CADTM
En agosto-septiembre de 2013 redacté un proyecto de programa de medidas a poner en práctica en Grecia en caso de victoria electoral de la izquierda radical. Envié dicho texto el 10 de septiembre de 2013, como borrador, a los militantes de Grecia y otros lugares con el fin, como escribí entonces, de «recabar comentario críticos y propuestas de mejora».
Algunas personas me respondieron y corregí ligeramente mi propuesta. Presenté la propuesta en Atenas el 20 de marzo de 2014 en una reunión de trabajo con los militantes del DEA (1) e invitados de otros países (Francia, Estados Unidos, Suiza, Bélgica, Portugal, Italia, Alemania…). También presenté un resumen de la propuesta en una conferencia pública el 30 de marzo de 2014 en la que también tomó la palabra Panagiotis Lafazanis, líder de la nueva formación política griega Unidad Popular, lanzada el 21 de agosto de 2015.
Hasta ahora no se ha publicado la propuesta. Consideré que no había recibido suficientes respuestas a las repetidas peticiones de comentarios y mejoras para exponer la propuesta públicamente. También era consciente de que no conocía demasiado la realidad griega y de que era necesario elaborar una propuesta colectiva elaborada esencialmente por los griegos, conocedores de la realidad nacional. A pesar de las reservas que acabo de expresar, tras la capitulación de julio de 2015, he decidido publicar la propuesta escrita hace ya dos años.
He insertado en cuatro partes del texto las propuestas redactadas en julio de 2015. En el proyecto avanzaba la necesidad de salir de la zona euro sin prejuzgar el momento oportuno para hacerlo. Estaba convencido de que en vista del estado de la conciencia de la población griega había que tomar una serie de medidas prioritarias sin abandonar la zona euro. La salida, para que sea asumida por la mayoría de la población, debe resultar de la demostración práctica de que esta opción se ha convertido en una necesidad (lo que está claramente a punto de pasar desde julio de 2015). Finalmente, una salida de la zona euro implica que las demás medidas hay que tomarlas de forma que se realice una salida favorable para la mayoría de la población. Si no es el caso, la salida de la zona euro se convertirá en una salida de derecha que hay que evitar.
En el caso de un país como Grecia, el Gobierno popular debería:
1. Abolir las medidas antipopulares impuestas en el marco de los memorandos con la troika que se han sucedido desde mayo de 2010. Eso implica, en particular, la readmisión de los trabajadores despedidos tras la imposición de los citados memorandos.
2. Suspender el pago de la deuda, organizar una auditoría e imponer una reducción radical del montante y del servicio de la deuda, incluso en un acto de repudio (que solo puede ser unilateral) y adoptar medidas para proteger el ahorro popular invertido en la deuda.
Tomar una medida específica sobre la deuda bilateral con respecto a Alemania, que se eleva a 15.000 millones de euros, contraída con ocasión del memorando de mayo de 2010: el repudio de esa deuda deberá hacerse en compensación parcial de la deuda histórica alemana con Grecia (Segunda Guerra Mundial).
3. Socializar los bancos y las aseguradoras. Debido a las opciones que se tomaron, la mayoría de los bancos se enfrentan a una situación de insolvencia y no a una crisis pasajera de liquidez. La decisión del Banco Central Europeo y el Banco de Grecia de proteger los intereses de los grandes accionistas privados agrava el problema.
Hay que volver a los fundamentos. Hay que considerar que los bancos son servicios públicos debido, precisamente, a su importancia y al efecto devastador que su mala gestión puede tener sobre la economía. La misión de la banca es demasiado seria para confiarla a bancos privados. Dado que utiliza dinero público, se beneficia de garantías del Estado y presta un servicio básico a la sociedad, la banca debe convertirse en un servicio público.
