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martes, 29 de noviembre de 2016

Angelina Gatell: "Los últimos testigos de la guerra no podemos callar sobre aquello"

"Mientras los huesos de los muertos estén en las cunetas no se ha terminado la guerra civil", advierte la poeta barcelonesa, protagonista en la sombra de los últimos 80 años de nuestra historia.

"Molestaba", pero no se calló nunca. Angelina Gatell (Barcelona, 1926), poetisa en carne viva, no se calló jamás: a costa de acabar siendo, como ella misma bromea, "la mujer más echada de España" durante el franquismo. Lo vio todo siendo aún niña, en la Cataluña de la guerra y las caravanas al exilio. En Valencia, de adolescente, colaboró en la clandestinidad con el Socorro Rojo Internacional; y fundó con su marido, Eduardo Sánchez, uno de los primeros teatros de cámara de España: El Paraíso. Creció como escritora, traductora, actriz y profesional del doblaje por sus propios medios: para toparse una y otra vez contra el medio único de entonces, que la vetó al no poder comprarla (y todavía, a veces, se lo recuerda). Se "cargaron" su vida, asegura. Pero la lucidez y el arrojo que sigue abanderando a sus 88 años lo desmienten en absoluto.

Superviviente es, quizás, el apelativo que más justicia puede hacer a esta mujer que se consideró siempre, y a pesar de tanto, "absolutamente libre" porque "la libertad está contigo y no te la tiene que conceder nadie, la llevas tú". Molestaba, hace ya más de medio siglo, y sigue molestando hoy a algunos resistiéndose a olvidar en sus más recientes libros: en sus Memorias y desmemorias (Aisge, T&B Editores), por ejemplo. O en Cenizas en los labios (Bartleby), lacerante retablo poético en que levanta acta de los amores de su vida "en la ciudad que se llamó posguerra".

¿Cómo recuerda todo aquello, hoy día?
Yo aún no había cumplido cinco años cuando se proclamó la República; y sin embargo recuerdo perfectamente ir a hombros de mi padre por las Ramblas de Barcelona aquel día, y con mi hermano mayor. Recuerdo incluso el aroma que venía del mar, el aire; con una enorme claridad. Me impresionó aquella multitud de gente, las banderas… Me tuvo que impresionar forzosamente. Siempre he tenido la convicción de que en aquel momento yo me sentí unida a algo, a alguien, y no te creas que es literatura. Yo supe que pertenecía a aquella gente.

Aquella infancia, ¿cómo fue?
Muy dura. Mi padre era charolista, curtidor (todos los hombres de mi familia fueron charolistas; las mujeres, tejedoras), e inmediatamente después de proclamarse la República se declaró el cierre empresarial en Barcelona y fue despedido. Yo comí siempre en comedores públicos, antes y durante la República. La guerra fue muy dura, pero la posguerra fue más dura todavía. Porque una guerra siempre lleva consigo algo grandioso al menos, algo de esperanza. Pero la posguerra no tenía nada de grandioso. Era la consciencia de que éramos vencidos, de que nunca levantaríamos cabeza. Por eso, cuando ahora se protesta sobre lo que se cedió [en la Transición], yo estoy de acuerdo. Porque yo fui de cárcel en cárcel y de cementerio en cementerio. Mi hijo Eduardo estuvo preso y una de las cosas que tengo muy clavadas es que no conseguimos que se hiciera un juicio para que se aclarase aquello de una maldita vez. Pero no quisieron, ni los unos ni los otros… Había mucho miedo, todavía en democracia. Un día le dije a alguien -que ha muerto hace poco-: "Es que mi hijo va a tener que arrastrar esto toda su vida". Y ella me respondió: "Da gracias a que tienes hijo, porque otras lo tenemos muerto".
Hoy se juzga quizás muy a la ligera todo lo de entonces;

