_- No tengo la menor duda de que Felipe VI no ha autorizado el uso desvergonzado de su imagen por el presidente de la Junta de Andalucía. Pero esto tiene que quedar claro antes de que los ciudadanos acudan a las urnas
La campaña para las elecciones al Parlamento de Andalucía para el próximo 19 de junio nos ha traído dos novedades que no habían hecho acto de presencia en ninguna de todas las demás elecciones celebradas hasta la fecha desde las del 15 de junio de 1977.
En ninguna, fuera municipal, autonómica, estatal o europea, el Rey había sido incorporado a la campaña electoral de un partido, ni un obispo había decido instrumentalizar un acto religioso de la envergadura del Rocío, para participar en la campaña electoral.
Esas dos barreras de la neutralidad de la Casa Real y de la Iglesia Católica en los procesos electorales han sido derribadas en Andalucía. El rey Felipe VI ha sido utilizado por el PP de manera inequívoca en la propaganda de su candidato a la Presidencia. El obispo de Huelva ha hecho un discurso en plena romería del Rocío con una carga política inequívoca a favor de los partidos de las derechas españolas.
Esto, insisto, no lo habíamos visto hasta la fecha. En mi opinión, no deberíamos volver a verlo. Para que sea así, sería imprescindible que los partidos de la izquierda española, se dirigieran, por un lado, a la Casa Real y, por otro, a la Conferencia Episcopal, a fin de que explicaran cómo es posible que haya sucedido lo que ha sucedido y que dieran garantías de que no volverá a ocurrir en el futuro.
Los partidos de la izquierda española deberían dirigir a la Casa Real un escrito en el que formularan al rey Felipe VI las siguientes preguntas:
¿Fue consultado el rey Felipe VI por el candidato del PP a la presidencia de la Junta de Andalucía para hacer uso de una foto suya en plena campaña electoral? Si fue así, ¿dio el Rey autorización para que se hiciera uso de su imagen en dicha campaña? Si no fue así, ¿no debería la Casa Real emitir un comunicado dirigido a los ciudadanos aclarando que ni ha sido consultado ni de ninguna manera autorizaría que se pudiera hacer uso de su imagen de manera partidista en una campaña electoral?
La callada por respuesta no es aceptable. El que calla otorga no es verdad siempre. Hay veces en que el silencio es pura expresión de prudencia. Pero en una campaña electoral, en la que un partido, cuyo candidato, al ser presidente de la Junta de Andalucía, es el máximo representante del Estado en la Comunidad Autónoma hace uso de la imagen del Rey, el silencio de la Casa Real no sería expresión de prudencia, sino de todo lo contrario. Los partidos de izquierda deben exigirle al Rey que desautorice expresamente el uso que se ha hecho de su imagen por el PP. No basta con un recurso ante la Junta Electoral. Al descaro del PP hay que responder abiertamente.
No tengo la menor duda de que el rey Felipe VI no ha autorizado el uso desvergonzado de su imagen por el presidente de la Junta de Andalucía. Pero esto tiene que quedar claro y, dada la importancia que tiene el tiempo en la campaña electoral, tiene que quedar claro antes de que los ciudadanos acudan a las urnas.
De forma parecida, los partidos de izquierda deberían dirigir un escrito a la Conferencia Episcopal, en el que preguntaran si se considera aceptable que un miembro de dicha Conferencia, se exprese en los términos en que lo ha hecho el obispo de Huelva en la romería de El Rocío. Dicho de otra manera: si la Conferencia Episcopal se reconoce en la intervención del obispo.
En un Estado no confesional, como es el Estado español desde la entrada en vigor de la Constitución, es inadmisible que un obispo se exprese de la forma en que lo ha hecho el de Huelva en plena campaña electoral. Si la Conferencia Episcopal no emite una nota a la opinión pública condenando expresamente la intervención del Obispo de Huelva, tal vez habría que replantearse la normativa que regula las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Lo que no se puede admitir es que la Iglesia Católica disfrute de todos los privilegios que los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede le reconoce y que sea incapaz de guardar la imparcialidad en las campañas electorales.
Las dos novedades que han hecho acto de presencia en la campaña electoral de Andalucía son de una gravedad extraordinaria. Más todavía si las contemplamos a la luz de lo que ha sido la presencia de la Monarquía y de la Iglesia Católica en nuestra historia constitucional.
https://www.eldiario.es/contracorriente/novedades-alarmantes_132_9066418.html
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sábado, 11 de junio de 2022
domingo, 24 de abril de 2022
_- Una línea divisoria ambigua.
_- La suciedad acumulada durante las diferentes experiencias monárquicas sale a la superficie de vez en cuando, pero continúa formando parte del paisaje. No fuimos capaces de hacer el barrido después del 14 de abril de 1931, por eso estamos donde estamos
1931 ha sido la única ocasión en que España ha vivido un proceso constituyente genuino. Fue posible por la implosión del sistema político de la Restauración, incapaz de poner en marcha un programa de reformas, que permitiera pasar de la Monarquía Constitucional a la Monarquía parlamentaria. Aunque en las dos primeras décadas del siglo XX la reforma de la Constitución, con la finalidad de ir situando el centro de gravedad del sistema político en el Parlamento, estuvo presente en la agenda política, no llegó a formalizarse como proyecto de ley de reforma constitucional ninguna propuesta. El resultado fue que una manifestación relativamente subalterna del sufragio universal, como son unas elecciones municipales, produjeron un cambio de régimen. España se acostó monárquica y amaneció republicana.
El 14 de abril enterró la Monarquía Española, que es como se denominó la Monarquía del siglo XIX en nuestro país. Desde el momento en que se inició una experiencia democrática indiscutible, el retorno a lo que fue el “Antiguo Régimen monárquico-constitucional” resultó imposible. En esto, la Segunda República se diferenció nítidamente de la otra gran experiencia modernizadora anterior: el Sexenio Revolucionario. La Restauración de la dinastía borbónica se abrió camino con relativa facilidad tras el fracaso de la experiencia monárquica de Amadeo de Saboya y de la Primera República. Eso no sería posible tras el 14 de abril de 1931.
El 14 de abril de 1931 simboliza la democracia. Una vez que se alcanza ese umbral, ya no es posible la vuelta atrás, no es posible la vuelta a una sociedad predemocrática. Se pueden imponer fórmulas políticas anti-democráticas, rabiosamente antidemocráticas incluso, pero no se puede volver al universo predemocrático al que pertenecía la Monarquía española.
