Adiós, Kissinger, Los desaparecidos de Chile, los muertos olvidados de todas esas naciones que el diplomático estadounidense devastó claman al menos por ese simulacro de justicia que se llama memoria

Henry Kissinger presenta sus respetos ante el féretro con los restos del senador John McCain, en el Capitolio de Washington en agosto de 2018.KEVIN LAMARQUE / POOL (EFE)

Muere Henry Kissinger, el estratega que marcó la política exterior de EE UU en la segunda mitad del siglo XX El polémico premio Nobel de la Paz ha fallecido a los 100 años en su residencia de Connecticut

Muere Henry Kissinger a los 100 años de edad

Henry Kissinger, el estratega que marcó el rumbo de la diplomacia estadounidense en la segunda mitad del siglo XX, ha fallecido este miércoles, según ha anunciado su oficina. El que fuera secretario de Estado bajo dos presidentes y polémico premio Nobel de la Paz, protagonista del restablecimiento de las relaciones entre EE UU y China, responsable de bombardeos en Vietnam y defensor del golpe de Estado de Pinochet en Chile, ha muerto en su residencia de Connecticut a los 100 años.

Una de las figuras más controvertidas del siglo pasado, inconfundible con sus características gafas de pasta y un acento alemán que nunca terminó de perder, había permanecido activo hasta el último momento: este año, el de su centenario, promocionaba su libro sobre estilos de liderazgo, había testificado ante un comité del Senado sobre la amenaza nuclear de Corea del Norte y en julio pasado se había desplazado por sorpresa a Pekín para una reunión con el presidente chino, Xi Jinping.


Judío nacido en Alemania en 1923 —su nombre original era Heinz Alfred Kissinger—, llegó a Estados Unidos de adolescente, en 1938, huyendo del régimen nazi junto a su familia. Durante la Segunda Guerra Mundial, se alistó en el ejército estadounidense y estuvo destinado en Europa. Tan intelectualmente brillante como arrogante, con un agudo sentido del humor e interesado en numerosas disciplinas, estuvo a punto de inclinarse por los estudios científicos antes de decidirse por las relaciones internacionales. Tras una distinguida carrera académica de 17 años en la Universidad de Harvard, entró en la Administración estadounidense de la mano del republicano Richard Nixon, que lo nombraría primero consejero de Seguridad Nacional y después secretario de Estado durante su mandato.

En los años setenta, desempeñó un papel clave —cuya huella aún perdura, medio siglo más tarde— en la mayor parte de los acontecimientos mundiales de esa etapa de la Guerra Fría. Lo suyo era la realpolitik, el pragmatismo. Su estilo de diplomacia buscaba lograr objetivos prácticos, más que guiarse por principios o exportar ideales políticos. Para sus defensores, consiguió promover los intereses estadounidenses y ampliar la influencia de su país en el resto del mundo, dejándolo en una posición que le acabaría permitiendo vencer en la Guerra Fría y quedar como única superpotencia. Para sus —muy numerosos— detractores, fue una combinación de Maquiavelo y Mefistófeles que nunca llegó a rendir cuentas de unas acciones que dejaron enormes daños y dolor en los países perjudicados.

Encabezó conversaciones sobre el control de armamento con la Unión Soviética que abrieron una vía para modular las tensiones entre las dos superpotencias. Lideró las negociaciones para los acuerdos de paz de París con Vietnam del Norte, que abrieron la salida para Estados Unidos de una guerra impopular, costosa y que parecía interminable. Dos años después de la firma de los pactos, caía Saigón en manos del régimen comunista, mientras los últimos diplomáticos y refugiados huían en helicóptero desde el techo de la Embajada estadounidense.

Con una diplomacia de constantes viajes a los países de Oriente Próximo, amplió lazos entre Israel y sus vecinos árabes. Un maratón de 32 días de reuniones y presiones sobre el terreno consiguió separar al Estado judío y a Siria en los Altos del Golán; un intento similar en 1975, sin embargo, no logró un acuerdo entre Israel y Egipto.

Kissinger fue también uno de los grandes artífices de la aproximación a China: sus dos viajes al gigante asiático, uno de ellos en secreto para reunirse con el entonces primer ministro, Zhou Enlai, abrieron la puerta para la histórica visita de Nixon a Pekín en 1972, que trazó el camino a lo que hasta entonces había parecido impensable: la normalización de relaciones entre Estados Unidos y el país asiático de régimen comunista, tras décadas de enemistad.

Su miedo al establecimiento de regímenes de izquierdas en América Latina lo condujo a apoyar —cuando no promover— dictaduras militares en la región. En 1970, conspiró con la CIA para desestabilizar y conseguir la caída del Gobierno democráticamente elegido de Salvador Allende en Chile.

Su poder como el gran artífice de la política exterior estadounidense creció durante el escándalo Watergate y a medida que se debilitaba el de Nixon, su teórico jefe. La dimisión de este presidente en 1974 disminuyó su influencia, pero no la eliminó durante el mandato del presidente Gerald Ford (1974-1977). A lo largo del resto de su vida continuó prestando asesoría a políticos republicanos y demócratas, escribiendo libros, pronunciando discursos y gestionando una firma de consultoría global.

Si nunca le abandonó la fama, tampoco lo hizo la polémica. Sus políticas en el sureste asiático y su apoyo a las dictaduras en América Latina hicieron que le llovieran acusaciones de criminal de guerra y exigencias de que rindiera cuentas de sus decisiones. Su premio Nobel de la Paz, en 1973, concedido ex aequo junto al norvietnamita Le Duc Tho —quien lo rechazó— fue uno de los más controvertidos de la historia. Dos miembros del comité Nobel encargado de adjudicar el galardón dimitieron.

Además, arreciaron las críticas y las exigencias de investigación sobre el bombardeo secreto estadounidense de Camboya en 1970. Aquella operación tenía como objeto destruir las líneas de suministro que partían de Vietnam del Norte para sustentar a las guerrillas comunistas en el sur. Pero sus críticos consideran que precipitó que los jemeres rojos se hicieran con el control de Camboya y desataran una era de terror en ese país en la que murieron cerca de dos millones de personas.

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, el entonces presidente, George W. Bush, lo eligió para encabezar un comité investigador. La oposición demócrata denunció un conflicto de interés con muchos de los clientes de la consultora de Kissinger, lo que obligó al antiguo secretario de Estado a renunciar al cargo.

Divorciado en 1964 de su primera esposa, Ann Fleischer, con quien tuvo dos hijos, durante una década se granjeó fama de mujeriego pese a no ser exactamente un Adonis —“el poder es el mejor afrodisíaco”, alegaba él—. En 1974 se casó con Nancy Maginnes, colaboradora del gobernador de Nueva York Nelson Rockefeller.

