El feminismo ha elegido este 25-N la lucha contra la explotación sexual como una de las formas más brutales de violencia patriarcal.
Cuando hay un negocio de por medio parece que todo vale menos la vida, y menos, si se trata de una mujer
La prostitución genera 160.000 millones de euros en el mundo. Cinco millones por día en España, donde el 90% de quienes la ejercen es víctima de trata (Fundación Scelles). Somos el primer país de Europa en consumo de prostitución, el tercero del mundo tras Tailandia y Puerto Rico. En el 2010, la prostitución era el 0.35% del PIB (INE). Es decir, no olviden que detrás de este debate hay un sector que cuida por su dinero. Y cuando hay dinero, se ataca a lo que daña al negocio. Aquí, la abolición de la prostitución. Toca, pues, aclarar algunas frases que se repiten sin cesar y que no son verdad. “La abolición es prohibición”. Falso.
Persigue a puteros y proxenetas, no a la prostituta. Quien quiera trabajar como autónoma podrá hacerlo y tener derechos. Ahora existen sanciones a prostitutas por la ley mordaza aprobada por el Partido Popular, a la que se opuso, entre otros sectores, el abolicionista.
El proxenetismo es delito en España “El abolicionismo es moralista y no respeta derechos humanos de sindicación”. Falso. Respeta el derecho de asociación de quien ejerce libremente, pero la ley solo permite crear sindicatos a trabajadores por cuenta ajena. Si se trabaja por cuenta ajena es para un tercero, aquí, un proxeneta.
El proxenetismo es delito en España, luego el sindicato no puede materializarse, como ha confirmado hoy la Audiencia. No es moral, es ley y derechos humanos. Lo recoge la CEDAW y el Parlamento Europeo, que recuerda que trata y prostitución van juntas y son “violaciones de la dignidad humana contrarias a los principios de los derechos humanos, entre ellos la igualdad de género”. Y ojo, ningún trabajador tiene su cuerpo como medio de producción. “Las abolicionistas no escuchan a las prostitutas”. Falso. Sabemos qué dicen las que acuden a los medios pero también escuchamos a las mujeres prostituidas, las que no hablan hasta que salen de la explotación.
La Fiscalía, en su memoria anual, recuerda que la reforma del Código Penal del 2015 por el Partido Popular fue “ineficaz” para luchar contra la trata. Como la víctima debía demostrar su vulnerabilidad para que el otro sea considerado proxeneta, estos se frotaron las manos. La Fiscalía recuerda que “la mayoría de las mujeres apoya las versiones de los proxenetas por miedo a sufrir represalias en su persona o en sus familiares en los países de donde proceden, o bien por temor a ser deportadas”. Por lo tanto, si les ponen un micro delante, estas mujeres mentirán y dirán que ejercen por voluntad, pero porque son esclavas, tienen miedo y la ley no las protege.
Entretodos Publica una carta del lector Escribe un post para publicar en la edición impresa y en la web “El abolicionismo no es feminista porque daña a las mujeres”. Falso. Es feminista porque es lo único que garantiza la igualdad y combate la mentalidad de demanda de cuerpos en los hombres. El abolicionismo es lo más interseccional porque garantiza que las mujeres más vulnerables, las más pobres, las emigrantes o las trans tengan otras opciones lejos de la explotación. El abolicionismo es feminista porque toda la historia del feminismo lo ha sido y ataca al patriarcado en su raíz. España lo fue durante la República y fue el franquismo el que lo borró de la historia.
“El abolicionismo habla desde una posición de privilegio”. Falso. Hace poco, Silvia Federici analizaba cómo el capitalismo somete nuestros cuerpos pero decía que hablábamos “desde una posición de privilegio” si les negamos ser trabajadoras sexuales. Mi respuesta es que si tú no eres prostituta, pero le dices a ella que siga siendo explotada, hablas desde otra posición de privilegio, porque tú no eres la esclava. Con esa idea solo contribuyes a mantener los roles patriarcales. La prostitución es desigualdad, explotación, esclavitud...
“Solo piden abolir la prostitución, pero no otras instituciones”. Falso. Hace unos días, Angela Davis pedía abolir las cárceles, pero no la prostitución. Debería saber Davis que en España, primer país de Europa en demanda, la auténtica cárcel para muchas mujeres es la prostitución y que violan a mujeres negras en las fronteras antes de ser explotadas sexualmente aquí. Feministas como Mujeres Libres, en los años 30, ya pedían la abolición del matrimonio como institución. Es historia feminista. No es nuevo.
Las mentiras sobre el abolicionismo aumentarán. Sorprende, como dice el proxeneta del libro de Mabel Lozano, que hay a quienes ni siquiera hay que sobornar para que opinen como ellos. La prostitución no es empoderante, no es servicio, no es libertad. La prostitución es desigualdad, es proxenetismo, es explotación, es esclavitud, es patriarcado, es crimen, es muerte.
Cuando hay un negocio de por medio parece que todo vale menos la vida. Y menos, si se trata de una mujer. Como siempre.
Fuente:
https://www.elperiodico.com/es/opinion/20181121/bulos-sobre-abolicionismo-prostitucion-articulo-opinion-ana-i-bernal-trivino-7157960?utm_source=facebook&utm_medium=social
Mostrando entradas con la etiqueta negocio. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta negocio. Mostrar todas las entradas
lunes, 26 de noviembre de 2018
jueves, 1 de noviembre de 2018
_- Armas, dinero y hombres siniestros
_- Hace unos días, el líder evangélico estadounidense Pat Robertson exhortó a Estados Unidos a no exaltarse tanto por la tortura y el asesinato de Jamal Khashoggi porque, dijo, no deberíamos arriesgar “100.000 millones de dólares en ventas de armas”. Me imagino que pretendía invocar un nuevo undécimo mandamiento que dice: “Por otra parte, justificarás cosas como matar y dar falso testimonio si quedan en riesgo los acuerdos de compraventa de armas”.
Bueno, no es noticia que la derecha religiosa se ha postrado a los pies de Donald Trump. No obstante, el intento de Trump de hacer de lado posibles represalias por los delitos sauditas con el argumento de que hay enormes recompensas económicas derivadas de seguir siendo amigos de los asesinos —así como la disposición de los aliados políticos del presidente para aceptar esta lógica— representa una nueva etapa en la degradación de Estados Unidos.
No es solo que los argumentos de Trump sobre la cantidad de empleos en riesgo —primero eran 40.000, luego 450.000, después 600.000 y llegaron hasta un millón— sean mentiras. Incluso si los argumentos fueran ciertos, estamos en Estados Unidos: se supone que somos un ejemplo moral para el mundo, no una nación mercenaria dispuesta a abandonar sus principios si hay una buena cantidad de dinero de por medio.
Dicho eso, los argumentos son falsos. Primero, no hay ningún acuerdo de compra de armas por 100.000 millones de dólares con los sauditas. Lo que el gobierno de Trump en realidad tiene son básicamente “memorandos de intención”: posibles acuerdos a futuro más que compromisos. Muchos de estos posibles acuerdos requerirían que la producción de las armas se hiciera en Arabia Saudita en lugar de Estados Unidos y que las ventas, de materializarse, se llevaran a cabo a lo largo de varios años. Entonces parece poco probable que los acuerdos con Arabia Saudita aumenten las exportaciones estadounidenses anuales de armas por poco más de unos cuantos miles de millones de dólares al año.
Si tenemos en cuenta que las industrias involucradas, principalmente la aeroespacial, son intensivos en capital por lo que no emplean a muchos trabajadores por cada dólar de ventas, la cantidad de empleos estadounidenses involucrados es, si acaso, decenas de miles, no cientos de miles. Es una cifra equivalente a un error de redondeo en un mercado laboral estadounidense que emplea a casi 150 millones de trabajadores. Además, cesar las ventas de armas a los sauditas conlleva un riesgo mucho menor en comparación con otras áreas en las que Trump ya está afectando las relaciones comerciales con absoluta indiferencia. Parece, por ejemplo, estar ansioso por iniciar una guerra comercial con China, que importó 187.000 millones de dólares en productos y servicios estadounidenses el año pasado. Por último, vale la pena mencionar que —con las condiciones actuales— aumentar las exportaciones, incluso si se logra, no creará empleos adicionales netos para la economía estadounidense. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal cree que estamos en un nivel de empleo pleno y cualquier otro fortalecimiento de la economía hará que la Reserva aumente las tasas de interés. En consecuencia, los empleos que quizá sean agregados al mercado por elementos como las armas de fuego se compensan con empleos perdidos en otra parte a medida que las tasas de interés desalienten la inversión o hagan a Estados Unidos menos competitivo al fortalecer el dólar.
No obstante, vamos a abrir los ojos: Trump no toma acciones rápidas contra los sauditas debido a los empleos que proveen a trabajadores del sector de defensa. El que siga cambiando el número de empleos que dice que están en juego es en sí mismo un indicador indiscutible de que las ventas de armas son una excusa, no un motivo verdadero, para sus acciones. Entonces, ¿cuál es la verdadera razón por la que está tan dispuesto a perdonar la tortura y el asesinato? Una respuesta es que en realidad no desaprueba lo que hicieron los sauditas.
A estas alturas está más que comprobado que Trump se siente mucho más cómodo con los autócratas brutales que con los líderes de nuestros aliados democráticos. Recordemos que cuando Trump visitó Arabia Saudita en mayo, su secretario de Comercio se regocijó ante el hecho de que no había manifestantes por ningún lado en Riad, algo que suele pasar cuando a los que protestan se les decapita. Ah, y un presidente que proclama que los medios noticiosos son “los enemigos del pueblo” quizá opina que torturar y asesinar a un periodista crítico no es tan mala idea. Además de eso, los sauditas han canalizado decenas de millones de dólares personalmente a Trump, y lo siguen haciendo. Esos millones muy reales que Trump recibe son una explicación mucho más verosímil de su trato amistoso hacia Mohamed bin Salmán que los miles de millones míticos que recibirán los fabricantes de armas estadounidenses. Claro, los leales a Trump se enfurecen ante la sugerencia de que está dejando que sus intereses financieros modelen las políticas estadounidenses. Sin embargo, ¿alguna vez Trump ha hecho un sacrificio personal en aras del interés público? De cualquier modo, se supone que ni siquiera deberíamos tener que esperar que las grandes sumas de dinero que un presidente recibe de gobiernos extranjeros no estén influenciando sus decisiones.
La cláusula de los emolumentos de la Constitución de Estados Unidos, para empezar, prohíbe que el presidente acepte todos estos tipos de favores. Por desgracia, los republicanos han decidido que esta cláusula, como tantas otras partes de la Constitución, no aplica cuando su partido está en el poder.
Entonces, como decía, en este caso estamos ante un paso más en la degradación de nuestra nación. Aceptar la tortura y el asesinato es una traición a los principios estadounidenses; tratar de justificar esa traición apelando a un supuesto beneficio económico es una traición más. Si a eso sumamos el hecho de que el supuesto beneficio es mentira, y que las ganancias personales del presidente son una explicación mucho más probable para sus acciones, digamos que los auténticos patriotas deberían sentirse profundamente avergonzados de la nación en la que nos hemos convertido.
Paul Krugman
Fuente:
https://www.nytimes.com/es/2018/10/24/paul-krugman-trump-khashoggi-arabia-saudita/?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fnyt-es
Bueno, no es noticia que la derecha religiosa se ha postrado a los pies de Donald Trump. No obstante, el intento de Trump de hacer de lado posibles represalias por los delitos sauditas con el argumento de que hay enormes recompensas económicas derivadas de seguir siendo amigos de los asesinos —así como la disposición de los aliados políticos del presidente para aceptar esta lógica— representa una nueva etapa en la degradación de Estados Unidos.
No es solo que los argumentos de Trump sobre la cantidad de empleos en riesgo —primero eran 40.000, luego 450.000, después 600.000 y llegaron hasta un millón— sean mentiras. Incluso si los argumentos fueran ciertos, estamos en Estados Unidos: se supone que somos un ejemplo moral para el mundo, no una nación mercenaria dispuesta a abandonar sus principios si hay una buena cantidad de dinero de por medio.
Dicho eso, los argumentos son falsos. Primero, no hay ningún acuerdo de compra de armas por 100.000 millones de dólares con los sauditas. Lo que el gobierno de Trump en realidad tiene son básicamente “memorandos de intención”: posibles acuerdos a futuro más que compromisos. Muchos de estos posibles acuerdos requerirían que la producción de las armas se hiciera en Arabia Saudita en lugar de Estados Unidos y que las ventas, de materializarse, se llevaran a cabo a lo largo de varios años. Entonces parece poco probable que los acuerdos con Arabia Saudita aumenten las exportaciones estadounidenses anuales de armas por poco más de unos cuantos miles de millones de dólares al año.
