El gobierno andaluz ha mentido al informar sobre las auditorías

Juan Torres López.
Publicado con Teresa Duarte Atoche en Público.es el 11 de agosto de 2021

El pasado 27 de julio, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, presentó un informe sobre las 54 auditorías que se han realizado sobre el llamado sector público instrumental de la Junta de Andalucía. Unas auditorías que responden al compromiso que tuvieron que asumir el Partido Popular y Ciudadanos para que Vox apoyara la investidura de Juan Manuel Moreno. Ese partido de extrema derecha siempre ha defendido que hay que desmantelar este sector por carecer de utilidad pública y ser simplemente un nido de «chiringuitos» al servicio del PSOE y los tres partidos esperaban que esas auditorías fueran la prueba fehaciente de ello.

Sin embargo, una vez realizadas, resultó que sus conclusiones no eran ni mucho menos las que la derecha andaluza esperaba encontrar.

En un artículo anterior (El bluf de las auditorías del gobierno andaluz) mostramos que el propio informe presentado por el gobierno indica con claridad que las irregularidades que la derecha andaluza venía denunciando como generalizadas en el sector público instrumental de la Junta de Andalucía se daban, en realidad, con mucha menos gravedad y extensión de las previstas. Así -insistimos, según el propio informe del gobierno- sólo se encontraron duplicidades en 20 de los 54 entes auditados, se recomendaba que se extinguieran uno o dos de ellos, según como se interprete lo que indican las auditorías, y «cambios leves» en 13 de ellos, mientras que tan solo de tres se decía que carecen de utilidad o beneficio público.

El gobierno de la derecha andaluza podría haber asumido estos resultados con realismo y autocrítica por sus exagerados vaticinios, e incluso felicitándose porque los andaluces empleados en esos entes consiguen que la gran mayoría de ellos funcionen con problemas que no son realmente muy diferentes de los que pueda tener la administración general, o las empresas privadas que tantas veces y no siempre con razón se ponen como ejemplo. Pero no lo hizo. En lugar de ello, ha preferido mantener sus prejuicios previos y presentar un informe y hacer unas declaraciones cargados de nuevas exageraciones y mentiras que rápidamente han reproducido los medios de comunicación.

El engaño del gobierno andaluz es fácil de probar, simplemente cotejando las expresiones del informe y las declaraciones del vicepresidente Juan Marín con lo que efectivamente dicen las auditorías que han sido publicadas (aquí).

El gobierno dice en su informe que en el sector público instrumental andaluz hay un «caos organizativo» y un «engorde artificial de la administración», expresiones que no se encuentran en ninguna de las auditorías publicadas. Tampoco están allí, ni en el propio informe de la Junta, las expresiones que el vicepresidente de la Junta utilizó para presentar sus conclusiones: «gastos innecesarios», «inoperancia», «superestructura desproporcionada», «red clientelar», «superestructura desproporcionada, poco operativa, llena de duplicidades».

El gobierno andaluz se ha inventado esa descripción del estado en que se encuentra el sector público instrumental que ha sido auditado. Es cierto -como veremos en otro artículo próximo- que en algunas auditorías se habla de «deficiencia de gestión», pero lo hace en muy pocos casos y siempre refiriéndose a aspectos concretos (ejecución de proyectos, uso de herramientas de planificación, inversiones en sociedades participadas…) y no con carácter general. Y algo parecido se puede decir de las duplicidades encontradas pues, como señala el propio informe del gobierno, ni son generalizadas ni tan graves como se dice; lo mismo que ocurre con los problemas de sueldos o gestión de recursos humanos, solo señalados por las auditorías en algunos casos concretos.

