gubernamental mediante una variedad de subsidios directos e indirectos”. En otras palabras, no existe nada parecido a las leyes naturales en economía sino que, al contrario, la economía es el resultado de elecciones políticas humanas y que lo eficiente y barato depende de la noción de coste con la que se trabaje, de la noción de eficiencia y del contexto en el que se produzca. Como afirmaba Paul Hellyer, antiguo Primer Ministro de Canadá, “La globalización no se refiere al comercio sino al poder y al control. Consiste en darle una nueva forma al mundo convirtiéndolo en uno sin fronteras controlado por una dictadura dirigida por las empresas multinacionales, los bancos centrales y los bancos comerciales más poderosos del mundo”. Pero para poder hacer esto, los gobiernos tienen que perder el poder de regular y de buscar el interés común y de aceptar que crecer es siempre bueno, sin importar los costes.
Por su parte, en ‘Los felices 90. La semilla de la destrucción’ (2003), Stiglitz, que fue asesor económico de Clinton, enuncia los tres principios ‘empresariales’ que él fue viendo que seguían los líderes de las grandes empresas con los que tenía que lidiar. Son estos:
1. La gente de negocios generalmente se opone a las subvenciones… para todos menos para sí mismos.
2. Todo el mundo está a favor de la competencia… en todos los sectores de la economía menos en el suyo propio.
3. Todo el mundo está a favor de la franqueza y la transparencia… en todos los sectores de la economía, menos en el suyo propio.
La conclusión a la que llega Stiglitz es que “la mayor parte de las empresas veían las subvenciones como algo totalmente garantizado”.
Yo diría que los empresarios han ido pasando de verlas como algo totalmente garantizado a verlas como algo a lo que tienen derecho; son suyas y punto, pero hay que disfrazar esto con el ‘humo del mercado’ y todo eso para poder seguir el saqueo.
En definitiva, en el capitalismo actual, dejando de lado a las pequeñas empresas que son las que crean más empleo y son habitualmente maltratadas por los gobiernos, la realidad es que las grandes empresas dependen de los gobiernos y de lo público, es decir de las decisiones públicas que crean reglas y leyes que les benefician y de la obtención de fondos públicos y/o de exenciones fiscales, para conseguir buenos resultados. Dicho de otra manera, y tal y como señala Gorelick, el capitalismo actual es un capitalismo subsidiado por el Papá Estado y las grandes empresas funcionan con grandes subsidios:
-Monetarios, rescate a la banca con fondos públicos de miles de millones, créditos superbaratos del Banco Central Europeo y ‘regalos’ como las normas de endeudamiento público que impiden a los gobiernos endeudarse directamente con el BCE debiendo hacerlo a través de los bancos privados lo que les proporciona unos ‘beneficios’ desmesurados por no hacer nada excepto multiplicar los intereses de la deuda pública.
-Fiscales, impuestos más bajos que las pequeñas empresas y los trabajadores, paraísos fiscales no penalizados, planes fiscales realizados por la pareja Juncker-Djisselbloem, De Guindos también trabajó en el tema…
-Laborales, reformas laborales que sólo perjudican a los trabajadores y aumentan los beneficios empresariales, aunque a ese se le llame mejorar la competitividad.
-Ambientales, apenas se ‘ven’ impactos ambientales ‘relevantes’ ni se asume responsabilidad por los costes sociales generados.
En definitiva, todo un sistema de subvenciones y ayudas públicas para asegurar elevados beneficios privados. Si pusiéramos números a todas estas subvenciones públicas (Juan Torres y Eduardo Garzón, entre otros, lo han hecho en parte) veríamos con claridad el enorme fraude económico en el que estamos metidos y la trampa que supone animar a los jóvenes a que hay que ser emprendedores. ¿Alguien cree que se puede honestamente ser emprendedor y ‘competir’ con las grandes empresas sin recibir las mismas ayudas y subvenciones que ellas? Esto sólo tiene un nombre y es el de engaño a las personas con el cuento de ser emprendedor, lo que los transforma en ‘emperdedores’ como indica Miguel Brieva en “Lo que (me) está pasando. Diario de un emperdedor” (2015).
