Fraude inquietante. La regulación bancaria debe cambiar para prevenir las manipulaciones del tipo de cambio que pactican los bancos

El Departamento de Justicia estadounidense y la Reserva Federal han impuesto a seis grandes bancos mundiales (JP Morgan Chase, Citigroup, Barclays, Royal Bank of Scotland, Bank of America y UBS) una sanción conjunta pactada de 5.200 millones de euros por manipular durante cinco años el tipo de cambio de las divisas. Dado que las ganancias ilícitas superan los 9.000 millones, existe una desproporción entre multa y fraude. Hay dos explicaciones posibles para esta brecha: o bien las autoridades han calculado que demostrar el delito era costoso y el acuerdo era más rentable, o bien confían en que los particulares demanden ahora a los bancos para reclamar.

El fraude descubierto —cuya investigación se ha extendido durante dos años— siembra la inquietud entre los inversores. La manipulación de tipos de cambio parece ser una práctica asidua y transmite a los ciudadanos la impresión de que los reguladores públicos no tienen medios (legales, humanos, políticos) suficientes para prevenir las distorsiones del sistema. La vigilancia corporativa, que es responsabilidad de los accionistas y de las comisiones de gobierno, tampoco ha sido eficaz.

El mensaje para los mercados es que es difícil prevenir los fraudes con el sistema actual de regulación. Hay que preguntarse qué cambios y qué medios hay que introducir para que los accionistas y los ciudadanos no acaben pagando las multas y las estafas.
El País.

La esclavitud no se regula. Se declara ilegal y se combate

Gustavo Duch Guillot La Jornada


Que pocas corporaciones globales y fondos capitalistas estén sistemáticamente pertrechando crímenes ecológicos y sociales en todo el mundo –en forma de explotación de minas a cielo abierto, expulsando pueblos de sus moradas, privatizando zonas marítimas o acaparando las semillas– sólo se explica por una perfecta arquitectura de impunidad construida con la complicidad de gobiernos neoliberales, que, como un sastre particular, tallan a su medida legislaciones que les protege y favorece. Por si tales mecanismos no fueran suficientes, las propias empresas se acicalan con maquillajes color verde solidario en tiernos espots publicitarios donde explican su compromiso con el planeta y la humanidad. Bajo esta farsa –insitucionalizada con el apelativo de Responsabilidad Social Corporativa (RSC)– encontramos al BBVA, Unión Fenosa, Repsol o Iberdrola, qué más da, presumiendo de lo que no son: empresas comprometidas con la calidad de vida de las personas, con el cuidado del medio ambiente, o una empresa que escucha a la gente.

El mecanismo siempre es parecido. Primero se comete el delito, explotar mano de obra o expoliar recursos naturales. A continuación, como es lógico, llegan las denuncias, los reclamos, la lucha y se deja en evidencia a tales corporaciones, y entonces, éstas contratacan con directores de marketing en las cocinas que le dan la vuelta a la tortilla. Nuestros negocios –dicen entre fogones– favorecerán el desarrollo de la zona. Y finalmente llegamos a la fase más perversa, cuando instituciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales avalan y promocionan el elegante vestido de la prestigiosa marca RSC.

En este punto nos encontramos ahora, cuando el ya bien conocido y denunciado fenómeno de acaparamiento de tierras está encontrando en el Banco Mundial, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y en algunas ONG una inverosímil legitimidad bajo el eufemismo de inversión agrícola responsable. Fíjense en la trampa semántica, es la clave. Cuando el hacerse con tierras campesinas –se calcula que al menos 80 millones de hectáreas en todo el mundo han pasado al control de grandes corporaciones, fondos de inversión e incluso gobiernos extranjeros, generando enormes desplazamientos de personas que pierden sus raíces y su sustento– cambia de nombre, y ya no es acaparamiento, sino inversión, rápidamente se justifica tremenda injusticia. Eso es lo que hay detrás de nuevos protocolos y regulaciones voluntarias que estas instituciones proponen para descatalogar lo que son injustos e inaceptables acaparamientos y colocarlos en la categoría siempre bien vista de inversiones y sus supuestas bondades.