Si tenemos en cuenta que las industrias involucradas, principalmente la aeroespacial, son intensivos en capital por lo que no emplean a muchos trabajadores por cada dólar de ventas, la cantidad de empleos estadounidenses involucrados es, si acaso, decenas de miles, no cientos de miles. Es una cifra equivalente a un error de redondeo en un mercado laboral estadounidense que emplea a casi 150 millones de trabajadores. Además, cesar las ventas de armas a los sauditas conlleva un riesgo mucho menor en comparación con otras áreas en las que Trump ya está afectando las relaciones comerciales con absoluta indiferencia. Parece, por ejemplo, estar ansioso por iniciar una guerra comercial con China, que importó 187.000 millones de dólares en productos y servicios estadounidenses el año pasado. Por último, vale la pena mencionar que —con las condiciones actuales— aumentar las exportaciones, incluso si se logra, no creará empleos adicionales netos para la economía estadounidense. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal cree que estamos en un nivel de empleo pleno y cualquier otro fortalecimiento de la economía hará que la Reserva aumente las tasas de interés. En consecuencia, los empleos que quizá sean agregados al mercado por elementos como las armas de fuego se compensan con empleos perdidos en otra parte a medida que las tasas de interés desalienten la inversión o hagan a Estados Unidos menos competitivo al fortalecer el dólar.
No obstante, vamos a abrir los ojos: Trump no toma acciones rápidas contra los sauditas debido a los empleos que proveen a trabajadores del sector de defensa. El que siga cambiando el número de empleos que dice que están en juego es en sí mismo un indicador indiscutible de que las ventas de armas son una excusa, no un motivo verdadero, para sus acciones. Entonces, ¿cuál es la verdadera razón por la que está tan dispuesto a perdonar la tortura y el asesinato? Una respuesta es que en realidad no desaprueba lo que hicieron los sauditas.
A estas alturas está más que comprobado que Trump se siente mucho más cómodo con los autócratas brutales que con los líderes de nuestros aliados democráticos. Recordemos que cuando Trump visitó Arabia Saudita en mayo, su secretario de Comercio se regocijó ante el hecho de que no había manifestantes por ningún lado en Riad, algo que suele pasar cuando a los que protestan se les decapita. Ah, y un presidente que proclama que los medios noticiosos son “los enemigos del pueblo” quizá opina que torturar y asesinar a un periodista crítico no es tan mala idea. Además de eso, los sauditas han canalizado decenas de millones de dólares personalmente a Trump, y lo siguen haciendo. Esos millones muy reales que Trump recibe son una explicación mucho más verosímil de su trato amistoso hacia Mohamed bin Salmán que los miles de millones míticos que recibirán los fabricantes de armas estadounidenses. Claro, los leales a Trump se enfurecen ante la sugerencia de que está dejando que sus intereses financieros modelen las políticas estadounidenses. Sin embargo, ¿alguna vez Trump ha hecho un sacrificio personal en aras del interés público? De cualquier modo, se supone que ni siquiera deberíamos tener que esperar que las grandes sumas de dinero que un presidente recibe de gobiernos extranjeros no estén influenciando sus decisiones.
La cláusula de los emolumentos de la Constitución de Estados Unidos, para empezar, prohíbe que el presidente acepte todos estos tipos de favores. Por desgracia, los republicanos han decidido que esta cláusula, como tantas otras partes de la Constitución, no aplica cuando su partido está en el poder.
Entonces, como decía, en este caso estamos ante un paso más en la degradación de nuestra nación. Aceptar la tortura y el asesinato es una traición a los principios estadounidenses; tratar de justificar esa traición apelando a un supuesto beneficio económico es una traición más. Si a eso sumamos el hecho de que el supuesto beneficio es mentira, y que las ganancias personales del presidente son una explicación mucho más probable para sus acciones, digamos que los auténticos patriotas deberían sentirse profundamente avergonzados de la nación en la que nos hemos convertido.
Paul Krugman
Fuente:
https://www.nytimes.com/es/2018/10/24/paul-krugman-trump-khashoggi-arabia-saudita/?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fnyt-es
martes, 18 de septiembre de 2018
_- Los peligros de limitar derechos. Sindicación de las trabajadoras* sexuales
_- Gloria Marín
Viento Sur
El debate sobre prostitución en el Estado español no es nuevo. Esta semana, la creación de un sindicato de trabajadoras sexuales ha dado lugar a un nuevo episodio, con declaraciones de la Ministra de Trabajo y la intervención del Gobierno, que se propone revocar la legalidad de este sindicato. Este marco de debate facilita tener en cuenta la doble perspectiva de la prostitución, que con frecuencia se olvida: es un asunto de género, sí, pero también de clase, concretamente de derechos laborales.
Este no es un artículo para defender la prostitución. No defiendo la prostitución, como no defiendo el trabajo asalariado. Todo lo contrario, defiendo una sociedad en la que ninguna persona se vea obligada a vender su fuerza de trabajo en ninguna de sus formas. Lo que digo es que mientras estemos en esta sociedad en la que hay explotación, cualquier restricción a los derechos sindicales perjudica a las trabajadoras y trabajadores. En él uso la expresión "trabajadoras del sexo", esto es importante en la segunda parte, como explico en el apartado de concepto de trabajo, pero toda la parte de derechos sindicales se podría leer igual sustituyéndola por "prostitutas". Ante los derechos laborales, debe ser indiferente si somos abolicionistas o no.
La libertad de formar sindicatos y afiliarse a ellos: un derecho democrático
La ley de Libertad Sindical, de 1985, permite formar sindicatos a cualquier trabajador (sic). Solo excluye a sectores muy específicos: militares y jueces y fiscales. Y durante todos estos años la polémica se ha limitado a estos sectores 1/. Formar un sindicato es bastante sencillo, el art. 2.1 recoge "El derecho a fundar sindicatos sin autorización previa", y para registralos basta con cumplir unos requisitos formales y no entrar en contradicción con la Constitución. El control solo se ejerce a posteriori por el poder judicial, en caso de incumplimiento de las leyes (art. 2.2.c). Esta normativa es un logro democrático, resultado de la fuerza de los sindicatos en la transición y de la memoria de la lucha contra el Sindicato Único del franquismo.
Todo ha cambiado con el registro de OTRAS, un sindicato que -según sus estatutos- desarrollará sus actividades "en el ámbito funcional de las actividades relacionadas con el trabajo sexual en todas sus vertientes" y que persigue " la plena consecución de los derechos laborales de los y las trabajadoras, la mejora de la actividad laboral en todos los ámbitos del trabajo sexual, el diálogo social" o "la asistencia, asesoramiento y defensa individual y colectiva de los trabajadores y trabajadoras". El Gobierno ha afirmado que hará todo lo posible por impugnar el registro de este sindicato. Eso supone un cambio brutal en las reglas de juego, ya que supone sustituir la normativa vigente, con rango de Ley Orgánica, por una forma de examen previo, cambio que me parece que no se ha valorado bien y que puede tener consecuencias muy negativas para los derechos de las trabajadoras y trabajadores en general 2/.
El problema que aduce el Gobierno -y un sector del feminismo- es que hablan de trabajo sexual "en todas sus vertientes". Pero el trabajo sexual es legal. Todo, también la prostitución, al menos mientras estemos en un Estado en que lo que no es ilegal es legal. Por supuesto, lo que es delito no puede ser trabajo (la trata, el uso de violencia, intimidación, engaño o abuso de superioridad o vulnerabilidad, ver Código Penal, art.187). Pero evidentemente no es a esto a lo que se refiere OTRAS con "en todas sus vertientes". Es más, hay que señalar que si forman un sindicato, si hablan públicamente... es precisamente porque no son víctimas de trata 3/. Por supuesto, si esto no fuera así, si actuaran de forma delictiva o apoyando el delito, el sindicato podría ser disuelto por un juzgado, pero en una forma extrema de Minority Report, no solo se anticipan al delito, sino que se anticipan a que no va haber delito, por lo que no van a tener ocasión de ilegalizarlo.
Por tanto se trata de impedir que se cree un sindicato:
a) Saltándose el derecho básico a fundar sindicatos sin autorización previa. Me parecen terribles las declaraciones de la ministra diciendo que "preguntará a la persona encargada de dicho expediente por qué no se le informó de su tramitación" o que "no contiene errores de forma pero sí de fondo". ¿No conoce la ley de Libertad Sindical? ¿La conoce pero se la salta? Es muy grave que una Ministra de Trabajo desprecie así los derechos fundamentales que tanto costó conseguir. b) Basándose en que puede incluir entre las actividades que protege una que, aunque es legal, actualmente no se considera trabajo. Esto es algo que la ley no prevé. Las actividades excluidas están definidas en la ley (art. 1). Para poder impugnar su creación habría que a) obligarles a explicitar si incluyen el "acceso carnal"; b) crear una nueva norma (o jurisprudencia) que impidiera formar un sindicato si alguna de las actividades no está reconocida como actividad laboral.
c) Con un objetivo de moralizar la sociedad. Si es un peligro para los derechos sindicales excluir lo que no está protegido como trabajo legal, aun más peligroso es excluir lo que no es moral. Lamentablemente en el capitalismo el fin de gran parte de la actividad económica es inmoral, desde los bancos y los fondos que desahucian, las empresas de recobros que acosan, la prensa amarilla, las fábricas de armas, los productos de consumo innecesarios... Según esta lógica, sus trabajadores y trabajadoras deberían quedar excluidas del derecho sindical. Algo tan vago lo moral supone un peligro aún mayor de ser utilizado en el futuro en contra de las trabajadoras y trabajadores.
Y el ataque es mayor de lo que parece. La libertad de sindicación tiene dos vertientes: formar un sindicato y afiliarse a uno ya creado. Según la ley, la única diferencia entre quienes detentan estos derechos es la situación laboral (art. 3.1: autónomos, jubilados o parados no pueden formar sindicatos solo para defender a estos colectivos, pero sí sindicarse). No hay ninguna diferencia por actividad -recordemos que se trata de una ley de máximo rango- por lo que si se impide crear un sindicato por incluir determinada actividad también sería imposible para esta actividad afiliarse a sindicatos, lo que supondría retirar este derecho a las trabajadoras del sexo que ya están afiliadas.
Me parece que quien estará frotándose las manos con todo esto es la patronal, la de la prostitución, como después explicaré, pero sobre todo la gran patronal, el capital. Creo que UGT comete un gran error apoyando al gobierno, porque, ¿qué sindicatos querrán impedir C’s y el PP cuando gobiernen? ¿El mismo PSOE, no cederá a presiones del capital para evitar la sindicación de tal o cual sector? Pienso que si se abre esta vía, para quien supone un peligro mayor es para los colectivos clave de la clase obrera, sectores masculinos, a los que históricamente se ha visto que hay que quebrar primero, colectivos a los que primero se desprestigia tachándolos de privilegiados y cuyos derechos se machacan "para proteger a los demás" (controladores aéreos, ferroviarios, mineros...).
También con OTRAS se está haciendo la labor de desprestigio. Se está diciendo que detrás está una asociación que da cursos cobrando (como si los demás cursos, incluidos los de feminismo, no se cobraran, aunque sea porque están subvencionados); que el tesorero es un hombre; que ¿quién sería la patronal, los proxenetas?; incluso cosas tan disparatadas y sin ningún fundamento como "lo único que pretende legalizar es un negocio criminal como es el proxenetismo y la trata de personas", como si no tuviéramos bastante con Inda o Marhuenda para esto. Todas ellas son razones que no tienen que ver con el derecho a sindicarse, porque lo fundamental es que tiene que ser indiferente quien sea OTRAS, lo único importante es si hacen algo ilegal o no.
Y no es que OTRAS sea el sindicato que me gusta a mí. Como no soy neutral entre los sindicatos en otros asuntos, tampoco lo soy en este. Yo apoyo la sección sindical que han formado en IAC un grupo de trabajadores del sexo. Pero es importante para todas que puedan existir otras alternativas. Así lo han entendido las compañeras de IAC, que se han pronunciado a favor del derecho de OTRAS a constituirse.
Concepto de trabajo
El motivo por el que consideran que no debería existir este sindicato es que supondría aceptar que la prostitución es un trabajo. El término trabajo tiene muchos usos, unos de la vida cotidiana, otros legales, unos con efectos simbólicos, otros con efectos prácticos. Me parece que la mezcla puede producir daños colaterales.