Lo más parecido a la línea divisoria del 14 de abril es la línea divisoria del 2 de mayo de 1808. Esta última supuso la quiebra de la Monarquía Absoluta. La primera supuso la quiebra de la Monarquía Constitucional. Desde el momento en que hace acto de presencia la soberanía nacional en 1812 o la soberanía popular en 1931 estamos en otro mundo. Con hipotecas muy fuertes del pasado, pero en otro mundo.
Ambas líneas divisorias intentaron ser borradas de manera brutal. La reacción de Fernando VII frente a la Constitución de Cádiz es similar a la reacción de Franco frente a la Constitución republicana. Se intentó en ambos casos hacerlas desaparecer, como si nunca hubieran existido. Pero el programa de futuro del que cada una de ellas era portadora no pudo ser borrado del horizonte por completo. Se conseguiría retrasarlo, rebajarlo y condicionarlo cuando resultó imposible impedir que empezara a abrirse camino. Pero no se pudo volver al pasado anterior.
La forma en que se intentó condicionar la llegada de la Monarquía Constitucional tras la muerte de Fernando VII y la Monarquía parlamentaria tras la muerte de Franco también tiene similitudes. De la misma manera que el Estatuto Real perimetró el terreno de la futura Monarquía Española, la Ley para la Reforma política condicionó el disfraz de la Restauración monárquica como transición a la democracia.
La forma en que se transitó de Fernando VII a Isabel Segunda es similar a la forma en que se transitó del General Franco al Rey Juan Carlos I de Borbón. Y entre la conducta de la primera Reina constitucional y el primer Rey parlamentario también hay similitudes.
La suciedad acumulada durante las diferentes experiencias monárquicas sale a la superficie de vez en cuando, pero continúa formando parte del paisaje. No fuimos capaces de hacer el barrido después del 14 de abril de 1931 y por eso seguimos estando donde estamos.
Contracorriente. Javier Pérez Royo.
1931 ha sido la única ocasión en que España ha vivido un proceso constituyente genuino. Fue posible por la implosión del sistema político de la Restauración, incapaz de poner en marcha un programa de reformas, que permitiera pasar de la Monarquía Constitucional a la Monarquía parlamentaria. Aunque en las dos primeras décadas del siglo XX la reforma de la Constitución, con la finalidad de ir situando el centro de gravedad del sistema político en el Parlamento, estuvo presente en la agenda política, no llegó a formalizarse como proyecto de ley de reforma constitucional ninguna propuesta. El resultado fue que una manifestación relativamente subalterna del sufragio universal, como son unas elecciones municipales, produjeron un cambio de régimen. España se acostó monárquica y amaneció republicana.
El 14 de abril enterró la Monarquía Española, que es como se denominó la Monarquía del siglo XIX en nuestro país. Desde el momento en que se inició una experiencia democrática indiscutible, el retorno a lo que fue el “Antiguo Régimen monárquico-constitucional” resultó imposible. En esto, la Segunda República se diferenció nítidamente de la otra gran experiencia modernizadora anterior: el Sexenio Revolucionario. La Restauración de la dinastía borbónica se abrió camino con relativa facilidad tras el fracaso de la experiencia monárquica de Amadeo de Saboya y de la Primera República. Eso no sería posible tras el 14 de abril de 1931.
El 14 de abril de 1931 simboliza la democracia. Una vez que se alcanza ese umbral, ya no es posible la vuelta atrás, no es posible la vuelta a una sociedad predemocrática. Se pueden imponer fórmulas políticas anti-democráticas, rabiosamente antidemocráticas incluso, pero no se puede volver al universo predemocrático al que pertenecía la Monarquía española.
Lo más parecido a la línea divisoria del 14 de abril es la línea divisoria del 2 de mayo de 1808. Esta última supuso la quiebra de la Monarquía Absoluta. La primera supuso la quiebra de la Monarquía Constitucional. Desde el momento en que hace acto de presencia la soberanía nacional en 1812 o la soberanía popular en 1931 estamos en otro mundo. Con hipotecas muy fuertes del pasado, pero en otro mundo.
Ambas líneas divisorias intentaron ser borradas de manera brutal. La reacción de Fernando VII frente a la Constitución de Cádiz es similar a la reacción de Franco frente a la Constitución republicana. Se intentó en ambos casos hacerlas desaparecer, como si nunca hubieran existido. Pero el programa de futuro del que cada una de ellas era portadora no pudo ser borrado del horizonte por completo. Se conseguiría retrasarlo, rebajarlo y condicionarlo cuando resultó imposible impedir que empezara a abrirse camino. Pero no se pudo volver al pasado anterior.
La forma en que se intentó condicionar la llegada de la Monarquía Constitucional tras la muerte de Fernando VII y la Monarquía parlamentaria tras la muerte de Franco también tiene similitudes. De la misma manera que el Estatuto Real perimetró el terreno de la futura Monarquía Española, la Ley para la Reforma política condicionó el disfraz de la Restauración monárquica como transición a la democracia.
La forma en que se transitó de Fernando VII a Isabel Segunda es similar a la forma en que se transitó del General Franco al Rey Juan Carlos I de Borbón. Y entre la conducta de la primera Reina constitucional y el primer Rey parlamentario también hay similitudes.
La suciedad acumulada durante las diferentes experiencias monárquicas sale a la superficie de vez en cuando, pero continúa formando parte del paisaje. No fuimos capaces de hacer el barrido después del 14 de abril de 1931 y por eso seguimos estando donde estamos.
Contracorriente. Javier Pérez Royo.
miércoles, 16 de marzo de 2022
Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional. Es el momento de que las Cortes Generales investiguen al emérito.
Debería ser este órgano constitucional el que definiera de qué manera se va a proceder en la investigación las potenciales irregularidades en la ejecutoria de don Juan Carlos I de Borbón.
Como el lector sin duda recordará, la Casa Real emitió el comunicado informando de la conducta posiblemente irregular e incluso potencialmente constitutiva de delito y, en todo caso, condenable desde una perspectiva ética de don Juan Carlos, el mismo día en que se hizo público en el BOE el Real Decreto mediante el que se declaró por primera vez el Estado de Alarma. Dado que, como se decía en el propio comunicado, el rey Felipe VI había tenido conocimiento de dicha conducta desde hacía casi año y medio, parecía claro que, con la elección de la fecha, se pretendía distraer la atención de la opinión pública de la información que se transmitía.
