Cuento hasta diez antes de teclear cada palabra. Me propongo desterrar la rabia y escribir sobre lo que conozco. Desde mi conocimiento de la lengua española, creo que el tribunal de Pamplona no ha apreciado intimidación en lo que no fue otra cosa que una violación múltiple, porque sus miembros pueden y porque no les ha dado la gana. Lean los hechos probados en la sentencia, consulten el diccionario y lo comprobarán fácilmente. La insostenible interpretación de los términos intimidación y consentimiento viciado —si es viciado, porque el tribunal reconoce que se obtuvo a la fuerza, gracias a la superioridad numérica de los agresores, ¿cómo puede ser consentimiento y no existir intimidación?— en la que se basa la calificación del delito, sólo se explica por motivos ideológicos. Los jueces de Pamplona nos dicen que una mujer tiene que defender su honra con sangre, que si no expone su vida, no puede esperar que la consideren una víctima y, lo peor de todo, que una violación en grupo, en el contexto de unas fiestas y con alcohol de por medio, es una legítima juerga de chavalotes que igual se han pasado un pelín, pero que sólo querían divertirse. Lo único que he echado de menos es el tristemente célebre atenuante del instinto del cazador, la insuperable necesidad de sexo que anula la voluntad del macho. Con esa única excepción, la sentencia de La Manada rezuma el viejo y eterno machismo de todos los tiempos. ¿Hace falta decirlo una vez más? Sólo sí significa sí. No es no, y todas las violaciones son el único y mismo delito. Yo creo a la víctima, pero interpelo a los legisladores. Son ellos quienes tienen la obligación de cambiar los tipos delictivos para que no vuelvan a producirse sentencias como ésta. Y tienen que hacerlo ya.
https://elpais.com/elpais/2018/04/27/opinion/1524839044_990837.html
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miércoles, 2 de mayo de 2018
martes, 16 de junio de 2015
Dios entra en las leyes, las casas y las escuelas. Julián Casanova repasa en este extracto, relata el desmantelamiento del laicismo republicano por parte del franquismo
Julián Casanova revisita en su nuevo libro la Guerra Civil Española. En este extracto, el historiador relata cómo el franquismo se apresuró, aún en plena contienda bélica, a dinamitar el laicismo republicano. La revitalización religiosa acabó con el divorcio y el matrimonio civil e impuso el crucifijo en todos los órdenes de la vida
La fusión entre la tradición católica y el ideario fascista tenía como vínculo común la destrucción de las políticas y de las bases sociales y culturales de la República. Antes de que apareciera en escena Francisco Franco como generalísimo y caudillo de los militares rebeldes, la Junta de Defensa Nacional de Burgos ordenó, el 4 de septiembre de 1936, "la destrucción de cuantas obras de matiz socialista o comunista se hallen en bibliotecas ambulantes y escuelas" y la supresión de la "coeducación", de la enseñanza de niñas y niños juntos en las escuelas, uno de los caballos de batalla de la jerarquía eclesiástica y de los católicos contra la política educativa republicana.
La revitalización religiosa llegó hasta el último rincón de las tierras en poder de los militares sublevados, con el cambio de calles, la restauración del culto público, el restablecimiento de la enseñanza religiosa y la "reposición" de los crucifijos en las escuelas. El "regreso" de los crucifijos a las escuelas, que habían sido retirados de ellas durante los años republicanos, adquirió una especial carga simbólica, con los niños como testigos. Alcaldes y sacerdotes dirigieron en la mayoría de los casos las ceremonias, mientras que los obispos solían aportar el discurso.
En la primera reunión del primer Gobierno de Franco, el jueves 3 de febrero de 1938, se decidió "revisar" toda la legislación laica de la Segunda República, y así, a golpe de decreto derogatorio, se anularon los matrimonios civiles (marzo de 1938) y cayó una ley tras otra, desde la Ley de Divorcio (agosto de 1938) hasta la de Confesiones y Congregaciones Religiosas (febrero de 1939), aquella ley de junio de 1933 que había marcado el punto álgido de desencuentro entre la Iglesia católica y la República.
La "renovación" legal fue tan rápida que solo unos meses después, el último día de junio de 1938, José María Yanguas Messía hacía balance de la "catolicidad" de su Gobierno en el discurso de presentación de credenciales como embajador ante la Santa Sede: "Ha devuelto ya el crucifijo y la enseñanza religiosa a las escuelas, ha derogado la Ley del Matrimonio Civil, ha suspendido el divorcio, ha restaurado ante la ley civil la Compañía de Jesús, ha reconocido en letras oficiales la personalidad de la Iglesia católica como sociedad perfecta, la santidad de las festividades religiosas y ha llevado al Fuero del Trabajo una concepción auténticamente católica y española".
