El proceso de Oviedo, por el que más de 700 cargos electos han firmado para constituir un frente contra la deuda ilegítima, adquiere una nueva dimensión. En las últimas horas, personalidades internacionales como Susan George, Yanis Varoufakis, Zoe Konstantopoulou o Tariq Alí, entre otras, se han adherido al Manifiesto de Oviedo.
La investigadora y filósofa Susan George, presidenta del Transnational Institute TNI (Amsterdam) y presidenta de honor de ATTAC Francia, ha saludado la iniciativa, que cuenta con el asesoramiento de Eric Toussaint, portavoz de la Red Internacional del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas (CADTM). El también miembro del Consejo Científico de ATTAC Francia asesoró a Ecuador contra la deuda ilegítima y coordinó los trabajos de la Comisión de la Verdad Sobre la Deuda griega, creada por la presidenta del Parlamento, Zoe Konstantopoulou, también firmante del Manifiesto de Oviedo.
Además, desde Grecia se han sumado el exministro de Finanzas griego y co-fundador de DIEM25, Yanis Varoufakis; el director de los documentales ‘Debtocracy’ y ‘Catastroika’, Aris Chatzistefanou; y los miembros de la Comisión de la Verdad sobre la Deuda Pública griega, el jurista Ilias Bantekas y el periodista Leonidas Vatikiotis, además del profesor del King’s College, Stathis Kouvelakis.
Catherine Samary, economista y miembro del Consejo Científico de Attac Francia; Tariq Alí, escritor (Reino Unido), Feliz Kerestecioglu, HDP, diputada del Parlamento de Turquía; Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador; Piedad Mancero, miembro de la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC) de Ecuador; Francisco Louça, economista de la Universidad de Lisboa, Bloco de Esquerda (Portugal), Srećko Horvat, co-fundador DiEM25 (Croacia); Stefano Fassina, ex-vice-ministro de Economia y Finanzas del Gobierno italiano, diputado de Izquierda Italiana; Per A. Eklund, Diem 25 (Suecia); Mick Barry, diputado del Socialist Party (Irlanda); Denik Beny, Lista Unitaria (Dinamarca); Soren Sondergaard, diputado de Alianza Verde-Roja (Dinamarca); y Peter Wahl, miembro del Comite ejecutivo de WEED (Alemania) también han firmado.
Estas firmas internacionales se vienen a sumar a las de más de 700 cargos electos entre regidora/es, concejala/es, diputada/os y eurodiputada/os del Estado español, que se declaran conscientes de la necesidad de un verdadero cambio en las políticas de austeridad, rechazan el endeudamiento ilegítimo y los recortes que impiden garantizar derechos, servicios de calidad y mejora de las condiciones de vida de sus pueblos.
Entre sus firmantes figuran medio centenar de alcaldes/as, cientos concejala/es y decenas de diputada/os provinciales, estatales y europea/os de distintos partidos políticos. La/os regidora/es de Zaragoza, Pedro Santisteve; Badalona, Dolors Sabater; Pamplona, Joseba Asirón; o Cádiz, José María González ‘Kichi’; la vicealcaldesa de Oviedo, Ana Taboada; el concejal de Economía y Hacienda de Madrid, Carlos Sánchez Mato; la/os parlamentaria/os Teresa Rodríguez (Andalucía) o Pablo Echenique (Aragón); la presidenta del Parlament Balear, Xelo Huertas; la/os diputada/os Alberto Garzón, Sonia Farré o Rafael Mayoral, y la/os eurodiputada/os Miguel Urbán, Marina Albiol, Lidia Senra, Lola Sánchez y Tania González son alguna/os de ella/os.