En el terreno legal, trabajo es un concepto mas parecido al de empleo en la consigna feminista "Queremos empleo, trabajo nos sobra". Para la libertad sindical, y para todos los derechos laborales, es importante que el concepto de empleo sea lo más amplio posible (y si no que se lo digan a los y las trabajadoras de Uber, Deliveroo...). Si bien la ley no preve definir ni examinar a priori si algo es un empleo, los tribunales sí pueden rechazar que algo lo sea. Al parecer al Gobierno le preocupa que si un sindicato puede defender todas las vertientes del trabajo sexual, se pueda mover el límite del trabajo para incluir esta actividad, pero, ¿qué repercusión práctica tendría esto?
Como decía antes, la patronal del sexo estará frotándose las manos. En las últimas décadas los juzgados de lo social han tramitado diversas reclamaciones de trabajadoras contra propietarios de clubs de alterne en los que se ejerce la prostitución, sobre todo por despidos, procedimientos que en algunos casos han llegado a las Audiencias Provinciales y al Tribunal Supremo. En todos estos procesos, como es normal en los juzgados de lo social, las demandantes alegaban que trabajaban para los propietarios y estos se defendían alegando que no había relación laboral. Una vez demostrado que se daban las condiciones propias de una relación laboral (ajenidad, dependencia...) la vía que encontraron los y las empresarias del sexo fue alegar que no podían ser sus trabajadoras porque la prostitución no puede ser un trabajo, ya que según sentencias anteriores, atenta contra la dignidad de las mujeres. Por tanto la patronal asume y aprovecha el discurso abolicionista convertido en normal legal por la jurisprudencia. Como era evidente que se estaba aprovechando la protección de la dignidad de las mujeres para negarles sus derechos laborales, especialmente para permitir el despido libre y sin indemnización, y como se trataba de clubs en los que además de la prostitución, las mujeres ejercían el alterne, los tribunales recurrieron a la vía de reconocerlas como trabajadoras por ejercer el alterne. Y aunque los empresarios-proxenetas se empeñaron en afirmar que allí había prostitución (para quienes dicen que la prostitución es ilegal: si lo fuera los dueños de clubs no insistirían en decírselo a un tribunal), los tribunales sentenciaban que esto no era contradictorio con que hubiere alterne, y por tanto podía había relación laboral 4/.Esta forma de proteger, aunque sea parcialmente, los derechos laborales de las trabajadoras sexuales ha sido fijada por el Tribunal Supremo en una sentencia de 2017. Por tanto actualmente en este terreno el concepto legal de trabajo, al menos como trabajo por cuenta ajena, lo establece la jurisprudencia y deja fuera la prostitución como acceso carnal. Quienes trabajan en clubs, como además "alternan", tienen cierta protección. Ni la actividad de la prostitución en sí ni quienes trabajan en pisos, para agencias... tienen ninguna protección 5/. Esta es la situación que el Gobierno quiere mantener y que los empresarios-proxenetas quieren seguir aprovechando.
Mientras que los conceptos legales tienen que estar bien definidos, el lenguaje fuera de las leyes es más esquivo. Nadie es ama o amo del lenguaje y las batallas por la resignificación del lenguaje siempre han sido importantes en el feminismo (quizá más importantes para el feminismo que necesitaba menos de las batallas materiales). En este tema la batalla dura años y es enconada.
Es lógico que las propias afectadas quieran dejar atrás el término prostituta, uno de los términos que peores connotaciones tiene: desde los insultos "puta" o "hijo de puta" a "el político X se prostituyó". El término prostuida, que cambia la connotación de mal moral por la de víctima, no es menos ofensiva. Pero además el término trabajadora tiene otras ventajas y por eso se ha convertido en caballo de batalla. Lo expresa a la perfección Paula Ezquerra en la presentación de la sección sindical de la IAC cuando dice "El reconocimiento del trabajo sexual como trabajo nos saca de una condición de criminales y de víctimas y nos introduce en la situación de ciudadanas", o "Que un sindicato, una estructura reconocida por el Estado, nos diga que somos compañeras, que somos trabajadoras, es un paso adelante y un triunfo enorme".
Es este el terreno que realmente está en disputa: ¿somos compañeras, como mujeres, y como trabajadoras o somos víctimas y redentoras? Derivarlo a una cuestión legal, como en tantos casos, solo puede servir para empeorar los problemas y, en este caso, para crear problemas nuevos.
Algunas cuestiones más desde un feminismo anticapitalista
- Una vez más el feminismo del PSOE se presenta como si fuera todo el feminismo. Lo hace cuando está en la oposición, pero lo hace aún más cuando está en el gobierno. Una parte del movimiento feminista, que incluye al PSOE, es abolicionista. Y esta parte es hegemónica en el acceso a los medios y a las instituciones. Pero hay mucha vida feminista fuera de ella, como demostró la mayor movilización feminista de las últimas décadas, la huelga feminista del 8 de marzo de 2018 y sus multitudinarias manifestaciones y concentraciones.
- Nadie dice que las trabajadoras sexuales vayan a estar mejor sin el sindicato. Por el contrario, es de suponer que si lo crean es porque esperan que les beneficie. Sin embargo se les dice que tienen que renunciar a los posibles beneficios materiales o simbólicos que puedan obtener de sindicarse por un supuesto beneficio simbólico para otras. Estoy de acuerdo con que en algunas ocasiones debe haber sacrificios materiales en pos de beneficios simbólicos, pero no estoy de acuerdo con que se le pida precisamente a uno de los sectores menos privilegiados cuando no se le pide a los hombres ni a otras mujeres, que posiblemente hacen más por perpetuar la opresión de estas.
- Estoy de acuerdo con que la prostitución es una institución del patriarcado capitalista. Pero una institución más, no la única ni siquiera la principal. Incluso respecto al sexo, entiendo que la institución principal (por su pretendida universalidad, sus connotaciones de ser algo positivo y deseable...) es el matrimonio heterosexual, sobre todo por dos de sus características: la mujer debe satisfacer sexualmente al hombre y este tiene derecho a controlar la sexualidad de la mujer. Aunque ahora formalmente en estos dos aspectos debe haber reciprocidad, el cambio es demasiado reciente y superficial para suponer una transformación real. Basta ver la frecuencia de la violación conyugal en que la víctima es la esposa (no el esposo), o en cuántos casos los hombres y las mujeres ejercen la violencia para controlar sexualmente a su pareja. Los datos no dejan dudas de quién sirve sexualmente a quién.
- Este artículo pretende criticar lo que considero un ataque, equivocado e injusto, a los derechos sindicales, no es un artículo sobre la prostitución, pero dado que el debate está tan ligado quiero esbozar unas líneas de qué hacer. Pienso que las líneas de acción son varias: prevenir y combatir eficazmente la trata, para lo que precisamente es un enorme obstáculo confundir prostitución no forzada y trata; mejorar las condiciones sociales, laborales y de políticas migratorias de todas las mujeres, de manera que ninguna se vea obligada a ejercer la prostitución o a seguir en ella si no lo desea; proteger el derecho de las trabajadoras sexuales que quieran seguir siéndolo a organizarse para mejorar su situación y defender sus derechos y establecer alianzas con ellas como parte del movimiento feminista y del movimiento obrero. Y aquí es donde entra la importancia que tiene la libertad de organización, incluida la sindical. Porque desde Marx sabemos que la liberación de las oprimidas será obra de las oprimidas mismas... o no será liberación.
Notas:
1/ Especialmente se ha dado en la Guardia Civil, excluida del derecho a sindicarse por su carácter militar.
2/ Por cierto, me parece significativo que se pretenda limitar la libertad de sindicación ahora cuando no se había planteado ni siquiera ante el abuso de este derecho por la -presunta- organización criminal Manos Limpias, con una enorme presencia en la vida judicial y mediática de este estado durante años.
3/ Por desgracia los sindicatos no son una panacea que soluciona todo. Difícilmente servirá a las víctimas de trata, a las que les intentarán impedir acceder a ellos, y por supuesto no servirán a quien como en la historia que corre por Twitter, el trabajo sexual les haga vomitar, como no serviría a mí ningún sindicato si tuviera que hacer otros trabajos que prefiero no enumerar pero que me producen una aversión insuperable.
4/ La magistrada de lo social y presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas, Glòria Poyatos dice que la vía de conceder derechos laborales a las trabajadoras del alterne es una forma de proteger de facto a mujeres que ejercen la prostitución, puesto que el ordenamiento actual impide dar de alta a mujeres como prostitutas y reconocer su ejercicio como una actividad laboral. https://www.eldiario.es/economia/Supremo-delimita-diferencia-prostitucion-relacion_0_610339227.html.
5/ Recuerdo que estamos hablando de derechos laborales. Si hay una agresión, si un cliente se niega a pagar... las trabajadoras sexuales tiene los mismos derechos que cualquiera que realice una actividad legal.
Gloria Marín es miembro de la redacción de Viento Sur
Fuente:
http://vientosur.info/spip.php?article14135
* No hay acuerdo en llamar trabajadores a estas personas por su actividad.
martes, 17 de julio de 2018
La esclavitud fue y es una de las principales fuentes de riqueza
Javier Cortines
Rebelión
Cuando los españoles llegaron a América había unos 70 millones de habitantes. Un siglo y medio después la población se redujo a los 3,5 millones. Debido a la progresiva falta de mano de obra en los campos de la muerte, los españoles -y en mayor medida los ingleses-, se volcaron al comercio de esclavos negros.
Ese fenómeno, con esas cifras, lo explica muy bien Eduardo Galeano en “Las venas abiertas de América Latina”, obra a mi juicio imprescindible para conocer un poco qué pasó a ambas orillas del océano, convertido durante siglos en un inmenso Mar Mediterráneo donde se arrojaba por la borda a todo esclavo que dejaba de “ser explotable”, para saciar el hambre de los tiburones (sinónimo, cada vez más vigente, de mercaderes).
En general la mayoría de los pueblos europeos participaron, por etapas, en el genocidio (americanos nativos y negros africanos). Esos crímenes contra la Humanidad -que no se enseñan en las escuelas- están tan empapados de sangre que tardarán Eras en secarse. En limpiarse, nunca.
Gracias al comercio de esclavos negros el marqués de Comillas se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo. Eso explica, entre otras cosas, que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no quiera en su urbe ninguna estatua de ese aristócrata que, sin duda, contribuyó económicamente al esplendor de “la ciudad condal”.
Los mercaderes y la nobleza inglesa contribuyeron en gran medida al auge del imperio británico con el lucrativo comercio de esclavos negros, a los que se marcaba con hierro candente en el pecho, cual ganado, con las iniciales de su propietario.
En los campos de caucho, algodón, etc., los terratenientes europeos empleaban mano de obra esclava que trabajaba jornadas infernales y sin apenas comida. Millones morían agotados, sus mujeres eran violadas diariamente, los que huían eran cazados y sentenciados al látigo y la horca.
Leopoldo II de Bélgica (1835-1908) fue uno de los mayores genocidas de la Historia. En el Congo Belga -que fue literalmente propiedad suya desde finales del siglo XIX a principios del XX- murieron en los campos de caucho y en las minas alrededor de diez millones de esclavos (las cifras varían según los historiadores), es decir el 40% de la población de aquel entonces.
Como las plantaciones de caucho se encontraban en zonas silvestres los esclavos del Rey -que disponía de una legión de sicarios a su servicio- tenían que trepar a los árboles. Para que pudieran hacer su tarea se les quitaban las cadenas durante la jornada laboral y, para asegurarse de que no escaparan, se retenía como rehenes a sus mujeres e hijos.
En el caso de que optaran por la fuga se procedía a la amputación de manos y/o pies de su familia, independientemente de que fueran menores o niños. Bajo el reinado de Leopoldo II se registraron amputaciones y violaciones masivas de mujeres y menores, así como el exterminio completo de poblados donde se daban brotes de rebeldía.
Leopoldo II, que prácticamente se hizo con el monopolio mundial de caucho, amasó con el genocidio una inmensa fortuna sin tener que rendir cuentas a nadie. En 1906, presionado por la ONU, vendió “su propiedad” al Estado belga. El Congo no conseguiría su independencia hasta 1960.
Desde que “se abolió el trafico humano” los mercaderes encontraron otra alternativa para hacerse ricos, gracias a la globalización y a la deslocalización, y, en vez de explotar a negros y negras encadenadas, trasladaron sus centros de producción a los países del Tercer Mundo, a fábricas donde los menores y los débiles trabajan en infrahumanas condiciones de semiesclavitud.
¿No podríamos devolver un poquito de la riqueza que saqueamos a los migrantes que huyen de la hambruna y de las guerras? ¿Acaso somos tan miserables que sólo nos interesa “la memoria histórica” como un lujo cultural para hacer política en nuestro barrio?