Agradecida y feliz estaba la Iglesia católica ante tanta obra reparadora por parte del Gobierno. En primer lugar, con el "gloriosísimo Caudillo", a quien se le consideraba sin ninguna duda el "hombre providencial, elegido por Dios para levantar España", según rezaba el Catecismo patriótico español que el dominico Ignacio G. Menéndez Reigada publicó en Salamanca en 1937, anticipo del rosario de catecismos que iban a publicarse en los primeros años de la posguerra.
España volvía a ser católica, una, grande y libre, pero para consolidar eso había que meter "a Dios y sus cosas en todo", en las leyes, en la casa y en las instituciones. Y había que arrojar a los "falsos ídolos intelectuales", expurgar las bibliotecas, pedía Enrique Pla y Deniel, obispo de Salamanca, en su carta pastoral de mayo de 1938, "sobre todo las populares y aun escolares y pedagógicas, en las cuales tanta mercancía averiada y venenosa se había introducido en los últimos años".
La Iglesia pedía todo eso y mucho más a los gobernantes, a cambio del apoyo prestado a la sublevación, de la bendición de la violencia emprendida contra republicanos y revolucionarios. La "reconstrucción espiritual" pasaba sobre todo por las escuelas. "Se acabó el desdén por nuestra historia", decía Pedro Sainz Rodríguez, monárquico fascistizado, ministro de Educación en el primer Gobierno de Franco, en una circular a la Inspección de Primera Enseñanza que envió a comienzos de marzo de 1938. Y unos meses después, desde el mismo Ministerio, se marcaba el camino a seguir en la reorganización de la enseñanza pública en Barcelona, cuando cayera conquistada por las tropas de Franco: "Debe llevarse a las escuelas crucifijos, retratos del jefe del Estado, banderas nacionales y algunos letreros breves con emblemas y leyendas sintéticas, que den la idea a los niños de que se forma un nuevo Estado español y un concepto de patria que hasta ahora se desconocía".
No todo era religión, sin embargo, en la retaguardia franquista. Y para escapar del viejo concepto de caridad y beneficencia y plasmar los sueños de "justicia social" falangistas, la lucha en plena guerra contra "el hambre, el frío y la miseria", nació en octubre de 1936 Auxilio de Invierno, convertida en Delegación Nacional de Auxilio Social en mayo de 1937. Fue la obra de Mercedes Sanz Bachiller, viuda de Onésimo Redondo, y de Javier Martínez de Bedoya, un antiguo amigo de estudios de Onésimo, quien, tras pasar una temporada en la Alemania nazi, volvió a España en junio de 1936 y en otoño de ese mismo año le propuso a Sanz Bachiller, que era en ese momento jefa provincial de la Sección Femenina de Valladolid, crear algo similar a la Winterhilfe nazi para recoger donativos y repartir comida y ropa de abrigo entre los más necesitados. En menos de un año, lo convirtieron "en una institución al servicio de la política demográfica del nuevo Estado franquista", defendiendo la maternidad, con la puesta en marcha de una obra de protección a la madre y al niño: "Necesitamos madres fuertes y prolíficas, que nos den hijos sanos y abundantes con que llevar a cabo los deseos de imperio de la juventud que ha muerto en la guerra".
La formación de ese nuevo Estado y del nuevo concepto de patria destrozó las conquistas y aspiraciones políticas de intelectuales, profesionales y sectores de la Administración que habían desarrollado una cultura política común marcada por el republicanismo, el radicalismo democrático, el anticlericalismo y, en algunos casos, el mesianismo hacia las clases trabajadoras. Maestros, médicos, funcionarios y profesores de universidad eran perseguidos por haber desarrollado una labor "perturbadora". El castigo, en forma de asesinato, alcanzó a los rectores de algunas universidades. Famosos fueron los casos de Leopoldo García-Alas, hijo del escritor Leopoldo Alas Clarín, jurista y político republicano, profesor y rector de la Universidad de Oviedo, fusilado en febrero de 1937. Y Salvador Vila Hernández, rector de la Universidad de Granada, notable arabista, discípulo de Miguel de Unamuno, fusilado en octubre de 1936 en Víznar, en el mismo lugar que había caído asesinado dos meses antes el poeta Federico García Lorca.