Los poderes públicos deben recuperar su capacidad de control y orientación de la actividad económica y financiera. También deben disponer de instrumentos para realizar las inversiones y financiar los gastos públicos, reduciendo al mínimo el recurso al endeudamiento con instituciones privadas. Para esto hay que expropiar los bancos, socializarlos y transferirlos al sector público bajo control ciudadano, sin indemnizar a los grandes accionistas privados. En algunos casos, a pesar de esa ausencia de indemnización, la expropiación de los bancos privados puede representar un coste importante para el Estado debido a las deudas que han podido acumular y los productos tóxicos que guardan. El coste en cuestión debe recuperarse en tanto que puede hacerse sobre el patrimonio general de los grandes accionistas. En efecto, las empresas privadas, accionistas de los bancos y que los han llevado hacia el abismo consiguiendo jugosos beneficios, poseen una parte de su patrimonio en otros sectores de la economía. Por lo tanto hay que hacer una punción sobre el patrimonio global de los accionistas.
Los bancos públicos, con un estatuto de servicio público (bajo control ciudadano), pueden coexistir con los bancos cooperativos de tamaño mediano (el carácter cooperativo de estos bancos debe ser estrictamente controlado bajo pena de retirada de la licencia de actividad)
Inserto aquí lo que publiqué en julio de 2015 en un artículo dedicado a las alternativas a la capitulación del Gobierno griego del 13 de julio, http://cadtm.org/Grece-des-propositions.
«Los poderes públicos griegos constituyen, de lejos, el accionariado mayoritario de los grandes bancos griegos (más del 80 % del mercado bancario griego) y deberían por lo tanto ejercer plenamente el control de los bancos con el fin de proteger los ahorros de los ciudadanos y relanzar el crédito interno para mantener el consumo. Por una parte convendría utilizar la participación mayoritaria del Estado en los bancos confiriéndoles el estatuto de empresa pública. El Estado debería organizar la bancarrota ordenada de esos bancos protegiendo a los pequeños accionistas y a los ahorradores. Se trata de recuperar el coste del saneamiento de los bancos sobre el patrimonio global de los grandes accionistas privados, ya que son ellos quienes provocaron la crisis y a continuación abusaron del apoyo público. Se crearía un «banco malo» para aislar los activos tóxicos con una gestión dirigida a la extinción. Es necesario, de una vez por todas, obligar a pagar a los responsables de la crisis bancaria, sanear en profundidad el sector financiero y ponerlo al servicio de la población y de la economía real.
También se deberán socializar las aseguradoras privadas. Aunque su estado de salud está menos mediatizado, el sector de las aseguradoras también está en el centro de la crisis actual. Los grandes grupos de aseguradoras también han llevado a cabo operaciones de riesgo, al igual que los bancos privados con los cuales muchas de ellas están estrechamente ligadas. Una gran parte de sus activos está constituido por títulos de la deuda soberana y productos derivados. En busca del máximo beneficio inmediato especularon peligrosamente con las primas pagadas por los asegurados, con el ahorro recogido bajo la forma de seguros de vida o cotizaciones voluntarias a planes de pensiones. La expropiación de las seguradoras permitirá evitar una catástrofe en el sector y protegerá a los ahorradores y a los asegurados. La expropiación de las aseguradoras debe ir acompañada de una consolidación del sistema de jubilación por repartición.
4. Requisar el Banco Central. Al frente se encuentra Yanis Stournaras (colocado en el puesto por el Gobierno de Antonis Samaras) que emplea toda su energía para impedir el cambio que quiere la población. Es un auténtico caballo de Troya que sirve los intereses de los grandes bancos privados y de las autoridades europeas neoliberales. El Banco Central de Grecia debe ponerse al servicio de los intereses de la población griega.
5. Crear una moneda electrónica (regulada en euros) para uso interno del país. Los poderes públicos podrían aumentar las jubilaciones y los salarios de la función pública, pagar las ayudas humanitarias a las personas abriendo un crédito en moneda electrónica que podría utilizarse para múltiples pagos: factura de electricidad, de agua, de transporte comunitario, impuestos, alimentos y bienes de primera necesidad en comercios, etc. Al contrario de un prejuicio infundado, los comercios privados tienen todo el interés en aceptar voluntariamente ese medio de pago electrónico porque eso les permite al mismo tiempo vender sus mercancías y regular sus pagos a las administraciones públicas (pago de impuestos y diversos servicios públicos que utilizan). La creación de esa moneda electrónica complementaria permitiría rebajar las necesidades del país en euros. Las transacciones en dicha moneda electrónica podrían realizarse por teléfono móvil, como es el caso actualmente en Ecuador.