El racismo -como sabemos todos- (por libros o por instinto) es económico. Somos racistas con los pobres, no con los ricos. Nadie expulsa a los jeques que amarran sus yates palacio en la Costa Azul. El problema de fondo (el de los migrantes) es abrumador, un espejo de lo que fuimos o somos. Mientras la revolución no se haga en serio y no construyamos un sistema económico internacional justo, seguiremos poniendo parches y dando palos de ciego.
Blog del autor:
http://www.nilo-homerico.es/
Rebelión
Cuando los españoles llegaron a América había unos 70 millones de habitantes. Un siglo y medio después la población se redujo a los 3,5 millones. Debido a la progresiva falta de mano de obra en los campos de la muerte, los españoles -y en mayor medida los ingleses-, se volcaron al comercio de esclavos negros.
Ese fenómeno, con esas cifras, lo explica muy bien Eduardo Galeano en “Las venas abiertas de América Latina”, obra a mi juicio imprescindible para conocer un poco qué pasó a ambas orillas del océano, convertido durante siglos en un inmenso Mar Mediterráneo donde se arrojaba por la borda a todo esclavo que dejaba de “ser explotable”, para saciar el hambre de los tiburones (sinónimo, cada vez más vigente, de mercaderes).
En general la mayoría de los pueblos europeos participaron, por etapas, en el genocidio (americanos nativos y negros africanos). Esos crímenes contra la Humanidad -que no se enseñan en las escuelas- están tan empapados de sangre que tardarán Eras en secarse. En limpiarse, nunca.
Gracias al comercio de esclavos negros el marqués de Comillas se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo. Eso explica, entre otras cosas, que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no quiera en su urbe ninguna estatua de ese aristócrata que, sin duda, contribuyó económicamente al esplendor de “la ciudad condal”.
Los mercaderes y la nobleza inglesa contribuyeron en gran medida al auge del imperio británico con el lucrativo comercio de esclavos negros, a los que se marcaba con hierro candente en el pecho, cual ganado, con las iniciales de su propietario.
En los campos de caucho, algodón, etc., los terratenientes europeos empleaban mano de obra esclava que trabajaba jornadas infernales y sin apenas comida. Millones morían agotados, sus mujeres eran violadas diariamente, los que huían eran cazados y sentenciados al látigo y la horca.
Leopoldo II de Bélgica (1835-1908) fue uno de los mayores genocidas de la Historia. En el Congo Belga -que fue literalmente propiedad suya desde finales del siglo XIX a principios del XX- murieron en los campos de caucho y en las minas alrededor de diez millones de esclavos (las cifras varían según los historiadores), es decir el 40% de la población de aquel entonces.
Como las plantaciones de caucho se encontraban en zonas silvestres los esclavos del Rey -que disponía de una legión de sicarios a su servicio- tenían que trepar a los árboles. Para que pudieran hacer su tarea se les quitaban las cadenas durante la jornada laboral y, para asegurarse de que no escaparan, se retenía como rehenes a sus mujeres e hijos.
En el caso de que optaran por la fuga se procedía a la amputación de manos y/o pies de su familia, independientemente de que fueran menores o niños. Bajo el reinado de Leopoldo II se registraron amputaciones y violaciones masivas de mujeres y menores, así como el exterminio completo de poblados donde se daban brotes de rebeldía.
Leopoldo II, que prácticamente se hizo con el monopolio mundial de caucho, amasó con el genocidio una inmensa fortuna sin tener que rendir cuentas a nadie. En 1906, presionado por la ONU, vendió “su propiedad” al Estado belga. El Congo no conseguiría su independencia hasta 1960.
Desde que “se abolió el trafico humano” los mercaderes encontraron otra alternativa para hacerse ricos, gracias a la globalización y a la deslocalización, y, en vez de explotar a negros y negras encadenadas, trasladaron sus centros de producción a los países del Tercer Mundo, a fábricas donde los menores y los débiles trabajan en infrahumanas condiciones de semiesclavitud.
¿No podríamos devolver un poquito de la riqueza que saqueamos a los migrantes que huyen de la hambruna y de las guerras? ¿Acaso somos tan miserables que sólo nos interesa “la memoria histórica” como un lujo cultural para hacer política en nuestro barrio?
El racismo -como sabemos todos- (por libros o por instinto) es económico. Somos racistas con los pobres, no con los ricos. Nadie expulsa a los jeques que amarran sus yates palacio en la Costa Azul. El problema de fondo (el de los migrantes) es abrumador, un espejo de lo que fuimos o somos. Mientras la revolución no se haga en serio y no construyamos un sistema económico internacional justo, seguiremos poniendo parches y dando palos de ciego.
Blog del autor:
http://www.nilo-homerico.es/
viernes, 23 de febrero de 2018
Henry Giroux: El neoliberalismo y el asedio a la educación superior
Desde hace varias décadas Henry Giroux viene denunciando el auge y despliegue de lo que hoy podemos denominar el autoritarismo del siglo XXI. La consumación de un proceso originado a partir de la reestructuración total del poder por parte de las élites norteamericanas, cuyo eje central y estratégico es el ataque directo sobre las instituciones fundamentales para la democracia y el control pleno sobre ellas.
En parte, este proyecto surge como respuesta a la ola democratizadora que afectó significativamente a mediados del siglo pasado los Estados Unidos. La amenaza que supuso esta fuerza democratizadora al poder y privilegios de los grupos hegemónicos empresariales, les hizo tomas consciencia de la urgente necesidad de transformar la política en una cuestión privada, que debía tener lugar al margen de los ciudadanos. Este es uno de los principales rasgos del nuevo autoritarismo; la conformación de un tipo de estado fundido y dominado completamente por el minoritario grupo empresarial dominante que concibe a sus propios ciudadanos como enemigos y ve con urgencia la necesidad de despolitizarlos, convirtiéndolos en meros consumidores, mediante la imposición de una propaganda que hace concentrar la atención sobre las cosas más superficiales. Lo que Chomsky ha llamado una “filosofía de la futilidad” (Chomsky, 2004, p.203).
En buena medida uno de los principales blancos de ataques han sido las universidades, las cuales tienen una enorme importancia, en tanto dispositivos culturales, en la configuración de los deseos, las identidades, el accionar de los sujetos y la creación de imaginarios. Henry Giroux, uno de los más destacados críticos culturales y representante de la pedagogía radical norteamericana, pone el acento a lo largo de su vasta obra, sobre el peligro que acecha a las universidades, y a la educación pública en general. El curso de los acontecimientos no ha hecho hasta ahora más que confirmar sus “predicciones”.
La actual etapa de capitalismo neoliberal se caracteriza por un constante ataque hacia la democracia, y consecuentemente hacia sus instituciones fundamentales (Giroux, 2015a, p. 16). Las raíces de este ataque tienen que ver con el peligro que la democracia le representa al poder. Hay que hacer notar que en una democracia verdadera la opinión pública tiene peso e incide directamente sobre las decisiones del gobierno. Por esta razón a los poderosos nunca les ha gustado la democracia pues implica restarles poder y ponerlo en manos de la población mayoritaria.
Hoy en día el poder de las corporaciones alcanza niveles apenas imaginables hace algunas décadas. Esto no es más que la culminación de un proceso que inició aproximadamente en la década de los 60 la cual estuvo marcada por un enorme activismo social y expansión democrática. Ello movió a las élites estadounidenses a poner en marcha un ambicioso plan para contener lo que llamaron un “exceso de democracia” (Giroux, 2006, p. 18). Ante la ausencia de propuestas alternativas definitorias de los conceptos básicos constitutivos de un discurso progresista, fue tomando fuerza creciente un discurso público cuyo pilar era la ausencia de ciudadanía crítica y un patriotismo despojado de las notas emancipatorias propias de la democracia. En la práctica, este discurso ha derivado en una serie de agresiones militares externas y en la militarización interna de la sociedad norteamericana (Giroux, 2006, p. 15). Mediante la amnesia total respecto del importante papel que históricamente ha jugado la lucha popular en la historia de la democracia, ha tenido lugar una deconstrucción de la noción de ciudadanía y, con ello, la subordinación de las libertades individuales a la seguridad nacional y el orden interno. Bajo este esquema las universidades, la prensa independiente y los movimientos sociales se conciben como un peligroso desafío a la autoridad gubernamental (Giroux, 2006, p. 18). Es fácil entender la necesidad imperiosa sentida por los dueños de la sociedad estadounidense para lanzar la ofensiva en contra de las instituciones fundamentales encargadas de limitar el sufrimiento de los más débiles. La crisis que vive actualmente la educación superior debe verse enmarcada en esta crisis mayor de la democracia (Giroux, 2015a, p. 16).
Seguir leyendo aquí
Marlon Javier López es profesor de filosofía en la Universidad de El Salvador (UES)
lunes, 3 de octubre de 2016
El gran negocio detrás del aceite de palma. Una investigación del colectivo Carro de Combate destapa las repercusiones de este producto omnipresente en nuestra cesta de la compra.
“Nos parecía muy interesante hablar del aceite de palma porque es un producto del que la población general apenas tiene información. Parece que no lo consumimos”, explica Aurora Moreno, una de las autoras de la investigación. Ha sido a raíz de un cambio en la regulación europea de etiquetado cuando este producto se ha hecho más visible. “Hasta hace poquito se podía poner en la lista de ingredientes simplemente aceite vegetal. Ahora tienen que poner qué tipo de aceite utilizan. Por eso pensamos que era un momento muy oportuno, porque muchos consumidores se iban a dar cuenta de que el aceite de palma está en todas partes”, explican desde Carro de Combate.
Lo primero que sorprende es descubrir que la mitad de los productos procesados que consumimos contiene aceite de palma. Lo encontramos en las galletas, chocolates, bollería, dulces, margarina y sopas envasadas, por ejemplo. Pero también está presente en productos de higiene como champú, gel o pasta de dientes, y a partir de él se puede producir biodiésel. Esto nos puede dar una idea de la importancia que esa materia prima ha alcanzado en la economía mundial. “Está muy alejado de nosotros, porque no se produce en las zonas donde vivimos y, sin embargo, lo consumimos masivamente”, destacan las investigadoras.
Pero ¿por qué aceite de palma y no otro?
Hace 30 años apenas se producía un millón y medio de toneladas, y hoy en día es el aceite más consumido del mundo, con un tercio de la producción mundial. El cultivo de palma no sólo es sencillo, sino que tiene unos rendimientos por hectárea mucho mayores que otras plantas productoras de aceite, explican. Además, en los países en desarrollo era más fácil y barato continuar ampliando sus cultivos en bosques vírgenes que mejorar la productividad de los que ya había. Por eso la expansión de la palma aceitera se ha dado a costa de bosques de alto valor ecológico, pues ambos necesitan las mismas condiciones climáticas para existir. “La devastación ha sido inmensa en países como Indonesia y Malasia, que controlan, a día de hoy, el 86% de la producción mundial”, apuntan.
La investigación de Carro de Combate ha llevado a Nazaret Castro, Laura Villadiego y Aurora Moreno a rastrear las plantaciones de palma no sólo en Asia, sino también en América Latina y África, para descubrir los impactos de este monocultivo. Ahora presentan sus primeras conclusiones.
Incendios y esclavos
En el sudeste asiático, el cultivo de palma se relaciona con la deforestación, los incendios masivos, las inundaciones y los problemas de abastecimiento de agua. “Indonesia sobrepasó en 2012 a Brasil en la rapidez con la que pierde sus bosques y tiene ahora la tasa de deforestación más elevada del mundo”, indican. 1,7 millones de hectáreas fueron arrasadas en 2015 por unos fuegos que se repiten cada año. “Quemar el suelo es la forma más rápida de limpiarlo. Por eso la utilizan”, explica Laura Villadiego. Y por este motivo Indonesia es, además, el tercer emisor mundial de gases de efecto invernadero, por detrás de Estados Unidos y Brasil.
En cuanto a Malasia, el gran drama tiene el rostro de trabajadores migrantes: “La mayor parte son de Indonesia. Trabajan en situaciones muy cercanas a la esclavitud. Generalmente, estas grandes plantaciones tienen en medio un pueblecito en el que viven. Y en muchos casos no pueden salir de ahí, están literalmente retenidos, y para asegurarse que así sea les confiscan los pasaportes”, explica Villadiego. En el caso de Malasia, estos trabajadores migrantes no tienen derecho a casarse o registrarse legalmente. Generalmente tras 10, 15, 20 años acaban teniendo relaciones con mujeres locales. “Ha nacido una generación completa de niños apátridas que no pueden ser reconocidos legalmente, porque la legislación no lo permite. Algunas estimaciones hablan de incluso 50.000 niños sin nacionalidad por esta cuestión”, denuncia.