Crítica edita España partida en dos. Breve historia de la Guerra Civil española, de Julián Casanova, el 12 de febrero.
La fusión entre la tradición católica y el ideario fascista tenía como vínculo común la destrucción de las políticas y de las bases sociales y culturales de la República. Antes de que apareciera en escena Francisco Franco como generalísimo y caudillo de los militares rebeldes, la Junta de Defensa Nacional de Burgos ordenó, el 4 de septiembre de 1936, "la destrucción de cuantas obras de matiz socialista o comunista se hallen en bibliotecas ambulantes y escuelas" y la supresión de la "coeducación", de la enseñanza de niñas y niños juntos en las escuelas, uno de los caballos de batalla de la jerarquía eclesiástica y de los católicos contra la política educativa republicana.
La revitalización religiosa llegó hasta el último rincón de las tierras en poder de los militares sublevados, con el cambio de calles, la restauración del culto público, el restablecimiento de la enseñanza religiosa y la "reposición" de los crucifijos en las escuelas. El "regreso" de los crucifijos a las escuelas, que habían sido retirados de ellas durante los años republicanos, adquirió una especial carga simbólica, con los niños como testigos. Alcaldes y sacerdotes dirigieron en la mayoría de los casos las ceremonias, mientras que los obispos solían aportar el discurso.
En la primera reunión del primer Gobierno de Franco, el jueves 3 de febrero de 1938, se decidió "revisar" toda la legislación laica de la Segunda República, y así, a golpe de decreto derogatorio, se anularon los matrimonios civiles (marzo de 1938) y cayó una ley tras otra, desde la Ley de Divorcio (agosto de 1938) hasta la de Confesiones y Congregaciones Religiosas (febrero de 1939), aquella ley de junio de 1933 que había marcado el punto álgido de desencuentro entre la Iglesia católica y la República.
La "renovación" legal fue tan rápida que solo unos meses después, el último día de junio de 1938, José María Yanguas Messía hacía balance de la "catolicidad" de su Gobierno en el discurso de presentación de credenciales como embajador ante la Santa Sede: "Ha devuelto ya el crucifijo y la enseñanza religiosa a las escuelas, ha derogado la Ley del Matrimonio Civil, ha suspendido el divorcio, ha restaurado ante la ley civil la Compañía de Jesús, ha reconocido en letras oficiales la personalidad de la Iglesia católica como sociedad perfecta, la santidad de las festividades religiosas y ha llevado al Fuero del Trabajo una concepción auténticamente católica y española".
Agradecida y feliz estaba la Iglesia católica ante tanta obra reparadora por parte del Gobierno. En primer lugar, con el "gloriosísimo Caudillo", a quien se le consideraba sin ninguna duda el "hombre providencial, elegido por Dios para levantar España", según rezaba el Catecismo patriótico español que el dominico Ignacio G. Menéndez Reigada publicó en Salamanca en 1937, anticipo del rosario de catecismos que iban a publicarse en los primeros años de la posguerra.
España volvía a ser católica, una, grande y libre, pero para consolidar eso había que meter "a Dios y sus cosas en todo", en las leyes, en la casa y en las instituciones. Y había que arrojar a los "falsos ídolos intelectuales", expurgar las bibliotecas, pedía Enrique Pla y Deniel, obispo de Salamanca, en su carta pastoral de mayo de 1938, "sobre todo las populares y aun escolares y pedagógicas, en las cuales tanta mercancía averiada y venenosa se había introducido en los últimos años".
La Iglesia pedía todo eso y mucho más a los gobernantes, a cambio del apoyo prestado a la sublevación, de la bendición de la violencia emprendida contra republicanos y revolucionarios. La "reconstrucción espiritual" pasaba sobre todo por las escuelas. "Se acabó el desdén por nuestra historia", decía Pedro Sainz Rodríguez, monárquico fascistizado, ministro de Educación en el primer Gobierno de Franco, en una circular a la Inspección de Primera Enseñanza que envió a comienzos de marzo de 1938. Y unos meses después, desde el mismo Ministerio, se marcaba el camino a seguir en la reorganización de la enseñanza pública en Barcelona, cuando cayera conquistada por las tropas de Franco: "Debe llevarse a las escuelas crucifijos, retratos del jefe del Estado, banderas nacionales y algunos letreros breves con emblemas y leyendas sintéticas, que den la idea a los niños de que se forma un nuevo Estado español y un concepto de patria que hasta ahora se desconocía".
