_- Entrevista a Yerba Segura Suárez y Mª Isabel García García, sobre Mi infancia en el franquismo, de Enesida García Suárez (*II)

_- “La cuestión de la memoria histórica en nuestro país tiene un componente emocional importantísimo sobre el que no se ha investigado lo suficiente.”



http://www.rebelion.org/docs/261867.pdf

Hay que desenterrar la memoria de las cunetas

Javier Gallego
Carne Cruda

España desconoce lo que fue la dictadura de Franco. Sus herederos y cómplices impusieron por ley el olvido de los asesinatos, torturas, robos de bebés y este país ha terminado por creer que el franquismo tampoco era para tanto. Hasta la Academia de la Historia, nostálgica del pasado, se negaba a llamarle "dictador" y "régimen totalitario". Lo dejaron todo atado y bien atado para que así fuera.

Desde el Rey que juró lealtad al genocida, hasta sus ministros, jueces, militares y policías se acostaron franquistas y se levantaron "demócratas", enterraron la memoria con la ayuda de una izquierda traicionera y construyeron un recuerdo a su medida que ha blanqueado a Franco con éxito durante décadas.

Pero hay un silencio que grita desde las cunetas. Más de 100.000 asesinados por la dictadura que claman Justicia. No se trata de reabrir heridas, se trata de abrir agujeros para que las familias puedan enterrar a los suyos. Somos, después de Camboya, el país con más enterrados en fosas comunes. Somos un país que no permite juzgar a sus criminales fascistas, un país que no le da Justicia a las víctimas vivas y a las familias de los muertos, que tienen que irse a Argentina a pedirla.

En un documental francés reciente definían el franquismo como un régimen sanguinario y brutal que dio un golpe de Estado a una democracia, eliminó a la disidencia, cerró España y le impuso una moral ultracatólica con la ayuda de la Iglesia. Jamás me contaron así la dictadura en el colegio. Tampoco en la tele o en casa. No es eso lo que he oído sobre ella. Sí he oído mil veces que la culpa fue de la República, de la víctima, vaya. A la calle le han borrado la memoria y le han implantado una mentira.

Es hora de desenterrar la memoria de las cunetas y de las salas de tortura de la Dirección General de Seguridad, como hace "El silencio de otros", la película que debería enseñarse a todos los españoles para que conozcan el relato que se enterró: el de los torturados, los ajusticiados, los bebés robados por el franquismo. El de las violaciones con barras de hierro, las humillaciones a los presos, los fusilamientos contra las tapias. El que nunca me contaron. Es desgarrador ver la lucha incansable de las víctimas por encontrar Justicia y devastador ver un país que ha olvidado lo que los franquistas les hicieron a miles de personas. Es la Infamia Nacional.

En otros países se avergüenzan y juzgan a los genocidas. Aquí se les aplaude y amnistía. Como me decía hace unos días Pablo Romero, hijo de un asesinado de ETA, olvidar a las víctimas es matarlas otra vez. Una víctima no olvida. Un país no puede olvidarla. Un Estado no puede perdonar los crímenes que cometió la dictadura. Ha pasado el tiempo suficiente para desenterrar la memoria de las cunetas. Sería un buen sitio para tirar los restos inmundos del carnicero del Valle de los Caídos.

Fuente:

http://www.eldiario.es/carnecruda/lo-llevamos-crudo/desenterrar-memoria-cunetas_6_837526263.html

-- El historiador Ricard Vinyes aborda las políticas públicas de memoria en la Universitat de València. La memoria democrática, un derecho ciudadano

--  Enric Llopis

Rebelión

Políticas de la memoria. En julio de 1990 Francia promulgó la “Ley Gayssot” (por el nombre del diputado comunista que la promovió), que castigaba la xenofobia y el “negacionismo” respecto a los crímenes de lesa humanidad, como el Holocausto (el pasado 27 de marzo la Corte de Casación francesa confirmó la condena a una multa de 30.000 euros al expresidente del Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen, por calificar de “un detalle en la historia” las cámaras de gas nazis). En mayo de 2001 la Asamblea Nacional aprobó la denominada “Ley Taubira”, que consideraba el tráfico negrero transatlántico y la esclavitud –perpetradas a partir del siglo XV- crímenes contra la humanidad; además, según la legislación, los programas educativos e investigaciones tendrían que otorgarle a estos hechos “el lugar que merecen”.

Pero la gran polémica sobre las leyes “memoriales” en Francia se desató en febrero de 2005; a través de una enmienda legal, el parlamento asignó a los programas escolares la función de reconocer el “papel positivo” del colonialismo francés en ultramar, particularmente en el norte de África. Los párrafos que suscitaron mayores críticas fueron derogados en 2006. Por otra parte, en 2012 la Asamblea gala aprobó una ley que penaba con un año de cárcel y 45.000 euros de multa la negación del “genocidio” armenio durante el Imperio Otomano (1,5 millones de muertos entre 1915 y 1917, según fuentes armenias, cifra que rebaja notablemente Turquía); un mes después el Consejo Constitucional de Francia tumbó la iniciativa legal, por considerar que vulneraba la libertad de expresión.

La batalla por el control de la memoria, los silencios y las omisiones tiene precedentes antiguos. En 1598 el monarca de Francia Enrique IV firmó el Edicto de Nantes, que finiquitaba las Guerras de Religión entre católicos y hugonotes (calvinistas franceses). El texto establecía “que la memoria de todos los acontecimientos ocurridos entre unos y otros tras el comienzo del mes de marzo de 1585 y durante los oscuros precedentes de los mismos, hasta nuestro advenimiento a la corona, queden disipados y asumidos como cosa no sucedida”.

En España, una muestra de políticas “memoriales” fue lo sucedido el 22 de noviembre de 1985 en la Plaza de la Lealtad de Madrid. “El rey inaugura el monumento a los caídos por España en presencia de excombatientes de los dos bandos”, tituló su crónica el diario El País. Ese día se conmemoraba el décimo aniversario de la coronación de Juan Carlos I de Borbón y su juramento de lealtad a los principios del Movimiento Nacional. En el acto de la Plaza madrileña estuvieron presentes la familia real, el presidente del Gobierno, Felipe González, y los ministros socialistas, además de altas dignidades estatales, efectivos de diferentes compañías del ejército, la guardia civil y “ancianos excombatientes” tanto de organizaciones republicanas como franquistas; estos, según ABC, “asistieron a la ceremonia visiblemente emocionados”. La inauguración del obelisco y la llama votiva concluyó con un desfile militar. “El rey prendió la llama en honor a todos los que dieron su vida por España. El acto simboliza el espíritu de reconciliación entre los españoles”, tituló el periódico conservador.

El catedrático de Historia Contemporánea de la Universitat de Barcelona, Ricard Vinyes, ha mencionado estos ejemplos en la conferencia titulada “Historia y memoria: políticas públicas de memoria”, organizada por el Aula d’Història y Memòria Democràtica de la Universitat de València. El historiador ha publicado, con Montse Armengou y Ricard Belis, “Los niños perdidos del franquismo” (2003) y coordinado “El Estado y la memoria: gobiernos y ciudadanos frente a los traumas de la historia” (2009), entre otros libros. Asimismo es el coordinador del “Diccionario de la memoria colectiva”, editado en septiembre de 2018 por Gedisa y en el que han participado cerca de 200 investigadores.

En el prólogo del Diccionario, Vinyes hace referencia a la memoria popular y democrática. Apunta el caso de José Anselmo Clavé, músico y activista de mediados del siglo XIX que introdujo las sociedades corales entre las clases trabajadoras de Barcelona. El potencial subversivo de la fiesta, el baile y un ocio vinculado a ideas republicanas y democráticas preocupaba entonces a las élites; el alcalde de Barcelona, José Bertrán Ros, publicó un bando en 1853 que declaraba: “La clase obrera ha de ocuparse en trabajar y no en cantar o bailar”, de modo que estas actividades quedaron prohibidas en la calle. Según Ricard Vinyes, “la memoria de aquellos días pervive hoy en el nomenclátor de nuestras ciudades, pero no el relato, no el sentido”.

Hay asimismo ejemplos de lugares de memoria oficiales, impulsados por los gobiernos para rescatar grandes relatos. El historiador cita el monumento 9/11 Memorial de Nueva York en torno al 11-S, por “el debate generado a lo largo de su construcción y aún hoy”. La BBC informó en 2014 de la polémica sobre la tienda del museo dedicado a las víctimas, en la que el público podía comprar sudaderas con capucha y el dibujo de las Torres Gemelas, tazas de café del 11-S, bufandas con la silueta de la ciudad y camiones de juguetes como los utilizados por los bomberos. El memorial se inauguró en 2011, una década después de los atentados. “Muchos neoyorkinos reconocen estar saturados de tanta celebración”, informó el corresponsal de La Vanguardia.

