_- El momento decisivo de la legislatura.

_- Al esfuerzo que han hecho los negociadores del texto por alcanzar un denominador común merece que se le dé una oportunidad de comprobar cuáles son los efectos que surte. Una norma jurídica no se sabe realmente lo que puede dar de sí hasta el momento en que es aplicada

Hasta el momento, a pesar de la enorme turbulencia política y económica casi desde el día en que Pedro Sánchez fue investido presidente del Gobierno, la mayoría parlamentaria de la investidura se ha venido consolidando a través del ejercicio de las potestades legislativa y presupuestaria, que son las dos primeras funciones que el artículo 66.2 de la Constitución atribuye a las Cortes Generales. La mayoría de investidura se ha venido confirmando de manera reiterada como mayoría de gobierno, algo que no había ocurrido desde 2016.

En este mes de febrero de 2022 esa confirmación de la mayoría de investidura como mayoría de gobierno se va a ver sometida a una prueba más dura que todas aquellas por las que ha tenido que pasar en estos dos últimos años. El Congreso de los Diputados tiene que convalidar el Real Decreto-ley mediante el cual se ha aprobado la reforma laboral.

Aunque formalmente el Real Decreto-ley ha sido dictado por el Gobierno, todo el mundo sabe que el texto ha sido pactado con los agentes sociales que, conviene recordar, tienen un reconocimiento de su relevancia constitucional nada menos que en el artículo 7 incluido en el Título Preliminar de la Constitución.

Dada la naturaleza del pacto, lo más lógico y apropiado sería que el Real Decreto-ley fuera convalidado sin más, de acuerdo con lo previsto en el artículo 86.2 de la Constitución y que las Cortes no acordaran su tramitación, una vez convalidado, como “proyecto de ley por el procedimiento de urgencia”, posibilidad contemplada en el artículo 86.3 CE.

No creo que haya nadie que esté de acuerdo con lo establecido en dicho Real Decreto-ley al 100%. Ni siquiera los que han participado en la negociación. Pero parece ser, a tenor de las opiniones solventes manifestadas desde su aprobación, que supone una mejora de entidad respecto a la norma aprobada en su día por el Gobierno del PP sin negociación de ningún tipo.

Al esfuerzo que han hecho los negociadores del texto por alcanzar un denominador común merece que se le dé una oportunidad de comprobar cuáles son los efectos que surte. Una norma jurídica no se sabe realmente lo que puede dar de sí hasta el momento en que es aplicada. Esto ocurre con casi todas las normas jurídicas, pero más que en casi todas en una como la que acaba de ser aprobada para la reforma del mercado de trabajo.

Como nada impide que, una vez convalidado el Real Decreto-ley y comprobada si su eficacia es la que los negociadores esperan o no, se pueda proceder a su reforma, debería darse un voto de confianza a los negociadores y posponer la tramitación de un proyecto o una proposición de ley de reforma a la valoración que se hiciera de la experiencia acumulada mediante su aplicación.

Reabrir en sede parlamentaria en abstracto el debate antes de que se haya comprobado a través de la aplicación la eficacia de la reforma aprobada introduciría incertidumbres que se añadirían a las que ya se están generando como consecuencia de la propagación de las nuevas variantes de la Covid-19, el aumento de la inflación, la interrupción de las cadenas de suministros de componentes básicos para la producción industrial…

Cosa distinta es que en el debate previo a la convalidación se pongan de manifiesto cuales son las dudas que la norma suscita y que se pueda alcanzar un compromiso acerca de una rendición de cuentas ante el Congreso de los Diputados acerca de los resultados de la aplicación, a fin de que, si se considera conveniente, se puedan introducir las rectificaciones pertinentes. Se podría extender el compromiso a la fijación de una fecha razonable para el debate de rendición de cuentas.

En alguna ocasión ya he adelantado que la reforma laboral era la exigencia inexcusable de esta legislatura. En pocas semanas tiene que pasar la prueba decisiva.

_- Los empresarios que se lucran con los clubes de alterne sí están organizados

_- Ter García
El Salto

Mientras la Audiencia Nacional ha rechazado la creación del sindicato OTRAS, en el Registro de Asociaciones del Ministerio de Interior aparecen asociaciones de empresarios dedicadas a los prostíbulos.

