El conflicto (antes guerra) civil no ha terminado

La historia de España durante el siglo XX (y que continúa en el siglo XXI) es el conflicto constante entre, por un lado, los establishments financieros, centrados en la banca, y los empresariales, centrados en la gran patronal (asistidos por el Estado dominado por las fuerzas conservadoras –que incluyen las fuerzas armadas y el sistema judicial y policial- y por la jerarquía de la Iglesia Católica, y apoyados por la mayoría del establishment mediático) y por el otro lado, las clases populares que intentan conseguir el bienestar social y calidad de vida que consideran que se merecen y cuyo desarrollo entra inevitablemente en conflicto con los privilegios de aquellos establishments. Este conflicto marcó el siglo XX y continúa ahora en el siglo XXI.

El máximo desarrollo de tal conflicto en el siglo pasado apareció cuando, en respuesta a las políticas reformistas altamente populares llevadas a cabo por un gobierno democrático, hubo un golpe militar que impuso una de las dictaduras más represivas de las que hayan existido en la Europa Occidental (según el profesor Malefakis, experto del fascismo europeo en la Universidad de Columbia, por cada asesinato político que cometió Mussolini, Franco cometió diez mil). Tal dictadura se estableció para defender los intereses de aquellos establishments financieros y empresariales dominantes en la historia de nuestro país.

La resistencia popular hizo quebrar aquella dictadura en los años setenta del siglo pasado. Desde 1974 a 1978 España fue el país con la mayor agitación social de Europa. De ahí que, aun cuando el dictador Franco murió en la cama, la dictadura terminó en la calle. Las movilizaciones sociales (lideradas por el movimiento obrero), aunque determinantes para acabar con aquella dictadura, no fueron suficientemente fuertes para romper con la estructura de poder que controlaba el Estado. Y un punto importante para explicar aquella insuficiencia fue que los partidos políticos de izquierda acababan de salir de la clandestinidad, con muchos de sus dirigentes en las cárceles o en el exilio.

El desequilibrio de fuerzas en aquel proceso de Transición fue enorme.
Las derechas controlaban el aparato del Estado, además del poder financiero y gran empresarial, gozando de una gran influencia en los medios, mientras que las izquierdas políticas estaban saliendo de una dictadura que les había reprimido brutalmente. El famoso “consenso” de la Transición al que las derechas (y algunas voces de izquierda) se refieren constantemente para justificar la perpetuación de su poder en las instituciones del Estado, asume una aceptación por parte de las izquierdas de un acuerdo muy desigual que fue aceptado en aquel momento, resultado de que se percibía que era la única salida posible. La Constitución Española refleja este desequilibrio. No se reconoce en ella ni la universalidad de los derechos sociales (como la sanidad) ni tampoco se reconoce la plurinacionalidad del Estado español. Éstos son indicadores del enorme poder que las derechas tuvieron en la mal llamada Transición “modélica” y que han marcado los más de treinta años de una democracia caracterizada por sus grandes insuficiencias.

La corrección del déficit social
Ni que decir tiene que el periodo democrático ha visto enormes cambios entre los cuales destaca el establecimiento del Estado del Bienestar, proceso liderado por las izquierdas. El establecimiento del Sistema Nacional de Salud, en 1986, es un ejemplo de ello. Y aunque no garantizaba la universalidad de los servicios sanitarios, es decir, unos derechos extensivos a toda la población española, sí que los extendía a la gran mayoría de la población. Otro indicador fue el notable crecimiento del gasto público social por habitante (que cubre desde las pensiones y otras transferencias públicas a los servicios públicos del Estado del Bienestar como sanidad, educación, y servicios sociales, entre otros) corrigiéndose parte del enorme déficit social que la España democrática había heredado de la dictadura. El año que el dictador murió España tenía el gasto público social más bajo de los países que más tarde pasarían a ser la UE-15. En 1975 el gasto social representaba en España solo el 15% del PIB, mientras que el promedio del resto de los países de la posterior UE-15, era del 22% del PIB.

El euro se hizo a costa del Estado del Bienestar 
La corrección del déficit social fue interrumpida, sin embargo, como consecuencia de la manera como se, ... Vicenc Navarro en Público. Seguir leyendo el artículo aquí.