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jueves, 4 de agosto de 2016

La deuda pública, un siglo de enfrentamiento

Todas las reclamaciones deben ser respetadas a menos ...

La deuda pública, un siglo de enfrentamiento
El fracaso de sus políticas privó a los partidarios de la austeridad del argumento de sentido económico. De Berlín a Bruselas, los gobiernos y las instituciones financieras ahora basado su Evangelio en la ética: Grecia debe pagar por principio! Pero la historia demuestra que la moral no es el principal árbitro de las disputas entre acreedores y deudores. por Renaud Lamber

Hubo un tiempo en que los estados son liberados fácilmente de la carga de la deuda. Era suficiente, por ejemplo, a los reyes de Francia ejecutar a sus acreedores para mejorar sus finanzas: una forma incipiente, pero común, de "reestructuración" (1). El derecho internacional ha privado del deudor de dicha práctica. Se agrava su situación imponiendo el principio de continuidad de los compromisos.

Si los abogados se refieren a esta obligación por una fórmula latina - pacta sunt servanda ( "Las convenciones deben ser respetados") - las más diversas traducciones han circulado en las últimas semanas. Versión moralizante: "Grecia tiene un deber ético para pagar la deuda" (Frente Nacional). Versión nostálgica del campo de juego: "Grecia tiene que pagar, son las reglas del juego" (miembro de la junta Benoît Cœuré del Banco Central Europeo). Versión insensible a la sensibilidad popular: "Las elecciones no cambian nada" compromisos de Estado (Wolfgang Schäuble, ministro de Finanzas alemán) (2).

La deuda griega supera los 320 millones de euros; en proporción a la producción de riqueza, se ha saltado un 50% desde el año 2009. Según el Financial Times, "exigiría la devolución de Grecia, que funciona como una economía de esclavos" (27 de enero de 2015). Pero los "principios" para dar cabida a una gran cantidad de aritmética. "Una deuda es una deuda", insiste el director del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde (Le Monde 19 de enero de 2015). En otras palabras, no importa si Grecia puede pagar o no, tiene que pagar ...

"No es lo suficientemente estúpido para pagar"
La doctrina de pacta sunt servanda, sin embargo, nada de granito (3): "La obligación de que el derecho internacional fórmula para pagar la deuda nunca ha sido considerado absoluto y es frecuentemente limitada o visión matizada", dice una documento de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo (Unctad) (4). La denuncia de las deudas "odiosas" (préstamos realizados por un poder despótico (5)), la deuda "ilegítima" (efectuados sin respetar el interés general de la población (6)) o "consentimiento de los vicios", los argumentos legales sin que les falte para justificar la suspensión de pagos o la supresión de la totalidad o parte de las deudas que asolan el país. Empezando por el artículo 103 de la (ONU) Carta de las Naciones Unidas, que proclama: "En caso de conflicto entre las obligaciones de los miembros de la ONU por la presente Carta y sus obligaciones en virtud de cualquier otro acuerdo internacional prevalecerá. "Entre ellos, encontramos, en el artículo 55 de la Carta, el compromiso de los Estados para promover" estándares de vida más elevados, trabajo permanente y condiciones de progreso y desarrollo en el orden económico y social".

Un joven griego en dos está en el paro; 30% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza; 40% pasó el invierno sin calefacción. Una parte de la deuda se generó durante la dictadura militar (1967-1974), durante el cual se ha cuadruplicado; otra fue contraída en detrimento de la población (como se le conoce ampliamente para rescatar a las entidades de crédito de Francia y Alemania); otro resultado directo de la corrupción de los líderes políticos por transnacional que desean vender sus productos, a veces defectuoso en Atenas (ya que la empresa alemana Siemens (7)); por no hablar de los bancos de la depravación, como Goldman Sachs, que ha ayudado al país para ocultar su fragilidad económica ... Los griegos tienen mil justificaciones para recurrir a la ley internacional y aliviar la carga de una auditoría de la deuda establecería personajes odiosa, ilegítima e ilegal (léase "Ecuador dijeron "no""). Pero la capacidad de hacer oír su voz se basa principalmente en la naturaleza de la relación de fuerzas entre las partes interesadas.

En 1898, Estados Unidos declaró la guerra a España alegando una explosión a bordo del USS Maine, que ancló en el puerto de La Habana.