La Fiscalía Anticorrupción ha decidido seguir la senda de la Casa Real y anunciar el archivo definitivo de la investigación sobre la conducta de don Juan Carlos en el momento en que la invasión de Ucrania por Rusia está ocupando la atención de la opinión pública nacional e internacional. Ante el desasosiego generado por el escenario bélico, es posible que se haya pensado que era el momento oportuno para anunciar la mencionada medida de archivo.
Nunca he sido partidario de la investigación de la conducta de don Juan Carlos por el Poder Judicial y, por lo tanto, no estoy ni a favor ni en contra de la decisión del Ministerio Fiscal. En mi opinión, son las Cortes Generales, que es el único órgano constitucional que "representa al pueblo español" (art. 66.1 de la Constitución Española, CE), las que deben decidir si someten a juicio la conducta del rey. La de don Juan Carlos I o la de Felipe VI, llegado el caso. "La justicia se administra… en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial" dice el primer inciso del primer artículo del Título VI de la Constitución, "Del Poder Judicial". No hay en la Constitución nada que permita atribuir al Poder Judicial el conocimiento de la conducta del rey.
Tampoco hay nada que permita atribuir dicho conocimiento a las Cortes Generales. Pero entre los Jueces y Magistrados que integran el Poder Judicial y las Cortes Generales hay una diferencia determinante. Las Cortes Generales son el único órgano constitucional a través del cual se expresa "La soberanía nacional que reside en el pueblo español" (art. 1.2 CE). El artículo 66.1 es el único artículo que conecta de manera inmediata y directa con el artículo 1.2 de la Constitución.
Como consecuencia de ello, las Cortes Generales es el único órgano constitucional que tiene "libertad" para actuar. No necesita tener una habilitación expresa para dar a un problema la respuesta que estime conveniente. Las Cortes Generales tienen "libertad" para identificar el problema y darle a continuación respuesta. Solamente ellas pueden hacerlo.
Quiere decirse, pues, que, en ausencia de previsión constitucional sobre un determinado asunto, como puede ser el de la exigencia de responsabilidad al rey en los actos no refrendados, son las Cortes Generales las que, si así lo consideran necesario, tienen que tomar la iniciativa y decidir de qué manera se tiene que proceder.
Ante la acumulación de informaciones sobre potenciales irregularidades en la ejecutoria de don Juan Carlos I de Borbón tanto durante los años en que fue titular de la Jefatura del Estado como en los que han transcurrido después de su abdicación, deberían ser las Cortes Generales las que definieran de qué manera se va a proceder en la investigación de las mismas. Y una vez concluida la investigación, las que tendrían que adoptar la decisión que estimaran pertinente.
Para las Cortes Generales la inviolabilidad no excluye la investigación de la conducta del rey. La inviolabilidad podría proteger frente a la exigencia de investigación por parte del Poder Judicial, pero no por parte de las Cortes Generales. Tras la investigación de su ejecutoria, las Cortes Generales pueden decidir que no hay nada que reprochar al rey o bien que el rey se ha inhabilitado con su conducta para ocupar la Jefatura del Estado. No se le puede condenar a una pena privativa de libertad, pero sí a que deje de ser Jefe del Estado.
Las Cortes Generales también pueden, tras dicha investigación, decidir qué reformas de tipo normativo se tendrían que introducir en el ordenamiento para evitar que puedan volver a producirse conductas como las que se habrían estado investigando.
Incluso pueden proponer que se active el procedimiento de revisión de la Constitución, con la finalidad de que quede definida la Monarquía Parlamentaria de manera más precisa. Dado que la revisión constitucional exige la ratificación en referéndum de la decisión adoptada por las Cortes Generales, podría ser una buena ocasión para que, lo que debió hacerse en el momento constituyente originario, se acabe haciendo en este.
https://www.eldiario.es/contracorriente/momento-cortes-generales-investiguen-emerito_132_8797236.html
Como el lector sin duda recordará, la Casa Real emitió el comunicado informando de la conducta posiblemente irregular e incluso potencialmente constitutiva de delito y, en todo caso, condenable desde una perspectiva ética de don Juan Carlos, el mismo día en que se hizo público en el BOE el Real Decreto mediante el que se declaró por primera vez el Estado de Alarma. Dado que, como se decía en el propio comunicado, el rey Felipe VI había tenido conocimiento de dicha conducta desde hacía casi año y medio, parecía claro que, con la elección de la fecha, se pretendía distraer la atención de la opinión pública de la información que se transmitía.
La Fiscalía Anticorrupción ha decidido seguir la senda de la Casa Real y anunciar el archivo definitivo de la investigación sobre la conducta de don Juan Carlos en el momento en que la invasión de Ucrania por Rusia está ocupando la atención de la opinión pública nacional e internacional. Ante el desasosiego generado por el escenario bélico, es posible que se haya pensado que era el momento oportuno para anunciar la mencionada medida de archivo.
Nunca he sido partidario de la investigación de la conducta de don Juan Carlos por el Poder Judicial y, por lo tanto, no estoy ni a favor ni en contra de la decisión del Ministerio Fiscal. En mi opinión, son las Cortes Generales, que es el único órgano constitucional que "representa al pueblo español" (art. 66.1 de la Constitución Española, CE), las que deben decidir si someten a juicio la conducta del rey. La de don Juan Carlos I o la de Felipe VI, llegado el caso. "La justicia se administra… en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial" dice el primer inciso del primer artículo del Título VI de la Constitución, "Del Poder Judicial". No hay en la Constitución nada que permita atribuir al Poder Judicial el conocimiento de la conducta del rey.
Tampoco hay nada que permita atribuir dicho conocimiento a las Cortes Generales. Pero entre los Jueces y Magistrados que integran el Poder Judicial y las Cortes Generales hay una diferencia determinante. Las Cortes Generales son el único órgano constitucional a través del cual se expresa "La soberanía nacional que reside en el pueblo español" (art. 1.2 CE). El artículo 66.1 es el único artículo que conecta de manera inmediata y directa con el artículo 1.2 de la Constitución.
Como consecuencia de ello, las Cortes Generales es el único órgano constitucional que tiene "libertad" para actuar. No necesita tener una habilitación expresa para dar a un problema la respuesta que estime conveniente. Las Cortes Generales tienen "libertad" para identificar el problema y darle a continuación respuesta. Solamente ellas pueden hacerlo.
