El Gobierno español, a través de su director ejecutivo en el FMI, calificó de “revolución” la reforma laboral que aprobó en 2010, según reflejan las actas de las reuniones del Fondo que se acaban de desclasificar. El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, que entonces negaba en público que esta normativa supusiese un abaratamiento del despido, exhibió ante el organismo presidido en ese momento por Dominique Strauss-Kahn que su reforma, que le costó una huelga general, sí significaba en la práctica un menor gasto para las empresas por las indemnizaciones de los trabajadores, según defendió el representante español en una reunión en el organismo celebrada el 14 de julio de 2010.
En 30 años, España lleva una cincuentena de reformas laborales, entre las de mayor calado y las más parciales, pero todas ellas guardan un elemento en común: sus gobiernos siempre han intentado que el abaratamiento del despido, cuando estaba incluido en la ley, pasara lo más desapercibido posible en su discurso público. Es lo que ocurrió con la reforma que el Gobierno de José Luis Rodríguez aprobó en 2010. Sin embargo, el Gobierno sí exhibió ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) ese recorte de las indemnizaciones y aseguró que en la legislación laboral española se habría producido una “revolución” y se había abaratado el despido, según consta en las actas recién desclasificadas de la reunión del consejo ejecutivo del Fondo para analizar la evolución de la economía española (en cumplimiento del llamado Artículo IV).
La economía española vivió en 2010 una suerte de falsa tregua entre una recesión económica y otra y aún era vista como un país plagado de riesgos en el FMI. El Gobierno de Zapatero había puesto en marcha una reforma financiera —que luego se descubrió corta— y aprobó una reforma laboral. Entre otras medidas, casi se generalizaba la posibilidad de firmar contratos laborales con un despido improcedente de 33 días por año trabajado con un tope de 24 mensualidades —algo restringido hasta entonces— y se permitía la rescisión procedente —20 días por año trabajado con un límite de 12 meses— si la empresa esperaba tener números rojos en el futuro. La expresión “pérdidas actuales o previstas” se incluyó en 2010 en el Estatuto de los Trabajadores.
Estas medidas le costaron una huelga general. Zapatero quitaba hierro a los cambios: “La reforma es sustancial y equilibrada porque mantiene básicamente la red de derechos de los trabajadores y favorece las expectativas de que el empleo precario se transforme en indefinido y a los empresarios les da oportunidad de adaptarse a la situación económica”, decía el entonces presidente.
En esta misma línea, el exministro de Trabajo, Celestino Corbacho, negaba el abaratamiento del despido alegando que se mantenían las tres modalidades de indemnización (20, 33 y 45 días). Es más, un año antes había dicho que la patronal debía dejar de pedir un despido más barato porque podía “afectar al diálogo social”, e hizo una “llamada a la responsabilidad”.
En cambio, el director ejecutivo del Fondo por España, Ramón Guzmán, defendía lo trascendental de la medida y sí resaltaba el abaratamiento del despido. “El segundo propósito de la reforma es intentar extender contratos con menores costes de despido. Las indemnizaciones han sido menores y los despidos por motivos económicos se han extendido de forma que los juzgados no puedan bloquearlos”, señaló la reunión con el Fondo que tuvo lugar el 14 de julio de 2010, según recogen las actas del encuentro.
Una huelga general
“Esto es una revolución, he vivido con este mercado durante 25 años y puedo atestiguarlo”, destacaba Guzmán. El director ejecutivo exhibió incluso la huelga general llevada a cabo como muestra de que sí se había tocado puntos críticos del mercado laboral ante una comisión ejecutiva del FMI que era muy recelosa de las promesas reformas de España en materia de empleo.
“Hay buenas razones para los escépticos, pero no las hay para poner en duda que las autoridades han tocado puntos clave del sistema y que se ha llevado a cabo una huelga general por ese motivo”, enfatizó.
“La reforma recién probada es bienvenida y lidia con algunos problemas, aunque hacen falta medidas más radicales para reforzar el mercado de trabajo", habían dicho por ejemplo Klaus Stein y Stephan von Stenglin, directores ejecutivos por Alemania. Estos apoyaban la propuesta de los técnicos para permitir una mayor flexibilización de salarios y de los acuerdos relacionados con estos en la negociación colectiva.