Ellos "liberan" a Cuba, que se transforman en un protectorado - la reducción de "la independencia y la soberanía de la República de Cuba con el mito de la condición (8)," de acuerdo con el general cubano Juan Gualberto Gómez, que había participado en la guerra de la independencia. España requiere el pago de las deudas que la isla había "contraído con él"; en este caso, los costes de su agresión. Se basa en lo que el Sr. Cœuré probablemente habría llamado las "reglas del juego". Como investigador ha señalado Anaïs Tamen, "la solicitud española se basó en hechos similares, incluyendo la conducta de sus antiguas colonias que habían sufragado la parte de la deuda pública española provenientes de la liquidación." Los propios Estados Unidos si no hubieran "donaron más de 15 millones de libras en el Reino Unido durante su independencia" (9)?

Washington no escucha bien y avanzan en una idea que no se ha generalizado (lo que ayudará a establecer el concepto de deuda odiosa) no puede ser requerido por una población para pagar una deuda de esclavizar. La prensa estadounidense transmite la fuerza de esta posición: "España no debe mantener ninguna esperanza de que los Estados Unidos son lo suficientemente estúpidos o sin valor para aceptar la responsabilidad y se utilizan para aplastar al pueblo cubano", proclama el Chicago Tribune 22 de de octubre de 1898. Cuba no va a pagar un centavo.

Hace algunas décadas, México trató de desarrollar argumentos similares. En 1861, el presidente Benito Juárez suspendió el pago de la deuda, en gran medida efectuados por los regímenes anteriores, incluida el del dictador Antonio López de Santa Ana. Francia, Reino Unido y España, mientras ocuparon el país y fundaron un imperio que entregaron a Maximiliano de Austria.

Una reducción de 90% para Alemania
Una imagen de la URSS, que anunció en 1918 que no va a reembolsar deudas de Nicolás II (10), los Estados Unidos reitera su golpe de Estado en favor de Irak a principios del siglo XXI. Unos meses después de la invasión del país, el secretario del Tesoro, John Snow, anunció en Fox News: "Es evidente que el pueblo iraquí debería no ser abrumado por las deudas a favor del régimen de un dictador ahora fugitivo" ( 11 abril de 2003). La urgencia para Washington: garantizar la solvencia del poder que ha puesto en marcha en Bagdad.

Emerge entonces una idea que sorprender a los defensores de la "continuidad de los compromisos de pago de la deuda de los Estados caería dentro de una cuestión de principio que es matemática. "Lo más importante es que la deuda es sostenible", se atreve a exponer un editorial en el Financial Times el 16 de junio de 2003. La lógica es adecuada para Washington: las cifras han hablado, y los Estados Unidos quieren asegurarse de que su veredicto se impone a los ojos de los principales acreedores de Irak, Francia y Alemania a la cabeza (con respectivamente 3 y 2,4 mil millones de acciones en su posesión). Para mostrar prisa "justa y suave", que - se negó a aclarar más del 50% del valor de los títulos que poseían - finalmente conceden una reducción del 80% de sus créditos.

Hace tres años, ni la ley ni los números de derecho internacional habían sido suficientes para convencer a los acreedores de Buenos Aires para mostrar "flexibilidad". Sin embargo, alcanzando un máximo de alrededor de $ 80 mil millones durante el defecto en el año 2001, la deuda de Argentina resultó insostenible. De ello se desprende, además, un pasivo en gran medida creado por la dictadura (1976-1983), llamando bajo esas condiciones deuda odiosa. No hay problema: exigen que los acreedores pueden recuperar, de lo contrario van a prohibir el acceso Buenos Aires a los mercados financieros.

Argentina es válida.
Prometimos el desastre?
Entre 2003 y 2009, la economía registró una tasa de crecimiento que oscila entre el 7 y el 9%. Entre 2002 y 2005, el país ofrece a sus acreedores para intercambiar sus títulos contra el nuevo, un valor de 40% menor. Más de tres cuartas partes acuerdan aceptar. Más tarde, el paquete de estímulo del gobierno de las nuevas negociaciones que condujeron en 2010 a un nuevo intercambio de acciones con un 67% de los restantes acreedores. 8% de las acciones en suspensión de pagos desde 2001, sin embargo, todavía no se han acordado. Los fondos buitres están trabajando ahora para pagarlos, y amenazan con provocar en Argentina a un nuevo impago (11).

