Mostrando entradas con la etiqueta Reino de España. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Reino de España. Mostrar todas las entradas

domingo, 28 de diciembre de 2025

Reino de España: Los jóvenes y las derechas


El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha reconocido en 2025 un censo poblacional en España de más de 49.000.00 de personas, de las cuales, algo más del 15,9 % (7.350.000) tienen entre 15 y 29 años.

Por su parte, las encuestas, especialmente las electorales, registran un giro a la derecha entre la juventud. Según los sondeos, Vox sería, con un 25,1%, la primera opción de voto en la franja de edad que va de los 18 a los 24 años. Se espera que esta tendencia electoral se vea reflejada el próximo 21 de diciembre en las elecciones autonómicas en Extremadura.

Simultáneamente a lo anterior y sin intención de restarle ápice alguno de importancia, hay que añadir otros aspectos en sentido contrapuesto, pero a la vez sin una clara concreción electoral. Ejemplos son la implicación de un número importante de jóvenes en la movilización contra el genocidio en Palestina, particularmente, durante la vuelta ciclista a España; la participación de manera amplia y activa en el movimiento feminista y en la lucha por una vivienda digna en el marco del sindicato de inquilinas/os o su determinante presencia en la huelga general de dos días llevada a cabo en noviembre en las seis universidades madrileñas en defensa de la educación pública y de calidad. También en las movilizaciones en defensa del territorio y el medioambiente contra los planes de instalación de la planta de celulosa de Altri en Galicia.

La suma y resta de tanto dato contrapuesto está dando como resultado un aumento de la llamada “polarización política” en la sociedad y, por supuesto, entre los jóvenes. El precio de dicho crecimiento tiene ya su reflejo en el Atlas de polarización que indica que, en el último año, un 14% de los españoles ha roto con amigos o familiares a “causa de las discusiones políticas”.

Para terminar de demostrar lo contradictorio del momento, los mismos estudios señalan que la mayoría de los jóvenes españoles se autodefinen como “más de izquierdas que de derechas”. A la vez, alrededor del 59% de ellos afirma “no sentirse representado por opción política alguna”. Tal carencia provoca que no pocos de los que se autodefinen como progresistas o de izquierdas se muevan en el abstencionismo político y registren una mayor volatilidad entre opciones a la hora de transformar su sentimiento en voto.

Desmontando mitos
A finales de junio de 2025, el Instituto de la Juventud publicaba el “Informe Juventud en España 2024: Entre la emergencia y la resiliencia”. Los datos que aparecen en el mismo muestran una juventud que vive una situación que, debido a su base material, se torna insostenible. Hagamos un rápido repaso usando la información del estudio señalado y de otros, cuyas fuentes aparecen al final de este artículo.

Los “sísís”, valor en alza: El 23% del total de los jóvenes estudian y trabajan al mismo tiempo, desmontando así el mito de su supuesta pasividad. Es muy de resaltar el esfuerzo de los menores no acompañados (MENA): el 89% de los mismos estudia o trabaja, o bien realiza ambas cosas a la vez.

Salario escaso y trabajo precario: A finales de 2024 el salario mediano de la juventud creció un 11% interanual, situándose en 14.046,52€ anuales, con una tasa de paro que descendió al 19,1%, si bien resulta superior a la media. En las parejas jóvenes, un 56,5% de las mujeres afirman que aportan más dinero a casa que su pareja masculina. Comparativamente con el resto de la población asalariada, las personas jóvenes, incluso las de entre 30 y 34 años, continúan percibiendo sueldos inferiores al resto de la población y su proporción de fijos discontinuos también es superior a la media, como lo es la notable sobre cualificación que revelan en relación a las habilidades que se les requieren en los empleos que encuentran.