No todo era religión, sin embargo, en la retaguardia franquista. Y para escapar del viejo concepto de caridad y beneficencia y plasmar los sueños de "justicia social" falangistas, la lucha en plena guerra contra "el hambre, el frío y la miseria", nació en octubre de 1936 Auxilio de Invierno, convertida en Delegación Nacional de Auxilio Social en mayo de 1937. Fue la obra de Mercedes Sanz Bachiller, viuda de Onésimo Redondo, y de Javier Martínez de Bedoya, un antiguo amigo de estudios de Onésimo, quien, tras pasar una temporada en la Alemania nazi, volvió a España en junio de 1936 y en otoño de ese mismo año le propuso a Sanz Bachiller, que era en ese momento jefa provincial de la Sección Femenina de Valladolid, crear algo similar a la Winterhilfe nazi para recoger donativos y repartir comida y ropa de abrigo entre los más necesitados. En menos de un año, lo convirtieron "en una institución al servicio de la política demográfica del nuevo Estado franquista", defendiendo la maternidad, con la puesta en marcha de una obra de protección a la madre y al niño: "Necesitamos madres fuertes y prolíficas, que nos den hijos sanos y abundantes con que llevar a cabo los deseos de imperio de la juventud que ha muerto en la guerra".
La formación de ese nuevo Estado y del nuevo concepto de patria destrozó las conquistas y aspiraciones políticas de intelectuales, profesionales y sectores de la Administración que habían desarrollado una cultura política común marcada por el republicanismo, el radicalismo democrático, el anticlericalismo y, en algunos casos, el mesianismo hacia las clases trabajadoras. Maestros, médicos, funcionarios y profesores de universidad eran perseguidos por haber desarrollado una labor "perturbadora". El castigo, en forma de asesinato, alcanzó a los rectores de algunas universidades. Famosos fueron los casos de Leopoldo García-Alas, hijo del escritor Leopoldo Alas Clarín, jurista y político republicano, profesor y rector de la Universidad de Oviedo, fusilado en febrero de 1937. Y Salvador Vila Hernández, rector de la Universidad de Granada, notable arabista, discípulo de Miguel de Unamuno, fusilado en octubre de 1936 en Víznar, en el mismo lugar que había caído asesinado dos meses antes el poeta Federico García Lorca.
Crítica edita España partida en dos. Breve historia de la Guerra Civil española, de Julián Casanova, el 12 de febrero.
sábado, 23 de agosto de 2014
Basta ya. Está en juego la expresión del principio de legitimación democrática del poder. La reforma electoral del PP, una propuesta llena de lagunas
Formalmente, la reforma de la elección de los alcaldes se va a tramitar como una reforma de una ley orgánica, pero materialmente es un decreto ley aprobado por el Gobierno. El contenido de la norma está decidido en su núcleo esencial, así como la fecha de su entrada en vigor. En mayo de 2015 los alcaldes serán designados con la fórmula que el Gobierno tiene decidida. Nadie puede llamarse a engaño.
Se trata de la segunda vez en estos últimos meses que el PP decide aprobar una ley orgánica de naturaleza constitucional prescindiendo de todos los demás partidos políticos. La primera fue la Ley Orgánica 4/2014, de 11 de julio, mediante la cual se introdujo en nuestro ordenamiento por primera vez en la historia constitucional española el aforamiento del rey tras su abdicación. De contrabando, a través de una “chapuza”, como se le escapó al presidente del Congreso, el PP resolvió este asunto, que habría exigido la aprobación de la Ley Orgánica prevista en el artículo 57.5 de la Constitución.
Con la pretensión de reformar el sistema de elección de alcaldes, el PP está a las puertas de repetir la operación. Desde la entrada en vigor de la Constitución en 1978 la fórmula para la designación del órgano de gobierno ha sido la misma en los tres niveles en que se articula nuestro sistema político. Los ciudadanos eligen directamente a los diputados en el Congreso o en el Parlamento de la comunidad autónoma y a los concejales en los municipios, y estos eligen al presidente del Gobierno, al presidente de la Comunidad Autónoma y al alcalde. Esta es nuestra Constitución representativa, que no se ha visto excepcionada en su vigencia en ningún momento.
