3 ocasiones en las que las estadísticas se usaron para sacar conclusiones disparatadas

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Pie de foto,

Ilustración que muestra a Florence Nightingale en la guerra de Crimea.

¿Recuerdan ese chiste en el que una persona busca bajo una farola las llaves que se le extraviaron en un callejón oscuro, simplemente porque la tarea es más fácil con luz? Pues todos hacemos un poco lo mismo en algún momento. Y los científicos, que no son ajenos a las debilidades humanas, también.

La estadística, una de las ciencias más útiles y rigurosas, ha servido en muchas ocasiones para argumentar debilidades, incluso desvaríos. Y es que a veces, guiados por nuestros propios sesgos, los científicos tendemos a fijarnos en los hechos más llamativos o en aquellos relacionados con nuestra experiencia personal, en lugar de ver en los datos relaciones indirectas o inesperadas.

Y por esta razón, el sesgo de quien interpreta los datos puede producir fenómenos para reír o para echarse a llorar.

Por ejemplo, llevados por sus sesgos, algunos científicos interpretaron que la formación de las mujeres era contraproducente para cuidar enfermos, o que el tamaño del pene medio en un país tenía relación con la renta per cápita.

Hoy, que no hay quien viva sin la estadística, hacemos un guiño para hablar de cuando los sesgos son, más que sesgos, auténticos faroles.

Una lectura machista de las estadísticas para tratar a indigentes Es célebre el caso de la enfermera Florence Nightingale, cuyo diagrama de área polar (o “de la rosa”), elaborado a partir de los datos recopilados mientras prestaba servicio sanitario en la guerra de Crimea, sirvió para convencer a todo un país de que las insalubres condiciones de los hospitales de campaña podían matar más que las balas.

Sin embargo, quizás no es tan conocido el hecho de que sus estadísticas también fueron usadas para desmentir otras falsas creencias. Entre ellas la extendida por los gestores de los hospitales que atendían a indigentes en Reino Unido, que afirmaban sin pudor que los enfermos asignados a enfermeras profesionales evolucionaban peor que los atendidos por enfermeras voluntarias sin formación específica.

La tesis que realmente pretendían demostrar los médicos es que la cualificación técnica de las mujeres entorpecía su instinto natural para proporcionar cuidados. El farol que se marcaron estos señores con sus datos muy probablemente tenía que ver con la oposición social a la educación superior de las mujeres imperante en la época.

Sea como fuere, los números de Nightingale demostraban que lo que ocurría en realidad era que los heridos más graves –y por tanto con peor pronóstico– eran usualmente asignados a enfermeras de carrera.

Este es un ejemplo de lo que se conoce como paradoja de Simpson, que viene a decir que la forma en que agregamos los datos tiene mucho que ver con la lectura que queramos hacer de ellos: obviamente no es lo mismo calcular la mortalidad de los pacientes en función de la cualificación de las enfermeras que los atienden que según la gravedad inicial de sus dolencias.

Los hombres calvos y la covid-19 aguda
En junio de 2020, la revista Forbes publicó las sorprendentes conclusiones de un estudio según el cual “los hombres calvos tenían un riesgo más alto de sufrir covid-19 aguda”.

Forbes se vio obligada a rectificar apuntando que el estudio no había tenido en cuenta la edad de los participantes.

Poco tiempo después, Forbes se vio obligada a rectificar apuntando que el estudio no había tenido en cuenta la edad de los participantes, que resulta ser un factor de riesgo tanto para sufrir covid-19 aguda como para perder el pelo.

Durante la pandemia, la avidez de noticias y la falta de pericia estadística impidió en muchas ocasiones identificar los auténticos factores causales de las conclusiones ofrecidas por algunas investigaciones que iban de farol, a lo grande.

El tamaño del pene y la renta per cápita
El economista Tatu Westling, de la Universidad de Helsinki (Finlandia), publicó en 2012 un artículo titulado “Órgano masculino y crecimiento económico: ¿el tamaño importa?”.

Aunque a priori el tema no parece dar de sí más que para una tertulia de televisión sensacionalista, lo cierto es que el análisis fue publicado en una revista científica y defendido con entusiasmo por su autor (e incluso por alguno de los editores) en varios eventos posteriores.