Origen plural: Un 24% de las personas jóvenes (18 a 34 años) residentes en España ha nacido en el extranjero, 7 puntos más del total poblacional del reino. Sus orígenes son muy diversos, si bien destacan Sudamérica, África y la Unión Europea. Natalidad deseada: El 72% de las personas entre 15 y 34 años quieren tener un hijo/a, pero sólo el 19% puede. Para el 87% la principal dificultad se halla en la falta de medios económicos. La edad media de la primera maternidad en España se sitúa en 31,6 años, de las más ,mtardías de Europa. La tasa de fecundidad también estaba muy por debajo del nivel de reemplazo, con 1,16 hijos por mujer en 2022. Vivienda imposible: A finales de 2024 (en el 2025 resulta peor), alquilar una vivienda libre costaba de media 1.080€ mensuales, es decir, el 92,3% del salario de una persona joven. En tales condiciones, comprar una vivienda implica destinar a la misma el salario íntegro de 14 años.

En este contexto, el 65,6% de los jóvenes viven o dependen económicamente de sus progenitores. El alquiler es el régimen de tenencia más común entre la juventud (57,9%). El modelo de emancipación individual también se reduce: solo el 19,7 % de las personas jóvenes emancipadas vivía sola. El porcentaje de quienes compartían piso escaló hasta alcanzar el 29,3 %.

Salud mental: Los datos resultan especialmente preocupantes en este campo. La tasa de problemas psicológicos en el grupo de 15 a 34 años ha crecido un 590 % en la última década, ubicándose por encima de la media del resto de la población adulta. Un 41,4 % de las personas jóvenes con riesgo alto de comportamiento suicida nunca ha acudido a un profesional.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha indicado que las tres principales preocupaciones de la juventud (entre el 20% y el 30% de los encuestados) son la vivienda, la economía y la inmigración. Por su parte, el Instituto de la Juventud sumaba también en el saco de las preocupaciones (con un rango de 8 sobre 10): la precariedad, el trabajo, los derechos de los animales, el cambio climático y la igualdad. Ahora bien, estos dos últimos ítems mostraban, aún manteniendo el mismo rango de importancia, una tendencia descendente. El contrato social

Los de los jóvenes son problemas “de este mundo” y se encuentran directamente asociados al contrato social. Es decir, a la relación existente entre aquello que se aporta a la sociedad y lo que esta, en contraprestación, ofrece y/o garantiza. Su situación no obedece a una realidad diferente a la del resto de la sociedad. Esta afirmación no niega (como las encuestas expresan) un específico punto de vista -no confundir con homogéneo- ni una repercusión o preocupación particular en algunos campos. Al contrario, esa especificidad pone de relieve hasta qué punto en nuestra sociedad están separadas la lista de las obligaciones cumplidas y las recompensas que se suponía que ese cumplimiento aparejaba. En otras palabras, todos los datos señalan que los jóvenes trabajan o quieren hacerlo y que esperan un salario y un trato digno; que estudian, que desean tener una familia, o poder llamar casa (hogar) a un piso y que les preocupa el medioambiente y la emergencia climática. En resumen, los informes indican que la llamada generación Z (nacidos entre 1997 y 2012) se encuentra muy lejos de poder integrarse y sus miembros de sentirse ciudadanos.

La polarización
Sectores muy amplios huyen del término, imploran contra esa polarización que divide a la sociedad. Acusan de ella a los demagogos de la extrema derecha de Vox, Alvise y señalan que el PP se pliega y es incapaz de frenar la deriva. Culpan al cada vez mayor número de bulos que aparecen en las redes sociales, reclaman a la juventud que salga de Tiktok y lea periódicos, como si estos no publicaran mentiras o verdades con mucho sesgo, a la vez que deslizan que debemos defender la democracia contra el totalitarismo.

Nadie duda que la derecha y la extrema derecha (que es quien marca el paso a ambas) asustan con sus invectivas contra las mujeres, los inmigrantes, el cambio climático, con su ceguera ante el problema de la vivienda o con su descalificación de lo que llaman la agenda “woke internacional.” Espanta aún más que sea precisamente la ideología más reaccionaria la que acabe ganando predicamento entre quienes tienen menor edad.

