_- Cuando falta el 'alguien' más importante.

_- La empresa fabricante tiene que tener el registro. Verificar quién ha dado la orden en cada caso, si se ha solicitado o no autorización judicial, en definitiva, rastrear el uso que se ha hecho del programa es en lo que se debería estar trabajando por quien tiene autoridad para hacerlo, que son las Cortes Generales

— Todas las preguntas sobre el espionaje que no aclara el cese de la directora del CNI

Mariola Urrea publicó el pasado 9 de mayo un artículo en El País con el título “Cuando ese alguien es más de uno”, en el que pasaba revista a la cadena de decisiones que se habían ido adoptando en relación con el uso del programa Pegasus en nuestro país.

Estoy de acuerdo con lo que ella dice en dicho artículo, de lectura más que recomendable. Con lo que no estoy de acuerdo es con lo que omite. El programa Pegasus, mejor dicho el uso de dicho programa, ha sido conocido de forma generalizada por la opinión pública a raíz de la publicación de un artículo en la revista The New Yorker con base en la investigación de una Universidad canadiense sobre espionaje al nacionalismo catalán. El impacto del artículo en la opinión pública española y en la agenda política ha sido enorme y todavía tiene recorrido.

Mariola Urrea pasa revista a los “alguienes” que han tomado decisiones respecto del programa a partir de ese momento del espionaje catalán, pero deja fuera de su campo de análisis la figura de quien ha tomado la decisión más importante, en mi opinión, de la que traen causa todas las demás, tanto a las que ella se refiere, como todas las demás de las que ella no se ocupa.

El programa Pegasus no nace con el impulso del nacionalismo catalán a lo que se ha acabado denominando el procés, sino que estaba en el mercado, como mínimo, desde 2014. Con la velocidad de los acontecimientos, los cinco años que van de ese 2014 al 2019 en adelante en que se concreta el uso del programa para espiar a los nacionalistas catalanes es una eternidad.

El interrogante más importante, con mucha diferencia, respecto del programa Pegasus es el de quién tomó la decisión de que, una vez conocido el impacto del programa en el ejercicio de los derechos fundamentales más fundamentales, valga la redundancia, el programa pudiera ser adquirido en España. “¿Quién autorizó la compra del programa? ¿Quién decidió la persona o las personas que podrían hacer uso del mismo y en qué condiciones?

El programa es tan letal que no puede ser adquirido fácilmente. ¿Quién fue el “alguien” que está en el origen de la introducción de Pegasus en España?¿Lo adquirió solamente el Estado o fue adquirido también por personas, físicas o jurídicas, privadas? En el caso de que no fuera adquirido solamente por el Estado, ¿fue informado el Gobierno por la empresa fabricante de dicha adquisición con identificación de los compradores y las condiciones para poder hacer uso del mismo?

“Sin orden no hay conocimiento”, fue la primera lección que recibí del profesor Lojendio en 1966, mi primer año como profesor ayudante de clases prácticas. Y el orden en que se han tomado las decisiones respecto del programa Pegasus es lo que falta. Por eso en realidad no sabemos nada. Ahora mismo estamos dando palos de ciego.

Reconstruir ese orden no debería ser difícil. Se trata de un programa del que, por su propia naturaleza, solamente se puede hacer uso de forma limitada y queda rastro de cada vez que se utiliza. Conectar los distintos eslabones de la cadena de utilización del programa en nuestro país debería poder hacerse con facilidad. Es en lo que, en mi opinión, debería estar trabajando la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados. Ir poniendo cronológicamente en orden todas las ocasiones en que se ha hecho uso del programa. La empresa fabricante tiene que tener el registro de todas. Verificar quién ha dado la orden en cada caso, si se ha solicitado o no autorización judicial, en definitiva, rastrear el uso que se ha hecho del programa es en lo que se debería estar trabajando por quien tiene autoridad para hacerlo, que son las Cortes Generales.

