Pablo de Greiff, exrelator de la ONU: “La Fundación Franco es una anomalía en Europa”

El experto, que ha asesorado al Gobierno en la nueva ley de memoria, advierte del riesgo de manipular la historia y negar que la Guerra Civil comenzase con un golpe de Estado

Su nombre se repitió el martes en multitud de ocasiones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, presentó la nueva ley de memoria. La razón es que el demoledor informe que Pablo de Greiff redactó en 2014 tras visitar España como relator especial de la ONU ha sido fundamental en la redacción de la norma que el Gobierno llevará a las Cortes. En los últimos meses, De Greiff ha sido consultado en varias ocasiones por el secretario de Estado para la memoria democrática, Fernando Martínez, y ha ido recibiendo los borradores del texto. El martes, tras la presentación del documento, el experto en derechos humanos charló con EL PAÍS desde Nueva York, donde es profesor de Derecho en la NYU.

Pregunta. ¿Cuáles eran las principales carencias o defectos de la ley de memoria de 2007?
Respuesta. España podía haber hecho mucho más en ese momento. La interpretación de la ley de amnistía hacía al sistema judicial completamente inaccesible a los ciudadanos y creo que eso era un error. La ley privatizaba la búsqueda de restos y hacía que toda la carga recayera en los familiares de las víctimas, cuando era el Estado quien debía asumirla, y permitía que no hubiera equidad dependiendo del territorio donde se encontraran las fosas. La anulación de las sentencias era algo fundamental y al Gobierno le faltó determinación. Uno siempre vuelve de estas misiones con una imagen particularmente dolorosa. La mía en España fue la de una mujer que tenía la misma edad de mi madre y que me explicó que a ella le habían dicho que a sus padres los habían fusilado por ser asesinos. Ella, que tenía cinco años cuando ocurrió, lloraba diciéndome que lo había creído hasta que supo que los habían matado por ser maestros y pertenecer a un sindicato de maestros. Esa carga sobre los ciudadanos es cruel. Siempre pensé que la anulación de las sentencias era un tema relativamente fácil de solucionar. Varios países que pasaron por ese mismo proceso lo habían hecho. Para las familias era crucial sobre todo en un contexto en el que las víctimas del otro lado han sido homenajeadas y beneficiadas económicamente mientras ellos eran olvidados y represaliados. Ha habido una asimetría brutal en el tratamiento de las víctimas, y la ley no hacía lo suficiente para restablecer ese balance.

P. ¿Qué cambios de la nueva ley le parecen más importantes?
R. La ley expresa la voluntad del Gobierno de hacerse cargo de las exhumaciones y centralizar el proceso. Y que se cree un fiscal especial también es muy importante porque abre posibilidades que hasta ahora las víctimas no tenían. Veremos qué atribuciones y recursos se le da.

P. Otra de las novedades de la norma es que prevé la extinción de fundaciones como la que lleva el nombre de Franco. ¿Es su existencia una anomalía en Europa?
R. Absoluta. En el entorno europeo no hay nada parecido y existe una legislación que impide la apología del odio y criminaliza el negacionismo. La nueva ley acerca a España en este sentido al contexto europeo, donde no cabe una Fundación Hitler o una Fundación Mussolini.

P. El líder de la oposición en España, Pablo Casado, ha sugerido en el Parlamento que la Guerra Civil no comenzó por un golpe de Estado.
R. Wow. La democracia necesita tener respeto por la verdad. Nada me aterra más en este momento que la forma en que se está manipulado la Historia a nivel político en tantos lugares del mundo. Es una amenaza brutal. Y es especialmente triste porque están utilizando métodos democráticos para socavar la democracia. Nos debe preocupar a todos, independientemente de si uno es de izquierdas o de derechas.

El País.

El relator de la ONU pide acción política urgente tras su visita a la España que hiela el corazón. Philip Alston confía en que el nuevo Gobierno tome medidas urgentes para paliar las desigualdades que ha observado en una de las dos Españas, la de la población “que lucha por sobrevivir”. Dice que el adjetivo que más ha escuchado durante su estancia ha sido “abandonados”.

PABLO ELORDUY
@PELORDUY

2020-02-08 06:00
En una descripción poética que se acopla a la realidad que ha visto durante sus casi dos semanas de visitas a España, Philip Alston, relator Especial de la ONU sobre extrema pobreza y los derechos humanos, explicó que ha visto “dos Españas”, una próspera que ya conocía de sus visitas turísticas y la otra poblada por “gente en el límite, luchando para sobrevivir”. El principal problema, según indicó ayer 7 de febrero en la rueda de prensa donde presentó sus conclusiones preliminares, es que “muchos españoles no reconocerían como parte de su país” algunos de los lugares a los que ha dirigido su atención: la Cañada Real en Madrid, Los Pajaritos —a las afueras de Sevilla— o los pobladores de recolectores migrantes de la fresa en Huelva son algunos de esos puntos “con peores condiciones que un campamento de refugiados”, señaló Alston.