Por lo tanto, los acreedores aceptan a regañadientes la pérdida de valor de sus títulos. Sin embargo, se resignaron a ella en la conferencia internacional para aliviar la deuda de la República Federal de Alemania (RFA), que se celebró en Londres entre 1951 y 1952. Los debates del tiempo de rellamada las que rodean a la Grecia contemporánea, a partir de la contradicción entre "principios" y sentido económico.

"Miles de millones de dólares están en juego, a continuación, informa el periodista Paul Heffernan, a raíz de las discusiones acerca del The New York Times. Pero no es sólo una cuestión de dinero. Las conferencias en el Palace Lancaster House se ocupará principalmente de uno de los principios fundamentales del capitalismo internacional: el carácter sagrado de los contratos internacionales "(24 de febrero 1952). Con estas preocupaciones en mente, los negociadores - en su mayoría estadounidenses, británicos, franceses y alemanes - también tienen la intención de los de Alemania. En una carta de fecha 6 de marzo de 1951, el canciller Konrad Adenauer instó a sus interlocutores a "tener en cuenta la situación económica de la República Federal", "incluyendo el hecho de que la carga de la deuda aumenta y su economía se contrae" . Como se resume el economista Timothy W. Guinnane, pronto todo el mundo está de acuerdo en que "la reducción del consumo alemán no es una solución válida para garantizar el pago de su deuda (12)."

Un acuerdo fue finalmente firmado el 27 de febrero 1953 incluyendo a Grecia (13). Se prevé una reducción mínima del 50% de las cantidades prestadas por Alemania entre las dos guerras mundiales; una moratoria de cinco años para el pago de las deudas; un aplazamiento indefinido de las deudas de guerra que habría podido aspirar en Bonn, lo que lleva a Eric Toussaint, del Comité para la anulación de la deuda del Tercer Mundo (CADTM), a estimar la reducción de la deuda alemana a 90% ( 14); la capacidad para reembolsar Bonn en su propia moneda; un límite en las cantidades gastadas en servicio de la deuda (5% del valor de las exportaciones) y la tasa de interés pagada por Alemania (5% también). No es todo. Dice Heffernan, "que tal acuerdo es sólo el preludio de un esfuerzo para estimular el crecimiento en Alemania," los acreedores proporcionan las oportunidades de generación de los alemanes que necesitaba y renunciar a vender sus propios productos a la República Federal. Para el historiador de la economía alemana Albrecht Ritschl, "estas medidas han salvado a Bonn y sentó las bases financieras del milagro económico alemán (15)" de la década de 1950.

Desde hace varios años, Syriza - en el poder en Grecia tras las elecciones del 25 de enero, el año 2015 - se aplica para una conferencia de este tipo, impulsado por las mismas preocupaciones. Dentro de las instituciones de Bruselas, sin embargo, parecen compartir el sentimiento de Leonid Bershidsky "Alemania lo merecía para aligerar su deuda, no Grecia. "En un artículo publicado el 27 de enero de 2015, el periodista del grupo Bloomberg desarrolla su análisis:" Una de las razones por las que Alemania Occidental se benefició de la reducción de la deuda es que la República Federal iba a convertirse en un bastión principal en la lucha contra el comunismo. (...) Los gobiernos de Alemania Occidental que se beneficiaron de estas medidas eran decididamente antimarxista. "

El programa de Syriza no es nada "marxista". La coalición reclama una forma moderada de la socialdemocracia, siendo común en las últimas décadas. De Berlín a Bruselas, al parecer, sin embargo, que esto incluso se ha vuelto intolerable.

Renaud Lambert

(1) Sur l’histoire de la dette, lire François Ruffin et Thomas Morel (sous la dir. de), Vive la banqueroute !, Fakir éditions, Amiens, 2013.

(2) Respectivement sur LCI, le 4 février 2015 ; dans International New York Times, les 31 janvier et 1er février 2015 ; et sur la British Broadcasting Corporation (BBC), le 30 décembre 2014.

(3) Ce qui suit puise dans les travaux d’Eric Toussaint et Renaud Vivien pour le Comité pour l’annulation de la dette du tiers-monde (CADTM).

(4) Cnuced, « The concept of odious debt in public international law » (PDF), Discussion Papers, n° 185, Genève, juillet 2007.

(5) Lire Eric Toussaint, « Une “dette odieuse” », Le Monde diplomatique, février 2002.

(6) Comme dans le cas de la France. Lire Jean Gadrey, « Faut-il vraiment payer toute la dette ? », Le Monde diplomatique, octobre 2014.