Incluso la financiación de la investigación de alto nivel que habitualmente se nos ‘vende’ como ejemplo de comportamiento ‘emprendedor’ e ‘innovador’ típico de las buenas empresas privadas que hay que imitar resulta que está financiada con fondos públicos, como señala Gorelick, refiriéndose a 1997.
http://www.nytimes.com/1997/05/13/science/study-finds-public-science-is-pillar-of-industry.html?pagewanted=all
Pero más interesante todavía resulta constatar que la financiación pública de la ciencia sigue siendo la tónica actual, como recoge el libro “El estado emprendedor”, escrito por la economista italo-norteamericana Mariana Mazzucato en 2014, cuyas principales ideas expone en esta conferencia de 15 minutos.
http://www.ted.com/talks/mariana_mazzucato_government_investor_risk_taker_innovator?utm_source=newsletter_daily&utm_campaign=daily&utm_medium=email&utm_content=button__2013-10-28
Seguir pensando, o mejor, seguir repitiendo de manera desinformada y sesgada que la innovación es independiente de la financiación pública muestra, según Randall Wray, ‘la incapacidad ideológica para reconocer el papel jugado por el Estado para impulsar la innovación’.
http://www.sinpermiso.info/textos/el-estado-emprendedor-y-la-innovacin-tecnolgica-segn-mariana-mazzucato
En mi opinión refleja, además, la enorme distorsión e ignorancia transmitida desde la Universidad, los medios de comunicación, los gobiernos y las grandes empresas para dar una visión falsa de la realidad que ‘coincida’ con los intereses de estos grupos, no en vano el subtitulo del libro de Mazzucato es ‘Mitos del sector público frente al privado’, y con esos mitos y mentiras se nos sigue adoctrinando todavía.
Pero no queda aquí el catálogo de ayudas de Papá Estado por lo que recomiendo el libro de Ana Tudela, “Crisis S.A. El saqueo neoliberal” (2014), y el de Owen Jones, “El Establishment” (2015) para un conocimiento importante de las prácticas habituales del saqueo de lo público con el consentimiento y la plena disposición de Papá Estado mientras gobiernos y empresas mantienen con todo descaro el discurso de la eficiencia y la competencia de lo privado.
Dos ejemplos interesantes, para no alargar demasiado, son el del sector eléctrico y el de las Sociedades de Inversión Colectiva de Capital Variable (SICAV) en España. Sobre el sector eléctrico ha salido hace poco un buen informe titulado “El coste real de la energía” que cuantifica el sobrecoste que pagamos los usuarios entre 1998 y 2013 en unos 80.000 millones de euros.
http://www.nuevomodeloenergetico.org/pgs2/files/3014/4692/4088/Informe_Coste_real_energa.pdf
Para una explicación breve de cómo se ha llevado a cabo este sobrecoste hay un excelente texto ‘El yugo de la tarifa eléctrica’ de Jesús Mota que recomiendo siempre,
http://elpais.com/diario/2011/04/07/opinion/1302127212_850215.html
y que explica con toda claridad cómo los diferentes gobiernos han ido configurando un marco legal muy favorable a las eléctricas de manera que entre los pagos públicos por los mal llamados Costes de Transición a la Competencia (CTC), competencia que nunca existió pero sí los pagos públicos, y la definición gubernamental de coste favorable a las eléctricas, distinguiendo entre ‘costes incurridos’ y ‘costes reconocidos’ siendo siempre los costes reconocidos por ley mayores que los incurridos, se ha ido generando el tan famoso como falso déficit tarifario. “…el déficit de tarifa, esa inflación de derechos reconocidos que se aproxima ya a los 20.000 millones de euros, es un tigre de papel si el Gobierno actúa en función de los intereses de los consumidores y no, como hasta ahora, capturado por la neurosis de proteger la cotización de las empresas.