Mientras no se empiece por donde se debe empezar, no vamos a poder saber qué ha pasado realmente y a quién o quiénes es exigible responsabilidad y de qué tipo. Y, sobre todo, no vamos a aprender cómo tendríamos que actuar de ahora en adelante.

https://www.eldiario.es/contracorriente/falta-alguien-importante_132_8984760.html

Catalunya lo complica todo

Sin la conexión catalana, Pegasus habría sido abordado como en los demás países en que se ha hecho uso. Como un problema grave que afecta a la seguridad del Estado, pero que, por eso mismo, tiene que ser abordado con discreción. Al nacionalismo catalán le interesa todo lo contrario

Pegasus ha entrado en la agenda política española por el artículo de The New Yorker sobre el uso de dicho programa para espiar a algo más de sesenta personas insertas en o estrechamente relacionadas con el nacionalismo catalán. El origen del artículo está en una investigación de una universidad canadiense de reconocida solvencia.

Esta conexión con Catalunya es lo que ha convertido a Pegasus en un problema difícilmente manejable. Sin la conexión catalana, Pegasus habría sido abordado como lo ha sido y está siendo en los demás países en que se ha hecho uso de dicho programa. Como un problema grave que afecta a la seguridad del Estado, pero que, por eso mismo, tiene que ser abordado con discreción.

Al nacionalismo catalán le interesa todo lo contrario. Le interesa poner de manifiesto que el Estado español no ha respetado ni la Constitución, ni el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ni la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en la represión de los acontecimientos que tuvieron lugar en los meses de septiembre y octubre de 2017.

Le interesa políticamente, porque el problema de la integración de Catalunya en el Estado sigue siendo un problema fundamentalmente político, aunque esté muy fuertemente judicializado. Y le interesa jurídicamente, porque todavía hay procesos abiertos ante el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Justicia, el Tribunal General de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La judicialización del conflicto constitucional entre el Estado y la Generalitat no puede no volverse en contra del interés del Estado por manejar la investigación sobre el programa Pegasus de manera discreta. En todas las causas judiciales que están abiertas, que son todas, ya que si en algunas de ellas se ha agotado la vía judicial española, en ninguna se han pronunciado todavía mediante sentencia firme los tribunales europeos (TJUE y TEDH), se acabará reclamando la información que se haya obtenido mediante el uso del programa Pegasus. No veo de qué forma podrá oponerse el Estado español a que dicha información sea proporcionada al Tribunal que lo reclame.

Convertir el problema político de la integración de Catalunya en el Estado en un problema judicial, en el que el que fuera a la sazón Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, definió la estrategia a seguir: persecución de todos los ex miembros del Govern presidido por Carles Puigdemont y de los ex miembros de la Mesa del Parlament presidida por Carme Forcadell por el delito de rebelión, pareció permitir al Gobierno presidido por Mariano Rajoy, controlar el procés.

Ha ocurrido todo lo contrario. El procés se ha internacionalizado de una manera que no se hubiera producido manteniéndolo dentro del ámbito estrictamente político español sin acudir al poder judicial y, además, hace perder al Estado el control de la información en materia tan delicada como el uso de programas de espionaje, ya que es imposible no atender la reclamación que se produzca por parte de órganos judiciales a los que se ha remitido la respuesta del problema.

El hecho de que la información obtenida con el programa Pegasus tenga que ser puesta a disposición de los tribunales que la reclamen y, por tanto, a disposición de los abogados de los procesados, puede poner en entredicho la conducta de los órganos gubernamentales y judiciales españoles en lo que a la respuesta que han dado al conflicto constitucional entre el Estado y la Generalitat se refiere. El contraste entre las fechas en que se obtuvo información y en las que tomaron decisiones la Fiscalía y los tribunales no sabemos todavía a dónde puede conducir, pero no se puede descartar que tenga importantes consecuencias sobre las resoluciones ya dictadas.

Pero, sobre todo, la investigación sobre el uso de Pegasus contra los nacionalistas catalanes va a salpicar la investigación de todos los demás usos que se haya hecho de dicho programa, estén judicializados o no todavía.

Catalunya es un problema constitucional de tal envergadura que no puede ser puesto en manos judiciales, porque el Poder Judicial es constitutivamente incapaz de darle respuesta. El Poder Judicial sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve y cuando se pretende hacer uso del mismo para lo que no puede serlo, el resultado es un disparate monumental. Las consecuencias de dicho disparate se están haciendo visibles y lo van a ser todavía más por tiempo indefinido.

https://www.eldiario.es/contracorriente/catalunya-complica_132_8962188.html