La visita del relator de la ONU ha coincidido en el tiempo con los primeros pasos del Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos, lo que Alston no ha pasado por alto. Es positivo que el Gobierno esté comprometido por la justicia social, explicó, pero los desafíos son especialmente acuciantes, especialmente en materia de vivienda. Un derecho que, como señala, está reconocido por la Constitución pero que se tiene “que empezar a tomar en serio”, ante una situación de emergencia habitacional que calificó como patética

LA SITUACIÓN DE LA VIVIENDA
En ese sentido, Alston recalcó que las políticas de construcción de vivienda social y los planes de promoción público-privados no son suficientes como para encarnar una solución por sí misma y, además, están pensadas a medio y largo plazo, lo que no resuelve el problema, que ha sido una “constante” en sus múltiples reuniones durante estos diez días.

Este experto en extrema pobreza y derechos humanos no dudó durante la rueda de prensa de ayer en aconsejar que el Gobierno de España tome en serio medidas para la limitación de alquileres, al menos en zonas sensibles, como las que han implementado ciudades como Berlín o París. “La discusión sobre el control de los alquileres es controvertida pero es una clave, hay que ir más allá de ese debate”, recalcó Alston, para quien la estabilización de precios, que tiene que ser “adaptativa y flexible” puede ayudar para “sanar esta situación”.


Philip Alston, Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil, durante la rueda de prensa de conclusiones de su visita.

El informe preliminar presentado por Alston —el definitivo será presentado a Naciones Unidas el próximo mes de junio— incide en los datos aportados por la fundación Foessa. Casi una de cuatro personas se encuentran en una situación de “exclusión de la vivienda”, según datos de 2018. Los precios del alquiler han subido un 50% en el periodo de 2013 a 2019, en un contexto de pérdida de poder adquisitivo del 7,8% en la última década. Tampoco se le ha escapado al relator de la ONU el ritmo de desahucios a raíz de la crisis ha producido 712.723 desahucios en los últimos trece años.

Más de 2,5 millones de personas han sido desahuciadas en España desde 2008

MIRARSE AL ESPEJO
“España tiene que mirarse al espejo, lo que va a ver no es lo que espera”, señaló Alston durante su alocución. “La imagen de España es la de un sistema basado en la familia, en la comunidad, en el que la gente que está en problemas será ayudada… Pero la economía ha cambiado, las condiciones sociales han cambiado, y ese sistema no ha cambiado, hay mucha gente a la intemperie”, recalcó el relator de la ONU. Pobreza generalizada, un sistema de protección social inadecuado “que arrastra deliberadamente a un gran número de personas a la pobreza”, un sistema educativo segregado y anquilosado en el tiempo, un sistema fiscal que no ejerce como motor para la redistribución sino que ha beneficiado a las empresas, y una mentalidad burocrática “fuertemente arraigada”, dibujan un panorama sombrío, del que Alston solo quiso rescatar dos sectores: la sanidad pública, que calificó como una “joya” pese a las diferencias entre Comunidades Autónomas y el sistema público de pensiones.

Las “altas tasas de pobreza son una opción política”, ha resuelto Alston, quien cree que es necesaria una intervención decidida en política fiscal. “Es difícil de comprender pero, en primer lugar, se está recaudando menos que en Europa y las clases medias se están beneficiando más del sistema fiscal que los pobres”, apuntó, antes de apostillar que los impuestos sobre empresas han sido recortados un 10% durante los años de crisis. Por último, Alston pidió transparencia al Gobierno para saber cuáles son realmente los impuestos que pagan las empresas.

Segregación educativa y pobreza infantil van de la mano en otro de los capítulos que ha reseñado el relator en su visita. El abandono escolar temprano se da en una situación en la que los adolescentes y jóvenes son perjudicados por la quiebra del ascensor social que debería ser la educación que, “en principio es buena, gratis, universal, pero en la práctica mucha gente no tiene con qué pagar los gastos asociados”, resalta Philip Alston. En su visita ha constatado que hay “diferencias enormes en educación entre las comunidades. Es inevitable pensar que hay que tener una coordinación seria y el gobierno nacional es el único que puede marcar la diferencia”.