En aquel encuentro de dos horas y 44 minutos, Guzmán habló crudamente. “El mercado laboral español es un desastre en términos de eficiencia, no tengo ningún problema en admitir esto ni tampoco ante mis autoridades”, apuntó, para añadir que este sistema “ha producido un fenómeno que se puede describir de muchas formas pero que, básicamente, en los últimos 20 años, entre el 40% y el 50% [de la mano de obra] ha estado o desempleada o con empleos precarios con contratos temporales”. Esto había ido cambiando con el tiempo, dijo, dependiendo de la fase del ciclo económico, pero la reforma que el Gobierno había llevado al Parlamento había finalmente entrado en los puntos clave.
http://economia.elpais.com/economia/2015/09/19/actualidad/1442694020_786947.html?rel=lom
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miércoles, 24 de junio de 2015
miércoles, 26 de noviembre de 2014
El BBVA pide abaratar el despido para bajar la temporalidad. Los empleados pagarían parte de la indemnización con un fondo creado con el 2,19% anual del salario
El método establece que el trabajador recibiría un “salario diferido” del 2,19% de su retribución total, que quedaría en un fondo para el despido. Esto supone ocho días de sueldo por año trabajado y siempre sería propiedad del empleado; si no es despedido, podría disponerlo tras su jubilación y, si cambia de empresa, se lo llevaría consigo. Este sistema es conocido como el modelo austriaco.
De esta forma, en caso de despido tras el primer año la empresa no pondría nada (frente a los 20 días actuales), el segundo año aportaría cuatro días, el tercero, ocho y, a partir del cuarto, 12 días. La indemnización inicial del contrato indefinido sería más baja que la de los temporales.
El PSOE rechazó de plano la propuesta y espera que no se aplique “jamás” en España, mientras que desde la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) se exigió al BBVA que “deje de tener ideas luminosas” y se centre en cumplir su función, que no es otra que dar crédito. El secretario de Acción Sindical de CC. OO., Ramón Górriz, rechazó la propuesta porque supondría un recorte de la indemnización. El PP pidió tiempo para analizarlo.
Fuente: http://economia.elpais.com/economia/2014/11/13/actualidad/1415903590_290517.html
viernes, 23 de agosto de 2013
Despedida de una científica que está haciendo las maletas
Tras cinco años en España, con un contrato Ramón y Cajal, el desplome de la I+D impone de nuevo la emigración a Estados Unidos
AMAYA MORO-MARTÍN 19 AGO 2013
Estimado Sr. Presidente,
Aprovechando el periodo estival, y para minimizar los costes de mi próximo traslado trasatlántico, estoy haciendo limpieza de mi oficina en el CSIC y me gustaría devolverle algunos documentos que ya no voy a necesitar.
Adjunto le devuelvo el certificado oficial de haber superado positivamente la evaluación del Programa I3, el Programa de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora. Agradezco el detalle del Ministerio de Economía y Competitividad pero, en el contexto actual de la investigación en España, no entiendo los conceptos “incentivación”, “incorporación” e “intensificación” (tampoco el de “actividad investigadora”, más allá de la basal). Gracias de todos modos por comunicarme que soy “apta” para investigar; del feedback de la comunidad científica uno no se puede fiar.
Así mismo le devuelvo la homologación española del título de doctor que obtuve en EEUU y la docena de documentos necesarios para su trámite. Todos los documentos vienen con la apostilla de la Haya y las consiguientes firmas del Gobernador del Estado, traducciones oficiales y copias compulsadas con las firmas del Cónsul español en Nueva York. Se incluyen las descripciones detalladas de todas las asignaturas cursadas, que resultaron de mucho interés tanto para el Gobernador como para el Cónsul. Afortunadamente España lidera la cruzada de las homologaciones. Fuera de nuestras fronteras cualquier título original vale, un verdadero escándalo.