¿Cómo podía ser la vida de alguien señalado durante la dictadura?
Muy difícil. Porque ellos no olvidaron nunca a quién tenían enfrente… Yo fui Premio Valencia de poesía en 1954, por un libro llamado Poema del soldado. Sucedió que en tres años consecutivos premiaron libros de mujeres, de los primeros en España (en el 53 fue María Beneyto). Y cuando abrieron la plica… "¡Otra mujer! ¡Tres seguidas!"… Quisieron quitármelo. Pero alguien que había en el jurado, pariente de la familia Gaos, se puso brava: "Se publica"… Luego me hicieron una entrevista en Radio Mediterráneo, y dije que mi libro, de religioso –como ellos lo entendían– nada, porque yo no era creyente: era un libro imprecatorio, de exigencia de cuentas a Dios… También me ofrecieron hacer una serie de reportajes para el periódico Las Provincias, sobre el tema de la mujer en África… Sólo llegué a publicar cuatro, porque hablé de los movimientos en Ceuta y Melilla. Ya caí muy mal en Valencia. Y me negaron el pan y la sal.

Y se trasladaron a Madrid.
Lo pasé mal al principio, pero tenía muchos amigos. Y cuando empecé a tener un nombrecito como actriz y como guionista [en RNE y TVE]… firmé cierto documento [ la carta de los intelectuales al ministro Fraga, en 1963, a raíz de los crímenes sufridos por mineros asturianos y sus familias]. Un alto cargo ministerial me llamó a su despacho, donde tuvimos una conversación muy interesante en la que me sugirió que, si yo publicaba una carta diciendo haber sido engañada para firmar ese manifiesto, mi relación con TVE podría ser mucho más próspera a partir de entonces. Decliné la oferta -por decirlo suave-.Un año después, ya en el 64, TVE me aceptó el guión de una biografía novelada de Marie Curie en cinco capítulos; pero en el último momento suspendieron la emisión… La emitieron un año después de esto, pero firmada por otra persona. Lo cual me llevó entonces, cuando exigí una reparación -que conseguí-, al jefe de Programación de TVE: un hombre de espléndidos ojos verdes llamado Adolfo Suárez, que también me aconsejó que "me dejara de firmitas". Le dije: "Perdone pero tengo treinta y ocho años, y actuaré según mi conciencia". No volví a trabajar para TVE.

Sí que molestaba, sí…
Y aún hoy… Porque no se dan cuenta algunos de que ciertas historias no se han terminado. De que, mientras los huesos de los muertos estén en las cunetas, no se ha terminado la guerra. Hoy oí en la televisión que creían haber encontrado los restos de una muchacha desaparecida, pero no; y decía el periodista: "Una pesadilla que dura cinco años". La nuestra dura setenta y cinco. Y es la misma pesadilla. Yo vi el éxodo de los republicanos [en la comarca del Vallés, en Barcelona]. Yo vi caer a la gente muerta por los caminos… Un día, un hombre, con los pies envueltos en trapos ensangrentados, se detuvo en la puerta de la casa en que nos refugiamos. Me dijo: "Niña, dame algo de comer, que no puedo más". Le dimos algunas cosas, de lo poco que teníamos. Lo estoy viendo perfectamente, cómo dejó el fusil apoyado en un árbol. De repente se oyeron unos disparos. Le dijo a mi padre: "¿Oyes? Son ellos. Nos vienen siguiendo los talones, ya están aquí". Le preguntó mi padre: ¿Qué vas a hacer? Y el hombre respondió (esto lo tengo yo clavado en el corazón desde entonces): "Me queda una bala, y será para mí". Al irse me acarició el pelo. No sé qué fue de él.