En Ámérica Latina, Colombia es el mayor productor, por delante de Ecuador. En estos países, las plantaciones de palma han sido potenciadas desde el Estado, siendo el único cultivo subvencionado. Al no tratarse de una producción tan competitiva en los mercados internacionales como la asiática, lo que intentó la industria palmera fue crear mercados nacionales de agrocombustibles, con un importante apoyo gubernamental. “Se ha publicitado la palma como alternativa a los cultivos ilícitos –coca y marihuana– cuando en realidad no es así. Donde se está plantando palma antes se plantaban cultivos para la alimentación local, como yuca, maíz y árboles frutales”, explica Castro.
Además, este cultivo ha entrado de la mano, en muchos casos, de grupos paramilitares. “En Colombia, el auge de la palma de aceite ha llegado de la mano de la brutal violencia de los paramilitares, que, con total impunidad, sembraron el terror en varias regiones del país a finales de los años 90 y obligaron a desplazarse a pueblos enteros en territorios como el Chocó o Montes de María”, relata Castro. “Donde antes había tierras fértiles para el cultivo de alimentos que convivían en armonía con la vegetación local, ahora hay sólo palma. En esos territorios la palma es, más que un lucrativo negocio –que también–, un modelo para el control del territorio”, explican en su informe.
Pérdida de autonomía
En Ecuador, por su parte, la palma se está promoviendo como alternativa de desarrollo para la selva amazónica. Pero, como denuncia Castro, “cuando la palma entra, no sólo destruye la biodiversidad de ese territorio, también la capacidad de esas comunidades para poder desarrollar sus formas de vida”. La palma necesita muchos nutrientes y tras ella el suelo queda destruido, “difícilmente se puede plantar después ninguna otra cosa”, destaca la investigadora. Con ella coincide Nathalia Bonilla, activista de la organización Acción Ecológica en Ecuador: “Pasados los 25 o 30 años que permanece productiva la planta, los campesinos han perdido la riqueza de su suelo y han visto cómo se contaminaban sus fuentes hídricas al tiempo que han perdido autonomía, porque lo que antes podían vender por sí mismos a los consumidores, ahora sólo tiene un comprador posible: la empresa palmera a la que pertenece la planta procesadora”.
En zonas con un grave problema de desempleo es sencillo convencer a la población: “Esas inversiones llegan con el discurso de fomentar el desarrollo local y crear puestos de trabajo, así que la gente lo empieza a ver como una forma de desarrollarse. Tienen quejas, pero se las callan; no hay un discurso de resistencia”, reconoce Castro. Pero algo no encaja, como explica el profesor de la Universidad Andina Carlos Larrea: “El banano emplea diez veces más trabajadores por hectárea que la palma aceitera. Si lo que se espera es que la palma sea la solución al agudo problema del desempleo en [la región ecuatoriana de] Esmeraldas, la apuesta parece equivocada”.
En el caso de África, aunque se trata del territorio originario de la palma, las grandes plantaciones industriales comenzaron en los últimos diez años. La producción se concentra en la zona occidental, en países como Camerún. La industria ha descubierto un territorio con gran potencial de crecimiento, dado que allí encuentran mano de obra barata, población que conoce cómo trabajarla y gobiernos muy dispuestos.
En contrapartida, “está habiendo una respuesta bastante organizada, en Camerún al menos, de defensores del medio ambiente y de pueblos autóctonos y protegidos, como los pigmeos”. Contra una de las principales empresas francesas del sector, por ejemplo, sus trabajadores se han organizado en seis países y han mantenido reuniones en París con los dirigentes, explica Aurora Moreno.
Entre realidades tan lejanas y nuestra realidad diaria existe una conexión, y es nuestra cocina. Los mayores compradores de aceite de palma del mundo son viejos conocidos en nuestra cesta de la compra: las multinacionales Nestlé y Unilever. “Lo que no nos hace bien no es el aceite de palma en sí, sino esa falta de diversidad y esa manipulación de los alimentos. Nos alimentamos con unos pocos ingredientes, porque son los más rentables y más manejables para la industria”, insisten desde Carro de Combate. ¿Como huir de ellos? La clave, para estas investigadoras, está en cocinar más y comprar menos alimentos procesados. “No digo que comprando alimentos frescos estén ausentes de problemas, pero seguramente van a tener menos”, afirman. En definitiva, cocinar no deja de ser un acto político más.
Cooperación cómplice del negocio
El crecimiento meteórico de la industria palmera ha sido impulsado por las agencias de Cooperación al Desarrollo de diversos países europeos, el Banco Mundial y muchos fondos de inversión, como el Fondo Africano para la Agricultura. Estas instituciones han respaldado supuestos proyectos de desarrollo relacionados con la palma. Así ha sucedido en la isla de Sumatra (Indonesia) o en la R. D. del Congo, donde una empresa financiada por organismos de cooperación europeos, entre ellos la AECID española, ha sido acusada de acaparamiento de tierras y explotación de sus trabajadores.
Fuente:
http://www.diagonalperiodico.net/cuerpo/31516-gran-negocio-detras-del-aceite-palma.html
lunes, 18 de julio de 2016
La nueva mercantilización de la sanidad: de la gestión de hospitales a la lista de trasplantes
Santiago Sáez y Lara Palma
La Marea
Tras el fracaso del modelo Alzira en Madrid y Castilla-La Mancha, el sector privado busca ahora sectores vitales como los trasplantes, la investigación o el big data. “¿Qué no pagaría alguien que necesite un riñón para saltarse una lista de espera?”, se pregunta la radióloga Luisa Lores.
“La infiltración de la sanidad por las empresas privadas tiene mucha presencia de la sanidad norteamericana, que es una sanidad muy mercantilista y muy desigual”. Luisa Lores, radióloga del Complejo Hospitalario de Pontevedra y miembro de la Federación de Asociaciones por la Defensa de la Sanidad Pública, lleva años estudiando la privatización del aparato sanitario español. Una de las empresas estadounidenses que preocupan a Luisa es Centene Corporation. La multinacional, con base en St. Louis, Missouri, intentó entrar en la sanidad de nuestro país en 2013. Llegó a obtener la concesión de la Comunidad de Madrid, a través de la sociedad puertorriqueña HIMA San Pablo, para la construcción y gestión de tres hospitales (en Parla, San Sebastián de los Reyes y Aranjuez). El proyecto, puesto en marcha por el entonces presidente regional, Ignacio González (hoy investigado por su presunta relación con las tramas Gürtel y Púnica), fue paralizado por las huelgas de la sanidad y la justicia. El gobierno de González, finalmente, abandonó el plan, en el que también se habían adjudicado hospitales a Ribera Salud y Capio (hoy IDC Salud).
Centene, no obstante, no se quedó de brazos cruzados. En 2014, la multinacional estadounidense compró a Bankia la mitad de Ribera Salud por 60 millones de euros. Además, según informaciones publicadas en el diario El Confidencial, Centene tiene una opción para adquirir la otra mitad, propiedad del Banco Sabadell. De esta forma, la compañía de Missouri, que también ha comprado a Adeslas y Asisa, sitúa parte de sus negocios en la Comunidad Valenciana, donde ya controla tres hospitales en las provincias de Valencia y Alicante (Alzira, Torrevieja y Elche).
Cambio de modelo
El “modelo Alzira” de privatización de la sanidad (también llamado “PPP”) fue el elegido por la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, con casos en otras comunidades como Cataluña y Galicia. El modelo se basa en conceder a una empresa privada la construcción y gestión integral del centro durante un tiempo, a cambio de un canon anual.
No obstante, la implantación de la privatización de la sanidad por medio del modelo Alzira ha dejado de ser la preferida, tras la paralización de los procesos en Madrid y Castilla-La Mancha y los problemas surgidos en los centros en funcionamiento: “El modelo PPP es muy costoso, y les resulta menos rentable gestionar hospitales. Es una muy buena noticia para la sanidad pública que no se haya seguido por ese camino, porque para profesionales y pacientes es nefasto. Pero no debemos pensar que se van a quedar ahí. Quieren quedarse con todo”, afirma Lores.
“Antes intentaban hacer pequeñas empresas fragmentadas dentro de los hospitales e ir infiltrando con inversión privada aquellas que les interesaban más. Eso supuso muchos problemas sindicales, así que ahora lo que les interesa es la investigación, los datos, la sangre, los trasplantes… ese tipo de cosas”, explica la radióloga gallega.
Trasplantes privados
Uno de los ámbitos en los que, a juicio de Luisa Lores, la privatización de la sanidad produce mayor rechazo social es en el de los trasplantes. “Hay un enorme problema en quién gestiona la lista de espera de trasplantes”, explica la facultativa, que pone como ejemplo la Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo (FRIAT).
La FRIAT es una fundación privada sin ánimo de lucro, perteneciente a la familia Álvarez de Toledo, muy próxima al Partido Popular. Para Lores, tiene que ser “totalmente incompatible” la actividad privada con la gestión de las listas de espera y los datos de trasplantes: “Una persona que necesita un riñón tiene que pasarse años conectado a una máquina. ¿Qué no pagaría alguien para saltarse una lista de espera?”.
Fuente: http://www.lamarea.com/2016/06/30/la-nueva-mercantilizacion-la-sanidad-la-gestion-hospitales-la-lista-trasplantes/
La Marea
Tras el fracaso del modelo Alzira en Madrid y Castilla-La Mancha, el sector privado busca ahora sectores vitales como los trasplantes, la investigación o el big data. “¿Qué no pagaría alguien que necesite un riñón para saltarse una lista de espera?”, se pregunta la radióloga Luisa Lores.
“La infiltración de la sanidad por las empresas privadas tiene mucha presencia de la sanidad norteamericana, que es una sanidad muy mercantilista y muy desigual”. Luisa Lores, radióloga del Complejo Hospitalario de Pontevedra y miembro de la Federación de Asociaciones por la Defensa de la Sanidad Pública, lleva años estudiando la privatización del aparato sanitario español. Una de las empresas estadounidenses que preocupan a Luisa es Centene Corporation. La multinacional, con base en St. Louis, Missouri, intentó entrar en la sanidad de nuestro país en 2013. Llegó a obtener la concesión de la Comunidad de Madrid, a través de la sociedad puertorriqueña HIMA San Pablo, para la construcción y gestión de tres hospitales (en Parla, San Sebastián de los Reyes y Aranjuez). El proyecto, puesto en marcha por el entonces presidente regional, Ignacio González (hoy investigado por su presunta relación con las tramas Gürtel y Púnica), fue paralizado por las huelgas de la sanidad y la justicia. El gobierno de González, finalmente, abandonó el plan, en el que también se habían adjudicado hospitales a Ribera Salud y Capio (hoy IDC Salud).
Centene, no obstante, no se quedó de brazos cruzados. En 2014, la multinacional estadounidense compró a Bankia la mitad de Ribera Salud por 60 millones de euros. Además, según informaciones publicadas en el diario El Confidencial, Centene tiene una opción para adquirir la otra mitad, propiedad del Banco Sabadell. De esta forma, la compañía de Missouri, que también ha comprado a Adeslas y Asisa, sitúa parte de sus negocios en la Comunidad Valenciana, donde ya controla tres hospitales en las provincias de Valencia y Alicante (Alzira, Torrevieja y Elche).
Cambio de modelo
El “modelo Alzira” de privatización de la sanidad (también llamado “PPP”) fue el elegido por la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, con casos en otras comunidades como Cataluña y Galicia. El modelo se basa en conceder a una empresa privada la construcción y gestión integral del centro durante un tiempo, a cambio de un canon anual.
No obstante, la implantación de la privatización de la sanidad por medio del modelo Alzira ha dejado de ser la preferida, tras la paralización de los procesos en Madrid y Castilla-La Mancha y los problemas surgidos en los centros en funcionamiento: “El modelo PPP es muy costoso, y les resulta menos rentable gestionar hospitales. Es una muy buena noticia para la sanidad pública que no se haya seguido por ese camino, porque para profesionales y pacientes es nefasto. Pero no debemos pensar que se van a quedar ahí. Quieren quedarse con todo”, afirma Lores.
“Antes intentaban hacer pequeñas empresas fragmentadas dentro de los hospitales e ir infiltrando con inversión privada aquellas que les interesaban más. Eso supuso muchos problemas sindicales, así que ahora lo que les interesa es la investigación, los datos, la sangre, los trasplantes… ese tipo de cosas”, explica la radióloga gallega.
Trasplantes privados
Uno de los ámbitos en los que, a juicio de Luisa Lores, la privatización de la sanidad produce mayor rechazo social es en el de los trasplantes. “Hay un enorme problema en quién gestiona la lista de espera de trasplantes”, explica la facultativa, que pone como ejemplo la Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo (FRIAT).