El Diccionario define la “memoria pública” como aquella parte del pasado que permanece en el presente, en los discursos y debates actuales, lo que remite al “uso público de la historia”, afirma Anna Lisa Tota, profesora de la Universidad de Roma y autora del artículo. Así, el informe de 500 páginas de la comisión del 11-S, presentado al entonces presidente George W. Bush en julio de 2004, pasó por alto antecedentes de importancia, como las relaciones internacionales de Estados Unidos previas al ataque “y de las que en todo el informe no se hace mención alguna; lo que el documento omite es más relevante que aquello que explica con profusión”, afirma la investigadora.

Actualmente Ricard Vinyes es Comisionado de Programas de Memoria del Ayuntamiento de Barcelona. “Procuramos que la programación no sea plana, que tenga contenido político y aporte criterios éticos”, afirma el historiador. En el Centre La Nau de la Universitat de Valencia destaca el “giro memorial” de los últimos 15 años, por el que la memoria se ha ido desplazando de la idea de “deber” a considerarse un “derecho civil” que corresponde garantizar al Estado. En marzo se desarrolló la iniciativa “Queremos la paz, no el olvido”, con motivo del 80 aniversario del bombardeo de Barcelona. A mediados de marzo de 1938, los aviones italianos aplicaron el llamado “bombardeo de saturación” sobre la ciudad, lo que implicó el lanzamiento de 44 toneladas de bombas a baja altura durante dos días. El balance de los ataques se aproxima a los mil muertos, entre 1.500 y 2.000 heridos y 76 edificaciones totalmente destruidas.

Entre las actividades relacionadas con la embestida fascista, figura el espectáculo “El árbol de la memoria” diseñado por Xavier Bové, que consistió en una proyección de 10 minutos, en tres dimensiones, vídeo y voz en off sobre la fachada del consistorio en la Plaza de Sant Jaume. Al árbol gigante y conceptual de Bové, se agrega la organización de visitas guiadas a los refugios antiaéreos 307 del Poble-Sec y Gràcia o la señalización de lugares de Barcelona que recibieron el impacto de los explosivos; asimismo el Born-Centre de Cultura i Memòria acoge hasta marzo de 2019 la exposición “Una infancia sota les bombes”, sobre la masacre que el 30 de enero de 1938 causaron las bombas de la aviación fascista en la plaza barcelonesa de Sant Felipe Neri: 41 muertos, la mayoría niños.

Otra de las iniciativas del Programa de Memoria es la reconversión de la antigua cárcel Modelo de Barcelona -cerrada en junio de 2017, cuando se cumplió el 113 aniversario de su inauguración- en un espacio memorial que incluya un centro de interpretación de la represión y los movimientos sociales, además de conferencias y exposiciones. El militante libertario Salvador Puig Antich fue ejecutado a garrote vil en esta prisión en marzo de 1974; tres años después, se produjo el motín de la Coordinadora de Presos en Lucha (COPEL). En la Modelo, recuerda el Ayuntamiento de Barcelona, “fueron encarcelados durante el siglo XX quienes participaron en revueltas de todo tipo”. Entre las próximas acciones, se incluye la que tendrá lugar el 28 de octubre: un acto de homenaje a las Brigadas Internacionales, que se realizará en el monumento erigido en el barrio de El Carmel a los voluntarios (de más de 50 países) que combatieron al fascismo en España; el 28 de octubre de 1938 tuvo lugar en las calles de Barcelona el desfile de despedida a los brigadistas, al que asistieron 250.000 personas.

Ricard Vinyes también resalta la inversión de 900.000 euros en ocho barrios anunciada el tres de octubre por el Ayuntamiento de Barcelona para “reivindicar la memoria popular”. En las barriadas de Sant Genís dels Agudells y La Teixonera el proyecto incluye una mesa por la memoria, que representa a vecinos y asociaciones; la realización de exposiciones y un documental sobre la historia social de los dos barrios (uno de los aspectos que se destacan son las oleadas inmigratorias entre los años 50 y 80 del siglo pasado).

En las barriadas del Bon Pastor y Baró de Viver, en el distrito de Sant Andreu, un eje del proyecto es la memoria histórica de las viviendas obreras y las casas baratas. En La Marina, algunas propuestas remiten a la memoria del pasado industrial y la factoría de SEAT. Vinyes destaca, por último, la vigencia del artículo de Josep Renau “Sentido popular y revolucionario de la fiesta de las fallas”, publicado en la revista Nueva Cultura en plena guerra civil. El pintor y muralista aborda la evolución de las fiestas falleras, cómo “san José va quedando a un lado”, al igual que la mitología católica, mientras en los festejos arraiga el contenido “sensual y crítico, es decir, materialista y revolucionario”; las fiestas falleras responden a “la gloriosa tradición liberal del pueblo, que, arrancando de aquellas jornadas épicas de las Germanías, conduce a la Valencia antifascista de hoy”, concluye Renau

Fuente de las imágenes: Ayuntamiento de Barcelona

Una calle (por fin) en Sevilla, para el cónsul alemán Otto Engelhardt, que renegó de Hitler y fue fusilado por Franco

Olivia Carballar
La Marea

El primer director de la Compañía Sevillana de Electricidad renunció a la nacionalidad alemana y fue asesinado por orden de Queipo de Llano, denuncia su familia

“Los conductores y cobradores de los tranvías eléctricos dedican a su digno director don Otto Engelhardt este insignificante recuerdo que pretenden sea expresión sincera y justa de la intensa gratitud que sienten por la concesión tan beneficiosa hecha a sus pretensiones accediendo a la minoración de las horas de la jornada de invierno. La satisfacción de hacer el bien sea su más legítima recompensa”. Es la leyenda que preside la entrada de la casa de Conrado, nieto de Otto Engelhardt, que fue director de la Compañía Sevillana de Tranvías. Ese mismo cuadro, de principios del siglo pasado, estuvo esperando en dependencias municipales para ser expuesto en una muestra sobre la historia del transporte público en Sevilla, pero fue rechazado, según cuenta la familia, con una excusa: no poder hacer frente a posibles daños dado el incalculable valor sentimental.

“¡Pero si nosotros lo que queremos es que se conozca quién fue Otto Engelhardt!”, decía sin dar crédito Ruth, su bisnieta, hija de Conrado, hace cinco años. “Fue un defensor de las libertades y de los derechos humanos. Un emprendedor y un visionario de una ciudad más moderna en cuanto al transporte, la energía o la salud. Sigamos restaurando la memoria y construyamos una ciudad donde ya no habite el olvido”, dijo Ruth el pasado jueves, cinco años después, bajo el rótulo recién puesto de la calle Otto Engelhardt, en la estación de autobuses del Prado de San Sebastián.

Engelhardt, un ingeniero nacido en 1866 en Brunswick (Alemania), fue quien trajo la luz a Sevilla. En sentido literal: fue el primer director de la Compañía Sevillana de Electricidad, en 1894. “En esta imagen se ve uno de los primeros alumbrados de la feria de Sevilla”, señala Ruth con una foto en la mano. Y en sentido figurado: trabajó para que los vecinos y vecinas, cuando no había más avance que los carros tirados por mulas, fueran más libres, más progresistas. “Y en esta está en el laboratorio farmacéutico que creó después de rechazar la nacionalidad alemana”, cuenta sosteniendo otra foto vieja sin una mota de polvo encima.

Cónsul alemán honorífico en la capital andaluza, devolvió todas las medallas que le habían concedido porque no quería ser cómplice del nazismo. Condenó el exterminio nazi mucho antes de que nadie aventurase lo que iba a suceder más tarde, en la Segunda Guerra Mundial. “¡Gracias a Dios que vivo ahora como ciudadano español, bajo la protección de un Gobierno que está tan lejos del fascismo como yo de Hitler y sus príncipes! No dejo de amar a mi Alemania y le deseo para ella de corazón que vengan pronto días felices sin Hitler, sin barones y príncipes; días republicanos de verdad y prósperos como merece el pacífico pueblo alemán”, escribió en un artículo en El Liberal.

El franquismo, sin embargo, decidió apagarle la luz a él. En 1936, con casi 70 años, fue fusilado por orden de Queipo de Llano, que sigue enterrado en la basílica de la Macarena. “El que fue después cónsul alemán, Gustav Draeger, era amigo íntimo de Queipo de Llano. Y creemos que este hombre instó a elminarlo. Draeger, de hecho, murió en Camas ya de viejo”, sostiene Ruth. A Engelhardt lo sacaron del hospital de las Cinco Llagas de Sevilla, hoy sede del Parlamento andaluz, donde aguardaba ingresado, enfermo, junto a una de las salas a las que él mismo había contribuido a restaurar con su generosidad, como explica su familia.