En nuestro artículo anterior ya dijimos, y lo reiteramos ahora, que el hecho de constatar la exageración y las mentiras del gobierno andaluz no quiere decir que le demos poca importancia al hecho de que haya una minoría de casos con mala gestión, ineficiencia o sobrecostes. Hemos defendido siempre que la administración del dinero público debe estar sometida a un control estricto, ser plenamente transparente y siempre eficaz y eficiente hasta el último euro utilizado. Por tanto, nos alegramos de que se hayan realizado auditorías y de que, por fin, se ponga sobre la mesa la reforma profunda de nuestra administración pública autonómica (aunque no creamos que esas auditorías se han hecho correctamente, un asunto del que hablaremos en otra ocasión). Pero reclamar reformas de calado es una cosa y otra presentar el problema con una naturaleza que no tiene, hacer trampas en el planteamiento y engañar a la gente con la intención oculta de alcanzar unos objetivos bien distintos a los que se dice perseguir, tal y como ha hecho el gobierno de la Junta de Andalucía.

Las consecuencias de estas mentiras son, por lo menos, dos muy claras y evidentes.

Los medios y periodistas afines (esto es, los que a través de diferentes vías cobran de la Junta de Andalucía) se han hecho eco de lo que ha dicho el gobierno andaluz sin contrastar sus afirmaciones exageradas y difunden el engaño, confundiendo a la población.

Como muestra de esto valga solamente un botón. El conocido periodista y profesor universitario Teodoro León Gross comenzaba con las siguientes palabras su columna del pasado 1 de agosto en los diarios del grupo Yoly:

“Irregularidades en la contratación”, “se han cobrado muchos sobresueldos”, “caos organizativo”, “duplicidades de funciones y competencias”, “engorde artificial de la administración”, “sueldos por encima de la media del mercado”, “una superestructura desproporcionada, poco operativa, llena de duplicidades y gastos innecesarios”, “una agencia de colocación para otros entes”, “externalización frecuente”, “deficiencia en la gestión”… ahí queda, sintagma a sintagma, el retablo escandaloso levantado por Juan Marín, como anticipo de los seis mil folios que se cuelgan ahora en el Portal de Transparencia, expuestos en plena canícula como se exponían las cabezas de los ajusticiados en la picota de la plaza pública. Se han cerrado, finalmente, las auditorías de infarto de la “herencia recibida”.

Un juicio durísimo sobre el estado en que los gobiernos del Partido Socialista habrían dejado a la administración andaluza pero que tiene una pega fundamental: ninguna, absolutamente ninguna de esas expresiones entrecomilladas que sirven para condenar la antigua gestión del Partido Socialista, aparece en ni una sola de las auditorías. Como bien dice León, se cuelga en la plaza pública la cabeza del PSOE, la herencia recibida de sus gobiernos, pero habiéndolo ajusticiado previamente solo a base mentiras, las que él mismo reproduce y difunde sin pararse a comprobar la veracidad de sus afirmaciones.

La segunda consecuencia de la mentira no es menos evidente. Trasladando a la población esa idea falsificada de la realidad no solo se la pone enfrente de lo realizado por gobiernos anterior falseando la realidad, sino que se crea el clima que la predispone para que el gobierno lleve a cabo lo que, en realidad, se proponía alcanzar y que había hecho público antes de que se realizaran las auditorías, tal y como cándidamente reconoce el informe que venimos mencionando: llevar a cabo «una disminución generalizada de las entidades existentes».

Es legítimo que unos partidos tengan dudas sobre lo anteriormente realizado en el gobierno por otros adversarios y que sometan su herencia a evaluación. Incluso sería deseable que así se hiciera constantemente. Pero lo que no se puede justificar es que se reclamen auditorías y que, cuando sus resultados no son los esperados, se monte una campaña digna de los mejores tiempos de Goebbels para poder seguir manteniendo las acusaciones que la realidad ha demostrado que son inciertas.

Es también legítimo, por supuesto, que la derecha defienda los intereses de las empresas y grupos financieros privados que desean quedarse con servicios hasta ahora públicos y que, por tanto, defienda, como el gobierno andaluz, la mayor privatización posible, la «disminución generalizada» del sector público, repetimos, en palabras textuales de su informe sobre las auditorías. Pero defender esta estrategia mintiendo sobre las razones por las que quiere privatizar es deshonesto y ocultar a la población los costes y beneficios reales que la privatización pueda tener es un auténtico y antidemocrático fraude.