Los que “están dentro”, porque han podido acceder a una casa y tienen coche, trabajo e hijos, son precisamente quienes más escriben sobre ese miedo e identifican los graves problemas estructurales como simples debilidades del sistema del que forman parte.

Pero para los que “están fuera o medio fuera”, las “simples debilidades” muchas veces representan la causa nodal y fundamental de su falta de entrada. Por ello, esa democracia que se pide abrazar no tiene tanto valor. La mayoría de nuestra sociedad la prefiere, ninguna encuesta lo contradice, pero muchas y muchos se preguntan de qué democracia estamos hablando y qué se refiere.

El hecho más determinante en nuestra sociedad viene de su naturaleza capitalista. Es la oligarquía burguesa la que la dirige y a quien más y mejor le sirve. Es la burguesía la que da trabajo, la que forma élites, la que construye la información a partir de sus intereses y genera medios para difundirla; la que organiza la explotación de los recursos, comenzando por el trabajo humano y continuando por la naturaleza.

Para la inmensa mayoría de la población, la trabajadora, poco importa que se esté “dentro” o “fuera”, la vida representa una competencia por los recursos ya sean sociales o de empleo. Atenuar tal competencia exige impuestos y redistribución de la riqueza, o sea, más democracia y derechos universales sobre los que apoyarla. Pero los sistemas liberales y, con ellos, el contrato social sobre el que se construyen (especialmente en Europa occidental) no funcionan. La posición no se gana por mérito, esfuerzo o estudio, sino por herencia tal y como lo demuestran no pocos artículos de SP. Es más, todas las medidas tomadas en los últimos decenios han aumento la fragmentación general y reforzado las diferencias sociales, recortado las políticas compensatorias y negado de facto que, por la vía del trabajo y del estudio, sea posible para una parte cada vez mayor de la sociedad conseguir y hacer efectivos sus derechos o simplemente llegar a fin de mes.

Frente a lo anterior, el recurso del voto se ha revelado como un instrumento poco útil para revertir tales políticas. En estos años, todo el mundo ha aprendido que gobierno y poder no suponen lo mismo y que, en esa dicotomía, el dinero, la oligarquía que lo posee y sus conexiones con el aparato del Estado acaban doblegando o cuando menos paralizando a los gobiernos.

La polarización resulta un efecto evidente de que el contrato y el sistema que dice defenderlo no resultan útiles ni siquiera para la oligarquía, que intenta modificarlo y empuja con dinero, jueces, políticos y gobiernos, empezando por el de los EEUU, pero siguiendo por la UE, más y más a su favor y no duda en atacar derechos, con una población, incluida la juventud, que ve las puertas para mejorar su vida cada vez más cerradas.

Estamos en una época confusa para las fuerzas de progreso, de cambios, de presión y dominio ideológico de las derechas y combatirlo exige modificaciones importantes. Esos cambios que no pueden ser de matiz porque resulta imprescindible abrir las puertas a una nueva generación que reclama con justicia su lugar y papel. El capital no va a parar de jibarizar derechos y vaciar una democracia y un régimen (el del 78) muy poco dúctiles y sensibles a las necesidades habitacionales, medioambientales, de igualdad, laborales, educativas, salariales, etc.

La polarización en sí misma es el resultado, hacia un lado, del empuje del capital que busca unir fuerzas tras de sí y, hacia el otro, de la resistencia, rechazo y búsqueda de alternativas al giro reaccionario antes expuesto. En consecuencia, es inevitable que vaya a más y deseable que las izquierdas identifiquen su fondo y lo aprovechen (en la parte que vale) para avanzar y reagruparse.

Evitar que las derechas continúen avanzando exige ayudar a la juventud y con ello a toda la sociedad. Hay que abrirles la puerta y trabajar por ampliar la democracia y la igualdad en términos republicanos, o lo que lo mismo, restarle poder real a la oligarquía.

