Nos educamos con una visión de la historia que hacía del progreso la base de una explicación global de la evolución humana. Primero en el terreno de la producción de bienes y riquezas: la humanidad había avanzado hasta la abundancia de los tiempos modernos a través de las etapas de la revolución neolítica y la revolución industrial. Después había venido la lucha por las libertades y por los derechos sociales, desde la Revolución francesa hasta la victoria sobre el fascismo en la Segunda guerra mundial, que permitió el asentamiento del estado de bienestar. No me estoy refiriendo a una visión sectaria de la izquierda, ni menos aun marxista, sino a algo tan respetable como lo que los anglosajones llaman la visión whig de la historia, según la cual, cito por la wikipedia, “se representa el pasado como una progresión inevitable hacia cada vez más libertad y más ilustración”.
Hasta cierto punto esto era verdad, pero no era, como se nos decía, el fruto de una regla interna de la evolución humana que implicaba que el avance del progreso fuese inevitable –la ilusión de que teníamos la historia de nuestro lado, lo que nos consolaba de cada fracaso-, sino la consecuencia de unos equilibrios de fuerzas en que las victorias alcanzadas eran menos el fruto de revoluciones triunfantes, que el resultado de pactos y concesiones obtenidos de las clases dominantes, con frecuencia a través de los sindicatos, a cambio de evitar una auténtica revolución que transformase por completo las cosas.
Para decirlo simplemente, desde la Revolución francesa hasta los años setenta del siglo pasado las clases dominantes de nuestra sociedad vivieron atemorizadas por fantasmas que perturbaban su sueño, llevándoles a temer que podían perderlo todo a manos de un enemigo revolucionario: primero fueron los jacobinos, después los carbonarios, los masones, más adelante los anarquistas y finalmente los comunistas. Eran en realidad amenazas fantasmales, que no tenían posibilidad alguna de convertirse en realidad; pero ello no impide que el miedo que despertaban fuese auténtico.
En un articulo sobre la situación actual de Italia publicado en La Vanguardia el pasado mes de octubre se podía leer: “los beneficios sociales fueron el fruto de un pacto político durante la guerra fría”. No sólo durante la guerra fría, a no ser que hablemos de una “guerra” de doscientos años, desde la revolución francesa para acá. Lo que este reconocimiento significa, por otra parte, es que ahora no tienen ya inconveniente en confesar que nos engañaron: que no se trataba de establecer un sistema que nos garantizase un futuro indefinido de mejora para todos, sino que sólo les interesaba neutralizar a los disidentes mientras eliminaban cualquier riesgo de subversión.
Los miedos que perturbaron los sueños de la burguesía a lo largo de cerca de doscientos años se acabaron en los setenta del siglo pasado. Cada vez estaba más claro que ni los comunistas estaban por hacer revoluciones –en 1968 se habían desentendido de la de París y habían aplastado la de Praga-, ni tenían la fuerza suficiente para imponerse en el escenario de la guerra fría. Fue a partir de entonces cuando, habiendo perdido el miedo a la revolución, los burgueses decidieron que no necesitaban seguir haciendo concesiones. Y así siguen hoy.
Déjenme examinar esta cuestión en su última etapa. El período de 1945 a 1975 había sido en el conjunto de los países desarrollados una época en que un reparto más equitativo de los ingresos había permitido mejorar la suerte de la mayoría. Los salarios crecían al mismo ritmo a que aumentaba la productividad, y con ellos crecía la demanda de bienes de consumo por parte de los asalariados, lo cual conducía a un aumento de la producción. Es lo que Robert Reich, que fue secretario de Trabajo con Clinton, describe como el acuerdo tácito por el que “los patronos pagaban a sus trabajadores lo suficiente para que éstos comprasen lo que sus patronos vendían”. Era, se ha dicho, “una democracia de clase media” que implicaba “un contrato social no escrito entre el trabajo, los negocios y el gobierno, entre las élites y las masas”, que garantizaba un reparto equitativo de los aumentos en la riqueza.
Esta tendencia se invirtió en los años setenta, después de la crisis del petróleo, que sirvió de pretexto para iniciar el cambio. La primera consecuencia de la crisis económica había sido que la producción industrial del mundo disminuyera en un diez por ciento y que millones de trabajadores quedaran en paro, tanto en Europa occidental como en los Estados Unidos. Estos fueron, por esta razón, años de conmoción social, con los sindicatos movilizados en Europa en defensa de los intereses de los trabajadores, lo que permitió retrasar aquí unas décadas los cambios que se estaban produciendo ya en los Estados Unidos y en Gran Bretaña, donde los empresarios, bajo el patrocinio de Ronald Reagan y de la señora Thatcher, decidieron que éste era el momento para iniciar una política de lucha contra los sindicatos, de desguace del estado de bienestar y de liberalización de la actividad empresarial.
La lucha contra los sindicatos se completó con una serie de acuerdos de libertad de comercio que permitieron deslocalizar la producción a otros países, donde los salarios eran más bajos y los controles sindicales más débiles, e importar sus productos, con lo que los empresarios no sólo hacían mayores beneficios, al disminuir sus costes de producción, sino que debilitaban la capacidad de los obreros de su país para luchar por la mejora de sus condiciones de trabajo y de su remuneración: los salarios reales bajaron en un 7 por ciento de 1976 a 2007 en los Estados Unidos, y lo han seguido haciendo después de la crisis.
Así se inició lo que Paul Krugman ha llamado “la gran divergencia”, el proceso por el cual se produjo un enriquecimiento considerable del 1 por ciento de los más ricos y el empobrecimiento de todos los demás. En los Estados Unidos, que citaré con frecuencia por dos razones –porque disponemos de buenas estadísticas sobre su evolución y porque lo que sucede allí es el anuncio de lo que va a pasar aquí más adelante-, se pudo ver en vísperas de la crisis de 2008 que este 1 por ciento de los más ricos recibía el 53 por ciento de todos los ingresos (esto es más que el 99 por ciento restante),...
seguir aquí el artículo de Josep Fontana.
Y una crítica a algunas afirmaciones vertidas al final de la conferencia, aquí.
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