La FRIAT es una fundación privada sin ánimo de lucro, perteneciente a la familia Álvarez de Toledo, muy próxima al Partido Popular. Para Lores, tiene que ser “totalmente incompatible” la actividad privada con la gestión de las listas de espera y los datos de trasplantes: “Una persona que necesita un riñón tiene que pasarse años conectado a una máquina. ¿Qué no pagaría alguien para saltarse una lista de espera?”.
Fuente: http://www.lamarea.com/2016/06/30/la-nueva-mercantilizacion-la-sanidad-la-gestion-hospitales-la-lista-trasplantes/
sábado, 2 de mayo de 2015
Francia prueba que se puede recuperar para el Estado hospitales privatizados como los españoles
El Gobierno francés anuló un contrato con la adjudicataria de la concesión, que había disparado los costes, y prevé un ahorro de 700 millones de euros
La historia del centro situado al sur de París es paralela a la del hospital de Burgos, que costará en 30 años cerca de 2.000 millones de euros
La Comunidad Valenciana rehízo la concesión del centro de Alzira para garantizar la rentabilidad a la contratista y Madrid, a petición de las empresas, aumentó el canon a las gestoras privadas de hospitales
¿Tienen algo en común París y Burgos? ¿Y con Alzira? ¿Y con Valdemoro? Sí. Todos tienen hospitales gestionados y construidos por empresas privadas a cambio de un canon económico pagado con dinero público. En el caso castellanoleonés, ambos hospitales tienen una vida paralela. Pero el francés ha regresado a manos del Estado y el burgalés es todavía un agujero para las cuentas públicas.
Las similitudes entre París y Burgos ejemplifican esta historia de cesión ruinosa a empresas de servicios públicos. Y sus diferencias también ilustran la manera de abordar el fracaso de la apuesta privatizadora. Los dos se planificaron casi en las mismas fechas, se ejecutaron bajo la fórmula de la colaboración público-privada y tuvieron un sobrecoste descomunal. La solución para los dos centros sí que ha sido diferente: el Gobierno francés llegó a un acuerdo con la adjudicataria para anular el contrato, mientras que la Junta de Castilla y León pretende pagar por el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) el doble de lo que había previsto en los próximos 30 años. La asociación 'Sanidad Pública Sí' pide al Gobierno regional que considere la posibilidad de copiar esa respuesta invocando el "interés general" y ha convocado una mesa de partidos para estudiar la propuesta.
En 2006 la Administración gala adjudicó a la empresa Eiffage la construcción de un hospital que diera servicio a los municipios de Evry y Corbeil, cercanos a la capital, en la región de Essonnes. El contrato establecía un importe de 344 millones de euros y un canon a pagar durante 30 años a la concesionaria y explotadora del servicio de 35 millones anuales.
Esas cifras variaron considerablemente: su puesta en marcha tuvo tal sobrecoste que su valor estimado llegó a los 600 millones de euros. La factura del primer año fue finalmente de 44 millones, es decir, nueve más de los previstos, que tuvo que pagarse incluso antes de que el hospital estuviera acabado. Un informe de la Cámara de Cuentas concluyó que la operación público-privada conllevó para las arcas públicas 1.200 millones, mientras que "una obra pública financiada con préstamos" hubiera costado 760 millones.
Este es el primer paralelismo con el HUBU, que se planificó en 2007 para sustituir al hospital General Yagüe. El presupuesto que en principio iba a tener Eficanza –la concesionaria, que está integrada por OHL, un fondo de capital riesgo del Banco Santander y una sociedad en la que está detrás el empresario Miguel Méndez Pozo, entre otras– era de 242 millones de euros.
Sin embargo, el Gobierno regional ha aprobado hasta cuatro modificados que han supuesto un sobrecoste de 657 millones de euros. El canon anual de explotación, que inicialmente se situó en 35 millones de euros, se disparó hasta los 75 millones el primer año. A ese ritmo, el hospital costará a los burgaleses cerca de 2.000 millones de euros en tres décadas.
Además, el Gobierno que preside Juan Vicente Herrera compensó los sobrecostes para que el conglomerado de empresas que explota el hospital mantuviera la rentabilidad del 6,92%. Incluso avaló el préstamo de 128 millones de euros pedido por la empresa pública Sociedad Patrimonial de Castilla y León SA al Banco Europeo de Inversión que fue a parar al centro privatizado. Bruselas ha abierto un expediente de infracción a España por las posibles "irregularidades contables y administrativas en el proceso de adjudicación, contratación y gestión del hospital".
Ninguna de las dos adjudicatarias cumplieron las fechas de entrega y ambos centros, de tamaño y número de camas similares, comenzaron a funcionar más tarde de lo que se había fijado en el contrato. En los dos casos la entrega del hospital se retrasó hasta 2012. Los dos mantuvieron una planta cerrada una vez puesto en marcha. "El hospital tiene tal sobrecoste y ha generado tal cantidad de gastos para que las empresas concesionarias tengan negocio que ahora no tiene recursos. Como a las adjudicatarias tienen que pagarlas por contrato, lo hace no cubriendo bajas, amortizando las plazas y cerrando toda una planta", denunció el pasado mes de mayo el líder del PSOE en la región, Luis Tudanca.
El rescate con dinero público de un proyecto de hospital fiado a la iniciativa privada se ha ido reproduciendo en España desde que arrancara el primer centro diseñado con este modelo: el valenciano de Alzira a finales del siglo XX. Tras adjudicar el centro a Ribera Salud, el Gobierno valenciano rompió el contrato porque, tal y como está redactado, a la concesionaria no le salían las cuentas. Rehízo el sistema ampliando el radio de acción del hospital (es decir, el número de pacientes) y Ribera Salud volvió a dirigir el centro. Ahora cinco complejos hospitalarios trabajan de esa manera.
En la Comunidad de Madrid, las empresas concesionarias de los hospitales creados a base de colaboración público-privada exigieron, y obtuvieron, una revisión al alza del canon que paga el Ejecutivo regional dirigido por el Partido Popular para equilibrar su rentabilidad.
7.000 fallos en la construcción
El director del Centre Hospitalier Sud-Francilien (CHSF) en aquel momento, Alain Verret, constató en un informe realizado por funcionarios más de 7.000 fallos en la construcción. Entre los errores había algunos tan graves como problemas de electricidad, defectos en el sistema de agua caliente, fallos en la distribución de los gases medicinales o una distribución del mobiliario que era un nido potencial para las bacterias, entre otros.
En el hospital burgalés no se ha llevado a cabo una auditoría de este tipo, aunque los trabajadores denuncian que "las calidades son inferiores a lo que se había proyectado, que tiene unos acabados desastrosos, un diseño imposible y el acceso es rocambolesco". "Si en el hospital francés había 7.000 fallos, en este hay 70.000", señalan desde la asociación 'Sanidad Pública Sí' de Burgos.
El último episodio peligroso tuvo lugar la semana pasada, cuando una de las puertas de salida del parking cayó sobre una ambulancia destrozando la luna. "Afortunadamente no hubo que lamentar heridos, pero imagínate que hubiera caído sobre una persona", se queja uno de los portavoces de la asociación.
Francia busca una solución: ahorra 700 millones
Ante la insostenible situación financiera del hospital CHSF y su calidad deficitaria, el anterior director, Alain Verret, que se negó a firmar la entrega del centro por parte de la constructora, intentó buscar una solución alternativa. Así, planteó a las autoridades públicas la posibilidad de rescindir el contrato con la adjudicataria invocando al "interés general".
"Teníamos suficientes elementos: las condiciones económicas del contrato eran desequilibradas y el hospital sufrió fallos en la construcción –relató Verret–. Había 7.000 fallos constatados. Propuse redimir parcialmente el contrato de arrendamiento. Había que poner unos 70 millones sobre la mesa, pero fue rechazado. Creo que el objetivo del Gobierno era abrir el hospital antes de las presidenciales", concluyó.
Verret contaba con el apoyo del socialista Manuel Valls, que en aquel momento era alcalde de uno de los municipios a los que cubre geográficamente el hospital. "Hay que salir de la colaboración público-privada –expresó en octubre de 2011–. Puede servir para financiar la construcción de un estadio de fútbol pero de ninguna manera un hospital".
La derrota de Nicolas Sarkozy en mayo de 2012 provocó un cambio de rumbo en el futuro del hospital. Las autoridades gubernamentales negociaron con la empresa que explotaba el centro para anular el contrato. El acuerdo se produjo en abril de 2014, cuando el hospital CHSF llevaba dos años en marcha.
A partir de octubre de este año, el centro pasará a ser de titularidad exclusivamente pública. La adjudicataria recibirá una indemnización de 171 millones de euros por la rescisión del contrato, pero aun así las arcas públicas salen ganando. Por un lado, la sociedad renunció a una demanda de unos 200 millones de euros por un sobrecoste que no había sido satisfecho y, en total, la Administración ahorrará unos 700 millones de euros, según las cuentas oficiales, al evitarse el pago del canon durante las próximas dos décadas.
Y Burgos, ¿qué?
Con este precedente, la asociación 'Sanidad Pública Sí' de Burgos está convencida de que esa solución es posible también en el HUBU, ya que la legislación española también determina la modificación de los contratos públicos "por razones de interés público". "El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de esta", dice el artículo 210 de la Ley de Contratos del Sector Público.
La asociación ha convocado una mesa de trabajo para que todos los partidos que se presentan a las autonómicas de mayo debatan junto al exdirector del hospital francés las posibles soluciones para el HUBU. Podemos y PSOE ya han confirmado la asistencia al acto, que se celebrará el próximo 28 de abril. Ese mismo día por la tarde, Alain Verret ofrecerá la conferencia "Así se recuperó un hospital como el nuestro", a las 19:30 horas en la Casa de Cultura de Gamonal. Unos días más tarde la asociación de defensa de la sanidad pública forzará a los partidos a retratarse sobre su posición sobre el hospital en un debate acerca del sistema sanitario.
La historia del centro situado al sur de París es paralela a la del hospital de Burgos, que costará en 30 años cerca de 2.000 millones de euros
La Comunidad Valenciana rehízo la concesión del centro de Alzira para garantizar la rentabilidad a la contratista y Madrid, a petición de las empresas, aumentó el canon a las gestoras privadas de hospitales
¿Tienen algo en común París y Burgos? ¿Y con Alzira? ¿Y con Valdemoro? Sí. Todos tienen hospitales gestionados y construidos por empresas privadas a cambio de un canon económico pagado con dinero público. En el caso castellanoleonés, ambos hospitales tienen una vida paralela. Pero el francés ha regresado a manos del Estado y el burgalés es todavía un agujero para las cuentas públicas.
Las similitudes entre París y Burgos ejemplifican esta historia de cesión ruinosa a empresas de servicios públicos. Y sus diferencias también ilustran la manera de abordar el fracaso de la apuesta privatizadora. Los dos se planificaron casi en las mismas fechas, se ejecutaron bajo la fórmula de la colaboración público-privada y tuvieron un sobrecoste descomunal. La solución para los dos centros sí que ha sido diferente: el Gobierno francés llegó a un acuerdo con la adjudicataria para anular el contrato, mientras que la Junta de Castilla y León pretende pagar por el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) el doble de lo que había previsto en los próximos 30 años. La asociación 'Sanidad Pública Sí' pide al Gobierno regional que considere la posibilidad de copiar esa respuesta invocando el "interés general" y ha convocado una mesa de partidos para estudiar la propuesta.
En 2006 la Administración gala adjudicó a la empresa Eiffage la construcción de un hospital que diera servicio a los municipios de Evry y Corbeil, cercanos a la capital, en la región de Essonnes. El contrato establecía un importe de 344 millones de euros y un canon a pagar durante 30 años a la concesionaria y explotadora del servicio de 35 millones anuales.
Esas cifras variaron considerablemente: su puesta en marcha tuvo tal sobrecoste que su valor estimado llegó a los 600 millones de euros. La factura del primer año fue finalmente de 44 millones, es decir, nueve más de los previstos, que tuvo que pagarse incluso antes de que el hospital estuviera acabado. Un informe de la Cámara de Cuentas concluyó que la operación público-privada conllevó para las arcas públicas 1.200 millones, mientras que "una obra pública financiada con préstamos" hubiera costado 760 millones.
Este es el primer paralelismo con el HUBU, que se planificó en 2007 para sustituir al hospital General Yagüe. El presupuesto que en principio iba a tener Eficanza –la concesionaria, que está integrada por OHL, un fondo de capital riesgo del Banco Santander y una sociedad en la que está detrás el empresario Miguel Méndez Pozo, entre otras– era de 242 millones de euros.
Sin embargo, el Gobierno regional ha aprobado hasta cuatro modificados que han supuesto un sobrecoste de 657 millones de euros. El canon anual de explotación, que inicialmente se situó en 35 millones de euros, se disparó hasta los 75 millones el primer año. A ese ritmo, el hospital costará a los burgaleses cerca de 2.000 millones de euros en tres décadas.