Numerosas veces se le preguntó si se arrepentía de alguna de las medidas que había tomado o apoyado. En una entrevista concedida a la cadena de televisión ABC en julio del año pasado, contestó: “Llevo pensando en esos problemas toda mi vida. Es mi afición tanto como mi trabajo. Así que las recomendaciones que di fueron las mejores de las que era capaz entonces”.

_- ¿Por qué seguimos llamando fusilamientos a los asesinatos?

_- Por Alfons Cervera | 27/09/2023 | España
Fuentes: Infolibre

No hay ninguna señal. A lo mejor, sólo un montoncillo de tierra revuelta, como si ese pequeño recuadro de color marrón lo hubieran picoteado los pájaros para llenar el buche. Lo más seguro es que, si prestásemos atención, igual veíamos que ese montoncito de tierra se mueve, que es como si respirara un agua subterránea y el gluglú de esa respiración nos llegara no sabemos si desde la realidad o en la mitad del sueño. Los años han cubierto de verdín vegetal lo que antes fue cuadrícula de vida y después, mucho después, la superficie yerma del olvido.

Hace muchos años que ese pedazo de tierra se había convertido en un secarral, en la mudez de lo que antes fue un ruido insoportable de tiros y metralla, en el culto feroz, intransigente, a un silencio que abochorna la irreprochable nobleza del recuerdo. Una madrugada de hace muchos años allí fueron dejados caer, como fardos llenos de perros muertos, hombres y mujeres que habían defendido la República contra el fascismo. Se los llevaban los falangistas en camionetas y autos de los ricos y a la luz lluviosa de los faros les disparaban de cara o por la espalda y dejaban tirados los cuerpos en las cunetas o los amontonaban en fosas que eran como muladares clandestinos en medio de la noche.

La lírica que a propósito envuelve los párrafos anteriores no desdice los argumentos del horror. Cuando escribe Juan Rejano el prólogo a Poesías de la Guerra Española, de Pedro Garfias, bien claro que lo deja: “No se mire, por consiguiente, esta poesía, sino en función de arma de lucha”. Las fosas que se han ido abriendo poco a poco, sobre todo en los últimos años, despiertan a partes iguales sentimientos encontrados de rabia y de ternura. Esa hermosa canción de mi querido Pedro Guerra: 

“Pero no son, a simple vista, sólo huesos /

Desvencijados huesos / 

En el calcio del hueso hay una historia: / 

Desesperada historia, desmadejada historia / 

De terror premeditado”.

Escribo de lo que tantas otras veces he hecho en estas mismas páginas de infoLibre. La memoria que se nos ha ido yendo como si todo fuera pérdida. Estos días hemos hablado y escrito sobre Chile, sobre los días felices de 1970 y de esos otros en que las bombas golpistas lo convirtieron todo en ruinas tres años más tarde. Hay veces en que los dos países son como hermanos gemelos. Los golpes de Estado. Las dictaduras con sus detenciones, sus torturas, sus desapariciones, sus crímenes. Las transiciones que no acaban con la herencia del monstruo. La desmemoria. Aquí las derechas siguen amando a Franco. En Chile, las derechas detestan a Salvador Allende y rinden pleitesía a Pinochet. Allí, al menos, se ha juzgado a algunos asesinos. Aquí sigue siendo imposible después de más de cuarenta años de democracia. Los asesinos de Víctor Jara acaban de ser condenados. Quienes aquí urdieron y dispararon los tiros en las madrugadas del falangismo vengativo, y cerraron las fosas con la tierra removida que ocultara sus crímenes, siguen viviendo tan tranquilos o se murieron sin que ninguna justicia les cayera encima.

Le echamos la culpa a Vox de que donde gobierna con el PP las políticas de memoria han ido a la papelera. Y no es así. El máximo responsable de que esas políticas estén en dique seco es el PP. Y no de ahora. Recordemos a Rajoy cuando en 2015 dejó vacío el presupuesto para las políticas memorialistas. Y lo decía llenándose de orgullo: “cero euros”. Y cómo se burlaban Pablo Casado y Rafael Hernando: se refería el primero a lo carcas que éramos quienes nos pasábamos el tiempo hablando de “las fosas de no sé quién”. Y el segundo, ese prodigio de inteligencia verbenera: “algunos se han acordado de su padre, parece ser, cuando había subvenciones para encontrarle”. ¿Se puede ser más despreciable? Y hay más, muchos más testimonios del PP defendiendo el franquismo y mofándose de la necesidad de sacar de la tierra lo que queda de las víctimas de esa dictadura a la que tanto aman. Si el resultado electoral del 23J hubiera permitido el gobierno y la presidencia del PP, ya se habrían cargado la Ley de Memoria Democrática y la hubieran sustituido por la que ellos llaman de Concordia. O sea: la Ley del Olvido para que el franquismo siga para siempre presente en nuestras vidas y sea lo mismo asesinar que ser asesinado. Creo que lo conté aquí hace un tiempo: después de una conferencia que di en un pueblo de Castellón se me acercó un señor de bastante edad y me soltó tan tranquilo: “usted ha dicho lo que ha dicho porque en la guerra y después de la guerra no matamos bastantes”. Y se quedó tan pancho. Ésa es su Concordia. El olor a crimen como si la pólvora fuera para ellos un perfume de Loewe o de Chanel.

En muchos sitios de España gobiernan las extremas derechas. Podría poner eso en singular y no mentiría. Digan lo que digan versiones seguramente más equilibradas que la mía, en casi todos los órdenes de la vida el PP y Vox son lo mismo. A mí me cae cerca uno de esos gobiernos. El País Valenciano es un feudo de esas derechas. Los Ayuntamientos de las tres capitales, las tres Diputaciones provinciales y el gobierno de la Generalitat están en sus manos. Ahí es nada. Nos tocó el gordo el 28M. La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, del PP, lo dejó claro hace unos días: las políticas de memoria, que se refieren sobre todo a las exhumaciones ya iniciadas, “no son una prioridad y tampoco son urgentes”. Igual la señora presidenta piensa que si las víctimas han estado ahí más de ochenta años, pueden seguir tranquilamente otros ochenta sin que nos ataque la ansiedad. Cuando leí la noticia, me acordé de lo que me dijo aquel tipo, paisano de la señora presidenta, hace unos años. Así son ellos. Franquistas a tope. Sin complejos. Insisto: hablo del PP. Los de Vox son la fuerza de choque, como siempre lo fue el violento falangismo de sus antepasados. Hace unos días Aznar llamaba a la algarada callejera para salvar España. ¿Les suena ese llamamiento a llamamientos de otro tiempo? ¿No podría ser perfectamente Aznar presidente de honor de Vox de la misma manera que lo fue del PP desde 2004 hasta que se cabreó con Rajoy a finales de 2016? Pues claro que podría.