“En el año 1916 vino un submarino alemán por el Guadalquivir cargado de explosivos para hacer estallar los barcos ingleses que había en el puerto. Y el abuelo logró hablar con el capitán del barco, desmontaron los explosivos, que deben estar ocultos por la orilla de Gelves o por las inmediaciones, y se deshizo aquella operación porque era una barbaridad. Impidió que un país más, España, hubiera entrado en guerra contra Alemania”, contaba orgulloso hace cinco años Conrado, un hombre callado, culto, que hablaba públicamente, por primera vez, del abuelo Otto. Conrado asiste también callado, casi sin creerlo, al acto de inauguración de la calle, antes denominada Manuel Vázquez Sagastizabal, aviador franquista.

De niño, él mismo también sintió el terror de la dictadura. Como tantas otras víctimas, pagó las consecuencias de ser el nieto de un “cónsul rebelde” que tuvo la osadía de renegar de Hitler y fue fusilado después por el ejército de Franco. Recuerda que su tía, que había sido monja de clausura, insistió al párroco para que le permitiera hacer la comunión. Y la hizo pero a las seis de la mañana, que fue la hora que puso el cura como condición para que aquello no supusiese un escándalo público. “La Gestapo y la Falange hacían registros donde yo vivía con mis padres, en la calle Luis Montoto. Entraban a culatazos, a las cinco, a las seis de la mañana, hasta que un vecino que teníamos carlista apareció una noche allí con su boina roja y su sable y ya no volvieron más”, explica Conrado. Se llevaron muchísimos libros de la biblioteca. Pero parece, sonríe Conrado, que no sabían leer: “El Capital, de Marx, que tenía la tapa verde y no roja, lo dejaron“.

Hoy con 86 años, aparta la sonrisa cuando rememora cómo la segunda mujer de su abuelo, Mercedes, tuvo que aguantar a la Legión Cóndor en su casa, donde se hospedaron después de haber asesinado a su marido. “La abuela recibió un tortazo en el cine porque al final, cuando aparecía el Nodo, no se levantó ni saludó brazo en alto. ‘Cuando muera Franco voy a coger una borrachera’, pero no vivió para verlo”, prosigue Conrado. Ana, la primera mujer de Otto –curiosa coincidencia con Los amantes del círculo polar ártico– era alemana y murió de inanición en un psiquiátrico, tras buscar desesperadamente a un hijo que creía muerto. De ella conserva aún su nieto una biblia traducida por Lutero: “Aquel cura de la comunión quería que la destruyese, pero aquí esta aún, arriba, con un valor literario enorme. Si Cervantes le da consistencia al idioma español, el alemán con el que se escribe esta biblia es el que le da consistencia al alemán moderno”.

Con la generosidad heredada del abuelo Otto, Conrado ha regalado muchos de sus libros a sus amistades. Incluso el violín que tocaba este hombre “punto y aparte”, como la canción que sonó en directo durante la inauguración de la calle. “Estaba estudiando también árabe”, dice Conrado, que toca el piano y aún recuerda otro sonido menos melódico, el de los tiros: “Cuando yo era chico pasaban por delante de la ventana las filas de gente del Ejército y un poquito más arriba los fusilaban”.

En la familia son monotemáticos: “Solo hablamos de Otto”. Carmen, la mujer de Conrado, interviene también indignada en la conversación. Y luego habla Salvador, el marido de Ruth, y exhala pasión por todos lados: “Le habéis contado lo del submarino, y que su mujer tuvo que convivir con sus asesinos, y que era generoso, y que también era bromista…?”. Eso no. “Pues puso el número 13 al tranvía que llevaba al cementerio. Y de color gris ceniza. Trece, gris y ceniza. Toma superstición”, ríe Salvador.

Ruth no para de contar éxitos. Coge la reproducción de un libro que regalaron los trabajadores del tranvía a su bisabuelo y muestra las cifras de los beneficios logrados: “Comenzó con un capital de 2,8 millones en 1898, y en 1910 era ya de diez millones. Este libro lo tiene la Fundación Endesa y no saben ni quién es Otto Engelhardt”. Se sabe fragmentos de memoria y aún se emociona al leerlo: “A don Otto. A través del tiempo, vuestros hijos lean sus páginas, ellos podrán corroborar el lema con el que comenzamos esta humilde dedicatoria: nuestro padre vive en sus obras. Nunca va a morir. 12 de diciembre de 1920″. Y luego vienen páginas y páginas con las firmas de los trabajadores. “De todos, de todos, de todos, de todos, de todos, de todos los trabajadores, páginas y páginas de personas, porque esto son personas”, repite sin cesar Salvador.

Hasta el momento, Otto Engelhardt sí había recibido homenajes en San Juan de Aznalfareche, donde se ubica la residencia donde vivió, Villa Chaboya. Un concejal de este pueblo sevillano, donde una plaza lleva su nombre, fue la única representación institucional durante el acto, convocado por la Asamblea de familiares y Asociaciones de memoria histórica de la Plaza de la Gavidia. El colectivo acaba de registrar en el Ayuntamiento de Sevilla una relación de 19 calles con nombres franquistas, una de ellas, Manuel Bermudo Barrera, a escasos pasos de la nueva calle de Otto Engelhardt, quien, como recordó el historiador Carlos Font, terminó su autobiografía con un “viva España”.

Fuente:
http://www.lamarea.com/2018/07/17/una-calle-por-fin-para-el-consul-aleman-que-renego-de-hitler-y-fue-fusilado-por-franco/

La causa de los 140.000 (desaparecidos). La dictadura franquista continúa impune

Carlos Jiménez Villarejo
Ctxt

Este texto se leyó originalmente en las Jornadas organizadas por la Asociación “Dejadme llorar”. El autor lo ha actualizado ahora para su publicación en CTXT.

El Gobierno tiene que revisar la Ley de Memoria Histórica para que las Administraciones Públicas asuman la responsabilidad de encontrar a los asesinados, y para dar plena rehabilitación moral, jurídica y económica a todas las víctimas de la dictadura.

“Es imprescindible recordar y honrar a quienes se esforzaron por conseguir un régimen democrático en Andalucía y a quienes sufrieron las consecuencias del conflicto civil, a quienes lucharon contra la dictadura franquista en defensa de las libertades y derechos fundamentales”.

Frente a la “aplicación de bandos de guerra, desapariciones forzadas, sentencias de muerte, cárcel, campos de concentración, multas e incautación de bienes, torturas, exilio y persecución laboral y profesional y grupos guerrilleros…”

(Exposición de Motivos de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía)

1. El estado actual de los “desaparecidos” durante la guerra civil y la dictadura

La cita anterior es obligada en unas Jornadas como éstas que afrontan, esta vez en Andalucía, el deber de la memoria y, una vez más, la denuncia de la impunidad. Ante una Ley que representa un compromiso más enérgico y amplio con aquellas víctimas que la Ley estatal 52/2007, además de su derogación de facto durante el último gobierno del Partido Popular (PP).

Es necesario resaltar y agradecer que la Ley andaluza incluya la referencia a la Resolución de la ONU de 1946 que calificaba el régimen de Franco como “de carácter fascista”, establecido en parte gracias a las ayudas de Hitler y Mussolini.

En 1986, con motivo del 50 aniversario de la sublevación militar de 1936, la Presidencia del Gobierno emitió un comunicado que concluía así: "Y recuerda además con respeto a quienes desde posiciones distintas a las de la España democrática, lucharon por una sociedad diferente, a la que también muchos sacrificaron su propia existencia”. La “sociedad diferente” era el golpe militar, la dictadura franquista y la planificación del terror desde 1936 hasta 1975. Habrían de pasar más de treinta años para que un Gobierno se atreviera a llamar a la dictadura por su nombre, como lo había hecho la ONU en 1946. Así lo hizo, pese a todas sus insuficiencias, la Ley 52/2007, llamada de la Memoria Histórica, que, además, proclamó la “condena del franquismo”. Y, complementariamente, la Ley incluyó una Disposición derogatoria que, de forma expresa, priva de vigencia jurídica a aquellas normas represoras dictadas bajo la Dictadura por ser manifiestamente contrarias a los derechos fundamentales, desde los primeros Bandos de Guerra hasta la Ley del Tribunal de Orden Público, “con el doble objetivo de proclamar su formal expulsión del ordenamiento jurídico e impedir su invocación por cualquier autoridad administrativa y judicial”. Derogación que evidencia las carencias de la Constitución democrática de 1978 en cuanto no afrontó directamente la ruptura con el régimen totalitario anterior incorporando una norma como la que se aprobó veintinueve años después. Todo ello refleja las debilidades de nuestra democracia por razón de la pervivencia en su seno, ciudadanos e instituciones, de ciertos rasgos de una cultura autoritaria. Por ello, dicha Ley solo alcanzó unos objetivos moderados y dominados por una cultura privatizadora de la memoria.