Quiere decirse, pues, que, en ausencia de previsión constitucional sobre un determinado asunto, como puede ser el de la exigencia de responsabilidad al rey en los actos no refrendados, son las Cortes Generales las que, si así lo consideran necesario, tienen que tomar la iniciativa y decidir de qué manera se tiene que proceder.
Ante la acumulación de informaciones sobre potenciales irregularidades en la ejecutoria de don Juan Carlos I de Borbón tanto durante los años en que fue titular de la Jefatura del Estado como en los que han transcurrido después de su abdicación, deberían ser las Cortes Generales las que definieran de qué manera se va a proceder en la investigación de las mismas. Y una vez concluida la investigación, las que tendrían que adoptar la decisión que estimaran pertinente.
Para las Cortes Generales la inviolabilidad no excluye la investigación de la conducta del rey. La inviolabilidad podría proteger frente a la exigencia de investigación por parte del Poder Judicial, pero no por parte de las Cortes Generales. Tras la investigación de su ejecutoria, las Cortes Generales pueden decidir que no hay nada que reprochar al rey o bien que el rey se ha inhabilitado con su conducta para ocupar la Jefatura del Estado. No se le puede condenar a una pena privativa de libertad, pero sí a que deje de ser Jefe del Estado.
Las Cortes Generales también pueden, tras dicha investigación, decidir qué reformas de tipo normativo se tendrían que introducir en el ordenamiento para evitar que puedan volver a producirse conductas como las que se habrían estado investigando.
Incluso pueden proponer que se active el procedimiento de revisión de la Constitución, con la finalidad de que quede definida la Monarquía Parlamentaria de manera más precisa. Dado que la revisión constitucional exige la ratificación en referéndum de la decisión adoptada por las Cortes Generales, podría ser una buena ocasión para que, lo que debió hacerse en el momento constituyente originario, se acabe haciendo en este.
https://www.eldiario.es/contracorriente/momento-cortes-generales-investiguen-emerito_132_8797236.html
jueves, 9 de septiembre de 2021
_- Pongamos las cosas en su sitio
_- La verdad es más querida que la amistad. Veritas magis amicitiais.
El problema al que tiene que hacer frente la sociedad española tras el conocimiento de la conducta de D. Juan Carlos I no es un problema penal, sino constitucional. Solamente un órgano constitucional con legitimación democrática directa puede hacerle frente.
El constituyente español de 1978 impuso una única quiebra del principio de igualdad en el sistema político y en el ordenamiento jurídico del Estado. Y la impuso, además, con nombre y apellido. D. Juan Carlos I de Borbón, por razón de nacimiento, "legítimo heredero de la dinastía histórica", tiene un estatus político y jurídico distinto al de todos los demás ciudadanos españoles. Dicha quiebra en el momento inicial de la restauración monárquica se complementa con otra: la prevalencia del varón sobre la mujer en la sucesión de La Corona. D. Juan Carlos I de Borbón y su hijo Felipe VI son las dos únicas excepciones al principio de igualdad admitidas en nuestro Estado Constitucional. Podemos calificar a la de D. Juan Carlos I de Borbón de excepción "originaria" y a la de D. Felipe VI de excepción "derivada". La segunda es tributaria de la primera, aunque la fuente de ambas sea la misma: la Constitución Española de 1978.
Este es un dato incontrovertible del que no se puede, además, prescindir a la hora de abordar el examen de la conducta del Rey en el ejercicio de la tarea que tiene constitucionalmente encomendada. Ni D. Juan Carlos I ni D. Felipe VI son ciudadanos españoles, como lo somos todos los demás ciudadanos del Estado. Los demás tenemos el mismo estatus jurídico-político: somos titulares de todos los derechos reconocidos en la Constitución en condiciones de igualdad. Eso es lo que nos constituye como ciudadanos.
El estatus de D. Juan Carlos I y de D. Felipe VI es "constitutivamente" distinto del de los demás españoles. Así lo quiso el constituyente español tras la muerte del general Franco. Y así sigue siendo casi cincuenta años después, sin que se haya dictado la Ley Orgánica prevista en el artículo 57 de la Constitución para interpretar normativamente la excepción del principio de igualdad prevista por el constituyente.
Esta quiebra del principio de igualdad vuelve a proyectarse en las primeras palabras de la definición del Poder Judicial en el artículo 117.1 de la Constitución: "La Justicia…se administra en nombre del Rey…" Es administrada por "jueces y magistrados" independientes "únicamente sometidos al imperio de la ley". Pero lo hacen "en nombre del Rey".
¿Puede entenderse que entra en el ejercicio de la función jurisdiccional el examen de la conducta del rey en nombre del cual dicha función jurisdiccional se ejerce? El principio de igualdad no opera respecto del rey. Dicho principio es, por el contrario, la premisa en la que descansa el ejercicio de la función jurisdiccional.
Dada la posición del rey en el edificio constitucional del Estado, únicamente las Cortes Generales en cuanto representantes del pueblo español legitimadas democráticamente de manera directa tienen autoridad para examinar la conducta del rey en el ejercicio de las tareas que tiene constitucionalmente encomendadas.
La trayectoria de D. Juan Carlos I de Borbón como Rey de España y Jefe del Estado únicamente puede ser analizada por el órgano constitucional en el que cristaliza mediante el ejercicio del derecho de sufragio la "soberanía nacional que reside en el pueblo español". Las Cortes Generales son institucionalmente la expresión de la soberanía nacional/popular. Ellas no ejercen las funciones constitucionales que tienen encomendadas "en nombre del Rey", sino en nombre y representación del "pueblo español" y, en consecuencia, tienen libertad para decidir sobre la forma en que debe reaccionar el Estado ante cualquier problema que se presente sin necesidad de habilitación expresa para ello por parte de la Constitución.
Tras la información que se va filtrando trabajosamente sobre lo que ha sido la conducta del Rey Juan Carlos I, no son los fiscales y los tribunales de justicia los que tienen que ocuparse de examinar dicha conducta. Estamos ante un problema "político" de primer orden. Lo que se está poniendo en cuestión es la ejecutoria de D. Juan Carlos I durante los años en que ocupó la Jefatura del Estado. Esa no es tarea para fiscales y jueces, sino para el único órgano constitucional que tiene legitimación democrática directa.
Porque, además, la Cortes Generales son el único órgano constitucional que tiene legitimidad para decidir, tras el examen de la conducta de D. Juan Carlos I de Borbón, de qué manera debería reaccionar el Estado, qué innovaciones se tendrían que introducir en nuestro sistema político y en nuestro ordenamiento jurídico, para que la persona que ocupe la Jefatura del Estado como Rey no pueda actuar de la manera en que lo ha hecho D. Juan Carlos I.