Veamos qué sucede con las centrales nucleares. Sus costes de operación y mantenimiento declarados por el Foro Nuclear se situaron en 2010 en torno a los 20 euros por megavatio/hora (Mwh). Pero el precio final que ha recibido la producción nuclear, como consecuencia de que la electricidad se retribuye al precio marginal (en este caso, el precio de los ciclos combinados) fue de 42,13 euros Mwh; la diferencia, 22,13 euros, multiplicados por 67.787,7 gigavatios/hora (Gwh) producidos el año pasado arroja un beneficio espurio (windfall benefit) o indebido de 1.367,4 millones. Un cálculo similar ejecutado con la producción hidroeléctrica demostraría que los costes variables realmente incurridos apenas llegan a los 9 euros Mwh; descontados de los 42,13 euros Mwh retribuidos y multiplicada la diferencia por la producción de 38.738,5 Gwh, el windfall benefit durante el año pasado llegaría a los 1.283,4 millones. En resumen, en los costes de tarifa correspondientes a la producción hidráulica y nuclear se ha incluido un exceso de 2.650,8 millones en costes reconocidos sobre los realmente incurridos. Si se retira de los ingresos de las compañías esa cantidad percibida indebidamente, los consumidores no hubieran tenido que pagar una subida de tarifas del 10% (…) Este es un ejemplo de lo que le cuesta al ciudadano el mantenimiento de una regulación perversa que debería haberse dinamitado en 2004” (Jesús Mota). Esto ha llevado a que la Audiencia Nacional afirme en una sentencia que son las empresas eléctricas las causantes primigenias del déficit tarifario.
http://www.energias-renovables.com/articulo/iberdrola-y-compania-causantes-primigenios-del-deficit-20130116
Obviamente, este comportamiento ‘regulador’ que tan buenos resultados da a las empresas para el saqueo de lo público, es luego recompensado con puestos muy bien remunerados en los Consejos de Administración para los políticos que se quedan sin sus cargos, lo que evidencia que esos políticos no han trabajado en beneficio del interés público ni del bien común.
https://www.diagonalperiodico.net/global/27846-rescate-encubierto-electricas.html
En cuanto a las SICAV, Ana Tudela explica perfectamente que, frente al objetivo inicial de fomentar el ahorro colectivo y la exigencia de contar, al menos, con 100 partícipes para beneficiarse de un Impuesto de Sociedades del 1 por 100 sobre el beneficio anual de la sociedad, las grandes fortunas empiezan a buscar partícipes ficticios hasta llegar al número de 100, los conocidos como mariachis. Ante el volumen de fondos en ellas, unos 25.000 millones de euros, Hacienda empieza a investigar que la composición y objetivos de las SICAV sean conforme a la ley pero el gobierno ‘socialista’ de Zapatero aprueba una propuesta de CIU de no investigar a las grandes fortunas de las SICAV y la aprueba el mismo día en que el Parlamento aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Sería ese el precio a pagar por reconocer ese matrimonio? Transparencia ante todo.
Por si fuera poco, el Informe realizado por la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia sobre el Análisis de la Contratación Pública en España, estima que “en ausencia de presión concurrencial se pueden originar desviaciones medias, al alza, del 25% del presupuesto de la contratación pública. En España, a nivel agregado, esto podría implicar hasta un 4,6% del PIB anual, aproximadamente 47.500 millones de euros/año” (en 2014).
http://www.cnmc.es/Portals/0/Notas%20de%20prensa/201502_Informe_ContratacionPublica.pdf
Sabiendo que en España no hay precisamente mucha concurrencia, ni transparencia y que los modificados en los presupuestos finales de las obras públicas son habituales con sobrecostes elevadísimos y que habitualmente se contrata a la baja, sería interesante comprobar en qué medida estos casi 48.000 millones anuales de euros de posibles sobrecostes representan, o no, una auténtica subvención a las diferentes empresas contratantes a los que habría que añadir todas las subvenciones anteriores. En fin, que sin Papá Estado y sin políticos que traicionen el interés común, estas empresas no alcanzarían los beneficios que obtienen, ni el poder que detentan .
-Ambientales, apenas se ‘ven’ impactos ambientales ‘relevantes’ ni se asume responsabilidad por los costes sociales generados.