Dice el Preámbulo que, entre otros, es cometido de la Ley proteger “el derecho a la memoria personal y familiar como expresión de plena ciudadanía democrática”. La consecuencia de este planteamiento ha sido un progresivo abandono de las reivindicaciones en orden a la plena rehabilitación moral, económica y jurídica de los vencidos y sus descendientes. El 9 de Febrero de 2011, en el CCCB de Barcelona, en el marco de una Exposición sobre “Desaparecidos”, el profesor de la Universidad de Columbia (Nueva York) Andreas Huyssen mantenía: "¿Qué sería del movimiento internacional de los derechos humanos sin memoria de los campos de exterminio del siglo XX?”. Y reclamaba la necesidad de preservar “la dignidad de las víctimas, sus luchas y su destino”. Lo mismo puede decirse del genocidio franquista y de sus responsables. Sobre todo, cuando aún persisten entre nosotros consecuencias gravísimas, dolorosas y punibles del genocidio, como son los desaparecidos. Y continúan considerados como culpables los condenados por las jurisdicciones represivas franquistas por un delito que jamás cometieron, el de rebelión militar. Y siguen sin ser plenamente rehabilitados los guerrilleros contra la dictadura, como última expresión del Ejército de la República. Por el contrario, el dictador aprobó una Ley el 22/12/1949 para recompensar a militares y guardias civiles que reprimieron a los guerrilleros. Les reconoció como “abonos de tiempo de campaña”, por la persecución de “partidas de rebeldes” a finales de 1944 en los que se calificaban como “Hechos de Armas”. La democracia aún no ha hecho un reconocimiento similar a los guerrilleros que sufrieron dicha persecución. Las víctimas ya no pueden esperar más y el Gobierno, las administraciones públicas y los tribunales están obligados a la satisfacción inmediata de sus derechos.

En julio de 2016, se cumplieron 80 años desde que la II República fue asaltada por el golpe militar dirigido por el General Franco, implantando desde sus inicios un régimen totalitario regido por el terror y la represión. Entre muchas de las consecuencias de dicho terror, estuvieron las víctimas republicanas de asesinatos que fueron enterradas clandestinamente en fosas comunes. La gran mayoría de ellas no han sido localizadas ni identificadas y, lo que es más grave, nunca, salvo contadísimas excepciones, las Administraciones y el poder judicial asumieron la investigación y esclarecimiento de conductas que constituían crímenes contra la humanidad.

En este contexto, los familiares de aquellas víctimas quedaron en un absoluto desamparo, viéndose obligadas al silencio y, en limitados casos a recurrir a procedimientos civiles para lograr el reconocimiento de estos derechos: la recuperación de los restos de sus ascendientes asesinados, su identificación y darles una digna sepultura. Prácticamente nunca conocieron quiénes y cómo los asesinaron.

Las víctimas de desapariciones forzadas del 17 de julio 1936 a diciembre 1951 ascenderían a 114.226
Hubo que esperar a que el Grupo de Trabajo de NNUU sobre las Desapariciones Forzadas o involuntarias, en el Informe sobre su visita a España en septiembre de 2013 (de 23 a 30 de este mes), exigiera al Gobierno español que “todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial…”. Recomendación abiertamente incumplida. Por cierto, dicho organismo de la ONU visitó “Las Murallas de la Macarena y la fosa común del Cementerio de Sevilla”.

Decía así: “En España se cometieron graves y masivas violaciones a los derechos humanos durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura (1939-1975)”. Este es el punto de partida de dicho Informe. Con un dato muy relevante. Las víctimas de desapariciones forzadas del 17 de julio 1936 a diciembre 1951 ascenderían a 114.226.

La intervención de este Comité fue la primera respuesta internacional al desamparo que sufren a diario las víctimas –incluidos sus familiares– de los crímenes de la dictadura franquista.

El abandono institucional y, particularmente, el judicial lo acreditó el Informe elaborado por el forense Francisco Etxeberria, que ha intervenido en la exhumación de 300 fosas en las que se encontraron restos de 5.000 personas. Afirmó: “Las autoridades judiciales han estado ausentes en este proceso”.

El desamparo judicial es ya antiguo, pero se agudizó cuando, tras la denuncia formulada en 2006 ante el Juzgado Central de Instrucción nº 5, el proceso fue cerrado, dividido y repartido entre más de 60 Juzgados de Instrucción por razón de la localización de las fosas. La inmensa mayoría de los Juzgados archivaron las actuaciones, sin personarse siquiera en la fosa donde pudieran hallarse los restos de los desaparecidos para practicar las diligencias a que les obligaba la Ley. Con razón, dicho Informe de la ONU exigía “Jueces en las fosas”: “Que los representantes de la administración de justicia se personen en el momento de la ejecución de las exhumaciones y luego analicen los resultados que las mismas arrojan y actúen de acuerdo con ellos”.

Y, cuando se aprueba la Ley de la Memoria Histórica (LMH) en 2007, el Estado renuncia a su deber de asumir “la indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas” para atribuírselas a los familiares y particulares. Privatizando una responsabilidad eminentemente pública, ya fuera judicial o administrativa. En efecto, el art. 11 de la misma se limita a afirmar que las Administraciones Públicas se limitarán a “facilitar” a los familiares y asociaciones la práctica de las exhumaciones. Lo que, evidentemente, contrasta con los términos del Art. 8.1 de la Ley andaluza, cualquiera que sea su posterior proceso de ejecución: “La Consejería competente en materia de memoria democrática llevará a cabo las actuaciones necesarias para recuperar e identificar los restos de las víctimas desaparecidas…”, con arreglo a los Protocolos a que se refiere.

Pero la desprotección llegó a ser más intensa cuando el Tribunal Supremo (TS), por sentencia 101/2012, que absuelve al juez Garzón, complementada por el Auto de 28/3/2012, clausura definitivamente las puertas de los tribunales para investigar los crímenes de la dictadura. Porque, con una completa vulneración del Derecho Internacional Humanitario, declara que no pueden ser perseguidos penalmente. Cuando ha sido una constante de este Derecho que ciertos delitos, por su gravedad y dimensiones cualitativas y cuantitativas, eran siempre perseguibles, con independencia de su codificación estatal, precisamente por atentar al género humano.

Además, los Pactos de Nueva York, vigentes en España desde el 30/4/1977, proclamaban que la irretroactividad de la ley penal no era aplicable a delitos que, por su gravedad, tenían aquel alcance. Los Pactos establecen que nada se opone a su persecución y condena si los hechos “en el momento de cometerse fueran delictivos según los principios generales del derecho, reconocidos por la comunidad internacional”. Tratado vigente en España cuando se aprobó la Ley de Amnistía de 1977, lo que impedía que fuera aplicada al genocidio franquista.

El deber de investigar dichos crímenes está, además, respaldado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En la sentencia de 16/4/2012 justificó la investigación judicial de los asesinatos masivos de Katyn.

Y el Tribunal Supremo de Italia autorizó la persecución judicial de Priebke, el dirigente nazi que ordenó los asesinatos de las Fosas Ardeatinas.

Y, ya en España, la Sección 10ª de la Audiencia Provincial de Barcelona (Auto 22/1/2013) ordenó la investigación de los bombardeos fascistas sobre la población civil de Barcelona durante la guerra civil con centenares de víctimas. El tribunal, con fundamento en las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907, afirma que “el ejército italiano podía conocer la ilicitud de los bombardeos sistemáticos y de carácter exterminador sobre la población civil de Barcelona”. Y, desde luego, con fundamento en dichas Convenciones y en la Constitución de la República, declara que los ataques aéreos sobre Barcelona son perseguibles “como derecho penal no codificado”, pues los “principios” del Derecho consuetudinario internacional “están por encima de las leyes internas de cada país, y por tanto son directamente aplicables aunque la legislación interna del Estado donde se perpetraron no los tuviera formalmente tipificados”. Así se desprende expresamente de la Convención de La Haya de 1907, donde “constan expresamente las matanzas masivas de la población civil” y los “bombardeos de ciudades sin que existan objetivos militares” y, en particular, de la Cláusula Martens de 1899, que apelaba a los Estados en guerra a la vigencia de “los principios del derecho de gentes”. Como consecuencia de estos principios, el citado Informe de la ONU disponía que “la búsqueda de los desaparecidos no puede depender de los familiares, sino que debe de ser asumida como una obligación del Estado”.

Es especialmente significativa la Sentencia del TEDH en el caso Zdanoka c. Letonia (16/3/2006): “2. En derecho internacional, el proceso de Núremberg es una ilustración histórica de la manera en que el estado de derecho responde a la barbarie, de que el poder de la lógica jurídica prevalece ex post facto sobre la lógica hobbesiana del poder... El Tribunal aplica la doctrina fijada por la Sentencia de Núremberg, según la cual el concepto de crímenes contra la humanidad comprende los hechos de esta naturaleza cometidos desde el 23 de marzo de 1933. De la misma forma que el Convenio sobre el Genocidio, de 1948, no instituye ni crea este delito sino que “confirma” su existencia como “delito de derecho internacional”.

El Comité de NNUU expresó su “preocupación” por el criterio mantenido por el TS en la sentencia citada al invocar la “existencia de una ley de amnistía” y por rechazar en las desapariciones su carácter de delito permanente. Asimismo, “exhorta” al Estado a que “asegure que todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial...”.