España es la patria de la abyección cuando hablamos de los desaparecidos. 

Más de cien mil víctimas de la represión fascista en la guerra y la dictadura respiran bajo tierra y, si prestamos atención, veremos cómo los montoncitos de color marrón picoteados por los pájaros se mueven como si en sus entrañas siguiera viva la alegría de quienes, con un entusiasmo casi adolescente y unas armas que a ratos daban risa, defendieron la República frente a los facciosos. En muchos sitios seguirán las exhumaciones, costeadas, eso sí, por las propias familias y algunas instituciones políticas que siguen en manos de la izquierda. Seguiremos hablando de la necesidad de celebrar el duelo a cara descubierta, sin esa vergüenza a que obligó el franquismo con sus enterramientos clandestinos. Pero hay dos cosas que me gustaría repetir una vez más en columnas como ésta. La primera: esa celebración del duelo es un acto político. Demasiadas veces aludimos sólo a la parte sentimental de ese duelo y no hablamos de lo que de político tienen las exhumaciones. En segundo lugar, algo que me sigue perturbando cuando hablamos de las víctimas que siguen en las fosas de los cementerios y en las cunetas y en los descampados: ¿por qué seguimos hablando de fusilamientos en vez de hablar sencilla y llanamente de asesinatos? Quienes están en esas fosas no fueron fusilados: fueron criminalmente asesinados. No hubo juicio previo y, si lo hubo, fue celebrado sin ninguna garantía de defensa. Ya casi doy la batalla del lenguaje por perdida. Pero me da igual. Seguiré dando la vara. Y tanto que seguiré dando la vara. Y tanto.

Fuente: https://www.infolibre.es/opinion/plaza-publica/seguimos-llamando-fusilamientos-asesinatos_129_1589895.html

_- No es memoria: es justicia

_- Javier Cercas.

¿A quién le parece mal que el Estado se haga cargo de exhumar y enterrar con dignidad al padre fusilado de una anciana?

A juzgar por algunas reacciones a la llamada ley de memoria democrática, se diría que sus detractores no la han leído. El principal reproche que le hacen a esa norma es que ataque a la Transición; ahora bien, esto es lo que dice la ley sobre ella: “La conquista y consolidación de la democracia en España ha sido el logro histórico más significativo de la sociedad española”. O: el consenso que hizo posible el fin del franquismo y la Constitución de 1978 “fue el espíritu de nuestra transición política, y ha sido la base de la época de mayor esplendor y prosperidad que ha conocido nuestro pais". La verdad hace tiempo que no leía semejantes diritambos sobre la Transición. Es cierto que por algún portón mal cerrado, se cuela en la ley alguna ambiguedad resbaladiza; ninguna , sin embargo que autorice a Merche Aizpurua (Bildu) a sostener que la norma sirve para "poner en jaque al relato de una Transición ejemplar". ¡Como si no supieramos que en la historia no existe ningún periodo ejemplar! ¿Y cómo iba a serlo la Transición si provocó más de medio millar de muertos, más de la mitad de ellos asesinados por ETA? En cuanto al reproche de que la ley se aprobó con los votos de Bildu, me parece irrelevante; si una ley es útil, me da igual que se apruebe con el apoyo de Bildu, de Vox o de los Morancos.

¿Es útil la ley? Admitamos que, a ratos , está escrita de pena. Además, siempre inquieta que un Estado legisle sobre la memoria, como advietieron en 2008 Pierre Nora, Eric Hobsbawm y otros grandes historiadores. Pero es que esa es la cuestión. en rigor no se trata de justicia; más precisamente; de justicia transicional, esa rama del derecho que, como escribe Alvarez Junco, se enfrenta con las violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos Humanos en las situaciones de opresión y conflicto violento -guerras civiles, dictadura-, de las que se quiere salir hacia otras de paz, democracia e instituciones sometidas a normas". Este tipo de justicia abarca diversos campos, desde la justicia penal o la verdad histórica hasta la reparación de las victimas, en algunos de los cuales la democracia española más de lo que se suele recordar (a mediados de los años noventa, el 26% de los presupuestos del régimen de clases pasivas iba para las victimas); pero no ha hecho lo suficiente. La nueva ley, que no obedece a un capriicho del Gobierno, sino a una obligación internacional, corrige alguna carencias: impide que la Ley de Amnistía de 1977 pueda amparar delitos de genocidios y crímenes contra la humanidad; prevé una declaración general de condena del franquismo, que nunca se ha producido; declara ilegal los tribunales de la dictadura y nulas sus sentencias, y , sobre todo, obliga al Estado a asumir la exhumación de las victimas. no entiendo que se pueda estar contra eso. 

¿A alguien le parece mal que el Estado se haga cargo de exhumar y enterrar con dignidad al padre fusilado de una anciana, cuyo cadáver lleva más de 80 años en una fosa común? 

¿Cómo es posible que quienes exigen con razón desagravio, justicia y recuerdo para las victimas de ETA no los exijan también para las del franquismo? ¿ O es que las víctimas sólo son víctimas si son nuestras? dicho esto, repito que la ley presenta problemas, el mayor de los cuales es que no ha sido aprobada por una gran mayoría del Congreso, que al menos abarque al PP. Este asunto exige una casi unanimidad: primero, porque la democracia consiste en un minimo acuerdo sobre el presente, y un mínimo acuerdo sobre el pasado; y segundo porque en cuanto el PP llegue al poder derogará la ley (como ya hizo en la práctica con la anterior). Y estaremos donde estábamos.

Se dice que las heridad de una guerra civil tardan cien años en curarse. El problema es que nuestra guerra ni acabó en 1939, sino en 1978, porque el franquismo no fue la paz, sino la guerra por otros medios. Como sea, yo espero que, con todos sus defectos e insuficiencias, esta ley sirva para que, dentro de 14 años, cuando pasado un siglo del principio de todo, las heridas duelan menos. 

Javier Carca. El Pais Semanal. 7 de agosto de 2022.

_- Último dictamen del Comité de la ONU. Naciones Unidas insta a España a investigar y perseguir penalmente los crímenes de la guerra civil y la dictadura franquista

_- España Fuentes: Nueva Tribuna

Emplaza al Estado a asumir la búsqueda, identificación y restitución de los restos de los desaparecidos.

El último dictamen de la Comisión contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas vuelve a emplazar al Estado español a asumir la búsqueda de los desaparecidos en la dictadura y a perseguir penalmente a los autores de dichos delitos.

La ONU reconoce las medidas adoptadas en respuesta a sus anteriores recomendaciones, pero observa todavía ciertas lagunas en el proyecto de ley de memoria democrática impulsado por el Gobierno y que se encuentra en trámite parlamentario.