Los argumentos que defienden este tipo de regulación dicen que permite diferenciar entre negocios hechos con buenas intenciones, que generan empleo y economía, de los claramente acaparamientos y todos sus estigmas, algo muy parecido a quienes justificaban la esclavitud porque había buenos amos que mucho cuidaban del bienestar de sus siervos. Pero, como dice GRAIN: La esclavitud no se regula, se declara ilegal. De la misma manera, cualquier enfoque serio para luchar contra el hambre y la pobreza requiere garantizar a los pueblos el control sobre sus tierras y territorios, no directrices y reglas sobre qué puedan hacer las corporaciones y los inversionistas extranjeros para trabajar para sí mismos. Lo que necesitamos no es inversión responsable en tierras agrícolas, sino restitución. Por esto queremos decir que en vez de tratar de hacer funcionar esta nueva tendencia de financializar la tierra agrícola, se necesita detener estos negocios y revertirlos, restituyendo las tierras a las comunidades que vivían de ellas.

En esta línea también se han pronunciado los movimientos sociales de América Latina y el Caribe (entre ellos CLOC-La Vía Campesina y el MAELA) reunidos el pasado 7 y 8 de agosto en Bogotá, Colombia, en una consulta continental para discutir sobre el concepto de inversión agrícola responsable. Allí afirmaron que se deben rechazar cualquier medida que siga promoviendo o justificando el crecimiento de la agricultura industrial y agroexportadora, como la que se desarrolla en los acaparamientos de tierra. Y que, en cambio, se necesita fortalecer, en todo el mundo, el enfoque de la soberanía alimentaria, basada en una agricultura gestionada por las propias comunidades, de pequeña escala y para los mercados locales.

De acuerdo, los acaparamientos no se regulan se declaran ilegales.
Gustavo Duch Guillot. Coordinador de la revista Soberanía alimentaria, biodiversidad y culturas
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2013/10/15/index.php?section=opinion&article=022a1pol

La prostitución, un análisis anticapitalista

Reseña del libro "La prostitución" de Beatriz Gimeno,
Ángela Solano. La Hiedra.
La prostitución Beatriz Gimeno.
Edicions Bellaterra, 2011.   304 pgs, 22€

La prostitución, un análisis anticapitalista
Despenalizar o no regular en absoluto, ese suele ser el centro del debate. Gimeno abarca el tema ahondando en el auténtico significado de la prostitución, qué la origina y cuál es su función hoy día.

Abarcar el tema de la prostitución y hacerlo desde una postura verdaderamente feminista no es tan sencillo como puede parecer. Prueba de ello son los enconados debates que se dan entre abolicionistas y regulacionistas. Beatriz Gimeno, licenciada en Filología semítica y archivística y activista del movimiento feminista y LGTB, analiza en su libro La prostitución toda esta problemática, enfrentando y cuestionando ambas posturas para tratar de establecer una propuesta de mínimos que pueda ser compartida por ambas como punto de partida.

Plusvalía de género y estigma social
Para Gimeno, la clave reside en las relaciones que se establecen entre hombres y mujeres a través de la prostitución, lo que impide considerar el sexo como una mercancía más, ya que posee unos significados simbólicos concretos. La prostitución hunde sus raíces en las dicotomías de género y sus desigualdades, en la división sexual del trabajo y la normatividad del heterosexismo, pero también es una cuestión de clase, en la que las personas inmigrantes suelen padecer una mayor vulnerabilidad. Según Gimeno, estos son los ejes que vertebran la prostitución; para ella no se trata de comprar sexo, sino de comprar poder y simular una fantasía de dominación que reafirma la masculinidad hegemónica. A este concepto lo llama “plusvalía de género”.

Muchas dirán que la prostitución no es un problema de género porque también hay prostitutos, pero esta división sexual del trabajo donde ellas son aquello que ellos desean no es reversible. Aunque las mujeres sean usuarias de prostitución, no compran plusvalía de género, ya que no reafirman su feminidad mediante el sexo.