El Comité, frente al criterio mantenido por la LMH, recuerda que “la búsqueda de las personas que han sido sometidas a desaparición forzada y el esclarecimiento de su suerte son obligaciones del Estado” y que “los familiares tienen el derecho a conocer la verdad sobre la suerte de sus seres queridos desaparecidos”.

Para estos fines, como ya se ha reclamado desde diversas instancias, el Comité plantea que el Estado español “debería considerar la posibilidad de establecer un órgano específico encargado de la búsqueda de las personas sometidas a desaparición forzada…”.

Finalmente, entre otras muchas recomendaciones, el Comité reitera lo que ya solicitó el Consejo de Europa en 2006, “la creación de una comisión de expertos independientes encargada de determinar la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el pasado, en particular las desapariciones forzadas”.

Las víctimas de la dictadura ya no pueden esperar más. Llevan 40 años esperando saber, ser auténticamente reparados por el inmenso daño sufrido y, en la medida de lo posible, que se haga justicia como lo está haciendo la juez argentina.

El Estado, las Administraciones y, particularmente, los jueces no pueden continuar quebrantando el derecho internacional que regula las obligaciones de los Estados ante las desapariciones forzadas e incumpliendo el deber legal de proteger a las víctimas y proporcionarles la satisfacción adecuada fijada en las leyes internacionales. Acabar con el “olvido de las víctimas de la represión franquista”. Las víctimas más “invisibilizadas”, según Reyes Mate.

Más recientemente, el pasado 15 de abril de 2015, la ONU ha vuelto a reiterar al Estado español que cumpla sus obligaciones morales y, sobre todo, legales con las víctimas de la represión de la dictadura franquista. Era la consecuencia del Examen Periódico Universal a que nuestro Estado fue sometido en enero de ese año en el extenso ámbito de los derechos humanos.

A casi cuarenta años de la muerte del dictador, continúa sin resolverse cómo afrontamos definitivamente nuestro pasado totalitario

Las Recomendaciones fueron fundamentalmente tres: “Abordar la cuestión de las desapariciones forzadas en todos sus aspectos” y “promover cambios en el ordenamiento nacional que permitan la investigación exhaustiva e imparcial de las desapariciones forzadas”, ambas en el marco de “una estrategia amplia e incluyente para abordar los problemas del pasado…”.

A casi cuarenta años de la muerte del dictador, continúa sin resolverse cómo afrontamos definitivamente nuestro pasado totalitario, el franquismo, de forma que se resuelvan a favor de las víctimas del mismo las deudas contraídas por un sistema, la dictadura, que aún no están completamente saldadas. La responsabilidad es compartida por los Gobiernos democráticos y los Tribunales de Justicia. Porque no habrá en España un sistema plenamente respetuoso de los derechos humanos mientras aquellas víctimas no hayan sido plenamente reparadas.

2. El concepto de “víctima” de violaciones graves de derechos humanos
Incorporado a la Ley andaluza en el art. 4 A. b). La utilización del término “víctimas” resulta necesario en cuanto genera un determinado estatuto jurídico, sobre todo a la hora de situarlo en relación con los instrumentos jurídicos de Derecho Internacional en la materia. A este respecto, es necesario hacer una especial mención de la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 60/147 (16. 12. 2005, publicada 21. 04. 2006) relativa a los: “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”.

El concepto de víctima se define así: “8. A los efectos del presente documento, se entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario. Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho interno, el término “víctima” también comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización. 9. Una persona será considerada víctima con independencia de si el autor de la violación ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima. "Desde esta perspectiva, el Estado español y, en consecuencia la magistratura, están obligados a actuar para la plena satisfacción de dichos derechos”.

3. La dictadura franquista continúa impune
La Fiscal General dictó el 30 de septiembre de 2016 una Instrucción ordenando a los fiscales que se opusieran a los requerimientos de la Justicia argentina solicitando auxilio judicial para la investigación de los crímenes de la dictadura fascista del General Franco.

En su escrito, se refería en varias ocasiones al “franquismo”, nunca en términos críticos. Y el modo habitual de aludir al objeto del requerimiento de la juez argentina es que se trata de “hechos cometidos por ciudadanos españoles en España contra ciudadanos españoles” entre 1936 y 1977. O bien a “hechos acaecidos durante la guerra civil”. Nunca se refiere a la dictadura.

Fue un verdadero escándalo. Esa fiscal, ya cesada, representó la continuidad de esa contemporización de ciertos sectores judiciales con el franquismo.

La categoría de Crímenes contra la Humanidad de los cometidos por los sublevados desde el inicio de la guerra civil y durante la dictadura no permite ninguna duda. La naturaleza criminal de los mismos, su gravedad y el carácter de crímenes planificados desde el Estado y su alcance masivo exigen aún su investigación judicial penal y, cuando fuera posible, la persecución de sus responsables. Es lo que pretende hacer la Justicia argentina ante la gravísima pasividad de los Gobiernos democráticos y de las autoridades judiciales.

No puede olvidarse que hasta el 2000 –cuando se exhuman los restos de trece fusilados en octubre de 1936 en Priaranza del Bierzo (León)– no se inició un auténtico movimiento reivindicativo de la memoria de los crímenes del franquismo. Y hasta 2007 no se aprueba una Ley, la de Memoria Histórica, que reconoció tibiamente la criminalidad de la dictadura. Ello sitúa en su justo lugar el valor limitado de la Ley de Amnistía y, desde luego, la enorme dificultad de que dichos crímenes fuesen perseguibles.

Son muchas más las consecuencias gravemente lesivas a los derechos humanos de los cuarenta años de dictadura. Pero que conste que no habrá un cambio político real en nuestro país sobre el olvido y el desamparo legal de las víctimas del franquismo.

Y el Estado y las Comunidades Autónomas tienen una gran responsabilidad. Pero, muy especialmente, el actual Gobierno, obligado a revisar la LMH para que las Administraciones Públicas asuman directamente la responsabilidad respecto a los desaparecidos; pero también para reconocer sin reserva alguna la competencia que les corresponde respecto a la plena rehabilitación -moral, jurídica y económica- de todas las víctimas de la dictadura y, particularmente, entre ellas, los miembros de la Unión Militar Democrática y de la guerrilla antifranquista. Además de impulsar y respetar la competencia judicial-siguiendo el ejemplo de la Audiencia de Barcelona-para investigar y perseguir los gravísimos Crímenes contra la Humanidad que se cometieron desde 1936 hasta 1975 por las autoridades y funcionarios del franquismo y la dictadura.

Concluimos:
“El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio… Lo que obliga a todos los poderes públicos “a preservar del olvido la memoria colectiva”. Y, además, a evitar “la impunidad”. Creo que este llamamiento de NNUU debería haberse aplicado, especialmente en nuestro país, desde que entró en vigor en 2005. (“Principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad.8/2/2005).

Fuente: http://ctxt.es/es/20180613/Politica/20208/Memoria-historica-franquismo-desaparecidos-Carlos-Jimenez-Villarejo.htm

Expertos en memoria histórica reivindican la causa de las 4.000 víctimas de Córdoba

Carmen Reina
Cordópolis

Los forenses Francisco Etxeberría y José Antonio Lorente, el abogado Eduardo Ranz y el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo participan en unas jornadas organizadas por la asociación 'Dejadnos Llorar'

Los mayores expertos nacionales en memoria histórica participarán la próxima semana en Córdoba en unas jornadas para reivindicar la denominada “causa de los 4.000”, en referencia al número de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo que fueron asesinadas y yacen en fosas comunes de los cementerios de San Rafael y La Salud en la capital cordobesa.

Las jornadas, organizadas por la asociación de familiares de las víctimas Dejadnos Llorar, pretenden reivindicar “la defensa de los derechos humanos de las víctimas del franquismo”, en palabras del presidente de la asociación, Antonio Deza. “El objetivo de la memoria no es otro que reforzar la paz, la convivencia y la democracia del futuro”, ha explicado sobre la necesidad de conocer los hechos históricos que ocurrieron en la represión franquista y las víctimas que supusieron: “Si no hay verdad, no hay justicia”.

“No se debe de olvidar de ninguna de las maneras” a las víctimas, destaca Deza, quien recuerda a los 4.000 represaliados que aún hoy están enterrados en fosas comunes en los cementerios de la capital, sobre las que se han iniciado los trabajos previos para su exhumación, de acuerdo con la Ley de Memoria Democrática de Andalucía. “Hay que ponerle remedio al drama que hubo en Córdoba, en la provincia y el resto de España”.

Las jornadas se celebrarán en el IES Luis de Góngora los días 12 y 13 de junio y contarán con la participación de Eduardo Ranz, abogado y jurista experto en memoria democrática que ha logrado que un juez ordene una exhumación en el Valle de los Caídos, además de tratar asuntos sobre el callejero franquista y las exhumaciones de represaliados.