Estatuto jurídico del rey tras su abdicación. Fórmula de expresión del principio de legitimación democrática en la renovación del poder municipal. Son dos materias de relevancia constitucional indiscutible, que, por su propia naturaleza, no pueden quedar fuera de lo que se entiende como consenso constitucional. La primera quedó fuera el 11 de julio. La segunda está a punto de quedar fuera en los próximos meses. Piezas importantes de nuestro ordenamiento constitucional van a ser el resultado de la decisión de un único partido...
Fuente: JAVIER PÉREZ ROYO 21 AGO 2014 - El País.
Se trata de la segunda vez en estos últimos meses que el PP decide aprobar una ley orgánica de naturaleza constitucional prescindiendo de todos los demás partidos políticos. La primera fue la Ley Orgánica 4/2014, de 11 de julio, mediante la cual se introdujo en nuestro ordenamiento por primera vez en la historia constitucional española el aforamiento del rey tras su abdicación. De contrabando, a través de una “chapuza”, como se le escapó al presidente del Congreso, el PP resolvió este asunto, que habría exigido la aprobación de la Ley Orgánica prevista en el artículo 57.5 de la Constitución.
Con la pretensión de reformar el sistema de elección de alcaldes, el PP está a las puertas de repetir la operación. Desde la entrada en vigor de la Constitución en 1978 la fórmula para la designación del órgano de gobierno ha sido la misma en los tres niveles en que se articula nuestro sistema político. Los ciudadanos eligen directamente a los diputados en el Congreso o en el Parlamento de la comunidad autónoma y a los concejales en los municipios, y estos eligen al presidente del Gobierno, al presidente de la Comunidad Autónoma y al alcalde. Esta es nuestra Constitución representativa, que no se ha visto excepcionada en su vigencia en ningún momento.
Estatuto jurídico del rey tras su abdicación. Fórmula de expresión del principio de legitimación democrática en la renovación del poder municipal. Son dos materias de relevancia constitucional indiscutible, que, por su propia naturaleza, no pueden quedar fuera de lo que se entiende como consenso constitucional. La primera quedó fuera el 11 de julio. La segunda está a punto de quedar fuera en los próximos meses. Piezas importantes de nuestro ordenamiento constitucional van a ser el resultado de la decisión de un único partido...
Fuente: JAVIER PÉREZ ROYO 21 AGO 2014 - El País.
jueves, 17 de octubre de 2013
La esclavitud no se regula. Se declara ilegal y se combate
Gustavo Duch Guillot
La Jornada
Que pocas corporaciones globales y fondos capitalistas estén sistemáticamente pertrechando crímenes ecológicos y sociales en todo el mundo –en forma de explotación de minas a cielo abierto, expulsando pueblos de sus moradas, privatizando zonas marítimas o acaparando las semillas– sólo se explica por una perfecta arquitectura de impunidad construida con la complicidad de gobiernos neoliberales, que, como un sastre particular, tallan a su medida legislaciones que les protege y favorece. Por si tales mecanismos no fueran suficientes, las propias empresas se acicalan con maquillajes color verde solidario en tiernos espots publicitarios donde explican su compromiso con el planeta y la humanidad. Bajo esta farsa –insitucionalizada con el apelativo de Responsabilidad Social Corporativa (RSC)– encontramos al BBVA, Unión Fenosa, Repsol o Iberdrola, qué más da, presumiendo de lo que no son: empresas comprometidas con la calidad de vida de las personas, con el cuidado del medio ambiente, o una empresa que escucha a la gente.
El mecanismo siempre es parecido. Primero se comete el delito, explotar mano de obra o expoliar recursos naturales. A continuación, como es lógico, llegan las denuncias, los reclamos, la lucha y se deja en evidencia a tales corporaciones, y entonces, éstas contratacan con directores de marketing en las cocinas que le dan la vuelta a la tortilla. Nuestros negocios –dicen entre fogones– favorecerán el desarrollo de la zona. Y finalmente llegamos a la fase más perversa, cuando instituciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales avalan y promocionan el elegante vestido de la prestigiosa marca RSC.
