El Tribunal Supremo ha anulado la venta de casi 3.000 viviendas protegidas que compró un fondo de inversión de Goldman Sachs a la Comunidad de Madrid por 201 millones en 2013. El alto Tribunal rechazó este jueves los recursos presentados por la Comunidad de Madrid y el fondo que compró las viviendas contra la sentencia dictada en mayo pasado por el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad, que avaló la nulidad de la operación porque el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) no explicó las razones de la venta ni acreditó, como exige la ley, que los pisos ya no eran necesarios para su fin social.
La operación cuya nulidad ha confirmado ahora el Tribunal Supremo supuso que la Comunidad de Madrid dejara en manos de Encasa Cibeles, un fondo de inversión de Goldman Sachs, suelo y viviendas que habían sido públicas. La Sala de lo Contencioso Administrativo no entra en el fondo del asunto (si las viviendas podían o no venderse), sino que directamente inadmite el recurso presentado por la Comunidad y el fondo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que a su vez confirmó el fallo dictado por un juzgado de la capital.
El Supremo no admite los recursos por falta de interés casacional (no hay un asunto que requiera un pronunciamiento del alto tribunal para unificar doctrina, ya que se refiere a una resolución concreta de la Comunidad). Pero en el auto dictado para exponer su decisión, da por buenos los argumentos de las sentencias anteriores, según las cuales, la Comunidad sí justificó las razones políticas de la venta de los pisos (la necesidad de liquidez para alcanzar la estabilidad presupuestaria), pero no cumplió con otro requisito que exige la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas para vender un bien público: en este caso, argumentar que las viviendas que se enajenan ya no eran necesarias para cumplir con la función social del IVIMA.
Esperanza Aguirre impulsó la construcción de estas 2.935 viviendas públicas, repartidas en 32 promociones y por 11 municipios, destinadas a régimen de alquiler, alquiler con derecho a venta para jóvenes, y alquiler con derecho a venta en general. Pero en 2013, en plena crisis y ya bajo la presidencia de Ignacio González, la Comunidad se las vendió al fondo Encasa Cibeles por 201 millones.
El periodo de protección que impedía vender las residencias acabó poco después de la compra y las consecuencias de la nulidad de la venta están en el aire porque el fondo ya ha vendido 1.159 apartamentos, 505 en el mercado libre y 654 tras ejecutar los inquilinos originales su opción de compra preferente a un precio protegido, según fuentes conocedoras de su operativa, como publicó EL PAÍS a finales de noviembre. Hoy solo quedan 600 de los más de 2.200 inquilinos originales del IVIMA y los procesos judiciales abiertos por los afectados rodean de dudas miles de nuevos contratos de venta y alquiler.
La abogacía de la Comunidad de Madrid afirmó este jueves, tras conocer el auto del Supremo, que está valorando la resolución y recordó que la posibilidad de interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. “En cualquier caso, la anulación, de producirse de manera definitiva y con sentencia firme, solo podría ser efectiva con la vivienda de los recurrentes, de forma que no es posible que dicha anulación afecte a terceros ocupantes de las casi 3000 viviendas”, afirmó un portavoz del actual Gobierno regional (PP y Ciudadanos). Sin embargo, el Supremo recuerda en su auto que la sentencia dictada en mayo de 2018 por un juzgado de la capital decretaba una doble nulidad: una, respecto de la enajenación de las 32 promociones (que deja sin efecto) y, otra, respecto de la concreta transmisión de la propiedad del recurrente.
Por su parte, Alejandra Jacinto, la abogada que representa a los vecinos, consideró este jueves que la sentencia del alto tribunal confirma la anulación de la venta de las viviendas. “Ahora hay que entrar en el largo camino de la ejecución de la sentencia, en el que pediremos que se retrotraiga toda la venta”, añadió, avanzando que cree que la Administración argumentará que es imposible devolver al parque público casas que ya han sido vendidas a terceros en el mercado libre. En ese caso, avanzó, habrá que “reparar el daño”.
Encasa Cibeles señaló que están analizando el fallo y que “siempre” ha cumplido todos los contratos de inquilinos firmados con el IVIMA, también en lo que respecta a las bonificaciones de renta que algunos de ellos tenían concedidas. “En su política de gestión, Encasa Cibeles siempre da especial prioridad a aquellos casos de vulnerabilidad social, que son atendidos por su equipo de mediación social para buscar las alternativas y soluciones más adecuadas a cada situación”, señaló un portavoz.
BOTELLA VENDIÓ 1.860 CASAS DE LA CAPITAL
Aunque la sentencia del Tribunal Supremo afecta únicamente a las 2.935 viviendas que vendió la Comunidad al fondo de inversión Encasa Cibeles, esta no fue la única Administración que acudió a esa fórmula en busca de ingresos durante los peores años de la crisis.
Así, el Ayuntamiento de la capital también vendió 1.860 viviendas públicas a un fondo —en este caso, Fidere—.
Ocurrió en 2013, cuando Ana Botella era la alcaldesa por la marcha de Alberto Ruiz-Gallardón al Gobierno de Mariano Rajoy, y reportó 128 millones de euros a las arcas municipales.
En la actualidad, más del 90% de las viviendas compradas están en el mercado libre.
LAS CLAVES DE LA POLÉMICA
Ignacio González vendió en 2013 2.935 viviendas protegidas que compró un fondo de inversión de Goldman Sachs a la Comunidad por 201 millones. Eran 32 promociones de viviendas públicas repartidas por 11 municipios: 2.371 en alquiler con opción a comprar para jóvenes; otras 105 en alquiler con opción a compra; y 459 en alquiler.
De esas viviendas, 1.159 ya han sido vendidas, 505 en el mercado libre.
Un inquilino de Navalcarnero recurrió la venta al entender que se alteraban las condiciones con las que había accedido a su vivienda, argumentando, por ejemplo, que la empresa pública IVIMA revisaba los alquileres cada dos meses —adaptándolos a la situación de cada familia—. En 2016, la justicia dictaminó que no tenía legitimación activa para recurrir.
En 2017, sin embargo, el Supremo concluyó que los inquilinos sufrían las consecuencias directas de la venta, y que por lo tanto podían recurrir sus casos.
En mayo y junio de 2019, el Tribunal Superior de Madrid dictó sendas sentencias confirmando la anulación de las resoluciones del IVIMA permitiendo la venta, al no argumentar por qué esos bienes no tenían utilidad para la Administración.
Tras inadmitir el Supremo los recursos de la Comunidad y el fondo comprador, el Gobierno estudia acudir al Constitucional. Encasa Cibeles maneja la posibilidad de presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial frente al Ejecutivo ya que “el vicio que determinó la anulación del acuerdo sería imputable a la Administración”, según su memoria de 2018.
https://elpais.com/ccaa/2019/12/12/madrid/1576168137_552059.html
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lunes, 23 de diciembre de 2019
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