El Manifiesto de Oviedo, presentado el pasado 19 de octubre en el Congreso de los Diputados, exige un cambio radical en la política de asfixia financiera, la derogación del artículo 135 de la Constitución, de la Ley de Estabilidad y de la Ley Montoro, la devolución por parte de los bancos de los intereses abusivos cobrados (a través del Plan de Pago a Proveedores o del FLA, por ejemplo) y el cese inmediato de los recortes y la austeridad, revirtiendo sus consecuencias, identificando a sus culpables e indemnizando a sus víctimas. Y sus firmantes se comprometen a apoyar la constitución de un frente contra la deuda ilegítima y a iniciar auditorías con participación ciudadana de la deuda de las Administraciones Públicas. (Ver el manifiesto)
En las últimas semanas, han sido decenas los ayuntamientos repartidos por todo el territorio que han tomado la iniciativa de aprobar mociones en sus respectivos plenos exigiendo, entre otras cosas, la derogación de la Ley Montoro -declarada parcialmente inconstitucional-, inspirados en la filosofía del Manifiesto de Oviedo.
Del 24 al 27 de noviembre de 2016 tiene lugar en Oviedo el I Encuentro Municipalista contra la deuda ilegítima y los recortes’. El programa incluye la conferencia-debate de Eric Toussaint ‘¿Hay que auditar la deuda ilegítima y desobedecer a los acreedores?’ en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo el día 24; el taller sobre auditoría ciudadana impartido por Yago Álvarez, autor del libro ‘Descifra tu deuda’ y la proyección del documental ‘Deudocracia’ el viernes 25; una jornada de trabajo y un acto público en el que intervendrán Ana Taboada, vicealcaldesa del Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Sánchez Mato, concejal de Economía y Hacienda de Madrid, y Eric Toussaint el sábado 26.
Uno de los objetivos del encuentro es constituir un frente formado por municipios, CCAA y nacionalidades del Estado español que cuestione la deuda ilegítima y que trabaje para su anulación. Consciente de que es fundamental su participación y apoyo, el proceso está abierto a movimientos sociales, activistas y toda la ciudadanía. Entre la/os activistas firmantes figuran miembros de organizaciones como Attac o el Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas (CADTM); de sindicatos como ELA, de plataformas como No al TTIP, o de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD).
www.manifiestodeoviedo.org
https://www.facebook.com/manifiesto...
@manifiestOviedo
Fátima Martín es periodista, miembro del CADTM y de la PACD del Estado español. Es coautora, junto con Jérôme Duval, del libro Construcción europea al servicio de los mercados financieros, Icaria editorial 2016.
Actualmente está desarrollando el periódico ’online’ FemeninoRural.com.
http://www.femeninorural.com/
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miércoles, 30 de noviembre de 2016
miércoles, 31 de julio de 2013
¿Qué entendemos por una auditoría ciudadana de la deuda?
No debemos, no pagamos
Carlos Arribas Ugarte, Manuela López Andújar, Antonia Molina Habas et al. Diario Información
Se dice que no hay dinero. Todas las políticas de recortes (especialmente las de sanidad, educación, salarios y pensiones) se justifican por la necesidad de controlar el déficit y pagar una deuda, en continuo crecimiento, que permita tranquilizar a los mercados. Sin embargo, esta justificación es sencillamente falsa.
Sabemos que lo que se está haciendo es pagar con dinero público deudas privadas, la estafa fallida de la burbuja inmobiliaria de los bancos y demás entidades financieras. Es el poder de estos agentes lo que domina la vida social y política. Las últimas pruebas del control de las finanzas y de los mercados sobre la vida pública son, por una parte, la entrega de más dinero con una disminución de la tasa de interés del 0,75 al 0,5% por parte del Banco Central Europeo a dichas entidades, una política que sólo sirve para cubrir sus pérdidas y facilitar que continúen acumulando y especulando. Por otra, el rechazo de la reforma de la injusta ley hipotecaria. Se trata en definitiva de un gran robo a la ciudadanía, un robo organizado por la banca, las entidades financieras y las multinacionales utilizando para ello la Administración central del Estado y las instituciones internacionales (Comisión Europea, Banco Central y Fondo Monetario Internacional). Frente a estas políticas, los gobiernos autonómicos y municipales, así como los patronales y los sindicatos mayoritarios o las han avalado o no han sido un freno.
La alternativa que propone la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda y el 15M es la paralización del pago de la deuda pública y el inicio de un proceso de control ciudadano de las cuentas públicas, independiente de las instituciones, que determine la parte que no ha de pagarse por considerarse ilegítima. Ésta es la única política responsable. El Ayuntamiento de Alicante, a diferencia del de Alcoi y Muro, se opuso a la aprobación de una moción, y voces diversas se alzaron en contra de su realización, poniéndose en entredicho el significado de la auditoría ciudadana.