6. Disolver el organismo encargado de las privatizaciones y sustituirlo por una estructura pública de gestión de los bienes nacionales (con parada inmediata de las privatizaciones) encargada de proteger el patrimonio público generando rentas.
7. Imponer un control estricto de los movimientos de capitales y un control de los precios de consumo.
8. Adoptar una reforma fiscal con:
En efecto, el Estado debe poder tomar préstamos con el fin de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones, por ejemplo realizando trabajos de utilidad pública. Algunos de esos trabajos pueden ser financiados por el presupuesto corriente gracias a las opciones políticas afirmadas, pero esos préstamos públicos pueden hacer posibles otros de mayor envergadura, por ejemplo para pasar de «todo automóvil» a un desarrollo masivo de los transportes colectivos, desarrollar el recurso a las energía renovables respetuosas del medio ambiente, crear o reabrir vías férreas de cercanías en todo el territorio, empezando por las zonas urbanas y semiurbanas, o incluso renovar, rehabilitar o construir edificios públicos y viviendas sociales reduciendo su consumo de energía y añadiéndoles comodidades de calidad.
Hay que definir urgentemente una política transparente de préstamo público. Lo que hace falta es que el destino del préstamo público garantice una mejora de las condiciones de vida, rompiendo la lógica de destrucción medioambiental, y que el recurso al préstamo público contribuya a una voluntad redistributiva con el fin de reducir las desigualdades. Por eso proponemos que las instituciones financieras, las grandes empresas privadas y los hogares ricos sean obligados por vía la legal a comprar, por un montante proporcional a su patrimonio y a sus rentas, obligaciones del Estado al 0 % de interés y no indexados sobre la inflación, el resto de la población podrá adquirir de manera voluntaria obligaciones públicas que garantizarán un rendimiento real positivo (por ejemplo el 3 %), superior a la inflación. Así, si la inflación anual se eleva al 3 %, la tasa de interés efectivamente pagada por el Estado para el año correspondiente será del 6 %. Semejante medida de discriminación positiva (comparable a las adoptadas para luchar contra la opresión racista en Estados Unidos, las castas en India o la desigualdad entre mujeres y hombres) permitirá avanzar hacia una mayor justicia fiscal y hacia una repartición menos desigual de las riquezas.
10. Tomar un préstamo público externo alternativo (es decir, que excluya a la troika y a los mercados financieros extranjeros) sin aceptar condiciones.
11. Poner en práctica la regla de oro siguiente: la suma destinada al reembolso de la deuda pública no puede superar el 5 % de los ingresos del Estado. Prohibición de socializar las deudas privadas, obligación de organizar una auditoría permanente de la política de endeudamiento público con participación ciudadana, imprescriptibilidad de los delitos relacionados con el endeudamiento ilegítimo, anulación de las deudas ilegítimas, adopción de una segunda regla de oro que consiste en que los gastos públicos que permiten garantizar los derechos humanos fundamentales son irreducibles y priman sobre los gastos relativos al reembolso de la deuda…
12. También es importante comprometer a Grecia en un proceso constituyente con participación ciudadana activa con el fin de permitir cambios democráticos estructurales. Para realizar ese proceso constituyente hay que convocar, a través de una consulta de sufragio universal, la elección de una asamblea constituyente encargada de elaborar un proyecto de nueva constitución. Una vez adoptado el proyecto por la asamblea constituyente, que deberá funcionar recibiendo las reclamaciones y las propuestas procedentes del pueblo, será sometido a sufragio universal.
13. Establecer un catastro de las fortunas.
14. Reducir el tiempo de trabajo con restauración del salario anterior a 2010 y después aumentar los salarios y las jubilaciones inferiores a un umbral a determinar (por ejemplo 1.600 euros netos).