“¿Quiénes formarían la patronal, los proxenetas?”, se preguntaba irónicamente Nuria González, presidenta de la organización L’Escola A.C., a finales de agosto, después de que saliera publicado en el Boletín Oficial del Estado la inscripción del sindicato Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS). A mediados de noviembre, la Audiencia Nacional revocaba los estatutos del sindicato de trabajadoras sexuales, pero, sin embargo, sí existen —y siguen existiendo— asociaciones de empresarios de clubes de alterne.

A día de hoy, en el Registro de Asociaciones del Ministerio de Interior figuran dos organizaciones de empresarios bajo la denominación de “alterne”. Una de ellas es La Associació catalana d’empreses de clubs de alterne, conocida como Aceca o Acla, y con domicilio social en Barcelona. Esta asociación se registró en 2003 y tiene como presidente a Tomás Penas, propietario del show-girls New Aribau, en la misma ciudad, según publicaba La Vanguardia. Aceca, que agrupa a empresarios que gestionan 40 locales de alterne, nació con el objetivo de impugnar una ordenanza aprobada por el Ayuntamiento de Barcelona poco antes que restringía las condiciones que debían reunir los locales de alterne. La normativa iba a suponer el cierre del 90% de los clubs, según denunciaba entonces Penas. Uno de ellos era el que él regentaba, cuya clausura había sido demandada por los vecinos de la zona.

Uno de los abogados que daban asesoramiento legal a Aceca, al menos hasta 2007, es Alex Garberí, que en 2009 estaba imputado en el marco de un caso sobre corrupción policial y proxenetismo —del que fue absuelto en 2015— relacionado con los clubes Riviera y Saratoga, en Castelldefels. Garberí era también abogado en este caso, en el que fue condenado el empresario de clubes de alterne Antonio Herrero Lázaro a un año y once meses de cárcel, aunque posteriormente se rebajó la pena a una multa de menos de mil euros. Herrero Lázaro es también propietario del club Pipo’s, en Orihuela (Alicante), y del Club Flowers, en Madrid, contra el que una de las trabajadoras sexuales presentó una denuncia por las malas condiciones de trabajo, en marzo de este año, apoyada por el colectivo Hetaira.

Otro de los empresarios al frente de Aceca es Oriol Gessé, secretario de la asociación entre los años 2003 y 2010, según aparece en su perfil de la red social LinkedIn —visualizado a 26 de noviembre—. Gessé alertaba en 2007, desde Aceca, de que, si se cierran los locales, las prostitutas trabajarán en la calle. Este empresario dirigió varios negocios relacionados con el ocio y la administración de edificios, objetivo social tradicionalmente aplicado a los locales de alterne, como Instituto Indalo SL —entre 2002 y 2004—, o los hoteles por horas Love Hotel, bajo la nominación jurídica Luztal 177 y Luxtelo 123, entre los años 2005 y 2014. Actualmente aparece como administrador único de una sociedad llamada Noukuve2017.

La otra entidad que aparece actualmente en el Registro de Asociaciones del Ministerio de Interior es la Asociación de Clubs de Alterne de IBIZA (ACAI), cuyo presidente es Adriano D’Indio, propietario del club Infraganti. D’Indio, que en 2015 arremetió contra los taxistas y los locales de alterne sin licencia, aparece actualmente como apoderado en una sociedad llamad Prats Ibiza 2011.

Clubes de alterne y extrema derecha
Pero la asociación de empresarios de clubs de alterne que más eco ha tenido es Anela, la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne. Según publicaba en su día la revista Molotov —antecesora de Diagonal y El Salto—, esta asociación nació en abril de 2001, afirmando que representaban a 200 locales de todo el Estado. Como secretario general, hasta 2011, aparece José Luis Roberto Navarro, impulsor de la plataforma de extrema derecha España 2000 —que compartía local con Falange en Valencia— y jefe de la empresa Levantina de Seguridad, que también se ocupaba de los servicios de seguridad privada en varios de estos locales y que ha sido denunciada varias veces por agresiones en discotecas.

Como presidente de Anela figuró Pablo Mayo Sampedro, de Ourense y propietario del club El Romaní, el más grande de Valencia hasta que fue cerrado y el recinto vendido para ser usado como geriátrico en 2014. Como socio fundador aparece también Balbino García Caruel, propietario del club L’Estel, de Bellvei del Penedés, uno de los tres locales donde los Mossos d'Esquadra realizaron en 2009 una redada contra una trama de trata de mujeres. El Periódico publicaba en ese mismo año de García Caruel habría pagado la fianza de 12.000 euros impuesta a un guardia civil acusado de narcotráfico. Otro de los fundadores de Anela, Juan Rueda Salto, propietario del Club Changó, fue condenado por proxenetismo, según publicaba La Directa en 2011.