En el resto de las comunidades autónomas, en España en su conjunto y en otros países de nuestro entorno hay experiencias suficientes para sacar conclusiones sobre esas políticas de privatización. Tratar de llevarlas cabo sin debate social sobre sus resultados es una perversión de la democracia pero hacerlo a base de mentiras es mucho peor, una auténtica infamia que Andalucía no se merece.

No sorprende la actitud de Vox en este caso porque es un partido que no ha parado de mentir desde su creación, ni tampoco la del Partido Popular y Ciudadanos, pues sabemos que se dejaron caer en manos de la extrema derecha para poder gobernar. Sí resulta más chocante que los partidos de izquierdas, PSOE y Podemos-Adelante Andalucía, no estén denunciando la campaña gubernamental y que no sean quienes reclamen un debate riguroso sobre las auditorías en sede parlamentaria, sin mentiras y a corazón abierto. Es la única forma de que Andalucía aproveche bien hasta el último euro y se descubran todas las irregularidades y problemas que puedan existir verdaderamente en nuestra administración pública, para depurar responsabilidades si las hubiera y tomar, con el mayor acuerdo posible y de una vez por todas, las decisiones que beneficien al mayor número de personas y empresas.

https://juantorreslopez.com/el-gobierno-andaluz-ha-mentido-al-informar-sobre-las-auditorias/

Expertos del Comité de la Verdad sobre la Deuda Pública en Grecia explican algunas de las conclusiones preliminares. Por qué Grecia no debe pagar la deuda

Antonio Cuesta

El miércoles y el jueves de la pasada semana la Asamblea Nacional de Grecia acogió la presentación de las conclusiones preliminares del Comité de la Verdad sobre la Deuda Pública. Este grupo de trabajo se estableció el 4 de abril de 2015, a partir de la decisión de la Presidenta del Parlamento, Zoe Konstantopulu, quien confió la coordinación científica de este trabajo al historiador Eric Toussaint y la cooperación con el Parlamento Europeo y otros parlamentos e instituciones internacionales a la europarlamentaria Sofia Sakorafa.

La publicación de este informe (se puede leer aquí el original -en inglés-, o esta nota de prensa en castellano) ha llevado a la publicación de algunas crónicas donde apenas se esbozan las líneas generales de sus conclusiones, en línea con lo expresado por Konstantopulu, que “la deuda es ilegal, ilegítima, insostenible y odiosa”, y por tanto reclamar su eventual impago.

Sin embargo, en el proceso de acumulación de la deuda existen además errores de forma y violaciones legales que no pueden ser subsanadas, ni obviadas, algunas de las cuales fueron expresadas a Rebelión al término de ambas jornadas, por algunos de los integrantes del Comité. Un equipo compuesto por 30 expertos, griegos y extranjeros a partes iguales, que continuarán su tarea hasta el mes de diciembre.

Leonidas Vatikiotis, economista y profesor universitario, se ha encargado del estudio de la deuda griega desde el año 1980 hasta la aparición de la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional), en 2010. Entre sus conclusiones cita que “el aumento de la deuda no se debió al gasto público excesivo, que de hecho se mantuvo más bajo que el gasto público de otros países de la eurozona, sino por el pago de tipos de interés extremadamente altos a los acreedores, un excesivo e injustificado gasto militar, pérdida de ingresos fiscales debido a los flujos ilícitos de capital, la recapitalización estatal de los bancos privados y los desequilibrios internacionales creados a través de las fallos en el diseño de la propia Unión Monetaria”.

Vatikiotis considera que “a la luz de los muy reconocidos expertos en derechos constitucional, economistas y abogados, que prueban que la deuda pública alimentada durante las últimas tres décadas es completamente ilegal”, la única opción posible para el Primer Ministro griego, Alexis Tsipras, “debe declarar el impago pues tiene todo el derecho a cancelarla”. Y advierte al resto de países europeos que “harían bien en detener las presión sobre el gobierno griego, aceptar la legalidad y respetar las decisiones soberanas de Atenas sobre la cancelación de la deuda”.