El problema al que tiene que hacer frente la sociedad española tras el conocimiento, fragmentario por el momento, de la conducta de D. Juan Carlos I no es un problema de naturaleza penal, sino de naturaleza constitucional. Solamente un órgano constitucional con legitimación democrática directa puede hacerle frente.
La sociedad española no puede salir con dignidad del callejón indigno al que la ha conducido la conducta de D. Juan Carlos I de Borbón sin la intervención de las Cortes Generales. No es la hora de los Tribunales. Son las Cortes Generales las que tienen que coger el toro por los cuernos, informar a la ciudadanía del resaltado de su investigación y decidir a continuación lo que estimen que deban decidir.
Javier Pérez Royo.
El problema al que tiene que hacer frente la sociedad española tras el conocimiento de la conducta de D. Juan Carlos I no es un problema penal, sino constitucional. Solamente un órgano constitucional con legitimación democrática directa puede hacerle frente.
El constituyente español de 1978 impuso una única quiebra del principio de igualdad en el sistema político y en el ordenamiento jurídico del Estado. Y la impuso, además, con nombre y apellido. D. Juan Carlos I de Borbón, por razón de nacimiento, "legítimo heredero de la dinastía histórica", tiene un estatus político y jurídico distinto al de todos los demás ciudadanos españoles. Dicha quiebra en el momento inicial de la restauración monárquica se complementa con otra: la prevalencia del varón sobre la mujer en la sucesión de La Corona. D. Juan Carlos I de Borbón y su hijo Felipe VI son las dos únicas excepciones al principio de igualdad admitidas en nuestro Estado Constitucional. Podemos calificar a la de D. Juan Carlos I de Borbón de excepción "originaria" y a la de D. Felipe VI de excepción "derivada". La segunda es tributaria de la primera, aunque la fuente de ambas sea la misma: la Constitución Española de 1978.
Este es un dato incontrovertible del que no se puede, además, prescindir a la hora de abordar el examen de la conducta del Rey en el ejercicio de la tarea que tiene constitucionalmente encomendada. Ni D. Juan Carlos I ni D. Felipe VI son ciudadanos españoles, como lo somos todos los demás ciudadanos del Estado. Los demás tenemos el mismo estatus jurídico-político: somos titulares de todos los derechos reconocidos en la Constitución en condiciones de igualdad. Eso es lo que nos constituye como ciudadanos.
El estatus de D. Juan Carlos I y de D. Felipe VI es "constitutivamente" distinto del de los demás españoles. Así lo quiso el constituyente español tras la muerte del general Franco. Y así sigue siendo casi cincuenta años después, sin que se haya dictado la Ley Orgánica prevista en el artículo 57 de la Constitución para interpretar normativamente la excepción del principio de igualdad prevista por el constituyente.
Esta quiebra del principio de igualdad vuelve a proyectarse en las primeras palabras de la definición del Poder Judicial en el artículo 117.1 de la Constitución: "La Justicia…se administra en nombre del Rey…" Es administrada por "jueces y magistrados" independientes "únicamente sometidos al imperio de la ley". Pero lo hacen "en nombre del Rey".
¿Puede entenderse que entra en el ejercicio de la función jurisdiccional el examen de la conducta del rey en nombre del cual dicha función jurisdiccional se ejerce? El principio de igualdad no opera respecto del rey. Dicho principio es, por el contrario, la premisa en la que descansa el ejercicio de la función jurisdiccional.
Dada la posición del rey en el edificio constitucional del Estado, únicamente las Cortes Generales en cuanto representantes del pueblo español legitimadas democráticamente de manera directa tienen autoridad para examinar la conducta del rey en el ejercicio de las tareas que tiene constitucionalmente encomendadas.
La trayectoria de D. Juan Carlos I de Borbón como Rey de España y Jefe del Estado únicamente puede ser analizada por el órgano constitucional en el que cristaliza mediante el ejercicio del derecho de sufragio la "soberanía nacional que reside en el pueblo español". Las Cortes Generales son institucionalmente la expresión de la soberanía nacional/popular. Ellas no ejercen las funciones constitucionales que tienen encomendadas "en nombre del Rey", sino en nombre y representación del "pueblo español" y, en consecuencia, tienen libertad para decidir sobre la forma en que debe reaccionar el Estado ante cualquier problema que se presente sin necesidad de habilitación expresa para ello por parte de la Constitución.
Tras la información que se va filtrando trabajosamente sobre lo que ha sido la conducta del Rey Juan Carlos I, no son los fiscales y los tribunales de justicia los que tienen que ocuparse de examinar dicha conducta. Estamos ante un problema "político" de primer orden. Lo que se está poniendo en cuestión es la ejecutoria de D. Juan Carlos I durante los años en que ocupó la Jefatura del Estado. Esa no es tarea para fiscales y jueces, sino para el único órgano constitucional que tiene legitimación democrática directa.
Porque, además, la Cortes Generales son el único órgano constitucional que tiene legitimidad para decidir, tras el examen de la conducta de D. Juan Carlos I de Borbón, de qué manera debería reaccionar el Estado, qué innovaciones se tendrían que introducir en nuestro sistema político y en nuestro ordenamiento jurídico, para que la persona que ocupe la Jefatura del Estado como Rey no pueda actuar de la manera en que lo ha hecho D. Juan Carlos I.
El problema al que tiene que hacer frente la sociedad española tras el conocimiento, fragmentario por el momento, de la conducta de D. Juan Carlos I no es un problema de naturaleza penal, sino de naturaleza constitucional. Solamente un órgano constitucional con legitimación democrática directa puede hacerle frente.
La sociedad española no puede salir con dignidad del callejón indigno al que la ha conducido la conducta de D. Juan Carlos I de Borbón sin la intervención de las Cortes Generales. No es la hora de los Tribunales. Son las Cortes Generales las que tienen que coger el toro por los cuernos, informar a la ciudadanía del resaltado de su investigación y decidir a continuación lo que estimen que deban decidir.
Javier Pérez Royo.
domingo, 29 de julio de 2018
Imagina. En ese extraño país la democracia parece estar tutelada aun por ese dictador desde su tumba.