El caso Mesalina
Dos años después de que naciera Anela, la Asociación Nacional de Empresarios, Mesalina intentó registrarse como tal, pero la Dirección General de Trabajo lo impidió, dando paso a un proceso judicial conocido como caso Mesalina que, con la sentencia del Tribunal Supremo de noviembre de 2004 —también citada en la sentencia de la Audiencia Nacional del caso OTRAS—, asentaría la jurisprudencia sobre la existencia de asociaciones empresariales de clubes de alterne y la negación a la relación laboral entre las trabajadoras sexuales y los establecimientos. Mesalina tenía su sede social en Mocada, Valencia, y se definía como una asociación dedicada a proveer y gestionar locales hoteleros destinados a ofrecer “servicios o productos” a terceras personas “que ejerzan el alterne y la prostitución por cuenta propia”. El depósito de sus estatutos, ya confirmados por el Tribunal Supremo, apareció publicado en el BOE el 31 de enero de 2005. En el anuncio aparecían como promotores de la asociación Costantin Craciun —en representación de Espacol 2000, SL, empresa dedicada a la gestión de espectáculos—, José Manuel Amela García —en nombre y representación de Hostelería Kasmi Castellón, SL—, Mercedes Pardo Navarro —en representación de Joviana Global, SL— y Juan Antonio Rodríguez Hevia —en representación de Malva y Rosa Negocios, SL—.

Por su parte, la primera asociación de clubes de alterne en Madrid fue Cattelia, creada en abril de 2005. Un año después integraba a más de cien clubes de alterne de Madrid e intentó formar parte de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Su presidente era Jesús Ferreiro, gerente del Club Bombón, en plaza Elíptica.

Fuente:

http://www.elsaltodiario.com/trabajo-sexual/empresarios-lucran-clubes-alterne-patronales