Maria Lucia Fattorelli, exauditora del Erario Federal de Brasil y fundadora del movimiento “Auditoría Ciudadana de la Deuda” en su país, ha investigado para el Comité el contenido de los acuerdos bilaterales y con las instituciones financieras firmados por Grecia desde 2010, y denuncia las numerosas irregularidades contables y legales llevadas a cabo por las instituciones europeas, con el fin de endosar al estado griego los activos tóxicos de la banca privada.

“Estamos ante lo que podría denominarse una estafa, un fraude de dimensiones inmensas”, señala. Tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como la Comisión Europea (CE) crearon empresas pantalla de carácter privado en paraísos fiscales, “para no tener que someterse a las leyes europeas e involucrando a los países de la Unión Europea en garantías de miles de millones de euros, solo para salvar a la banca”.

Según la investigadora, desde 2009 la CE falseó estadísticas europeas, adoptó medidas ilegales y presionó a Grecia para crear un escenario que llevara a la aceptación de un canje de bonos sin ningún acuerdo de compraventa debidamente contabilizado, ni garantía para Grecia.

El mismo día en que se formalizó el préstamo a Grecia, “se fundó en Luxemburgo el EFF (Extended Fund Facility), una entidad privada encargada de la estabilidad financiera del país, y el Banco Central Europeo creó el programa SMP (Securities Market Programme) que vulnera el artículo 123 del Tratado europeo”. Además el FMI entregó, en un acto ilegal conforme a sus reglas, 250 mil millones de euros al EFF, y que miembros de las instituciones financieras y los gobiernos de la época reconocieron ante el Comité las presiones a las que había sido sometida Grecia para que aceptara quedarse con la deuda de los bancos.

En opinión de Fattorelli, “lo que se presentó como un programa de ayuda, fue únicamente un trasvase de los activos tóxicos de la banca privada a los bancos centrales locales, y la deuda ha sido la herramienta para posibilitar este canje”.

Sergi Cutillas, integrante de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, ahonda en esa línea al asegurar que “el FMI sabía muy bien qué estaban haciendo cuando en 2010 violó sus estatutos al prestar a un país que tenia una deuda insostenible y que, por tanto, si quería prestar dinero debía haber hecho una reestructuración o una quita de la deuda”. Porque, además, no había duda sobre cuál sería el resultado. “Ellos mismos, en conversaciones internas, decían que era una patada hacia delante y sabían lo que se iban a encontrar, pero de cara hacia fuera dijeron que todas las medidas de austeridad eran para hacer la economía sostenible, y el resultado ha sido un desastre económico y social. […] Tanto los préstamos como sus condiciones son odiosas, rompen la ley y están hechas con consciencia, premeditación y alevosía con el único fin de proteger unos intereses privados, los de los bancos, y profundizar en el modelo neoliberal desmontando el estado del bienestar”.

Pero Cutillas también denuncia la inaudita negativa del Presidente del Banco Central de Grecia, Yanis Sturnaras, a facilitar la información solicitada por el Parlamento amparándose en una clausula de confidencialidad dentro del marco de la ley bancaria europea. Lo que supone anteponer los intereses de las entidades financieras a la soberanía popular representada por la Asamblea Nacional. El resultado, explica el investigador, es que “no tenemos evidencias de que el dinero de los préstamos fuera transferido, ni que pasara a ingresar las cuentas del Estado. No tenemos certeza de cuál ha sido el movimiento del dinero, aunque sabemos que hay una serie de fondos que han sido utilizados para ello y que un 70% del préstamo solo existe en papel, en títulos emitidos por el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF)”. Y ahí Cutillas hace un inciso para explicar que el FEEF es una institución privada creada en Luxemburgo bajo ley británica, vulnera normas del Tratado de la UE, emite deuda con garantías de los estados socios y tiene una condición crediticia artificial, emitida por las agencias de rating que le otorgan la máxima calificación, gracias a lo cual sus activos no tienen ningún riesgo por lo que es refugio de especuladores. “Un esquema del que Grecia no se beneficia en nada”, pero que gracias a su descubrimiento por parte del Comité esta información se ha convertido en “una herramienta formidable en manos del pueblo griego”.