Imagina que el 14 de abril de 1931 se instituyó en un extraño país una República con una Constitución democrática. Imagina que, en julio de 1936, un general golpista se proclamó a sí mismo salvador de la patria y derribó a sangre y fuego ese régimen legalmente constituido, provocando una guerra civil con medio millón de muertos y otros tantos desterrados. Imagina que, después de su victoria, este general sumió a ese extraño país en una dictadura férrea de 40 años sin dejar de fusilar a miles de ciudadanos bajo juicios sumarísimos y mientras mantenía las cárceles llenas de presos políticos se sirvió de ellos como esclavos para construir un mausoleo faraónico perforando una montaña bajo una desmesurada cruz de granito.
Imagina que ese panteón situado a las afueras de la capital del Estado le sirvió de propia sepultura y que allí permanecen sus despojos todavía, pero, antes de morir, este general golpista nombró a su sucesor a título de rey, quien después de verse envuelto en varios escándalos de corrupción tuvo que abdicar en su hijo.
Imagina que uno de los ministros de este dictador fundó una formación política de derechas con el nombre de Partido Popular, que ha gobernado en ese extraño país gracias a una Transición democrática cuyos aciertos han permitido a los ciudadanos, no sin ciertos riesgos, vivir en libertad bajo una Constitución, que parte del territorio no acata. Imagina que un juez alemán muy escrupuloso ha recibido una euroorden para que entregue a ese extraño país a uno de sus políticos prófugo de la justicia.
Pensando en lo que sería Alemania si tuviera a Hitler en un gran mausoleo cerca de Berlín, tal vez ese juez no consiga desprenderse de ciertos prejuicios al sospechar, aunque sea de forma difusa y muy confusa, que, en ese extraño país, la democracia parece estar tutelada aún por ese dictador desde su tumba.
https://elpais.com/elpais/2018/07/27/opinion/1532693032_489793.html
Imagina que ese panteón situado a las afueras de la capital del Estado le sirvió de propia sepultura y que allí permanecen sus despojos todavía, pero, antes de morir, este general golpista nombró a su sucesor a título de rey, quien después de verse envuelto en varios escándalos de corrupción tuvo que abdicar en su hijo.
Imagina que uno de los ministros de este dictador fundó una formación política de derechas con el nombre de Partido Popular, que ha gobernado en ese extraño país gracias a una Transición democrática cuyos aciertos han permitido a los ciudadanos, no sin ciertos riesgos, vivir en libertad bajo una Constitución, que parte del territorio no acata. Imagina que un juez alemán muy escrupuloso ha recibido una euroorden para que entregue a ese extraño país a uno de sus políticos prófugo de la justicia.
Pensando en lo que sería Alemania si tuviera a Hitler en un gran mausoleo cerca de Berlín, tal vez ese juez no consiga desprenderse de ciertos prejuicios al sospechar, aunque sea de forma difusa y muy confusa, que, en ese extraño país, la democracia parece estar tutelada aún por ese dictador desde su tumba.
https://elpais.com/elpais/2018/07/27/opinion/1532693032_489793.html
viernes, 20 de abril de 2018
La constitución y la monarquía, charla de Javier Pérez Royo.
Carlos I de Inglaterra y Escocia. Rey de Inglaterra e Irlanda 27 de marzo de 1625 - 30 de enero de 1649
Carlos Estuardo nació en el palacio de Dunfermline, el 19 de noviembre de 1600, siendo el segundo hijo varón de los nueve vástagos de Jacobo VI de Escocia y I de Inglaterra y Ana de Dinamarca. Fue un niño subdesarrollado que todavía no podía caminar o hablar a la edad de tres años. Cuando la reina Isabel I murió en 1603 y Jacobo VI fue proclamado rey de Inglaterra como Jacobo I, dejaron a Carlos en Escocia bajo el cuidado de enfermeras y criados porque se temía que el viaje dañara su frágil salud. Finalmente, hizo el viaje a Inglaterra en julio de 1604 y fue puesto posteriormente a cargo de Lady Carey, que le enseñó a caminar y hablar. Al llegar a adulto no medía más que 1 m y 62 cm.
martes, 11 de julio de 2017
_- Cuando el rey iguala a franquistas con sus víctimas. Olga Rodríguez eldiario.es
_- Si aplicamos la lógica del discurso de Felipe VI podríamos imaginarle afirmando que tanto los aliados como los nazis nos helaron el corazón . De Italia diría que hubo "falta de reconocimiento y de respeto" tanto por parte de Mussolini como de los demócratas. El rey entrega una medalla a un exministro franquista pero no homenajea ni defiende verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo.
En España es habitual que las autoridades homenajeen a personalidades con un pasado franquista mientras niegan reconocimiento, verdad, justicia y reparación a las víctimas. La medalla que el exministro de la dictadura Rodolfo Martín Villa recibió este miércoles en el Congreso es un ejemplo. Semejante gesto, una gota más en el enorme magma de la impunidad que reina en este país, contrasta con la desprotección e invisibilidad que sufren las víctimas.
Como han recalcado al menos cinco mecanismos de Naciones Unidas, España ni investiga ni permite investigar la desaparición de más de cien mil personas durante el régimen franquista. Como denuncian diversas organizaciones de derechos humanos, entre otras Amnistía Internacional, a las víctimas se les sigue negando sus derechos.
Como recordaba en una información el diario New York Times en 2014, "hoy en día, la política, los negocios y la ley en España están salpicados de personas con vínculos directos o indirectos con Franco. (...) Los tribunales españoles han rechazado oír estos casos [de las víctimas] durante cuarenta años".
Como ha señalado el relator de Naciones Unidas Pablo de Greiff, España ha hecho muy poco por las víctimas de su dictadura: "Algunos problemas no desaparecen. No pueden ser barridos bajo la alfombra. La gente, como es lógico, no olvida".
Y como siempre decía el abogado Carlos Slepoy, en España se practicó una persecución sistemática contra aquellas personas que se opusieron al golpe de Estado de 1936 y defendieron la democracia.
Pretender presentar los crímenes de lesa humanidad del franquismo como simples bajas en el frente de batalla es ignorar que en cientos de pueblos y ciudades los golpistas, casa por casa, arrestaron, tirotearon e hicieron desaparecer a gente cuyo único "delito" era ser republicano.
La represión continuó a lo largo de las siguientes décadas, llegó hasta los años setenta –con asesinatos y torturas– y sobrepasó la muerte de Franco, con la matanza de Vitoria en marzo de 1976, en la que la policía disparó con fuego real y pelotas de goma a trabajadores en huelga reunidos en asamblea. Murieron cinco personas y 150 resultaron heridas de bala.