En este punto nos encontramos ahora, cuando el ya bien conocido y denunciado fenómeno de acaparamiento de tierras está encontrando en el Banco Mundial, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y en algunas ONG una inverosímil legitimidad bajo el eufemismo de inversión agrícola responsable. Fíjense en la trampa semántica, es la clave. Cuando el hacerse con tierras campesinas –se calcula que al menos 80 millones de hectáreas en todo el mundo han pasado al control de grandes corporaciones, fondos de inversión e incluso gobiernos extranjeros, generando enormes desplazamientos de personas que pierden sus raíces y su sustento– cambia de nombre, y ya no es acaparamiento, sino inversión, rápidamente se justifica tremenda injusticia. Eso es lo que hay detrás de nuevos protocolos y regulaciones voluntarias que estas instituciones proponen para descatalogar lo que son injustos e inaceptables acaparamientos y colocarlos en la categoría siempre bien vista de inversiones y sus supuestas bondades.
Los argumentos que defienden este tipo de regulación dicen que permite diferenciar entre negocios hechos con buenas intenciones, que generan empleo y economía, de los claramente acaparamientos y todos sus estigmas, algo muy parecido a quienes justificaban la esclavitud porque había buenos amos que mucho cuidaban del bienestar de sus siervos. Pero, como dice GRAIN: La esclavitud no se regula, se declara ilegal. De la misma manera, cualquier enfoque serio para luchar contra el hambre y la pobreza requiere garantizar a los pueblos el control sobre sus tierras y territorios, no directrices y reglas sobre qué puedan hacer las corporaciones y los inversionistas extranjeros para trabajar para sí mismos. Lo que necesitamos no es inversión responsable en tierras agrícolas, sino restitución. Por esto queremos decir que en vez de tratar de hacer funcionar esta nueva tendencia de financializar la tierra agrícola, se necesita detener estos negocios y revertirlos, restituyendo las tierras a las comunidades que vivían de ellas.
En esta línea también se han pronunciado los movimientos sociales de América Latina y el Caribe (entre ellos CLOC-La Vía Campesina y el MAELA) reunidos el pasado 7 y 8 de agosto en Bogotá, Colombia, en una consulta continental para discutir sobre el concepto de inversión agrícola responsable. Allí afirmaron que se deben rechazar cualquier medida que siga promoviendo o justificando el crecimiento de la agricultura industrial y agroexportadora, como la que se desarrolla en los acaparamientos de tierra. Y que, en cambio, se necesita fortalecer, en todo el mundo, el enfoque de la soberanía alimentaria, basada en una agricultura gestionada por las propias comunidades, de pequeña escala y para los mercados locales.
De acuerdo, los acaparamientos no se regulan se declaran ilegales.
Gustavo Duch Guillot. Coordinador de la revista Soberanía alimentaria, biodiversidad y culturas
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2013/10/15/index.php?section=opinion&article=022a1pol
Que pocas corporaciones globales y fondos capitalistas estén sistemáticamente pertrechando crímenes ecológicos y sociales en todo el mundo –en forma de explotación de minas a cielo abierto, expulsando pueblos de sus moradas, privatizando zonas marítimas o acaparando las semillas– sólo se explica por una perfecta arquitectura de impunidad construida con la complicidad de gobiernos neoliberales, que, como un sastre particular, tallan a su medida legislaciones que les protege y favorece. Por si tales mecanismos no fueran suficientes, las propias empresas se acicalan con maquillajes color verde solidario en tiernos espots publicitarios donde explican su compromiso con el planeta y la humanidad. Bajo esta farsa –insitucionalizada con el apelativo de Responsabilidad Social Corporativa (RSC)– encontramos al BBVA, Unión Fenosa, Repsol o Iberdrola, qué más da, presumiendo de lo que no son: empresas comprometidas con la calidad de vida de las personas, con el cuidado del medio ambiente, o una empresa que escucha a la gente.
El mecanismo siempre es parecido. Primero se comete el delito, explotar mano de obra o expoliar recursos naturales. A continuación, como es lógico, llegan las denuncias, los reclamos, la lucha y se deja en evidencia a tales corporaciones, y entonces, éstas contratacan con directores de marketing en las cocinas que le dan la vuelta a la tortilla. Nuestros negocios –dicen entre fogones– favorecerán el desarrollo de la zona. Y finalmente llegamos a la fase más perversa, cuando instituciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales avalan y promocionan el elegante vestido de la prestigiosa marca RSC.