El Comité centra sus observaciones en la investigación de casos de desaparición forzada, búsqueda de personas desaparecidas y reparación de las víctimas del franquismo y muestra su “preocupación” por que los tribunales españoles sigan amparándose en la Ley de Amnistía de 1977 que califica de “obstáculo jurídico”.

Ante la jurisprudencia marcada por el Tribunal Supremo de que dichos crímenes habrían prescrito o les debería ser aplicable la Ley de Amnistía, el Comité recuerda que el delito de desaparición forzada no empieza a prescribir hasta que cese la desaparición es decir hasta que no se tenga conocimiento de la ubicación de la persona, dado que se trata de un delito permanente (delito de lesa humanidad), tal y como explicó en su día a este periódico el experto en Derecho Penal Internacional Miguel Ángel Rodríguez Arias.

La legislación interna no es óbice para impedir la persecución de los crímenes franquistas ya que el derecho internacional ampara a las víctimas de este delito desde los juicios de Nuremberg.(Ver artículo ‘Franquismo y Núremberg’)

Por ello, la ONU recomienda a nuestro país a que tipifique dicho delito en el Código Penal como delito autónomo (art. 167) de “desaparición forzada” especificando las penas aplicables y “garantizando que sean proporcionales a su extrema gravedad”.

Asimismo, pide que se establezca expresamente en nuestro ordenamiento jurídico que el plazo de prescripción “debe contarse a partir del momento en que cesa la misma”.

El Comité exhorta al Estado español a investigar estos crímenes “independientemente del tiempo transcurrido, y aun cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal” y “asegurar que los autores sean juzgados y sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos.

Añade que el Estado debe asegurarse los medios económicos, técnicos y humanos para la búsqueda de desaparecidos (fosas franquistas), y “asegurar que toda víctima de desaparición forzada pueda ejercer sus derechos a la justicia, la verdad y la reparación integral”, incluyendo indemnizaciones.

La ONU también insta a España a agilizar la creación del Banco Nacional de ADN y acelerar la tramitación de la Proposición de Ley sobre Bebés Robados que en estos momentos se encuentra paralizada en el Congreso.

Además, apunta la necesidad de garantizar el acceso a los archivos y documentos que “pudieran ser relevantes para las investigaciones y para la búsqueda de las personas desaparecidas en el pasado” y atender las solicitudes que otros Estados pudieran hacer para la investigación de casos de desaparición forzada como ha ocurrido con Argentina.

Fuente: https://www.nuevatribuna.es/articulo/actualidad/onu-insta-espana-perseguir-penalmente-autores-desaparecidos-franquismo/20211001181915191512.html

La causa de los 140.000 (desaparecidos). La dictadura franquista continúa impune

Carlos Jiménez Villarejo
Ctxt

Este texto se leyó originalmente en las Jornadas organizadas por la Asociación “Dejadme llorar”. El autor lo ha actualizado ahora para su publicación en CTXT.

El Gobierno tiene que revisar la Ley de Memoria Histórica para que las Administraciones Públicas asuman la responsabilidad de encontrar a los asesinados, y para dar plena rehabilitación moral, jurídica y económica a todas las víctimas de la dictadura.

“Es imprescindible recordar y honrar a quienes se esforzaron por conseguir un régimen democrático en Andalucía y a quienes sufrieron las consecuencias del conflicto civil, a quienes lucharon contra la dictadura franquista en defensa de las libertades y derechos fundamentales”.

Frente a la “aplicación de bandos de guerra, desapariciones forzadas, sentencias de muerte, cárcel, campos de concentración, multas e incautación de bienes, torturas, exilio y persecución laboral y profesional y grupos guerrilleros…”

(Exposición de Motivos de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía)

1. El estado actual de los “desaparecidos” durante la guerra civil y la dictadura

La cita anterior es obligada en unas Jornadas como éstas que afrontan, esta vez en Andalucía, el deber de la memoria y, una vez más, la denuncia de la impunidad. Ante una Ley que representa un compromiso más enérgico y amplio con aquellas víctimas que la Ley estatal 52/2007, además de su derogación de facto durante el último gobierno del Partido Popular (PP).

Es necesario resaltar y agradecer que la Ley andaluza incluya la referencia a la Resolución de la ONU de 1946 que calificaba el régimen de Franco como “de carácter fascista”, establecido en parte gracias a las ayudas de Hitler y Mussolini.

En 1986, con motivo del 50 aniversario de la sublevación militar de 1936, la Presidencia del Gobierno emitió un comunicado que concluía así: "Y recuerda además con respeto a quienes desde posiciones distintas a las de la España democrática, lucharon por una sociedad diferente, a la que también muchos sacrificaron su propia existencia”. La “sociedad diferente” era el golpe militar, la dictadura franquista y la planificación del terror desde 1936 hasta 1975. Habrían de pasar más de treinta años para que un Gobierno se atreviera a llamar a la dictadura por su nombre, como lo había hecho la ONU en 1946. Así lo hizo, pese a todas sus insuficiencias, la Ley 52/2007, llamada de la Memoria Histórica, que, además, proclamó la “condena del franquismo”. Y, complementariamente, la Ley incluyó una Disposición derogatoria que, de forma expresa, priva de vigencia jurídica a aquellas normas represoras dictadas bajo la Dictadura por ser manifiestamente contrarias a los derechos fundamentales, desde los primeros Bandos de Guerra hasta la Ley del Tribunal de Orden Público, “con el doble objetivo de proclamar su formal expulsión del ordenamiento jurídico e impedir su invocación por cualquier autoridad administrativa y judicial”. Derogación que evidencia las carencias de la Constitución democrática de 1978 en cuanto no afrontó directamente la ruptura con el régimen totalitario anterior incorporando una norma como la que se aprobó veintinueve años después. Todo ello refleja las debilidades de nuestra democracia por razón de la pervivencia en su seno, ciudadanos e instituciones, de ciertos rasgos de una cultura autoritaria. Por ello, dicha Ley solo alcanzó unos objetivos moderados y dominados por una cultura privatizadora de la memoria.