A la patronal se le ve el plumero

La detención del anterior presidente de la patronal española, acusado ahora de blanqueo de dinero, alzamiento de bienes e insolvencia punible y tras una larga serie de escándalos empresariales protagonizados incluso bajo su mandato, es un buen motivo para reflexionar sobre el papel que los empresarios y sus dirigentes patronales desempeñan en nuestra sociedad. En cualquiera que sea el sistema económico con el que uno se identifique (capitalismo, socialismo, comunismo...) la empresa tiene una función esencial. Entendida como la organización que se dedica a la producción de bienes y servicios no tiene sustituto posible en la inmensa mayor parte de los casos que conocemos, bien sea poniéndolos a disposición del mercado, del estado, de la colectividad por cualquier otro medio, o de alguna autoridad central. Es verdad que no es la única forma de obtenerlos pero sí que resulta prácticamente insustituible a poco que los procesos de producción se hagan algo complejos. Sin embargo, la ignorancia y el papanatismo ideológico que tanto abundan han generado una confusión muy habitual que ha hecho que la empresa, y por ende la figura del empresario (o empresaria, porque creo que cuando se habla de empresas es cada vez más necesario subrayar el papel de las mujeres) sea muy mal comprendida y mucho peor apreciada. Tantos los izquierdistas de salón como los defensores fundamentalistas del capitalismo suelen identificar erróneamente a los empresarios con los capitalistas y más concretamente con el tipo de capitalismo que impera en cada época o en cada economía. Un error manifiesto porque es obvio que puede haber empresas en donde la propiedad no sea la privada o incluso empresas puramente capitalistas en donde los valores o la forma de gestión de los recursos predominantes no esté guiada exclusivamente por la avaricia o el afán de lucro. Una confusión aciaga y que tiene mucha más trascendencia de la que pudiera parecer cuando la difunden personas de gran influencia pública. Para crear riqueza y empleo y para proporcionar ingresos y satisfacción a los seres humanos son imprescindibles las empresas y puede ocurrir que nada de eso se consiga en la medida necesaria si unos las rechazan porque ven en ellas a su enemigo capitalista y si, al mismo tiempo, otros entienden que lo único que hay que hacer para fomentarlas es fortalecer el capitalismo y, en particular, un tipo de empresa capitalista (jerárquica, social y ambientalmente irresponsable, empobrecedora, o ineficiente por muy rentable que sea) con el que es muy difícil que la inmensa mayoría de la sociedad se sienta identificada. Lo primero le pasa a muchos sindicalistas y líderes políticos de izquierdas, que no se dan cuenta de que entre los empresarios (por ejemplo los que ahora están realmente al borde del abismo por culpa de los bancos y de las grandes empresas) pueden tener a muchos aliados, o que si se dedicaran a promover la creación de empresas de otro tipo (cooperativas, sociedades laborales, autogestionadas, etc.) avanzarían mucho más aceleradamente hacia la sociedad alternativa a la que aspiran. Lo segundo es lo que creo que le viene pasando a la patronal española en los últimos años. Ha estado y está dominada por personas cuya trayectoria no ha sido precisamente la que podría servir a la sociedad como referencia de la excelencia, el riesgo y el buen hacer productivo de un empresario ejemplar. Y no me refiero solo a sus presidentes sino a los más de 35.000 liberados (por cierto, casi 8,5 veces más de los que tienen los sindicatos) que mantienen las diferentes organizaciones patronales. El caso de Gerardo Díaz Ferrán es una muestra paradigmática de ello. Es decir, de que la patronal española refleja a un tipo carpetovetónico de empresario que tiene muy poco que ver con el que de verdad crea riqueza y con el que sería necesario promover para lograr que en nuestro país nos liberásemos alguna vez de la mentalidad dependiente y del terrible "¡que inventen ellos!". Ferrán y tantos otros empresarios instalados en la cúpula del poder empresarial, son en realidad buscadores de rentas que defienden el mercado cuando hablan ante los micrófonos pero que solo saben ganar dinero aliándose con la clase política más corrupta y que solo compiten a la hora de dar comisiones. Son los que piden austeridad a los demás pero que inflan las cuentas del Estado cuando se quedan con contratos públicos gracias a los políticos a los que han comprado. Son los que dicen que los servicios públicos son insostenibles mientras se llevan a espuertas el dinero que han ganado a costa de su militancia política a paraísos fiscales para no pagar impuestos. Los líderes de la patronal que no tienen en la boca propuestas distintas a reducir salarios, como Díaz Ferrán, son en realidad enterradores de empresas y no verdaderos líderes empresariales. Con tal de sacarle las castañas del fuego a las grandes compañías de quienes reciben votos, favores y dinero a mansalva, vienen defendiendo políticas económicas que han arruinado a miles de pequeños y medianos empresarios que son los que realmente crean empleo porque la desigualdad a la que dan lugar arruina sus mercados y destruye sus clientelas. ¿Cuándo hemos oído a un dirigente empresarial español reclamar a sus colegas que hay que investigar más, que hay que ser creativos y producir con calidad, que la asunción del riesgo y la innovación es lo que distingue a una buena empresa y no el número de pelotazos conseguido o el número de despidos, y que no basta con bajar sueldos para ser competitivos? Los dirigentes de la patronal española están continuamente diciendo que tiene que haber más empresarios y critican que los jóvenes no quieran serlo. Yo estoy completamente de acuerdo con esa demanda aunque entiendo perfectamente por qué no hay más empresarios y empresarias en España. De hecho, lo hablo a menudo con los jóvenes a quienes enseño en la universidad o con los que trato en otros lugares. A mi juicio hay dos grandes problemas que lo impiden. El primero es que no hay capital suficiente. Los dirigentes de la patronal olvidan a menudo que para que haya empresarios no basta con que existan herederos. Es imprescindible que haya dinero, aunque no sea lo único que hace triunfar un proyecto empresarial, y eso no es lo que se consigue precisamente con las políticas que defienden. Pero también otro tipo de capital muy importante: social, cultural, relacional, también buena educación, formación adecuada, ingenio en el ambiente social. Y resulta que la política que viene defendiendo la patronal española destruye este capital. Se dedica solo a privilegiar el que ya dispone una ínfima parte de la población o a financiar medios de comunicación y centros de estudio como negocio que adocenan, desmotivan y maleducan. Y, como en estos últimos años, a proporcionar dinero fácil a base de especular y de estafarse unos a otros. El segundo problema es también determinante. Mientras que los líderes de la patronal se presenten a la sociedad como cancerberos de la derecha, como escuderos de los proyectos políticos más reaccionarios y conservadores, o mientras sean simples delincuentes, como en el caso de Ferrán, mientras a los líderes de la patronal se les vea tanto el plumero político ¿cómo vamos a pedir que haya más empresarios entre todo tipo de jóvenes o entre personas honestas de todas las tendencias? Juan Torres López. Público.es