Los argumentos legales son rigurosos, y el informe publicado evidencia que se han vulnerado muchos artículos del Tratado de la UE o de las propias instituciones que participaron en el fraude de la deuda. Lo que deja claro que quien tiene el poder no tiene ningún problema en romper las normas.

Miguel Urbán, eurodiputado de Podemos, presente en la segunda jornada pese a no integrar la Comisión parlamentaria, considera que el informe presentado es “un hecho histórico para Europa y un elemento fundamental para los pueblos del sur de Europa, porque no es una cuestión técnica sino profundamente política de reafirmación de la soberanía popular, una experiencia para los pueblos del sur que estamos siendo sometidos al mismo chantaje de la deuda con el que han justificado recortes, planes de austeridad, ajustes...”.

Al tiempo recuerda que paralelamente al proceso griego “se está constituyendo una comisión de Naciones Unidas sobre la reestructuración de las deudas soberanas (que se reunirá del 30 de junio al 2 de julio en Nueva York) con conclusiones como que las deudas que atenten contra los derechos humanos no se deben de pagar, que no se puede hacer ninguna negociación sin una moratoria de la deuda, porque sino es un chantaje, y en el caso de Grecía estamos viendo cómo en un proceso muy crítico de las negociaciones no solo no ha habido ningún tipo de moratoria sino que, al revés, [el Presidente del BCE, Mario] Draghi (el pasado lunes) reconoció en Bruselas que no iban a comprar bonos de deuda griega hasta que no terminaran las negociaciones”.

Por último, el eurodiputado considera que hay muchas implicaciones de este comité en el estado español, “muchos ayuntamientos recientemente elegidos ya han mostrado su intención de auditar sus cuentas, como ha dicho por ejemplo el concejal de Hacienda de Madrid, [Carlos] Sánchez Mato, que pertenece a la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, por lo que la auditoría griega va a ser un elemento central y servir de ejemplo para lo que podamos hacer en el estado español”.

Antonio Cuesta es corresponsal en Grecia de la agencia Prensa Latina y colaborador del diario Gara. Su último libro es: Syriza, el anuncio de algo nuevo (Akal, 2015), además de Solidaridad y autogestión en Grecia (Dyskolo, 2014).

No queremos pagar la deuda odiosa

Texto entregado al Gobierno de España
En el año 2000 la deuda pública española fue del 59’4% del PIB de acuerdo con los datos de la oficina Eurostat. Sin embargo y como consecuencia de la crisis se prevé que en 2012 dicho ratio haya subido hasta el 85’3% del PIB, mientras que en los Presupuestos Generales el Gobierno estima que en 2013 se incrementará hasta el 90’5% del PIB. En cantidades absolutas lo previsto para 2013 significan un total de 728.800 millones de euros. Asimismo, en concepto de pago de intereses el Gobierno ha previsto la cantidad de 38.589 millones de euros.

Esta deuda tiene diferentes orígenes, como consecuencia de la crisis financiera y económica, y sin más datos es difícil dilucidar qué parte corresponde a las necesidades de financiación de la activación de los estabilizadores automáticos, de los planes de estímulo o de los rescates bancarios. Sin embargo, sí cabe reconocer que en comparación con las grandes entidades financieras el contexto de financiación del Estado ha sido enormemente injusto. Al menos en las dos formas siguientes:

1) En primer lugar, mientras el Banco Central Europeo (BCE) pone a disposición de las entidades financieras una financiación muy barata y prácticamente ilimitada, los Estados tienen que recurrir exclusivamente a los mercados financieros de deuda pública en un contexto de recesión económica –con las implicaciones que ello conlleva en términos de rentabilidad y precio de los títulos de deuda-. Esta situación, derivada de las fallas de la construcción europea y del propio diseño de las instituciones europeas, ha llevado a la creación de espacios de arbitraje que las entidades financieras han aprovechado. Es decir, estas entidades financieras pueden acceder a financiación a un tipo de interés muy reducido y prestar esas cantidades al Estado a tipos de interés mucho más elevados. Situación paradójica teniendo en cuenta que por otros mecanismos y de forma sistemática es el propio Estado, junto con las instituciones europeas, el que está rescatando a las entidades financieras.