Dice el Preámbulo que, entre otros, es cometido de la Ley proteger “el derecho a la memoria personal y familiar como expresión de plena ciudadanía democrática”. La consecuencia de este planteamiento ha sido un progresivo abandono de las reivindicaciones en orden a la plena rehabilitación moral, económica y jurídica de los vencidos y sus descendientes. El 9 de Febrero de 2011, en el CCCB de Barcelona, en el marco de una Exposición sobre “Desaparecidos”, el profesor de la Universidad de Columbia (Nueva York) Andreas Huyssen mantenía: "¿Qué sería del movimiento internacional de los derechos humanos sin memoria de los campos de exterminio del siglo XX?”. Y reclamaba la necesidad de preservar “la dignidad de las víctimas, sus luchas y su destino”. Lo mismo puede decirse del genocidio franquista y de sus responsables. Sobre todo, cuando aún persisten entre nosotros consecuencias gravísimas, dolorosas y punibles del genocidio, como son los desaparecidos. Y continúan considerados como culpables los condenados por las jurisdicciones represivas franquistas por un delito que jamás cometieron, el de rebelión militar. Y siguen sin ser plenamente rehabilitados los guerrilleros contra la dictadura, como última expresión del Ejército de la República. Por el contrario, el dictador aprobó una Ley el 22/12/1949 para recompensar a militares y guardias civiles que reprimieron a los guerrilleros. Les reconoció como “abonos de tiempo de campaña”, por la persecución de “partidas de rebeldes” a finales de 1944 en los que se calificaban como “Hechos de Armas”. La democracia aún no ha hecho un reconocimiento similar a los guerrilleros que sufrieron dicha persecución. Las víctimas ya no pueden esperar más y el Gobierno, las administraciones públicas y los tribunales están obligados a la satisfacción inmediata de sus derechos.

En julio de 2016, se cumplieron 80 años desde que la II República fue asaltada por el golpe militar dirigido por el General Franco, implantando desde sus inicios un régimen totalitario regido por el terror y la represión. Entre muchas de las consecuencias de dicho terror, estuvieron las víctimas republicanas de asesinatos que fueron enterradas clandestinamente en fosas comunes. La gran mayoría de ellas no han sido localizadas ni identificadas y, lo que es más grave, nunca, salvo contadísimas excepciones, las Administraciones y el poder judicial asumieron la investigación y esclarecimiento de conductas que constituían crímenes contra la humanidad.

En este contexto, los familiares de aquellas víctimas quedaron en un absoluto desamparo, viéndose obligadas al silencio y, en limitados casos a recurrir a procedimientos civiles para lograr el reconocimiento de estos derechos: la recuperación de los restos de sus ascendientes asesinados, su identificación y darles una digna sepultura. Prácticamente nunca conocieron quiénes y cómo los asesinaron.

Las víctimas de desapariciones forzadas del 17 de julio 1936 a diciembre 1951 ascenderían a 114.226
Hubo que esperar a que el Grupo de Trabajo de NNUU sobre las Desapariciones Forzadas o involuntarias, en el Informe sobre su visita a España en septiembre de 2013 (de 23 a 30 de este mes), exigiera al Gobierno español que “todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial…”. Recomendación abiertamente incumplida. Por cierto, dicho organismo de la ONU visitó “Las Murallas de la Macarena y la fosa común del Cementerio de Sevilla”.

Decía así: “En España se cometieron graves y masivas violaciones a los derechos humanos durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura (1939-1975)”. Este es el punto de partida de dicho Informe. Con un dato muy relevante. Las víctimas de desapariciones forzadas del 17 de julio 1936 a diciembre 1951 ascenderían a 114.226.

La intervención de este Comité fue la primera respuesta internacional al desamparo que sufren a diario las víctimas –incluidos sus familiares– de los crímenes de la dictadura franquista.

El abandono institucional y, particularmente, el judicial lo acreditó el Informe elaborado por el forense Francisco Etxeberria, que ha intervenido en la exhumación de 300 fosas en las que se encontraron restos de 5.000 personas. Afirmó: “Las autoridades judiciales han estado ausentes en este proceso”.

El desamparo judicial es ya antiguo, pero se agudizó cuando, tras la denuncia formulada en 2006 ante el Juzgado Central de Instrucción nº 5, el proceso fue cerrado, dividido y repartido entre más de 60 Juzgados de Instrucción por razón de la localización de las fosas. La inmensa mayoría de los Juzgados archivaron las actuaciones, sin personarse siquiera en la fosa donde pudieran hallarse los restos de los desaparecidos para practicar las diligencias a que les obligaba la Ley. Con razón, dicho Informe de la ONU exigía “Jueces en las fosas”: “Que los representantes de la administración de justicia se personen en el momento de la ejecución de las exhumaciones y luego analicen los resultados que las mismas arrojan y actúen de acuerdo con ellos”.

Y, cuando se aprueba la Ley de la Memoria Histórica (LMH) en 2007, el Estado renuncia a su deber de asumir “la indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas” para atribuírselas a los familiares y particulares. Privatizando una responsabilidad eminentemente pública, ya fuera judicial o administrativa. En efecto, el art. 11 de la misma se limita a afirmar que las Administraciones Públicas se limitarán a “facilitar” a los familiares y asociaciones la práctica de las exhumaciones. Lo que, evidentemente, contrasta con los términos del Art. 8.1 de la Ley andaluza, cualquiera que sea su posterior proceso de ejecución: “La Consejería competente en materia de memoria democrática llevará a cabo las actuaciones necesarias para recuperar e identificar los restos de las víctimas desaparecidas…”, con arreglo a los Protocolos a que se refiere.

Pero la desprotección llegó a ser más intensa cuando el Tribunal Supremo (TS), por sentencia 101/2012, que absuelve al juez Garzón, complementada por el Auto de 28/3/2012, clausura definitivamente las puertas de los tribunales para investigar los crímenes de la dictadura. Porque, con una completa vulneración del Derecho Internacional Humanitario, declara que no pueden ser perseguidos penalmente. Cuando ha sido una constante de este Derecho que ciertos delitos, por su gravedad y dimensiones cualitativas y cuantitativas, eran siempre perseguibles, con independencia de su codificación estatal, precisamente por atentar al género humano.

Además, los Pactos de Nueva York, vigentes en España desde el 30/4/1977, proclamaban que la irretroactividad de la ley penal no era aplicable a delitos que, por su gravedad, tenían aquel alcance. Los Pactos establecen que nada se opone a su persecución y condena si los hechos “en el momento de cometerse fueran delictivos según los principios generales del derecho, reconocidos por la comunidad internacional”. Tratado vigente en España cuando se aprobó la Ley de Amnistía de 1977, lo que impedía que fuera aplicada al genocidio franquista.

El deber de investigar dichos crímenes está, además, respaldado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En la sentencia de 16/4/2012 justificó la investigación judicial de los asesinatos masivos de Katyn.

Y el Tribunal Supremo de Italia autorizó la persecución judicial de Priebke, el dirigente nazi que ordenó los asesinatos de las Fosas Ardeatinas.