No sé si te imaginas lo que es eso para una niña de doce años y medio que yo tenía...
Pues no lo sé, no…
No, no puedes. Porque no se lo imagina nadie. Aquello está todo lleno de huesos de gente que caía muerta. Los ponían al lado de la carretera, con una manta encima. Y los que venían detrás, dejaban que se alejaran un poco los familiares y cogían la manta, porque tenían que abrigarse… Por eso te digo que nosotros somos los últimos testigos de aquello, y no podemos dejar de hablar.

http://www.eldiario.es/andalucia/Angelina-Gatell-ultimos-testigos-podemos_0_275772479.html

jueves, 10 de octubre de 2013

España, el país de los 200.000 desaparecidos.

Representantes de la ONU califican de crímenes contra la humanidad tanto los enterramientos en fosas comunes de la guerra civil y el franquismo como el robo de niños prolongado hasta la democracia. Censuran al Gobierno español por poner obstáculos a las investigaciones y le conminan a buscar a los desaparecidos.

Rocío Borrego sólo quiere recuperar los restos de su madre, puesto que sabe bien que fue asesinada en 1936. Eduardo Raya sólo desea saber el paradero de su hija, puesto que está completamente seguro que sigue viva, desde que fue presuntamente robada en 1990. Entre ambos sucesos ha pasado medio siglo, pero los cubre el mismo manto de silencio e “impunidad”, según los representantes del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de Naciones Unidas que este mes de septiembre ha visitado diversas ciudades de España. Los afectados repiten insistentemente, con casi 200.000 víctimas, entre enterramientos ilegales en fosas comunes y niños robados, hoy son adultos con identidad falsa, España es, tras Camboya, el país del mundo donde permanecen más personas desaparecidas.

En 1940 la Causa General iniciada por el Ministerio de Justicia sobre el denominado terror rojo facilitó la recuperación de los cadáveres de casi la totalidad de las 38.000 víctimas de la represión en la retaguardia republicana durante la Guerra Civil. Sus familiares, salvo excepciones de falta de interés o deficiente localización, pudieron darles una sepultura digna, fueron honrados, su memoria recuperada y sus verdugos perseguidos o procesados. El Estado se implicó fuertemente en la labor de búsqueda e identificación, sirviéndose en muchos casos de las fotografías tomadas a tal efecto por el propio Gobierno republicano, que nunca llegó a legitimar la barbarie desatada durante parte de esos tres años por facciones de sindicatos y partidos de izquierda.

Setenta años después, todavía no ha ocurrido lo mismo con el franquismo, cuya represión fue cinco veces mayor en número debido a ser planificada por sus mandos y ejecutada sistemáticamente a partir de las órdenes de fusilamiento de cualquier desafecto al Movimiento decretadas por la Junta de Gobierno y la Junta Suprema Militar de Defensa de España en 1936. Desde entonces hasta ahora, de los 143.000 desaparecidos estimados por el ex juez Baltasar Garzón en 2008 sólo se han recuperado los cuerpos de unos 8.000. Pero cada vez que se abre una fosa se encuentran más cadáveres de los previstos, motivo por el que las estimaciones se acercan ya a los 180.000 desaparecidos, cifra que coincide con la aportada hace años por el historiador Paul Preston.

A ello hay que sumar unos 30.000 niños apartados forzosamente de presas y familias republicanas entre 1944 y 1954, como medida de “higiene” ideológica, y al menos otros 6.000 casos documentados por las asociaciones de bebés robados por motivos económicos durante el tardofranquismo y la primera mitad de la actual democracia. Casi todos siguen sin localizar, salvo varias decenas de reencuentros, facilitados por análisis de ADN practicados por los propios familiares, nunca por el Estado.

Rocío Borrego no pudo acudir a Sevilla el pasado mes para explicarle su caso a los representantes de la ONU, debido a su delicada salud. Lo hizo en su lugar su hija Florentina, quien relató que Ana Ricarda, de ideología socialista, regentaba una tienda de comestibles y ejercía como maestra particular y escribiente en la aldea cordobesa de Jauja. En noviembre de 1936 fue detenida por cuatro falangistas y un guardia civil al que ella misma había denunciado por amenazas unos años antes, y ya no se ha vuelto a saber de ella. A través de diversos testimonios han llegado a saber que permaneció varios días en un chalet, donde fue violada y torturada hasta que, ya moribunda y desfigurada, le dieron el tiro de gracia. Parece que un vecino encontró el cadáver junto al arroyo de La Coja y, al verle los pechos arrancados y el cuerpo destrozado, decidió enterrarla.