15. Aumentar el salario mínimo legal, instaurar una indexación de los salarios y de las prestaciones sociales sobre el coste de la vida.
16. Levantar la inmunidad parlamentaria de los políticos implicados en la crisis y perseguirlos en justicia.
17. Prohibición de las organizaciones que predican en actos de racismo y de odio racista.
18. Poner en marcha un amplio programa de estímulo económico:
Conclusión:
Con la capitulación de julio de 2015, el cambio es radical, las consecuencias funestas serán numerosas. Entre las causas del cariz actual de los acontecimientos está por supuesto la inflexibilidad de los acreedores, pero también la estrategia seguida por la dirección de Syriza y el Gobierno de Alexis Tsipras (ver http://cadtm.org/Grece-pourquoi-la-capitulation-Une,12143): el rechazo a cuestionar clara y explícitamente la legitimidad y la legalidad de la deuda, la prosecución del reembolso, la incomprensión de la importancia de la realización de una auditoría con participación ciudadana (incluso si Tsipras oficialmente apoya la auditoría), el rechazo a dañar los intereses de los grandes accionistas de los bancos griegos que sin embargo son responsables de la crisis bancaria, el rechazo a adoptar una estrategia de actos de autodefensa frente a la inflexibilidad y las agresiones de los acreedores, el rechazo a preparar un plan B y explicarlo públicamente (que podría incluso llegar a una salida del euro), la ilusión de que por la sola negociación los acreedores acabarán haciendo concesiones suficientes para que Syriza y Grecia puedan salir de los raíles de la austeridad, el rechazo a recordar la necesidad de un proyecto constituyente (la necesidad de cambiar de forma democrática la constitución griega), la incomprensión del papel central de las movilizaciones que habría debido animar… La elección más urgente no era quedarse o no en la zona euro. La elección era entre negociar sin relación de fuerza o bien hacer cinco cosas prioritariamente apoyándose en la movilización popular:
Algunas personas me respondieron y corregí ligeramente mi propuesta. Presenté la propuesta en Atenas el 20 de marzo de 2014 en una reunión de trabajo con los militantes del DEA (1) e invitados de otros países (Francia, Estados Unidos, Suiza, Bélgica, Portugal, Italia, Alemania…). También presenté un resumen de la propuesta en una conferencia pública el 30 de marzo de 2014 en la que también tomó la palabra Panagiotis Lafazanis, líder de la nueva formación política griega Unidad Popular, lanzada el 21 de agosto de 2015.
Hasta ahora no se ha publicado la propuesta. Consideré que no había recibido suficientes respuestas a las repetidas peticiones de comentarios y mejoras para exponer la propuesta públicamente. También era consciente de que no conocía demasiado la realidad griega y de que era necesario elaborar una propuesta colectiva elaborada esencialmente por los griegos, conocedores de la realidad nacional. A pesar de las reservas que acabo de expresar, tras la capitulación de julio de 2015, he decidido publicar la propuesta escrita hace ya dos años.
He insertado en cuatro partes del texto las propuestas redactadas en julio de 2015. En el proyecto avanzaba la necesidad de salir de la zona euro sin prejuzgar el momento oportuno para hacerlo. Estaba convencido de que en vista del estado de la conciencia de la población griega había que tomar una serie de medidas prioritarias sin abandonar la zona euro. La salida, para que sea asumida por la mayoría de la población, debe resultar de la demostración práctica de que esta opción se ha convertido en una necesidad (lo que está claramente a punto de pasar desde julio de 2015). Finalmente, una salida de la zona euro implica que las demás medidas hay que tomarlas de forma que se realice una salida favorable para la mayoría de la población. Si no es el caso, la salida de la zona euro se convertirá en una salida de derecha que hay que evitar.
En el caso de un país como Grecia, el Gobierno popular debería:
1. Abolir las medidas antipopulares impuestas en el marco de los memorandos con la troika que se han sucedido desde mayo de 2010. Eso implica, en particular, la readmisión de los trabajadores despedidos tras la imposición de los citados memorandos.