Y, ya en España, la Sección 10ª de la Audiencia Provincial de Barcelona (Auto 22/1/2013) ordenó la investigación de los bombardeos fascistas sobre la población civil de Barcelona durante la guerra civil con centenares de víctimas. El tribunal, con fundamento en las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907, afirma que “el ejército italiano podía conocer la ilicitud de los bombardeos sistemáticos y de carácter exterminador sobre la población civil de Barcelona”. Y, desde luego, con fundamento en dichas Convenciones y en la Constitución de la República, declara que los ataques aéreos sobre Barcelona son perseguibles “como derecho penal no codificado”, pues los “principios” del Derecho consuetudinario internacional “están por encima de las leyes internas de cada país, y por tanto son directamente aplicables aunque la legislación interna del Estado donde se perpetraron no los tuviera formalmente tipificados”. Así se desprende expresamente de la Convención de La Haya de 1907, donde “constan expresamente las matanzas masivas de la población civil” y los “bombardeos de ciudades sin que existan objetivos militares” y, en particular, de la Cláusula Martens de 1899, que apelaba a los Estados en guerra a la vigencia de “los principios del derecho de gentes”. Como consecuencia de estos principios, el citado Informe de la ONU disponía que “la búsqueda de los desaparecidos no puede depender de los familiares, sino que debe de ser asumida como una obligación del Estado”.

Es especialmente significativa la Sentencia del TEDH en el caso Zdanoka c. Letonia (16/3/2006): “2. En derecho internacional, el proceso de Núremberg es una ilustración histórica de la manera en que el estado de derecho responde a la barbarie, de que el poder de la lógica jurídica prevalece ex post facto sobre la lógica hobbesiana del poder... El Tribunal aplica la doctrina fijada por la Sentencia de Núremberg, según la cual el concepto de crímenes contra la humanidad comprende los hechos de esta naturaleza cometidos desde el 23 de marzo de 1933. De la misma forma que el Convenio sobre el Genocidio, de 1948, no instituye ni crea este delito sino que “confirma” su existencia como “delito de derecho internacional”.

El Comité de NNUU expresó su “preocupación” por el criterio mantenido por el TS en la sentencia citada al invocar la “existencia de una ley de amnistía” y por rechazar en las desapariciones su carácter de delito permanente. Asimismo, “exhorta” al Estado a que “asegure que todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial...”.

El Comité, frente al criterio mantenido por la LMH, recuerda que “la búsqueda de las personas que han sido sometidas a desaparición forzada y el esclarecimiento de su suerte son obligaciones del Estado” y que “los familiares tienen el derecho a conocer la verdad sobre la suerte de sus seres queridos desaparecidos”.

Para estos fines, como ya se ha reclamado desde diversas instancias, el Comité plantea que el Estado español “debería considerar la posibilidad de establecer un órgano específico encargado de la búsqueda de las personas sometidas a desaparición forzada…”.

Finalmente, entre otras muchas recomendaciones, el Comité reitera lo que ya solicitó el Consejo de Europa en 2006, “la creación de una comisión de expertos independientes encargada de determinar la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado, en particular las desapariciones forzadas”.

Las víctimas de la dictadura ya no pueden esperar más. Llevan 40 años esperando saber, ser auténticamente reparados por el inmenso daño sufrido y, en la medida de lo posible, que se haga justicia como lo está haciendo la juez argentina.

El Estado, las Administraciones y, particularmente, los jueces no pueden continuar quebrantando el derecho internacional que regula las obligaciones de los Estados ante las desapariciones forzadas e incumpliendo el deber legal de proteger a las víctimas y proporcionarles la satisfacción adecuada fijada en las leyes internacionales. Acabar con el “olvido de las víctimas de la represión franquista”. Las víctimas más “invisibilizadas”, según Reyes Mate.

Más recientemente, el pasado 15 de abril de 2015, la ONU ha vuelto a reiterar al Estado español que cumpla sus obligaciones morales y, sobre todo, legales con las víctimas de la represión de la dictadura franquista. Era la consecuencia del Examen Periódico Universal a que nuestro Estado fue sometido en enero de ese año en el extenso ámbito de los derechos humanos.

A casi cuarenta años de la muerte del dictador, continúa sin resolverse cómo afrontamos definitivamente nuestro pasado totalitario

Las Recomendaciones fueron fundamentalmente tres: “Abordar la cuestión de las desapariciones forzadas en todos sus aspectos” y “promover cambios en el ordenamiento nacional que permitan la investigación exhaustiva e imparcial de las desapariciones forzadas”, ambas en el marco de “una estrategia amplia e incluyente para abordar los problemas del pasado…”.

A casi cuarenta años de la muerte del dictador, continúa sin resolverse cómo afrontamos definitivamente nuestro pasado totalitario, el franquismo, de forma que se resuelvan a favor de las víctimas del mismo las deudas contraídas por un sistema, la dictadura, que aún no están completamente saldadas. La responsabilidad es compartida por los Gobiernos democráticos y los Tribunales de Justicia. Porque no habrá en España un sistema plenamente respetuoso de los derechos humanos mientras aquellas víctimas no hayan sido plenamente reparadas.

2. El concepto de “víctima” de violaciones graves de derechos humanos
Incorporado a la Ley andaluza en el art. 4 A. b). La utilización del término “víctimas” resulta necesario en cuanto genera un determinado estatuto jurídico, sobre todo a la hora de situarlo en relación con los instrumentos jurídicos de Derecho Internacional en la materia. A este respecto, es necesario hacer una especial mención de la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 60/147 (16. 12. 2005, publicada 21. 04. 2006) relativa a los: “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”.

El concepto de víctima se define así: “8. A los efectos del presente documento, se entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término “víctima” también comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización. 9. Una persona será considerada víctima con independencia de si el autor de la violación ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima. "Desde esta perspectiva, el Estado español y, en consecuencia la magistratura, están obligados a actuar para la plena satisfacción de dichos derechos”.

3. La dictadura franquista continúa impune
La Fiscal General dictó el 30 de septiembre de 2016 una Instrucción ordenando a los fiscales que se opusieran a los requerimientos de la Justicia argentina solicitando auxilio judicial para la investigación de los crímenes de la dictadura fascista del General Franco.

En su escrito, se refería en varias ocasiones al “franquismo”, nunca en términos críticos. Y el modo habitual de aludir al objeto del requerimiento de la juez argentina es que se trata de “hechos cometidos por ciudadanos españoles en España contra ciudadanos españoles” entre 1936 y 1977. O bien a “hechos acaecidos durante la guerra civil”. Nunca se refiere a la dictadura.

Fue un verdadero escándalo. Esa fiscal, ya cesada, representó la continuidad de esa contemporización de ciertos sectores judiciales con el franquismo.

La categoría de Crímenes contra la Humanidad de los cometidos por los sublevados desde el inicio de la guerra civil y durante la dictadura no permite ninguna duda. La naturaleza criminal de los mismos, su gravedad y el carácter de crímenes planificados desde el Estado y su alcance masivo exigen aún su investigación judicial penal y, cuando fuera posible, la persecución de sus responsables. Es lo que pretende hacer la Justicia argentina ante la gravísima pasividad de los Gobiernos democráticos y de las autoridades judiciales.