El documento que guardo con más cariño, y que también le devuelvo en este envío, es el BOE que describe mi contrato bajo el programa Ramón y Cajal. Subrayado en amarillo encontrará el párrafo donde se detalla el compromiso explícito de, superadas las evaluaciones pertinentes, convocar una plaza con el perfil del investigador contratado. Fue ese párrafo el que me hizo poner fin a más de una década en EEUU. También le devuelvo otro BOE, el de la Ley de la Ciencia, que reafirma ese compromiso de estabilización laboral, introducido precisamente por su grupo parlamentario en el Senado. Le envío esos documentos en una bolsa hermética, son puro papel mojado.
Por el mismo conducto le envío las 700 páginas de certificados y documentos que tenía preparados para el día en que se convocara una plaza con mi perfil, algo que nunca ocurrió. Es la documentación requerida para acreditar la veracidad de mi currículum. Recopilar esa documentación fue una labor de investigación tremendamente gratificante. Sepa usted que en los muchos trabajos que he solicitado fuera de España la documentación requerida es algo más escueta, aproximadamente de 10 páginas: un plan de trabajo y un breve currículum, que no hay que justificar porque la comunidad científica opera con un código de honor. Si quiere un día se lo explico. Sepa usted también que nunca he podido presentarme a una oposición en una universidad española por no tener la acreditación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, acreditación que, por otro lado, sólo se consigue si uno tiene una vinculación previa con una universidad española. Es curioso que ni la Universidad de Princeton ni la Universidad de California en Berkeley, donde hice hace unos años sendas entrevistas de trabajo para plazas de profesor, echaran en falta dicha certificación de aptitud. Quizá la permeabilidad tenga algo que ver con la excelencia, ahora que estamos tan preocupados por los rankings internacionales.
También le devuelvo la carta que la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología tuvo el detalle de enviarme hace unas semanas a mi antigua dirección en la Universidad de Princeton. El objetivo de dicha misiva es realzar la “marca España” con un programa denominado “Ciencia Española en el Exterior”. Sepa usted que me trasladé a España hace cinco años y cuando emigre próximamente la ciencia que haga ya no será española, ni será gracias a España; seguiré haciendo ciencia a pesar de España. No se molesten en enviarme esa misma misiva a mi nuevo centro de trabajo en NASA. Ese esfuerzo ímprobo que han realizado ustedes para localizar a investigadores españoles en el extranjero, que ha llegado incluso a recopilar los viejos correos electrónicos de los que habíamos regresado hacía años, podrían canalizarlo en contactar con los investigadores que todavía están en España y cuya permanencia en el país pende de un hilo. Quizá sea interesante evaluar el alcance del problema, analizar las causas y diseñar una estrategia para buscar soluciones. ¿Cómo, que no sabe a qué problema me refiero? Al de la fuga de cerebros, esa realidad sangrante que su equipo describe como un “topicazo”. Les sugiero un nuevo eufemismo para su colección: inquietud laboral.
Ya se que tiene usted copia porque la dejamos en el Registro de Entrada, pero permítame enviarle de nuevo el CD con las 50.000 firmas de la primera Carta Abierta por la Ciencia y otro con las 80.000 firmas de la segunda. Y una sugerencia: en la verja del Ministerio de Economía y Competitividad, cuyas puertas cerraron a cal y canto el pasado 14 de junio ante la llegada de la mayor manifestación de investigadores en la historia de España, tenga usted disponible, por favor, un rollo de celo. Lo digo para que podamos pegar en la verja la siguiente carta abierta por la ciencia, como pasó con nuestra última carta. O ponga usted un corcho. Entiendo que ambas cosas, el celo y el corcho, excedan el presupuesto de la I+D(*) en España; nos apañamos con uno u otro.
También le devuelvo todas las afirmaciones que su equipo ha hecho de cómo España sigue apostando por la I+D(*). Deduzco que esa apuesta fue hecha en Eurovegas y perdimos. Le devuelvo esas afirmaciones con el mismo afecto con que las recibimos. En realidad usted personalmente no miente, porque no ha dicho nada, absolutamente nada al respecto. Pero aquí le envío los contactos de los 156 periodistas nacionales e internacionales con los que hasta ahora he tenido el placer de hablar sobre su política científica, por si algún día se decide a decirles algo sobre este asunto. Somos todo oídos.