En este punto nos encontramos ahora, cuando el ya bien conocido y denunciado fenómeno de acaparamiento de tierras está encontrando en el Banco Mundial, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y en algunas ONG una inverosímil legitimidad bajo el eufemismo de inversión agrícola responsable. Fíjense en la trampa semántica, es la clave. Cuando el hacerse con tierras campesinas –se calcula que al menos 80 millones de hectáreas en todo el mundo han pasado al control de grandes corporaciones, fondos de inversión e incluso gobiernos extranjeros, generando enormes desplazamientos de personas que pierden sus raíces y su sustento– cambia de nombre, y ya no es acaparamiento, sino inversión, rápidamente se justifica tremenda injusticia. Eso es lo que hay detrás de nuevos protocolos y regulaciones voluntarias que estas instituciones proponen para descatalogar lo que son injustos e inaceptables acaparamientos y colocarlos en la categoría siempre bien vista de inversiones y sus supuestas bondades.
Los argumentos que defienden este tipo de regulación dicen que permite diferenciar entre negocios hechos con buenas intenciones, que generan empleo y economía, de los claramente acaparamientos y todos sus estigmas, algo muy parecido a quienes justificaban la esclavitud porque había buenos amos que mucho cuidaban del bienestar de sus siervos. Pero, como dice GRAIN: La esclavitud no se regula, se declara ilegal. De la misma manera, cualquier enfoque serio para luchar contra el hambre y la pobreza requiere garantizar a los pueblos el control sobre sus tierras y territorios, no directrices y reglas sobre qué puedan hacer las corporaciones y los inversionistas extranjeros para trabajar para sí mismos. Lo que necesitamos no es inversión responsable en tierras agrícolas, sino restitución. Por esto queremos decir que en vez de tratar de hacer funcionar esta nueva tendencia de financializar la tierra agrícola, se necesita detener estos negocios y revertirlos, restituyendo las tierras a las comunidades que vivían de ellas.
En esta línea también se han pronunciado los movimientos sociales de América Latina y el Caribe (entre ellos CLOC-La Vía Campesina y el MAELA) reunidos el pasado 7 y 8 de agosto en Bogotá, Colombia, en una consulta continental para discutir sobre el concepto de inversión agrícola responsable. Allí afirmaron que se deben rechazar cualquier medida que siga promoviendo o justificando el crecimiento de la agricultura industrial y agroexportadora, como la que se desarrolla en los acaparamientos de tierra. Y que, en cambio, se necesita fortalecer, en todo el mundo, el enfoque de la soberanía alimentaria, basada en una agricultura gestionada por las propias comunidades, de pequeña escala y para los mercados locales.
De acuerdo, los acaparamientos no se regulan se declaran ilegales.
Gustavo Duch Guillot. Coordinador de la revista Soberanía alimentaria, biodiversidad y culturas
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2013/10/15/index.php?section=opinion&article=022a1pol
domingo, 15 de septiembre de 2013
La disparidad de la edad mínima legal de acceso a determinados derechos es total
Edades de estreno
Voto: A los 18 años.
Sanidad: Los niños de 12 años tienen derecho a ser escuchados a la hora de aceptar o no un tratamiento médico. A partir de los 16, pueden prestar, o no, el consentimiento médico por ellos mismos sin permiso de sus padres, menos en tres excepciones: aborto, cirugía estética y tratamientos de reproducción asistida.
Piercings y tatuajes. 16 y 18, respectivamente. En la práctica, no se cumple.
Hacer testamento: A los 14 años.
Responsabilidad penal: Desde los 14 años, los adolescentes pueden ser imputados y condenados. Hasta los 14 años, son inimputables. El PP abogó, en 2009, por bajar la edad penal a 12 años.
Emancipación: A los 16 años, pueden irse de casa y disponer de sus bienes, con permiso de los padres. La edad media real son 29.
Licencia de caza: A los 16 años. Antes, a los 14, pueden portar armas con consentimiento paterno.
Relaciones sexuales: Ahora, la edad de consentimiento sexual está en los 13 años. La reforma de Gallardón pretende retrasarla hasta los 16.
Trabajo. A los 16, después de la Enseñanza Secundaria Obligatoria.
Matrimonio. Ahora, a los 14, con consentimiento paterno. La reforma pretende retrasarla a los 16.
Aborto. Ahora, las menores de 16 y 17 años, pueden interrumpir su embarazo sin permiso paterno. La reforma anunciada por Gallardón anulará este supuesto de la 'ley Zapatero' o y limitará el derecho a las mayores de 18.
Alcohol y tabaco. Está prohibida su venta a los menores de 18. En la práctica, la edad de inicio en el consumo es a los 13 años
Carné de conducir. Ciclomotores: a los 15. Turismos: 18.