(7) Cf. Damien Millet et Eric Toussaint, La Dette ou la vie, Aden-CADTM, Bruxelles, 2011.

(8) Cité par Richard Gott dans Cuba : A New History, Yale University Press, New Haven, 2004.

(9) Anaïs Tamen, « La doctrine de la dette “odieuse” ou l’utilisation du droit international dans les rapports de puissance », travail présenté le 11 décembre 2003 lors du troisième colloque de droit international du CADTM à Amsterdam.

(10) Les fameux emprunts russes, stockés par de nombreux épargnants français et finalement remboursés, pour un montant de 400 millions de dollars, à la suite d’un accord entre Paris et Moscou, en 1996.

(11) Lire Mark Weisbrot, « En Argentine, les fonds vautours tenus en échec », Le Monde diplomatique, octobre 2014.

(12) Timothy W. Guinnane, « Financial Vergangenheitsbewältigung : The 1953 London debt agreement », Working Papers, n° 880, Economic Growth Center, Yale University, New Haven, janvier 2004.

(13) Il ne traite pas de l’emprunt forcé imposé par Berlin à Athènes en 1941.

(14) Entretien avec Maud Bailly, « Restructuration, audit, suspension et annulation de la dette », CADTM, 19 janvier 2015.

(15) Albrecht Ritschl, « Germany was biggest debt transgressor of 20th century », Spiegel Online, 21 juin 2011.

http://www.monde-diplomatique.fr/2015/03/LAMBERT/52735

miércoles, 31 de julio de 2013

¿Qué entendemos por una auditoría ciudadana de la deuda?

No debemos, no pagamos

Carlos Arribas Ugarte, Manuela López Andújar, Antonia Molina Habas et al. Diario Información

Se dice que no hay dinero. Todas las políticas de recortes (especialmente las de sanidad, educación, salarios y pensiones) se justifican por la necesidad de controlar el déficit y pagar una deuda, en continuo crecimiento, que permita tranquilizar a los mercados. Sin embargo, esta justificación es sencillamente falsa.

Sabemos que lo que se está haciendo es pagar con dinero público deudas privadas, la estafa fallida de la burbuja inmobiliaria de los bancos y demás entidades financieras. Es el poder de estos agentes lo que domina la vida social y política. Las últimas pruebas del control de las finanzas y de los mercados sobre la vida pública son, por una parte, la entrega de más dinero con una disminución de la tasa de interés del 0,75 al 0,5% por parte del Banco Central Europeo a dichas entidades, una política que sólo sirve para cubrir sus pérdidas y facilitar que continúen acumulando y especulando. Por otra, el rechazo de la reforma de la injusta ley hipotecaria. Se trata en definitiva de un gran robo a la ciudadanía, un robo organizado por la banca, las entidades financieras y las multinacionales utilizando para ello la Administración central del Estado y las instituciones internacionales (Comisión Europea, Banco Central y Fondo Monetario Internacional). Frente a estas políticas, los gobiernos autonómicos y municipales, así como los patronales y los sindicatos mayoritarios o las han avalado o no han sido un freno.

La alternativa que propone la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda y el 15M es la paralización del pago de la deuda pública y el inicio de un proceso de control ciudadano de las cuentas públicas, independiente de las instituciones, que determine la parte que no ha de pagarse por considerarse ilegítima. Ésta es la única política responsable. El Ayuntamiento de Alicante, a diferencia del de Alcoi y Muro, se opuso a la aprobación de una moción, y voces diversas se alzaron en contra de su realización, poniéndose en entredicho el significado de la auditoría ciudadana.

La auditoría es un instrumento de control ciudadano que permite entender el origen de la deuda pública. Su importancia radica tanto en conseguir una salida de la crisis a favor de la gente trabajadora como en el proceso democrático y de empoderamiento de la ciudadanía en el que se basa. La auditoria se centra en la identificación de la deuda ilegítima. Numerosas deudas son ilegítimas porque han sido contraídas violando el derecho y/o porque no han beneficiado a la población. Aquí incluimos, por ejemplo, las deudas resultantes de una política fiscal regresiva o el rescate financiero de bancos y grandes empresas con fondos públicos.