La acción de la política constituye un imprescindible para ello y con la que existe ahora, no es suficiente. Falta mucha unidad y movilización. Porque en este campo, el de la movilización, las encuestas, como la del CEO de Catalunya señalan que, siendo el de los jóvenes un sector social con un interés más bajo que la media en la política y con un gran desapego por los partidos, tienen confianza en la movilización y los efectos que ésta puede provocar sobre la sociedad.

Notas:

1) Este artículo toma sus datos: de la encuesta de 40 dB para El País y la SER, del estudio “La política de los jóvenes en España” (Fundación alternativas), del “informe de Juventud en España 2024” (Consejo de la Juventud de España), del “barómetro de junio 2025” del CIS y de la última ola de barómetro del Ceo de Catalunya https://govern.cat/govern/docs/2025/11/24/10/13/Dossier%20de%20premsa_11.

 2) La última encuesta del CEO de Catalunya el 63% de los jóvenes considera que la movilización es eficaz y un 35% de los de entre 18-24 años participó en una manifestación en el último año.

Carlos Girbau Es concejal de Más Madrid en Ciempozuelos y amigo de Sin Permiso. 

Fuente: 

www.sinpermiso.info, 20 de diciembre 2025<

sábado, 6 de febrero de 2021

Por qué va a ser declarada nula de pleno derecho la sentencia del procés.

He venido sosteniendo desde siempre que la sentencia del Tribunal Supremo (TS) contra los ex miembros del Govern y los ex miembros de la Mesa del Parlament acabaría siendo declarada nula de pleno derecho por vulneración de derechos fundamentales. Cada día que pasa, más convencido estoy de que será así.

En buena lógica jurídica, debería ser el Tribunal Constitucional el que adoptara tal decisión en la sentencia sobre el recurso de amparo que se ha interpuesto contra la sentencia del TS. En el caso de que no lo haga, acabará haciéndolo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), porque los derechos fundamentales de la Constitución Española también están reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Para poner todas las cartas encima de la mesa, quiero dejar claro que, en mi opinión, los acontecimientos que tuvieron lugar en Catalunya en los meses de septiembre y octubre de 2017 nunca debieron acabar en los tribunales, sino que debió darse una respuesta de naturaleza política a los mismos. La integración de Catalunya en el Estado, como la de cualquier otra nacionalidad o región únicamente puede ser resuelta políticamente mediante la participación de órganos legitimados democráticamente de manera directa. Así es como está diseñado el proceso en la Constitución Española sin que se contemple la intervención del Tribunal Constitucional y, por supuesto, de ningún órgano judicial. Sin la STC 31/2010 no estaríamos donde estamos.

Pero, una vez, que, tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, se descartó la respuesta política y se optó por la respuesta judicial, se tenía que haber aplicado lo previsto en el ordenamiento jurídico español, que, como vamos a ver a continuación, es de una claridad meridiana.

El Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, inició las actuaciones inmediatamente después de que el presidente del Gobierno Mariano Rajoy destituyera a los miembros del Govern y disolviera el Parlament. A partir de ese momento, tanto el expresident como los exconsellers pasaban a ser ciudadanos españoles exclusivamente. Dejaban de tener el fuero jurisdiccional que tenían y que obligaba a que la responsabilidad por su actos le fuera exigida ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). La ex presidenta del Parlament, en la medida en que continuaba siendo miembro de la Diputación Permanente, mantenía el fuero jurisdiccional y, por tanto únicamente el TSJC podía entender de su conducta.

Desde el momento en que dejaron de ser presidente y consellers, "el juez ordinario predeterminado por la ley" para entender de sus conductas era la Audiencia Provincial de Barcelona. A ella hubieran tenido que ser dirigidas las querellas contra todos ellos. A partir de la celebración de las elecciones el 20 de diciembre, la Audiencia Provincial de Barcelona tendría que haber declinado la competencia a favor del TSJC, dado que varios de ellos fueron elegidos diputados en tales elecciones y habían recuperado el fuero jurisdiccional.