Para llevarlo a cabo, el doctor Westling cruzó datos de la renta per cápita de 121 países entre 1960 y 1985 con el tamaño del pene de los varones de esas naciones (por lo visto existe una exhaustiva base de datos al respecto, no nos pregunten quién la financió ni por qué lo hizo).

Westling cruzó datos de la renta per cápita de 121 países entre 1960 y 1985 con el tamaño del pene de los varones de esas naciones.

Buscando correlaciones entre ambas variables dijo haber encontrado una significativa para 76 de esos países en el año 1985. Sus conclusiones se resumen en la siguiente gráfica publicada en el artículo: en el eje vertical se indica la renta per cápita en miles de dólares, y en el horizontal la dotación genital de los señores expresada en cm.

Si se observa la disposición de los países en la gráfica, se comprueba que el cuadrante inferior izquierdo está ocupado mayoritariamente por países asiáticos, y el inferior derecho por países africanos. Así que, pásmense, el autor dice encontrar una correlación cuadrática entre ambas variables.

En otras palabras, afirma que esa U-invertida es “un buen resumen” de los datos recogidos. Incluso postula, “aunque con reservas”, que el tamaño del órgano masculino resulta ser un mejor predictor de la evolución del PIB que el régimen político del país en cuestión. ¡Con un par (de p-valores)!

No sé si estarán de acuerdo, pero para encontrar un patrón en esa maraña de puntos hay que tener mucha fe en la testosterona. Sin embargo, el autor se atreve a sugerir, además, relación causal basada en el siguiente razonamiento: un mayor tamaño genital implica un mayor nivel de testosterona y, consecuentemente, menor aversión al riesgo y, por tanto, mayor iniciativa empresarial.

Dejando de lado el hecho de que el autor desestima la influencia en la economía de la mitad de la población –la que carece de genitales externos medibles–, apliquemos el principio de contraposición lógica a este razonamiento. Si mayor tamaño implica mayor crecimiento económico, ¿significa eso que una época de recesión tiene como consecuencia una inesperada merma biológica? ¡Como si les hiciera falta más presión a los ministros de economía!

Todos, también los científicos, estamos sometidos a la tiranía de nuestras “farolas” particulares, que nos guían y nos ciegan a la vez. Pero el método científico y el buen uso de la estadística vienen a rescatarnos de los sesgos cognitivos inherentes al ser humano. 

No olvidemos que, citando a unos grandes pensadores del siglo XX: 

 

“Somos seres racionales… de los que toman raciones en los bares” (Siniestro Total dixit).

*Jose Manuel Rodriguez es profesor de Matemáticas en la Universidad Carlos III, en España. Ana Granados es profesora de matemáticas en la Universidad de Saint Louis, en EE.UU. Ana Portilla Ferreira es profesora de Matemáticas de la Universidad de Saint Louis.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cgly37jjgldo

El gobierno andaluz ha mentido al informar sobre las auditorías

Juan Torres López.
Publicado con Teresa Duarte Atoche en Público.es el 11 de agosto de 2021

El pasado 27 de julio, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, presentó un informe sobre las 54 auditorías que se han realizado sobre el llamado sector público instrumental de la Junta de Andalucía. Unas auditorías que responden al compromiso que tuvieron que asumir el Partido Popular y Ciudadanos para que Vox apoyara la investidura de Juan Manuel Moreno. Ese partido de extrema derecha siempre ha defendido que hay que desmantelar este sector por carecer de utilidad pública y ser simplemente un nido de «chiringuitos» al servicio del PSOE y los tres partidos esperaban que esas auditorías fueran la prueba fehaciente de ello.

Sin embargo, una vez realizadas, resultó que sus conclusiones no eran ni mucho menos las que la derecha andaluza esperaba encontrar.