2. Suspender el pago de la deuda, organizar una auditoría e imponer una reducción radical del montante y del servicio de la deuda, incluso en un acto de repudio (que solo puede ser unilateral) y adoptar medidas para proteger el ahorro popular invertido en la deuda.
Tomar una medida específica sobre la deuda bilateral con respecto a Alemania, que se eleva a 15.000 millones de euros, contraída con ocasión del memorando de mayo de 2010: el repudio de esa deuda deberá hacerse en compensación parcial de la deuda histórica alemana con Grecia (Segunda Guerra Mundial).
3. Socializar los bancos y las aseguradoras. Debido a las opciones que se tomaron, la mayoría de los bancos se enfrentan a una situación de insolvencia y no a una crisis pasajera de liquidez. La decisión del Banco Central Europeo y el Banco de Grecia de proteger los intereses de los grandes accionistas privados agrava el problema.
Hay que volver a los fundamentos. Hay que considerar que los bancos son servicios públicos debido, precisamente, a su importancia y al efecto devastador que su mala gestión puede tener sobre la economía. La misión de la banca es demasiado seria para confiarla a bancos privados. Dado que utiliza dinero público, se beneficia de garantías del Estado y presta un servicio básico a la sociedad, la banca debe convertirse en un servicio público.
Los poderes públicos deben recuperar su capacidad de control y orientación de la actividad económica y financiera. También deben disponer de instrumentos para realizar las inversiones y financiar los gastos públicos, reduciendo al mínimo el recurso al endeudamiento con instituciones privadas. Para esto hay que expropiar los bancos, socializarlos y transferirlos al sector público bajo control ciudadano, sin indemnizar a los grandes accionistas privados. En algunos casos, a pesar de esa ausencia de indemnización, la expropiación de los bancos privados puede representar un coste importante para el Estado debido a las deudas que han podido acumular y los productos tóxicos que guardan. El coste en cuestión debe recuperarse en tanto que puede hacerse sobre el patrimonio general de los grandes accionistas. En efecto, las empresas privadas, accionistas de los bancos y que los han llevado hacia el abismo consiguiendo jugosos beneficios, poseen una parte de su patrimonio en otros sectores de la economía. Por lo tanto hay que hacer una punción sobre el patrimonio global de los accionistas.
Los bancos públicos, con un estatuto de servicio público (bajo control ciudadano), pueden coexistir con los bancos cooperativos de tamaño mediano (el carácter cooperativo de estos bancos debe ser estrictamente controlado bajo pena de retirada de la licencia de actividad)
Inserto aquí lo que publiqué en julio de 2015 en un artículo dedicado a las alternativas a la capitulación del Gobierno griego del 13 de julio, http://cadtm.org/Grece-des-propositions.
«Los poderes públicos griegos constituyen, de lejos, el accionariado mayoritario de los grandes bancos griegos (más del 80 % del mercado bancario griego) y deberían por lo tanto ejercer plenamente el control de los bancos con el fin de proteger los ahorros de los ciudadanos y relanzar el crédito interno para mantener el consumo. Por una parte convendría utilizar la participación mayoritaria del Estado en los bancos confiriéndoles el estatuto de empresa pública. El Estado debería organizar la bancarrota ordenada de esos bancos protegiendo a los pequeños accionistas y a los ahorradores. Se trata de recuperar el coste del saneamiento de los bancos sobre el patrimonio global de los grandes accionistas privados, ya que son ellos quienes provocaron la crisis y a continuación abusaron del apoyo público. Se crearía un «banco malo» para aislar los activos tóxicos con una gestión dirigida a la extinción. Es necesario, de una vez por todas, obligar a pagar a los responsables de la crisis bancaria, sanear en profundidad el sector financiero y ponerlo al servicio de la población y de la economía real.