Asimismo, estará Francisco Etxeberría, médico forense, antropólgo y presidente de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, junto a José Antonio Lorente, también médico forense, experto en ADN, director del Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada.

Las jornadas contarán también con el historiador Francisco Moreno -autor de una vasta bibliografía sobre la represión franquista- y el investigador Ignacio Jovtis, experto de Amnistía Internacional en memoria histórica y el franquismo. Junto a ellos, también intervendrá el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, experto en memoria democrática.

Además de estas intervenciones, las jornadas incluirán la proyección del cortometraje documental sobre la represión en Córdoba Dejadme llorar: el genocidio olvidado, acto en el que intervendrán los historiadores Manuel García Parody y Manuel Toribio, el profesor Antonio Gómez y el presidente de la asociación Dejadnos Llorar, Antonio Deza.

Los alumnos del IES Góngora también participarán de las jornadas con una sesión didáctica que, bajo el nombre de La memoria en las aulas, tratará la causa de las 4.000 víctimas de Córdoba.

Fuente :
http://cordopolis.es/2018/06/09/expertos-en-memoria-historica-reivindican-la-causa-de-las-4-000-victimas-de-cordoba/#

_- La ONU critica a España por mantener "un patrón de impunidad" sobre las desapariciones del franquismo. El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas considera que España ha hecho "pocos avances en la implementación de las recomendaciones".

_- Sofía Pérez Mendoza
eldiario.es

El informe subraya que el Estado "no ha asumido un rol de liderazgo", lo que mantiene a los familiares "librados a su propia suerte"

La ONU vuelve a tirar de las orejas al Gobierno español por seguir ignorando las recomendaciones que le hizo el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias cuando visitó España en 2013. En un informe, fechado en 7 de septiembre, los expertos se muestran "preocupados" al "constatar que la mayoría de las recomendaciones para que los familiares de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura puedan tener acceso a la verdad, a la justicia y a reparaciones no han sido plenamente implementadas", lo que mantiene a los descendientes de las víctimas "librados a su propia suerte".

"Se observa con preocupación la permanencia de un patrón de impunidad [...] contrario a los principios que emergen de las obligaciones internacionales de España", dice el informe, que critica la falta de acción de los tribunales españoles en este sentido. Asegura la ONU en el documento de seguimiento remitido al Gobierno que no solo el Estado está faltando en su obligación de investigar las desapariciones forzadas sino que, además, se dan " constantes obstrucciones al procedimiento judicial excepcional llevado a cabo por la justicia argentina".

La jueza María Servini de Cubría dictó en 2014 una orden internacional de detención preventiva y extradición contra el exministro franquista Rodolfo Martín Villa –y otros 19 imputados por crímenes durante la dictadura– que hoy, tres años después, no se ha hecho efectiva. A este bloqueo judicial, dice el informe, ha contribuido el Estado español con decisiones como la que tomada por la Audiencia Nacional cuando denegó un exhorto diplomático librado el 23 de junio de 2016 para interrogar a varios encausados –entre ellos Martín Villa– sobre un "pliego de preguntas". De hecho, el exministro franquista ha logrado finalmente su propósito de e ir a declarar a Buenos Aires sin riesgo de ser detenido.

El grupo de trabajo, que lleva comunicándose con España desde 2002, enfoca las críticas más duras al Ejecutivo de Mariano Rajoy por no "actuar con la debida urgencia y celeridad" ni "asumir un rol de liderazgo para asegurar una política de Estado en este tema como se había recomendado en el informe de visita". Se refiere concretamente, y no es la primera vez, a la financiación de exhumaciones y procesos de identificación de los restos para que "estos no dependan exclusivamente de algunas comunidades autónomas, así como de particulares o asociaciones privadas".

Desde que Rajoy llegó al Gobierno en 2011, los presupuestos generales del Estado no han destinado ni un euro a cuestiones relacionadas con Memoria Histórica, pese a que hay unas obligaciones recogidas en la ley de 2007, cuya existencia recuerda el informe de la ONU. Entre las medidas puestas en marcha por el Gobierno socialista precedente sin suerte de continuación está el mapa de las fosas comunes, que lleva desde 2011 sin actualizarse. Este registro contabilizaba 2.000 sin abrir, aunque estos datos son les parecen optimistas a las asociaciones de víctimas. La lista que recibió Baltasar Garzón para estudiar si era competente o no para investigar los crímenes franquistas alcanzaba los 130.000 desaparecidos.

El informe hace mención expresa al Valle de los Caídos y "lamenta" que el Estado haya hecho caso omiso a las "recomendaciones contenidas en el informe de la Comisión de Expertos para el Valle de los Caídos de 29 de noviembre de 2011". El Congreso de los Diputados instó en mayo al Gobierno a exhumar de allí los restos de Francisco Franco  con la oposición del PP y ERC. El Ejecutivo no ha movido ficha desde entonces, y tampoco tiene obligación de hacerlo porque se trata de una iniciativa no vinculante que precisa, además, de dotación presupuestaria.

También se refiere el grupo de expertos a la reforma del Código Penal. "La tipificación de la desaparición forzada incluida por la reforma no es plenamente compatible con la Convención para la protección de todas las personas forzadas". Se refiere a la imprescriptibilidad de este delito, no incorporada a la reforma, y convertida en uno de los argumentos en los que se ampara la justicia para rechazar denuncias de particulares. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Soria se negó por este motivo a investigar el caso de Abundio Andaluz, fusilado en 1936.

90 días para presentar un cronograma
El documento de recomendaciones que emitió el mismo grupo de trabajo en 2013 tras la visita del grupo de trabajo a España urgía a "eliminar los obstáculos jurídicos de orden interno" que impiden investigar y juzgar estos crímenes o "asumir sus obligaciones internacionales y comprometerse de manera más activa y urgente en la determinación del paradero de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura", poniendo especial énfasis en la "urgencia y celeridad" debido a "la edad avanzada de muchos de los familiares y testigos".

Cuatro años después, la situación es la misma. Y ante este incumplimiento, el informe da un plazo de 90 días al Estado para que "presente un cronograma actualizado en el que se indiquen las medidas que se llevarán a cabo para implementar las recomendaciones aún pendientes y las fechas previstas para cada una de ellas".

Fuente:
http://www.eldiario.es/sociedad/ONU-impunidad-desapariciones-franquismo-Espana_0_685582224.html

Lo que la ‘verdad’ esconde. A propósito de fraudes y violencias en 1936.

Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa utilizan abundantes fuentes primarias, pero desprecian buena parte de las aportaciones de la historiografía local y rehúyen las investigaciones que les son contrarias en su libro sobre la victoria del Frente Popular


Hace tres años, cuando agotaba su último año de vida Ricardo de la Cierva, otros historiadores, Stanley Payne y Jesús Palacios, publicaron Franco. Una biografía personal y política (Madrid, Espasa, 2014), una obra que se anunciaba como “definitiva” y seguía la línea blanqueadora de la figura del dictador realizada antaño por el exministro de Cultura. En su labor de reactualizar tópicos de la publicística antirrepublicana, Payne y Palacios cuestionaban la legitimidad de la victoria del Frente Popular (en adelante, FP) e insistían en el carácter revolucionario y conflictivo de su gestión. Esta obra mereció, al año siguiente, la dura contestación de un grupo de historiadores, coordinado por Ángel Viñas, en el número extraordinario de una revista digital de Historia Contemporánea (‘Sin respeto por la historia. Una biografía de Franco manipuladora’, Hispania Nova, núm 1. 2015). Contrariamente a los anteriores, la tesis de estos últimos defendía el proyecto del FP como coherente con el modelo de democracia de masas de aquellos años treinta, negaba el fraude masivo y explicaba el golpe en respuesta a la amenaza del orden social.

La misma editorial Espasa acaba de editar una monografía que viene a mediar en ese debate. Desde hacía meses, el propio Payne venía anunciando esa novedad bibliográfica y vanagloriándose de que avalaba su tesis de manera empírica, quebrando así el “último de los grandes mitos políticos del siglo XX”. Así lo ha escrito el historiador de origen tejano en la faja de la cubierta del libro firmado por dos jóvenes historiadores, Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García (1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular. Madrid, Espasa, 2017). La estrategia comercial de la monografía de estos profesores de la Universidad Rey Juan Carlos ha sido agresiva y exitosa, al incidir en que “cambiará nuestra perspectiva de las elecciones de febrero de 1936, que dieron la victoria al FP, describiendo y demostrando la existencia de fraude electoral y el ambiente de extrema violencia que imperó en los meses anteriores y posteriores”. Un argumento muy goloso. Sin embargo, Álvarez Tardío y Villa (en lo sucesivo, MAT y RV) afirman que su único horizonte es la Historia, sin entrar en interpretaciones políticas, y que sus datos no sólo son novedosos sino también incuestionables. Aseguran que, a diferencia de otros historiadores y escritores, no interpretan la República mirando desde atrás, desde la Guerra Civil, sino desde la propia realidad de los hechos históricos. En definitiva, hacen gala de objetividad frente a cualquier interpretación ideologizada, de la que reniegan.