No puede olvidarse que hasta el 2000 –cuando se exhuman los restos de trece fusilados en octubre de 1936 en Priaranza del Bierzo (León)– no se inició un auténtico movimiento reivindicativo de la memoria de los crímenes del franquismo. Y hasta 2007 no se aprueba una Ley, la de Memoria Histórica, que reconoció tibiamente la criminalidad de la dictadura. Ello sitúa en su justo lugar el valor limitado de la Ley de Amnistía y, desde luego, la enorme dificultad de que dichos crímenes fuesen perseguibles.

Son muchas más las consecuencias gravemente lesivas a los derechos humanos de los cuarenta años de dictadura. Pero que conste que no habrá un cambio político real en nuestro país sobre el olvido y el desamparo legal de las víctimas del franquismo.

Y el Estado y las Comunidades Autónomas tienen una gran responsabilidad. Pero, muy especialmente, el actual Gobierno, obligado a revisar la LMH para que las Administraciones Públicas asuman directamente la responsabilidad respecto a los desaparecidos; pero también para reconocer sin reserva alguna la competencia que les corresponde respecto a la plena rehabilitación -moral, jurídica y económica- de todas las víctimas de la dictadura y, particularmente, entre ellas, los miembros de la Unión Militar Democrática y de la guerrilla antifranquista. Además de impulsar y respetar la competencia judicial-siguiendo el ejemplo de la Audiencia de Barcelona-para investigar y perseguir los gravísimos Crímenes contra la Humanidad que se cometieron desde 1936 hasta 1975 por las autoridades y funcionarios del franquismo y la dictadura.

Concluimos:
“El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio… Lo que obliga a todos los poderes públicos “a preservar del olvido la memoria colectiva”. Y, además, a evitar “la impunidad”. Creo que este llamamiento de NNUU debería haberse aplicado, especialmente en nuestro país, desde que entró en vigor en 2005. (“Principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad.8/2/2005).

Fuente: http://ctxt.es/es/20180613/Politica/20208/Memoria-historica-franquismo-desaparecidos-Carlos-Jimenez-Villarejo.htm

España, el país de los 200.000 desaparecidos.

Representantes de la ONU califican de crímenes contra la humanidad tanto los enterramientos en fosas comunes de la guerra civil y el franquismo como el robo de niños prolongado hasta la democracia. Censuran al Gobierno español por poner obstáculos a las investigaciones y le conminan a buscar a los desaparecidos.

Rocío Borrego sólo quiere recuperar los restos de su madre, puesto que sabe bien que fue asesinada en 1936. Eduardo Raya sólo desea saber el paradero de su hija, puesto que está completamente seguro que sigue viva, desde que fue presuntamente robada en 1990. Entre ambos sucesos ha pasado medio siglo, pero los cubre el mismo manto de silencio e “impunidad”, según los representantes del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de Naciones Unidas que este mes de septiembre ha visitado diversas ciudades de España. Los afectados repiten insistentemente, con casi 200.000 víctimas, entre enterramientos ilegales en fosas comunes y niños robados, hoy son adultos con identidad falsa, España es, tras Camboya, el país del mundo donde permanecen más personas desaparecidas.

En 1940 la Causa General iniciada por el Ministerio de Justicia sobre el denominado terror rojo facilitó la recuperación de los cadáveres de casi la totalidad de las 38.000 víctimas de la represión en la retaguardia republicana durante la Guerra Civil. Sus familiares, salvo excepciones de falta de interés o deficiente localización, pudieron darles una sepultura digna, fueron honrados, su memoria recuperada y sus verdugos perseguidos o procesados. El Estado se implicó fuertemente en la labor de búsqueda e identificación, sirviéndose en muchos casos de las fotografías tomadas a tal efecto por el propio Gobierno republicano, que nunca llegó a legitimar la barbarie desatada durante parte de esos tres años por facciones de sindicatos y partidos de izquierda.

Setenta años después, todavía no ha ocurrido lo mismo con el franquismo, cuya represión fue cinco veces mayor en número debido a ser planificada por sus mandos y ejecutada sistemáticamente a partir de las órdenes de fusilamiento de cualquier desafecto al Movimiento decretadas por la Junta de Gobierno y la Junta Suprema Militar de Defensa de España en 1936. Desde entonces hasta ahora, de los 143.000 desaparecidos estimados por el ex juez Baltasar Garzón en 2008 sólo se han recuperado los cuerpos de unos 8.000. Pero cada vez que se abre una fosa se encuentran más cadáveres de los previstos, motivo por el que las estimaciones se acercan ya a los 180.000 desaparecidos, cifra que coincide con la aportada hace años por el historiador Paul Preston.

A ello hay que sumar unos 30.000 niños apartados forzosamente de presas y familias republicanas entre 1944 y 1954, como medida de “higiene” ideológica, y al menos otros 6.000 casos documentados por las asociaciones de bebés robados por motivos económicos durante el tardofranquismo y la primera mitad de la actual democracia. Casi todos siguen sin localizar, salvo varias decenas de reencuentros, facilitados por análisis de ADN practicados por los propios familiares, nunca por el Estado.

Rocío Borrego no pudo acudir a Sevilla el pasado mes para explicarle su caso a los representantes de la ONU, debido a su delicada salud. Lo hizo en su lugar su hija Florentina, quien relató que Ana Ricarda, de ideología socialista, regentaba una tienda de comestibles y ejercía como maestra particular y escribiente en la aldea cordobesa de Jauja. En noviembre de 1936 fue detenida por cuatro falangistas y un guardia civil al que ella misma había denunciado por amenazas unos años antes, y ya no se ha vuelto a saber de ella. A través de diversos testimonios han llegado a saber que permaneció varios días en un chalet, donde fue violada y torturada hasta que, ya moribunda y desfigurada, le dieron el tiro de gracia. Parece que un vecino encontró el cadáver junto al arroyo de La Coja y, al verle los pechos arrancados y el cuerpo destrozado, decidió enterrarla.

Su tienda y sus tierras fueron confiscadas, su madre rapada y purgada, su marido enloqueció y murió a los pocos años y sus cuatro hijos fueron presa del hambre y la miseria. Rocío ha acudido infructuosamente a los tribunales para buscar alguna reparación y la recuperación de los restos de su madre. En su auto, el ex juez Garzón lo señala como uno de los casos más “clamorosos” de “inseguridad jurídica para las víctimas”. Sin embargo, hasta el propio Tribunal Constitucional español ha desestimados sus recursos. “Yo no quiero juzgar a nadie, pero que nos dejen recuperar los restos”, clamaba Florentina en Sevilla, a la vez que se preguntaba: “¿Hasta cuándo? ¿Hasta que los tengan que sacar como a los íberos o los tartessos? ¿En qué país democrático se encarga la labor de hacer cumplir los derechos humanos a las víctimas, teniendo que trabajar en contra de la Administración? Es un desgaste emocional tremendo”, se lamenta.