También se deberán socializar las aseguradoras privadas. Aunque su estado de salud está menos mediatizado, el sector de las aseguradoras también está en el centro de la crisis actual. Los grandes grupos de aseguradoras también han llevado a cabo operaciones de riesgo, al igual que los bancos privados con los cuales muchas de ellas están estrechamente ligadas. Una gran parte de sus activos está constituido por títulos de la deuda soberana y productos derivados. En busca del máximo beneficio inmediato especularon peligrosamente con las primas pagadas por los asegurados, con el ahorro recogido bajo la forma de seguros de vida o cotizaciones voluntarias a planes de pensiones. La expropiación de las seguradoras permitirá evitar una catástrofe en el sector y protegerá a los ahorradores y a los asegurados. La expropiación de las aseguradoras debe ir acompañada de una consolidación del sistema de jubilación por repartición.
4. Requisar el Banco Central. Al frente se encuentra Yanis Stournaras (colocado en el puesto por el Gobierno de Antonis Samaras) que emplea toda su energía para impedir el cambio que quiere la población. Es un auténtico caballo de Troya que sirve los intereses de los grandes bancos privados y de las autoridades europeas neoliberales. El Banco Central de Grecia debe ponerse al servicio de los intereses de la población griega.
5. Crear una moneda electrónica (regulada en euros) para uso interno del país. Los poderes públicos podrían aumentar las jubilaciones y los salarios de la función pública, pagar las ayudas humanitarias a las personas abriendo un crédito en moneda electrónica que podría utilizarse para múltiples pagos: factura de electricidad, de agua, de transporte comunitario, impuestos, alimentos y bienes de primera necesidad en comercios, etc. Al contrario de un prejuicio infundado, los comercios privados tienen todo el interés en aceptar voluntariamente ese medio de pago electrónico porque eso les permite al mismo tiempo vender sus mercancías y regular sus pagos a las administraciones públicas (pago de impuestos y diversos servicios públicos que utilizan). La creación de esa moneda electrónica complementaria permitiría rebajar las necesidades del país en euros. Las transacciones en dicha moneda electrónica podrían realizarse por teléfono móvil, como es el caso actualmente en Ecuador.
6. Disolver el organismo encargado de las privatizaciones y sustituirlo por una estructura pública de gestión de los bienes nacionales (con parada inmediata de las privatizaciones) encargada de proteger el patrimonio público generando rentas.
7. Imponer un control estricto de los movimientos de capitales y un control de los precios de consumo.
8. Adoptar una reforma fiscal con:
- Aumento de la progresividad del impuesto sobre las rentas.
- Aumento del impuesto sobre los bienes inmobiliarios (con exoneración de la vivienda principal y por debajo de un umbral a definir, vinculado especialmente al número de ocupantes de la vivienda.
- Supresión de los privilegios fiscales de los armadores, de la iglesia ortodoxa y los demás sectores capitalistas.
- Reducción radical o supresión del IVA de los bienes y servicios de primera necesidad, subsanado por un impuesto especial sobre el patrimonio de los más ricos.
- Represión del gran fraude fiscal que priva a la colectividad de medios considerables y actúa contra el empleo. Los medios públicos consecuentes deben destinarse a los servicios de Hacienda para luchar eficazmente y con prioridad contra el fraude organizado por las grandes empresas y las familias más ricas. Los resultados deberán hacerse públicos y los culpables duramente sancionados.
En efecto, el Estado debe poder tomar préstamos con el fin de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones, por ejemplo realizando trabajos de utilidad pública. Algunos de esos trabajos pueden ser financiados por el presupuesto corriente gracias a las opciones políticas afirmadas, pero esos préstamos públicos pueden hacer posibles otros de mayor envergadura, por ejemplo para pasar de «todo automóvil» a un desarrollo masivo de los transportes colectivos, desarrollar el recurso a las energía renovables respetuosas del medio ambiente, crear o reabrir vías férreas de cercanías en todo el territorio, empezando por las zonas urbanas y semiurbanas, o incluso renovar, rehabilitar o construir edificios públicos y viviendas sociales reduciendo su consumo de energía y añadiéndoles comodidades de calidad.