Gimeno también habla del “estigma social” que recae sobre las mujeres que practican la prostitución, ya que muchas feministas piensan que esa es la raíz del problema y por eso piden la consideración de la prostitución como un trabajo más. Quienes así lo hacen caerían en dos contradicciones. La primera es que cualquier legitimación de la prostitución no solo no debilita el estigma sino que lo refuerza y lo extiende a todas las mujeres. El estigma existe porque es necesario para que exista la prostitución, ya que como hemos dicho no se vende sexo sino devaluación femenina y plusvalía de género masculina.

Regulación: legitimación del sexismo
Para la autora, la segunda contradicción que se comete al defender la legalización nos remite a la teoría de que los derechos sólo se obtienen por medio del trabajo, lo que solo es un argumento válido para los neoliberales. Según Gimeno, la regulación de la prostitución sólo beneficia a los empresarios del sexo. Su razonamiento se basa en que con la regulación se divide a las mujeres en legales e ilegales, empeorando la situación de las más desfavorecidas y la de todas en general. En una sociedad globalizada con una oferta casi ilimitada las condiciones de trabajo siempre son malas, pero la autora ignora por ejemplo las conquistas que pueden alcanzarse mediante la organización de las prostitutas empleando herramientas como los sindicatos. Por otro lado, la regulación de cualquier mercado en condiciones capitalistas sirve para naturalizar y aumentar la oferta. Allí donde la prostitución tiene cierta legitimación o visibilidad social, la industria del sexo se presenta como un mundo de glamour, como sucede en Italia con las velinas de Berlusconi.

Gimeno insiste en que regular sería un gran retroceso en la lucha feminista porque implica legitimar moral y socialmente, y legitimar la prostitución es legitimar el sexismo, reforzar el discurso y las actitudes machistas y el concepto de masculinidad tradicional. Mediante la regulación lo que se controla es a las propias mujeres, sus comportamientos, sus cuerpos, su salud y su sexualidad. A cambio, como en cualquier regulación laboral en el capitalismo, se ofrecen unos derechos supeditados a los intereses de terceros, derechos que son escasos y que podrían conseguirse de otra forma.

La solución que Gimeno propone es hacer frente a la desigualdad de género estructural sin olvidar los derechos y la dignidad de estas mujeres. Debemos adoptar medidas sociales para ayudarlas y buscar la penalización de quienes se lucren con la prostitución ajena, trabar alianzas (por ejemplo entre abolicionistas y antitrafiquistas) pero sin dejar de cuestionar los roles de género y deslegitimar su demanda, influyendo en la socialización incluso desde la escuela, mediante currículos sobre sexualidad. El anticapitalismo, inseparable del feminismo, es una vez más nuestra mejor herramienta para lograrlo.
Ángela Solano es militante de En lucha / En lluita.
Fuente: http://enlucha.wordpress.com/2013/05/28/beatriz-gimeno-la-prostitucion/

Noticia aparecida hoy en el Periódico Extremadura: 20 denuncias por prostitución entre julio y agosto. 31/08/13
LA POLICIA Local ha tramitado durante los meses de junio a agosto 20 denuncias por ejercer la prostitución en la calle. La mayoría de ellas se establecieron contra un número reducido de prostitutas, según explicó la Polícia Local. Las últimas denuncias se efectuaron el jueves en el entorno de la avenida de Joaquín Costa, junto a la denominada carretera de Circunvalación, una zona donde hace años ejercen la prostitución cerca de 30 mujeres. La Policía Local realiza un seguimiento especial durante el periodo estival para evitar que regrese la prostitución en masa debido a la crisis económica. EFE
Notas:
¿Las denuncias sólo a ellas? ¿Se reconoce la causa, la llamada crisis económica, y se quiere solucionar con multas? ¿Si tuviesen el dinero de las multas se expondrían a prostituirse? ¿En qué mundo estamos? Lo que se pretende es simplemente ocultar la realidad social y continuar sin proponer ninguna solución real. Ni, aún menos, abordar el problema de la pobreza y el paro como principal causa.