En este abultado envío también le adjunto mi certificado de empadronamiento y dudo si devolverle o no el pasaporte de mi hija de nueve meses; tiene doble nacionalidad pero nuestro futuro en España es tan incierto que me pregunto si volverá a necesitar el pasaporte español. Ahí le van. Se los envío con un nudo en la garganta, el nudo doble de los que se enfrentan a la emigración por segunda vez.
Por último, y a cambio de todos estos documentos que le devuelvo, le pido tan sólo una cosa: devuélvame usted mi dignidad como investigadora, y en el mismo envío, si no le es mucha molestia, devuélvasela a toda la comunidad de investigadores en España, y no se olvide de los de humanidades.
Mariano, durante su legislatura la investigación en este país se está hundiendo irremediablemente hacia el abismo de la fosa de las Marianas. Y si bien es cierto que nuestros colegas científicos han descubierto que hay vida allá abajo, sepa usted que es bacteriana.
Un cordial saludo,
Una investigadora.
(*) P.S. I+D significaba Investigación y Desarrollo.
Amaya Moro-Martín es investigadora Ramón y Cajal del CSIC y promotora de la Plataforma Investigación Digna
Fuente: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/08/19/actualidad/1376935600_483731.html
AMAYA MORO-MARTÍN 19 AGO 2013
Estimado Sr. Presidente,
Aprovechando el periodo estival, y para minimizar los costes de mi próximo traslado trasatlántico, estoy haciendo limpieza de mi oficina en el CSIC y me gustaría devolverle algunos documentos que ya no voy a necesitar.
Adjunto le devuelvo el certificado oficial de haber superado positivamente la evaluación del Programa I3, el Programa de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora. Agradezco el detalle del Ministerio de Economía y Competitividad pero, en el contexto actual de la investigación en España, no entiendo los conceptos “incentivación”, “incorporación” e “intensificación” (tampoco el de “actividad investigadora”, más allá de la basal). Gracias de todos modos por comunicarme que soy “apta” para investigar; del feedback de la comunidad científica uno no se puede fiar.
Así mismo le devuelvo la homologación española del título de doctor que obtuve en EEUU y la docena de documentos necesarios para su trámite. Todos los documentos vienen con la apostilla de la Haya y las consiguientes firmas del Gobernador del Estado, traducciones oficiales y copias compulsadas con las firmas del Cónsul español en Nueva York. Se incluyen las descripciones detalladas de todas las asignaturas cursadas, que resultaron de mucho interés tanto para el Gobernador como para el Cónsul. Afortunadamente España lidera la cruzada de las homologaciones. Fuera de nuestras fronteras cualquier título original vale, un verdadero escándalo.
El documento que guardo con más cariño, y que también le devuelvo en este envío, es el BOE que describe mi contrato bajo el programa Ramón y Cajal. Subrayado en amarillo encontrará el párrafo donde se detalla el compromiso explícito de, superadas las evaluaciones pertinentes, convocar una plaza con el perfil del investigador contratado. Fue ese párrafo el que me hizo poner fin a más de una década en EEUU. También le devuelvo otro BOE, el de la Ley de la Ciencia, que reafirma ese compromiso de estabilización laboral, introducido precisamente por su grupo parlamentario en el Senado. Le envío esos documentos en una bolsa hermética, son puro papel mojado.
Por el mismo conducto le envío las 700 páginas de certificados y documentos que tenía preparados para el día en que se convocara una plaza con mi perfil, algo que nunca ocurrió. Es la documentación requerida para acreditar la veracidad de mi currículum. Recopilar esa documentación fue una labor de investigación tremendamente gratificante. Sepa usted que en los muchos trabajos que he solicitado fuera de España la documentación requerida es algo más escueta, aproximadamente de 10 páginas: un plan de trabajo y un breve currículum, que no hay que justificar porque la comunidad científica opera con un código de honor. Si quiere un día se lo explico. Sepa usted también que nunca he podido presentarme a una oposición en una universidad española por no tener la acreditación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, acreditación que, por otro lado, sólo se consigue si uno tiene una vinculación previa con una universidad española. Es curioso que ni la Universidad de Princeton ni la Universidad de California en Berkeley, donde hice hace unos años sendas entrevistas de trabajo para plazas de profesor, echaran en falta dicha certificación de aptitud. Quizá la permeabilidad tenga algo que ver con la excelencia, ahora que estamos tan preocupados por los rankings internacionales.