Redes sociales. Tuenti, Facebook y Twitter establecen una edad mínima de 14 años. En la práctica, no se cumple.
Divorcio. Los niños de 12 años tienen derecho a ser escuchados en caso de disputa por su custodia.
Discotecas y juego. 18 años.
El anuncio del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de su voluntad de elevar la edad de consentimiento sexual en España de los 13 a los 16 años ha reabierto el debate sobre la disparidad de edades a las que, independientemente de la mayoría de edad plena, establecida por la Constitución a los 18 años, la legislación permite ejercer terminadas conductas o derechos. Aparte de los 13 años en los que está fijada ahora la edad de consentimiento sexual —lo que convierte a España, junto al Vaticano, en el Estado europeo más permisivo en ese terreno—, hay otras normas que rebajan sensiblemente el umbral de la edad adulta legal.
La Ley de Autonomía del Paciente de 2002, tramitada durante el Gobierno de José María Aznar, permite a los chavales de 16 y 17 años años aceptar o negarse a recibir un tratamiento o intervención médica aun sin permiso paterno, con tres excepciones: la reproducción asistida, la cirugía estética y el aborto. Sin embargo, la vigente Ley del Aborto promulgada por Zapatero autoriza a las chicas de 16 y 17 años a interrumpir su embarazo sin consentimiento de sus mayores, supuesto que Gallardón quiere eliminar.
Ambas leyes utilizan la figura del “menor maduro”, supuestamente consciente, responsable y capaz de tomar decisiones que afectan a su futuro, para justificar ese adelanto de la mayoría de edad efectiva en esas tesituras.
Además de la controversia que puede generar el propio concepto, la pregunta que se hacen muchos es por qué ese menor maduro lo es para decidir sobre su salud, y no para votar, conducir, o jugar al póquer en un casino.
Alfredo Oliva, profesor de Psicología Evolutiva en la Universidad de Sevilla, es de los que piensan que, a los 16, se es maduro para casi todo y, “por supuesto”, para votar. “La investigación demuestra que el adolescente de 15 o 16 años tiene unas capacidades cognitivas similares a las del adulto y que, enfrentados a decisiones, digamos en frío, no hay diferencia en la racionalidad de las mismas con los mayores. Sin embargo, tienen menor experiencia y, sometidos a una fuerte carga emocional, en caliente, pueden comportarse impulsivamente, como niños, dado que el área cerebral que controla las emociones madura más tarde”. No parece, sin embargo, que los partidos, más allá de alguna iniciativa de IU, tengan mayor interés en sumar al electorado a los imprevisibles adolescentes de 16 y 17 años.
La filósofa experta en Bioética Victoria Camps, que no fue mayor de edad hasta los 21 años, en la dictadura, tiene “dudas” sobre el concepto de menor maduro. “Da problemas: ¿quién decide que es realmente capaz de tomar esas decisiones trascendentales? Tanto la denegación de tratamientos como el aborto sin permiso son casos tan excepcionales que merecería la pena individualizarlos y no poner una edad de corte sin matizar”. Camps, que se congratula de la subida en la edad de consentimiento sexual, cree que “se confunde dar libertad a los menores con ser moderno o progresista, pero la autonomía no puede ir separada de la madurez”.
Emilio Calatayud, juez de menores de Granada, célebre por sus sentencias ejemplares —condenó a un acusado a terminar la ESO— pide “coherencia”. “Los 13 como edad de consentimiento era una barbaridad, pero a los 16, es tarde:muchos están ya hartos de hacerlo. Lo suyo sería dejarlo en los 14, que además es la edad de responsabilidad penal”. El juez aboga por la mayoría de edad general a los 18, y “con pocas excepciones” a los 16, “autorizados por los padres que son los responsables”. “Ahora los chicos son más altos y más guapos, pero no siempre más maduros. Y, así, a los 18, no sabemos si sigue siendo inmaduro, pero al menos es mayor”, zanja.
Irene y sus amigos, chavales de clase media, estudiantes de instituto con padres tolerantes, no tienen prisa por crecer. “Tendría más libertad, pero también más responsabilidades, y no sé si compensa”, dice la pequeña, Nora, con lógica aplastante. A todos les atrae más la expectativa de sacarse el carné de conducir que la de votar. Eso sí, las chicas lo tienen claro. En caso de un embarazo no deseado, querrían decidir por ellas mismas: “Es tu futuro el que te juegas, no el de tus padres”.
Fuente: El País
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