La crisis ha intensificado en España una tendencia de largo recorrido e inaceptables consecuencias: la progresiva expulsión del trabajo de los adultos menos cualificados. Un problema que está adquiriendo perfiles crónicos y que es la causa principal de la preocupante evolución del riesgo de pobreza. El aumento en la desigualdad de rentas durante la crisis procede básica y precisamente del alarmante aumento en la no ocupación de ese colectivo. Los riesgos sociales para los trabajadores con bajos salarios no tienen parangón con los riesgos de pobreza y de carencia material severa que se derivan de la desocupación prolongada o crónica.
Este es un de los peores resultados del anómalo funcionamiento del mercado de trabajo. Casi la mitad de los últimos treinta años España ha mantenido tasas de paro superiores al 20%; solo cuatro años tasas de menos de 10%. El convulso devenir del empleo en función de los ciclos económicos es incomparable con la evolución laboral de los países de nuestro entorno.
Aunque tan deficiente funcionamiento puede afectar a todos los niveles educativos en diferentes momentos de la biografía laboral, se da una clara preponderancia de la forma en la que perjudica —durante toda su trayectoria vital— a los “menos cualificados”. Los importantes incrementos de nivel de estudios no han logrado cambiar este proceso. Cada nivel de estudios ha sido sustituido, en periodos cada vez más cortos, por el inmediato superior en la proporción de “desocupados”.
Este problema es menos visible en el largo plazo entre las mujeres. Su constante incremento de participación laboral durante el último medio siglo encubre en parte lo que entre los varones es una evidencia palmaria: los adultos menos cualificados se han visto progresivamente expulsados del empleo, incluso en la fase que debería ser la más activa de su biografía laboral, hasta casi cronificar esa expulsión. En cada recesión, su pérdida de empleo ha resultado más acusada, y se ha ido acumulando porque las fases alcistas posteriores sólo han logrado recuperar la mitad de lo perdido. Por tal camino, en 2013, la mitad de los varones españoles autóctonos con estudios primarios llegó a estar sin empleo en la cima de su vida laboral (entre 35 y 54 años).
Urge recuperar su ocupación. Bajo un supuesto moderado, el colectivo recuperable alcanzaría a tres millones de personas potencialmente empleables. Ese colectivo es prioritario porque tiene las menores opciones alternativas al empleo. Además, tienen más probabilidades de pertenecer a hogares con hijos que sufren las más duras consecuencias derivadas de la pobreza de sus padres. No es suficiente “mejorar su empleabilidad”, es imprescindible conseguir su vuelta al empleo.
No puede obviarse que la opción de recualificar a los adultos con desocupación crónica tiene serias limitaciones: por un lado, esta tarea es lenta y costosa, dificultada por las reconocidas insuficiencias del sistema español de formación de desempleados; por otro lado, es posible que esa recualificación mejore algo las condiciones de competencia con otros colectivos, pero resulta poco probable que pueda solucionar el problema de desocupación de los “menos cualificados”.
La progresiva cronificación en la desocupación parece indicar que hay un notorio problema de inadecuación entre su productividad y los costes laborales de su cada vez más improbable contratación. Si no se actúa sobre estos costes, su desocupación será creciente e irreversible.
Dejando aparte los salarios, a los que la crisis ha sometido a un intenso proceso de ajuste en el que ha influido la reforma laboral, hay varios ámbitos de actuación para la capacidad reguladora del Estado: las subvenciones directas, las rebajas del IRPF, las exenciones o bonificaciones de la cotización a la Seguridad Social y la compatibilidad salarial complementaria con el empleo de algunas prestaciones sociales.
Cualquiera de estas políticas presenta problemas de incentivos perversos, porque no es razonable ni eficiente recompensar la descualificación. Por ello, es imprescindible elaborar unos criterios claros de demarcación que se centren en ese objetivo de “recuperación” de unos trabajadores que, habiéndolo sido, han sufrido la tragedia de no haberse preparado para un momento y una sociedad que no supieron ver a tiempo.
Las experiencias en la utilización de las subvenciones directas al empleo no las hace recomendables. El difícil rigor en su aplicación, su tendencia a generar efectos “no queridos” y sus serios problemas de demarcación desaconsejan esta vía.
La opción de una subvención controlada fiscalmente a través del IRPF tendría que tomar la forma de “impuestos negativos”, ya que el IRPF de estos contratos es ya muy bajo.
La vía de importantes rebajas de las cotizaciones a la seguridad Social para los trabajos de menor cualificación parece la más sencilla de aplicar, como ha demostrado la actual carencia de 500€ de cotización para los contratos indefinidos. La demarcación de estas rebajas al objetivo específico de “recuperación”, obligaría a restringirlas a desocupados que ya hubieran cotizado antes y con un tiempo largo de desempleo. La duración de esa cotización anterior tendría que depender de una función que podría tomar en cuenta los estudios y la edad para su cálculo.
La mejora del complejo y disperso sistema de garantía de mínimos es muy necesaria. Ese sistema alcanza ya un volumen de gasto considerable. Las prestaciones no-contributivas por desempleo rondan los 8.000 millones de euros anuales. Son prestaciones predominantemente “pasivas”, con pocos efectos en el logro de empleo. Sin mayor dificultad ni incremento de coste, varias de esas prestaciones se podrían hacer compatibles con un salario, más intensamente para los hogares con menores. Esa compatibilidad habría que promoverla mediante incentivos que la hiciesen atractiva tanto para los empleados como para los empleadores. Su prolongación durante el tiempo en el que esas prestaciones hubiesen podido estar vigentes, de no haber encontrado empleo, serviría de único criterio de demarcación. Recursos que ahora solo palian las carencias económicas de los parados, contribuirían a mejorar su vida.
La recuperación para el empleo de los menos cualificados es el objetivo más urgente para un verdadero rescate social. La mejora del sistema de mínimos es necesaria, pero no puede resolver un problema de esta magnitud en la participación laboral de adultos. Y hay algo mucho más importante: la ocupación no es solo un medio para obtener rentas; es también una fuente imprescindible de dignidad y de motivación para la mejora de las propias capacidades, una fuente de estabilidad y de regulación cotidiana de la vida en los hogares, y el medio más eficiente y humano que se conoce de equilibrar derechos y deberes sociales de los ciudadanos.
Luis Garrido y Rodolfo Gutiérrez son catedráticos de Sociología y autores del documento El urgente rescate social: recuperar el empleo de los menos cualificados, del Círculo Cívico de Opinión.
http://elpais.com/elpais/2016/04/29/opinion/1461942035_603683.html
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