También le devuelvo la carta que la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología tuvo el detalle de enviarme hace unas semanas a mi antigua dirección en la Universidad de Princeton. El objetivo de dicha misiva es realzar la “marca España” con un programa denominado “Ciencia Española en el Exterior”. Sepa usted que me trasladé a España hace cinco años y cuando emigre próximamente la ciencia que haga ya no será española, ni será gracias a España; seguiré haciendo ciencia a pesar de España. No se molesten en enviarme esa misma misiva a mi nuevo centro de trabajo en NASA. Ese esfuerzo ímprobo que han realizado ustedes para localizar a investigadores españoles en el extranjero, que ha llegado incluso a recopilar los viejos correos electrónicos de los que habíamos regresado hacía años, podrían canalizarlo en contactar con los investigadores que todavía están en España y cuya permanencia en el país pende de un hilo. Quizá sea interesante evaluar el alcance del problema, analizar las causas y diseñar una estrategia para buscar soluciones. ¿Cómo, que no sabe a qué problema me refiero? Al de la fuga de cerebros, esa realidad sangrante que su equipo describe como un “topicazo”. Les sugiero un nuevo eufemismo para su colección: inquietud laboral.
Ya se que tiene usted copia porque la dejamos en el Registro de Entrada, pero permítame enviarle de nuevo el CD con las 50.000 firmas de la primera Carta Abierta por la Ciencia y otro con las 80.000 firmas de la segunda. Y una sugerencia: en la verja del Ministerio de Economía y Competitividad, cuyas puertas cerraron a cal y canto el pasado 14 de junio ante la llegada de la mayor manifestación de investigadores en la historia de España, tenga usted disponible, por favor, un rollo de celo. Lo digo para que podamos pegar en la verja la siguiente carta abierta por la ciencia, como pasó con nuestra última carta. O ponga usted un corcho. Entiendo que ambas cosas, el celo y el corcho, excedan el presupuesto de la I+D(*) en España; nos apañamos con uno u otro.
También le devuelvo todas las afirmaciones que su equipo ha hecho de cómo España sigue apostando por la I+D(*). Deduzco que esa apuesta fue hecha en Eurovegas y perdimos. Le devuelvo esas afirmaciones con el mismo afecto con que las recibimos. En realidad usted personalmente no miente, porque no ha dicho nada, absolutamente nada al respecto. Pero aquí le envío los contactos de los 156 periodistas nacionales e internacionales con los que hasta ahora he tenido el placer de hablar sobre su política científica, por si algún día se decide a decirles algo sobre este asunto. Somos todo oídos.
En este abultado envío también le adjunto mi certificado de empadronamiento y dudo si devolverle o no el pasaporte de mi hija de nueve meses; tiene doble nacionalidad pero nuestro futuro en España es tan incierto que me pregunto si volverá a necesitar el pasaporte español. Ahí le van. Se los envío con un nudo en la garganta, el nudo doble de los que se enfrentan a la emigración por segunda vez.
Por último, y a cambio de todos estos documentos que le devuelvo, le pido tan sólo una cosa: devuélvame usted mi dignidad como investigadora, y en el mismo envío, si no le es mucha molestia, devuélvasela a toda la comunidad de investigadores en España, y no se olvide de los de humanidades.
Mariano, durante su legislatura la investigación en este país se está hundiendo irremediablemente hacia el abismo de la fosa de las Marianas. Y si bien es cierto que nuestros colegas científicos han descubierto que hay vida allá abajo, sepa usted que es bacteriana.
Un cordial saludo,
Una investigadora.
(*) P.S. I+D significaba Investigación y Desarrollo.
