Fuentes: Ctxt [Foto: Una jornalera trabajando en Marinaleda]
Cuando imaginamos el tejido rural, Marinaleda es un emblema. Un municipio sevillano en el que viven 2.626 personas, según el censo de 2018, con muy escaso desempleo y en el que la población más joven quiere seguir viviendo. Los pilares de este proyecto son la planificación comunitaria, la gestión pública de la tierra y autogestión cooperativa.
La política municipal ha sido desde 1979 la herramienta política de transformación social en Marinaleda. La lucha por el acceso a la tierra, la construcción de viviendas destinadas a las jornaleras, jornaleros y sus familias, la consecución del pleno empleo… Y, en general, las políticas que han actuado como dique frente a las lógicas de explotación, de seres humanos y de la tierra, propias de lo que se llama desarrollo en los contextos capitalistas.
Un total de ocho cooperativas trabajan en las 1.200 hectáreas de El Humoso, una finca que la lucha y la desobediencia de la gente del campo consiguió arrebatar en 1992 al duque del Infantado. El pueblo y las cooperativas no son propietarios de la tierra, porque, tal y como defienden, la tierra no debe ser de nadie, y solo existe la posibilidad de trabajarla. Esas tierras son el principal sustento económico de todo el pueblo. En ellas se trabaja por turnos, compartiendo las labores y su fruto.
Ahora ese modelo está bajo amenaza. El Gobierno andaluz quiere vender la finca. La normativa que aprobó el Gobierno andaluz sobre los usufructos de la finca de El Humoso otorga al Ayuntamiento de Marinaleda una opción de compra preferente, pero los precios que se marcan son abusivos y se corre el riesgo de que solamente grandes inversores puedan comprar. En junio de 2021, la Junta de Andalucía, gobernada por PP y Vox, los partidos que más sacan pecho en la defensa de las y los agricultores, emitió una orden de desalojo que las cooperativas recurrieron. Por el momento las cooperativas resisten.
Es la lógica del capitalismo del desastre. Se intenta sacar tajada y convertir la destrucción en beneficios y nuevas oportunidades para el lucro. Estamos en una profunda crisis ecosocial y asistimos de forma cada vez más violenta a la pugna por los recursos naturales. La tierra fértil es uno de los más importantes. La pérdida de suelo fértil provoca que el terreno agrícola productivo aumente su precio en los mercados capitalistas. La inversión en tierra se convierte de este modo en un “activo rentable” para los fondos financieros especulativos y los grandes inversores. Estos, cuando llegan al campo, intentan sacarle jugo de la forma más rápida posible a través de la superintensificación productiva. Pero la conversión de la agricultura en una industria extractiva agudiza la erosión y empobrecimiento de los suelos, la pérdida de nutrientes y de biodiversidad. La aplicación masiva de agroquímicos empeora la fertilidad de los terrenos y contamina las masas de agua dulce.
Acaparamiento de tierra fértil escasa, destrucción medioambiental, degradación de los suelos y contaminación de las aguas, que provocan mayor escasez de tierra viva. Una escasez inducida que supone una oportunidad de negocio. Un círculo vicioso y nefasto que demuestra que cuanto mejor le va al capital, peor parada sale la vida en su conjunto y en particular la humana.
El agronegocio financiero, la política monetaria y los agentes especulativos En los últimos 15 años, los fondos de inversión especulativos se han lanzado a comprar fincas agrícolas y empresas del sector primario y agroindustrial en todo el mundo. El campo, como activo alternativo al tradicional ladrillo, ofrece una alta rentabilidad con relación al riesgo. Se convierte en un paraguas contra la inflación, al estar algo más alejado de los sobresaltos de los mercados financieros. Según datos de la consultora inmobiliaria CBRE, en este período se ha multiplicado por diez el número de inversores que compran terrenos agrícolas, y por 15 los que entran en empresas agroalimentarias.
Estos fondos especulativos se han beneficiado de la política monetaria impuesta en los últimos lustros por las supuestamente “neutras” autoridades monetarias y los bancos centrales. Tras la crisis de 2008, se pusieron en marcha “políticas monetarias no convencionales”, entre las cuales, la principal fue la denominada “flexibilización cuantitativa” (Quantitative Easing, QE). La política de QE consistió en inyectar dinero en el sector financiero con el fin de que los bancos pudiesen prestar y mantener los tipos de interés cercanos al cero (o incluso por debajo). Posteriormente, la crisis inducida y agravada por la pandemia mundial de covid empujó a los bancos centrales a ampliar sus programas de compra de activos, así como a inyectar ingentes sumas de liquidez al sistema financiero. Para autores como Chesnais, la QE es el elegante nombre que esconde la creación de moneda. Es lo que en otros tiempos se conocía como la puesta en marcha de la maquinaria de hacer billetes.
Andalucía, la tierra para quien especula Andalucía está siendo víctima de este proceso. Con la pandemia, las inversiones de capital foráneo en la agricultura andaluza aumentaron. Los fondos de capitales buscan fincas “buenas y grandes”, de 500 hectáreas o más, y con posibilidades de regadío, fundamentalmente para cultivos leñosos. Mientras una buena parte de la actividad económica estaba seriamente afectada por la pandemia, el olivar aumentó en 2021 casi 10.000 hectáreas en Andalucía. Un 2% respecto a la superficie total de este cultivo.
En 2021, según el Instituto Nacional de Estadística, Andalucía se situó a la cabeza de las comunidades autónomas españolas en la lista de compraventas de fincas rústicas, con 2.211 operaciones. Durante 2022 se alcanzaron las cotas más altas de los últimos 15 años en las compraventas de terreno rústico.