El ministro de Relaciones Sindicales en aquella época era Rodolfo Martín Villa, a quien la justicia argentina ordenó detener en 2014 precisamente por los hechos de Vitoria. Como recuerda la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, Martín Villa también fue ministro de Gobernación cuando se ordenó la quema de miles de documentos para borrar los crímenes del franquismo. Y e s el mismo a quien los reyes entregan ahora una medalla por su papel en la Transición española y en las elecciones constituyentes de 1977.
A pesar de las denuncias de la ONU, Felipe VI nunca ha reconocido o defendido justicia, verdad y reparación para las familias de las víctimas que a día de hoy siguen buscando los restos de sus padres, abuelos o hermanos. A pesar de las innumerables pruebas de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, el rey continúa sin mencionarlos.
Quizá por eso este miércoles el monarca tergiversó en el Congreso los versos de Antonio Machado. En vez de recitar "una de las dos Españas ha de helarte el corazón", el rey readaptó su significado y habló de "las dos Españas que helaban el corazón de Antonio Machado".
El poema real, escrito cuando aún reinaba Alfonso XIII, dice así:
"Ya hay un español que quiere vivir
y a vivir empieza
entre una España que muere
y otra España que bosteza.
Españolito que vienes
al mundo, te guarde Dios.
Una de las dos Españas
ha de helarte el corazón"
Machado, republicano, tuvo que huir de la España que le helaba el corazón. La dura ruta hacia el exilio quebró su frágil salud y murió poco después de llegar a Francia. Fue enterrado con la bandera republicana, la de la democracia aplastada por los franquistas.
Hoy, décadas después, un rey español retuerce las palabras del poeta y con ello, nuestra memoria. No solo manipulando a Machado, sino evitando mencionar el nombre de Franco, las atrocidades de la dictadura, el sufrimiento de las víctimas, la impunidad de los crímenes del franquismo y el elevado número de desaparecidos.
Felipe VI afirmó el miércoles que "la falta de reconocimiento y de respeto dividieron a los españoles", como si no hubiera habido un responsable claro del golpe de Estado y de la persecución sistemática. También dijo que desde 1812 las sucesivas constituciones no fueron capaces de "proporcionar ni garantizar la estabilidad política, el progreso social y económico ni la convivencia en paz y libertad", como si el gobierno republicano no hubiera dejado más remedio a Franco que sublevarse ante su "imposibilidad de garantizar la convivencia en paz y libertad".
Si aplicamos la lógica de su discurso, podríamos imaginar al rey afirmando que tanto los aliados como los nazis nos helaron el corazón. De Italia diría que hubo "falta de reconocimiento y de respeto" tanto por parte de Mussolini como de los demócratas que lucharon contra los fascistas. Y puede que para definir la Sudáfrica del apartheid afirmara que tanto los negros como el gobierno de Pretoria cometieron crímenes, para igualar de ese modo a opresores y oprimidos y concluir que todo fue "una tragedia", término con el que este miércoles definió la Guerra Civil y la dictadura.
Al fin y al cabo, 40 años después de las elecciones constituyentes españolas la Casa Real presume de que por primera vez desde la muerte de Franco un rey ha usado la palabra dictadura en las Cortes para referirse a... la dictadura. Presentar semejante atraso como mérito en un discurso marcado por una falsa equidistancia es un insulto a todas las víctimas y familiares que nunca han recibido medallas, ni homenajes oficiales ni atención por parte de los reyes y de tantas otras autoridades.
Fuente:
http://www.eldiario.es/zonacritica/rey-iguala-franquistas-victimas_6_659744036.html
En España es habitual que las autoridades homenajeen a personalidades con un pasado franquista mientras niegan reconocimiento, verdad, justicia y reparación a las víctimas. La medalla que el exministro de la dictadura Rodolfo Martín Villa recibió este miércoles en el Congreso es un ejemplo. Semejante gesto, una gota más en el enorme magma de la impunidad que reina en este país, contrasta con la desprotección e invisibilidad que sufren las víctimas.
Como han recalcado al menos cinco mecanismos de Naciones Unidas, España ni investiga ni permite investigar la desaparición de más de cien mil personas durante el régimen franquista. Como denuncian diversas organizaciones de derechos humanos, entre otras Amnistía Internacional, a las víctimas se les sigue negando sus derechos.
Como recordaba en una información el diario New York Times en 2014, "hoy en día, la política, los negocios y la ley en España están salpicados de personas con vínculos directos o indirectos con Franco. (...) Los tribunales españoles han rechazado oír estos casos [de las víctimas] durante cuarenta años".
Como ha señalado el relator de Naciones Unidas Pablo de Greiff, España ha hecho muy poco por las víctimas de su dictadura: "Algunos problemas no desaparecen. No pueden ser barridos bajo la alfombra. La gente, como es lógico, no olvida".
Y como siempre decía el abogado Carlos Slepoy, en España se practicó una persecución sistemática contra aquellas personas que se opusieron al golpe de Estado de 1936 y defendieron la democracia.
Pretender presentar los crímenes de lesa humanidad del franquismo como simples bajas en el frente de batalla es ignorar que en cientos de pueblos y ciudades los golpistas, casa por casa, arrestaron, tirotearon e hicieron desaparecer a gente cuyo único "delito" era ser republicano.
La represión continuó a lo largo de las siguientes décadas, llegó hasta los años setenta –con asesinatos y torturas– y sobrepasó la muerte de Franco, con la matanza de Vitoria en marzo de 1976, en la que la policía disparó con fuego real y pelotas de goma a trabajadores en huelga reunidos en asamblea. Murieron cinco personas y 150 resultaron heridas de bala.
El ministro de Relaciones Sindicales en aquella época era Rodolfo Martín Villa, a quien la justicia argentina ordenó detener en 2014 precisamente por los hechos de Vitoria. Como recuerda la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, Martín Villa también fue ministro de Gobernación cuando se ordenó la quema de miles de documentos para borrar los crímenes del franquismo. Y e s el mismo a quien los reyes entregan ahora una medalla por su papel en la Transición española y en las elecciones constituyentes de 1977.
A pesar de las denuncias de la ONU, Felipe VI nunca ha reconocido o defendido justicia, verdad y reparación para las familias de las víctimas que a día de hoy siguen buscando los restos de sus padres, abuelos o hermanos. A pesar de las innumerables pruebas de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, el rey continúa sin mencionarlos.