Efectivamente, el grupo de trabajo de la ONU ha constatado que la Ley de Memoria Histórica de 2007 ha tenido un efecto muy escaso. Salvo algunas excepciones, como el Ayuntamiento de Málaga, que ha financiado la exhumación de la fosa común de su cementerio, recuperando los restos de 2.800 personas, en el resto del país prácticamente ningún municipio ha dado permiso siquiera a las familias para hacerlo y ningún juzgado ha ordenado la apertura de fosas. Ariel Duritzky, unos de los representantes de Naciones Unidas que ha visitado España, considera que el Gobierno español debe derogar la Ley de Aministía de 1997, por ser preconstitucional y constituir una “barrera a la investigación de graves violaciones de los derechos humanos”.

Así, en lugar de poner los “obstáculos” actuales, el Estado español debe ofrecer en su opinión mayor apoyo a las víctimas, crear una entidad para estudiar los casos, investigar las desapariciones forzadas a través de la judicatura, juzgarlas, retirar los símbolos del franquismo de los lugares públicos y “asumir un rol de liderazgo en la búsqueda de la verdad”. A juicio del experto de la ONU, “en el contexto de ataques generalizados a la población civil, como los que ocurrieron durante la guerra y la dictadura, las desapariciones forzadas adquieren carácter de crimen internacional, y por lo tanto deben considerarse imprescriptibles”.

Dulitzky y su compañera Jasminka Dzumhur no se sorprendieron cuando en su visita a Sevilla se les planteó que este crimen contra la humanidad también se habría prolongado hasta bien entrada la democracia. Hasta los años noventa en concreto, debido a que el robo de bebés por motivos económicos, tras haberlo practicado en un principio como represión política, también se habría realizado de forma “sistemática, generalizada y con aquiescencia de los poderes públicos” como un “ataque” por parte de un grupo de funcionarios del Estado contra parte de la población civil. Así lo expusieron el abogado granadino y también afectado Eduardo Raya junto a su esposa Gloria Rodríguez. Ellos siguen buscando a su hija, dada por muerta al nacer en el Hospital Clínico de Granada en 1990. Hasta siete análisis de laboratorios públicos y privados han dictaminado que el cadáver enterrado entonces no puede pertenecer a una hija suya, así como tampoco los restos de hígado aportados como prueba por los médicos para cerrar el caso. La Justicia hasta ahora no les ha ofrecido respuesta, pendiente de reabrir la investigación “a regañadientes”.

Raya tiene no obstante esperanza en el dictamen del grupo de trabajo de la ONU, que deberá ser elevado al Consejo de Derechos Humanos para su aprobación, así como que la Justicia argentina incluya también entre sus investigaciones el robo de niños por motivos políticos o económicos, tanto en la dictadura como en la democracia, al tratarse de una misma trama criminal. “Esto no es cosa de una monja aislada, como nos quieren hacer creer. Sor María sólo fue un instrumento de los que se llevaron el dinero”, asegura Raya.

Los métodos aplicados ilegalmente para el rapto y venta de bebés hasta los años noventa fueron en realidad ensayados de forma legal en los años cuarenta y cincuenta. El engaño, diciendo a las familias que el niño había muerto, la inscripción en el Registro Civil con distinto nombre y apellido y darla en adopción en una provincia distinta a la que nació, para dejar el menor rastro posible. Las hermanas María y Florencia Calvo, por ejemplo, fueron enviadas por sus padres a Francia para salvaguardarlas de la contienda en España, pero tras terminar la guerra las secuestró allí el servicio exterior de Falange Española y las devolvió a nuestro país. Al llegar en tren a Toledo, Florencia preguntó por su hermana, pero una monja le informó que María había muerto de unas fiebres, como tantos otros niños en el camino, y que su cuerpo lo habrían tirado por la ventanilla. En realidad no fue así, sino que fue dada en adopción. Sesenta años después, las dos hermanas se reencontraron gracias a un programa de televisión.

La Orden del Ministerio de Justicia de 30 de marzo de 1940 establecía que los hijos de presos políticos podían quedarse con sus madres sólo hasta los tres años, cumplidos los cuales debían ser excarcelados y adoptados por familias adeptas al Régimen, siguiendo las doctrinas del psiquiatra Antonio Vallejo-Nágera. La Ley de 4 de diciembre de 1941 facilitaba a su vez su inscripción en el Registro Civil con nuevos apellidos. Vicenta Flores Ruiz, hija de un militar republicano de Valencia, fue adoptada y devuelta al colegio de monjas donde permanecía interna hasta cuatro veces en un mismo año, cambiando en todas las ocasiones de apellidos. Y siempre lejos de Valencia, por familias de Zaragoza, Alemania, Madrid y Ciudad Real

El paso del robo de niños legal al ilegal se habría dado ya en la siguiente década, aprovechando esta estructura. Además de las entidades religiosas que tutelaban a los menores y los registros civiles de toda España, fue necesaria también la implicación de profesionales sanitarios, médicos y matronas que asistían los partos en las cárceles y, cada vez en mayor medida, en clínicas y hospitales. En 1950 Emilia Girón fue a dar a luz al hospital de Salamanca. Nada más nacer, le arrebataron al niño a la fuerza y nunca más supo de él. Emilia era hermana del maqui Manuel Girón, jefe de los guerrilleros del Bierzo. Era analfabeta y tenía mucho miedo. Quizás pensaron que nunca lo buscaría, pero sí lo hizo, aunque infructuosamente. “Con esa angustia estaré toda la vida, porque sé que lo parí y lo llevé dentro nueve meses, y no lo conocí siquiera”, declaraba Emilia cuarenta años después.

De esa misma época es una carta del capellán de la casa cuna de Sevilla en la que daba instrucciones para cambiar las partidas de bautismo de forma discreta en caso de adopciones irregulares, más allá de las forzosas a presos republicanos que sí permitía la ley. En muchas ocasiones, religiosos, médicos y registradores recibían regalos o donativos por parte de los padres adoptivos. Así, en los años cincuenta se habría producido la transición del robo por motivos políticos al móvil económico, práctica que se habría prolongado de forma sistemática hasta la década de los noventa y que hoy día, según la ONU, permanece impune. (foto de fusilados con las manos atadas con alambre en fosa de Málaga. El País)

Fuente: http://periodismohumano.com/sociedad/memoria/espana-el-pais-de-los-200-000-desaparecidos.html

Jueces para la Democracia critica la "inadmisible" actitud del Gobierno con las víctimas.