Algunos partidos se han mostrado a favor de la auditoria pero su planteamiento resulta pobre. Pobre en tres sentidos: en el concepto mismo de deuda ilegítima que utilizan, en el tipo de proceso que proponen, de donde se excluye a la ciudadanía como el agente principal, y en la falta de un pronunciamiento allí donde gobiernan que muestre la rebeldía necesaria contra el gobierno central y contra las instituciones europeas para declarar la moratoria del pago. Por otra parte, las instituciones no pueden llevar a cabo este proceso, pues históricamente, junto a los agentes sociales a ellas vinculados, siempre se han opuesto a cualquier cambio social significativo, solo logrado mediante la movilización ciudadana.

Además, el alto nivel de clientelismo y corrupción oculta, invalida la participación en un primer nivel de análisis y decisión de la auditoría, de aquellas instituciones o agentes sociales cuya vida o supervivencia dependa de la Administración y de las entidades financieras. Tampoco la simple reactivación de los órganos de participación ciudadana existentes y ninguneados por las administraciones sería una medida eficaz.

Por ello, y por el grado de deliberación colectiva y de desobediencia imprescindible para llevarla a cabo, la auditoría tiene que ser realizada de forma directa por técnicos y por una ciudadanía que sean independientes de las instituciones. Agentes principales serían el tejido asociativo y aquellos movimientos sociales activamente implicados en la lucha contra las políticas de austeridad y de contrarreforma laboral, las mareas, colectivos de gente trabajadora, consumidores, usuarios, así como otros colectivos habitualmente excluidos de los procesos de decisión.

Existen procedimientos de deliberación y decisión ciudadana diseñados para facilitar la participación real del conjunto de la ciudadanía activa, como los procesos de participación popular aplicados en Elx 2008, el 15M o Porto Alegre, que podrían servir para desarrollar la auditoría.

En el proceso de auditoría ciudadana el análisis de la deuda del Estado es el tema central, pues las políticas de austeridad y de privatizaciones que tienen lugar en otros ámbitos territoriales dependen de las políticas aplicadas por la Administración central. Paralelamente, se deben realizar auditorías sectoriales (sanidad, educación, medio ambiente, de género, compañías eléctricas) y en los niveles autonómico y local.

Estos procesos requieren trabajar en colaboración con el resto de movimientos para unir recursos y esfuerzos. Cada movimiento ciudadano, cada lucha sectorial, cada comité de trabajadores, cada sección sindical, cada asamblea local, constituye una fuente de información sobre los procesos de endeudamiento, de recortes y de privatización de las diferentes instituciones públicas. Además, entendemos que las propuestas de auditoría de la deuda pública que presentan diferentes partidos políticos en las instituciones, en caso de llevarse a cabo, deben sacar a la luz información habitualmente oculta y permitir su acceso a la población para facilitar el proceso de auditoría ciudadana.

La Auditoría ciudadana constituye un eje central para caminar hacia un nuevo modelo social y económico, para unificar las luchas contra el paro, los recortes y las privatizaciones, para evitar la extensión de actitudes populistas. En definitiva para recobrar el control sobre nuestras vidas.

Carlos Arribas Ugarte, Manuela López Andújar, Antonia Molina Habas, Llanos Frías López, Fernando Patón Villarroya y Manuel Girón en representación de la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute del País Valencià (Alacant)
Fuente: http://www.diarioinformacion.com/op...

miércoles, 30 de enero de 2013

No queremos pagar la deuda odiosa

Texto entregado al Gobierno de España
En el año 2000 la deuda pública española fue del 59’4% del PIB de acuerdo con los datos de la oficina Eurostat. Sin embargo y como consecuencia de la crisis se prevé que en 2012 dicho ratio haya subido hasta el 85’3% del PIB, mientras que en los Presupuestos Generales el Gobierno estima que en 2013 se incrementará hasta el 90’5% del PIB. En cantidades absolutas lo previsto para 2013 significan un total de 728.800 millones de euros. Asimismo, en concepto de pago de intereses el Gobierno ha previsto la cantidad de 38.589 millones de euros.