Por supuesto, la conducta de los presidentes de la Asamblea Nacional de Catalunya (ANC) y de Òmnium Cultural, en cuanto ciudadanos sin más, también tenía que haber sido residenciada inicialmente ante la Audiencia Provincial de Barcelona. El TSJC debería haber instruido la causa y haber dictado en su momento sentencia, contra la cual se podría acudir en casación al TS.

Constitucionalmente este es el orden que se tenía que haber seguido. Es la única manera de respetar el derecho de los querellados al juez ordinario predeterminado por la ley, a un juez imparcial y a la doble instancia.

Nada de esto se hizo. La Fiscalía General del Estado residenció la conducta de los ex miembros del Govern ante la Audiencia Nacional (AN) y la de la ex presidenta del Parlament ante el TS. La AN acabaría declinando la competencia a favor del TS, que se convirtió en juez de primera y única instancia respecto de todos los querellados.

Para justificar su competencia, el TS interpretó de manera invertida el artículo 70 del Estatuto de Autonomía de Catalunya, que establece como norma en su apartado 1 que el TSJC es el órgano ante el que se podrá exigir la responsabilidad penal a los miembros del Govern y del Parlament, añadiendo en el apartado 2 como excepción, que para los actos cometidos fuera de Catalunya la responsabilidad se exigirá ante el TS.

El TS privilegió en su interpretación la excepción sobre la norma, a pesar de que todos los actos de los querellados por los que habían sido acusados por el delito de rebelión habían tenido lugar en Catalunya.

Con ello no solamente contradecía lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía, sino que, además, y esto es lo decisivo, hacía una interpretación del mismo no "de conformidad con la Constitución", como es obligado, sino que hizo una interpretación "contraria a la Constitución", en la medida en que se privaba con ella a todos los querellados de los derechos fundamentales ya mencionados. No se hizo la interpretación "más favorable" al ejercicio de los derechos fundamentales, sino la "más lesiva" para tal ejercicio.

Esto es lo que acaba de decidir la justicia belga, como doy por supuesto que el lector ya sabe.

¿Lo acabará decidiendo también el Parlamento Europeo cuando tome la decisión sobre el suplicatorio que le ha sido dirigido por el TS para que le autorice a proceder contra Puigdemont, Comín y Ponsatí? No cabe duda de que los tres parlamentarios catalanes pondrán en conocimiento de sus colegas europeos la decisión de la justicia belga y solicitarán que no se conceda la autorización para que se pueda proceder contra ellos con base en que el TS no es el juez competente para entender de sus conductas y no es competente para solicitar, en consecuencia, autorización para proceder contra ellos.

Ya veremos qué decide el Parlamento Europeo. El Parlamento puede considerar que no es un órgano jurisdiccional y que no tiene por qué entrar en si el TS es el órgano competente para solicitar el suplicatorio o no lo es. Esto puede pasar. O no. Ya lo veremos. Pero, en todo caso, la decisión del Parlamento es recurrible ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y este sí es un órgano de naturaleza jurisdiccional, que no podrá dejar de dar una respuesta a la alegación de falta de competencia del TS.

Es muy posible que tanto el TEDH, si el Tribunal Constitucional no otorga el amparo, como el TJUE, tengan que pronunciarse sobre la vulneración de los derechos fundamentales de los que fueron condenados por el TS y de los que no han podido serlo, porque el TS no ha conseguido que ni la justicia alemana primero ni la belga después hayan atendido las órdenes de detención y entrega dictadas contra ellos. El TEDH lo hará contra la vulneración de derechos de los que han sido condenados. El TJUE, contra la vulneración de derechos de los que no han sido condenados.

El tiempo de la justicia es el que es. Es mucho el dolor que se ha ocasionado. Es mucha la perturbación que se ha producido en el funcionamiento de las instituciones. Pero, al final, estoy convencido de que la justicia española quedará desautorizada.

Javier Pérez Royo,  Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla

Fuente:
https://www.eldiario.es/contracorriente/declarada-nula-pleno-derecho-sentencia-proces_129_6789558.html