Amaya Moro-Martín es investigadora Ramón y Cajal del CSIC y promotora de la Plataforma Investigación Digna
Fuente: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/08/19/actualidad/1376935600_483731.html
lunes, 13 de agosto de 2012
Los jueces ponen límites a los nuevos despidos basados en la última reforma laboral
...La reforma laboral aprobada el 10 de febrero fortaleció las posiciones empresariales en las regulaciones de empleo (despidos colectivos, suspensiones temporales de contratos y reducciones de salario y jornada). Ya no hace falta el permiso de la autoridad laboral, y el pacto con los sindicatos ha dejado de ser una condición casi imprescindible. Además, la caída de ingresos durante tres trimestres consecutivos justifica el despido objetivo (20 días por año trabajado). En definitiva, se facilita y abaratan las extinciones de contrato. Y esto fue una tentación grande para firmas como Tradisa. En cambio, para la Audiencia eso es “fraude de ley”, ya que “supone una manifiesta voluntad de sustraerse del procedimiento legal para beneficiarse de uno más flexible, lo que equivale a cambiar de árbitro y de reglas de juego en pleno partido”.
Una queja histórica del empresariado español es que los tribunales deciden abrumadoramente en su contra en las querellas sobre despidos, pese a que desde 2000 la estadística sitúa entre el 30% y el 40% de fallos en su favor. Para atender esta demanda, las dos últimas reformas laborales han acotado el papel de los jueces. El Gobierno de Zapatero introdujo el concepto de “pérdidas razonables o previstas” como causa de despido objetivo y el de Rajoy la citada caída de ingresos. Pero la tutela judicial existe aún en materia laboral y los tribunales están empezando a señalar los límites que la nueva norma marca.
Situación de todo el grupo
La primera frontera la señalaron los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña y Madrid en sendos despidos colectivos. En estas comunidades, las empresas DOPEC y Talleres A, respectivamente, rescindieron decenas de contratos alegando causas económicas. Los jueces anularon la decisión de las compañías, entre otras cosas, porque forman parte de un grupo empresarial y no sirve que se tome la situación económica solo de una compañía para justificar la aplicación de un ERE. Así, se exige que se tome en consideración —y, por tanto, se documente— a todo el grupo.
En el caso de Talleres A, el tribunal ha ido más allá, al apuntar que pese a que ya no es obligatorio el acuerdo entre las partes, sí que tiene que haber una negociación con voluntad de llegar a un pacto. Lo que de ratificarse por el Tribunal Supremo acabará elevando, de hecho, las indemnizaciones mínimas fijadas en la ley. “Quien se acerca a una mesa de consultas de un expediente de regulación con su posibilidad como única, no negocia ni efectúa concesiones, sino que se limita a cumplir formalmente con un trámite”, señala la sentencia, que abunda que tal actitud supone una negociación de mala fe...
Leer más en El País.
Una queja histórica del empresariado español es que los tribunales deciden abrumadoramente en su contra en las querellas sobre despidos, pese a que desde 2000 la estadística sitúa entre el 30% y el 40% de fallos en su favor. Para atender esta demanda, las dos últimas reformas laborales han acotado el papel de los jueces. El Gobierno de Zapatero introdujo el concepto de “pérdidas razonables o previstas” como causa de despido objetivo y el de Rajoy la citada caída de ingresos. Pero la tutela judicial existe aún en materia laboral y los tribunales están empezando a señalar los límites que la nueva norma marca.
Situación de todo el grupo
La primera frontera la señalaron los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña y Madrid en sendos despidos colectivos. En estas comunidades, las empresas DOPEC y Talleres A, respectivamente, rescindieron decenas de contratos alegando causas económicas. Los jueces anularon la decisión de las compañías, entre otras cosas, porque forman parte de un grupo empresarial y no sirve que se tome la situación económica solo de una compañía para justificar la aplicación de un ERE. Así, se exige que se tome en consideración —y, por tanto, se documente— a todo el grupo.
En el caso de Talleres A, el tribunal ha ido más allá, al apuntar que pese a que ya no es obligatorio el acuerdo entre las partes, sí que tiene que haber una negociación con voluntad de llegar a un pacto. Lo que de ratificarse por el Tribunal Supremo acabará elevando, de hecho, las indemnizaciones mínimas fijadas en la ley. “Quien se acerca a una mesa de consultas de un expediente de regulación con su posibilidad como única, no negocia ni efectúa concesiones, sino que se limita a cumplir formalmente con un trámite”, señala la sentencia, que abunda que tal actitud supone una negociación de mala fe...
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