Esta deuda tiene diferentes orígenes, como consecuencia de la crisis financiera y económica, y sin más datos es difícil dilucidar qué parte corresponde a las necesidades de financiación de la activación de los estabilizadores automáticos, de los planes de estímulo o de los rescates bancarios. Sin embargo, sí cabe reconocer que en comparación con las grandes entidades financieras el contexto de financiación del Estado ha sido enormemente injusto. Al menos en las dos formas siguientes:

1) En primer lugar, mientras el Banco Central Europeo (BCE) pone a disposición de las entidades financieras una financiación muy barata y prácticamente ilimitada, los Estados tienen que recurrir exclusivamente a los mercados financieros de deuda pública en un contexto de recesión económica –con las implicaciones que ello conlleva en términos de rentabilidad y precio de los títulos de deuda-. Esta situación, derivada de las fallas de la construcción europea y del propio diseño de las instituciones europeas, ha llevado a la creación de espacios de arbitraje que las entidades financieras han aprovechado. Es decir, estas entidades financieras pueden acceder a financiación a un tipo de interés muy reducido y prestar esas cantidades al Estado a tipos de interés mucho más elevados. Situación paradójica teniendo en cuenta que por otros mecanismos y de forma sistemática es el propio Estado, junto con las instituciones europeas, el que está rescatando a las entidades financieras.

2) En segundo lugar, porque gran parte de la financiación obtenida por el Estado ha tenido como destino el salvamento del sistema financiero o de otras entidades empresariales. El esquema lleva a que el Estado se endeude no para hacer frente a los gastos corrientes o de inversión en la economía real sino para prestar el dinero de nuevo en condiciones favorables a sujetos privados cuyos intereses no son necesariamente coincidentes con los de los ciudadanos. Informes independientes, como el del técnico de hacienda D. Agustín Turiel, plantean que el total de este tipo de endeudamiento “ilegítimo” asciende a 95.671 millones de euros sólo entre 2008 y 2010.

No cabe duda de que gran parte de las emisiones de deuda pública de los últimos años se han suscrito a través de los mecanismos arriba descritos, produciéndose así un ilegítimo rescate a las entidades financieras de toda Europa. Por esa razón nuestro grupo considera que es posible calificar gran parte de los contratos de deuda pública con el concepto de “deuda odiosa” tal y como aparece recogido en la doctrina internacional sobre la cuestión. Cabe recordar que este concepto ha sido usado históricamente en múltiples ocasiones, entre ellas en Cuba en 1898 por parte de Estados Unidos o en Iraq en 2004 por parte del Gobierno impuesto por Estados Unidos. Asimismo, los casos de Argentina en 2001 y Ecuador en 2007 ilustran no sólo la posibilidad de realizar eficazmente estas medidas sino también que son instrumentos útiles para garantizar el desarrollo económico futuro.

En un contexto de recesión, y con las expectativas para 2013 de un decrecimiento del 1’4% según la Comisión Europea –especialmente por el agravamiento de la demanda interna en mitad de un proceso de desapalancamiento financiero-, es previsible que la capacidad de ingreso del Estado siga mermándose hasta el punto de hacer insostenible el ritmo de crecimiento de la deuda pública. Ya hay datos que apuntan a esta dificultad creciente. Entre 2010 y 2011 el déficit primario descendió un 9’09% (hasta el 7% según Eurostat) como consecuencia de las políticas de austeridad, pero el déficit público final sólo descendió un 3’09% (hasta el 9’4% según Eurostat). Este diferente ritmo de crecimiento no hace sino revelar el lastre que supone el creciente peso del pago de los intereses de la deuda pública, los cuales ejercen una punción sobre los recursos públicos e impiden que éstos puedan dedicarse en políticas de reactivación económica.

La descrita aquí es una peligrosa senda que aúna socialización de las deudas privadas, crecimiento del endeudamiento público, recesión económica y creciente peso de la carga financiera. No es éste un problema que pueda resolverse con más austeridad, como ilustra dramáticamente el caso griego –que ha tenido que reconocer en varias ocasiones la imposibilidad de pagar toda la deuda pública-, sino que manifiesta la necesidad de liberar parte del lastre financiero que supone la deuda pública. Algo que, a nuestro juicio, debería acompañarse de una política expansiva por parte del Banco Central Europeo y por un nuevo y muy distinto diseño de la Unión Europea.

Por los motivos anteriormente expuestos consideramos necesario poner en marcha una auditoría de la deuda pública que estudie todas las suscripciones de títulos con objeto de poder identificar qué contratos pueden considerarse “odiosos”. Por esa razón, proponemos asimismo la creación de una comisión formada por expertos de diferentes ámbitos de la vida social y económica, incluyendo a las múltiples organizaciones especializadas en este tema que trabajan en la línea apuntada desde hace años tanto a nivel nacional como internacional. Alberto Garzon Espinosa. http://www.agarzon.net/no-queremos-pagar-la-deuda-odiosa/