En definitiva, todo un sistema de subvenciones y ayudas públicas para asegurar elevados beneficios privados. Si pusiéramos números a todas estas subvenciones públicas (Juan Torres y Eduardo Garzón, entre otros, lo han hecho en parte) veríamos con claridad el enorme fraude económico en el que estamos metidos y la trampa que supone animar a los jóvenes a que hay que ser emprendedores. ¿Alguien cree que se puede honestamente ser emprendedor y ‘competir’ con las grandes empresas sin recibir las mismas ayudas y subvenciones que ellas? Esto sólo tiene un nombre y es el de engaño a las personas con el cuento de ser emprendedor, lo que los transforma en ‘emperdedores’ como indica Miguel Brieva en “Lo que (me) está pasando. Diario de un emperdedor” (2015).
Incluso la financiación de la investigación de alto nivel que habitualmente se nos ‘vende’ como ejemplo de comportamiento ‘emprendedor’ e ‘innovador’ típico de las buenas empresas privadas que hay que imitar resulta que está financiada con fondos públicos, como señala Gorelick, refiriéndose a 1997.
http://www.nytimes.com/1997/05/13/science/study-finds-public-science-is-pillar-of-industry.html?pagewanted=all
Pero más interesante todavía resulta constatar que la financiación pública de la ciencia sigue siendo la tónica actual, como recoge el libro “El estado emprendedor”, escrito por la economista italo-norteamericana Mariana Mazzucato en 2014, cuyas principales ideas expone en esta conferencia de 15 minutos.
http://www.ted.com/talks/mariana_mazzucato_government_investor_risk_taker_innovator?utm_source=newsletter_daily&utm_campaign=daily&utm_medium=email&utm_content=button__2013-10-28
Seguir pensando, o mejor, seguir repitiendo de manera desinformada y sesgada que la innovación es independiente de la financiación pública muestra, según Randall Wray, ‘la incapacidad ideológica para reconocer el papel jugado por el Estado para impulsar la innovación’.
http://www.sinpermiso.info/textos/el-estado-emprendedor-y-la-innovacin-tecnolgica-segn-mariana-mazzucato
En mi opinión refleja, además, la enorme distorsión e ignorancia transmitida desde la Universidad, los medios de comunicación, los gobiernos y las grandes empresas para dar una visión falsa de la realidad que ‘coincida’ con los intereses de estos grupos, no en vano el subtitulo del libro de Mazzucato es ‘Mitos del sector público frente al privado’, y con esos mitos y mentiras se nos sigue adoctrinando todavía.
Pero no queda aquí el catálogo de ayudas de Papá Estado por lo que recomiendo el libro de Ana Tudela, “Crisis S.A. El saqueo neoliberal” (2014), y el de Owen Jones, “El Establishment” (2015) para un conocimiento importante de las prácticas habituales del saqueo de lo público con el consentimiento y la plena disposición de Papá Estado mientras gobiernos y empresas mantienen con todo descaro el discurso de la eficiencia y la competencia de lo privado.
Dos ejemplos interesantes, para no alargar demasiado, son el del sector eléctrico y el de las Sociedades de Inversión Colectiva de Capital Variable (SICAV) en España. Sobre el sector eléctrico ha salido hace poco un buen informe titulado “El coste real de la energía” que cuantifica el sobrecoste que pagamos los usuarios entre 1998 y 2013 en unos 80.000 millones de euros.
http://www.nuevomodeloenergetico.org/pgs2/files/3014/4692/4088/Informe_Coste_real_energa.pdf
Para una explicación breve de cómo se ha llevado a cabo este sobrecoste hay un excelente texto ‘El yugo de la tarifa eléctrica’ de Jesús Mota que recomiendo siempre,
http://elpais.com/diario/2011/04/07/opinion/1302127212_850215.html
y que explica con toda claridad cómo los diferentes gobiernos han ido configurando un marco legal muy favorable a las eléctricas de manera que entre los pagos públicos por los mal llamados Costes de Transición a la Competencia (CTC), competencia que nunca existió pero sí los pagos públicos, y la definición gubernamental de coste favorable a las eléctricas, distinguiendo entre ‘costes incurridos’ y ‘costes reconocidos’ siendo siempre los costes reconocidos por ley mayores que los incurridos, se ha ido generando el tan famoso como falso déficit tarifario. “…el déficit de tarifa, esa inflación de derechos reconocidos que se aproxima ya a los 20.000 millones de euros, es un tigre de papel si el Gobierno actúa en función de los intereses de los consumidores y no, como hasta ahora, capturado por la neurosis de proteger la cotización de las empresas.