En un artículo anterior (El bluf de las auditorías del gobierno andaluz) mostramos que el propio informe presentado por el gobierno indica con claridad que las irregularidades que la derecha andaluza venía denunciando como generalizadas en el sector público instrumental de la Junta de Andalucía se daban, en realidad, con mucha menos gravedad y extensión de las previstas. Así -insistimos, según el propio informe del gobierno- sólo se encontraron duplicidades en 20 de los 54 entes auditados, se recomendaba que se extinguieran uno o dos de ellos, según como se interprete lo que indican las auditorías, y «cambios leves» en 13 de ellos, mientras que tan solo de tres se decía que carecen de utilidad o beneficio público.

El gobierno de la derecha andaluza podría haber asumido estos resultados con realismo y autocrítica por sus exagerados vaticinios, e incluso felicitándose porque los andaluces empleados en esos entes consiguen que la gran mayoría de ellos funcionen con problemas que no son realmente muy diferentes de los que pueda tener la administración general, o las empresas privadas que tantas veces y no siempre con razón se ponen como ejemplo. Pero no lo hizo. En lugar de ello, ha preferido mantener sus prejuicios previos y presentar un informe y hacer unas declaraciones cargados de nuevas exageraciones y mentiras que rápidamente han reproducido los medios de comunicación.

El engaño del gobierno andaluz es fácil de probar, simplemente cotejando las expresiones del informe y las declaraciones del vicepresidente Juan Marín con lo que efectivamente dicen las auditorías que han sido publicadas (aquí).

El gobierno dice en su informe que en el sector público instrumental andaluz hay un «caos organizativo» y un «engorde artificial de la administración», expresiones que no se encuentran en ninguna de las auditorías publicadas. Tampoco están allí, ni en el propio informe de la Junta, las expresiones que el vicepresidente de la Junta utilizó para presentar sus conclusiones: «gastos innecesarios», «inoperancia», «superestructura desproporcionada», «red clientelar», «superestructura desproporcionada, poco operativa, llena de duplicidades».

El gobierno andaluz se ha inventado esa descripción del estado en que se encuentra el sector público instrumental que ha sido auditado. Es cierto -como veremos en otro artículo próximo- que en algunas auditorías se habla de «deficiencia de gestión», pero lo hace en muy pocos casos y siempre refiriéndose a aspectos concretos (ejecución de proyectos, uso de herramientas de planificación, inversiones en sociedades participadas…) y no con carácter general. Y algo parecido se puede decir de las duplicidades encontradas pues, como señala el propio informe del gobierno, ni son generalizadas ni tan graves como se dice; lo mismo que ocurre con los problemas de sueldos o gestión de recursos humanos, solo señalados por las auditorías en algunos casos concretos.

En nuestro artículo anterior ya dijimos, y lo reiteramos ahora, que el hecho de constatar la exageración y las mentiras del gobierno andaluz no quiere decir que le demos poca importancia al hecho de que haya una minoría de casos con mala gestión, ineficiencia o sobrecostes. Hemos defendido siempre que la administración del dinero público debe estar sometida a un control estricto, ser plenamente transparente y siempre eficaz y eficiente hasta el último euro utilizado. Por tanto, nos alegramos de que se hayan realizado auditorías y de que, por fin, se ponga sobre la mesa la reforma profunda de nuestra administración pública autonómica (aunque no creamos que esas auditorías se han hecho correctamente, un asunto del que hablaremos en otra ocasión). Pero reclamar reformas de calado es una cosa y otra presentar el problema con una naturaleza que no tiene, hacer trampas en el planteamiento y engañar a la gente con la intención oculta de alcanzar unos objetivos bien distintos a los que se dice perseguir, tal y como ha hecho el gobierno de la Junta de Andalucía.

Las consecuencias de estas mentiras son, por lo menos, dos muy claras y evidentes.

Los medios y periodistas afines (esto es, los que a través de diferentes vías cobran de la Junta de Andalucía) se han hecho eco de lo que ha dicho el gobierno andaluz sin contrastar sus afirmaciones exageradas y difunden el engaño, confundiendo a la población.