Los fondos de inversión están detrás de prácticamente todas las operaciones de mayor envergadura y de la mayor parte de las nuevas plantaciones, superintensivas o intensivas. Las entradas de estos capitales son muy fuertes también en empresas que forman parte de la cadena de valor agrícola o en la industria agroalimentaria andaluza. Es el caso de la conservera ALSUR. Los fondos de inversión Acon Southern Europe y Quarza Inversiones se han hecho con la mayoría de Sola de Antequera, empresa especializada en la fabricación de conservas vegetales, principalmente de alcachofa, judías, habitas y pimientos.
El traspaso de tierras desde quienes tradicionalmente han mantenido la agricultura a los fondos de inversión está provocando cambios drásticos en la configuración del campo. Hay menos explotaciones agrarias, cada vez más grandes y menos familiares. En Andalucía, se convierten en los “nuevos amos”.
Son tres los factores que despiertan la voracidad inversora: el agua, el despliegue de las energías renovables y la cercanía a los grandes núcleos urbanos. Esos tres factores están relacionados con tres usos distintos: el puramente agrícola, el relacionado con las nuevas megaplantas de energías renovables, y el dedicado únicamente al ocio.
Ante la escasez de agua, el Gobierno andaluz se pone al servicio del capital. Ante la demanda de los nuevos terratenientes de fincas muy grandes, bien comunicadas, con agua y cerca de vías de comunicación, la Junta de Andalucía anunció en octubre de 2022 la puesta en marcha del “Plan SOS” (de soluciones y obras frente a la sequía), que dotará 4.047 millones de euros para impulsar obras hídricas hasta el año 2027.
Respecto a las nuevas megaplantas de energías renovables, el neoliberalismo andaluz también pone las cosas fáciles a los intereses de las grandes empresas energéticas. Las grandes corporaciones del “oligopolio energético” están acaparando tierras en muchos pueblos de Andalucía para instalar megaplantas que dejarán pocos beneficios al conjunto de la economía y población local. Decenas de ayuntamientos se organizaron para presentar una Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos (ILA) ante el Parlamento de Andalucía para suspender temporalmente el “tsunami de megaproyectos”. La intervención pública en este ámbito da lugar a hablar de “burbuja especulativa con las cartas marcadas” pues las promotoras juegan con la declaración de utilidad pública y, en última instancia, conseguir que el Estado expropie los terrenos.
Resistir desde la política de los comunes Ante esta situación, resulta importante defender y sostener los proyectos e iniciativas consolidadas alrededor de lo común, de la economía política de los comunes o la economía social transformadora. Un común reúne a coproductores que actúan conjuntamente dándose a sí mismos reglas colectivas. La economía política de los comunes hace de la cooperación el antídoto contra la lógica capitalista. Es ahí donde se pueden enmarcar dos alternativas de economía social transformadora que a continuación se muestran, y que hacen frente a los procesos anteriormente descritos.
Por un lado se encuentra el proyecto cooperativo de Marinaleda, experiencia que ha resistido a las relaciones capitalistas de poder asimétricas que destruyen los bienes comunes. La planificación pública comunitaria del proyecto cooperativo siempre se ha guiado por las actividades productivas que permitan generar el mayor número de jornales posibles. La gestión (cooperativa) no tiene por finalidad la maximización de los beneficios o aumentar los salarios de unas determinadas personas, sino alcanzar los objetivos planificados de crear el máximo número de empleos posibles para las personas que habitan el pueblo.
Uno de los elementos fundamentales del proyecto es la consideración de la tierra como un bien común; la tierra, por la que se luchó colectivamente, no debe ser privatizada, mercantilizada. Se apuesta por la creación de una fundación que imposibilite la privatización de la tierra; que la haga indivisible, invendible, inespeculable y gestionada por las cooperativas de Marinaleda.
La oferta de compra de la tierra por parte de las cooperativas para posteriormente vincularlas a una fundación recibió como respuesta, por parte del Gobierno andaluz, una orden de desalojo. Frente a la creación de empleo y riqueza para todo un pueblo y su comarca, la intervención neoliberal prefiere vender a los fondos de inversión.
Otra experiencia valiosa de economía social transformadora que queremos mostrar es la creación de la Comunidad Energética Local de Alcalá del Valle. El proceso tiene como fin crear una cooperativa de consumo energético que permita la participación abierta y voluntaria, el control efectivo por las personas socias y la priorización absoluta de los beneficios medioambientales y socioeconómicos de la ciudadanía frente a las ganancias financieras. A partir de ahí, se están realizando los estudios técnicos y financieros para poder contar con la infraestructura necesaria para generar la energía que requiere la localidad. En este sentido, la infraestructura que generará la energía a partir del sol se considera como un bien común gestionado de modo cooperativo y con una propiedad colectiva.
Son proyectos que funcionan. En el caso de Marinaleda, la eficiencia, desde el punto de vista del bienestar de las personas del pueblo, está demostrada desde hace más de cuarenta años. Tienen valor en sí mismo y como faro para iluminar e inspirar muchos otros.
No les dejemos solos en esta lucha. Cada espacio que se abandona al capital se traduce en menos oportunidades para disfrutar de vidas buenas, ya y en el futuro.
Óscar García Jurado es economista y forma parte de Talaios Kooperatiba. Yayo Herrero es activista y ecofeminista. Antropóloga, ingeniera técnica agrícola y diplomada en Educación Social.
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