Pese a la declaración de intenciones de los autores, han proliferado en redes sociales alusiones al “pucherazo del 36”, contribuyendo a alimentar la tesis neofranquista de que el verdadero golpe a la República lo dio la izquierda, descargando de responsabilidad a la sublevación militar del 18 de julio. Un columnista de ABC, Hermann Tertsch, ha llegado a acusar de “miedo a la verdad” a los supuestos “guardianes del mito de la Santa República de Inmaculada Democracia” quienes, a su juicio, “tienen miedo a saber que no quedaba democracia tras los golpes de 1934 y el fraude de 1936”. En una entrevista radiofónica a MAT y RV en es.Radio, en la que participó el propio Tertsch, y difundida por LibertadDigital, Federico Jiménez Losantos cree probado así el totalitarismo del FP, una interpretación de la que sus autores se apartan en dicha entrevista, pero no desmienten. Hasta la Fundación Francisco Francoha publicado un manifiesto, a partir del libro para, en un alarde de cinismo casi surrealista, pedir al Congreso de los Diputados que declare golpistas a los partidos y sindicatos históricos (PSOE, ERC, PNV, PCE, UGT y CNT) constitucionales.

A partir de aquí, cabe preguntarse: 1) si es cierto o no que queda avalada la tesis de Payne; 2) si es verdad que los autores han descubierto una novedad que ningún otro historiador había descifrado; 3) si queda demostrado que MAT y RV no tienen más objetivo que la ciencia histórica; y 4) si sus datos son definitivos. Veamos:

Expectación y recelo
Más allá de la versión interesada de la derecha mediática, la novedad editorial ha sido recibida con expectación en los ambientes historiográficos especializados, no exenta de cierta desconfianza, para comprobar si se confirma la solvencia de una investigación que se supone desmonta la visión idealizada que aún conserva la memoria de la República.

La lectura de sus primeras doscientas páginas (los tres capítulos iniciales) podría ser prescindible. Es más relevante el capítulo cuarto, donde se cuenta con tino cómo se llevó a cabo “la operación de centro”. El quinto (campaña) y el sexto (la violencia electoral) no aportan nada especialmente relevante. Es en los siguientes, a partir de la mitad del libro, donde los autores basan su argumentación más poderosa. Mediante una investigación casi detectivesca, se hace un rastreo sistemático de la prensa y de varios archivos –en especial, aunque no sólo, el del Congreso de los Diputados— para detectar numerosas irregularidades en el recuento de voto, a raíz del precipitado cambio de gobierno, tras la dimisión del presidente Portela, en un contexto de desórdenes y “maniobras para modificar el reparto de escaños o, al menos, la interrupción del recuento en las circunscripciones con un resultado ajustado”, que pudo hinchar el número de diputados frentepopulistas, aunque no se puede cuantificar (pág. 380). Y aquí viene lo más relevante. A diferencia de lo pregonado en ciertos medios, los propios autores niegan que se pueda cuestionar la legitimidad de la victoria de la coalición de izquierdas, pese a que titulan el capítulo octavo, entre interrogaciones, ‘¿Una victoria del Frente Popular?’. En este sentido, MAT y RV descartan que “los resultados del Frente Popular fueran un mero subproducto del fraude, como proclamarían sus adversarios comenzada ya la Guerra Civil” y dan por sentado que obtuvo más escaños que sus oponentes, aunque la incógnita está en saber cuántos, por las manipulaciones de los días siguientes a la celebración de las elecciones en las circunscripciones con el resultado más apretado (págs. 371 y 381). En una entrevista en El Español, los autores proporcionan el titular de que “no fue un pucherazo, sino un fraude localizado”. Este argumento desmonta, sin duda, el primero de los interrogantes planteados, pues el nivel de fraude, por alto que fuera, no deslegitima su triunfo de la candidatura frentepopulista. Efectivamente, cae un mito, pero no el que se anuncia en la cubierta del libro, sino el de la ilegitimidad del FP. Curioso.

Por otra parte, resulta muy didáctica su descripción de la complejidad del recuento y del procedimiento electoral. La dinámica electoral de la República parece un verdadero galimatías, en comparación con los procesos electorales actuales, pues, además de las listas abiertas, la composición de las candidaturas variaba de una provincia a otra y los electores podían repartir sus votos.

Respondamos a la segunda cuestión. ¿Es tan novedosa esta investigación?
Santos Juliá, en ‘Las cuentas galanas de 1936’ (El País, Babelia, 1-4-2017), ha negado la mayor. Aunque no resta importancia a su “trabajo ímprobo” con las actas, advierte una obviedad, que la obra ha sido recibida con “fanfarria” por la “derecha más rancia”. En su opinión, ni hay tal tabú sobre el fraude (era conocido, se había hablado en su momento en las Cortes y hubo estudios pioneros, como el de Tusell en Cuadernos para el Diálogo en 1971) ni sobre la violencia del 36 (pues hay excelentes estudios de Rafael Cruz y Eduardo González Calleja). Y acusa a los autores de usar “una vía engañosa para denunciar el supuesto fraude que dio la victoria al Frente Popular en los comicios de ese año”.

La respuesta de MAT y RV a una crítica tan demoledora no ha sido menos contundente. En su ‘Santos Juliá y sus ‘cuentos galanos’, se han vuelto a desmarcar de posicionamiento ideológico o político alguno, culpan al catedrático de Historia Social y del Pensamiento político de la UNED de no haber leído bien su libro y le descubren no pocas contradicciones en su columna de Babelia. En un sentido más genérico, sin citar nombres de contradictores, han vuelto a defender su trabajo como riguroso en una columna de El Mundo titulada ‘El pucherazo de la discordia’.

Precisamente, esa actitud de “no si no, nosotros no decimos, pero decimos, pero no compartimos, pero oiga damos la razón” ha sido calificada como “burdo juego de prestidigitación por José Luis Martín Ramos (en EspaiMarx, 20-4-2017). Este catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona ha subrayado las carencias de esta obra en una extensa reseña, en la que reprocha a sus autores el empleo de “argumentaciones falaces”, “escamoteo de datos”, “interpretaciones insidiosas y juicios de intenciones”. Resumiendo mucho, viene a decir que:

1. MAT y RV ofrecen una visión edulcorada de la CEDA y responsabilizan de la polarización política y la violencia a las izquierdas. Exoneran sistemáticamente los comportamientos de las fuerzas policiales y ponen bajo sospecha las movilizaciones del FP, como una amenaza para la democracia.
2. Los autores comparan las elecciones de febrero de 1936 sólo con las de noviembre de 1933, como referente de limpieza electoral, pero no con las anteriores, lo que, a su juicio, resulta una mala praxis historiográfica. Y manipulan las estadísticas, al comparar campañas con diferente duración y mezclar actos de violencia política con movilizaciones sociolaborales.
3. Conceden más fiabilidad a las memorias de Gil Robles o a las opiniones del embajador portugués que a las memorias de Martínez Barrio o del embajador británico, porque concuerdan mejor con su argumentario.
4. Consideran “normal”, y no una extralimitación, que Gil Robles pidiera a Portela que solicitase a Alcalá-Zamora el estado de guerra.
5. Nadie negaba la presencia de fraude, sino que fuera de tal calibre que volcara el resultado en beneficio del FP. Los autores vienen a confirmarlo.
6. Para Martín Ramos, las Cortes que analizaron los resultados electorales eran legítimas y el partidismo de la comisión de Actas no era monopolio de la izquierda, sino fruto del marco electoral.

En definitiva, que la segunda cuestión también queda en entredicho, ya que MAT y RV no han conseguido probar ningún “vuelco” respecto de lo sabido hasta ahora.

¿Y la tercera? ¿Son MAT y RV investigadores carentes de posicionamiento ideológico o político, que sólo hacen Historia? Afirmaba el historiador Eric Hobsbawm, en su estudio sobre ‘Pierre Bourdieu (Sociología crítica e historia social’, New Left review, 101, 2016, pp. 41-52), que la comprensión de la realidad “pasa inevitablemente a través del bosque denso y oscuro de las suposiciones y deseos que el investigador porta consigo. No nos acercamos a nuestro trabajo como mentes puras sino como hombres y mujeres educados en un contexto particular… y en un momento concreto en la historia”.

Los autores habían firmado con anterioridad (en 2010), de manera conjunta y desde una perspectiva exclusivamente política, como un objeto de estudio autónomo, una interpretación global del periodo republicano (El precio de la exclusión: la política durante la Segunda República) en una editorial católica (Encuentros). Subrayaban entonces el déficit de legitimidad y el fiasco del proyecto democratizador. El libro reseñado, sobre el fraude del FP, está en sintonía con esa línea argumental. La mayor diferencia ahora es el impacto de la editorial que lo publica y la repercusión mediática.