La auditoría es un instrumento de control ciudadano que permite entender el origen de la deuda pública. Su importancia radica tanto en conseguir una salida de la crisis a favor de la gente trabajadora como en el proceso democrático y de empoderamiento de la ciudadanía en el que se basa. La auditoria se centra en la identificación de la deuda ilegítima. Numerosas deudas son ilegítimas porque han sido contraídas violando el derecho y/o porque no han beneficiado a la población. Aquí incluimos, por ejemplo, las deudas resultantes de una política fiscal regresiva o el rescate financiero de bancos y grandes empresas con fondos públicos.
Algunos partidos se han mostrado a favor de la auditoria pero su planteamiento resulta pobre. Pobre en tres sentidos: en el concepto mismo de deuda ilegítima que utilizan, en el tipo de proceso que proponen, de donde se excluye a la ciudadanía como el agente principal, y en la falta de un pronunciamiento allí donde gobiernan que muestre la rebeldía necesaria contra el gobierno central y contra las instituciones europeas para declarar la moratoria del pago. Por otra parte, las instituciones no pueden llevar a cabo este proceso, pues históricamente, junto a los agentes sociales a ellas vinculados, siempre se han opuesto a cualquier cambio social significativo, solo logrado mediante la movilización ciudadana.
Además, el alto nivel de clientelismo y corrupción oculta, invalida la participación en un primer nivel de análisis y decisión de la auditoría, de aquellas instituciones o agentes sociales cuya vida o supervivencia dependa de la Administración y de las entidades financieras. Tampoco la simple reactivación de los órganos de participación ciudadana existentes y ninguneados por las administraciones sería una medida eficaz.
Por ello, y por el grado de deliberación colectiva y de desobediencia imprescindible para llevarla a cabo, la auditoría tiene que ser realizada de forma directa por técnicos y por una ciudadanía que sean independientes de las instituciones. Agentes principales serían el tejido asociativo y aquellos movimientos sociales activamente implicados en la lucha contra las políticas de austeridad y de contrarreforma laboral, las mareas, colectivos de gente trabajadora, consumidores, usuarios, así como otros colectivos habitualmente excluidos de los procesos de decisión.
Existen procedimientos de deliberación y decisión ciudadana diseñados para facilitar la participación real del conjunto de la ciudadanía activa, como los procesos de participación popular aplicados en Elx 2008, el 15M o Porto Alegre, que podrían servir para desarrollar la auditoría.
En el proceso de auditoría ciudadana el análisis de la deuda del Estado es el tema central, pues las políticas de austeridad y de privatizaciones que tienen lugar en otros ámbitos territoriales dependen de las políticas aplicadas por la Administración central. Paralelamente, se deben realizar auditorías sectoriales (sanidad, educación, medio ambiente, de género, compañías eléctricas) y en los niveles autonómico y local.
Estos procesos requieren trabajar en colaboración con el resto de movimientos para unir recursos y esfuerzos. Cada movimiento ciudadano, cada lucha sectorial, cada comité de trabajadores, cada sección sindical, cada asamblea local, constituye una fuente de información sobre los procesos de endeudamiento, de recortes y de privatización de las diferentes instituciones públicas. Además, entendemos que las propuestas de auditoría de la deuda pública que presentan diferentes partidos políticos en las instituciones, en caso de llevarse a cabo, deben sacar a la luz información habitualmente oculta y permitir su acceso a la población para facilitar el proceso de auditoría ciudadana.
La Auditoría ciudadana constituye un eje central para caminar hacia un nuevo modelo social y económico, para unificar las luchas contra el paro, los recortes y las privatizaciones, para evitar la extensión de actitudes populistas. En definitiva para recobrar el control sobre nuestras vidas.
Carlos Arribas Ugarte, Manuela López Andújar, Antonia Molina Habas, Llanos Frías López, Fernando Patón Villarroya y Manuel Girón en representación de la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute del País Valencià (Alacant)
Fuente: http://www.diarioinformacion.com/op...
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