La exclusión del pueblo gitano, las condiciones de trabajadores migrantes con o sin papeles —algunos de los cuales viven “en las peores condiciones que he visto”, dijo Alston— de las mujeres víctimas de violencia de género o los menores extranjeros no acompañados son otros de los puntos que la visita del relator de la ONU ha puesto de relieve. “La palabra que he escuchado con mayor frecuencia es abandonados”, resume en su evaluación preliminar. Muchas familias, destaca, se encuentran en la disyuntiva entre comer y calentarse, como consecuencia de los altos precios de la energía.

Alston ha sido generoso con el nuevo Gobierno en su informe, ya que cree que la retórica de derechos sociales y justicia social que ha acompañado la formación de la coalición es positiva. También indicó su convicción de que las Comunidades Autónomas no se resistirán “si el gobierno implementa mecanismos de financiación para transferir fondos”. No obstante, España tiene poco tiempo para mejorar sus cifras, salir de la crisis con un incremento de la desigualdad fue una opción política y combatir esa decisión llevará años y, quizá, enfrentará a España con imágenes que no ha querido ver hasta ahora.

https://www.elsaltodiario.com/desigualdad/relator-onu-pide-accion-politica-urgente-tras-visita-espana-hiela-corazon

Madrid. Relator de DD.HH. de la ONU visita el único Centro de Empoderamiento para Trabajadoras del Hogar y Cuidados en España, en riesgo de cierre.

Rebelión

El Relator Especial sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos de la ONU, visita el próximo domingo, 2 de febrero, el Centro de Empoderamiento de Trabajadoras del Hogar y Cuidados de Madrid que gestiona la asociación SEDOAC (Servicio Doméstico Activo), en riesgo de cierre después de que el Ayuntamiento de Madrid lo dejara sin subvención en los nuevos presupuestos.

El Centro, situado en el barrio de Orcasitas de la capital, es el primero y único en España dedicado al asesoramiento socio-laboral, jurídico, psicológico y formativo destinado a las trabajadoras del hogar, durante sus seis primeros meses de funcionamiento ha atendido a más de 350 casos y registrado más de 2.000 asistentes a sus actividades formativas.

Alston, un experto independiente designado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para examinar la situación de un país o un asunto, ha mostrado su interés en conocer directamente los testimonios de las trabajadoras domésticas en España y las razones por las que el Gobierno no ha ratificado el Convenio 189 de la OIT sobre trabajo doméstico, que tiene ya siete años de vigencia. Este convenio recoge las bases para que los países mejoren en sus regulaciones internas las condiciones de trabajo de estas personas, como son la libertad de asociación y la libertad sindical, el derecho de negociación colectiva o la protección efectiva contra toda forma de abuso, acoso y violencia.

Cabe señalar que en España el 42% de las afiliadas al Sistema Especial de Empleados de Hogar son mujeres de nacionalidad extranjera, que el salario que se percibe en el sector es un 59% inferior al salario medio y que el importe medio de las pensiones es también el más bajo de todo el Sistema de la Seguridad Social, según datos del último informe de UGT. Desde SEDOAC, asociación con la que colabora Alianza por la Solidaridad-Action Aid, señalan que desde noviembre de 2019, el número de afiliadas en España ha caído en lugar de aumentar, hecho que ha incrementado la economía sumergida porque estas mujeres no dejan de trabajar, lo que conlleva a unas condiciones laborales peores.

El éxito del Centro, que ahora busca cómo mantener las asesorías individualizadas, grupales y las actividades formativas, en los seis meses que ha permanecido abierto con una ayuda pública, se ha debido, según sus responsables, a varios factores: es el único en Madrid que se ha adaptado a los horarios de las trabajadora del hogar, abriendo los fines de semana; ha sido totalmente gratuito; ha funcionado como un lugar de encuentro y formación para mujeres migrantes que debido a su trabajo no tienen un círculo de apoyo social; ha contado con profesionales (abogadas, psicóloga, técnicas, monitoras…) especializadas; y ha contado con suficientes recursos para organizar actividades destinadas a las personas sobre las que descansa buena parte de los cuidados de personas de la tercera edad, dependientes, niños y hogares españoles.

La salvadoreña Carolina Elías, presidenta de SEDOAC y coordinadora del CETHYC, señala: “Para nosotras es muy importante que el Relator de Naciones Unidas nos visite y conozca de cerca nuestra realidad, sobre todo ahora que el Ayuntamiento de Madrid nos ha retirado la subvención. Las trabajadoras del hogar somos un sector invisibilizado y esperamos que esta visita sirva para que el nuevo Gobierno ratifique ya el Convenio 189 de la OIT, tal como anunció, para mejorar y dignificar las condiciones de cientos de miles de trabajadoras del hogar y cuidados en España”.