Su tienda y sus tierras fueron confiscadas, su madre rapada y purgada, su marido enloqueció y murió a los pocos años y sus cuatro hijos fueron presa del hambre y la miseria. Rocío ha acudido infructuosamente a los tribunales para buscar alguna reparación y la recuperación de los restos de su madre. En su auto, el ex juez Garzón lo señala como uno de los casos más “clamorosos” de “inseguridad jurídica para las víctimas”. Sin embargo, hasta el propio Tribunal Constitucional español ha desestimados sus recursos. “Yo no quiero juzgar a nadie, pero que nos dejen recuperar los restos”, clamaba Florentina en Sevilla, a la vez que se preguntaba: “¿Hasta cuándo? ¿Hasta que los tengan que sacar como a los íberos o los tartessos? ¿En qué país democrático se encarga la labor de hacer cumplir los derechos humanos a las víctimas, teniendo que trabajar en contra de la Administración? Es un desgaste emocional tremendo”, se lamenta.

Efectivamente, el grupo de trabajo de la ONU ha constatado que la Ley de Memoria Histórica de 2007 ha tenido un efecto muy escaso. Salvo algunas excepciones, como el Ayuntamiento de Málaga, que ha financiado la exhumación de la fosa común de su cementerio, recuperando los restos de 2.800 personas, en el resto del país prácticamente ningún municipio ha dado permiso siquiera a las familias para hacerlo y ningún juzgado ha ordenado la apertura de fosas. Ariel Duritzky, unos de los representantes de Naciones Unidas que ha visitado España, considera que el Gobierno español debe derogar la Ley de Aministía de 1997, por ser preconstitucional y constituir una “barrera a la investigación de graves violaciones de los derechos humanos”.

Así, en lugar de poner los “obstáculos” actuales, el Estado español debe ofrecer en su opinión mayor apoyo a las víctimas, crear una entidad para estudiar los casos, investigar las desapariciones forzadas a través de la judicatura, juzgarlas, retirar los símbolos del franquismo de los lugares públicos y “asumir un rol de liderazgo en la búsqueda de la verdad”. A juicio del experto de la ONU, “en el contexto de ataques generalizados a la población civil, como los que ocurrieron durante la guerra y la dictadura, las desapariciones forzadas adquieren carácter de crimen internacional, y por lo tanto deben considerarse imprescriptibles”.

Dulitzky y su compañera Jasminka Dzumhur no se sorprendieron cuando en su visita a Sevilla se les planteó que este crimen contra la humanidad también se habría prolongado hasta bien entrada la democracia. Hasta los años noventa en concreto, debido a que el robo de bebés por motivos económicos, tras haberlo practicado en un principio como represión política, también se habría realizado de forma “sistemática, generalizada y con aquiescencia de los poderes públicos” como un “ataque” por parte de un grupo de funcionarios del Estado contra parte de la población civil. Así lo expusieron el abogado granadino y también afectado Eduardo Raya junto a su esposa Gloria Rodríguez. Ellos siguen buscando a su hija, dada por muerta al nacer en el Hospital Clínico de Granada en 1990. Hasta siete análisis de laboratorios públicos y privados han dictaminado que el cadáver enterrado entonces no puede pertenecer a una hija suya, así como tampoco los restos de hígado aportados como prueba por los médicos para cerrar el caso. La Justicia hasta ahora no les ha ofrecido respuesta, pendiente de reabrir la investigación “a regañadientes”.

