Tras analizar las iniciativas de los gobiernos bipartitos de PP y Vox para derogar las leyes regionales de memoria y sustituirlas por otras llamadas “de concordia”, Naciones Unidas insta a España a que adopte “todas las medidas necesarias para garantizar el estricto respeto de los estándares internacionales de los derechos humanos en materia de preservación de la memoria histórica de las graves violaciones de los derechos humanos”. De momento, el Gobierno ya ha avanzado que llevará la ofensiva de la derecha y la extrema derecha contra las leyes de memoria al Constitucional y ha pedido amparo, además de a Naciones Unidas, al Parlamento Europeo y el Consejo de Europa.
El informe de la ONU está firmado por Fabian Salvioli, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; Aua Baldé, relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas, y Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Tras analizar los proyectos impulsados por PP y Vox en Castilla León, Aragón y la Comunidad Valenciana, los tres expertos de Naciones Unidas aseguran que “las llamadas leyes de concordia podrían transgredir la obligación del Estado español de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de derechos humanos”, ya que, señalan, “ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios web y actividades de memoria histórica sobre las graves violaciones de derechos humanos previstas o creadas en cumplimiento de la legislación estatal y autonómica vigente en la materia”. Para la ONU, esas iniciativas del PP y Vox allá donde gobiernan juntos, “pueden acarrear límites al acceso a la verdad sobre el destino o paradero de las víctimas” de la Guerra Civil y la dictadura franquista; “obstaculizan o suprimen la subvención de proyectos” en la materia y “pueden invisibilizar”, advierten, “las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista”.
Naciones Unidas destaca que las iniciativas de PP y Vox para derogar las leyes regionales de memoria sustituyéndolas por otras llamadas de concordia, “evitan, y/o omiten nombrar o condenar el régimen franquista” y subraya que contribuyen a alentar teorías “revisionistas o negacionistas” sobre la Guerra Civil y la dictadura. También se refieren, específicamente, al proyecto de ley de Concordia de la Comunidad Valenciana, y cómo, al aludir a “las víctimas de la II República [cuyo gobierno fue elegido democráticamente] y al “terrorismo etarra e islámico”, se “desvirtúa” el objetivo de las leyes de memoria de “atender las necesidades y derechos de las centenas de miles de víctimas del franquismo y la Guerra Civil”, esto es, las que no habían sido reparadas. La ley de concordia de la Comunidad Valenciana afirma en su exposición de motivos: “Vamos a aprovechar para reconocer a todas las víctimas de la violencia política y social que ha vivido nuestro país, también las del terrorismo”. Ya existe una norma que ampara a este colectivo, por lo que el texto, de siete páginas, aclara que la nueva normativa “no elimina ni uno solo de los derechos que ya están reconocidos por la ley 1/2004 de 24 de mayo de ayuda a las víctimas del terrorismo, que sigue vigente”.
El informe recuerda las obligaciones internacionales en la materia adquiridas por España al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1977) y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (2009), entre otros tratados internacionales, e insiste: “Todos los poderes del Estado español, ya sea ejecutivo, legislativo o judicial, y todas las entidades de Gobierno, cualquiera sea su nivel -nacional, regional o local-, deben cumplir con la obligación de proteger los derechos humanos y garantizar la preservación histórica de la memoria de graves violaciones de derechos humanos”. Además, los relatores de la ONU advierten de que “el incumplimiento de estas obligaciones por parte de tales entidades u autoridades está en condiciones de comprometer la responsabilidad del Estado español”.
Naciones Unidas conoce bien el caso de España. En 2014, el entonces relator especial de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, visitó el país para comprobar qué grado de todas las cosas que componen el largo nombre de su cargo tenían las víctimas del franquismo. Al volver, redactó un demoledor informe sobre las deficiencias de la ley de memoria vigente, la de 2007.
El Gobierno lo llamó para elaborar la Ley de Memoria Democrática de 2022, que incorporó sus recomendaciones, fundamentalmente, la asunción, por parte de la Administración (Gobierno central, regional y local) de las tareas de localización, exhumación e identificación de víctimas. Durante el debate de la norma en el Congreso, ante la férrea oposición de PP y Vox.
De Greiff ya recordó que las políticas de memoria no son un capricho de un partido político, sino “obligaciones del derecho internacional”, vigentes en los países que, como España, tuvieron un pasado traumático y acumulan deudas con los represaliados y sus familias.
El informe de Naciones Unidas sobre las iniciativas de PP y Vox contra las leyes de memoria regionales y estatales recuerda “la obligación del Estado español en su conjunto” de “garantizar la preservación de la memoria colectiva relativa a las violaciones manifiestas de los derechos humanos, tales como las cometidas en periodo dedictadura franquista y Guerra Civil”, porque a eso obligan, recuerdan, “los estándares internacionales” y porque de esa tarea depende “el desarrollo de una cultura de democracia y respeto de los derechos humanos” que permita “reflexionar sobre el presente e identificar los problemas contemporáneos relacionados con exclusión, discriminación, marginación y abusos de poder”.
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