Además, el Gobierno que preside Juan Vicente Herrera compensó los sobrecostes para que el conglomerado de empresas que explota el hospital mantuviera la rentabilidad del 6,92%. Incluso avaló el préstamo de 128 millones de euros pedido por la empresa pública Sociedad Patrimonial de Castilla y León SA al Banco Europeo de Inversión que fue a parar al centro privatizado. Bruselas ha abierto un expediente de infracción a España por las posibles "irregularidades contables y administrativas en el proceso de adjudicación, contratación y gestión del hospital".
Ninguna de las dos adjudicatarias cumplieron las fechas de entrega y ambos centros, de tamaño y número de camas similares, comenzaron a funcionar más tarde de lo que se había fijado en el contrato. En los dos casos la entrega del hospital se retrasó hasta 2012. Los dos mantuvieron una planta cerrada una vez puesto en marcha. "El hospital tiene tal sobrecoste y ha generado tal cantidad de gastos para que las empresas concesionarias tengan negocio que ahora no tiene recursos. Como a las adjudicatarias tienen que pagarlas por contrato, lo hace no cubriendo bajas, amortizando las plazas y cerrando toda una planta", denunció el pasado mes de mayo el líder del PSOE en la región, Luis Tudanca.
El rescate con dinero público de un proyecto de hospital fiado a la iniciativa privada se ha ido reproduciendo en España desde que arrancara el primer centro diseñado con este modelo: el valenciano de Alzira a finales del siglo XX. Tras adjudicar el centro a Ribera Salud, el Gobierno valenciano rompió el contrato porque, tal y como está redactado, a la concesionaria no le salían las cuentas. Rehízo el sistema ampliando el radio de acción del hospital (es decir, el número de pacientes) y Ribera Salud volvió a dirigir el centro. Ahora cinco complejos hospitalarios trabajan de esa manera.
En la Comunidad de Madrid, las empresas concesionarias de los hospitales creados a base de colaboración público-privada exigieron, y obtuvieron, una revisión al alza del canon que paga el Ejecutivo regional dirigido por el Partido Popular para equilibrar su rentabilidad.
7.000 fallos en la construcción
El director del Centre Hospitalier Sud-Francilien (CHSF) en aquel momento, Alain Verret, constató en un informe realizado por funcionarios más de 7.000 fallos en la construcción. Entre los errores había algunos tan graves como problemas de electricidad, defectos en el sistema de agua caliente, fallos en la distribución de los gases medicinales o una distribución del mobiliario que era un nido potencial para las bacterias, entre otros.
En el hospital burgalés no se ha llevado a cabo una auditoría de este tipo, aunque los trabajadores denuncian que "las calidades son inferiores a lo que se había proyectado, que tiene unos acabados desastrosos, un diseño imposible y el acceso es rocambolesco". "Si en el hospital francés había 7.000 fallos, en este hay 70.000", señalan desde la asociación 'Sanidad Pública Sí' de Burgos.
El último episodio peligroso tuvo lugar la semana pasada, cuando una de las puertas de salida del parking cayó sobre una ambulancia destrozando la luna. "Afortunadamente no hubo que lamentar heridos, pero imagínate que hubiera caído sobre una persona", se queja uno de los portavoces de la asociación.
Francia busca una solución: ahorra 700 millones
Ante la insostenible situación financiera del hospital CHSF y su calidad deficitaria, el anterior director, Alain Verret, que se negó a firmar la entrega del centro por parte de la constructora, intentó buscar una solución alternativa. Así, planteó a las autoridades públicas la posibilidad de rescindir el contrato con la adjudicataria invocando al "interés general".
"Teníamos suficientes elementos: las condiciones económicas del contrato eran desequilibradas y el hospital sufrió fallos en la construcción –relató Verret–. Había 7.000 fallos constatados. Propuse redimir parcialmente el contrato de arrendamiento. Había que poner unos 70 millones sobre la mesa, pero fue rechazado. Creo que el objetivo del Gobierno era abrir el hospital antes de las presidenciales", concluyó.
Verret contaba con el apoyo del socialista Manuel Valls, que en aquel momento era alcalde de uno de los municipios a los que cubre geográficamente el hospital. "Hay que salir de la colaboración público-privada –expresó en octubre de 2011–. Puede servir para financiar la construcción de un estadio de fútbol pero de ninguna manera un hospital".
La derrota de Nicolas Sarkozy en mayo de 2012 provocó un cambio de rumbo en el futuro del hospital. Las autoridades gubernamentales negociaron con la empresa que explotaba el centro para anular el contrato. El acuerdo se produjo en abril de 2014, cuando el hospital CHSF llevaba dos años en marcha.
A partir de octubre de este año, el centro pasará a ser de titularidad exclusivamente pública. La adjudicataria recibirá una indemnización de 171 millones de euros por la rescisión del contrato, pero aun así las arcas públicas salen ganando. Por un lado, la sociedad renunció a una demanda de unos 200 millones de euros por un sobrecoste que no había sido satisfecho y, en total, la Administración ahorrará unos 700 millones de euros, según las cuentas oficiales, al evitarse el pago del canon durante las próximas dos décadas.
Y Burgos, ¿qué?
Con este precedente, la asociación 'Sanidad Pública Sí' de Burgos está convencida de que esa solución es posible también en el HUBU, ya que la legislación española también determina la modificación de los contratos públicos "por razones de interés público". "El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de esta", dice el artículo 210 de la Ley de Contratos del Sector Público.
La asociación ha convocado una mesa de trabajo para que todos los partidos que se presentan a las autonómicas de mayo debatan junto al exdirector del hospital francés las posibles soluciones para el HUBU. Podemos y PSOE ya han confirmado la asistencia al acto, que se celebrará el próximo 28 de abril. Ese mismo día por la tarde, Alain Verret ofrecerá la conferencia "Así se recuperó un hospital como el nuestro", a las 19:30 horas en la Casa de Cultura de Gamonal. Unos días más tarde la asociación de defensa de la sanidad pública forzará a los partidos a retratarse sobre su posición sobre el hospital en un debate acerca del sistema sanitario.
martes, 7 de octubre de 2014
El ‘big data’: el trueque del siglo XXI
El big data es hacer una fotografía, viajar, buscar trabajo o conocer gente en la sociedad 2.0, es decir, la sociedad de la información y de las nuevas tecnologías. Así pues, nuestro día a día en esta reciente aristocracia se convierte en cantidades innumerables de datos, una virtualización en cifras. Este almacén se genera mediante nuestra interacción con las nuevas tecnologías a través de páginas web, redes sociales, tecnología biométrica, movimientos transaccionales, etcétera. Pero ¿qué sucede con todo este caos de información? Pues bien, mientras disfrutamos de esta sociedad y le concedemos sin aparente cuidado nuestra vida a las recientes tecnologías, las grandes empresas la utilizan como estrategia para competir con otras grandes empresas, y así las que no se unan a la corriente de indagar en nuestras hazañas perderán competitividad y conocimiento avanzado para su negocio. Nuestros datos son el producto que las sociedades corporativas, entendidas en términos comerciales, quieren y nosotros les damos, a cambio de simples regalos como una cuenta en Google con 15 GB de espacio de almacenamiento. En mi opinión, es una transacción muy rentable para cualquier compañía. Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, afirmó que “la era de la privacidad ha terminado” y que, a su entender, los datos por defecto deberían ser públicos. Así, deduzco que él nos da el poder de comunicarnos de forma más eficiente, pero que cada uno de nosotros le damos supremacía de subastar nuestra vida al mejor licitador.
— Montse Bonet Giné. Abogada especializada en la sociedad de la información y las nuevas tecnologías. Fuente: http://elpais.com/elpais/2014/10/03/opinion/1412357654_072047.html
— Montse Bonet Giné. Abogada especializada en la sociedad de la información y las nuevas tecnologías. Fuente: http://elpais.com/elpais/2014/10/03/opinion/1412357654_072047.html
miércoles, 24 de septiembre de 2014
El valor del saber. En nuestra sociedad el conocimiento se ha industrializado de manera acelerada. Es un bien más
La idea de que vivimos en una sociedad del conocimiento se ha convertido en un lugar común. El saber y la formación, se dice, son los principales recursos, y quien invierta en formación estará invirtiendo en el futuro. A primera vista parecería que se cumple así el sueño de una sociedad formada. Una segunda mirada es más bien decepcionante: mucho de lo que se presenta como “sociedad del conocimiento” no deja de ser un gesto retórico que tiene menos que ver con la idea de formación que con intereses políticos y económicos inmediatos. Uno tiene incluso la impresión de que en la sociedad del conocimiento precisamente lo que no tiene ningún valor propio es el conocimiento, en la medida en que el saber es definido de acuerdo con criterios, expectativas, aplicaciones y valoraciones externas.
Se dice que la sociedad del conocimiento ha sustituido a la sociedad industrial, pero da la impresión de que, al contrario, es el saber el que se ha industrializado de manera acelerada y se piensa la producción, transmisión, almacenamiento y aplicación del saber como si se tratara de un bien más. De hecho el lenguaje es muy delator: nos hablan de transferir la investigación en tecnologías, es decir, en zonas de rentabilidad económica.
La Universidad está sufriendo una enorme presión de funcionalización económica inmediata, lo que se pone de manifiesto en esa alianza ideológica entre las cantidades y la pedagogía, en virtud de la cual todo es resuelto en magnitudes contables y dispuesto para su utilidad mercantil gracias a una genérica capacitación pedagógica. Para comprender este proceso basta con reflexionar sobre la significación que tienen algunos procedimientos en marcha: la acreditación está todavía muy condicionada por el peso de las cantidades; los nuevos créditos ECTS están pensados a la medida de las normas industriales; la euforia del PowerPoint sirve para prescindir de las conexiones lógicas; el impulso del trabajo en equipo funciona como procedimiento para favorecer la homogeneización y disuadir de la creatividad individual; los rankings son un producto de la mentalidad del management aplicada a la enseñanza…
Lo que todo esto revela es que no estamos hablando tanto de formación como de un tipo de saber que es tratado como una materia prima y que convierte a los estudiantes en algo disponible para el mercado de trabajo. El saber y la formación no son ningún fin en sí, sino un medio para los mercados emergentes, la cualificación de los puestos de trabajo, la movilidad de los servicios y el crecimiento de la economía. No es extraño que el lenguaje de los valores inmateriales adopte la forma del capital: como capital humano, social o relacional. Toda capacidad humana se convierte en una capacidad de la que se puede hacer un balance. De ahí la dificultad a la que se enfrentan aquellas materias en las que se ejercita una forma de pensamiento que no tiene relación inmediata con una praxis, como las lenguas clásicas, las matemáticas, el arte, la música, la filosofía… Domina el modelo de la empleabilidad y la competitividad. Como nos advierten reiteradamente, en un mundo que cambia velozmente, en el que se modifican las competencias, habilidades y contenidos exigidos, la “falta de formación” (lo dicen con otras palabras, pero es esto) se convierte en una virtud que permite al sujeto, con flexibilidad, rapidez y sin cargas, ponerse a disposición de las exigencias del mercado.
Ahora bien el “hombre flexible”, que está dispuesto a aprender toda su vida, que pone sus habilidades cognitivas a disposición de los mercados frenéticos es una caricatura de la formación humana. Sin capacidad sintética, sin sentido ni interpretación, un saber así no es más que piezas prefabricadas (módulos y créditos), que se pueden poner a disposición de casi cualquier cosa y se olvidan. De un saber fragmentado y universalmente disponible no se sigue ningún ideal de formación ni de sentido crítico.
Todo esto revela un profundo desconcierto acerca de lo que significa el saber y de su utilidad social última. El saber es más que información con utilidad inmediata; es una forma de apropiación del mundo: conocimiento, comprensión y juicio. Sin reelaboración y apropiación subjetiva en términos de comprensión, la mayor parte de las informaciones se quedan como algo meramente exterior. A diferencia de la información, que es interpretación de datos en orden a la acción, el saber es una interpretación de datos en orden a describir su relación causal y su consistencia interna. Los datos y conceptos sólo se convierten en saber cuando pueden ser vinculados de acuerdo con criterios lógicos y consistentes que constituyan una totalidad con sentido. El saber existe únicamente allí donde algo es explicado o comprendido. Saber significa siempre poder dar una respuesta a la pregunta acerca del qué y el porqué.