Como muestra de esto valga solamente un botón. El conocido periodista y profesor universitario Teodoro León Gross comenzaba con las siguientes palabras su columna del pasado 1 de agosto en los diarios del grupo Yoly:

“Irregularidades en la contratación”, “se han cobrado muchos sobresueldos”, “caos organizativo”, “duplicidades de funciones y competencias”, “engorde artificial de la administración”, “sueldos por encima de la media del mercado”, “una superestructura desproporcionada, poco operativa, llena de duplicidades y gastos innecesarios”, “una agencia de colocación para otros entes”, “externalización frecuente”, “deficiencia en la gestión”… ahí queda, sintagma a sintagma, el retablo escandaloso levantado por Juan Marín, como anticipo de los seis mil folios que se cuelgan ahora en el Portal de Transparencia, expuestos en plena canícula como se exponían las cabezas de los ajusticiados en la picota de la plaza pública. Se han cerrado, finalmente, las auditorías de infarto de la “herencia recibida”.

Un juicio durísimo sobre el estado en que los gobiernos del Partido Socialista habrían dejado a la administración andaluza pero que tiene una pega fundamental: ninguna, absolutamente ninguna de esas expresiones entrecomilladas que sirven para condenar la antigua gestión del Partido Socialista, aparece en ni una sola de las auditorías. Como bien dice León, se cuelga en la plaza pública la cabeza del PSOE, la herencia recibida de sus gobiernos, pero habiéndolo ajusticiado previamente solo a base mentiras, las que él mismo reproduce y difunde sin pararse a comprobar la veracidad de sus afirmaciones.

La segunda consecuencia de la mentira no es menos evidente. Trasladando a la población esa idea falsificada de la realidad no solo se la pone enfrente de lo realizado por gobiernos anterior falseando la realidad, sino que se crea el clima que la predispone para que el gobierno lleve a cabo lo que, en realidad, se proponía alcanzar y que había hecho público antes de que se realizaran las auditorías, tal y como cándidamente reconoce el informe que venimos mencionando: llevar a cabo «una disminución generalizada de las entidades existentes».

Es legítimo que unos partidos tengan dudas sobre lo anteriormente realizado en el gobierno por otros adversarios y que sometan su herencia a evaluación. Incluso sería deseable que así se hiciera constantemente. Pero lo que no se puede justificar es que se reclamen auditorías y que, cuando sus resultados no son los esperados, se monte una campaña digna de los mejores tiempos de Goebbels para poder seguir manteniendo las acusaciones que la realidad ha demostrado que son inciertas.

Es también legítimo, por supuesto, que la derecha defienda los intereses de las empresas y grupos financieros privados que desean quedarse con servicios hasta ahora públicos y que, por tanto, defienda, como el gobierno andaluz, la mayor privatización posible, la «disminución generalizada» del sector público, repetimos, en palabras textuales de su informe sobre las auditorías. Pero defender esta estrategia mintiendo sobre las razones por las que quiere privatizar es deshonesto y ocultar a la población los costes y beneficios reales que la privatización pueda tener es un auténtico y antidemocrático fraude.

En el resto de las comunidades autónomas, en España en su conjunto y en otros países de nuestro entorno hay experiencias suficientes para sacar conclusiones sobre esas políticas de privatización. Tratar de llevarlas cabo sin debate social sobre sus resultados es una perversión de la democracia pero hacerlo a base de mentiras es mucho peor, una auténtica infamia que Andalucía no se merece.

No sorprende la actitud de Vox en este caso porque es un partido que no ha parado de mentir desde su creación, ni tampoco la del Partido Popular y Ciudadanos, pues sabemos que se dejaron caer en manos de la extrema derecha para poder gobernar. Sí resulta más chocante que los partidos de izquierdas, PSOE y Podemos-Adelante Andalucía, no estén denunciando la campaña gubernamental y que no sean quienes reclamen un debate riguroso sobre las auditorías en sede parlamentaria, sin mentiras y a corazón abierto. Es la única forma de que Andalucía aproveche bien hasta el último euro y se descubran todas las irregularidades y problemas que puedan existir verdaderamente en nuestra administración pública, para depurar responsabilidades si las hubiera y tomar, con el mayor acuerdo posible y de una vez por todas, las decisiones que beneficien al mayor número de personas y empresas.

https://juantorreslopez.com/el-gobierno-andaluz-ha-mentido-al-informar-sobre-las-auditorias/