Hay que definir urgentemente una política transparente de préstamo público. Lo que hace falta es que el destino del préstamo público garantice una mejora de las condiciones de vida, rompiendo la lógica de destrucción medioambiental, y que el recurso al préstamo público contribuya a una voluntad redistributiva con el fin de reducir las desigualdades. Por eso proponemos que las instituciones financieras, las grandes empresas privadas y los hogares ricos sean obligados por vía la legal a comprar, por un montante proporcional a su patrimonio y a sus rentas, obligaciones del Estado al 0 % de interés y no indexados sobre la inflación, el resto de la población podrá adquirir de manera voluntaria obligaciones públicas que garantizarán un rendimiento real positivo (por ejemplo el 3 %), superior a la inflación. Así, si la inflación anual se eleva al 3 %, la tasa de interés efectivamente pagada por el Estado para el año correspondiente será del 6 %. Semejante medida de discriminación positiva (comparable a las adoptadas para luchar contra la opresión racista en Estados Unidos, las castas en India o la desigualdad entre mujeres y hombres) permitirá avanzar hacia una mayor justicia fiscal y hacia una repartición menos desigual de las riquezas.
10. Tomar un préstamo público externo alternativo (es decir, que excluya a la troika y a los mercados financieros extranjeros) sin aceptar condiciones.
11. Poner en práctica la regla de oro siguiente: la suma destinada al reembolso de la deuda pública no puede superar el 5 % de los ingresos del Estado. Prohibición de socializar las deudas privadas, obligación de organizar una auditoría permanente de la política de endeudamiento público con participación ciudadana, imprescriptibilidad de los delitos relacionados con el endeudamiento ilegítimo, anulación de las deudas ilegítimas, adopción de una segunda regla de oro que consiste en que los gastos públicos que permiten garantizar los derechos humanos fundamentales son irreducibles y priman sobre los gastos relativos al reembolso de la deuda…
12. También es importante comprometer a Grecia en un proceso constituyente con participación ciudadana activa con el fin de permitir cambios democráticos estructurales. Para realizar ese proceso constituyente hay que convocar, a través de una consulta de sufragio universal, la elección de una asamblea constituyente encargada de elaborar un proyecto de nueva constitución. Una vez adoptado el proyecto por la asamblea constituyente, que deberá funcionar recibiendo las reclamaciones y las propuestas procedentes del pueblo, será sometido a sufragio universal.
13. Establecer un catastro de las fortunas.
14. Reducir el tiempo de trabajo con restauración del salario anterior a 2010 y después aumentar los salarios y las jubilaciones inferiores a un umbral a determinar (por ejemplo 1.600 euros netos).
15. Aumentar el salario mínimo legal, instaurar una indexación de los salarios y de las prestaciones sociales sobre el coste de la vida.
16. Levantar la inmunidad parlamentaria de los políticos implicados en la crisis y perseguirlos en justicia.
17. Prohibición de las organizaciones que predican en actos de racismo y de odio racista.
18. Poner en marcha un amplio programa de estímulo económico:
- Apoyo a la producción agrícola local: creación de un servicio público para la formación de los agricultores en la agricultura campesina y la agroecología, privilegiar el acceso al mercado de productos locales, reorientar las ayudas de la PAC hacia las pequeñas explotaciones, desarrollar la oferta de semillas locales, apoyar a las nuevas cooperativas agrícolas, relocalizar la agricultura y apoyar las instalaciones en el sentido de la soberanía alimentaria.
- Apoyo a las pequeñas y medianas empresas.
- Apoyo al pequeño comercio.
- Apoyo a la pesca artesanal.
- Creación de empleo en los servicios públicos con prioridad en la salud y la educación públicas y el medio ambiente.
- Devolver un estatuto público a las empresas privatizadas y apoyar el lanzamiento de empresas por los trabajadores.
- Desarrollar las energías renovables con el fin de satisfacer las necesidades locales, apoyar los proyectos de aislamiento térmico de los edificios, desarrollar los transportes comunitarios rechazando los grandes proyectos inútiles y de extractivismo.
- Poner en marcha actuaciones ambiciosas de conservación del medio ambiente y consolidar las leyes nacionales en ese sentido: parques naturales, biodiversidad salvaje (terrestre o marina).
- Apoyar el turismo de pequeña escala (contra los grandes complejos turísticos)
- Organizar la gestión pública, local y ecológica del agua y las basuras.