Raya tiene no obstante esperanza en el dictamen del grupo de trabajo de la ONU, que deberá ser elevado al Consejo de Derechos Humanos para su aprobación, así como que la Justicia argentina incluya también entre sus investigaciones el robo de niños por motivos políticos o económicos, tanto en la dictadura como en la democracia, al tratarse de una misma trama criminal. “Esto no es cosa de una monja aislada, como nos quieren hacer creer. Sor María sólo fue un instrumento de los que se llevaron el dinero”, asegura Raya.

Los métodos aplicados ilegalmente para el rapto y venta de bebés hasta los años noventa fueron en realidad ensayados de forma legal en los años cuarenta y cincuenta. El engaño, diciendo a las familias que el niño había muerto, la inscripción en el Registro Civil con distinto nombre y apellido y darla en adopción en una provincia distinta a la que nació, para dejar el menor rastro posible. Las hermanas María y Florencia Calvo, por ejemplo, fueron enviadas por sus padres a Francia para salvaguardarlas de la contienda en España, pero tras terminar la guerra las secuestró allí el servicio exterior de Falange Española y las devolvió a nuestro país. Al llegar en tren a Toledo, Florencia preguntó por su hermana, pero una monja le informó que María había muerto de unas fiebres, como tantos otros niños en el camino, y que su cuerpo lo habrían tirado por la ventanilla. En realidad no fue así, sino que fue dada en adopción. Sesenta años después, las dos hermanas se reencontraron gracias a un programa de televisión.

La Orden del Ministerio de Justicia de 30 de marzo de 1940 establecía que los hijos de presos políticos podían quedarse con sus madres sólo hasta los tres años, cumplidos los cuales debían ser excarcelados y adoptados por familias adeptas al Régimen, siguiendo las doctrinas del psiquiatra Antonio Vallejo-Nágera. La Ley de 4 de diciembre de 1941 facilitaba a su vez su inscripción en el Registro Civil con nuevos apellidos. Vicenta Flores Ruiz, hija de un militar republicano de Valencia, fue adoptada y devuelta al colegio de monjas donde permanecía interna hasta cuatro veces en un mismo año, cambiando en todas las ocasiones de apellidos. Y siempre lejos de Valencia, por familias de Zaragoza, Alemania, Madrid y Ciudad Real

El paso del robo de niños legal al ilegal se habría dado ya en la siguiente década, aprovechando esta estructura. Además de las entidades religiosas que tutelaban a los menores y los registros civiles de toda España, fue necesaria también la implicación de profesionales sanitarios, médicos y matronas que asistían los partos en las cárceles y, cada vez en mayor medida, en clínicas y hospitales. En 1950 Emilia Girón fue a dar a luz al hospital de Salamanca. Nada más nacer, le arrebataron al niño a la fuerza y nunca más supo de él. Emilia era hermana del maqui Manuel Girón, jefe de los guerrilleros del Bierzo. Era analfabeta y tenía mucho miedo. Quizás pensaron que nunca lo buscaría, pero sí lo hizo, aunque infructuosamente. “Con esa angustia estaré toda la vida, porque sé que lo parí y lo llevé dentro nueve meses, y no lo conocí siquiera”, declaraba Emilia cuarenta años después.

De esa misma época es una carta del capellán de la casa cuna de Sevilla en la que daba instrucciones para cambiar las partidas de bautismo de forma discreta en caso de adopciones irregulares, más allá de las forzosas a presos republicanos que sí permitía la ley. En muchas ocasiones, religiosos, médicos y registradores recibían regalos o donativos por parte de los padres adoptivos. Así, en los años cincuenta se habría producido la transición del robo por motivos políticos al móvil económico, práctica que se habría prolongado de forma sistemática hasta la década de los noventa y que hoy día, según la ONU, permanece impune. (foto de fusilados con las manos atadas con alambre en fosa de Málaga. El País)

Fuente: http://periodismohumano.com/sociedad/memoria/espana-el-pais-de-los-200-000-desaparecidos.html

Jueces para la Democracia critica la "inadmisible" actitud del Gobierno con las víctimas.