2) En segundo lugar, porque gran parte de la financiación obtenida por el Estado ha tenido como destino el salvamento del sistema financiero o de otras entidades empresariales. El esquema lleva a que el Estado se endeude no para hacer frente a los gastos corrientes o de inversión en la economía real sino para prestar el dinero de nuevo en condiciones favorables a sujetos privados cuyos intereses no son necesariamente coincidentes con los de los ciudadanos. Informes independientes, como el del técnico de hacienda D. Agustín Turiel, plantean que el total de este tipo de endeudamiento “ilegítimo” asciende a 95.671 millones de euros sólo entre 2008 y 2010.

No cabe duda de que gran parte de las emisiones de deuda pública de los últimos años se han suscrito a través de los mecanismos arriba descritos, produciéndose así un ilegítimo rescate a las entidades financieras de toda Europa. Por esa razón nuestro grupo considera que es posible calificar gran parte de los contratos de deuda pública con el concepto de “deuda odiosa” tal y como aparece recogido en la doctrina internacional sobre la cuestión. Cabe recordar que este concepto ha sido usado históricamente en múltiples ocasiones, entre ellas en Cuba en 1898 por parte de Estados Unidos o en Iraq en 2004 por parte del Gobierno impuesto por Estados Unidos. Asimismo, los casos de Argentina en 2001 y Ecuador en 2007 ilustran no sólo la posibilidad de realizar eficazmente estas medidas sino también que son instrumentos útiles para garantizar el desarrollo económico futuro.

En un contexto de recesión, y con las expectativas para 2013 de un decrecimiento del 1’4% según la Comisión Europea –especialmente por el agravamiento de la demanda interna en mitad de un proceso de desapalancamiento financiero-, es previsible que la capacidad de ingreso del Estado siga mermándose hasta el punto de hacer insostenible el ritmo de crecimiento de la deuda pública. Ya hay datos que apuntan a esta dificultad creciente. Entre 2010 y 2011 el déficit primario descendió un 9’09% (hasta el 7% según Eurostat) como consecuencia de las políticas de austeridad, pero el déficit público final sólo descendió un 3’09% (hasta el 9’4% según Eurostat). Este diferente ritmo de crecimiento no hace sino revelar el lastre que supone el creciente peso del pago de los intereses de la deuda pública, los cuales ejercen una punción sobre los recursos públicos e impiden que éstos puedan dedicarse en políticas de reactivación económica.

La descrita aquí es una peligrosa senda que aúna socialización de las deudas privadas, crecimiento del endeudamiento público, recesión económica y creciente peso de la carga financiera. No es éste un problema que pueda resolverse con más austeridad, como ilustra dramáticamente el caso griego –que ha tenido que reconocer en varias ocasiones la imposibilidad de pagar toda la deuda pública-, sino que manifiesta la necesidad de liberar parte del lastre financiero que supone la deuda pública. Algo que, a nuestro juicio, debería acompañarse de una política expansiva por parte del Banco Central Europeo y por un nuevo y muy distinto diseño de la Unión Europea.

Por los motivos anteriormente expuestos consideramos necesario poner en marcha una auditoría de la deuda pública que estudie todas las suscripciones de títulos con objeto de poder identificar qué contratos pueden considerarse “odiosos”. Por esa razón, proponemos asimismo la creación de una comisión formada por expertos de diferentes ámbitos de la vida social y económica, incluyendo a las múltiples organizaciones especializadas en este tema que trabajan en la línea apuntada desde hace años tanto a nivel nacional como internacional. Alberto Garzon Espinosa. http://www.agarzon.net/no-queremos-pagar-la-deuda-odiosa/