Es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad, dice un proverbio chino que citaba a menudo John F. Kennedy. Mejor que maldecir el estado de cosas o la degeneración de la democracia es encender una vela, mostrar cuáles son las cosas que tienen arreglo, no creer que todo puede ser solucionado a corto plazo y por la autoridad de un Gobierno y, eso sí, poner en marcha políticas concretas para solucionar problemas concretos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apelado directamente a los ciudadanos a participar de una “regeneración democrática”, pero en la práctica, afortunadamente, se ha limitado a encender una vela sobre dos problemas concretos que afectan a la calidad de la democracia en España y que requieren políticas concretas: el descrédito de la justicia y la manipulación extrema de la realidad que llevan a cabo determinados medios de comunicación o grupos de intereses a través de las redes sociales. Son dos problemas difíciles, con tratamiento muy delicado, porque rozan consensos institucionales, pero importantes porque afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos.
Es un dato comprobado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva bloqueado cinco años por decisión del Partido Popular y que ese bloqueo está provocando serio daño al funcionamiento de los tribunales. Por ejemplo, ¿quién analizará qué ha pasado en un juzgado de Málaga para que se pusiera en libertad a uno de los dirigentes mafiosos más peligrosos de Europa, en contra del fiscal y en mitad de la tramitación de una orden de extradición?
No existe el menor indicio de que el PP pueda facilitar un acuerdo en el futuro inmediato. El presidente provisional del Consejo, Vicente Guilarte, ha anunciado que dimitirá, como su predecesor, en unos meses. Según Guilarte, el comisario europeo que, a petición del PP, intentó mediar, “alucinó”, palabra textual, en las reuniones celebradas.
Así que, ¿qué se hace? ¿Se deja todo como está hasta que el PP tenga mayoría suficiente como para cambiar, entonces sí, la ley a su gusto? La perspectiva y la impotencia parecen haber amargado la existencia al presidente del Gobierno, hasta el extremo de llevarle a pensar que procedía movilizar a la opinión pública con una comparecencia televisiva y una inusual apelación personal, aunque sin ofrecer, de momento, una solución. Existe la posibilidad de cambiar la ley orgánica que exige mayoría de 3/5 para elegir a los vocales que nombra el Congreso y establecer una nueva norma, con mayoría absoluta que, quizás, permitiría superar el veto del PP. Es una salida polémica, debería considerarse provisional y, desde luego, debería dar como resultado la elección de nuevos vocales con garantías de no corresponder a cuotas de partidos, sino de contrastada independencia y solvencia.
Manuela Carmena, que antes que nada es jueza, lleva meses proponiendo otra salida, quizás la más rápida y razonable: que se convoque sin más al pleno del Congreso que, de acuerdo con la Constitución, debe elegir a los vocales entre la lista proporcionada por las asociaciones profesionales de jueces, aunque no exista acuerdo previo entre los grupos parlamentarios. Lo que está bloqueado, explica, no es el CGPJ, sino el Congreso, que no ha sometido a votación dicha lista como era su obligación. Quizás esa vela iluminaría bien el problema. ¿Qué harían las asociaciones de jueces ante semejante desautorización de todos y cada uno de sus candidatos?
En cuanto a la manipulación de la realidad con que abruman algunos medios a los ciudadanos, de nuevo el problema no es tanto de los medios, sino de la justicia y de los partidos. Siempre han existido medios manipuladores, aunque ahora tengan una repercusión inconcebible debido a las redes sociales. Cuando cometen delitos de injurias o calumnias pueden y deben ser denunciados y condenados. Quizás sería oportuno aumentar el importe de las multas. Es muy probable que si un periodista difamador tuviera que pagar 150.000 euros de multa por cada condena, en lugar de los 14.000 que paga ahora como máximo, se lo pensase más.
El tercer problema para abordar, quizás irresoluble, es la estrategia de algunos partidos, muy especialmente del PP actual, de meter en el espacio público, en el Parlamento o en ruedas de prensa, “denuncias” falsas que proceden de esos medios. Es una estrategia repugnante, difícil de contrarrestar. Nadie puede multar a un diputado por proferir calumnias en la Cámara o por reproducir las que han sido publicadas en las redes, por muy falsas que sean. Es una pena no creer en el infierno, para pensar, por lo menos, que arderán en el averno.
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