Quizá por eso este miércoles el monarca tergiversó en el Congreso los versos de Antonio Machado. En vez de recitar "una de las dos Españas ha de helarte el corazón", el rey readaptó su significado y habló de "las dos Españas que helaban el corazón de Antonio Machado".
El poema real, escrito cuando aún reinaba Alfonso XIII, dice así:
"Ya hay un español que quiere vivir
y a vivir empieza
entre una España que muere
y otra España que bosteza.
Españolito que vienes
al mundo, te guarde Dios.
Una de las dos Españas
ha de helarte el corazón"
Machado, republicano, tuvo que huir de la España que le helaba el corazón. La dura ruta hacia el exilio quebró su frágil salud y murió poco después de llegar a Francia. Fue enterrado con la bandera republicana, la de la democracia aplastada por los franquistas.
Hoy, décadas después, un rey español retuerce las palabras del poeta y con ello, nuestra memoria. No solo manipulando a Machado, sino evitando mencionar el nombre de Franco, las atrocidades de la dictadura, el sufrimiento de las víctimas, la impunidad de los crímenes del franquismo y el elevado número de desaparecidos.
Felipe VI afirmó el miércoles que "la falta de reconocimiento y de respeto dividieron a los españoles", como si no hubiera habido un responsable claro del golpe de Estado y de la persecución sistemática. También dijo que desde 1812 las sucesivas constituciones no fueron capaces de "proporcionar ni garantizar la estabilidad política, el progreso social y económico ni la convivencia en paz y libertad", como si el gobierno republicano no hubiera dejado más remedio a Franco que sublevarse ante su "imposibilidad de garantizar la convivencia en paz y libertad".
Si aplicamos la lógica de su discurso, podríamos imaginar al rey afirmando que tanto los aliados como los nazis nos helaron el corazón. De Italia diría que hubo "falta de reconocimiento y de respeto" tanto por parte de Mussolini como de los demócratas que lucharon contra los fascistas. Y puede que para definir la Sudáfrica del apartheid afirmara que tanto los negros como el gobierno de Pretoria cometieron crímenes, para igualar de ese modo a opresores y oprimidos y concluir que todo fue "una tragedia", término con el que este miércoles definió la Guerra Civil y la dictadura.
Al fin y al cabo, 40 años después de las elecciones constituyentes españolas la Casa Real presume de que por primera vez desde la muerte de Franco un rey ha usado la palabra dictadura en las Cortes para referirse a... la dictadura. Presentar semejante atraso como mérito en un discurso marcado por una falsa equidistancia es un insulto a todas las víctimas y familiares que nunca han recibido medallas, ni homenajes oficiales ni atención por parte de los reyes y de tantas otras autoridades.
Fuente:
http://www.eldiario.es/zonacritica/rey-iguala-franquistas-victimas_6_659744036.html
martes, 21 de febrero de 2017
Reflexiones. El lenguaje es la manifestación más maravillosa del pensamiento humano, una fuente inagotable de alegrías y desafíos.
Miquel Roca, padre de la Constitución hace cuatro décadas, abogado de Cristina de Borbón en la actualidad, ha pedido a la ciudadanía que reflexione sobre la sentencia del caso Nóos.
Me he propuesto complacerle y reflexionar, aunque el primer objeto de mi análisis no es jurídico, sino semántico. Si un tribunal me impusiera una multa de más de 265.000 euros, ¿me consideraría yo absuelta? Me parece que no. Interpretaría que he sido condenada, puesto que si los jueces me hubieran hallado inocente, no me obligarían a pagar esa enorme, al menos para mí, cantidad de dinero.
Sigo reflexionando. El tribunal ha impuesto dicha multa a Cristina de Borbón por considerarla responsable a título lucrativo de los delitos cometidos por su marido. Es exactamente la misma calificación aplicada al PP por el tribunal que juzga el caso Gürtel.
A propósito de la igualdad de los españoles ante la ley, reflexiono sobre el revuelo jurídico, político y mediático que desencadenó la imputación del partido del Gobierno en un proceso de corrupción. Y, me pregunto, si los jueces condenaran al PP por esa responsabilidad, obligándole a devolver lo que obtuvo gracias a los delitos de Correa, ¿también resultaría absuelto?
El lenguaje es la manifestación más maravillosa del pensamiento humano, una fuente inagotable de alegrías y desafíos. A partir de ahí, cada uno es responsable de lo que dice. Por eso reflexiono sobre el júbilo expresado por el PP ante una sentencia que manda tres años a la cárcel a un dirigente de su partido, modelo de presidente autonómico hasta hace muy poco. Y me pregunto por el poder de la Monarquía, a la que sus súbditos aman más que a sí mismos.
No encuentro ninguna respuesta, excepto la que explica por qué soy republicana.
Almudena Grandes
http://elpais.com/elpais/2017/02/18/opinion/1487446327_201595.html
Me he propuesto complacerle y reflexionar, aunque el primer objeto de mi análisis no es jurídico, sino semántico. Si un tribunal me impusiera una multa de más de 265.000 euros, ¿me consideraría yo absuelta? Me parece que no. Interpretaría que he sido condenada, puesto que si los jueces me hubieran hallado inocente, no me obligarían a pagar esa enorme, al menos para mí, cantidad de dinero.
Sigo reflexionando. El tribunal ha impuesto dicha multa a Cristina de Borbón por considerarla responsable a título lucrativo de los delitos cometidos por su marido. Es exactamente la misma calificación aplicada al PP por el tribunal que juzga el caso Gürtel.
A propósito de la igualdad de los españoles ante la ley, reflexiono sobre el revuelo jurídico, político y mediático que desencadenó la imputación del partido del Gobierno en un proceso de corrupción. Y, me pregunto, si los jueces condenaran al PP por esa responsabilidad, obligándole a devolver lo que obtuvo gracias a los delitos de Correa, ¿también resultaría absuelto?
El lenguaje es la manifestación más maravillosa del pensamiento humano, una fuente inagotable de alegrías y desafíos. A partir de ahí, cada uno es responsable de lo que dice. Por eso reflexiono sobre el júbilo expresado por el PP ante una sentencia que manda tres años a la cárcel a un dirigente de su partido, modelo de presidente autonómico hasta hace muy poco. Y me pregunto por el poder de la Monarquía, a la que sus súbditos aman más que a sí mismos.
No encuentro ninguna respuesta, excepto la que explica por qué soy republicana.
Almudena Grandes
http://elpais.com/elpais/2017/02/18/opinion/1487446327_201595.html
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