El valor del saber que la Universidad está obligada a representar no es el del almacenamiento, la competencia o la utilidad inmediata. Cuando sostenemos que la Universidad es un espacio en el que hay docencia e investigación no estamos aludiendo a dos actividades que deban realizarse al mismo tiempo sino a la naturaleza del saber que se cultiva en la Universidad; que uno enseña lo que investiga e investiga lo que enseña quiere decir que nos interesa aquella dimensión del saber que lo tiene como algo provisional, revisable, discutible, sujeto a crítica; de alguna manera nos dedicamos a enseñar lo que no sabemos. Para el saber asegurado están otras academias de noble oficio.
La Universidad es el lugar de la problematización del saber, donde el saber es continuamente revisado y convertido en objeto de reflexión. Este tipo de saber no se puede producir donde no hay una cierta libertad frente a la utilidad, el imperativo de la relevancia para la praxis, la cercanía social, la actualidad. El saber en este sentido se escapa de los modelos estandarizables y reproducibles; remite siempre a una creatividad que no se puede institucionalizar en procedimientos que la aseguren. Y esto es precisamente lo que está en juego: la consideración del saber como una mercancía o como algo que tiene valor en sí mismo, como mera pericia que se transmite o como juicio crítico que cada uno (cada sujeto, cada generación) debe adquirir. DANIEL INNERARITY 6 SEP 2014 -
Fuente: http://cultura.elpais.com/cultura/2014/09/04/babelia/1409839711_470047.html
Se dice que la sociedad del conocimiento ha sustituido a la sociedad industrial, pero da la impresión de que, al contrario, es el saber el que se ha industrializado de manera acelerada y se piensa la producción, transmisión, almacenamiento y aplicación del saber como si se tratara de un bien más. De hecho el lenguaje es muy delator: nos hablan de transferir la investigación en tecnologías, es decir, en zonas de rentabilidad económica.
La Universidad está sufriendo una enorme presión de funcionalización económica inmediata, lo que se pone de manifiesto en esa alianza ideológica entre las cantidades y la pedagogía, en virtud de la cual todo es resuelto en magnitudes contables y dispuesto para su utilidad mercantil gracias a una genérica capacitación pedagógica. Para comprender este proceso basta con reflexionar sobre la significación que tienen algunos procedimientos en marcha: la acreditación está todavía muy condicionada por el peso de las cantidades; los nuevos créditos ECTS están pensados a la medida de las normas industriales; la euforia del PowerPoint sirve para prescindir de las conexiones lógicas; el impulso del trabajo en equipo funciona como procedimiento para favorecer la homogeneización y disuadir de la creatividad individual; los rankings son un producto de la mentalidad del management aplicada a la enseñanza…
Lo que todo esto revela es que no estamos hablando tanto de formación como de un tipo de saber que es tratado como una materia prima y que convierte a los estudiantes en algo disponible para el mercado de trabajo. El saber y la formación no son ningún fin en sí, sino un medio para los mercados emergentes, la cualificación de los puestos de trabajo, la movilidad de los servicios y el crecimiento de la economía. No es extraño que el lenguaje de los valores inmateriales adopte la forma del capital: como capital humano, social o relacional. Toda capacidad humana se convierte en una capacidad de la que se puede hacer un balance. De ahí la dificultad a la que se enfrentan aquellas materias en las que se ejercita una forma de pensamiento que no tiene relación inmediata con una praxis, como las lenguas clásicas, las matemáticas, el arte, la música, la filosofía… Domina el modelo de la empleabilidad y la competitividad. Como nos advierten reiteradamente, en un mundo que cambia velozmente, en el que se modifican las competencias, habilidades y contenidos exigidos, la “falta de formación” (lo dicen con otras palabras, pero es esto) se convierte en una virtud que permite al sujeto, con flexibilidad, rapidez y sin cargas, ponerse a disposición de las exigencias del mercado.
Ahora bien el “hombre flexible”, que está dispuesto a aprender toda su vida, que pone sus habilidades cognitivas a disposición de los mercados frenéticos es una caricatura de la formación humana. Sin capacidad sintética, sin sentido ni interpretación, un saber así no es más que piezas prefabricadas (módulos y créditos), que se pueden poner a disposición de casi cualquier cosa y se olvidan. De un saber fragmentado y universalmente disponible no se sigue ningún ideal de formación ni de sentido crítico.
Todo esto revela un profundo desconcierto acerca de lo que significa el saber y de su utilidad social última. El saber es más que información con utilidad inmediata; es una forma de apropiación del mundo: conocimiento, comprensión y juicio. Sin reelaboración y apropiación subjetiva en términos de comprensión, la mayor parte de las informaciones se quedan como algo meramente exterior. A diferencia de la información, que es interpretación de datos en orden a la acción, el saber es una interpretación de datos en orden a describir su relación causal y su consistencia interna. Los datos y conceptos sólo se convierten en saber cuando pueden ser vinculados de acuerdo con criterios lógicos y consistentes que constituyan una totalidad con sentido. El saber existe únicamente allí donde algo es explicado o comprendido. Saber significa siempre poder dar una respuesta a la pregunta acerca del qué y el porqué.
El valor del saber que la Universidad está obligada a representar no es el del almacenamiento, la competencia o la utilidad inmediata. Cuando sostenemos que la Universidad es un espacio en el que hay docencia e investigación no estamos aludiendo a dos actividades que deban realizarse al mismo tiempo sino a la naturaleza del saber que se cultiva en la Universidad; que uno enseña lo que investiga e investiga lo que enseña quiere decir que nos interesa aquella dimensión del saber que lo tiene como algo provisional, revisable, discutible, sujeto a crítica; de alguna manera nos dedicamos a enseñar lo que no sabemos. Para el saber asegurado están otras academias de noble oficio.
La Universidad es el lugar de la problematización del saber, donde el saber es continuamente revisado y convertido en objeto de reflexión. Este tipo de saber no se puede producir donde no hay una cierta libertad frente a la utilidad, el imperativo de la relevancia para la praxis, la cercanía social, la actualidad. El saber en este sentido se escapa de los modelos estandarizables y reproducibles; remite siempre a una creatividad que no se puede institucionalizar en procedimientos que la aseguren. Y esto es precisamente lo que está en juego: la consideración del saber como una mercancía o como algo que tiene valor en sí mismo, como mera pericia que se transmite o como juicio crítico que cada uno (cada sujeto, cada generación) debe adquirir. DANIEL INNERARITY 6 SEP 2014 -
Fuente: http://cultura.elpais.com/cultura/2014/09/04/babelia/1409839711_470047.html
viernes, 5 de abril de 2013
_- DECLARACIONES DE UN PREMIO NÓBEL DE MEDICINA. Richard J. Roberts denuncia la forma en la que operan las grandes farmacéuticas
_- Premio Nobel de Medicina: Las Farmacéuticas bloquean las medicinas que curan porque no son rentables impidiendo su distribución.El ganador del Premio Nobel de Medicina Richard J. Roberts denuncia la forma en la que operan las grandes farmacéuticas dentro del sistema capitalista, anteponiendo los beneficios económicos a la salud y deteniendo el avance científico en la cura de enfermedades porque curar no es tan rentable como la cronicidad.
Hace unos días se publicó una nota sobre datos revelados que muestran que las grandes compañías farmacéuticas en Estados Unidos gastan cientos de millones de dólares al año pagando a doctores para que éstos promuevan sus medicamentos.
Para complementar reproducimos esta entrevista con el Premio Nobel de Medicina Richard J. Roberts quien señala que los fármacos que curan no son rentables y por eso no son desarrollados por las farmacéuticas que en cambio sí desarrollan medicamentos cronificadores que sean consumidos de forma serializada. Esto, señala Roberts, también hace que algunos fármacos que podrían curar del todo una enfermedad no sean investigados. Y se pregunta hasta qué punto es válido y ético que la industria de la salud se rija por los mismos valores y principios que el mercado capitalista, los cuales llegan a parecerse mucho a los de la mafia. La entrevista originalmente fue publicada por el diario español La Vanguardia:
¿La investigación se puede planificar?
- Si yo fuera ministro de Sanidad o el responsable de Ciencia y Tecnología, buscaría a gente entusiasta con proyectos interesantes; les daría el dinero justo para que no pudieran hacer nada más que investigar y les dejaría trabajar diez años para sorprendernos.
- Parece una buena política.
- Se suele creer que, para llegar muy lejos, tienes que apoyar la investigación básica; pero si quieres resultados más inmediatos y rentables, debes apostar por la aplicada…
- ¿Y no es así?
- A menudo, los descubrimientos más rentables se han hecho a partir de preguntas muy básicas. Así nació la gigantesca y billonaria industria biotech estadounidense para la que trabajo.
- ¿Cómo nació?
- La biotecnología surgió cuando gente apasionada se empezó a preguntar si podría clonar genes y empezó a estudiarlos y a intentar purificarlos.
- Toda una aventura.
- Sí, pero nadie esperaba hacerse rico con esas preguntas. Era difícil obtener fondos para investigar las respuestas hasta que Nixon lanzó la guerra contra el cáncer en 1971.
- ¿Fue científicamente productiva?
- Permitió, con una enorme cantidad de fondos públicos, mucha investigación, como la mía, que no servía directamente contra el cáncer, pero fue útil para entender los mecanismos que permiten la vida.
- ¿Qué descubrió usted?
- Phillip Allen Sharp y yo fuimos premiados por el descubrimiento de los intrones en el ADN eucariótico y el mecanismo de gen splicing (empalme de genes).
- ¿Para qué sirvió?
- Ese descubrimiento permitió entender cómo funciona el ADN y, sin embargo, sólo tiene una relación indirecta con el cáncer.
- ¿Qué modelo de investigación le parece más eficaz, el estadounidense o el europeo?
- Es obvio que el estadounidense, en el que toma parte activa el capital privado, es mucho más eficiente. Tómese por ejemplo el espectacular avance de la industria informática, donde es el dinero privado el que financia la investigación básica y aplicada, pero respecto a la industria de la salud… Tengo mis reservas.
- Le escucho.
- La investigación en la salud humana no puede depender tan sólo de su rentabilidad económica. Lo que es bueno para los dividendos de las empresas no siempre es bueno para las personas.
- Explíquese.
- La industria farmacéutica quiere servir a los mercados de capital…
- Como cualquier otra industria.
- Es que no es cualquier otra industria: estamos hablando de nuestra salud y nuestras vidas y las de nuestros hijos y millones de seres humanos.
- Pero si son rentables, investigarán mejor.
- Si sólo piensas en los beneficios, dejas de preocuparte por servir a los seres humanos.
- Por ejemplo…
- He comprobado como en algunos casos los investigadores dependientes de fondos privados hubieran descubierto medicinas muy eficaces que hubieran acabado por completo con una enfermedad…
- ¿Y por qué dejan de investigar?
- Porque las farmacéuticas a menudo no están tan interesadas en curarle a usted como en sacarle dinero, así que esa investigación, de repente, es desviada hacia el descubrimiento de medicinas que no curan del todo, sino que hacen crónica la enfermedad y le hacen experimentar una mejoría que desaparece cuando deja de tomar el medicamento.
- Es una grave acusación.
- Pues es habitual que las farmacéuticas estén interesadas en líneas de investigación no para curar sino sólo para convertir en crónicas dolencias con medicamentos cronificadores mucho más rentables que los que curan del todo y de una vez para siempre. Y no tiene más que seguir el análisis financiero de la industria farmacológica y comprobará lo que le digo.
- Hay dividendos que matan.
- Por eso le decía que la salud no puede ser un mercado más ni puede entenderse tan sólo como un medio para ganar dinero. Y por eso creo que el modelo europeo mixto de capital público y privado es menos fácil que propicie ese tipo de abusos.
- ¿Un ejemplo de esos abusos?
- Se han dejado de investigar antibióticos porque son demasiado efectivos y curaban del todo. Como no se han desarrollado nuevos antibióticos, los microorganismos infecciosos se han vuelto resistentes y hoy la tuberculosis, que en mi niñez había sido derrotada, está resurgiendo y ha matado este año pasado a un millón de personas.
- ¿No me habla usted del Tercer Mundo?
- Ése es otro triste capítulo: apenas se investigan las enfermedades tercermundistas, porque los medicamentos que las combatirían no serían rentables. Pero yo le estoy hablando de nuestro Primer Mundo: la medicina que cura del todo no es rentable y por eso no investigan en ella.
- ¿Los políticos no intervienen?
- No se haga ilusiones: en nuestro sistema, los políticos son meros empleados de los grandes capitales, que invierten lo necesario para que salgan elegidos sus chicos, y si no salen, compran a los que son elegidos.
- De todo habrá.
- Al capital sólo le interesa multiplicarse. Casi todos los políticos – y sé de lo que hablo- dependen descaradamente de esas multinacionales farmacéuticas que financian sus campañas. Lo demás son palabras…
Fuente: La Vanguardia.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Entradas