El politólogo Manuel Álvarez Tardío tiene una extensa obra publicada en solitario. En su tesis doctoral, editada por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en 2002 (Anticlericalismo y libertad de conciencia. Política y religión en la Segunda República Española, 1931-1936), destacó la centralidad de la “revolución religiosa” en el diseño del discurso y la acción de gobierno de la coalición republicano-socialista, que supuso una merma en la libertad de conciencia respecto a la monarquía constitucional. Su siguiente obra (El camino a la democracia en España, 1931 y 1978), publicada en 2005 por la editorial Gota a gota, de la Fundación FAES, contrapuso a los errores de la etapa republicana la exitosa Transición. En la misma editorial salió el pasado año una biografía sobre la contribución del líder de la CEDA a la democratización de la política conservadora (Gil-Robles. Un conservador en la República). El libro que nos ocupa sería la culminación de este proceso. La República, además de excluyente y revolucionaria, habría terminado su fase constitucional con un fraude electoral.

Por su parte, el historiador Roberto Villa García, un experto en procesos electorales, se ha mostrado indulgente con el nivel de fraude y corrupción de los comicios a diputado en 1879, antes de institucionalizarse el turno, y defendido que las elecciones de 1933 (La República en las urnas. El despertar de la democracia en España, Madrid, Marcial Pons, 2013) fueron las primeras verdaderamente libres. Con la obra que nos ocupa, en coautoría, cerraría el círculo: las derechas habrían ganado limpiamente en 1933 pero las izquierdas no lo hicieron así en 1936. El fraude que minusvalora a inicios de la Restauración, lo subraya al final de la República.

Difícilmente se puede colegir, a partir de su trayectoria, que son “mentes puras”. Ricardo Robledo ha advertido en ‘La Segunda República no fue Caperucita Roja’ (Ctxt, 114, 26-4-2017) que el empeño de la llamada “historia objetiva” en “desidealizar la República”, cargando las tintas sobre quienes la defendieron, puede provocar un desenfoque que dé lugar “a lecturas erróneas si no perversas” y que el libro de MAT y RV forma parte de la “batalla historiográfica por la memoria que ha de quedar”. Quedan, por tanto, dudas razonables del cumplimiento de la tercera cuestión planteada.

Las ausencias también importan
El título del libro induce a equívocos, pues no fueron las elecciones “del” Frente Popular, sino las que ganó esta coalición de izquierdas. Y un análisis pormenorizado de la metodología seguida descubre carencias que no concuerdan con la supuesta “verdad” que parecen demostrar. Además de lo que dicen, interesa comprobar también lo que esconden.

Resulta decepcionante su uso del aparato bibliográfico. Cuantitativamente, es bastante magro, dada la abundante literatura sobre la República. Rastreando la notable extensión de páginas dedicadas a las notas, las bibliográficas son mínimas, en relación a las hemerográficas. Y el recurso a la suma de citas diversas en la misma nota dificulta saber de dónde procede cada uno de los datos y revelaciones de las presuntas irregularidades y actos violentos, dificultando su verificación. Desde el punto de vista cualitativo, sorprenden algunas ausencias. En contraste con las autocitas, los demás historiadores suelen ser mencionados a modo de inventario o para contradecirlos. Remito para ello a la reseña que ha escrito Ángel Viñas en La aventura de la Historia. No menos preocupante es el uso interesado y limitado de los estudios locales sobre las elecciones de 1936. Interesado porque sólo cuando reiteran una conclusión compartida recurren a ellos. Limitado porque hay vacíos notables. Más tarde, retomaré esta cuestión.

Resulta impecable que los autores decidan partir de las fuentes primarias, principalmente libros de memorias, prensa y actas electorales, en vez de limitarse a repetir, como suele ser habitual, hechos no contrastados. Es una excelente manera de analizar las elecciones sin apriorismos. Pero una vez conseguido esto, no se entiende el escaso recurso a las fuentes secundarias, para contrastar y, llegado el caso, complementar los datos obtenidos. Desdeñar buena parte de la investigación historiográfica disponible para privilegiar las fuentes primarias o los resultados de investigaciones propias y de algunos colegas cercanos no parece compatible con el rigor científico. Abundando en las carencias metodológicas, MAT y RV reducen el enfrentamiento electoral a una pugna entre las dos Españas, de manera que los votos que se detraen a una alimentan a la otra. Un buen ejemplo es su Tabla XIV (pág. 420-421), en la que engloban en el mismo recuento a la derecha y el centro-derecha. La realidad fuera más compleja. La pretensión de presentar dichas elecciones como la pugna entre dos bloques monolíticos y antagónicos, de modo que los votos presuntamente usurpados a los unos se asignan a los otros, carece de fundamento, pese a ser el argumento más socorrido –junto al caos de la primavera del 36— para el revisionismo historiográfico. Desde el punto de vista formal, predomina el estilo narrativo y la historia política. Los autores no se interesan tanto por los factores de la movilización social como por sus consecuencias. No obstante, renunciar a las herramientas de la historia social para explicar un proceso que trasciende el mero cotejo de actas electorales implica asumir el riesgo de obtener una visión parcial de los hechos.

Su relato muestra otras debilidades. MAT y RV responsabilizan a Portela y a Alcalá-Zamora de no frenar los conatos violentos iniciales y de haberse echado en manos de Azaña. Consideran, sin embargo, más lógico que el presidente de la República hubiera confiado en la propuesta de Gil-Robles y el general Franco para declarar el estado de guerra, lo que, a su juicio, no sería un “golpe legal”, sino una medida de orden público. Es uno de los “contrafactuales” (que hubiera pasado si…), tan fáciles de manipular, que Santos Juliá les ha reprochado. Porque creer en la bondad de la propuesta (que venía de un ministro de Guerra cuyo lema de campaña había sido “Estos son mis poderes” y del general que había enviado la Legión para reprimir la revolución de Asturias y se convertiría, meses más tarde, en el generalísimo de los sublevados) para garantizar un recuento más limpio, no deja de ser una ingenuidad que sólo desde un acto de fe puede hacerse. Y, por cierto, de la trama golpista, tejida antes de las elecciones, nada se habla.

Una buena muestra de su proceder –que en términos vulgares, se podría calificar de “ley del embudo”—, es cómo los autores valoran más creíbles las protestas de las derechas, tras el cambio de Gobierno, que las denuncias previas de los interventores del FP (pág. 358) contra el aparato gubernativo portelista y los ayuntamientos de derechas. En esta línea cabe también situar su crítica a la reposición de los concejales izquierdistas tras las elecciones (en un epígrafe titulado “a por los ayuntamientos”) sin contextualizar que las derechas habían hecho lo propio tiempo atrás, tras octubre del 34.

¿España se ha vuelto Cuenca?
Tampoco los datos que proporcionan son definitivos. La razón es el escaso uso de la bibliografía especializada de ámbito local. Valga un ejemplo. Quien suscribe esta reseña investigó dichas elecciones en su tesis doctoral (Cuenca durante la II República. Elecciones, partidos y vida política, 1931-1936, UCLM, 1997), publicada hace dos décadas, y las sospechas de fraude en la circunscripción de Cuenca recayeron en las autoridades convocantes. Sólo se conservan los resultados de una treintena de municipios (incluida la capital) y los totales de la provincia. Imposible rastrear las actas. Las denuncias vinieron de parte de los interventores de izquierdas y recaían en la presión municipal y los manejos gubernativos. Esta es una de las ausencias del libro de MAT y RV, la evaluación de la incidencia del control de los gobiernos municipales, en manos del centro y la derecha, en los resultados. Aunque, de haberlo hecho, su principal argumento se hubiera resentido: ¿cómo explicar las irregularidades y coacciones de las derechas en una provincia en que las principales víctimas fueron los candidatos del FP?

Vayamos a los números. Los procedimientos habituales para cuantificar los resultados electorales, con una legislación tan complicada, son dos: a) los votos expresados, que suma todas las papeletas por candidaturas (su recuento prima porcentualmente a las mayorías, que es el procedimiento que usó, por ejemplo, Tusell); y b) la media de votos, donde la suma de cada lista se divide entre el número de miembros (recuento que favorece a las minorías y su porcentaje da superior a cien). Pues bien, MAT y RV siguen un procedimiento particular, al realizar la media de votos dividiendo cada lista (incluso los candidatos en solitario) entre el mismo número miembros (cuatro en el caso de Cuenca, que eran los candidatos por las mayorías). Este sistema no es mejor ni peor que otros, pero perjudica el recuento de las minorías. Si ese ha sido su proceder en otras provincias, sus cuentas habría que interpretarlas con cuidado. Compárense los resultados en la circunscripción de Cuenca, en las elecciones de 19 de febrero de 1936, según uno u otro procedimiento, teniendo en cuenta que el centro presentaba sólo dos candidatos y los monárquicos independientes (otros), sólo uno:

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http://ctxt.es/es/20170503/Firmas/12537/II-republica-frente-popular-golpe-de-estado-alvarez-tardio-roberto-villa.htm