Veamos qué sucede con las centrales nucleares. Sus costes de operación y mantenimiento declarados por el Foro Nuclear se situaron en 2010 en torno a los 20 euros por megavatio/hora (Mwh). Pero el precio final que ha recibido la producción nuclear, como consecuencia de que la electricidad se retribuye al precio marginal (en este caso, el precio de los ciclos combinados) fue de 42,13 euros Mwh; la diferencia, 22,13 euros, multiplicados por 67.787,7 gigavatios/hora (Gwh) producidos el año pasado arroja un beneficio espurio (windfall benefit) o indebido de 1.367,4 millones. Un cálculo similar ejecutado con la producción hidroeléctrica demostraría que los costes variables realmente incurridos apenas llegan a los 9 euros Mwh; descontados de los 42,13 euros Mwh retribuidos y multiplicada la diferencia por la producción de 38.738,5 Gwh, el windfall benefit durante el año pasado llegaría a los 1.283,4 millones. En resumen, en los costes de tarifa correspondientes a la producción hidráulica y nuclear se ha incluido un exceso de 2.650,8 millones en costes reconocidos sobre los realmente incurridos. Si se retira de los ingresos de las compañías esa cantidad percibida indebidamente, los consumidores no hubieran tenido que pagar una subida de tarifas del 10% (…) Este es un ejemplo de lo que le cuesta al ciudadano el mantenimiento de una regulación perversa que debería haberse dinamitado en 2004” (Jesús Mota). Esto ha llevado a que la Audiencia Nacional afirme en una sentencia que son las empresas eléctricas las causantes primigenias del déficit tarifario.
http://www.energias-renovables.com/articulo/iberdrola-y-compania-causantes-primigenios-del-deficit-20130116
Obviamente, este comportamiento ‘regulador’ que tan buenos resultados da a las empresas para el saqueo de lo público, es luego recompensado con puestos muy bien remunerados en los Consejos de Administración para los políticos que se quedan sin sus cargos, lo que evidencia que esos políticos no han trabajado en beneficio del interés público ni del bien común.
https://www.diagonalperiodico.net/global/27846-rescate-encubierto-electricas.html
En cuanto a las SICAV, Ana Tudela explica perfectamente que, frente al objetivo inicial de fomentar el ahorro colectivo y la exigencia de contar, al menos, con 100 partícipes para beneficiarse de un Impuesto de Sociedades del 1 por 100 sobre el beneficio anual de la sociedad, las grandes fortunas empiezan a buscar partícipes ficticios hasta llegar al número de 100, los conocidos como mariachis. Ante el volumen de fondos en ellas, unos 25.000 millones de euros, Hacienda empieza a investigar que la composición y objetivos de las SICAV sean conforme a la ley pero el gobierno ‘socialista’ de Zapatero aprueba una propuesta de CIU de no investigar a las grandes fortunas de las SICAV y la aprueba el mismo día en que el Parlamento aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Sería ese el precio a pagar por reconocer ese matrimonio? Transparencia ante todo.
Por si fuera poco, el Informe realizado por la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia sobre el Análisis de la Contratación Pública en España, estima que “en ausencia de presión concurrencial se pueden originar desviaciones medias, al alza, del 25% del presupuesto de la contratación pública. En España, a nivel agregado, esto podría implicar hasta un 4,6% del PIB anual, aproximadamente 47.500 millones de euros/año” (en 2014).
http://www.cnmc.es/Portals/0/Notas%20de%20prensa/201502_Informe_ContratacionPublica.pdf
Sabiendo que en España no hay precisamente mucha concurrencia, ni transparencia y que los modificados en los presupuestos finales de las obras públicas son habituales con sobrecostes elevadísimos y que habitualmente se contrata a la baja, sería interesante comprobar en qué medida estos casi 48.000 millones anuales de euros de posibles sobrecostes representan, o no, una auténtica subvención a las diferentes empresas contratantes a los que habría que añadir todas las subvenciones anteriores. En fin, que sin Papá Estado y sin políticos que traicionen el interés común, estas empresas no alcanzarían los beneficios que obtienen, ni el poder que detentan .
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