Salir de la zona euro aplicando una reforma monetaria redistributiva (reduciendo el patrimonio líquido de los hogares más acomodados).
He aquí un ejemplo (por supuesto los baremos indicados pueden modificarse tras un estudio serio de la repartición del ahorro líquido de los hogares y la adopción de criterios rigurosos:
20. Poner fin a la participación griega en la OTAN y a la presencia de bases extranjeras en su territorio, reducir los gastos militares. Apertura de un proceso de negociaciones con los países vecinos con el fin de iniciar un proceso concertado de desmilitarización. Hay que acabar con el acuerdo de cooperación militar con Israel.1 euro se cambiaría por 1 un nuevo dracma (nd), hasta 200.000 euros.1 euro por 0,7 nd entre 200.000 y 250.000 euros.1 euro por 0,6 nd entre 250.000 y 350.000 euros.1 euro por 0,5 nd entre 350.000 y 500.000 euros.1 euro por 0,4 nd entre 500.000 y 600.000 euros1 euro por 0,2 nd por encima de 600.000 euros1 euro por 0,1 nd por encima de 1.000.000 eurosSi un hogar tiene 200.000 euros líquidos, obtiene a cambio 200.000 dracmas.Si tiene 250.000 euros obtiene 200.000+35.000=235.000 nd.Si tiene 350.000 euros obtiene 200.000+35.000+60.000=295.000 nd.Si tiene 500.000 euros obtiene 200.000+35.000+60.000+75.000=370.000 nd.Si tiene 600.000 euros obtiene 200.000+35.000+60.000+75.000=370.000 nd.Si tiene 1.000.000 de euros obtiene 410.000+80.000=490.000 nd.Si tiene 2 millones de euros obtiene 410.000+80.000+100.000=590.000 nd.
Conclusión:
Con la capitulación de julio de 2015, el cambio es radical, las consecuencias funestas serán numerosas. Entre las causas del cariz actual de los acontecimientos está por supuesto la inflexibilidad de los acreedores, pero también la estrategia seguida por la dirección de Syriza y el Gobierno de Alexis Tsipras (ver http://cadtm.org/Grece-pourquoi-la-capitulation-Une,12143): el rechazo a cuestionar clara y explícitamente la legitimidad y la legalidad de la deuda, la prosecución del reembolso, la incomprensión de la importancia de la realización de una auditoría con participación ciudadana (incluso si Tsipras oficialmente apoya la auditoría), el rechazo a dañar los intereses de los grandes accionistas de los bancos griegos que sin embargo son responsables de la crisis bancaria, el rechazo a adoptar una estrategia de actos de autodefensa frente a la inflexibilidad y las agresiones de los acreedores, el rechazo a preparar un plan B y explicarlo públicamente (que podría incluso llegar a una salida del euro), la ilusión de que por la sola negociación los acreedores acabarán haciendo concesiones suficientes para que Syriza y Grecia puedan salir de los raíles de la austeridad, el rechazo a recordar la necesidad de un proyecto constituyente (la necesidad de cambiar de forma democrática la constitución griega), la incomprensión del papel central de las movilizaciones que habría debido animar… La elección más urgente no era quedarse o no en la zona euro. La elección era entre negociar sin relación de fuerza o bien hacer cinco cosas prioritariamente apoyándose en la movilización popular:
1. Suspender el pago de la deuda (mientras se realiza la auditoría), lo que implica entrar directamente en conflicto con las instituciones de la troika.Fuente: http://cadtm.org/Une-alternative-pour-la-Grece
2. Resolver la crisis bancaria en curso (lo que implica entrar en conflicto con los grandes accionistas privados responsables de la crisis).
3. Crear una moneda complementaria.
4. Ampliar las medidas frente a la crisis humanitaria (las medidas importantes fueron tomadas por el Gobierno desde febrero de 2015, deben ser ampliadas).
5. Detener las privatizaciones y hacer entrar los recursos en las cajas públicas por fuertes medidas a costa de los sectores privilegiados empezando por el 1 % más rico, las grandes empresas privadas y los grandes defraudadores.
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario